La semilla: café, rieles y mano de obra migrante

La región del Soconusco experimentó una transformación radical a partir de la expansión de la caficultura a finales del siglo XIX. Hacendados e inversionistas, muchos de origen alemán, impulsaron un sistema de fincas que demandaba abundante mano de obra, compuesta principalmente por jornaleros guatemaltecos e indígenas tsotsiles provenientes de Los Altos de Chiapas, lo que estableció un temprano patrón de migración laboral transfronteriza y estacional (^{Castillo y Toussaint, 2015}; ^{Rivera y Wilson, 2020}).

Durante años, la precariedad de las vías de comunicación constituyó el principal obstáculo para el crecimiento económico regional. El transporte del café a lomo de mula hacia el inadecuado puerto de San Benito resultaba lento, costoso y arriesgado. Si bien los proyectos ferroviarios iniciales fracasaron, la solución definitiva llegó con la construcción y conclusión, en la primera década del siglo XX, del ferrocarril Panamericano. Esta infraestructura de 355 kilómetros conectó Tapachula con Guatemala y con la red ferroviaria nacional, erigiéndose como el eje vertebral del auge económico regional al facilitar la exportación de café y la importación de insumos (^{Bartra, 1995}).

Bajo este contexto, durante más de seis décadas el ferrocarril propició la llegada de mujeres vinculadas al trabajo sexo-erótico en el Soconusco y consolidó un patrón de movilidad de mujeres mexicanas y centroamericanas entre negocios y localidades. La ciudad de Tapachula, descrita como el epicentro comercial y social de esta zona y «creada como reflejo de la prosperidad del auge cafetalero en la región del Soconusco» (^{Nájera, 2022: 259}), vio impulsado su crecimiento a la par de esa bonanza económica, consolidándose como el nodo urbano más relevante en la frontera sur. Esta dinámica se reflejó en un incremento demográfico explosivo: entre 1950 y 1960, la población del Soconusco aumentó de 160 000 a 230 000 habitantes, y la de Tapachula de 60 000 a 85 000, fenómeno estrechamente vinculado a las oportunidades económicas y a la nueva conectividad ferroviaria (^{Trujillo y Goyas, 2022}).

Este crecimiento generó condiciones para la emergencia de lo que ^{Ruiz (2020)} denominaría «trabajo excedente»: una fuerza laboral femenina excluida de los circuitos productivos formales que encontró en el trabajo sexo-erótico un espacio para «ganarse la vida». Ya desde entonces operaba una economía política de los cuerpos (^{Morini, 2014}) que asignaba valor a estas mujeres por su juventud, feminidad y disponibilidad para satisfacer las demandas de una población masculina flotante.

El florecimiento: consolidación de las «zonas rojas» y el mercado urbano

El ferrocarril no solo movilizó mercancías, sino que transformó la estructura social y espacial de Tapachula. La movilidad de agentes, viajeros, jornaleros y migrantes generó una demanda constante de servicios de entretenimiento alrededor de las estaciones ferroviarias, contexto en el que emergieron las primeras zonas rojas en el centro de la ciudad (véase Mapa 1), principalmente a partir de la década de 1950 (^{Segoviano, 17 de enero de 2024}).

Primera ubicación: aproximadamente en 1940, en la 1a. Avenida Oriente desde la Avenida Central hasta el parque Amparo Montes (Parque de los Mariachis). Segunda ubicación: alrededor de 1956 hasta la década de los sesenta abarcaba desde la 9a., 11a., 13a. y 15a. Avenida Norte con la 5a. y 7a. Avenida Oriente.

Fuente: elaboración propia con base en ^{Segoviano (17 de enero de 2024}).

Mapa 1 Desarrollo de las zonas rojas en Tapachula, 1940-1960 

La primera zona roja de Tapachula -aproximadamente en 1940- se ubicó en la zona Centro, abarcando la 1a Calle Oriente, desde el parque Central hasta la plaza de los Mariachis, y estaba formada por locales con configuración de callejones tipo vecindad. Allí, meseras y trabajadoras sexuales -en su mayoría provenientes de Veracruz, atraídas por la facilidad de desplazamiento que brindaba el ferrocarril- ofrecían sus servicios en establecimientos comúnmente conocidos por el nombre de sus «madrotas», tales como La Tehuana y La Petra (^{Segoviano, 17 de enero de 2024}). Posteriormente, con el aumento del flujo migratorio, las centroamericanas adquirieron un papel preponderante, anticipando lo que ^{Ruiz (2015}, ²⁰¹⁸⁾conceptualiza como «sexualización del origen nacional»: la construcción social de ciertas nacionalidades como más «adecuadas» para el trabajo sexo-erótico.

Esta primera zona fue efímera. El crecimiento urbano exigió viviendas y escuelas, lo que condujo a la transformación de bares y prostíbulos en pequeños hoteles. En 1956 se delimitó una nueva área (véase Mapa 1) entre la 5a. y 7a. Calle Oriente, y entre la 9a., 11a., 13a. y 15a. Norte. Entre los locales más populares figuraban Mi Casita, Siboney, Tequila, Veracruz y Boca del Río. Eran espacios sencillos; locales con techos de lámina, mesas y sillas metálicas, y rockolas con discos de 45 revoluciones. Destacaba también un largo pasillo con pequeños cuartos para servicios sexuales, que además se utilizaban como viviendas y podían ser arrendados a las trabajadoras. Aparecieron más casas de citas sin anuncios visibles, accesibles únicamente por referencias o intermediarios como taxistas.

El auge de bares y casas de citas continuó en ascenso. Mientras varios de estos establecimientos estuvieron en manos de madames veracruzanas, otros pertenecían a empresarios locales, incluyendo un inmigrante japonés apellidado Toshiro, y un hombre homosexual conocido como La Cuca, dueño del bar Sexy Sax. La década de 1970 representó una nueva fase en la historia del trabajo sexual en la ciudad. La zona roja entre las calles 5a. y 7a. Oriente fue clausurada debido a la construcción de dos escuelas públicas. La presión ejercida por padres con hijos matriculados en la Secundaria Federal Número 1 y el Centro de Estudios Superiores del Soconusco obligó a las autoridades locales a ordenar el cierre y el traslado de bares y cantinas. Entre los pocos establecimientos que sobrevivieron destacó Las Morenitas, que con el tiempo se transformó en un famoso table dance.

Productores de café, plátano, cacao y ganaderos, así como obreros, trabajadores de la construcción y jornaleros, buscaron activamente espacios para ocio y recreación en la nueva zona establecida a inicios de 1970, ubicada en la 5a. Avenida Sur desde la 16a. Oriente (véase Mapa 2). En la ciudad comenzaron a diversificarse los establecimientos según las clases sociales; entre ellos, destacaban aquellos en los que trabajaban mujeres de entre 21 y 33 años. Un espacio exclusivo fue La Burbuja, que contaba con pista de baile y mujeres jóvenes que exhibían su figura en traje de baño. La abundancia de opciones de entretenimiento para adultos impulsó la captación de trabajadoras no solo de Veracruz, sino también de diversas regiones del país.

