Introducción

México es el principal productor mundial de aguacate Hass al menos desde el año 2000 (^{Herrera, 2017, p. 24}). Actualmente México produce alrededor del 45% del total a nivel mundial y la mayor parte de ese total proviene de Michoacán, unas 2.5 millones de toneladas anuales (^{Ramírez et al., 2024, p. 189}). El núcleo de la producción y exportación se encuentra en la sierra P’urhépecha, en el estado de Michoacán, donde se plantaron los primeros árboles a mediados del siglo XX. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, y más tarde la firma del convenio de exportación de aguacate Hass a Estados Unidos entre la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) en 1997, incentivaron la expansión de huertas de aguacate en modalidad de monocultivo. En la primera temporada participaron en el envío de fruta cuatro municipios, actualmente son más de cuarenta. Lo que hace unos diez años se conocía como franja aguacatera recorría unos veintiún municipios (^{Herrera, 2017, p. 41}) y se representaba en mapas como una especie de serpiente que recorría la sierra de oeste a este, hoy se parece más a una mancha de humedad que se expande hacia otras regiones de Michoacán. Las huertas se han extendido incluso en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en los límites con el Estado de México (^{Ramírez et al., 2024}), y en la región de Tierra Caliente, en municipios como Parácuaro o Apatzingán.

La expansión del monocultivo de aguacate Hass en la sierra P’urhépecha ha provocado deforestación y cambio de uso de suelo (^{Herrera, 2017}; ^{Cho et al., 2021}; ^{Ramírez-Mejía et al., 2022}). Sin embargo, antes de la introducción de este fruto, los bosques de la sierra ya habían pasado por un fuerte periodo de explotación que comenzó a mediados del siglo XIX que se intensificó a finales del mismo, cuando la madera adquirió valor de cambio y el Estado mexicano permitió la participación de empresas extranjeras en la explotación maderera (^{Boyer, 2015}; ^{Calderón, 2004}; ^{Vázquez León, 1992}). Al mismo tiempo, el Estado comenzó a emitir regulaciones que pretendían limitar el daño que la tala excesiva provocaba (^{Pérez, 2016}).

En el siglo XX, después de la Revolución mexicana y la Reforma agraria, la explotación maderera pasó al control estatal y, al mismo tiempo, mantuvo ciertas políticas que demarcaron los bosques como recursos por explotar, desde cooperativas hasta empresas paraestatales, o como naturaleza que debía ser protegida. A mediados del siglo XX, la sierra P’urhépecha fue elegida por agrónomos y empresarios uruapenses y californianos para aprovechar el clima, los suelos y la abundancia de lluvias, lo que ofrecía condiciones óptimas y favorecían el cultivo de aguacate Hass (^{Hernández-Fernández, 2023, p. 133}). Hoy en día, a pesar de las instituciones y las políticas ambientales, los bosques de Michoacán, no solo de la sierra, parecen desprotegidos ante la expansión de dicho monocultivo.

En este artículo se parte del planteamiento de ^{Whitehead et al. (2007, p. 1)}, quienes argumentan que el Estado ordena y demarca la naturaleza, y para ello se sirve de instituciones y regulaciones. Sin embargo, sostengo, que si bien un análisis minucioso sobre las regulaciones estatales de monocultivos puede ilustrar las inconsistencias entre la ley y su implementación (^{Hetherington, 2020}), para entender los límites de las regulaciones es necesario considerar otros aspectos como el proyecto de Estado en el que se formulan, el consenso o disputa que éstas provocan y las relaciones entre Estado y capital. Dichas relaciones son evasivas, como plantea ^{Smith (2018)}, y su análisis requiere el uso de datos etnográficos e históricos que muestren la relación entre campos. En este sentido, el inicio de la explotación forestal y la producción de madera en el siglo XIX, y la actual producción de aguacate Hass para la exportación, así como las instituciones y regulaciones forestales y ambientales, deben entenderse en correspondencia con los proyectos de Estado en épocas concretas y su consenso o disputa entre actores involucrados.

