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Introducción
México se sitúa como el quinto mejor destino para la inversión minera en el mundo (Clavijo Flórez, 2017). Hasta 2018, el número de proyectos mineros era de 1 531, que supera por más del doble a los 667 de 2010 (FUNDAR, 2018). La minería tiene prioridad sobre cualquier otro uso de la tierra, solo después de la extracción de hidrocarburos o la generación de energía (Cámara de Diputados, 2014). Esta situación ha provocado conflictos socioambientales en todo el país. Zacatecas tiene 12 registrados, mientras que en Puebla destacan tres en particular, todos ocurridos a partir de 2012: Tetela de Ocampo, Zautla y Olintla (Pérez Jiménez, 2014). Ambos estados comparten el hecho de que las comunidades no fueron informadas de las concesiones, y los problemas empezaron cuando las empresas llegaron a negociar la compraventa o el arrendamiento de tierras. También comparten el tipo de demandas de las organizaciones que se oponen a la minería, entre las que destacan las demandas por la escasez y la contaminación del agua, la falta de cumplimiento de los convenios relacionados con el pago de regalías y la defensa del patrimonio biocultural del territorio (Uribe Sierra, 2017; Garibay et al., 2014; Bastidas Orrego et al., 2019; Manriquez y Urquijo, 2019).
Este artículo documenta las experiencias de movilizaciones de mujeres en Chalchihuites, Zacatecas, y Tetela de Ocampo, Puebla (México), en contra de dos proyectos mineros. El trabajo aporta a la literatura sobre conflictos socioambientales con perspectiva de género, un enfoque que por lo general está ausente en las investigaciones. Por ejemplo, para el caso de Puebla, Bastidas Orrego et al. (2019, p. 186) señalan que los impactos de la minería “se transfieren de manera desigual a la población”, pero no profundizan en este concepto ni separan a hombres y mujeres en el análisis. Cuando se habla de oposición a la minería se utilizan los términos comunidad y organización, sin discutir a fondo la composición de estas (Hernández Sánchez, 2016; Diego Quintana, 2017). Los pocos trabajos que adoptan la perspectiva de género han analizado los efectos en las mujeres del desplazamiento poblacional y de la contaminación del agua (Castro Ramírez et al., 2015), así como la inclusión del combate de la violencia de género en las agendas de las organizaciones (Meza Velarde, 2019). Es necesario hacer más estudios desde esta perspectiva porque las mujeres adoptan estrategias propias de movilización; entre estas, la formación de redes y la organización de encuentros. Es importante estudiar estos procesos para entender “las formas en las que las mujeres se hacen visibles como sujetas sociales” frente a la industria extractivista (Salazar, 2017, p. 39).
La literatura especializada en género y extractivismo en América Latina resalta cinco temas principales. El primero de ellos es la pérdida de tierras, que incrementa la dificultad de las mujeres para producir alimentos (Bermúdez Rico et al., 2011, p. 14), e incluso abastecerse de agua (Billo, 2020; Caretta y Zaragocin, 2020; Caretta et al., 2020; Ulloa, 2020). Segundo, los problemas de salud ocasionados por la contaminación son absorbidos por las mujeres, lo que crea una sobrecarga de trabajo para ellas (Salazar y Rodríguez, 2015; FAU-ALC, 2016). Tercero, la minería es un sector en extremo masculinizado que con frecuencia conduce a las mujeres a la dependencia financiera, situación que incrementa la vulnerabilidad de estas en situaciones de violencia (Ibarra Melo, 2014; Castro Ramírez et al., 2015; Ulloa, 2016). Cuarto, se ha documentado la presencia en zonas mineras de redes de trata de mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual (Chaparro y Lardé, 2009; The Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2016; Svampa, 2019). Quinto, y último, cuando las mujeres se movilizan para combatir estos problemas y desigualdades, su participación tiende a ser minimizada y sus liderazgos son estigmatizados, incluso violentados, debido a la creciente criminalización de la protesta en el país (Barcia, 2017; Cortés Cortés et al., 2017). Al salir al espacio público para defender sus derechos, las mujeres desafían tanto al poder corporativo como al patriarcado arraigado con firmeza en sus comunidades. Son atacadas no solo como defensoras de los recursos naturales, sino también como mujeres que desafían las normas de género (Horton, 2017).
El presente artículo contribuye a esta literatura con datos provenientes de dos conflictos mineros mexicanos. Se documentan los problemas de salud ambiental causados por la actividad minera que detonaron la movilización femenina en ambos estados. En general, estos se expresan en la contaminación del agua y del suelo por cianuro, cadmio, cobre, arsénico, plomo, mercurio y hierro. Cuando hay cultivos, estos absorben partículas de metales que son dañinos para la salud (Mckinley, 2016; Nolasco, 2011). El polvo generado por las minas también contamina las fuentes de alimentos y de producción agrícola, además del aire que a diario se respira (Romero y Barón, 2013).
También se analiza la trayectoria de las organizaciones en ambos estados, la forma en que las mujeres se insertan en las movilizaciones y el legado que ellas derivan de su participación. Se resalta el hecho de que las mujeres recurren discursivamente a su papel de madres para justificar su participación en la esfera pública. La mayoría coincide ideológicamente con sus esposos, pero esto no ayuda en nada a que su carga doméstica se reduzca. Se concluye que es indispensable incluir en la agenda de las organizaciones la protección de los derechos de las mujeres para que la defensa del territorio también contribuya al avance en la igualdad de género.
Propuesta conceptual
Las actividades extractivas configuran un orden patriarcal nuevo que profundiza las desigualdades de género y etnia previamente existentes (García-Torres et al., 2020). Las diferencias del poder entre distintos actores son clave en la detonación de los conflictos socioambientales (Esquivel-Guerrero et al., 2009). Según Escobar (2010, p. 107), “son las mujeres y los grupos étnicos organizados quienes con frecuencia lideran hoy en día la transformación de esos patrones de distribución económica, ecológica y cultural, que generan tanto la desigualdad de acceso como las políticas que refuerzan dichos patrones sesgados”. Los liderazgos de mujeres indígenas se han convertido, incluso, en un referente de lucha contra el extractivismo en toda Latinoamérica (García-Torres et al., 2020).