Tercera ubicación: desde finales de los años sesenta hasta los ochenta se encontraba a lo largo de la 5a. Avenida Sur desde la 16a. Oriente. Cuarta ubicación: también desde los años sesenta hasta los ochenta, se encontraba por la 8a. Avenida Sur y la 6a. Avenida Sur; cruzaban las vías del ferrocarril y se ingresaba a la zona por la 4a. Avenida.

Fuente: elaboración propia con base en ^{Segoviano (17 de enero de 2024)}.

Mapa 2 Desarrollo de las zonas rojas en Tapachula, 1960-1980 

Del éxito de estos negocios derivó la creación de otra zona roja cercana a la estación ferroviaria, en áreas como la 6a. y 8a. Avenida Sur (véase Mapa 2). Allí se instalaron negocios como Mazatlán, Río Rosa y un bar pionero denominado La Ciudad Perdida, un lugar lúgubre situado a orillas de un arroyo y un barranco, según ^{Segoviano (17 de enero de 2024)}.

A mediados de la década de 1970, los precios por servicios sexuales en Tapachula oscilaban entre 20 y 30 pesos por relación sexual, y de 40 a 50 pesos en establecimientos de mayor categoría. Cada bar establecía un sistema de pagos diferenciados para las trabajadoras según el consumo de cerveza. Algunas percibían sus ingresos únicamente por «fichas»,³ mientras que otras combinaban estas ganancias con «salidas al cuarto». Las remuneraciones diarias eran variables y, en algunos casos, insuficientes para cubrir el alquiler y la alimentación.

Gradualmente, los espacios dedicados al trabajo sexo-erótico comenzaron a designarse bajo diversas denominaciones: zonas rojas, giros rojos, zonas de placer y, posteriormente, zonas de tolerancia (véase Mapa 3). Esta última categoría surgió a partir de la alta concentración de establecimientos erótico-sexuales y se definió como áreas donde el ejercicio del trabajo sexual se permitía legalmente para adultos, bajo supervisión sanitaria orientada a la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Quinta ubicación: Las Huacas, establecida formalmente como una zona de tolerancia desde los años noventa hasta su declive y el cierre del último bar en 2019.

Fuente: elaboración propia con base en ^{Segoviano (17 de enero de 2024)}.

Mapa 3 Desarrollo de las zonas rojas en Tapachula, 1990-2019 

El florecimiento y la diversificación del sector sexual propiciaron la incorporación de trabajadoras centroamericanas -Guatemala, El Salvador y Honduras- y la consolidación de un patrón migratorio circular que les permitía alternar temporadas laborales en Tapachula con retornos a sus países. Este sistema operó como «trabajo excedente» (^{Ruiz, 2020}) frente a la desigualdad de género en los lugares de origen de las mujeres (^{Gregorio Gil, 1998}; ^{Nicolás Lazo, 2006}). Ellas transitaban de negocio en negocio y de localidad en localidad por cuenta propia. El patrón migratorio circular que se describe muestra además la agencia de estas mujeres (^{Nicolás Lazo, 2006}; ^{Agustín, 2009}), que construían estrategias para sostener a sus familias aprovechando la demanda estacional fronteriza. Así, Tapachula se consolidó como una plaza estratégica por su proximidad a Guatemala.

Para la década de 1980, el trabajo sexo-erótico se había consolidado como un componente estructural del mercado laboral urbano y de la economía de servicios de Tapachula, resultado de su condición de ciudad fronteriza en un contexto de auge económico e intensa movilidad humana. La consolidación de este trabajo como componente estructural de la economía de la ciudad confirma que este no es un fenómeno marginal, sino una pieza fundamental en la organización del trabajo fronterizo. Como señala ^{Nicolás Lazo (2006)}, la inserción de las mujeres migrantes en este tipo de actividades no es una anomalía, sino parte de un sistema más amplio en el que la «desregularización» opera como mecanismo de control; se les permite trabajar, pero en condiciones precarizadas y al margen de la legalidad, lo que facilita su explotación y su disponibilidad como «ejército de reserva» de las necesidades del capital.

Mercado de trabajo sexo-erótico en Tapachula y su relación con la migración

Durante la década de 1980, Tapachula experimentó una transformación significativa en la composición de su fuerza laboral en el trabajo sexo-erótico. Mientras que en décadas anteriores predominaban las mujeres mexicanas, especialmente de Veracruz, comenzó a observarse un flujo creciente y constante de mujeres originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras. Inicialmente, la presencia femenina en el fenómeno migratorio del Soconusco surgió a partir de la migración de familias completas en búsqueda de empleo, lo que transformó el panorama social y económico regional. A medida que Tapachula crecía, se requirió mano de obra guatemalteca no solo para el sector agrícola, sino también para la construcción y el comercio (^{Rivera y Wilson, 2020}). Esto llevó a que las mujeres que acompañaban a sus familias buscaran formas de contribuir económicamente, trabajando en fincas cafetaleras, plantaciones de plátano o en el trabajo doméstico.

Eventos como el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) marcaron la presencia de mujeres de ese país en Chiapas, quienes se desplazaron hacia diversas regiones del estado, incluido el Soconusco. Para 1993, algunas regresaron a Guatemala, mientras que otras permanecieron en Tapachula (^{Nájera, 2022}). A mediados de la década de 1990 se registró un aumento notable de los flujos migratorios desde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacia la frontera sur de México; este movimiento respondió a un conjunto de causas estructurales y coyunturales, muchas acumuladas desde la década de 1980, como: las secuelas de los conflictos armados en Centroamérica -años ochenta y noventa-; las crisis económicas profundas, provocadas por la caída de los precios agrícolas y los ajustes estructurales impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; los impactos de desastres naturales, y el incremento de la violencia y la criminalidad (^{Nájera, 2022}). Este periodo es crucial para comprender las causas de la migración femenina y su integración al mercado laboral local; asimismo, se modificó el destino migratorio -de las fincas rurales hacia la ciudad- (^{Castillo y Toussaint, 2015}), lo que reestructuró el papel de las mujeres, que dejaron de ser solo acompañantes para migrar en busca de independencia económica o para proveer a sus hogares.

Aprovechando la infraestructura ferroviaria, al menos hasta 2005, numerosas mujeres migrantes llegaron a Tapachula, muchas desplazadas por la violencia y la pobreza extrema de sus países de origen. Chiapas, como uno de los primeros puntos de entrada a México, se convirtió en un lugar donde muchas personas en situación de vulnerabilidad optaron por quedarse, temporal o permanentemente.

