El estudio de las juventudes indígenas en México

El abordaje de las juventudes en México ha experimentado transformaciones a lo largo del tiempo, en estrecha relación con los cambios sociales, culturales y políticos. Actualmente, prevalece la idea de la pluralidad de juventudes, entendidas como expresiones diversas que se configuran en entornos urbanos, rurales y, más recientemente, en comunidades indígenas. Así, resulta limitado hablar de una sola juventud, pues lo que existe son múltiples formas de experiencia y construcción colectiva en este sector social (^{Cruz-Salazar, Urteaga y López, 2020}). Desde esta perspectiva, la juventud debe concebirse como una construcción sociohistórica, inscrita en un entramado de relaciones e interacciones sociales.

A finales del siglo XX se prestaba escasa atención al estudio de las y los jóvenes de pueblos indígenas (^{Feixa y González, 2006}) debido a que, tradicionalmente, lo juvenil se asociaba con entornos urbanos. De acuerdo con Urteaga, el tema indígena «no ha sido central en la investigación antropológica ni social; por lo menos así lo señala una somera revisión de la literatura etnográfica sobre los pueblos indios de México producida entre los años cincuenta y mediados de los noventa» (^{Urteaga, 2008: 670}).

En estudios posteriores realizados en contextos indígenas se ha mostrado que las juventudes se ven influidas por factores como la identidad étnica, la experiencia migratoria, los procesos de escolarización y la apropiación local de expresiones culturales globales. Tales hallazgos han dado origen a un campo específico de indagación sobre juventudes indígenas o étnicas (^{Pérez-Ruiz, 2008}; ^{Pérez-Ruiz y Valladares, 2014}; ^{Urteaga y García, 2015}; ^{Cruz-Salazar, Urteaga y López, 2020}).

En los pueblos indígenas, las expresiones juveniles se entrelazan con la vida comunitaria, las formas de organización y las prácticas culturales propias de cada contexto. En las comunidades esta condición involucra asumir responsabilidades a temprana edad, así como participar en estructuras políticas y religiosas a través de cargos y servicios comunales. La vida comunal constituye el espacio donde se configuran estas juventudes, marcadas por la religiosidad, las festividades y las formas de organización social y política. Por ello, comprender las juventudes indígenas exige también adentrarse en la lógica de la comunalidad que da forma a sus experiencias.

En las comunidades indígenas se han producido transformaciones significativas, en gran parte debido a la ampliación de los ciclos escolares, la consolidación de la educación básica y, en años recientes, la expansión de la educación media superior. La incorporación de jóvenes en las instituciones educativas ha favorecido su permanencia en las localidades y ha contribuido a crear nuevos espacios de socialización, en los que conviven con sus pares en ámbitos intermedios de reciente configuración (^{Pérez-Ruiz, 2008}).

Entre las primeras investigaciones etnográficas dedicadas a las juventudes indígenas se encuentra la de Ariel García Martínez, centrada en Coyutla, Veracruz. El autor señala que existe una «juventud indígena que obedece a los cambios económicos, políticos y sociales que han orillado a las formas de vida tradicionales a ajustar sus patrones y expectativas en un mundo globalizado» (^{García, 2009: 106}). Según su planteamiento, la condición juvenil está íntimamente vinculada con la escolarización, especialmente con la educación secundaria y el bachillerato, etapas que anteriormente coincidían con el matrimonio temprano de hombres y mujeres. Esta práctica actualmente se ha retrasado debido a la prolongación de la trayectoria escolar; sin embargo, el matrimonio continúa siendo un marcador fundamental para delimitar el fin de la juventud en muchas comunidades.

En los contextos rurales e indígenas, las representaciones juveniles evidencian la emergencia de sujetos dinámicos que transitan entre las instituciones de la modernidad mexicana -escuela, empleo, mercado, profesionalización-, las formas tradicionales de socialización comunitaria y nuevos escenarios de sobrevivencia vinculados con la migración, la violencia, la informalidad y la ilegalidad (^{García, 2009: 24}).

Con los nuevos estudios sobre el tema se han abierto nuevos enfoques, entre los cuales destacan los trabajos sobre expresiones musicales juveniles, como el etnorock, que han aportado a la construcción de identidades juveniles indígenas (^{Ávila, 2020}; ^{Zebadúa, 2020}). El impulso de políticas culturales estatales ha favorecido su visibilidad, a la vez que ha generado un proceso de folclorización que sitúa a los músicos entre aceptar la «culturización» de su práctica para acceder a apoyos o buscar caminos alternativos fuera de las dinámicas oficiales (^{Zebadúa, 2020: 241}). Estas tensiones también se manifiestan en la relación entre las juventudes y sus comunidades, ya que la incorporación de nuevos géneros musicales reconfigura los ciclos tradicionales de vida, como la infancia y el matrimonio, al introducir otros capitales culturales que no siempre se armonizan con los saberes y ritualidades tradicionales, entornos en los que la música étnica ocupa un lugar sagrado y está bajo el resguardo de los adultos (^{Ávila, 2020}).

