1. El proceso de globalización de la economía mundial

Existe un vínculo intrínseco de la dinámica intertemporal del proceso de globalización con la propagación y la implementación del programa neoliberal en la mayoría de países con economías de mercado. Desde la última cuarta parte del siglo XX, la economía mundial experimentó una serie de transformaciones que estimularon la configuración de nuevas tendencias en el patrón de acumulación a escala mundial, las cuales modificaron y redimensionaron las bases que habían sustentado la articulación y la interacción de los procesos de producción, distribución, acumulación, financiamiento e inversión en la etapa previa del desarrollo económico mundial. El proceso de globalización implicó un profundo cambio estructural e institucional en la economía mundial (^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2002}; ^{Rodrik, 2014}; ^{Stiglitz, 2002} y ²⁰²³).

En el marco de los rasgos característicos del proceso de globalización y su perfil asimétrico, la profundización de la división internacional del trabajo se manifestó en nuevas formas de integración e interdependencia interregional, intrarregional, intersectorial e intrasectorial; entre países desarrollados y en proceso de desarrollo; en empresas trasnacionales y filiales, y en empresas grandes, medianas y pequeñas. Esto propició una serie de transformaciones en los patrones de producción y de comercio internacional, la cual condujo a la configuración de redes de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios integradas en los ámbitos regional y global.

En el debate entre los argumentos en favor y en contra de la globalización, los promotores de este proceso -Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- argumentaban que los beneficios potenciales para los países en desarrollo solamente podrían lograrse mediante políticas favorables al libre comercio y el fundamentalismo del mercado. Las reformas estructurales promovidas por estas instituciones multilaterales fueron consideradas como el único camino posible para la inserción de los países en desarrollo a las corrientes de la economía global. De hecho, la gobernanza instituida por estos organismos condicionó el tipo de políticas a seguir por los países en desarrollo con el fin de tener acceso a los mercados de bienes, servicios y capital de los países industrializados y al financiamiento internacional, lo que constituyó una limitación para la puesta en práctica de políticas nacionales y autónomas.

En retrospectiva, el proceso de globalización llegó a considerarse una oportunidad para los países en desarrollo con el fin de que con su incorporación a la economía mundial pudiesen acelerar sus propios procesos de crecimiento y desarrollo económicos. Aunque también llegaron a visualizarse riesgos, sobre todo en materia de apertura comercial y desregulación financiera, que podrían agudizar los problemas estructurales de las economías en desarrollo. En el contexto de la crisis económica y financiera internacional de 2008-2009, así como de la crisis sanitaria y económica que irrumpió intempestivamente en 2020, los conflictos geopolíticos, el estancamiento de la economía y la aceleración del proceso inflacionario, ahora se reconoce que las promesas de la globalización y las reformas estructurales promulgadas por el programa neoliberal no rindieron los frutos esperados. Por el contrario, está documentado que los problemas estructurales de la economía mundial se agudizaron, lo que dio pauta a un lento crecimiento de la producción y del comercio, alto incremento de la desigualdad y la destrucción del medio ambiente durante el periodo neoliberal, por lo que en el contexto de la cuarta Revolución industrial en curso se discuten en los foros mundiales las nuevas rutas a adoptar en el proceso de reconfiguración de la economía mundial (^{CEPAL, 2020} y ²⁰²²; ^{Foro Económico Mundial [WEF], 2024}; ^{Oxfam, 2024}; ^{Stiglitz, 2023}; ^{Piketty, 2015}).

2. Políticas neoliberales y reformas estructurales

La idea fuerza del mecanismo del libre mercado como entidad que garantiza el funcionamiento del sistema económico en los preceptos de la teoría neoclásica es la que subyace en las políticas neoliberales. Cabe señalar que el conjunto de ideas básicas que fueron configurando el programa neoliberal están asociadas con un grupo de economistas, sociólogos, filósofos y juristas que tenía como propósito anteponer los principios del liberalismo a las ideas emergentes del socialismo del siglo XX.¹ Entre los principales planteamientos que identifican el núcleo duro del neoliberalismo destacan los siguientes: 1) la transformación del Estado para impulsar y expandir la lógica del mercado; 2) la libre competencia y el sistema de precios como mecanismos del mercado para garantizar la eficiencia y la optimización en la asignación de los recursos escasos, y 3) la superioridad técnica del mercado y del sector privado sobre el sector público.

Las reformas estructurales y las políticas de raíz neoliberal promovidas por los organismos financieros internacionales y multilaterales (FMI, Banco Mundial, OMC, OCDE) fueron consideradas el único camino para la inserción de los países en desarrollo a las corrientes de la economía global. Sin embargo, a la luz de los hechos económicos recientes -las crisis de 2008-2009 y de 2020, los conflictos geopolíticos, el estancamiento de la economía y la aceleración del proceso inflacionario- constituyen la evidencia empírica de que las promesas de la globalización y las reformas estructurales del fundamentalismo del mercado promulgadas por el programa neoliberal no rindieron los frutos esperados por sus promotores. Por el contrario, en un informe de la ^{CEPAL (2020)} se plantea que los principales problemas estructurales que enfrenta la economía mundial se manifiestan en tres ámbitos que están interrelacionados: 1) el lento y más inestable crecimiento del producto y del comercio mundial; 2) el rápido crecimiento de la desigualdad, y 3) la destrucción del medio ambiente y el cambio climático.

3. La crisis del modelo neoliberal en México

Las reformas neoliberales fueron consideradas como el único camino a seguir para el crecimiento y la inserción del país en la economía global. Sin embargo, el balance socioeconómico es disímil. Si bien la estrategia de cambio estructural propició una reconfiguración del aparato productivo, puesto que se logró trascender el sesgo antiexportador de las industrias manufactureras y se incrementó la productividad y la competitividad de los sectores más dinámicos, como el automotriz, las industrias electrónica y alimentaria, entre los principales. Al mismo tiempo, persistieron los problemas estructurales de la economía mexicana: heterogeneidad y desarticulación productiva; desequilibrios de la balanza de pagos; baja productividad de las micro y pequeñas empresas; poco dinamismo de la acumulación de capital; disminución en la generación de empleo y escasa incorporación del progreso técnico, entre otros, los cuales siguen representando factores críticos para impulsar el crecimiento y el desarrollo socioeconómicos del país (^{Arellano, 2014} y ²⁰²²).