La perspectiva de género parte del principio de que las jerarquías de género emanan de convenciones sociales que determinan las normas de comportamiento de hombres y mujeres. De los primeros se espera que actúen como jefes de familia y proveedores económicos; en tanto, las segundas son responsables de proporcionar cuidados mediante labores domésticas no pagadas. Las mujeres son confinadas al espacio privado y son educadas para ser madres y esposas con objeto de que aspiren solo al amor/sexo “a cambio de darlo todo, hasta la posibilidad de ser” (García-Prince, cit. en García y Gomáriz, 1997, p. 6).
Cuando salen al espacio público a defender sus derechos, las mujeres afrontan discriminación y violencia, además de dificultades para cumplir con sus responsabilidades domésticas. En el medio rural, estos problemas se magnifican: las mujeres suelen ser catalogadas como “promiscuas, malas madres y lesbianas” (Horton, 2017, p. 147). Lograr que una hija salga del pueblo para estudiar o que una mujer casada lo haga para comercializar productos puede implicar meses de discusiones o, incluso, de maltrato “de parte de un marido/padre asediado por los rumores y la crítica social masculina de la comunidad, amén de sus propias confusiones” (Rodríguez y Diego Quintana, 2002, p. 3).
Algo similar sucede en el contexto de la industria extractivista, que se inserta por lo general en zonas rurales y marginadas. La perspectiva de género analiza los impactos diferenciados del extractivismo, así como el sistema que hace que unos se beneficien a costa de otros/as (Composto y Navarro, 2014). Lo que está de por medio es “la imposición de un determinado modelo de desarrollo colonial y […] patriarcal dirigido a satisfacer los intereses de la clase capitalista global” (García-Torres, 2018, p. 7). Los impactos del extractivismo en las vidas de las mujeres se reflejan “en primera instancia en la salud, en su relación con el medio ambiente a través del agua, y en el aspecto social, en la relación que guarda la prevalencia del modelo patriarcal con los proyectos extractivos” (Olivera, 2019, p. 260).
Es común que las mujeres se involucren inicialmente en las movilizaciones por acompañar a sus esposos, sin expresar necesidades y opiniones propias, como si fuera una salida familiar de día domingo. Poco a poco se van interesando más, lo cual las ayuda a desarrollar nuevas habilidades y una creciente conciencia de género (Valladares de la Cruz, 2004). El análisis de la participación femenina en estos espacios debe tomar en cuenta la vida cotidiana, porque es a partir de esta como las mujeres construyen sus estrategias de movilización en la defensa del territorio (Cruz, 2020).
Las mujeres afrontan dificultades específicas en las movilizaciones debido al entronque del extractivismo y el patriarcado. Algunas de estas dificultades son el acceso desigual a recursos sociales y económicos; la discriminación histórica en el acceso a la educación formal, que ocasiona inseguridad en las mujeres y disminuye sus posibilidades de ocupar cargos de dirección; la doble jornada de trabajo que se produce al dedicarle tiempo a las movilizaciones; la violencia en el interior de la familia por salir de casa; la falta de reconocimiento de su trabajo en el interior de las organizaciones; el hecho de que son los hombres quienes por lo general negocian y logran potenciar sus liderazgos en las esferas comunitaria y regional; la criminalización de la protesta social que, en el caso de las mujeres, involucra violencia psicológica, física y sexual (Bermúdez Rico et al., 2011; Ulloa, 2016; Billo, 2020). Las mujeres que persisten en la participación a pesar de estas complicaciones son vistas socialmente como “ejemplares” por haber superado tantos obstáculos (Valladares de la Cruz, 2004). Aun así, algunas experimentan satisfacción por haber aportado a la causa, motivo por el cual el empoderamiento femenino suele ser considerado una herramienta para combatir las inequidades de género y etnia y la creciente criminalización de la protesta (Cortés Cortés et al., 2017; Olivera, 2019; Cuadra et al., 2020).
Estrategia metodológica
Para este estudio se realizó una comparación, entendida como la elección de dos casos con ciertas analogías evidentes para describir y explicar las similitudes y diferencias a partir de las especificidades de cada contexto (Bloch, 1999). Coelho Prado (2005) señala que los objetivos de un estudio comparativo pueden ser: “a) formular generalizaciones observando las reiteraciones; b) presentar las singularidades a partir de la observación de las diferencias; c) ayudar a realizar explicaciones causales” (Coelho Prado, 2005, p. 11). En este trabajo se retoman los primeros dos objetivos, en sintonía con el estudio de Cuadra et al. (2020) sobre las particularidades y diferencias de las experiencias de las defensoras del territorio en Nicaragua y México.
La comparación entre Zacatecas y Puebla permitió la observación de distintas etapas de la historia de la minería en el país. Zacatecas se inserta en la primera frontera (crecimiento del sector desde la Colonia), mientras que Puebla, en la tercera, que a finales del siglo XX comenzó a penetrar en nuevas regiones sin antecedentes mineros (Sariego, 2009). Según lo reportado por la Cámara Minera de México (CAMIMEX, 2019), Zacatecas ocupó el primer lugar nacional en la extracción de plata y el cuarto lugar en la de oro y cobre. En cambio, Puebla no figuraba siquiera en el anuario minero de los años ochenta, pero en 2017 ya estaba concesionado cerca de 15 por ciento de su superficie y el estado contribuía con 4.99 por ciento del valor total de la producción minera nacional (SGM, 2017).
Se optó por hacer una investigación cualitativa porque el conflicto existente en las dos localidades hace que muchas personas tengan serias reservas para colaborar. Se utilizaron dos tipos de fuentes de información: entrevistas en profundidad e información de gabinete. Entre julio y agosto de 2018 se realizaron ocho entrevistas en Zacatecas y cinco en Puebla, todas con mujeres, con la intención de visibilizar a un grupo poblacional que rara vez es tomado en cuenta, ya sea porque se tiende a ver a las comunidades como entes homogéneos, o porque únicamente se establece comunicación con los líderes, que suelen ser de sexo masculino (Poats y Arroyo, 1998).