Las mujeres migrantes se emplearon en el comercio y diversos servicios. El sector comercial aprovechó su presencia para expandirse en Tapachula y favoreció la creación de oportunidades laborales en el comercio informal o en preparación de alimentos en fondas, taquerías o restaurantes (^{Rivera y Wilson, 2020}).

Busqué en varios puestos de comida china trabajo. [...] La verdad es que pagan muy poco, luego a los chinos, las que les gustan, son las muchachas de Guatemala. Los chinos te preguntan si eres de Guatemala y ya de que: -No, hondureña-. -¡Ah, no, no, gracias!-. No sé, será que somos más… me imagino que somos más lanzadas (testimonio de Yoana, citado en ^{Arroyo, 2023: 65}).

Sin embargo, especialmente para mujeres de Honduras y El Salvador, la principal oferta laboral residía en el sector del entretenimiento, es decir, el trabajo sexo-erótico, un oficio marcado por la interacción de factores globales y locales. En la región, la migración forzada por la violencia y la desigualdad, junto con los riesgos del tránsito por el Soconusco, crearon un entorno en el que este trabajo emergió como una estrategia de supervivencia. Esta inserción laboral no fue solo consecuencia de la vulnerabilidad, sino una manifestación de lo que ^{Ruiz (2020)} denomina «trabajo excedente»: mujeres excluidas de circuitos formales que encuentran en los mercados íntimos una opción para ganarse la vida. Como señala ^{Nicolás Lazo (2006)}, el trabajo sexual funciona para muchas como una «actividad refugio».

Ya fuera como meseras o acompañantes en bares con sistema de fichaje en cantinas y botaneros de la ciudad, como bailarinas exóticas en centros nocturnos o como trabajadoras sexuales callejeras, encontraron en el comercio sexual una vía de subsistencia. Podría tratarse de una estrategia temporal para continuar el viaje hacia Estados Unidos o de una actividad fija, dada la dificultad para cruzar la frontera norte y la posibilidad de permanecer cerca de sus lugares de origen.

Para estas mujeres, Tapachula representaba no solo un destino accesible por proximidad geográfica, sino también un sitio para insertarse rápidamente en un mercado laboral que, aunque precario, ofrecía posibilidades de generar ingresos superiores a los de sus comunidades de origen. ^{Rivera (2019)} documenta cómo estas mujeres establecieron un patrón migratorio circular sumamente organizado que les permitía trabajar en temporadas específicas -generalmente coincidiendo con picos de demanda en bares y centros de entretenimiento- y retornar periódicamente a sus hogares para mantener vínculos familiares y atender responsabilidades domésticas. Esta circularidad se facilitaba gracias a la «vecindad geográfica» y la «permeabilidad de la movilidad fronteriza» (^{Martínez, 2014: 86}), pues el tránsito entre ambos lados de la frontera era ágil, y se reforzaba mediante redes transnacionales de apoyo entre trabajadoras, quienes compartían información sobre oportunidades laborales, condiciones en establecimientos y rutas seguras. Los procesos de migración circular femenina en Tapachula -incluso en la actualidad- se componen de varios elementos, entre ellos la informalidad. ^{Martínez (2014)} señala que esta informalidad abarca desde los cruces fronterizos irregulares -en su mayoría por el municipio de Suchiate, en Ciudad Hidalgo, y el río Suchiate que divide Guatemala y México, utilizando el servicio de balseros que cobran 10 quetzales- hasta las condiciones del mercado laboral local, caracterizado por empleos sin contrato, sin prestaciones ni garantías de seguridad económica y social, y por salarios precarios.

Desde finales del siglo XX el flujo de migrantes centroamericanos creció rápidamente y se feminizó de manera sostenida. Los registros migratorios de la época reflejan esta tendencia; en 2001, las mujeres representaban ya el 15.3 % de las detenciones en Chiapas, porcentaje que aumentó al 16.3 % en 2004 (^{Rojas, 2007}). Según el testimonio de R. López Samayoa (comunicación personal, 24 de octubre de 2024), en Tapachula, estas migrantes se hacían visibles siguiendo las vías del ferrocarril para esperar el tren conocido como La Bestia, que, en aquel entonces, partía de Ciudad Hidalgo y recorría la costa del Soconusco rumbo al centro del país. Por otras conexiones ferroviarias, los migrantes podían llegar hasta el norte de México y cruzar hacia Estados Unidos.

Las Huacas: características y funcionamiento

Tras el cierre de los negocios ubicados entre la 13a. y la 18a. Sur dedicados al trabajo sexo-erótico, se creó en 1991 la primera zona de tolerancia en Tapachula, conocida como Las Huacas, ubicada entre la carretera costera y la montaña del panteón. Se trataba de un predio rural atravesado por un río pestilente, con vías de acceso limitadas y un terreno sujeto a inundaciones. Se construyeron alrededor de 20 locales habilitados como bares con cuarterías, que funcionaban como espacios para ofrecer trabajo sexual. Aunque el área no estaba cercada ni pavimentada, contaba con una caseta policial y un consultorio médico en la entrada; las actividades se extendían hasta altas horas de la madrugada.

Las Huacas llegó a tener gran auge; cuando se iba por la noche a esa zona, eso era algo espectacular, resultaba impresionante ver tanta gente que entraba y salía de los bares y cantinas, y estos iban a tener prácticas sexuales. Realmente había un movimiento económico fuerte, tanto para los dueños de los establecimientos como para las personas que se dedicaban al trabajo sexual. Había pleitos como en todas las cantinas, y circulaban por las cuarterías vendedoras de ropa interior, perfumes, etc. Todo en ese lugar era como una fiesta. Cuando había redadas, la misma policía cuidaba que las formas, no fueran tan arbitrarias. Pero desde luego la violencia institucional, estructural y sistemática existía (R. López Samayoa, comunicación personal, 24 de octubre de 2024).

En las zonas de tolerancia, como Las Huacas, las mujeres vivían en pequeños cuartos que también se utilizaban para servicios sexuales. Su vestimenta era llamativa para atraer clientes: vestidos cortos, faldas entalladas o shorts con blusas escotadas. La diversidad era notable: menores de edad, mujeres mayores de 40 años, con diferentes complexiones y tonos de piel, algunas con tatuajes (^{Morquecho, 6 de septiembre de 2004}). Comenzaron, asimismo, a hacerse presentes personas de la comunidad LGBTIQ+, como hombres homosexuales y trans que también ofrecían sus servicios.

Aquí, mi cuerpo guatemalteco garífuna, moreno y de culo grande, es una atracción. Los clientes llegan con sus ideas de lo que es un buen culo de hombre, a veces me dicen que tengo culo de vieja […]. Que lo ven y les calienta, pero como soy gay debo ser sumiso. Al cliente lo que pida. Pero lo más fuerte es cómo este espacio te obliga a relacionarte con otras sexualidades. Trabajo junto a mujeres trans de Honduras y El Salvador. […] ellas me enseñaron que aquí, en esta zona de tolerancia, todos somos puros cuerpos que sirven para coger […] (testimonio de Amapola, obtenido en el trabajo de campo de R. Hernánd ez, 2014).