Durante todo ese periodo la visión dominante para enfrentar los principales problemas nacionales insistió en la necesidad de impulsar más reformas estructurales² y una política económica orientada hacia el fundamentalismo del mercado, con el fin de garantizar la estabilidad macroeconómica (control de la inflación y equilibrio fiscal) y lograr el crecimiento de la economía. Sin embargo, tales reformas fueron fallidas y no lograron cabalmente su cometido. De hecho, durante todo el periodo neoliberal el crecimiento de la economía fue deficiente, pues registró una tasa de crecimiento de 2.2% promedio anual, al igual que crecieron la desigualdad y la pobreza, y se agudizó el problema de la inseguridad pública, la descomposición del tejido social y la violencia.

Desde otra visión alternativa, identificada con la corriente heterodoxa del pensamiento económico, se considera que los grandes problemas nacionales -entre los que destacan la pobreza y la desigualdad, la informalidad en el mercado de trabajo, el rezago en materia de salud y educación, así como la inseguridad y la violencia asociadas con el narcotráfico y el crimen organizado- tienen su origen en el lento crecimiento de la economía mexicana -véase ^{Ros (2015a} y ^2015b) -. Por ello, es necesario contar con diagnósticos correctos para la discusión, el diseño y la instrumentación de las políticas públicas adecuadas para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio­económico del país.

Desde esta perspectiva, la lógica de funcionamiento de esa dinámica en el contexto del modelo neoliberal puede explicarse, esquemáticamente, de la siguiente forma. El ajuste fiscal realizado a principios de los años ochenta para enfrentar la crisis de la deuda externa tuvo un impacto negativo en la inversión pública en infraestructura. El bajo crecimiento también atenta contra las perspectivas de rentabilidad e impacta la baja de la inversión privada. A su vez, la falta de financiamiento para la inversión productiva propicia restricciones para estimular el crecimiento de la productividad y la acumulación de capital, lo que genera una disminución en la utilización potencial de la capacidad instalada del aparato productivo, esto origina desempleo y mayor crecimiento del empleo informal en el mercado de trabajo. A su vez, los topes salariales aplicados durante todo el periodo neoliberal aumentaron la desigualdad funcional y personal del ingreso, así como la pobreza, a pesar de los programas de transferencias monetarias condicionadas y su focalización hacia los sectores más vulnerables de la población. Esto también impacta negativamente el dinamismo de la demanda agregada y la movilidad económica y social. Si no crece la economía no puede haber impulso al desarrollo de capacidades productivas, de innovación y tecnológicas, lo que retroalimenta el lento crecimiento económico (^{Ros, 2015a} y ^2015b; véase el Diagrama 1).

Fuente: elaboración propia con base en ^{Ros (2015a} y ^2015b).

Diagrama 1 Círculo vicioso derivado del lento crecimiento de la economía 

Del círculo vicioso intrínseco al lento crecimiento de la economía mexicana se transita hacia un triángulo perverso en el que se retroalimentan en sus vértices la menor movilidad económica y social, la desigualdad y la pobreza crecientes, así como el deterioro del tejido social, que trazan el sendero hacia mayores criminalidad, descomposición social y violencia en la sociedad (Diagrama 2).

Fuente: elaboración propia con base en ^{Ros (2015a} y ^2015b).

Diagrama 2 Triángulo perverso del lento crecimiento, desigualdad y deterioro social 

Con el fin de superar este círculo vicioso y trascender el triángulo perverso, se requiere una nueva estrategia de política económica para promover el desarrollo socioeconómico del país. Desde luego, también son necesarios el diseño y la instrumentación de una nueva política económica que vaya más allá de la estrecha visión de alcanzar la estabilidad macroeconómica y se materialice en mejores condiciones de vida y bienestar social.

1. Los principios rectores del programa económico de la Cuarta Transformación

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) se establece el marco de referencia oficial de las políticas públicas y la propuesta del programa económico del gobierno del presidente AMLO. En la presentación del PND 2019-2024 se afirma que tal instrumento tendrá un carácter histórico, debido a que significará el fin de los planes neoliberales, pues constituye en sí la construcción de una “propuesta posneoliberal” orientada hacia un modelo viable de desarrollo económico en el que, se afirma, “el crecimiento económico, el incremento de la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivo en sí mismos, sino como medios para lograr el objetivo superior: el bienestar de la población” (^{Presidencia de la República, 2019: 7}).

En el PND 2019-2024 se establecen 12 principios rectores, de los cuales resulta conveniente destacar los siguientes: honradez y honestidad; no al gobierno rico con pueblo pobre; economía del bienestar; el mercado no sustituye al Estado; por el bien de todos, primero los pobres, y no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. En esencia, se considera que la corrupción ha sido el principal obstáculo para el crecimiento, por lo que se contrapone una política de “austeridad republicana”³ con el fin de poner fin al despilfarro de los recursos de la hacienda pública para destinarlos a los programas sociales. Se propone que el objetivo de la política económica no consiste en generar datos estadísticos o indicadores armoniosos, sino en impactar positivamente en el bienestar de la población.

Además, se plantea recuperar la intervención estratégica del Estado en la conducción del desarrollo socioeconómico, así como separar el poder político del poder económico. Se propugna por impulsar un crecimiento económico que no sea excluyente, no concentrador de la riqueza, sino respetuoso de los habitantes, del hábitat, de la diversidad cultural y del ambiente natural. En estos principios subyace de manera sintética el ideario que configura la política económica del gobierno de AMLO.⁴

En otras palabras, se recuperan el carácter y la finalidad social de la política económica y se supera la falacia de la ortodoxia económica en relación con su naturaleza supuestamente apolítica y neutral, en aras de la superioridad técnica del “fundamentalismo del mercado”, por lo que se asume la imperiosa necesidad de recurrir a la intervención estratégica del Estado en la conducción de la economía y en la coordinación del proceso de desarrollo socioeconómico. Esta nueva política económica, que se antepone al modelo neoliberal, se inscribe en la propuesta del nuevo modelo de gobierno denominado “humanismo mexicano”, el cual se erige sobre dos pilares: la “herencia cultural prehispánica” de nuestra idiosincrasia y la “herencia política” con dimensión social, los cuales se vinculan con la propuesta de la “economía moral” que otorga alta prioridad a la distribución equitativa del ingreso y la riqueza (^{López Obrador, 2024}).