En este marco, las juventudes indígenas no pueden comprenderse al margen de la vida comunitaria. Sus expresiones están vinculadas con la organización social, la religiosidad, las festividades y los sistemas políticos. En un estudio reciente se ha documentado el caso de las juventudes ayuujk, que viven esta etapa en estrecha relación con los entramados comunitarios. A partir de los 18 años, hombres y mujeres comienzan a asumir cargos como auxiliares, topiles o vocales, además de participar en tequios y festividades. Asimismo, las mujeres se incorporan a las dinámicas festivas y enfrentan las expectativas sociales en torno al matrimonio. No obstante, en el siglo XXI las juventudes indígenas experimentan simultáneamente la apropiación de elementos globales, como la música, las tecnologías y los consumos culturales, junto con elementos propios del ámbito local vinculados con el cumplimiento de responsabilidades comunales, como la participación en asambleas y servicios comunitarios (^{Jiménez, 2015}).

En suma, las juventudes indígenas se configuran en un entramado complejo donde confluyen las responsabilidades comunales con la apropiación de referentes globales. Esta doble dimensión muestra que lo juvenil en contextos indígenas debe entenderse desde la lógica de la comunalidad, que implica una articulación de sus saberes académicos con las exigencias del sistema de cargos, lo cual abre nuevas formas de pensar la relación entre educación superior y comunidad.

Los profesionistas indígenas como intermediarios

El acceso a la educación superior de mujeres y hombres de los pueblos indígenas ha sido un proceso reciente y desigual que ha generado la emergencia de nuevos actores sociales, como los profesionistas. A partir de mediados del siglo XX comenzaron a destacar figuras como los profesores rurales, que asumieron roles centrales en sus comunidades, no solo en actividades como la gestión educativa, sino también como intermediarios ante el Estado. Algunos estudios, como los de ^{Zapata (2005)}, ubican este fenómeno en el contexto de los procesos de modernización y expansión del indigenismo estatal, que propiciaron la formación de una elite indígena con capacidad de agencia.

Entre los estudios sobre el papel desempeñado por los primeros profesionistas en las comunidades indígenas encontramos el trabajo de ^{De la Peña (1999)}, autor que vincula el papel de la escolarización con la intermediación política de los profesionistas indígenas, en especial de los docentes rurales y promotores culturales. En las primeras etapas del indigenismo, en los años sesenta y setenta, en comunidades como Tlahuitoltepec fueron los maestros rurales quienes transmitieron la ideología dominante del Estado a través de la escolarización, mediante una política explícita de castellanización, además de la implementación de actividades cívicas, deportivas y culturales desde la perspectiva del nacionalismo indígena. Sin embargo, también destaca la emergencia de nuevos actores que se han denominado intelligentsia indígena, quienes no cuentan con una formación formal en el ámbito educativo, pero participan en la producción simbólica y política de sus pueblos (^{Gutiérrez, 2012}).

Por otra parte, los estudios sobre intermediación se han enfocado principalmente en el papel de los profesionistas frente a las políticas del Estado y la reproducción de ciertas ideologías-es decir, se han considerado como funcionarios al servicio de los intereses del Estado-, así como en los procesos de apropiación de proyectos educativos en el ámbito local. En este sentido, se ha concebido a los profesionistas como actores sociales que toman decisiones. Este tipo de intermediación también se ha conceptualizado como intermediación corporativa e intermediación civil (^{Bertely y González, 2003}).

Para contar con un panorama más amplio sobre la participación de los profesionistas como intermediarios revisaremos los trabajos realizados por ^{Ortelli (2018)} en Chiapas, por ^{Zárate (1995)} entre los purépechas y, en relación con la zona de nuestro estudio, las investigaciones de Erica ^{González Apodaca (2008)}. Ortelli, en su trabajo centrado en San Andrés Larráinzar, describe la existencia de dos generaciones de profesionistas que ella denomina renovados, y plantea que los «profesionistas provocan rupturas y fisuras que, poco a poco, generan transformaciones importantes en el sistema de gobierno local» (^{Ortelli, 2018: 78}). Como señala la autora, el involucramiento de estos profesionistas en el ámbito local se observa en la administración municipal, como funcionarios contratados por el ayuntamiento o como presidentes municipales. Participan principalmente maestros y maestras bilingües, algo que solo ha sido posible en algunos casos debido a la «duplicación del presupuesto municipal». A partir de lo anterior, la autora menciona que, «a pesar del marco estructural en el que están insertos, que sin duda los constriñe impulsándolos a reproducir ciertas dinámicas de poder, podemos ver con mucha claridad las transformaciones que éstos logran generar al interior del gobierno indígena de su municipio» (^{Ortelli, 2018: 80}).