El testimonio de Amapola revela cómo en las zonas de tolerancia operaba una compleja deseografía fronteriza (^{Parrini, 2018}); los cuerpos eran investidos con deseos diferenciados según su origen nacional, su tono de piel, su fenotipo. El cuerpo «guatemalteco garífuna» es simultáneamente «atracción y objeto» de estereotipos que lo hipersexualizan. Esta jerarquía confirma lo que ^{Ruiz (2015}, ²⁰¹⁸⁾ identifica como «sexualización del origen nacional»: la construcción social de ciertos cuerpos como más «adecuados» para el trabajo erótico, una signación de valor diferencial que tiene efectos materiales en las condiciones de trabajo y en las formas de violencia que ejercen sobre ellos.

La creación de Las Huacas evidenció una política estatal ambivalente que formalizaba y controlaba sanitariamente un espacio segregado, donde coexistían la regulación y la explotación sistemática. La zona simbolizaba las contradicciones fronterizas: una intensa actividad económica que reproducía violencia, un espacio social que funcionaba como mecanismo de control y un proyecto de ordenamiento que facilitó redes de explotación. La supuesta formalización no eliminó la precariedad, sino que normalizó y ocultó las vulnerabilidades de las trabajadoras migrantes y sentó las bases para la crisis subsecuente en el trabajo sexo-erótico en Tapachula.

Prácticas de trata y mecanismos de enganche

La concentración de actividad en Las Huacas no solo fortaleció la economía subterránea, también creó condiciones propicias para la trata y la explotación laboral. Estas prácticas no surgieron de manera aislada, sino que retomaron lógicas históricas de reclutamiento coercitivo en la frontera. Un ejemplo de ello es el antiguo sistema de «enganche» en las fincas cafetaleras del Soconusco, donde los «enganchadores» endeudaban a los jornaleros incluso antes de comenzar a trabajar (^{Bartra, 1995}). En Las Huacas, esa lógica no desapareció, simplemente se transformó.

Las mujeres que llegaban a la zona -principalmente centroamericanas, aunque también mexicanas- enfrentaban un reclutamiento disfrazado. Muchas habían sido atraídas con ofertas de trabajo como meseras, cocineras o empleadas de limpieza, pero al llegar eran forzadas a prostituirse. Como refleja el siguiente testimonio, los reclutadores esperaban en la estación del ferrocarril a mujeres recién llegadas con falsas promesas; una vez dentro de los bares o cantinas, ya no se utilizaban adelantos monetarios como en las fincas, sino deudas inventadas por transporte, comida, alquiler o ropa. Esa deuda abría la puerta al control total: retención de documentos, encierro en cuarterías y un sistema coercitivo que recordaba a las antiguas tiendas de raya.

Los dueños de los establecimientos les hacían contraer deudas, les retenían sus documentos, las tenían encerradas en las cuarterías, y ahí las obligaban a tener relaciones sexuales y les cobraban a los clientes. La mayoría de bares y cantinas tenían anexos, que eran cuarterías donde se ejercía el trabajo sexual. A las mujeres menores de edad, por ejemplo, las amenazaban con denunciarlas ante Migración si no se quedaban a laborar (R. López Samayoa, comunicación personal, 24 de octubre de 2024).

Esta continuidad entre el enganche rural y su versión moderna en los bares muestra cómo la explotación se adaptó al nuevo contexto urbano y migratorio sin perder su carácter coercitivo. El Estado, al crear y supervisar la zona, terminó favoreciendo un escenario donde estas lógicas operaban con amplia impunidad. A ello se sumaban otras formas de violencia. Era común que las mujeres que ingresaban al trabajo sexo-erótico -especialmente si eran consideradas atractivas- fueran obligadas a «pasar la prueba con el patrón», es decir, a mantener relaciones sexuales con el dueño del establecimiento. Se registraron violaciones, abusos sexuales por parte de dueños y amenazas constantes, mientras el debate público sobre la trata apenas comenzaba. Con el auge de la zona de tolerancia, la explotación sexual se consolidó como un negocio rentable, sin mecanismos legales efectivos para contenerlo.

Estas prácticas de enganche no deben llevar a una lectura que anule la complejidad del fenómeno. Como advierte ^{Nicolás Lazo (2006: 254)} , «las situaciones en las que las mujeres se encuentran están muchas veces llenas de ambigüedad». La explotación no está ausente -como no lo está de casi ninguna actividad laboral en el capitalismo globalizado-, pero ello no implica que todas las mujeres carecieran de agencia. El desafío analítico, como propone ^{Juliano (2004)}, consiste en contextualizar el trabajo sexual como «un hecho social total», situándolo en el cruce entre el campo laboral, el de la sexualidad y el de las estructuras de género. Solo así pueden identificarse las situaciones de abuso sin negar la capacidad de decisión de las mujeres que, en contextos de extrema precariedad, optan por esta actividad para sostener sus vidas y las de sus familias.

Huracán Stan (2005) y sus efectos en la ciudad de Tapachula

Entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2005, el huracán Stan no solo azotó físicamente la región del Soconusco, sino que fracturó irreversiblemente las estructuras espaciales y sociales que durante décadas habían organizado el trabajo sexo-erótico en Tapachula. La catástrofe evidenció la profunda vulnerabilidad de un modelo de desarrollo urbano que había expandido la ciudad hacia zonas de alto riesgo, marginando a los sectores más desprotegidos, incluyendo a las trabajadoras sexo-eróticas concentradas en Las Huacas.

La magnitud de la devastación superó toda expectativa. «En Tapachula la inundación duró varios días y fue declarada zona de desastre […] según cifras oficiales hubo 86 muertos y 92 000 damnificados» (^{Maldonado, 2016: 113}). Los datos materiales documentados por ^{Murcia y Macías (2009: 1)} revelan el colapso infraestructural: «2 000 casas desaparecidas, cerca de 100 000 personas damnificadas, y cuatro puentes y la vía del ferrocarril destruidos». El huracán Stan impactó directamente al 35.4 % de la población municipal, que para ese entonces se estimaba en 282 420 habitantes (^{Murcia y Macías, 2009: 2}). Esta cifra, que representa más de un tercio de los habitantes, ilustra no solo una emergencia humanitaria, sino el colapso temporal del contrato social y económico que sostenía la vida urbana.

