Señor editor: La pandemia de Covid-19 ha presentado desafíos de pocos precedentes, no sólo por ser una emergencia a nivel mundial, sino porque ha impactado con fuerza las primeras líneas de defensa de la salud pública. Países como China e Italia han informado que los trabajadores sanitarios representan hasta 20% del total de casos confirmados positivos.¹

En China, un estudio de enero de 2020 en personal sanitario con Covid-19 reportó que 63% adquirió la enfermedad durante el periodo en que no había una adecuada prevención mediante utilización de equipo de protección personal (EPP).² Este es un escenario interesante si se compara con cifras del 5 de abril de 2020 en Italia, cuando 12 252 trabajadores de la salud estaban infectados (aproximadamente 10% de los contagiados).³ Con base en estos datos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alude a la aplicación de medidas preventivas de forma eficiente (uso obligatorio de EPP) junto al desarrollo de políticas pertinentes.¹ El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Estados Unidos, recomienda el uso de mascarillas N-95 o de un nivel de protección superior en salas con pacientes sospechosos o confirmados por Covid-19.⁴ La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone el uso de guantes, delantales, gafas de protección, batas descartables y mascarillas N-95 durante el manejo de estos pacientes.⁵ Asimismo, no deben pasar desapercibidos los riesgos psicosociales en los que están implicados colaboradores de zonas y empleos de alto riesgo quienes, además de verse expuestos a alta tensión física debido al uso de EPP o aislamiento, resultan estigmatizados, lo que más tarde puede derivar en mayores niveles de estrés.¹

Por lo tanto, estudios locales y organizaciones referentes a nivel mundial sugieren el suministro y adecuado uso de EPP, así como el acompañamiento de normativas institucionales y políticas que favorezcan un abordaje integral de los riesgos laborales del personal de salud.