2. La política económica de la Cuarta Transformación

La política económica no es un concepto técnico, apolítico o neutral, sino que, incluso desde una perspectiva conceptual, constituye un proceso totalizante en el que los objetivos económicos son necesariamente políticos y sociales (^{Lichtenztenjn, 1982}). En este prisma, la política económica del gobierno de AMLO tiene diferencias significativas con las políticas de las administraciones neoliberales que le precedieron. Al respecto, se considera que durante el ciclo neoliberal la política económica propició “la destrucción de la industria nacional, el abandono del campo, la proliferación de la pobreza, el desempleo y la marginación, el desmantelamiento de los mecanismos de redistribución y de movilidad social, y la agudización de la inseguridad y la violencia” (^{López Obrador, 2019: 97}). Por el contrario, se postula que desde la perspectiva de la política económica de la 4T “el fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda construir su felicidad; el crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la población” (^{López Obrador, 2021: 301}).

En este sentido, la política económica implementada por el gobierno de AMLO tiene como objetivo principal recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo, para lo cual se ha diseñado e instrumentado una serie de programas y proyectos, entre los que destacan los programas prioritarios, los proyectos regionales y de infraestructura, y los programas de apoyo a la producción agropecuaria. Aunado a esto, se encuentran las acciones fundamentales para fortalecer el mercado interno: la recuperación de las empresas paraestatales (Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad) para lograr la autosuficiencia energética, así como el impulso de la inversión pública en infraestructura para detonar el crecimiento económico.

1. Análisis retrospectivo de largo plazo

Desde una perspectiva de largo plazo, de enero de 1981 a abril de 2024 (178 trimestres), como se ilustra en la gráfica 1, se puede observar la trayectoria de crecimiento con sus valores máximos y mínimos que describen el comportamiento cíclico de la economía mexicana. Durante este largo periodo la economía ha experimentado una fuerte transformación sectorial, intersectorial e intrasectorial en las actividades para la generación y la distribución de bienes y servicios finales, que intrínsecamente se manifiesta a nivel agregado, en las oscilaciones cíclicas del producto interno bruto (PIB).

Es importante señalar que la dinámica y la trayectoria de la economía durante este largo lapso experimentaron seis eventos de crisis cuyos factores determinantes han sido analizados desde diferentes perspectivas teóricas por diversos analistas. En esta sección nos interesa destacar la duración y la intensidad de tales eventos con el fin de ponderar las perspectivas de crecimiento de la economía para el mediano y el largo plazos, en el entendido de que las crisis son fenómenos intrínsecos a las economías de mercado y, por lo tanto, son inevitables. No existe consenso entre los economistas sobre la mejor política macroeconómica (fiscal, monetaria, cambiaria) para modular los impactos negativos de las crisis, las cuales constituyen un fenómeno intrínseco al sistema económico capitalista, debido a que las prescripciones de política económica derivan de las teorías y los enfoques distintos sobre su génesis y sus factores detonantes, que son divergentes entre las distintas corrientes en un debate inacabado en el interior de la disciplina económica.⁶

El primer evento de crisis se registra a partir del tercer trimestre de 1982 con una variación negativa de 0.3% del PIB, que se extiende hasta el cuarto trimestre de 1983 con una disminución de 2% en el valor de este indicador, a precios de 2018. En esta crisis la caída más pronunciada de -6% del PIB se registró en el segundo trimestre de 1983. Durante estos seis trimestres la variación porcentual promedio del PIB fue equivalente a -3.8%, y la recuperación inició a partir del primer trimestre 1984 (véase la Gráfica 1).

Fuente: elaboración propia con base en el Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Gráfica 1 Producto interno bruto trimestral, enero de 1981 a abril de 2024 (variación de porcentaje anual) 

El segundo episodio de dificultades irrumpe a partir del primer trimestre de 1986, con un descenso de -4% en el valor del PIB, una extensión de cinco trimestres y valores negativos hasta registrar -1.2% en el primer trimestre de 1987. En este lapso el mayor descenso con una variación relativa anual de -5.5% se observa en el tercer trimestre de 1986, y la variación porcentual promedio anual fue de -3.4%, con una recuperación a valores positivos a partir del segundo trimestre de 1987.

El tercer evento de crisis se presenta a partir del primer trimestre de 1995, cuando el PIB experimenta una disminución de -0.4%, con valores negativos durante cuatro trimestres, hasta registrar una variación anual de -6.3% en el cuarto trimestre de 1995. En esta crisis la mayor caída del PIB se registra en el segundo trimestre de 1995 (-9.3%); la variación promedio durante los cuatro trimestres es de -5.9%, y la recuperación inicia en el primer trimestre de 1996.

Un cuarto episodio, más corto, se observa a partir del tercer trimestre de 2001, que se manifiesta en un descenso de -1.4% del PIB, y se extiende al primer trimestre de 2002 cuando registra una disminución de -3.9%. La variación promedio del PIB durante estos tres trimestres es equivalente a -2.1%. La recuperación se observa en el segundo trimestre de 2002.

El quinto incidente de complicaciones inicia en el cuarto trimestre de 2008 -en sincronía con la crisis económica y financiera internacional que irrumpe en el mercado hipotecario en los Estados Unidos, para expandirse posteriormente a escala global en las economías más avanzadas-, con una disminución de -0.5% del PIB, cuyo descenso se extiende durante cinco trimestres hasta registrar una variación de -2% en el cuarto trimestre de 2009. Durante esta crisis la caída más pronunciada del PIB se presenta en el segundo trimestre de 2009 (-10.3%); la variación promedio durante los cinco trimestres fue equivalente a -5.1%, y la recuperación inicia a partir del primer trimestre de 2010.