Para el trabajo sexo-erótico, el impacto adquirió características particulares. La zona de tolerancia de Las Huacas, por su ubicación junto al río Coatán, quedó totalmente inundada y fue declarada inhabitable. La movilidad regional igualmente sufrió cambios. Como señala ^{Maldonado (2016: 114)} , «la desaparición de puentes, vías y paso del tren, transformó a partir de ese momento las rutas migratorias», mientras que Alquisiras (2025) documenta cómo las rutas de entrada a México se diversificaron y el municipio de Arriaga se convirtió en el punto más cercano para abordar el tren llamado La Bestia. Esta reconfiguración geográfica forzó a las personas migrantes a recorrer 283 kilómetros entre la frontera y Arriaga, por lo que se multiplicó exponencialmente su exposición a riesgos, extorsiones y violencias. Esta reconfiguración geográfica no solo alteró las rutas migratorias, sino que profundizó la precarización de quienes ya operaban en los márgenes. En Las Huacas, el colapso dio lugar a un proceso de desregularización que funcionó como un mecanismo de presión arbitraria sobre las trabajadoras. La dispersión forzada las colocaría en una posición aún más vulnerable frente a los actores que controlaban los nuevos espacios.

De Las Huacas a los albergues municipales: resiliencia y nuevas vulnerabilidades

El desplazamiento forzado de la población damnificada hacia los albergues municipales, incluyendo a las trabajadoras de Las Huacas, marcó el inicio de una reconfiguración profunda del trabajo sexo-erótico en Tapachula y constituye un capítulo emblemático de adaptación en condiciones extremas. La capacidad de agencia de estas mujeres se manifestó en su habilidad para convertir espacios de auxilio humanitario en nuevas plazas laborales en cuestión de días.

Seguirles la pista fue algo rápido, pero nunca imaginé que seguirían ejerciendo el mismo oficio. Recuerdo la primera chica que me llamó a finales de octubre del 2005:

-Rosemberg, manito, ¿no tienes condones?

-¿Dónde están?

-¡Ay, manito¡, aquí estoy en los albergues.

-¿Cómo?

-¡Sí!

-¿Y qué haces ahí?

-¡No, mano! Sí, aquí está todo el trabajo, aquí está toda la paga. Nos estamos dedicando al trabajo sexual en los albergues (R. López Samayoa, comunicación personal, 24 de octubre de 2024).

Este diálogo revelador muestra no solo la inmediata adaptación de las trabajadoras a las nuevas circunstancias, sino también la persistencia de la demanda de servicios sexuales incluso en medio de una catástrofe humanitaria. La naturalidad con que la trabajadora relata su situación subraya cómo el trabajo sexo-erótico constituía para estas mujeres una estrategia de supervivencia que trascendía incluso las condiciones más adversas. Este episodio ilustra con crudeza lo que ^{Juliano (2004)} denomina «actividad refugio»: el trabajo sexo-erótico como un recurso funcional al que se recurre para solucionar problemas diversos -en este caso, la supervivencia inmediata tras un desastre natural- y que puede ser utilizado como plataforma para mejorar condiciones económicas, incluso en contextos de emergencia.

Esta transición, sin embargo, ocurrió en un contexto de profunda desprotección. La infraestructura básica de los albergues resultaba completamente inadecuada para el ejercicio sexual, dado que se carecía de las mínimas condiciones de privacidad, seguridad e higiene. La ausencia de mecanismos de protección permitió que emergieran formas sistemáticas de explotación. Así se lo compartió una trabajadora a R. López Samayoa: «En esos albergues había mucho abuso por parte de los militares, de los marinos hacia nosotras, porque a veces nos obligaban a tener prácticas sexuales gratis a cambio de comida, a cambio de esto o de lo otro» (comunicación personal, 24 de octubre de 2024).

Este testimonio evidencia cómo la desestructuración del marco regulatorio de Las Huacas, por muy precario que fuera, abrió espacio para formas más arbitrarias y violentas de explotación por parte de las propias autoridades encargadas de la protección civil. La situación de emergencia y la concentración de población vulnerable en los albergues crearon condiciones propicias para el abuso de poder, de tal modo las trabajadoras sexuales, lejos de recibir protección, se convirtieron en víctimas de explotación de quienes debían garantizar su seguridad.

La fragmentación de las redes de solidaridad que había caracterizado a Las Huacas representó otra pérdida significativa. Mientras en la zona de tolerancia existían ciertos códigos de conducta, mecanismos informales de protección y formas de organización colectiva, en los albergues las trabajadoras operaban en relativo aislamiento, sin la capacidad de negociación que otorgaba la concentración espacial. Esta dispersión las posicionó en un contexto de mayor vulnerabilidad a la explotación por parte de clientes, intermediarios y autoridades.

El fenómeno también relevó la profunda estigmatización que continuaba pesando sobre las trabajadoras sexo-eróticas. Mientras otros damnificados recibían asistencia incondicional, ellas enfrentaban juicios morales que limitaban su acceso a la ayuda humanitaria y las convertían en blanco fácil de abusos y extorsiones. El testimonio anterior ilustra cómo la condición de migrantes, mujeres y trabajadoras sexuales las colocaba en una situación de particular vulnerabilidad frente a las estructuras de poder, de tal modo que, en su contexto, como advierte ^{Nicolás Lazo (2006)}, la ambigüedad es la norma; la explotación no está ausente, pero tampoco anula la agencia. Sin embargo, en los albergues esa ambigüedad operó en su faceta más perversa: las autoridades encargadas de la protección se convirtieron en agentes de explotación, lo que confirma que la desregularización no es una omisión, sino un dispositivo de control que permite el abuso ante la ausencia de un marco que las ampare.

La aplicación paradójica de la Ley contra la Trata y el cambio en el control de licencias

La implementación de la Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Chiapas -que siguió a la Ley General de 2012- tuvo efectos contradictorios. Su aplicación se insertó en un contexto de fuerte estigmatización hacia el trabajo sexo-erótico, reforzada por campañas como «Corazón azul contra la trata de personas», una iniciativa lanzada en 2009 por el gobierno estatal en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que buscaba sensibilizar a la población sobre la trata como forma de esclavitud moderna y promover la denuncia. Como documenta Mariscal, dicha campaña «no distinguía entre trata de personas y trabajo sexual», y en nombre del rescate se desplegaron redadas violentas y desproporcionadas en las cuales se allanaron centros de trabajo sin órdenes judiciales: «Llegan policías estatales, federales y ministeriales, Fiscalía de Trata y personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Con lujo de fuerza pública y de violencia, sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, irrumpen en los centros de trabajo» (^{Mariscal, 27 de abril de 2015} ).

Si bien la ley permitió condenar a algunos explotadores directos, su aplicación fue errática. Muchas mujeres «rescatadas» no se identificaban como víctimas, sino como trabajadoras que habían optado por el trabajo sexual en contextos de precariedad (^{Maldonado, 2016}). Esta incapacidad para distinguir entre trata y trabajo sexual autónomo ejemplifica los «discursos de salvación» (Agustín citado en ^{Nicolás Lazo, 2006: 249}), narrativas que representan la prostitución en abstracto, descontextualizada. Al no reconocer el trabajo sexual como una «actividad refugio» (Nicolás Lazo, 2006), las políticas antitrata terminaron por profundizar la vulnerabilidad de las mujeres en lugar de protegerlas.