Las entrevistas se centraron en las opiniones y las preocupaciones de las mujeres por la minería, la historia del proyecto minero, los aspectos de salud ambiental involucrados en el conflicto, la participación de las mujeres en las movilizaciones y las implicaciones que todo esto ha tenido en sus vidas. Se buscó vincular las esferas privada y pública de la vida cotidiana de las entrevistadas con objeto de determinar la motivación de la participación de estas en las movilizaciones. Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas y codificadas con ayuda del programa Atlas Ti en función de estas temáticas. Los nombres de las mujeres entrevistadas son ficticios porque así lo solicitaron ellas.
Movimiento Civil Chalchihuites
Chalchihuites es uno de los municipios con mayor tradición minera en Zacatecas. El 72 por ciento de su superficie se encuentra concesionada para exploración o explotación. En su territorio predominan las siguientes empresas: First Majestic, con 62 concesiones; Panamericana Silver, con 50, y Grupo México, con 44. En la actualidad se registran conflictos en tres localidades del municipio: Chalchihuites cabecera municipal, San José de Buenavista y La Colorada (Valadez Rodríguez, 2017; Valadez Rodríguez, 2018).
First Majestic, de capital canadiense, comenzó a operar formalmente en Chalchihuites en 2013, con una inversión inicial de 100 millones de dólares (Valadez Rodríguez, 25 de enero de 2013). La Unidad del Toro está ubicada en la cabecera municipal. Abarca 18.54 kilómetros cuadrados, y se compone de carreteras, planta procesadora, tanques de flotación, talleres, laboratorio analítico, reservas temporales de mineral, instalaciones de almacenamiento de relaves y desechos, estructuras de gestión y desvío de agua, oficinas, núcleo de perforación y tala de troncos, estanques de agua, subestaciones eléctricas y líneas eléctricas. En la actualidad, se extraen de manera subterránea plata, oro y plomo, en ese orden de importancia, con una producción anual, en 2017, de 2 237 730 onzas solo de plata (First Majestic Silver Corp, 2018).
Garibay et al. (2014) mencionan que las concesiones mineras se tramitan sin que los/las habitantes de la región estén enterados. La información empieza a fluir en la fase de exploración o, a veces, después. Así ocurrió en Chalchihuites: “para empezar, ni sabíamos que iba a llegar la mina, no nos comunicaron” (Jimena Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018). Las autoridades no organizaron algo para informar: “nosotros esperábamos que ese grupo hablara con la comunidad, o sea, que se va a meter una mina […] pero no fue así” (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018). Se comenzó “a ver que entraban las camionetas” e iniciaron los rumores: “va a entrar la mina, que van a abrir una mina y que va a haber mucho trabajo” (Jimena Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018). Según Valadez Rodríguez (7 de abril de 2018), la empresa presionó a los ejidatarios para que celebraran asambleas a favor de sus operaciones. El proceso se hizo con premura, aprovechando la desorganización de la gente. Las empresas mineras son agentes de conflicto debido a “la forma como se instituyen, los espacios en los que se desarrollan y las regulaciones ambientales (o su falta) a las que se someten” (Paz, 2012, p. 40).
El suceso que dio lugar al surgimiento del Movimiento Civil Chalchihuites (MCC) en 2018 fueron las detonaciones para la ampliación de la mina, las cuales afectaron unas 50 viviendas (Express Zacatecas, 15 de noviembre de 2019). “Yo estaba bien asustada que hasta ni dormía […] luego mis hijos. Le da a uno pánico […] Empezaron a haber reuniones, yo acudí a muchísimas” (Jimena Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018). A la empresa se le exigió la cancelación del proyecto añadiendo al tema de las detonaciones los problemas cutáneos, respiratorios y auditivos; la división del pueblo; el incumplimiento de las promesas de empleo, y los efectos adversos de la actividad extractiva en la flora y la fauna (Valadez Rodríguez, 7 de abril de 2018). La organización se apoyó en otras organizaciones estatales y nacionales (Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas del Campo) para solicitar la suspensión de la mina. El caso ameritó una declaración del gobernador en turno, que no pasó a mayores: “si es necesario se cerrarán de manera precautoria las explotaciones mineras de First Majestic”, ya que “tenemos que cuidar el interés de la ciudadanía” (Ríos, 27 de febrero de 2018).
Durante todo el proceso de movilización, la presidencia municipal mostró falta de sensibilidad ante los problemas reportados por la gente. La escasez de agua se atribuyó a la descompostura de la bomba; “todo el tiempo buscan excusas” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018). Un doctor, que fungió como regidor durante un trienio, fue ignorado cuando expresó su preocupación por la calidad del agua: “el doctor exponía tantos puntos y a todo le sacaba […] nunca le ganamos al contador [de la empresa], ni el mismo presidente; de todos modos, estaba del lado de él” (Jimena Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018). Instancias gubernamentales de los niveles estatal o federal tampoco atendieron la problemática. Por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente solicitó a la gente documentar los daños, para luego cuestionar lo reportado: “daños hay muchos, bastantes. Cuando llegaron los daños, una persona [dijo] que a lo mejor nosotros los hacíamos” (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018).
La empresa respondió a las movilizaciones implementando algunos cambios como, por ejemplo, la construcción de una planta de tratamiento para aproximadamente 50 por ciento del agua residual de uso doméstico y la utilización de filtros para la recuperación hasta de 85 por ciento del líquido del proceso del mineral (Castro, 13 de abril de 2018). También se disminuyó la intensidad de las detonaciones: “vieron que el pueblo ya se estaba juntando y estaba tomando presión; ellos fueron bajando, disminuyendo los temblores que estaban provocando” (Julia Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018). A pesar de ello, en Chalchihuites persiste la preocupación por la disponibilidad y la calidad del agua y por el debilitamiento de las casas a consecuencia de las explosiones.