El sexto evento de crisis se observa a partir del segundo trimestre de 2019, cuando el PIB registró una disminución inicial de -0.7% que se extendió durante ocho trimestres hasta registrar una variación porcentual anual de -3% en el primer trimestre de 2021. La caída más pronunciada del PIB de -20.7% se registró en el segundo trimestre de 2020 (en sincronía con la crisis dual, económica y sanitaria provocada por la covid-19); la variación promedio durante los ocho trimestres es equivalente a -4.9 puntos porcentuales; hacia el segundo trimestre de 2021 inició la recuperación económica.

Es importante señalar que, contrario a los pronósticos catastrofistas de los críticos del programa económico de la 4T, la economía mexicana inicia una fuerte recuperación con un crecimiento de 22.7% a partir del segundo trimestre de 2021, que se extiende durante 13 trimestres hasta registrar un crecimiento de 3.6% del PIB en el primer trimestre de 2023. El crecimiento promedio durante este lapso es equivalente a 4.7%; esto significa una dinámica superior a la tendencia histórica de crecimiento (2.2%) registrada en el periodo neoliberal (véase la Gráfica 1). Sin embargo, se observa un proceso de ralentización con una variación anual positiva de 2.2% en el segundo trimestre de 2024, que desciende a 1.7% en el tercer trimestre para registrar una variación positiva de 0.5% en el cuarto trimestre, lo que significa un crecimiento anual de 1.4% al cierre de 2024.

En síntesis, durante 1982-2024 la economía mexicana ha experimentado seis eventos de crisis económicas, que incluyen la breve crisis de inicios de 2001 con duración de tres trimestres. En este lapso, las caídas más severas del PIB se registraron en los siguientes trimestres: 1983.02 (-6%), 1995.02 (-9.3%), 2009.02 (-10.3%) y 2020.02 (-20.7%). El periodo de crisis de mayor intensidad y duración de ocho trimestres, con valores negativos en el crecimiento del PIB, se observa de 2019.02 a 2021.01, como consecuencia de la crisis dual (sanitaria y económica).

2. Estructura productiva sectorial de la economía

El análisis del aparato productivo permite explicar las causas fundamentales del deficiente desempeño y la evolución de la economía mexicana, así como el mediocre crecimiento registrado durante el periodo neoliberal. Asimismo, este análisis resulta pertinente para dimensionar los desafíos que enfrenta la economía en la etapa posneoliberal para impulsar el crecimiento del producto, el empleo, la inversión productiva, el ingreso, los salarios, así como la erradicación de la desigualdad y la pobreza, para que la política económica tenga un genuino impacto positivo en el bienestar de la población.

La estructura productiva sectorial de la economía, según la clasificación por intensidad tecnológica de la OCDE,⁷ se resume en el Cuadro 1, donde se presenta una visión panorámica en términos de composición y dinámica sectorial de la producción. En ambos periodos -neoliberal (1994-2018) y posneoliberal (2019-2024)- puede observarse una divergencia entre la composición y el crecimiento sectorial de la economía, en el sentido de que los sectores con la mayor participación relativa en el valor agregado bruto (VAB) no necesariamente son los de mayor intensidad tecnológica ni los más dinámicos; asimismo, los de mayor dinamismo no son los que tienen más participación relativa en el VAB.

El análisis sectorial más detallado muestra evidencia empírica de que algunos de los problemas estructurales de la economía, como la concentración de la producción y la desarticulación de las cadenas productivas, generados por las políticas de las llamadas reformas estructurales diseñadas e implementadas durante el periodo neoliberal, todavía no han logrado superarse en la etapa posneoliberal. Por ejemplo, solamente un subsector (fabricación de equipo de computación, comunicación, componentes y accesorios electrónicos) es tipificado como de alta intensidad tecnológica (AT) y registra baja ponderación en el VAB y magro crecimiento en los periodos tanto neoliberal como posneoliberal. De igual forma, en las actividades de media alta intensidad tecnológica (MAT) en dos subsectores (fabricación de equipo de transporte e industria química) se concentra 70.7% de la participación relativa en el VAB de este grupo en 1994-2018 y 78.8% en 2019-2024. La industria automotriz registra una disminución en su crecimiento de 4.4 puntos porcentuales (pp) al pasar de una tasa promedio anual de 6% en 1994-2018 a 1.6% en 2019-2024. La industria química muestra un precario crecimiento de 0.7 y 0.4%, respectivamente. En las actividades de media baja intensidad tecnológica (MBT) dos subsectores (fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón e industrias metálicas básicas) concentraron una proporción importante en la generación del VAB de este grupo: 58.3% en 1994-2018 y 48.3% en 2019-2024. La industria petroquímica registra una recuperación significativa en su dinámica, al pasar de un crecimiento negativo (-2.2%) en 1994-2018 a una variación positiva (7.4%) en 2019-2024.

En las actividades no manufactureras de alta tecnología (AAT) también se observa una concentración en la generación del VAB en ambos periodos. Tres subsectores, en conjunto, tienen una participación relativa de poco más de dos tercios (76.5%) en el VAB de este grupo: servicios de apoyo a los negocios registra una ponderación de 47.1 y 24.1%; servicios financieros, 22.2 y 34.3%, y telecomunicaciones, 7.2 y 15.8%, en el mismo orden. En 2019-2024 los servicios de apoyo a los negocios registran crecimiento negativo (-24.2%); en los servicios financieros la disminución en el ritmo de crecimiento, entre los dos periodos, es de 5.9 pp, y para las telecomunicaciones la caída es de 7.6 pp. En las actividades no manufactureras de media tecnología (AMT) también dos subsectores (extracción de petróleo y gas, y generación de energía eléctrica y suministro de agua y gas) llegan a concentrar 82.6% del VAB del grupo en 1994-2018 y 74.1% en 2019-2024. El subsector de extracción de petróleo y gas pasa de registrar crecimiento negativo (-1.3%) en 1994-2018 a una variación positiva (0.5%) en 2019-2024. La dinámica del subsector de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas actúa a la inversa, puesto que registra tasas de crecimiento promedio anual de 5.3 y -5.9%, respectivamente. Este comportamiento muestra la importancia estratégica que representa la recuperación del sector energético para impulsar el desarrollo industrial del país.