La falta de distinción se volvía más problemática en los casos de menores de edad. Natalia, detenida cuando iba a comer al bar donde ella y su hermana trabajaban, mencionó:

Yo llegué ese día porque no iba a trabajar, nomás llegué porque iba a comer. Yo estaba pidiendo mi comida cuando me jalaron del brazo y directamente a mí, no se fueron para allá ni nada, directamente a mí y luego me empezaron a contar los dientes y me dijeron: «Venimos por ti» (testimonio de Natalia, citado en ^{Arroyo, 2023: 71}).

Tras su detención, Natalia y su bebé fueron enviados a un albergue estatal y separados de la hermana mayor de Natalia, la cual fue deportada a Honduras. Este caso evidencia lo que ^{Juliano (2004)} propone como metodología de análisis: tratar el trabajo sexual como un «hecho social total», contextualizándolo en el cruce del campo laboral, la sexualidad y las estructuras de género. Solo esta mirada permite identificar que la separación de la adolescente de su hermana no constituyó una protección, sino una segunda violencia -institucional- que fragmentó su red de apoyo. La falta de protocolos adecuados para verificar vínculos familiares no fue un error menor, sino la manifestación de un sistema que, en nombre del rescate, opera con la misma lógica deshumanizadora que dice combatir.

La presencia de menores de edad en los bares no era un secreto para los dueños, aunque sí para las autoridades. La complicidad para hacerlas desaparecer durante las redadas respondía a un mecanismo previo: el mandato de invisibilidad impuesto a las trabajadoras desde su ingreso.

Este periodo de aplicación de la Ley contra la Trata coincidió con una transformación profunda en la regulación municipal de Tapachula, cuyos efectos terminaron reconfigurando el paisaje del trabajo sexo-erótico. Durante esos años ocurrió un cambio decisivo en el régimen de licencias municipales para la venta de alcohol (^{Arroyo, 2023}). Las licencias existentes fueron adquiridas por empresas privadas -«Patentes y Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V., conocida como “La Corona” y Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.» (^{Arroyo, 2023: 73})-, lo cual modificó por completo el control gubernamental. A partir de esa adquisición, el municipio perdió la facultad de expedir nuevas licencias, y todas las existentes quedaron en manos de dichas empresas. Estas comenzaron a subarrendarlas a terceros -sin modificar el nombre del propietario original-, de tal modo que se convirtieron en las instancias que realmente decidían qué bares y cantinas podían operar. A partir de entonces, la intervención municipal se limitó a verificar el cumplimiento del reglamento de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas,pero sin capacidad de regular, desde su origen, la apertura o cierre de dichos espacios.

Este nuevo esquema dejó al municipio en un rol limitado y favoreció una dispersión no regulada de bares y centros botaneros, cambio que coincidió con el impacto social del huracán Stan y con los operativos antitrata. En conjunto, estos factores no solo contribuyeron al cierre definitivo de Las Huacas, sino que impulsaron el desplazamiento de bares, cantinas y botaneros hacia distintas colonias de la ciudad, por lo que las dinámicas del trabajo sexo-erótico en Tapachula se extendieron y fragmentaron (^{Arroyo, 2023}), lo que contribuyó a la clandestinización de la actividad.

La privatización de las licencias y la consecuente pérdida de control municipal sobre los espacios de trabajo sexo-erótico constituye un ejemplo paradigmático de la «desregularización como control»: el Estado no desaparece, sino que se reposiciona. Al ceder a manos privadas la facultad de decidir qué bares y cantinas podían operar, el municipio se desligó de su responsabilidad regulatoria, pero mantuvo su capacidad de vigilancia y sanción. Las trabajadoras quedaron así atrapadas entre lógicas mercantiles privadas -las empresas arrendatarias de licencias- y un control estatal reducido a la verificación punitiva, sin ningún marco que garantizara sus derechos laborales.

De la expansión centroamericana a la irrupción de las caravanas

Si bien las mujeres centroamericanas seguían siendo el grupo más visible de trabajadoras sexo-eróticas en Tapachula, comenzó a observarse también la participación de mujeres tapachultecas en este oficio, aunque de forma discreta.

En el parque Miguel Hidalgo o en las banquetas cercanas se veía a mujeres con su bolsita de mercado esperando a clientes. Eran mujeres, algunas amas de casa que se dedican al trabajo sexual de forma esporádica.

-¿Cómo está doña Mariquita?

-Pues muy bien.

-Bueno, ahí le traje sus condones.

-Ay, discretamente, métalos a mi morral.

(R. López Samayoa, comunicación personal, 24 de octubre de 2024).

Algo que comenzó a hacerse cada vez más evidente en esa época fue la expansión del trabajo sexual callejero. Parques y mercados del centro fueron ocupados por mujeres que ofrecían sus servicios. Solían ubicarse en la 8a. Avenida Norte, sobre la pared del Museo de la Ciudad, y en el jardín Benito Juárez, justo enfrente del Palacio Municipal. Al mismo tiempo, trabajadores sexuales empezaron a ocupar, tanto de día como de noche, las calles aledañas a esa zona, por lo que se creó un distrito de oferta sexual diverso y visible.

En esta calle, la Octava que le dicen, porque no todas las calles son iguales, aunque estemos pegadas unas con otras, la Octava y la Doce son históricas sobre putas. Llevo aquí seis años. Entro a las nueve y salgo a las tres, jajaja, como horario de oficina; si tengo alguna necesidad, trabajo más, pero si no, al día con ese horario me llevo mil pesos y con eso ahí la llevo (testimonio de Quetzal, obtenido en el trabajo de campo de R. ^{Hernández, 2021}).

Esta expansión del trabajo sexual callejero hacia espacios públicos centrales evidenció cómo la «desregularización» y la dispersión forzada no eliminaron la actividad, sino que la reconfiguraron. Como señala ^{Juliano (2004}), la informalidad es un mecanismo de control que permite ejercer presión arbitraria sobre las trabajadoras. Al ocupar las calles, estas mujeres se vuelven previsibles para la vigilancia policial, pero permanecen invisibles como sujetos de derecho.