Las rupturas que se observan derivadas de su participación tienen que ver con la modificación del sistema de cargos, ya que estos profesionistas renovados pueden llegar a ocupar la presidencia municipal «sin estar casado[s] y sin haber subido en la escala de méritos y aprendizaje» (^{Ortelli, 2018: 82}). Siguiendo a la autora, esta situación impacta en la lógica del poder de las comunidades. Otro cambio tiene que ver con la monetarización de los cargos religiosos, ya que el aumento del presupuesto permite asignar recursos para los cargos, que anteriormente eran gratuitos. El tercer aspecto es que la participación de los profesionistas no se agota con el servicio en el gobierno municipal, sino que reinventan su papel al margen de la función pública que ejercen y logran así trascender el cargo. Finalmente, otro aspecto relevante es la participación de las mujeres en el ámbito político.

En su estudio, Ortelli muestra que existen diferentes niveles de intermediación debido a que se combinan prácticas de intermediación corporativa y civil. Es decir, los y las profesionistas no agotan su labor de intermediación en el servicio, sino que la continúan en otros espacios, como las asociaciones civiles. La autora concluye que los profesionistas se «convierten en sujetos políticos capaces de establecer una relación con el estado que les permite transitar del intermediarismo corporativo a la intermediación civil» (^{Ortelli, 2018: 87}). Otro punto que se observa en su estudio es que la participación de los profesionistas genera tensiones y rupturas con el sistema de gobierno local, pues se pone en consideración tanto su capital político y económico, como su capacidad de interlocución con las instituciones del Estado. El caso que muestra ilustra cómo los y las profesionistas ocupan espacios en el gobierno municipal sin atender los principios del sistema de cargos.

En el caso de los pueblos purépechas, ^{Zárate (1995)} destaca el papel de los profesionistas en los ámbitos festivo y religioso; por ejemplo, a partir de la creación del Festival del Fuego Nuevo, impulsado por este grupo, se recrearon nuevos símbolos y procesos organizativos y comunitarios. Los profesionistas lograron articular un proyecto entre los diferentes pueblos, del cual la población se fue apropiando: «aun cuando hace algunos años este festival era visto por algunos purépechas como algo ajeno o impuesto ya que no encajaba ni en la tradición ni en el calendario ritual, luego de 10 años de celebrarse la fiesta ha llegado a tener un peso y un prestigio propio» (^{Zárate, 1995: 107}). Incluso, menciona el autor, quienes en principio eran detractores de ese festival, posteriormente lo consideraron como una de las manifestaciones centrales de la identidad del grupo.

Este festival es un ejemplo de cómo las personas profesionistas permiten recrear diferentes rituales, algunos incorporados a partir del Estado, como los festivales, pero también retomando las fiestas religiosas de las mismas comunidades; es decir, se produce una reinvención de los símbolos, pero además se crean nuevos. En el caso presentado por Zárate, por ejemplo, se creó la bandera purépecha. De esta manera, los profesionistas permiten la interlocución con diferentes instancias de gobierno y agentes del poder económico y político, así como con los elementos simbólicos de la cultura.

Sobre Tlahuitoltepec encontramos las investigaciones realizadas por Erica González Apodaca. En su trabajo con profesionistas indígenas, la autora explora la relación entre Estado, comunidad y escuela, haciendo énfasis en las apropiaciones locales del proceso de escolarización (^{González, 2008: 51}). Encontró diferentes formas de negociación, apropiación y conflictos, que:

[...] intersectan los niveles global-nacional-local, en el cual se redefinen conflictivamente las relaciones de los grupos étnicos, las minorías migrantes y la cultura escolar. Constituye, desde esta perspectiva, una expresión de esa arena política donde se disputan los bienes materiales y simbólicos asociados a la escuela (^{González, 2008: 53}).

El trabajo de ^{González (2008)} abona al análisis del papel que desempeñan los profesionistas indígenas en el ámbito educativo, no solo en su carácter representacional de la persona intelectual indígena o como receptores de educación moderna, sino como agentes activos que resignifican sus saberes escolares desde marcos culturales propios, es decir, como intermediarios interculturales y promotores de iniciativas étnicas.

Los trabajos mencionados se han convertido en referentes importantes para comprender las reconfiguraciones de los profesionistas indígenas en los procesos de apropiación étnica de la escuela; sin embargo, este panorama se ha ido transformando debido a factores como: a) el aumento del número de profesionistas, b) su diversidad ocupacional y c) los conflictos políticos por la disputa de la concentración «real» y «simbólica» del poder.