En síntesis, del análisis de la estructura productiva sectorial se infiere que uno de los aspectos críticos subyacente al lento crecimiento de la economía, registrado tanto en la etapa neoliberal como en la posneoliberal, ha estado asociado a la incorporación y la difusión del progreso técnico débiles en el aparato productivo, que también están relacionadas con la insuficiencia de inversión productiva en ciencia y tecnología, así como con la débil articulación del aparato productivo, puesto que los sectores con mayor intensidad tecnológica (actividades manufactureras y no manufactureras) representan solamente una cuarta parte de la participación relativa en la estructura productiva. En tanto que las actividades clasificadas como de baja intensidad tecnológica ponderan poco más de la mitad en el vab que genera la economía. Sin duda, este aspecto del análisis dimensiona los desafíos que deberán enfrentarse en la etapa posneoliberal, razón por la cual resultan de crucial importancia la transformación, la diversificación y la innovación en el interior del aparato productivo, no solamente para elevar el crecimiento del producto y el empleo, sino también para asumir genuinas apropiación y diseminación del progreso técnico en toda la estructura productiva, a través de políticas industriales, de ciencia y tecnología, así como de transformación digital, vinculadas con el diseño y la instrumentación de la estrategia nacional del desarrollo socioeconómicos sostenible, con una visión prospectiva de mediano y largo plazos.

3. Oferta y demanda agregadas

El análisis de las variables de la oferta y la demanda agregadas también permite identificar, desde una perspectiva macroeconómica, ciertos avances y retos que enfrenta el programa económico de la 4T. El examen de los datos de la contabilidad nacional de los cuadros de oferta y utilización total ratifica que tanto en el periodo neoliberal (1994-2018) como en el posneoliberal (2019-2024) prevalece uno de los problemas estructurales de la economía que se ve reflejado en la ponderación y el crecimiento mayores de las importaciones, en comparación con el comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios, lo cual se traduce en el crónico déficit que registra la cuenta corriente de la balanza de pagos y que afecta negativamente la dinámica de la economía nacional. El desafío para el programa económico en el periodo posneoliberal consiste en diseñar e implementar políticas industriales, tecnológicas y digitales para el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas que permitan incorporar mayor valor agregado a las exportaciones, así como el impulso a la sustitución de importaciones en los sectores y las actividades de alta y media alta intensidad tecnológica (Cuadro 2).

Como un aspecto positivo que refleja el avance en la etapa posneoliberal debe destacarse, por el lado de la demanda agregada, que el consumo total y la inversión fija registran variaciones positivas interanuales durante los últimos 12 trimestres (2021.02-2024.03). Esta última variable (en sus componentes privada y pública) había registrado crecimiento negativo desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el primer trimestre de 2021.

En el comportamiento relativamente positivo de estas variables, para estimular la dinámica del mercado interno, operan como factores determinantes el mecanismo de transmisión de los efectos multiplicadores del consumo y la inversión productiva, derivados de la política económica implementada por el gobierno de la 4T.⁸

4. Empleo y salarios

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta el INEGI, en diciembre de 2024 la población económicamente activa (PEA) fue de 60.8 millones de personas; de éstas 59.3 millones estuvieron ocupadas (97.6%), lo que significó un incremento de 175 000 personas ocupadas respecto de diciembre de 2023.⁹ Aunque en marzo de 2024 la población desocupada fue de 1.4 millones de personas, por lo que la tasa de desocupación fue equivalente a 2.3% de la PEA, una de las menores tasas de desempleo anual. En diciembre de 2024 dicha tasa se situó en 2.4% de la PEA.¹⁰

La población ocupada por sector de actividad fue la siguiente: servicios, 26.7 millones de personas (45%); comercio, 11.5 millones (19.5%); industria manufacturera, 9.7 millones (16.4%); actividades agropecuarias, 5.98 millones (9.9%); construcción, 4.7 millones (7.8%); minería, electricidad, agua y suministro de gas, 367 000 personas (0.6 por ciento).

Por su parte, en el registro de empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta el 31 de diciembre de 2024 se tenían registrados 22 238 379 puestos de trabajo, de los cuales 87% es permanente y 13% es eventual. Esto significa que entre enero y diciembre de 2024 se crearon 213 993 empleos, que representan una tasa anual de 1 por ciento.¹¹

En materia de política salarial se ha impulsado una recuperación del salario mínimo para resarcir gradualmente la pérdida del poder adquisitivo registrada durante todo el periodo neoliberal, mediante los topes salariales como supuesto mecanismo de control del proceso inflacionario. Así, a finales de 2018 inició el proceso de recuperación de los salarios mínimos, que se ha traducido en incrementos de 16.2% en 2019, 20% en 2020, 15% en 2021, 22% en 2022 y 20% en 2023. Esto ha permitido que en cinco años el salario mínimo se haya incrementado de 88 a 299 pesos diarios a nivel general, y a 375 pesos por día en los 43 municipios ubicados en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). Con el incremento de 20% acordado para 2024, el salario mínimo general pasa de 207.44 a 248.93 pesos diarios, y en la ZLFN de 312.41 a 374.89 pesos diarios. Se estima que para diciembre de 2024 el salario mínimo real registrará un incremento de 126%, al considerar una inflación esperada de 4% para ese año.¹² La inflación anual fue de 4.21% en diciembre de 2024.¹³

5. Desafíos a futuro del programa económico de la Cuarta Transformación

En la literatura sobre el desempeño de la economía prevalece un grupo de ideas entre los economistas que llegaron a conformar la visión dominante sobre el diagnóstico de los principales problemas nacionales, y que de alguna forma se fueron posicionando en el debate para justificar la necesidad de continuar con la aplicación de más reformas estructurales de mercado para la economía mexicana. Los planteamientos centrales del diagnóstico equivocado de la visión dominante consisten en afirmar, por un lado, que el lento crecimiento de la economía mexicana es resultado de que la productividad no crece, y, por otro lado, que el papel principal de la política macroeconómica debe ser el control de la inflación. El análisis crítico de las tesis que configuran el diagnóstico equivocado sobre el estancamiento económico de México fue realizado por ^{Jaime Ros (2015a} y ^2015b), cuyas dos obras fundamentales constituyen su legado intelectual para comprender y superar los principales problemas económicos del país, y ofrecen una visión alternativa condensada en un conjunto coherente de políticas públicas, en diversos ámbitos, que podrían contribuir a la construcción de una ruta para avanzar hacia el desarrollo socioeconómico y el bienestar social.