Las motivaciones de las mujeres
Las mujeres de Chalchihuites argumentaron que su interés en movilizarse derivó de un sentimiento de arraigo al lugar, así como de la preocupación por el futuro de sus hijos e hijas:
[…] a nosotros nos interesa nuestro pueblo, a nosotros nos interesa el bien de nuestro pueblo y el de nuestros hijos. ¿Por qué tanto sacrificio, tantos años de lucha? Aquí vivimos, mis padres aquí viven, yo soy de aquí, para que nomás lleguen unos de fuera y nos saquen de nuestro pueblo (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018).
El impacto del deterioro ambiental en la salud también destaca como una de las inquietudes más importantes: “yo temo mucho por las enfermedades propias y de mi familia; yo padezco mucha alergia. Mire cómo tengo mi piel, toda marcada” (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018).
Lo anterior coincide con lo asentado en otros trabajos realizados en Latinoamérica que destacan la centralidad de la salud como desencadenante del involucramiento de las mujeres en las movilizaciones (Bermúdez Rico et al., 2014). La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú sostiene que “es importante que el Ministerio de Energía y Minas tome en cuenta la responsabilidad que la industria minera tiene en la salud de la población afectada por sustancias tóxicas emitidas por estas empresas” (FEMUCARINAP, 2013, p. 19). En Ecuador, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama ha hecho del cuidado de la salud una de sus prioridades, y ha puesto especial énfasis en la calidad del agua por temor al aumento de los niveles de acidez (pH) y la concentración de metales pesados en esta (Billo, 2020).
En Chalchihuites, el deterioro ambiental tiene múltiples manifestaciones. Una de ellas tiene origen en las detonaciones efectuadas para la ampliación de la mina. Hay una en particular que muchas recuerdan: “fue a las cinco de la tarde. Estaba yo aquí limpiando frijolitos, me moví yo junto con la mesa, y en eso me habló mi hija. Ella trabaja en una estética y tienen una vidriera grande, y los vidrios se estremecieron” (Jimena Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018). Estas detonaciones han causado cuarteaduras en las casas, lo cual afecta el valor de la propiedad: “no sé si se han fijado cómo aquí en la cocina está toda cuarteada” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018). Las mujeres también expresaron molestia por la destrucción del hábitat, a causa de la deforestación y la construcción de caminos e infraestructura para la operación de la mina: “para mí fue un problema muy grande mirar cómo tienen el cerro todo pelón. Cuando voy detrás de los cerros, ya está todo devastado ahí. Están los árboles tumbados, está la contaminación” (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018).
La escasez del agua es otra inquietud importante:
El agua es la principal preocupación que tenemos aquí. Yo lo atribuyo que es por la mina. Porque antes de esto, a veces en tiempo de calor, medio se nos agotaba. Pero desde la primera vez que llovía, si llovía bien, el agua llegaba bastante. Ahorita estamos en plena época de lluvias; hasta ocho días que no veo que salga agua, y cuando llega, llega muy poquita (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018).
Acerca de la contaminación, nos dijeron que “los niños siempre andaban con dolor de estómago […] Compramos el agua embotellada, en garrafones, y fue el remedio” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018). También se reportaron casos de malestar en la piel: “de repente, se baña uno y dice el agua pica” (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018). Además de la posible presencia de plomo en la sangre, detectada por un médico que atiende una clínica particular: “ya hay rumores de que hay plomo en la sangre. Un doctor dice [que] aquí en Chalchihuites bien jovencitos tienen mucho plomo; los que andan trabajando en la minería ya tienen plomo” (Jimena Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018).
Las preocupaciones de las mujeres tienen fundamento. En 2017, la minera usó para procesar el mineral un total de “834 millones 612 mil litros de agua, equivalentes al consumo de la población de todo el municipio durante siete años y dos meses”, lo cual compromete no solo el agua de consumo doméstico, sino también la de riego. Asimismo, los desechos contaminantes son vertidos en los ríos de Súchil y de Chalchihuites (Valadez Rodríguez, 7 de abril de 2018).
Las regiones hidrológicas prioritarias de Zacatecas coinciden con concesiones mineras (Pérez Jiménez, 2014). En un estado con un clima semidesértico predominante, tal coincidencia supone que el uso del agua en la industria extractiva tiene primacía sobre el uso para consumo humano. Esta circunstancia es común tanto en Zacatecas como en otras partes de México y América Latina (Caretta y Zaragocin, 2020; Caretta et al., 2020; Ulloa, 2020).
Las mujeres también mencionaron la falta de calidad del aire ocasionada por el polvo que se produce en la mina: “si usted se fija, mi casa queda bien directo de la mina. Cuando todavía no llovía, los árboles tenían grueso arriba de ese polvito fino que se viene de allá” (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018). Esta situación ha deteriorado la calidad de vida y el valor de la propiedad:
[…] la gente que venía de fuera decía “ay, qué bien; ustedes, aquí puro aire puro”. Había un señor que decía “es que aquí se vende la tranquilidad y el aire puro, el aire limpio que está aquí”. Y ahora ya no tenemos que vender, ya ni tranquilidad, ni aire puro, ni eso nos queda (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018).
El legado de la movilización para las mujeres
Las mujeres movilizadas fueron vistas como “resentidas” y malas madres que “no tienen qué hacer en la casa” (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018). Otros estudios reportan que las mujeres que transgreden las normas de género suelen recibir estos calificativos, por lo que muchas prefieren no transgredirlas (Bermúdez Rico et al., 2011; Billo, 2020). “Hay muchas mujeres que, porque sus hijos trabajan, o su primo trabaja, o sus parientes trabajan, no quieren involucrarse en el movimiento”. Tampoco quieren ser catalogadas como “mitoteras”: “mira, esa tiene al esposo trabajando, y anda queriendo cerrar la mina” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018).