Los profesionistas en el sistema de cargos en Tlahuitoltepec

En Tlahuitoltepec, como en otras comunidades indígenas, el sistema de cargos es una forma de organización comunitaria en la que las personas deben cumplir un cargo, es decir, deben prestar servicios gratuitos en el ámbito civil, agrario o religioso. Con ello, las personas cumplen con una participación política en la comunidad, y esta es la base central del sistema de gobierno conocido como sistema normativo interno. Este se articula con la asamblea comunitaria, una de las principales expresiones de la forma de vida comunal. La idea que subyace en esta forma de participación política es que todos los comuneros, tanto hombres como mujeres, deben prestar servicio en diferentes cargos en sus trayectorias comunitarias.

A mediados del siglo pasado, los maestros comenzaron a desempeñar un papel muy importante porque se volvieron los principales interlocutores entre el Estado y la comunidad, además de que participaron en la reconfiguración y «modernización» del ayuntamiento municipal. En este sentido, empezaron a ocupar cargos estratégicos, como secretarios, regidores, síndicos, tesoreros y presidentes municipales. Aunque el sistema de cargos se regía bajo el principio del ascenso escalafonario por desempeño y prestigio, el Estado «exigía» que estas autoridades fueran letradas, por lo que la responsabilidad comenzó a recaer en los primeros profesionistas.

Esta forma de participación, que permaneció en los años setenta y ochenta, fomentó que los y las profesionistas alternaran su trabajo en la docencia, la gestión y la construcción de proyectos educativos, con su desempeño como autoridades. En estos cargos se llevaba a cabo una interlocución directa con el Estado y se tomaban decisiones, por ejemplo, en torno a los recursos asignados por la federación y a los gastos para las obras públicas y el devenir político del municipio. Los demás comuneros, en su mayoría campesinos y comerciantes, desempeñaban cargos de menor rango, como auxiliares, vocales o regidores menores, o en áreas en las que no se manejaban recursos económicos. En los años noventa, ya no solamente los maestros tenían una participación activa en el ámbito político, sino que se sumaron jóvenes profesionistas de otras disciplinas, de tal modo que fueron acumulando poder «político» y «simbólico» dentro de las estructuras comunales.

A finales del siglo XX, esta forma de estructurar el poder municipal comenzó a ser cuestionada y varias voces pusieron en evidencia la centralización del poder político en manos de ciertos actores. Este descontento se vinculaba con el ejercicio de los recursos municipales, que no se distribuían en las «rancherías» ni con las personas más necesitadas, sino que, en su mayoría, se enfocaban en obras del «centro», lo que contribuyó a crear una disputa entre la cabecera y las rancherías. Por otro lado, se comenzó a cuestionar la emergencia de una elite municipal con condiciones económicas muy favorables, que poseía casas «modernas» y había adquirido carros, terrenos o propiedades en la ciudad de Oaxaca, en su mayoría formada por profesionistas que habían sido tesoreros o presidentes municipales. De esta manera, se les asociaba con corrupción y malversación de recursos de las arcas municipales. Este fenómeno fue evidente en los años en que llegaron fondos federales de los ramos 28 y 33 destinados al desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de los gobiernos locales (^{Juan-Martínez, 2019}).

El descontento desembocó en un conflicto político en 2009 entre la cabecera y las rancherías. Quienes residían en estas últimas exigían la asignación de recursos, el sello para realizar gestiones y el reconocimiento como agencias de policía. Aunque el conflicto se manifestaba como una disputa de recursos, el trasfondo era la posición cada vez más «caciquil» de una elite (^{Pineda, 1993}). Coincidía que, durante los últimos 20 años, la mayoría de las autoridades titulares habían sido profesionistas, y gozaban de opulencia económica. Además, se habían trastocado ciertas estructuras comunitarias, como el consejo de ancianos, instancia donde la mayoría validaba la participación de los profesionistas en el sistema de cargos.

Esta ruptura entre profesionistas y «no profesionistas» llevó a una serie de reconfiguraciones del poder político municipal. A través de numerosas asambleas, se tomó la decisión de desconocer a las autoridades que habían sido nombradas para el ejercicio del año 2010. En su lugar se nombraron nuevas autoridades y se establecieron los siguientes principios: a) las rancherías debían proponer candidatos para ocupar los diferentes cargos y de este modo asegurar la pluralidad en el cabildo municipal, b) se designarían candidatos que hubieran mostrado respaldo a la comunidad y que demostraran no ser corruptos ni autoritarios, y c) si se nombrara un profesionista, este debería actuar siempre a favor de los campesinos, y de lo contrario renunciaría a su cargo. A partir de estos elementos, el cabildo quedó integrado por campesinos, comerciantes y algunos profesionistas, lo que marcó una nueva reestructuración del sistema de cargos. Asimismo, se establecieron acuerdos para la asignación de recursos federales a las rancherías, así como la elevación administrativa de estas últimas a agencias de policía.