De acuerdo con ^{Jaime Ros (2105a)}, si bien es cierto que la productividad es un elemento importante para dinamizar el crecimiento, el problema fundamental es el poco impulso a la acumulación de capital (“la baja formación de capital físico”); la inversión productiva constituye el factor principal para estimular el crecimiento económico y con ello incentivar el crecimiento de la productividad laboral; ésta es una variable endógena al crecimiento. Las políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria y de tipo de cambio) de las últimas décadas que se concentraron únicamente en garantizar la estabilidad macroeconómica (inflación baja y estable) “han sido causa fundamental del lento crecimiento… su reforma… [es] condición para retomar una senda más dinámica de expansión” (^{Ros, 2015a: 22}).

Los resultados negativos del programa neoliberal fueron devastadores y realmente sería ingenuo pensar que en un lapso de seis años se pueden corregir todas sus secuelas nocivas en la economía y en la sociedad. Son múltiples las áreas que requieren atención, por lo que también son varios los desafíos que no es posible examinar detalladamente en este espacio. No obstante, tres grandes áreas necesitan una atención prioritaria. La primera es la reformulación de la política macroeconómica (fiscal, monetaria y cambiaria) orientada a la configuración de las condiciones necesarias para estimular el crecimiento del producto, la inversión productiva, el empleo y la creación de capacidades productivas y tecnológicas para impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible. Es necesario trabajar en una política fiscal contracíclica que, debido a la estrechez del espacio fiscal, permita garantizar los recursos necesarios para la continuidad de las transferencias monetarias y la consolidación de los programas sociales. Para ello se requiere impulsar una reforma fiscal progresiva con el fin de lograr una adecuada redistribución de los recursos. La política monetaria también debería ser contracíclica; en consecuencia, resulta imperativa una reforma constitucional orientada a modificar el mandato del banco central para incorporar como otro de sus objetivos prioritarios el impulso al crecimiento del empleo y de la economía. También es necesario revisar el mecanismo de elevar las tasas de referencia como único instrumento para alcanzar los objetivos de la tasa de inflación. En materia de política cambiaria es indispensable gestionar condiciones para evitar la sobreapreciación del peso y trabajar con un tipo de cambio real competitivo, para que el dinamismo del sector exportador se convierta en motor de arrastre de los demás sectores de la economía. Asimismo, se requiere revertir el déficit secular de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Una segunda área de atención está asociada con el sector real de la economía en un contexto mundial donde convergen tres macrotendencias (la reconfiguración de la globalización de la economía mundial, el paradigma digital y la cuarta revolución industrial) que no sólo están reconfigurando la producción y el comercio, sino que también condicionan el comportamiento y la evolución de la estructura productiva de la economía mundial.¹⁴ Estos fenómenos gravitan e impactan los procesos económicos a escalas planetaria, regional, nacional y local, e imponen desafíos a los países en desarrollo, como México, para trascender su condición permanente de subdesarrollo. En este sentido, resulta imperativo trabajar en la transformación, la diversificación y la innovación de la estructura productiva, así como lograr una nueva forma de especialización para una inserción adecuada en la economía global. En pocas palabras, se requieren el diseño y la instrumentación de nuevas formas de políticas industrial, de ciencia y tecnología, y de transformación digital, vinculadas con una estrategia más general de desarrollo socioeconómico sostenible y una visión de futuro para aprovechar las oportunidades que se vislumbran en el horizonte en la nueva etapa posneoliberal.

Finalmente, también resulta imperativo llevar a cabo una profunda reforma del sistema bancario y financiero con el fin de limitar su vocación de búsqueda voraz de ganancias especulativas y de corto plazo, así como de cobros excesivos en múltiples comisiones en la prestación de sus servicios, y obligarlo a cumplir con una reglamentación realmente dirigida a la función de la intermediación financiera, para canalizar los recursos requeridos en la inversión productiva, así como a la orientación del financiamiento hacia las micro y las pequeñas empresas para impulsar sus vocaciones productivas regionales y aprovechar su inserción en la relocalización de las cadenas de valor en el país como socio comercial estratégico en la región de América del Norte.

1. Nota sobre el debate del programa económico de la 4T

En el debate actual sobre los alcances y los límites del programa económico de AMLO, para llevar a cabo la 4T dirigida a regenerar la vida pública de México (en su primera etapa), como cabría esperar, existen argumentos en favor y en contra de dicha formulación -véase ^{Núñez (2021a} y ^2021b) -. Son una minoría los economistas que conceden el beneficio de la duda al programa económico de la 4T y reconocen el impacto positivo potencial del desempeño de la economía del combate a la corrupción y de llevar a la práctica el principio de “primero los pobres” y no incurrir en mayor endeudamiento externo del gobierno federal (^{Gandarilla, 2021}). O bien, que tienen el interés genuino por transformar las estructuras que propician la desigualdad (^{Núñez, 2021a} y ^2021b). Los planteamientos del fracaso de la reforma neoliberal y el proceso de su gradual desmantelamiento en el plano mundial hacen plausible el impacto positivo de la propuesta de transformación del orden social en México, con un programa en materia económica que se considera una variante del estructuralismo y el keynesianismo, la cual otorga importancia a la inversión pública y a la restauración de la empresa estatal (^{Rivera y Araujo, 2021}). Otros argumentos favorables reconocen la recuperación del país del dominio sobre los recursos naturales, y de Pemex y de la CFE, que fueron privatizados en el periodo neoliberal, y haber obligado a los grandes corporativos a pagar impuestos (^{Ortiz, 2021}). También se considera viable la inversión en grandes obras de infraestructura y su efecto multiplicador en el ingreso y el empleo, así como el cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado (^{Novelo y Vega, 2021}).