El 19 de octubre de 2018 marcó un punto de inflexión con el ingreso de la primera caravana migrante a Tapachula, que había partido el 13 de octubre desde San Pedro Sula, Honduras, con el propósito de llegar a Estados Unidos. A esta primera caravana le siguieron otras que iniciaron en Honduras y El Salvador (^{Torre Cantalapiedra, 2021}). Si bien inicialmente estaban integradas sobre todo por personas centroamericanas -lo que aumentó temporalmente la presencia de mujeres de esta región en el trabajo sexo-erótico- entre los años 2019 y 2020 ocurrió una transformación cualitativa con la llegada masiva de mujeres cubanas: «Oh, sorpresa, que después vienen las cubanas y hay hasta peleas entre las cubanas y las hondureñas. Y pasa esto, que los dueños de los bares empiezan a desplazar, empiezan a quitarles el trabajo a las hondureñas y empiezan a contratar cubanas» (R. López Samayoa, comunicación personal, 24 de octubre de 2024).

Su incorporación al mercado sexo-erótico local provocó un cambio significativo que desplazó a las hondureñas, hasta entonces las más «cotizadas», lo que ejemplifica la «sexualización del origen nacional» (^{Ruiz, 2015}, ²⁰¹⁸). Las cubanas irrumpieron investidas de un imaginario caribeño que las posicionó en estratos superiores, mientras las hondureñas fueron relegadas a espacios más precarios. Más que atributos naturales, se trata de «deseografías fronterizas» (^{Parrini, 2018}), es decir, de elementos que reconfiguran el valor de los cuerpos según los flujos migratorios y las fantasías que movilizan. La especificidad nacional se convirtió en un valor de mercado; incluso, se abrió un botanero cuya premisa era la presencia exclusiva de mujeres de esta nacionalidad -Las Cubanitas-, que capitalizaba la novedad y el exotismo asociado a las caribeñas.

Donde yo me vine a ser puta fue aquí en Tapachula; no había otra forma de juntar dinero para salir de aquí. En ese cabaret donde trabajé éramos 30 mujeres cubanas; cada semana unas salían y otras llegaban. Duré tres meses en ese negocio, rentando un apartamento y trabajando por las noches (testimonio de Mary, comunicación personal, octubre de 2023).

Pandemia, resiliencia y nuevas nacionalidades

La pandemia de covid-19 impuso nuevos desafíos. Algunos bares se vieron obligados a cerrar temporalmente, lo que condujo a que las mujeres buscaran emplearse en otros espacios o, incluso, a diversificar sus actividades dentro del trabajo sexo-erótico a través de las redes de socialización virtual. También hubo quienes retornaron a sus países de origen, se movieron a otros estados de la República o intentaron ingresar a Estados Unidos.

La pandemia exacerbó las vulnerabilidades, particularmente para las inmigrantes indocumentadas. El contraste entre un mercado laboral formal y la saturación del sector informal las dejó con escasas alternativas económicas, y reforzó su dependencia del trabajo sexo-erótico como último recurso de subsistencia. Sin embargo, esta lógica de «actividad refugio» no es nueva ni exclusiva de contextos de crisis sanitaria, pues responde a una estructura de precariedad laboral crónica que empuja a las mujeres a calcular racionalmente entre opciones igualmente adversas. Yoana, una mujer hondureña, narró cómo el salario que recibía en un empleo formal le resultaba insuficiente para cubrir sus obligaciones, lo que la llevó a transitar hacia el trabajo en un bar:

[...] cuando yo estaba trabajando en el hotel ganaba $96 pesos de seis de la mañana a las dos de la tarde [...] y en el bar pues ya sacaba un poquito más, mis $150 de mesera y ya más las fichas. [...] ya no aguantaba las mañanas, no aguantaba el sueño en el hotel, así que mejor decidí agarrar de una vez de planta el bar (testimonio de Yoana citado en ^{Arroyo, 2023: 66}).

En los años posteriores a la pandemia, la presencia de mujeres cubanas, venezolanas y colombianas se hizo cada vez más evidente en el mercado sexo-erótico local. Simultáneamente, mujeres haitianas comenzaron a integrarse a este oficio, como lo sugiere la controversia en torno al establecimiento Bar Mitzrael que, según rumores, funcionaba como un bar haitiano donde se ejercía el trabajo sexual. Así se evidenció en una nota periodística (^{Zavaleta, 2021}): «el Ayuntamiento de Tapachula tuvo que emitir un comunicado aclarando la situación del supuesto bar haitiano», lo que muestra cómo la presencia de nuevas nacionalidades generaba tensiones y atención mediática.

Durante este periodo se transformó radicalmente la dinámica de Tapachula, que pasó de ser un nodo de tránsito a convertirse en una ciudad de difícil acceso, y también de difícil salida. Esta transformación fue resultado de las políticas de contención migratoria implementadas por el gobierno mexicano, caracterizadas por la militarización y los operativos del INM. El reforzamiento de los puntos de ingreso en Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc o Tenosique, junto con la instalación de estaciones móviles de verificación migratoria, crearon un corredor de control que, hasta hoy día, dificulta enormemente la movilidad de las personas migrantes.

Este contexto de inmovilidad forzada generó condiciones de extrema precariedad. El periodo de atrapamiento de migrantes en esa ciudad ha implicado que pasen semanas o meses buscando formas de subsistencia, y sus opciones laborales se ven limitadas a actividades como la venta ambulante, el trabajo doméstico, oficios como peón de albañil o el trabajo sexo-erótico. Paralelamente, la composición de los flujos migratorios se diversificó notablemente, de tal modo que en la ciudad se observaba un abanico de nacionalidades, razas y colores de piel; esto también derivado de la llegada masiva de miles de migrantes venezolanos a partir del año 2022, seguidos por personas de Haití y de diversos países de África y Asia.

Para mí Tapachula es un negocio mix, porque a mí me gustaría poner de esos sitios donde hay música, comida y «meseros sexo» de todas las nacionalidades, cubanas para quien gusta cubanos, venezolanos para quien quiere venezolanos, haitianos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, porque con la migración se puede hacer un grande negocio, la migración deja dinero (testimonio de Camaleón, citado en ^{Hernández, 2021: 47}).

La visión de Camaleón revela con claridad la lógica que atraviesa el mercado; los cuerpos migrantes son valorados como mercancías diferenciadas, cada una con un «exotismo» específico que puede ser capitalizado. Un mercado que, en términos de ^{Parrini (2018)}, funciona como una compleja cartografía del deseo que opera como tecnología social para producir y jerarquizar diferencias entre los cuerpos.

Paralelamente, a partir de 2022 hombres cubanos y haitianos se integraron también al trabajo sexual, la mayoría sin contar con experiencia previa. Esta incorporación de hombres, particularmente al sector LGBTIQ+, complejizó aún más el panorama y mostró cómo la diversificación de flujos migratorios se traducía en una mayor variedad de oferta dentro del mercado sexual de la ciudad.

En el bar no solo vendes sexo, vendes compañía, ilusión. Aquí soy gay abierto y en El Salvador tuve que esconderme. Aquí, en el bar, mi homosexualidad es parte de mí y de mi trabajo. Los clientes, todos hombres casados, buscan a un chico como yo. Mi cuerpo delgado y amanerado no es chiste, es con lo que los atraigo, es una forma que me da para comer a mí y mi familia (testimonio de Clavel, obtenido en el trabajo de campo de R. Hernández, 2014).