A partir de los cambios señalados, la estructura del gobierno municipal se ha ido redefiniendo, a la vez que se han generado espacios de reflexión para superar el conflicto. Bajo esta idea se diseñó la integración del estatuto comunal como una estrategia para normar la participación en el sistema de cargos, así como la creación de un censo para el registro de los comuneros.

El estatuto comunal se concibe como el instrumento que sistematiza la tradición oral de la estructura comunal. Se trata de una herramienta que permite a los pueblos ejercer el derecho a la autodeterminación y al autogobierno, además de ser un instrumento legal de apoyo en la toma de decisiones y un referente de consulta para casos de controversia entre las y los comuneros o con otras comunidades.

Uno de los objetivos centrales del estatuto fue normar la estructura del sistema de cargos en cuanto al sistema escalafonario, es decir, el ascenso paulatino y jerárquico en los cargos del municipio, como consta en su artículo 28: «la escala representa el proceso de participación comunitaria que cada comunero va acumulando, cuyo ascenso depende única y exclusivamente de dos elementos: constancia en el cargo y valoración que la comunidad hace al desempeño de cada comunero en asamblea general» (^{Estatuto Comunal de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, 2015}).¹

En cuanto a la participación de las y los jóvenes, el estatuto establece que los cargos comunitarios pueden ejercerse a partir de los 20 años. Por otra parte, quienes hayan interrumpido su formación educativa durante tres años consecutivos pueden ser nombrados para ocupar un cargo y, en caso de haber concluido su preparación académica, cuentan con un plazo de tres años para titularse o incorporarse al trabajo. Asimismo, ninguna persona puede ser nombrada autoridad mientras se encuentre estudiando.

Con estas puntualizaciones se trató de superar la disputa entre profesionistas y no profesionistas en el sistema de cargos. En primer lugar, se estableció que nadie puede ascender en los cargos sin haber desempeñado el cargo correspondiente anterior en el escalafón. En segundo lugar, todos los comuneros pueden desempeñar los cargos titulares, lo que se valorará en función del desempeño de sus cargos anteriores y del cumplimento de los cargos establecidos en el estatuto comunal. Finalmente, el único cargo que se reserva a los «letrados» es el de secretario; sin embargo, no pueden desempeñarlo exclusivamente profesionistas, sino también personas que tengan conocimientos básicos para asumir dicha responsabilidad. A pesar de las precisiones en el estatuto, hay algunos vacíos que se relacionan con quienes se encuentran realizando estudios de posgrado. En este caso sí pueden ser nombrados mientras estudian, ya que no se considera un nivel obligatorio; en este sentido, hay quienes estudian con goce de sueldo o becas complementarias.

Lo que se ha observado ante lo señalado líneas arriba es que los y las jóvenes que deciden ir a la universidad retrasan su inserción al sistema de cargos en comparación con quienes no se profesionalizan. Estos últimos comienzan a desempeñar sus primeros cargos a los 18 años, mientras que los y las profesionistas lo hacen después de los 25 años. Estas diferencias no tienen que ver solo con el tiempo, sino también con las vivencias personales. En este sentido, una joven profesionista expresó lo siguiente:

Por ejemplo, chicos de mi generación que ya no siguieron estudiando, ya dieron dos, tres servicios, hay un desfase entre las generaciones ya con hijos y en el servicio como vocales. Entonces dices, o me salvé o me estoy tardando. Nosotros seremos muy experimentados profesionalmente, pero en el sentido de comunidad la verdad es que comenzaríamos [con la mente] en blanco y grandes [en edad]. ¿Cuándo llegaré a ser alcalde si apenas estoy comenzando? Ya a los 80, ya ni llegas (AM, comunicación personal, febrero de 2015).

Este desfase generacional se debe a que los y las profesionistas se ausentan de los espacios comunitarios durante sus estudios. En ese periodo, no conocen los temas, acuerdos y problemas que se discuten en las asambleas, ni las actividades que realizan las autoridades. Su falta de presencia continua repercute en su experiencia cuando llegan a asumir el primer cargo.

En mi caso, fui nombrado secretario a los 30 años; fue mi primer servicio comunitario. En la regiduría donde participé, además de los titulares y secretarios, colaboraban auxiliares -vocales- en la ejecución de diversas tareas. Muchos habían comenzado a servir a los 18 años, y algunos acumulaban dos o tres cargos. Poseían experiencia en la organización de los cabildos, en las tareas a realizar, y en las actividades rituales y de convivencia durante el cambio de autoridades y el inicio del cargo. En contraste, yo desconocía esas particularidades, lo que hacía evidente una diferencia significativa en lo que podría llamarse la «experiencia comunal».