Las divisiones comunitarias inician en el interior de las familias y de las redes de amistades de las mujeres. “Aquí abajito, es hermana de mi esposo, aquí anda, ellos no nos hablan” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018). “Mi amiga tiene el comedor; se puso hasta en contra de mí y, pues lógico, es su trabajo, de ahí se mantiene” (Jimena Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018). Las mujeres padecen esta situación más que los hombres porque ellas han sido socializadas para conciliar intereses y mantener unida a la familia. Es por ello que algunas tratan de legitimar su militancia recurriendo discursivamente a su papel de madres, fenómeno identificado en las luchas políticas de las mujeres latinoamericanas desde los años setenta del siglo XX (Chaney, 1983). Así se expresó este fenómeno en Chalchihuites: “un día mis hijos me lo van a agradecer, porque ellos van a ver que hay que luchar por lo justo” (Jimena Talavera, entrevista, 4 de agosto de 2018).
Dada la centralidad del rol de madres en los procesos de movilización, no es de sorprenderse que las mujeres sean castigadas a través de sus hijos/as por oponerse a la mina negándoles determinados servicios: “A uno le cierran las puertas porque uno anda alebrestándose […] las becas […] yo fui, me inscribí, y a todos les llegaron las becas, menos a mí” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018). En una ocasión que requería atención médica para su hijo, la mandaron a otro centro de salud: “váyase, la tienen que atender en Guerrero o en Súchil; no necesito darle pase” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018).
Como ya se señaló en párrafos anteriores, las mujeres comienzan a acompañar a sus esposos a las movilizaciones y algunas logran hacerlas propias (Valladares de la Cruz, 2004). Las mujeres de Chalchihuites tuvieron “el apoyo” de sus esposos porque coincidían en la idea de que era importante participar. Es muy poco factible, por no decir imposible, que ambos se hubieran encontrado en polos opuestos. De hecho, los maridos animaron a sus mujeres: “sí, hasta eso [el marido] me dice ándale, va a ver una junta, vamos, va a haber una marcha” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018). Sin embargo, la división sexual del trabajo de cuidados no se modificó: “yo me las arreglo, cierro temprano y nos vamos. Dejamos lo que estamos haciendo por ir a apoyar” (Carola Vázquez, entrevista, 4 de agosto de 2018). Las relaciones cercanas de las mujeres fueron las más difíciles de transformar, y el paso más espinoso fue compartir el trabajo doméstico. Con o sin movilizaciones, las mujeres siguen siendo responsables de la mayoría de las labores de cuidado, con independencia de sus actividades fuera de casa (Pérez y Vázquez, 2009).
Entre los legados positivos de la movilización está el reconocimiento de la importancia de la defensa de los derechos desde antes del establecimiento de las empresas. Esta fue la lección más significativa. “Yo les diría que defiendan sus derechos, su vida, la de sus hijos y la de su familia. Que no dejen entrar a esas gentes a sus comunidades; son ellos que nos sacan de nuestras casas […] Si nosotros hubiéramos sabido. Desgraciadamente no se pudo” (Rocío Dueñas, entrevista, 4 de agosto de 2018).
Entre los legados negativos se encuentra el debilitamiento del tejido social, porque la mina ha dividido a quienes trabajan en ella y quienes se oponen a su presencia en la localidad. Esta división afectó las redes sociales de las mujeres, quienes, además, son las que menos posibilidades tienen de emplearse en la mina. De alguna manera, las mujeres se han convertido en sus víctimas indirectas, con muchas afectaciones y ningún beneficio a cambio. En Zacatecas, al igual que en otras partes de México y América Latina, el extractivismo ha conducido a la repatriarcalización del territorio (García-Torres, 2018; Billo, 2020). El Estado y el capital han fortalecido el poder masculino sobre las mujeres. Es por estas razones que los movimientos de resistencia contra el extractivismo deben poner la opresión de género en el centro de sus preocupaciones.
Tetela hacia el futuro, A. C.
Tetela de Ocampo destaca por sus recursos forestales (bosques de pino y encino, de galería y pastizal inducido) que cobijan a una fauna silvestre abundante y diversa, lo que ha favorecido la integración de esta villa a tres Regiones Terrestres Prioritarias para la conservación, así como a un Área de Importancia para la Conservación de Aves (Patiño Siciliano, 2012). La riqueza de flora y fauna es, sin duda, uno de los elementos que contribuyó a que la Mina Espejeras fuera detenida. El proyecto contemplaba la explotación del cerro Espejeras para la obtención de oro mediante la realización de tajos, la dinamitación de cerros, la trituración de hasta 10 000 toneladas de piedra por día y la lixiviación con cianuro para separar el metal. La obra estaba a cargo del grupo FRISCO, propiedad de Carlos Slim Helú, e incluía afectaciones de brechas y caminos a tan solo cinco kilómetros de la cabecera municipal. Las etapas contempladas eran tres: la construcción y el acondicionamiento; la operación y el mantenimiento (barrenación de planillas, retiro de cubierta vegetal y perforación), y una etapa de postoperación en la que se contemplaba la remoción del equipo y maquinaria, la limpieza de áreas, el acomodo de material vegetal en caminos y planillas (Patiño Siciliano, 2012).
Igual que en Zacatecas, “la empresa pasó por alto el consentimiento de las comunidades para llevar a cabo su proyecto de explotación de oro, además de violar la ley al ingresar maquinaria y realizar actividades sin el permiso de las autoridades” (Clavijo Flórez, 2017, p. 19). La gente notó que se estaban llevando a cabo actividades de exploración con “carros de la compañía FRISCO. Por ahí se fueron metiendo, y ya se dieron cuenta pues que querían explorar y explotar lo de La Cañada” (Berenice Bustos, entrevista, 27 de julio de 2018). La concesión tuvo lugar en 2003, con una vigencia de 50 años.