La antropología del Estado y los marcos regulatorios del Estado

Este texto se sitúa entre los debates antropológicos sobre el Estado desde la conceptualización procesual e histórica que inauguraron las lecturas del concepto de hegemonía de Antonio Gramsci y los debates acerca del Estado y la Revolución mexicana (^{Gilbert, & Nugent, 1994}). Hegemonía es la correlación de fuerzas entre dominación y consenso que existen de forma interrelacionada e interdependiente (^{Hall, 2016, p. 171}), de modo que se convierte en un marco común de disputa entre grupos dominantes y subordinados (^{Roseberry, 1994}). Metodológicamente, la noción de hegemonía se puede entender desde el concepto de campo de poder históricamente constituido, en el que las posiciones son multidimensionales y relacionales (^{Roseberry, 1997, p. 95}). En este sentido, interesa comprender las relaciones desiguales de poder entre distintos actores y su articulación con otras redes de relaciones, íntimas o amplias, por ejemplo dentro de la propia comunidad o en otros espacios, como los distintos niveles de gobierno o zonas geográficas, ya que se parte del supuesto de que las leyes, las reformas o las transformaciones ocurren en un campo dinámico (^{Roth Seneff, 2004, p. 9}). Esta noción de redes de relaciones proviene del trabajo de ^{Wolf (1982)}, para quien era fundamental entender las conexiones y articulaciones entre sociedades, tanto temporal como espacialmente; de la misma forma, el Estado no se entiende sin su relación con el capitalismo. Dicha articulación no es estática, por ello se deben identificar los proyectos económicos y políticos del Estado con las formas de acumulación de capital, en especial en el contexto del capitalismo financiero (^{Smith, 2018, p. 248}), ya que el Estado no es una unidad objetiva claramente delimitada ni definida, ni es un orden social estable ni homogéneo (^{Escalona Victoria, 2011, p. 53}; ^{Gupta & Sharma, 2006, p. 10}; ^{Macip, 2005, p. 38}). Por lo tanto, los proyectos económicos y políticos del Estado deben entenderse en su contexto específico. En este artículo se tomarán como ejemplos las regulaciones implementadas por el Estado liberal decimonónico, el Estado desarrollista, el Estado populista y el Estado neoliberal, desde las reformas de finales del siglo XX hasta el presente etnográfico (2017-2022).

En términos históricos y etnográficos, este trabajo examina las regulaciones estatales de la explotación y protección de bosques con la expansión de huertas de aguacate Hass que tuvieron mayor impacto en la deforestación de los bosques de la sierra P’urhépecha, en Michoacán, entre mediados del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XXI. Por ello, fue de interés analizar las primeras regulaciones estatales formuladas específicamente para limitar la explotación de los bosques en el contexto del Estado liberal y compararlas con las del siglo XX hasta su sustitución por regulaciones ambientales, tanto a partir de fuentes documentales primarias y secundarias como de mi propia investigación (^{Román-Burgos, 2014}). La transición de la legislación forestal a la ambiental ocurrió al inicio de las reformas neoliberales al Estado mexicano (^{Boyer, 2015, p. 234}). A partir de la promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiental de 1989 se construyó gradualmente un entramado de instituciones y de regulaciones, vigentes en el presente etnográfico del artículo, y que ^{Azuela (2006)} llama la creación del campo ambiental. Es de especial importancia la prohibición del cambio de uso de suelo que, a pesar de ser delito federal, el Estado no parece tener capacidad de sancionar.

Desde que la madera adquirió valor de cambio, los lugareños participaron en la comercialización de manera informal, práctica que persistió durante el siglo XX, cuando la explotación forestal pasó al control del Estado mexicano, que implementó medidas como la creación de parques nacionales, estableció vedas forestales, pero también creó cooperativas forestales y empresas forestales públicas (^{Bofill, 2004}; ^{Vázquez León, 1992}). Estas instituciones heredaron problemas históricos de tala ilegal que provocó deforestación y que, en el caso de Michoacán, se agudizó con la introducción del aguacate Hass en la segunda mitad del siglo XX. Además del análisis de regulaciones forestales y ambientales, presento un caso etnográfico documentado en el municipio de Tancítaro sobre el cambio de uso de suelo y la instalación de huertas de aguacate. Los datos etnográficos fueron recopilados en dos periodos de trabajo de campo -entre 2017 y 2018, y en 2022- que corresponden a dos proyectos de investigación distintos.¹ La investigación de campo del primer proyecto se centró en documentar el trabajo del Consejo Municipal de Seguridad, el de la Junta de Sanidad Vegetal, y el surgimiento de los grupos de autodefensas activos hasta la fecha en el municipio de Tancítaro, a partir de observación participante y directa, entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales. Además, realicé dos visitas de seguimiento en junio 2018 y julio de 2019. El segundo proyecto se enfocó en estudiar las regulaciones del Estado a la agroindustria; como parte de este proyecto realicé trabajo de campo etnográfico entre marzo y mayo de 2022 en los municipios de Morelia, Tancítaro y Uruapan, donde entrevisté a funcionarios estatales y municipales, productores de aguacate, activistas medioambientales y lugareños que no participan en la producción de aguacate. Todos los nombres que aparecen son seudónimos.