En contraste, los críticos de la política económica del gobierno de la 4T no reconocen ningún avance significativo en materia económica. Entre sus razonamientos consideran que el gobierno de AMLO mantuvo la política neoliberal y plantean un argumento circular sobre la necesidad de implementar políticas fiscales, monetarias y cambiarias contracíclicas, con el fin de dinamizar el crecimiento de la economía y del empleo (^{Huerta, 2021}). También existen argumentos con diagnósticos simplistas sobre la gestación de los problemas estructurales de la economía, y magnifican el impacto sanitario y económico de la pandemia (^{García y Gaspar, 2021}; ^{Bendesky, 2020}). En otros, se cuestiona que para llevar a cabo el proceso de transformación en marcha, el gobierno de AMLO concedió “privilegios políticos y económicos extraordinarios a las fuerzas armadas” (^{Barkin, 2021}). O bien, formulan cuestionamientos críticos sin lograr diferenciar en términos ni conceptuales ni de evidencia empírica la propuesta de “austeridad republicana” frente “austeridad neoliberal”, y de manera superficial concluyen que la política económica de la 4T está lejos del modelo keynesiano (^{Calzada, 2021}). También existen planteamientos que no ven en la política económica una conexión con los preceptos poskeynesianos, en el sentido de la articulación de las políticas financieras y productivas (^{Rodríguez y Jiménez, 2021}). Dentro del marco teórico del institucionalismo se cuestiona el mecanismo de las transferencias monetarias directas a través de los programas sociales, en lugar del uso de los recursos para la generación de “bienes públicos”; además de la “falta de resultados” de la estrategia económica del gobierno de AMLO (^{Constantino, 2021}). Al mismo tiempo, existen cuestionamientos desproporcionados que afirman que la política económica del gobierno no es antineoliberal, puesto que no trastoca las normas de funcionamiento del sistema financiero (^{Escorcia y Arévalo, 2021}). También hay argumentos falaces que a partir de un análisis parcial de los datos sobre el empleo y el desempleo concluyen que no hay combate a la pobreza ni existe una política de empleo en el programa económico de la 4T (^{Barrón, 2021}). Por último, no podía faltar la crítica sesgada a la propuesta conceptual y práctica de la “economía moral”, cuyo significado profundo se pretende diluir al circunscribirla dentro del debate de “economía positiva” frente a “economía normativa” para evaluar los limitados alcances de la política económica dentro de un marco teórico de raíz neoclásica (^{Aparicio, 2021}).

2. “Austeridad republicana” frente a “austeridad neoliberal”

Uno de los elementos de cambio inequívoco en el marco conceptual de la política económica de la 4T lo constituye la política de asignación y administración de los recursos públicos en el ejercicio de las tareas del gobierno, que se circunscribe al concepto de “austeridad”, pero con una connotación radicalmente distinta a su concepción y aplicación subyacentes a las políticas del modelo neoliberal. Debido a que en el diagnóstico formulado en el PND 2019-2024 se asume que el “principal problema de México era la corrupción”, la “austeridad republicana” emerge como un principio y se define como la

Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.¹⁵

Este criterio de austeridad como principio y puesta en práctica para erradicar la corrupción, tanto en la asignación como en el ejercicio del presupuesto de egresos, adquiere relevancia desde la perspectiva de la estrechez del espacio fiscal, puesto que dentro de sus objetivos se propone generar ahorros en el gasto público, para su asignación a los programas sociales del gobierno. Así, con la implementación de los lineamientos de la “austeridad republicana” se estima que el ahorro generado durante la gestión del presidente AMLO fue de alrededor de dos billones de pesos.¹⁶ Se pone como ejemplo que tan sólo en el combate al huachicol se generaron ahorros por 342 000 millones de pesos, cantidad equivalente al costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas; asimismo, con la eliminación de 173 fideicomisos se obtuvieron ahorros por 136 000 millones de pesos, entre otras fuentes de ahorros.

Por el contrario, la “austeridad neoliberal” tiene como antecedente y eje rector las políticas del llamado cambio estructural, el ajuste fiscal y las finanzas públicas sanas, promovidas por el FMI y el Banco Mundial durante la década de 1980 en los países de América Latina, incluido México, a raíz de la crisis de la deuda externa, con el propósito de garantizar los recursos para el pago de amortizaciones del capital y el costo financiero de dicha deuda (^{Chávez, 1996}). Las políticas de austeridad fiscal y combate a la inflación, junto con las de desregulación de la economía, apertura comercial, privatización de empresas paraestatales y fundamentalismo del mercado, son parte esencial del programa neoliberal (^{Pérez, 2015}), subyacentes al estancamiento de la economía. Adicionalmente, el problema es que, desde esta perspectiva, con las políticas neoliberales de austeridad en el gasto gubernamental, que buscan a toda costa el superávit primario (el cual no incluye el pago de intereses de la deuda pública) o el equilibrio fiscal, se restringen no solamente los recursos destinados a la inversión en infraestructura pública, sino también los que tienen incidencia en el bienestar de la población a través del gasto en educación, salud, vivienda, protección social, entre otros rubros del presupuesto.

En pocas palabras, la “austeridad republicana” está asociada con la generación de ahorros en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos para su canalización hacia los programas sociales con efecto multiplicador potencial en la demanda agregada. En tanto que la “austeridad neoliberal” se concibe dentro de la estrechez del marco conceptual del “presupuesto equilibrado” de la teoría económica ortodoxa, para garantizar el pago de la deuda pública externa y su costo financiero, con impacto negativo en la economía y el bienestar social.