En 2012 surgió Tetela Hacia el Futuro (THF), organización en defensa de “los recursos naturales y la vida en Tetela de Ocampo” (Carsolio, 2014, p. 137). El detonante fue un mercado incipiente de tierras en el que la minera tuvo un papel preponderante. Al principio, la organización estuvo compuesta por puros hombres, con métodos inadecuados para comunicarse: “no encontraron a lo mejor las palabras, no encontraron a lo mejor el método de poder llegarnos a la gente […] llevaban hojas, les vamos a leer; la gente se aburría” (Marisol Paredes, entrevista, 26 de julio de 2018). Las mujeres comenzaron a usar otros métodos para “concientizar a la gente, porque sabíamos que eso era básico. La gente tiene que saber a qué nos vamos exponiendo” (Berenice Bustos, entrevista, 27 de julio de 2018). Hicieron equipos para dar información “de casa en casa, un grupo de mujeres, y empezamos a pasar videos” (Felícitas Zapata, entrevista, 27 de julio de 2018). También se utilizaron los muros del pueblo: “la gente empezó a ver que estábamos pintando paredes, empezaron a preguntar por qué” (Berenice Bustos, entrevista, 27 de julio de 2018). THF recurrió a las marchas, seis en total, que “tuvieron mucho éxito porque muchísima gente, toda, se unió” (Felícitas Zapata, entrevista, 27 de julio de 2018). Una de las más numerosas tuvo lugar en 2013, que reunió a más de 5 000 asistentes.
Para el movimiento resultó fundamental la convergencia en una red de organizaciones de la Sierra Norte y el apoyo en grupos como FUNDAR y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), que dieron visibilidad a sus demandas: “era, más que nada, apoyo. O sea, si nos invitaban, íbamos, y si nosotros invitábamos, venían y nos apoyaban” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018). En 2013, las alianzas se ampliaron con la participación de THF en el Frente Nacional contra Mineras para acercarse a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El trabajo en red ayudó a afinar la estrategia de movilización: “poder a lo mejor no hacer lo mismo o parecido que ellos” (Felícitas Zapata, entrevista, 27 de julio de 2018).
La presidencia municipal de Tetela desempeñó un papel distinto a la de Chalchihuites. Hubo un presidente que cooperó cada vez que se le pedía y que ayudó a documentar el posible daño trayendo “biólogos de la Universidad de Puebla y creo que hasta de México. Lograron ver que había tanto fauna y flora que no se encontraba en otros lugares y que se iban a extinguir” (Marisol Paredes, entrevista, 26 de julio de 2018). Dos sacerdotes de la parroquia también apoyaron: “nos daban chance de hablar en la iglesia” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018).
Como en la movilización de Zacatecas, THF recurrió a los encuentros con funcionario/as públicos de distintos niveles con el objetivo de solicitar “una consulta popular pública”. Se logró el establecimiento de un plazo para que la minera cubriera “todos los requisitos que necesitaba, y uno de los requisitos era que nos preguntara a todo el pueblo si queríamos o no” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018). Se argumentó que la empresa atentaba contra los derechos humanos por haber pasado por alto el consentimiento de las comunidades para llevar adelante el proyecto (Clavijo Flórez, 2017). La minera tenía prisa para iniciar, y estos requisitos complicaron las cosas, por lo que le resultó más fácil retirarse. Las mujeres tienen claro que no es una cancelación definitiva: “mientras exista el cerro con el oro, pues siempre va a haber los ojos sobre eso” (Berenice Bustos, entrevista, 27 de julio de 2018).
Las motivaciones de las mujeres
Las poblanas explicaron su participación de la misma manera que las zacatecanas, casi como si se hubieran conocido entre sí y hubieran compartido cuerpo a cuerpo la lucha. Este hecho refuerza, una vez más, la importancia del rol de madre como un elemento del discurso de legitimación en las luchas políticas de las mujeres (Chaney, 1983). En Puebla nos dijeron también que lo importante es el arraigo en el lugar y el futuro de hijos e hijas: “el amor a nuestro pueblo, ese fue uno de los motivos que más nos movió; el amor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen” (Berenice Bustos, entrevista, 26 de julio de 2018). Los testimonios son muy parecidos a los recogidos en Zacatecas en lo referente al tiempo y el esfuerzo dedicados a hacerse de un patrimonio para la crianza: “aquí formé a mi familia con grandes sacrificios, y, bueno, todo eso a dónde va a quedar” (Marisol Paredes, entrevista, 26 de julio de 2018).
Una coincidencia con Zacatecas, así como con otros estudios, es la centralidad del deterioro ambiental y el impacto de este en la salud familiar (FEMUCARINAP, 2013; Bermúdez Rico et al., 2014; Billo, 2020). El asunto más mencionado en Puebla es la posible destrucción de los cerros a causa de las detonaciones: “preguntando cómo van a ser las minas, y no, pues mire, que en las minas se quitan todos los árboles, se tumban los cerros, se meten barrenos, se meten maquinarias. No hubo necesidad de que escuchara yo toda la junta para saber lo que iba a pasar” (Felícitas Zapata, entrevista, 27 de julio de 2018). Otras mujeres mostraron preocupación por los potenciales desplazamientos a consecuencia de esta destrucción: “decían que nos iba a poner casitas, que nos iba a hacer unos palomares. ¿De qué vamos a vivir? Mi marido es campesino, ¿y nuestras tierras?” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018).
Como en Chalchihuites, las mujeres de Tetela expresaron preocupación por la posible pérdida de agua: “si el proyecto se hace, nos van a quitar el agua, nos van a dejar sin agua” (Felícitas Zapata, entrevista, 27 de julio de 2018), debido a que “el cerro donde quieren explotar es el cerro que nos da el agua potable de aquí, y esa es el agua que se quieren llevar” (Marisol Paredes, entrevista, 26 de julio de 2018). En Puebla, la preocupación fundamental manifestada no es el agua para consumo humano, sino para la producción de alimentos, en particular los cultivos, porque “somos productores; entonces, necesitamos el agua […] para producir. No se iban a dar de igual manera, no como se están dando ahorita” (Estela Vargas, entrevista, 27 de julio de 2018). Esto coincide con lo planteado por Cruz (2020) sobre la importancia del análisis de la vida cotidiana de las mujeres para entender las motivaciones de su participación, y, a su vez, con lo expresado por Olivera (2019) respecto de la importancia que cobra para las mujeres la amenaza al agua por el fuerte vínculo que ellas tienen con ese elemento.