Producción y exportación de mercancías agroalimentarias

Para analizar la producción del aguacate Hass como mercancía de exportación, es indispensable reconocer la importancia de la relación entre producción y consumo. Mintz señaló, en el caso de la producción de azúcar en las colonias, destinada al consumo británico, que “producción y consumo […] no eran simplemente dos caras de la misma moneda, sino que estaban perfectamente bien entretejidas; es difícil imaginar la una sin la otra” (^{Mintz, 1985, p. 42}). De la misma forma, el mercado de exportación provisto por el TLCAN es crucial para entender la expansión del aguacate en Michoacán, pues aceleró un proceso de deforestación y cambio de uso de suelo para instalar huertas de aguacate en la sierra. Por otra parte, los productores han integrado al ciclo productivo las fechas en las que el consumo de guacamole es popular, como el Superbowl y el Día de Acción de Gracias, o “día del turkey”, como lo llamó uno de mis informantes. El aguacate Hass para la exportación se produce mayoritariamente como monocultivo, aunque hay producción orgánica, la cual admite otras especies vegetales dentro de la misma huerta, como pinos o árboles frutales, en general los productores prefieren la producción “convencional”, ya que se requieren menos certificaciones para exportar y con el uso de fertilizantes es posible hacer producir el árbol en menor tiempo.²

La soya o la palma de aceite se encuentran entre los principales monocultivos en el mundo que provocan deforestación y daño ambiental (^{Chao, 2022}; ^{Hetherington, 2020}). El aguacate Hass no se produce ni se consume en los mismos volúmenes, no se utiliza de manera industrial como los anteriores y no forma parte de la dieta diaria, como el café, sin embargo, el incremento de hectáreas producidas anualmente se ha mantenido (^{Herrera, 2017, pp. 28-29}). ^{Hetherington (2020)} analiza la expansión del cultivo de la soya en Paraguay, así como las regulaciones estatales para limitarla. Su análisis etnográfico se centra en el trabajo de un gobierno compuesto por activistas ambientales al que denomina el “gobierno de los frijoles” (government of beans), que tras ganar las elecciones presidenciales intentaron limitar la expansión de la soya a través de regulaciones ambientales. Su contraparte es el “Estado soya”, cooptado por el lobby empresarial agroindustrial que influye en el tipo de regulaciones y su implementación, y que, en lugar de limitar el cultivo, lo facilitan (2020, pp. 45 y 66). Sin embargo, el exhaustivo análisis de las regulaciones estatales no se extiende a la soya como mercancía de exportación.

^{Macip (2005)} ofrece un análisis distinto de la producción del café en la sierra de Zongolica, Veracruz. Se centra en las relaciones sociales de producción, caracterizadas por formas de explotación y diferenciación étnica residuales del periodo colonial que se sitúan en un contexto regional en un proceso de cambio estructural en el que la producción respaldada por el Estado fue desmantelada para privilegiar un sistema de libre mercado e integrado a la economía norteamericana. De acuerdo con Macip, el Estado es un proyecto de dominación aceptada tanto por los grupos subordinados como por los dominantes. La coerción se ejerce a través de las crisis, como la que supuso la adaptación de un modelo de producción basado en los precios controlados, los subsidios y la integración al Estado a través de organizaciones nacionales, al modelo de libre comercio caracterizado por la competencia entre productores (^{Macip, 2005, pp. 38-39}). Fue durante la crisis cuando se reforzaron formas de explotación sustentadas en los criterios étnicos que constituyen las relaciones de producción. En este proceso, el Estado se articuló con capitales trasnacionales a partir de la intregración con América del Norte como proyecto político. El auge de la industria de la producción de aguacate es parte de este contexto de reformas neoliberales al Estado que favoreció el surgimiento de productores de aguacate compitiendo unos con otros para insertarse en el mercado de exportación.