El testimonio de Clavel añade una capa más a esta complejidad: la diversificación incluye a hombres migrantes que encuentran en el trabajo sexual una «actividad refugio». Para Clavel, el bar no era solo un espacio de trabajo, sino un lugar donde podía vivir abiertamente su homosexualidad, algo que en El Salvador debía ocultar. Su relato revela la «heterogeneidad de valoraciones» (^{Nicolás Lazo, 2006}); el sexo comercial no era para él un drama, sino una forma de «ganarse la vida» que, además, le permitía ser quien era. Esta ambigüedad -entre explotación y autoafirmación, entre precariedad y libertad- es parte constitutiva de estos mercados.

Jerarquías y su desplazamiento en el mercado sexual

La creciente diversificación migratoria generó una compleja estructura de estratificación dentro del mercado del trabajo sexo-erótico. La culminación estructural del proceso histórico de estratificación que hemos rastreado a lo largo de este artículo se representa en la Ilustración 1 (^{Arroyo, 2023}), donde los niveles no son estáticos, sino el reflejo de una dinámica histórica. Las centroamericanas, que antaño dominaban los bares, fueron progresivamente desplazadas a la base de la pirámide -racializadas en el trabajo callejero-; conforme fueron llegando mujeres cubanas, venezolanas y colombianas a partir de 2019, se introdujo una nueva lógica de exotización que posicionó a estas últimas en los estratos superiores (table dance y escorts).

Fuente: ^{Arroyo (2023)}.

Ilustración 1 Pirámide de trabajo sexo-erótico en Tapachula 

La Ilustración 1 refleja la diferencia que el mercado hace de los cuerpos en función del origen nacional, la raza y el fenotipo, un proceso que fue configurándose a lo largo de las décadas y que encontró en la contención migratoria reciente su máxima expresión. La pirámide representa también un mapa de la deseografía (^{Parrini, 2018}), que muestra cómo ciertos cuerpos son investidos de deseo, mientras que otros son racializados, excluidos o ubicados en los márgenes. Las mujeres cubanas, venezolanas y colombianas ocupan los estratos superiores porque son construidas como «exóticas» por una sexualización del origen nacional (^{Ruiz, 2015}, ²⁰¹⁸ que responde a imaginarios coloniales y a lógicas de mercado. Las centroamericanas, en cambio, son progresivamente desplazadas hacia la base, racializadas en el trabajo callejero o en los bares. Esta jerarquía no es estática, sino el resultado de un proceso histórico que se ha rastreado en este artículo, que parte de finales del siglo XIX y que hoy se acelera por la diversificación de los flujos migratorios y las políticas de contención.

La realidad económica actual del trabajo sexo-erótico en Tapachula refleja estas jerarquías de manera palpable. En una nota del Diario del Sur, Alejandro ^{Gómez (5 de septiembre de 2023}) reporta que en años recientes las mujeres migrantes que trabajan en bares y centros nocturnos de Tapachula obtienen sus ingresos principalmente a través del sistema de fichas. Sin embargo, los ingresos varían drásticamente según la nacionalidad, el establecimiento y la habilidad para atraer clientes. Las trabajadoras en bares regulares pueden ganar entre 500 y 600 pesos por noche, e incluso alcanzar hasta 2 000 en una sola jornada: «Lo que ganaba en la tortillería se queda demasiado corto a lo que gana en el cabaré de la ciudad, puedes llegar a ganar hasta los 2 000 pesos en una noche e incluso hasta más» (testimonio de Luz Elena, citado en Gómez, 5 de septiembre de 2023).

La dimensión cuantitativa de la dispersión del trabajo sexo-erótico es crucial para entender la magnitud del fenómeno en la ciudad contemporánea. Durante los años de funcionamiento de Las Huacas operaban en Tapachula aproximadamente 20 bares y algunos más en los alrededores, mientras que en 2023 existían aproximadamente 442 establecimientos autorizados para la venta de alcohol; en ese año, la organización Brigada Callejera estimaba que en por lo menos 230 de estos establecimientos ejercían trabajo sexo-erótico 1 200 mujeres (^{Arroyo, 2023}).

El mercado sexual contemporáneo en Tapachula no solo refleja jerarquías basadas en la nacionalidad, sino que está atravesado por lo que una mujer haitiana de 25 años describió como una paradoja de hipervisibilidad e invisibilidad: «Ser una mujer haitiana en Tapachula es ser invisible y visible a la vez. Para muchos clientes, mi cuerpo negro es muy atractivo. Preguntan si es verdad lo que dicen de las negras, que saben coger y además bien. Mi sexualidad se reduce a lo exótico» (testimonio obtenido en el trabajo de campo de R. ^{Hernández, 2021}). Esta racialización de los cuerpos crea un mercado segmentado en el cual la etnia se convierte simultáneamente en fetiche y estigma.

Fuente: elaborado por Alberto Hernández con datos de INEGI-SEDUE (2023).

Mapa 6 Distribución de bares, cantinas y centros botaneros en la ciudad de Tapachula, Chiapas, 2023 

El contexto de precariedad se ve agravado por la reciente militarización y los operativos de control migratorio, que han transformado la vida cotidiana y han generado un ambiente de vigilancia constante que afecta particularmente a las trabajadoras migrantes. Como señaló Hortencia, hondureña de 35 años: «En la calle, en el centro, yo soy una persona pública. La migra me ve como un delito, las personas como molestia y los clientes como un servicio que les satisface» (testimonio de Hortencia, obtenido en el trabajo de campo de R. Hernández, 2014).

La resistencia también se manifiesta en la permanencia de redes de solidaridad transnacional. Como documenta el testimonio de Chela, una mujer guatemalteca: «Conocí a una mujer madura en Guatemala; ella ya tenía tiempo trabajando en los bares de Tapachula. Me empezó a llamar la güerita [...] me invitó a venir a un centro botanero. Ahí comencé a trabajar. La ventaja era que te ofrecían dónde quedarte; no tenías que pagar hospedaje» (testimonio de Chela, obtenido en el trabajo de campo de R. Hernández, 2014).

Estas redes son expresiones vivas de lo que Agustín (citada en ^{Nicolás Lazo, 2006}) denomina «proyecto migratorio»: un complejo entramado de fuerzas estructurales y deseos individuales. Las mujeres que migran para trabajar en el sexo comercial no son solo víctimas, sino sujetos que toman decisiones y construyen estrategias dentro de los márgenes que el contexto les permite. La persistencia de estas redes demuestra que el trabajo sexo-erótico sigue siendo, para muchas, una «actividad refugio» que les permite sostener sus vidas en un contexto institucional que las criminaliza en lugar de protegerlas.