Esta nueva reconfiguración ha ido permeando en la postura de los y las jóvenes profesionistas en cuanto a su participación en el sistema de cargos. Estos principios aparecen reiteradamente en sus narraciones:

Soy parte del pueblo y tengo que aceptar las reglas, y las reglas son dar servicio, no te puedes quejar, no por ser profesionista puedes decir «pues póngame de tesorero». No, ¿verdad? Tienes que empezar desde abajo como en todos; a nivel profesionista uno tiene que comenzar desde abajo, desde primer semestre, no puedes llegar a décimo y decir ya soy médico. Llegan a ese grado desde abajo hacia arriba (JP, comunicación personal, febrero de 2015).

Este testimonio es clave porque muestra que la formación profesional no otorga privilegios dentro del sistema de cargos. El ser comunal no se construye desde la profesión, sino desde el servicio, la participación y el sentido comunitario. Los y las jóvenes que van a desempeñar sus primeros cargos, deben hacerlo en cargos menores, como auxiliares o vocales de las regidurías, topiles o secretarios. «Son los cargos por los que uno empieza, para los que no han cumplido con ningún cargo las opciones hay limitadas, de hecho, no debes elegir, no puedes elegir por dónde empezar. Era ser vocal, topil o secretario, son las opciones» (GV, comunicación personal, mayo de 2015). De acuerdo con algunos jóvenes, la norma escrita en el estatuto y la práctica comunitaria no siempre coinciden, lo que genera resistencia, negociaciones e incluso presión asamblearia. En el siguiente testimonio se pueden apreciar algunas tensiones en cuanto a un nombramiento:

[Me dijo] que tenía que aceptar el cargo, que ya me vieron que vivo acá y que tengo trabajo aquí, y le dije: «Es que no, según dice el estatuto que después de la universidad tienes que descansar tres años». Y el síndico dice: «Nadie acepta, no le hacen caso al estatuto y tienes que dar tu servicio». Alegué mucho porque no aceptaba. Al último dije, «pues tiene que pasar algún día», y entré de topil (JT, comunicación personal, febrero de 2015).

La experiencia citada evidencia la tensión entre el estatuto y la práctica, así como el peso moral del servicio obligatorio. El inicio del servicio se experimenta con incertidumbre porque al salir de la comunidad se pierde la dinámica comunitaria, y el retorno implica una reincorporación a los espacios de participación comunal.

En este nuevo escenario, las y los jóvenes profesionistas reconocen las transformaciones en la estructura comunal y reproducen la ideología del servicio desde abajo. No es posible aspirar directamente a cargos titulares, pues se considera necesario transitar por una trayectoria que permita adquirir experiencia. Algunas narraciones muestran que el acceso al sistema de cargos no depende del grado universitario, sino de la participación y el aprendizaje comunal. El siguiente testimonio ejemplifica ese tránsito:

Cuando regresé, pues lo que me pongan, lo que decidan, si me ponen de vocal de la regiduría de agua pues ni modos, o de salud, de obras, de educación, cualquiera. O si agarran de topil pues también. En algún momento tiene que pasar o debe pasar uno por esos cargos, porque únicamente pasando por esos cargos uno adquiere el conocimiento y las experiencias, y ni siquiera pasando por todos los cargos adquiere uno la experiencia total de cómo se vive el servicio comunitario. Yo no tenía preferencia en algún cargo, el que cayera y cayó secretario de la regiduría de educación (GV, comunicación personal, mayo de 2015).

Aunque las y los profesionistas expresaron que estaban de acuerdo con la lógica escalafonaria, en la práctica muchos consideraron que no estaban listos para asumir un servicio comunitario. Entre las razones que mencionaron se encontraban: su reciente retorno a la comunidad, la falta de empleo o de estabilidad económica y la dificultad de disponer de un año completo para desempeñar el cargo. Además, en puestos como el de secretario o secretaria se asumen responsabilidades directas frente a la comunidad, lo cual genera temor e incertidumbre entre quienes sienten que no cuentan con la preparación suficiente. Esta percepción se refleja en el siguiente testimonio:

Desde que volví tengo aquí un año y medio. Siento que la gente ya me ve, me llegaron con la noticia que me agarraron de secretaria municipal, y le dije a mi papá: «Pregunta con el maestro». Le preguntó, y ya me dijo que no, pero me estaban afirmando que sí, y la verdad me dio mucho miedo, no estoy lista. Lo asumiría en el momento, pero no estoy preparada para eso. Ya tengo la edad, pero siento que soy muy chica para esos cargos (PD, comunicación personal, febrero de 2015).