El Estado demarca y ordena la naturaleza a través de regulaciones que responden a proyectos específicos. En el caso de mercancías agroalimentarias de exportación, estas se insertan en circuitos de intercambio internacionales abiertos por el Estado. Cuando la madera de los bosques en México adquirió valor de cambio a mediados del siglo XIX, el entonces Estado liberal concedió las primeras explotaciones a empresarios extranjeros para la construcción del ferrocarril y para la comercialización de la madera. Dichas concesiones estuvieron enmarcadas en proyectos de modernización y conectividad de México en el fin de siglo. Cuando en el siglo XX la producción maderera pasó al control del Estado, lo hizo con proyectos de desarrollo a través de paraestatales.

Por otra parte, la industria del aguacate Hass en Michoacán se estableció gracias a la confluencia distintos procesos como la Revolución Verde, un periodo de desarrollo e investigación para el mejoramiento de semillas, entre ellas la del aguacate Hass, y la mecanización de la agricultura, el otorgamiento de créditos y subsidios que tuvieron gran impacto en México (^{Herrera, 2017, p. 36}). Investigaciones más recientes plantean que el mejoramiento de semillas fue anterior a la mecanización de la agricultura y que puede ubicarse en la década de 1930 a partir de las relaciones entre sectores de la investigación y asociaciones de productores de California y Michoacán (^{Hernández-Fernández, 2023, p. 131}). La industria del aguacate Hass se benefició de esas relaciones e innovaciones tecnológicas, pero se consolidó con el Estado populista tras el levantamiento de la veda forestal de 20 años que permitió la introducción de huertas de aguacate en los bosques de Michoacán sin necesidad de recurrir a acuerdos informales (^{Mendoza, 2002, p. 91}).

La liberalización del sector agrario y la reforma del artículo 27 constitucional de 1991 permitieron la posibilidad de que las tierras de propiedad colectiva, tanto ejidos como comunidades agrarias, se convirtieran en propiedad privada a través de los programas Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) y Prodecom (Programa de Certificación de Derechos Comunales). En términos generales, esto trajo como consecuencia el desmantelamiento de las estructuras agrarias estatales del siglo XX y del campesinado (^{Gledhill, 1998, p. 286}). En este contexto surgieron distintos tipos de productores agrícolas que competían entre sí, en el caso del aguacate Hass en Michoacán, para insertarse en el mercado de exportación.

En algunos municipios de la sierra P’urhépecha, como Tancítaro, los ejidatarios o comuneros sustituyeron diversos cultivos por el monocultivo de aguacate Hass para mercados internacionales, pero también participaron en el proceso de deforestación para instalar nuevas huertas. La industria del aguacate recibió un nuevo impulso tras la firma y entrada en vigor del TLCAN, hoy conocido como USMCA³ después de que el presidente Donald Trump exigiera su renegociación en 2018. El TLCAN profundizó la dependencia de México respecto de Estados Unidos al permitir el crecimiento de los empresarios y exacerbar las desigualdades históricas en México (^{Macip, 2005, p. 31}), y ofreció las condiciones para la firma del primer convenio de exportación en 1997. Finalmente, es importante mencionar que, para el caso de Michoacán, como argumenta ^{Maldonado (2018, p. 43)}, es dentro del propio proceso de reformas neoliberales, particularmente de la reforma al artículo 115 constitucional, cuando se descentralizaron los presupuestos, se otorgó dinero a los ayuntamientos y descentralizó a la policía local. Dicha reforma les dio a los ayuntamientos mayor relevancia política, lo que favoreció la participación de narcotraficantes en la política local o regional. Esto, junto con el desmantelamiento de las estructuras agrarias en particular y del sector público en general, debe entenderse como parte de las transformaciones del Estado en el contexto de las reformas neoliberales que articularon los cambios en las formas de violencia regional históricas entre distintos tipos de actores (^{Gledhill, 2015}; ^{Stack, 2022}). Incluso, la producción de aguacate Hass se ha incrementado anualmente, a pesar de la presencia de organizaciones criminales y de su extorsión (^{Román-Burgos, & Macip-Ríos, 2022}).