Como en Zacatecas, en Puebla se mencionó la falta de la calidad del aire ocasionada por el polvo producido por las detonaciones, y se pensó en las enfermedades que podrían desarrollarse: “Teníamos varios videos […] el aire se lleva todo […] Entonces, por qué tanto cáncer, por qué tanta leucemia, por qué tanta muerte joven. Si aquí que no hay [mina] ya lo tenemos [cáncer], ahora imagínense teniéndolo a unos cuántos kilómetros, qué nos espera” (Berenice Bustos, entrevista, 27 de julio de 2018). La contaminación del aire se asocia con la vegetación de los cerros: “quieren talar árboles, y eso es también algo muy importante para nosotros como humanos, ¿verdad?, para respirar” (Estela Vargas, entrevista, 26 de julio de 2018).
El legado de la movilización para las mujeres
A diferencia de las mujeres de Zacatecas, las de Puebla ya eran mujeres “ejemplares” (Valladares de la Cruz, 2004), reconocidas como líderes, aun antes de que se movilizaran en contra de la mina: “son admiradas, respetadas, independiente[mente] de la mina ya eran personas respetadas” (Estela Vargas, entrevista, 27 de julio de 2018). Su visibilidad ayudó al éxito de las movilizaciones e incrementó su fama: “si antes no nos conocían, ahora nos conocen. ¿Verdad, comadre? Somos famosas” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018).
A pesar de ello, la construcción social de la madre siguió pesando en la identidad de las mujeres de Tetela, de manera que ellas continuaron legitimando su participación desde los beneficios que esta pudiera traer para sus hijos e hijas: “esto se lo queremos dejar como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos para que sigan luchando” (Marisol Paredes, entrevista, 26 de julio de 2018). Solo Lucero Suárez, que no es nativa del lugar, va más allá del sacrificio materno basando sus argumentos en un interés propio en la actividad política: “además, yo soy muy inquieta, me gusta la lucha” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018). Es decir, en Tetela, como en muchas otras partes de México, las mujeres que figuran en el espacio público siguen recurriendo a su papel de madres como una estrategia de legitimación para salir del espacio doméstico (Rodríguez y Diego, 2002; Valladares de la Cruz, 2004). Por esto, tampoco sorprende que la manera de castigarlas por concurrir en el espacio público también sea a través de sus hijos e hijas. Algunas tienen hijas/hijos que se dedican a la docencia, que “no les pasó nada, pero los mandaron lejos […] en venganza por la suspensión del proyecto […] los cambiaban de estado, muy lejos” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018). Una de las afectadas lo dijo con todas sus letras: “a dos de mis hijos los cambiaron. Con nosotros qué podían hacer, ya estamos jubiladas y ni modo que nos quitaran la pensión. Dijeron pues vámonos con los hijos” (Marisol Paredes, entrevista, 26 de julio de 2018).
Otra semejanza con Zacatecas es que, a pesar de que los esposos coinciden ideológicamente con las mujeres que participan en las movilizaciones, el apoyo de ellos se ha limitado a permitirles la asistencia a los eventos, pero esto no implicó que ellos asumieran las labores del cuidado en casa: “estamos acostumbrados a que, a lo mejor malamente, ¿no?, pero aquí la mujer, la comida y los hijos, mientras que es el hombre quien sale a trabajar” (Berenice Bustos, entrevista, 27 de julio de 2018). Solo se ubicó a una mujer que discrepaba con su esposo en lo ideológico, en cuyo caso fue indispensable recurrir al rol maternal para justificar la participación: “no me importa porque yo lucho por mis hijas, por mí, por mi pueblo”. Porque el beneficio podría alcanzar incluso a sus nietos, pues “que se enoje el señor, al rato se va a contentar” (Felícitas Zapata, entrevista, 26 de julio de 2018).
Como en Zacatecas, el legado positivo para las mujeres es la formación política que sirvió para “darse valor de hablar pues, de inconformarse, y pues quedarse uno así, pues nos estábamos exponiendo en muchas cosas” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018). Este testimonio coincide con lo descrito en muchos otros trabajos que han abordado los procesos de empoderamiento de las mujeres, aun en contextos tan adversos como el extractivismo minero (Cortés Cortés et al., 2017; Cortés Cortés et al., 2018). Otras mujeres afirmaron que su liderazgo comunitario se había visto incrementado: “a lo mejor se oye muy fuerte, pero como que siento que ha crecido mi liderazgo, a pesar de mis limitaciones, de no ser una persona estudiada” (Felícitas Zapata, entrevista, 26 de julio de 2018). Este aprendizaje amplió el abanico de oportunidades de género en el imaginario social de Tetela: “empezaron a ver [que] yo también puedo hacer las cosas, no nada más mi esposo, o sea, no porque eres hombre lo puedes hacer, ustedes también pueden salir, también pueden ir a informarle a la vecina, al vecino, formar sus grupos” (Berenice Bustos, entrevista, 27 de julio de 2018).
Algunas de las mujeres “ejemplares” de Puebla dieron el insólito paso de salir de casa sin tener que pedir permiso a sus esposos, con lo cual evitaban los conflictos que en general se presentan en estos casos (Rodríguez y Diego, 2002). “Antes le pedía permiso a mi marido para ir a la junta y después de la lucha ya no aviso, solo me voy” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018). Sin embargo, esta situación no impidió que se responsabilizaran de la doble jornada: “los señores tienen que trabajar y, pues, las mujeres dejamos la comida y ya, nos armamos de valor y nos vamos” (Lucero Suárez, entrevista, 26 de julio de 2018).