Los cargos comunitarios también conllevan la participación en actividades religiosas y rituales, que incluyen visitas y ofrendas en los sitios sagrados, la preparación de la comida ritual, así como la convivencia con las autoridades y la comunidad. En este marco, cada integrante del cabildo debe aportar una cooperación económica y su trabajo en la organización y realización de dichas actividades.

Para muchos jóvenes, estas responsabilidades representan un desafío, pues no siempre se sienten preparados para asumirlas. Como expresó una joven entrevistada: «Cuando se inicia el año del cargo, en la transición de los cargos, tienen que ir al cerro, hay que preparar la comida, que cocinar, que tienen que hacer esto, que lo otro, yo no tengo ningún conocimiento sobre eso» (AM, comunicación personal, febrero de 2015). Esta dimensión ritual del servicio exige presencia, trabajo y participación en la ejecución de los rituales.

En estas responsabilidades se evidencia que el servicio implica una inmersión plena en la vida comunitaria, pues la participación no solo se expresa en la ejecución de las tareas propias del cargo asignado, sino también en el involucramiento en las actividades religiosas y rituales, que constituyen un componente fundamental de la vida comunal.

Los y las profesionistas ya no ocupan una posición privilegiada en la toma de decisiones, sino que forman parte de la estructura comunal en el ejercicio de las diferentes responsabilidades. No obstante, existen ciertas distinciones. Por ejemplo, en el año 2020 los secretarios que integrábamos el cabildo realizábamos diferentes funciones y teníamos trayectorias educativas distintas. El secretario de la sindicatura tenía estudios de nivel medio superior, con experiencia en cargos comunitarios, y su tarea era elaborar actas y oficios en relación con la impartición de justicia. En cuanto al alcalde, también contaba con estudios de nivel medio superior, y su función era acompañar en los procesos religiosos, festivos y rituales. El secretario de la presidencia era un pasante de ingeniería con un fuerte compromiso comunitario, la regidora de educación era una profesionista egresada del instituto tecnológico, el regidor de obras públicas era ingeniero de profesión, el regidor de deporte era maestro de primaria, el regidor de salud era comerciante y yo, un antropólogo con grado de doctor, era secretario en la regiduría de agua.

Con este panorama, las personas profesionistas ya no cumplen un papel de intermediarios políticos o culturales, como sucedía a finales del siglo pasado, sino que se insertan como «comuneros» en la estructura comunal. Aunque se valoran sus conocimientos para atender diferentes temas, su profesión y grado académico no definen el cargo a desempeñar:

Como secretario, no tanto que fuera como profesionista, sino que haya estudiado. El cargo de secretario es para que los que hayan estudiado, que no lo exenta de los otros cargos o que los otros cargos la gente no haya estudiado tampoco. El hecho de ser secretario es porque sabe escribir, leer y manejar la computadora, y en ese sentido ayudar a los regidores, a los presidentes, síndico. No sé si sea por ser profesionista (GV, comunicación personal, mayo de 2015).

Otras tensiones que se pueden observar son las siguientes: muchos son nombrados un año después de concluir sus estudios, mientras que otros aún no se han titulado, están estudiando algún posgrado o recién están empezando en algún empleo; es la asamblea quien valora la pertinencia de su nombramiento en función de su edad, residencia y participación comunitaria.

También pueden presentarse tensiones en el ejercicio del cargo, donde pueden existir opiniones distintas en la toma de decisiones. En un mismo cabildo pueden participar campesinos, artesanos, músicos, comerciantes y profesionistas. Algunos profesionistas pueden desestimar, criticar o no estar de acuerdo con las decisiones de las autoridades, o desobedecer las órdenes de sus superiores:

Lo mismo al interior del cabildo, hay ciertas decisiones que se toman en sesiones de cabildo. ¿Hasta dónde debe uno actuar como secretario y hasta dónde uno empieza a pensar en qué sería bueno, qué ayudaría y qué no ayudaría a la comunidad? Ese tipo de cosas es lo que me pone a pensar (GV, comunicación personal, mayo de 2015).

También sucede que los y las profesionistas pueden ser acusados de actitudes autoritarias, de no saber servir o de no tomarse en serio el servicio por atender actividades derivadas de su profesión.

Estas tensiones cobran matices particulares en el caso de las mujeres, ya que su participación ha generado nuevas reconfiguraciones en el sistema normativo interno. En el año 2012 se nombró a Sofía Robles Hernández como primera presidenta municipal, lo cual marcó un parteaguas en la participación de las mujeres. Desde entonces se nombran mujeres en cargos como síndicas municipales, tesoreras, alcaldesas o regidoras. La mayoría son profesionistas, profesoras o abogadas, que cuentan con una trayectoria profesional y comunitaria. Para las jóvenes profesionistas, servir en la comunidad como «mujeres» conlleva otras implicaciones asociadas al matrimonio y al crecimiento profesional.