La sierra P’urhépecha, las regulaciones forestales en el siglo XX y el aguacate Hass

La sierra P’urhépecha se encuentra ubicada al noroeste del estado de Michoacán y forma parte del eje neovolcánico transversal. Es una región accidentada de suelos porosos caducifolios, caracterizada por bosques de coníferas que hace un siglo cubrían el terreno. Su accidentada orografía dificulta el acceso y tránsito a sus pocas planicies, llamadas planes localmente, lo que impidió la formación de haciendas agrícolas en la Colonia y en el Estado liberal temprano (^{Vázquez León, 1992, p. 41}). Otras regiones del estado, como los valles de Apatzingán o Zamora, se dedicaron a la agricultura y a la ganadería desde los siglos XVI y XVII (^{Escandón, 2005, p. 229}).

Durante el siglo XIX Michoacán fue considerado como un lugar de recursos sin explotar debido a sus cuerpos de agua y manantiales (^{Guzmán, 2000}), que fueron fundamentales para desarrollar sistemas de riego, tanto en el distrito de Uruapan como en la región del valle de Apatzingán. En la segunda mitad del XIX, la madera se convirtió en una mercancía importante en todo el mundo, y Michoacán era uno de los estados mexicanos capaces de proporcionarla a empresas internacionales (^{De Vos, 1984}). Los bosques más densos y abundantes de la sierra P’urhépecha se encontraban en los límites de las comunidades indígenas, cuyo acceso solo podían conceder las autoridades locales.

Como parte del amplio proyecto de modernización del Estado liberal, se publicaron varias leyes. Una de ellas, la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, conocida como Ley Lerdo (1856), pretendía desmantelar las estructuras comunales que sustentaban la tenencia de la tierra en los pueblos indígenas y que regulaba el acceso y explotación del bosque, así como desamortizar las haciendas y propiedades de la Iglesia católica y establecer una separación de iure y de facto entre esta y el Estado. Lo anterior formó parte de un proyecto de transformación liberal para, entre otras cosas, crear ciudadanos modernos. El desmantelamiento de las estructuras comunales supuso que a los miembros de las comunidades indígenas se les reconocieran derechos de propiedad individual sobre parcelas concretas, creando estructuras de propiedad privada a partir de las comunales que aún persisten en la actualidad. Este proceso fue disputado y negociado en muchos casos (^{Roth Seneff, 2004}).

^{Pérez (2016)} señala que, cuando se permitió por primera vez la tala de árboles en Michoacán, no había reglamentos ni leyes que impidieran la deforestación, sino que se invocaba la protección de la naturaleza para imponer límites a las empresas estadounidenses y europeas que hacían negocios con el gobierno mexicano. La Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio emitió el primer reglamento nacional en 1861 con el objetivo de establecer topes a las compañías madereras. Por cada árbol talado, la empresa estaba obligada a plantar 10 semillas de cedro o caoba (^{Pérez, 2017, p. 22}). Este reglamento estuvo vigente durante 20 años. Posteriormente, en 1881, el Congreso de la Unión modificó la Ley de Ingresos Nacionales para crear nuevas normas que protegieran de la tala excesiva terrenos públicos o privados, y hacían hincapié en que tener un permiso de tala implicaba tener derechos de propiedad sobre la tierra.

Conforme creció el interés por los recursos forestales michoacanos, fue necesario introducir la figura del arrendamiento, sobre todo porque los bosques más atractivos por su densidad, altura y anchura de sus troncos de pino se encontraban en los límites de las comunidades indígenas. Sin embargo, como el proceso de desmantela-miento de las tierras comunales había enfrentado cierta oposición local en algunos municipios, entraron en juego varias leyes. Una de las más importantes fue la Ley de Terrenos y Lotes Baldíos de 1884 y su reglamento (^{Pérez, 2016, p. 129}). Este nuevo documento estableció el marco para que las empresas madereras internacionales firmaran contratos de tala con los lugareños. Entre 1883 y 1887 se firmaron los primeros contratos. Había dos formas de hacerlo: comprando un número específico de árboles o arrendar por un periodo específico de días o semanas (^{Pérez, 2016, pp. 126-127}).