A diferencia de Zacatecas, donde la organización se desgastó y el pueblo se dividió, en Puebla el movimiento formó “un lazo de amistad, de compañerismo, porque las luchas siempre nos llegan a unir” (Felícitas Zapata, entrevista, 27 de julio de 2018). El hecho de que algunas mujeres ya fueran consideradas “ejemplares” desde antes de las movilizaciones por su reconocido papel en la docencia contribuyó a incrementar el número de participantes en la organización, en particular entre la juventud: “no fueron mis maestras, pero sí estuvieron en la escuela donde yo fui” (Estela Vargas, entrevista, 27 de julio de 2018). La estrategia de comunicación sirvió para que la gente percibiera la importancia del momento: “yo siento que el pueblo sí se solidarizó. Que sí, en un momento de peligro, la gente sí se une” (Marisol Paredes, entrevista, 26 de julio de 2018). La visibilidad y el reconocimiento sociales obtenidos por su labor corroboran que las mujeres se han convertido en “un frente de resistencia” contra el extractivismo, “un actor social cuyo protagonismo ha sido históricamente negado” (García-Torres et al., 2020, p. 30).
Conclusiones
En este artículo se analizan dos casos de resistencia ciudadana ante la minería desde la perspectiva de género: Mina del Toro, Zacatecas, y Mina Espejeras, Puebla. En este último apartado se examinan las semejanzas y las diferencias en las experiencias de las mujeres con respecto de los impactos de la actividad minera y la movilización, así como sus implicaciones para la defensa de derechos.
Sin lugar a dudas, el principal factor que determinó que la actividad de la mina no se suspendiera en Zacatecas y sí se suspendiera en Puebla fue que en Chalchihuites la gente se movilizó cuando la mina ya llevaba algunos años operando, mientras que en Tetela la gente lo hizo cuando la inversión aún no había llegado. Para la empresa fue relativamente fácil retirarse ante los trámites que debía cubrir para la obtención de la autorización de la mina. Por eso no sorprende que las concesiones se tramiten sin involucrar a la gente. Si hubiera suficiente información desde un inicio, seguramente habría muchas más minas suspendidas antes de llegar a instalarse.
Otro factor que impidió la suspensión en Zacatecas fue que este es un estado de primera frontera en la expansión de la minería (desde tiempos de la Colonia), mientras que Puebla es de tercera (comienzos del siglo XXI). Es decir, en Zacatecas muchas familias han vivido de la minería y la aceptan con mayor facilidad, en tanto que en Puebla es más bien una novedad. La gente de Tetela se dedica a la agricultura, por lo que la afectación del agua no se resuelve (aunque sea parcialmente) con la compra de garrafones de agua para el consumo humano. Asimismo, el municipio poblano pertenece a áreas decretadas de conservación de flora y fauna, por lo que es más fácil demostrar el evidente conflicto con la actividad extractiva. Hay que decir, sin embargo, que en ambos lugares había un desconocimiento de los procesos de extracción de cada empresa.
La problemática de salud ambiental es muy parecida en ambos casos, y esta coincide con la identificada en otros estudios sobre extractivismo minero con perspectiva de género. Las principales preocupaciones que detonaron la participación de las mujeres en los procesos de movilización tienen que ver con la destrucción del hábitat, la escasez y la contaminación del agua y la presencia de sustancias tóxicas en el aire. La diferencia es que, en Zacatecas, las mujeres ya tienen que vivir como puedan con estos problemas, mientras que en Puebla fue precisamente su pertinente documentación lo que hizo que no se dieran estos.
Las mujeres de ambos lugares vivieron las movilizaciones de manera muy similar, como si hubieran luchado cuerpo a cuerpo. Justificaron su participación desde su rol de madres, por el amor a sus hijos e hijas y a su pueblo. Algunas mencionaron el valor de su patrimonio que se ha deteriorado (Zacatecas) o se puede deteriorar (Puebla) con la llegada de las mineras. Lucharon en nombre de sus hijos e hijas, no tanto en el propio (solo una reconoció su gusto por la política), estrategia discursiva muy utilizada por las mujeres que incursionan en espacios públicos exclusivos para los hombres. Por esta misma razón, las represalias en contra de las mujeres movilizadas fueron dirigidas a su descendencia.
El rol de madres que sirvió para justificar la presencia pública de las mujeres quedó intacto, aun después de movilizarse, ya que la división sexual del trabajo en el interior de los hogares no se transformó, en algunos casos, más allá de dejar de pedir permiso para salir de casa. Esto sucedió a pesar de que los compañeros de vida de las mujeres coinciden con ellas en la ideología. Es evidente que en las organizaciones que luchan en contra de la minería hay que replantearse el derecho no solo a un medio ambiente sano, sino también a la movilidad, la libre expresión, la salud y el descanso de las mujeres.
En lo comunitario, el legado para las mujeres fue muy distinto en cada lugar, pues se relaciona de manera directa con los resultados obtenidos. En Zacatecas, las mujeres movilizadas fueron catalogadas de resentidas y malas madres; sus motivos fueron cuestionados, y sus vínculos familiares y de amistad se vieron afectados. El motivo es que las mujeres están relacionadas de modo indirecto con la mina (por ejemplo, tienen parientes trabajando ahí) y, aunque reciban las afectaciones (al paisaje, la vivienda, la disponibilidad y la calidad del agua y por la contaminación del aire), si se movilizan se considera que incumplen sus roles de género. En cambio, en Puebla se logró detener la mina, y se sabe que las mujeres tuvieron mucho que ver en ello, en especial las maestras que eran vistas desde antes como “mujeres ejemplares”, cuyo reconocimiento social se incrementó. Los vínculos comunitarios se fortalecieron, incluso entre distintas generaciones, precisamente porque quienes dirigieron la campaña de concientización son mujeres que trabajan con la infancia y la juventud.
El contraste entre Chalchihuites y Tetela, en lo relativo a la situación de las mujeres afectadas por la minería, permite resaltar la importancia de que las organizaciones que luchan contra proyectos mineros amplíen su repertorio de movilización para incluir no solo la defensa del medio ambiente y el derecho a vivir en un ambiente sano, sino también, en paralelo, la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.