3. Perspectivas económicas del proceso de transformación

Está documentado que durante las últimas dos décadas la economía mundial está experimentando un lento crecimiento de la producción y del comercio que se agudiza con la lenta recuperación posterior a la crisis económica y financiera de 2008-2009, la crisis económica y sanitaria generada por la covid-19 en 2020, la desarticulación de las cadenas globales de suministro y la agudización de los conflictos geopolíticos, entre otros factores. De hecho, el ^{Banco Mundial (2024)} pronostica un magro crecimiento para la economía mundial hacia 2024 y 2025, de 2.6 y 2.7%, respectivamente. Por ser una de las economías más abiertas,¹⁷ la mexicana no está exenta de la inestabilidad y la incertidumbre subyacentes al proceso de reconfiguración de la economía mundial, y tampoco de las macrotendencias globales que impactan negativamente a la economía mundial y condicionan el desempeño futuro de las economías en desarrollo.

El programa económico de la 4T, como parte esencial del modelo de gobierno del “humanismo mexicano”, está en construcción y, como en todo proceso, si bien el balance económico y social es positivo en su primera etapa, no debería interpretarse como concluyente. De hecho, persisten inercias de la ortodoxia en materia de diseño e instrumentación de las políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria y cambiaria), entre otros aspectos críticos que representan obstáculos para continuar impulsando el proceso de transformación. Adicionalmente, es evidente que no se han logrado superar los problemas estructurales de la economía que se agudizaron durante el periodo neoliberal.

Además de la moderación del crecimiento económico en 2024, existen otros factores que podrían obstaculizar la consecución de los objetivos del programa económico de la 4T (en su segunda etapa de continuidad con cambios). Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, en su segundo mandato, cambia el escenario macroeconómico mundial debido, entre otros factores, a la posible materialización de su política arancelaria que tendría un impacto inflacionario, lo que debilitaría el crecimiento de la inversión productiva y el producto y el empleo al que se incorporan los factores de incertidumbre e inestabilidad latentes en los mercados financiaros, como la antesala de una recesión económica. La creciente dependencia de la relación comercial de México con la economía de los Estados Unidos,¹⁸ la imposición de aranceles de 25% por parte del gobierno estadunidense a las importaciones de su país al acero y al aluminio, aunada a la amenaza de hacer extensiva las tarifas arancelarias a otras importaciones, así como la revisión y la negociación de cambios en el tratado comercial suscrito entre los Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), podrían materializarse en restricciones a las importaciones de la industria automotriz a través de la imposición de aranceles y modificaciones a las reglas de origen, y en temas laborales y agropecuarios. Tales factores tendrían graves afectaciones para la economía nacional. En el corto plazo, la incertidumbre y la indefinición de la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos han pausado las inversiones derivadas del proceso de relocalización de industrias (en equipo de iluminación y de comunicación, semiconductores, componentes electrónicos, medios magnéticos y ópticos) en el territorio mexicano por su cercanía con el mercado de América del Norte, situación que también afecta negativamente las perspectivas de crecimiento de la economía nacional.¹⁹ Ante este panorama adverso, paradójicamente surge la oportunidad de replantear la estrategia comercial para una nueva reinserción del país en la reconfiguración de la economía mundial. El desafío consiste en trascender el modelo de ensamblaje y maquila del periodo neoliberal e impulsar la transformación y la diversificación productiva, a través de la combinación de la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones manufactureras con mayores valor agregado y grado de integración nacional, e impulsar procesos de transferencia tecnológica e innovación vinculados con las políticas industriales, de ciencia y tecnología, y de transformación digital, y una estrategia nacional de desarrollo sostenible, con visión de futuro.

Debido a la estrechez del espacio fiscal y la dilación de la puesta en marcha de una reforma progresiva en la materia, otro factor de riesgo se vislumbra en el pronóstico de la reducción de 5.9 a 3.9% del déficit fiscal para 2025, lo que podría implicar una desaceleración de la economía y complicar la gestión adecuada de las finanzas públicas para garantizar la inversión pública en infraestructura y los recursos destinados a los programas sociales. No obstante, cabe señalar que la deuda pública, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se ubicó en niveles sostenibles, pues al cierre de 2024 se ubicó en 17 425 502 millones de pesos, equivalentes a 51.4% del PIB, y se estima que se mantenga en ese nivel estable hacia 2025.²⁰

Aunque, a pesar de la crisis dual (sanitaria y económica) de 2020 con crecimiento negativo (8.3%), en 2023 la economía mexicana registró una tasa de crecimiento de 3.3%, superior al promedio histórico de 2.2% del periodo neoliberal, tal dinamismo entró a una fase de ralentización al registrarse un crecimiento de 2.2% en el segundo trimestre de 2024, de 1.6% en el tercero y de 0.5% en el cuarto, con un crecimiento anual de 1.4% al cierre de 2024. Por lo tanto, para fortalecer el mercado interno es necesario mantener y consolidar los avances logrados en los indicadores del desarrollo socioeconómico, como el dinamismo en los componentes de la demanda agregada, en la inversión productiva y en infraestructura pública, el empleo y los salarios; en el incremento del gasto en desarrollo social, así como en la lucha contra la desigualdad y la pobreza: de acuerdo con cifras del Coneval, las personas en situación de pobreza pasaron de 51.9 millones en 2018 a 46.8 millones en 2022, lo que significa un disminución de la pobreza de 5.1 millones de personas.²¹

Desde la perspectiva de consolidación del proceso de transformación (en su segunda etapa de continuidad con cambios) se avanza en el objetivo de garantizar los derechos constitucionales a la población (en salud, educación, protección social), en el marco de un estado de bienestar. La estrategia económica de la 4T tiene futuro y se inscribe dentro del modelo de gobierno denominado “humanismo mexicano” -que se antepone al modelo neoliberal-, y está demostrando que es plausible continuar con la ruta de la transformación mediante el diseño y la instrumentación de una política económica más alineada con los preceptos del pensamiento económico neoestructuralista y heterodoxo, para alcanzar como fin último el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población para vivir en una “sociedad honesta, trabajadora y fraterna”. Se trata de un proceso en construcción con el objetivo de avanzar hacia una “prosperidad compartida”, que en el tránsito hacia la ruta trazada inequívocamente deberá enfrentar y superar múltiples desafíos, entre los que destacan los esbozados aquí.