Estas tensiones tienen que ver con que tradicionalmente los cargos los desempeñaban hombres; por ejemplo, si una mujer ocupó un cargo siendo soltera, una vez casada deberá empezar o continuar los cargos del marido, es decir, su servicio prestado como soltera se invalida al casarse. Este tema se complica en cargos como el de capitán de festejo, en el cual el gasto puede ascender a 200 ٠٠٠ pesos, y que debería repetirse si el marido no ha prestado ese servicio. En este sentido, una de las principales tensiones es que no se reconocen las trayectorias de las mujeres, independientemente de su estado civil:

Mi mamá me había dicho que, si tú como soltera das tu comisión de festejo y te casas con un hombre que no ha dado, tienes que volver a dar la comisión para que se te respalde a ti. Creo que eso no se vale, porque si el hombre no ha dado comisión, pero su pareja ya dio, que él ya no lo dé y que pasen al siguiente. Si una mujer se junta con un hombre que ya dio comisión de festejo no la da aparte, ¿por qué no se hace lo mismo?, ¿por qué una mujer tiene que volver a pasar por ese gasto? (AM, comunicación personal, febrero de 2015).

Este ha sido uno de los temas más recurrentes en la discusión sobre la participación de las mujeres en el sistema de cargos. Además del reconocimiento de sus trayectorias individuales en el sistema, se exige que sus voces sean escuchadas y respetadas en las asambleas: «Hay muchas más mujeres, pero siempre se pierde si eres profesionista y eres casada, el que va a estar primero es tu esposo. Porque si tú profesionista te casas con un profesionista, van a nombrar a tu esposo, no nombran a los dos ni nombran a la mujer, algo tiene que pasar para que se pueda nombrar» (GO, comunicación personal, diciembre de 2014).

Otro aspecto que se ha cuestionado es la prevalencia de hombres en cargos vinculados a la seguridad, como mayores y topiles. En estas ocupaciones se realizan rondines nocturnos y se atienden conflictos, riñas, accidentes o situaciones de violencia, lo que históricamente se ha asociado a fuerza física y disponibilidad continua. Aunque algunas mujeres han propuesto su inclusión en este cargo, persisten argumentos según los cuales ellas no cuentan con las mismas condiciones para desempeñarlo, por lo que su participación aún es limitada.²

En este escenario, tanto hombres como mujeres profesionistas han ido reconfigurando la estructura del sistema de cargos, de tal modo que en la actualidad se cuestionan varios aspectos que tienen que ver con la continuidad en el desempeño de los cargos, la prevalencia de espacios masculinizados o la falta de reconocimiento a la opinión y participación de las mujeres.

En la actualidad, el papel del profesionista se ha ido reconfigurando en nuevas actividades y bajo otras dinámicas. Ahora trabajan como asesores legales o asesores contables, y también son los principales contratistas de obras públicas. Asimismo, han impulsado una fuerte agenda artística y cultural a través de la creación de grupos que participan en escenarios nacionales e internacionales, en danza, música, teatro, fotografía y cine.

También continúan participando en la gestión y construcción de proyectos educativos, como la UNICEM-UACO, donde se siguen expresando estas tensiones: «si bien es cierto que la creación de la UNICEM no quedó sujeta a programas oficiales de educación, sí estuvo expuesta a una serie de cuestionamientos por parte de algunos de los comuneros; incluso vieron el proyecto como una expresión de poder por parte de la facción de los maestros» (^{Barrera, 2017: 170}).

En algunos casos se han incorporado al ámbito de la comunicación, mientras que un sector impulsa actividades productivas, gestiona programas y brinda acompañamiento a los campesinos. Hay quienes han incursionado en la política estatal y nacional, ocupando cargos de mando medio en la administración pública. Asimismo, profesionistas originarios de Tlahuitoltepec encabezan proyectos educativos, como el actual rector de la UACO o el director del Instituto Superior Intercultural Ayuuk (2023-2026), mientras que otros se desempeñan como coordinadores en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México o la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

En conjunto, las experiencias presentadas muestran que la profesionalización no sustituye la experiencia en la vida comunal, sino que la reconfigura. El servicio, la asamblea y el ritual siguen siendo ejes de pertenencia y legitimidad. Los testimonios revelan que la juventud profesionista habita un territorio donde participa, aprende, cuestiona y transforma. Porque, retomando la reflexión de una profesionista, «ese papel debemos tener en las comunidades: de mediadores. Entre la cultura que tú adquiriste, los conocimientos que adquiriste que son de fuera, y la comunidad» (GO, comunicación personal, diciembre de 2014).