La Compañía Industrial de Michoacán es el ejemplo más destacable de las varias empresas extranjeras que participaron en el arrendamiento forestal. Fundada en 1906 por el estadounidense Santiago Slade jr., esta empresa firmó contratos de 30 años de duración con 20 localidades de la sierra P’urhépecha entre 1907 y 1913, y acumuló alrededor de doscientas veinte mil hectáreas (^{Calderón, 2004, pp. 96-97}; ^{Bofill, 2004, p. 66}; ^{Martínez, 2011, p. 199}). Dichos contratos estipulaban el derecho de usufructo de los bosques por parte de la empresa a cambio de una renta anual entregada al Estado, que la debía distribuir entre los pueblos arrendatarios. Mientras que las empresas obtenían mediante el contrato acceso irrestricto a los bosques, a los lugareños solo se les permitía talar para su vida cotidiana -por ejemplo, para hacer leña o fabricar tejamanil-, pero no para comercializar. En algunos casos como en Cherán, los habitantes, al percatarse del valor de cambio de la madera, comenzaron a participar de manera ilegal en su tala y venta (^{Román-Burgos, 2014, pp. 150-156}). La entrada de compañías madereras a la sierra P’urhépecha convirtió sus recursos forestales en mercancía, lo que provocó una tala nunca antes vista. Curiosamente, su actividad no se vio alterada por el inicio de la Revolución mexicana (1910-1921), aunque sí hubo protestas de los campesinos, específicamente en Cherán, donde se planeaba instalar un ramal del ferrocarril (^{Calderón, 2004, pp.176}).

Años después, en la década de 1920, cuando Lázaro Cárdenas fue gobernador de Michoacán, la principal demanda popular de la región no fue la creación de ejidos, sino la cancelación de los contratos de arrendamiento que continuaban favoreciendo a las compañías extranjeras. La Ley de Restitución de Bienes Comunales de 1931 “devolvió” legalmente los bosques a las comunidades de la sierra (^{Bofill, 2004, p. 68}). Sin embargo, solo se anularon los contratos de la Compañía Industrial de Michoacán, mientras que otros permanecieron intactos y siguieron operando en otras regiones. Incluso se fundaron nuevas empresas que continuaron en el negocio de la madera, por ejemplo, en la región Oriente y los municipios de Ario de Rosales y Ciudad Hidalgo (^{Martínez, 2011}).

El paso de las madereras internacionales por México preocupó a los primeros especialistas en bosques, entre ellos a Miguel Ángel de Quevedo, un intelectual de renombre, fundador de la Sociedad Forestal Mexicana y entusiasta de la conservación. Cárdenas nombró a Quevedo jefe del recién creado Departamento de Bosques en la Secretaría de Bosques y Pesca (^{Boyer, 2015, p. 97}). Algunas de las primeras políticas que adoptó en Michoacán tuvieron la finalidad de proteger y conservar los bosques que habían sido explotados sin ninguna regulación. Por ejemplo, impuso una veda a la tala en la sierra P’urhépecha entre 1934 y 1939, para evitar que se extendieran los daños ya causados por las empresas madereras internacionales no reguladas (^{Boyer, 2015 p. 136},).

Al mismo tiempo, el entonces presidente Cárdenas incentivó el desarrollo de pequeñas cooperativas en la misma región con el objetivo de que las recién dotadas comunidades agrarias aprovecharan colectivamente sus recursos forestales. Para ello se crearon algunas cooperativas y talleres de carpintería que funcionaron hasta el final del cardenismo (^{Bofill, 2004, p. 68}; ^{Vázquez León, 1992, p. 69}). Sin embargo, el cambio de gobierno en 1940 y de rumbo en la política forestal favorecieron las concesiones a empresarios regionales, que pasaron de invertir en aserraderos a hacerlo en huertas de aguacate décadas después. Entre ellos hubo miembros de la familia Dóddoli, de origen italiano y establecidos en Uruapan, cuyas prácticas de tala intensiva tuvieron como resultado una nueva veda forestal, esta vez de 20 años, establecida en 1953 y levantada en 1973.

La creación de parques nacionales fue otra política de demarcación y protección de la naturaleza. En el caso de Michoacán, el 27 de junio de 1940 se creó por decreto presidencial el Parque Nacional Pico de Tancítaro, que declaró que el parque estaba “destinado a la conservación perpetua de la flora y la fauna” bajo la administración de la Dirección Forestal y de Caza, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Las tierras comprendidas en el área “permanecerán en poder de sus respectivos propietarios, mientras cumplan con las disposiciones que al respecto dicte el Servicio Forestal” (^{Secretaria de Agricultura y Fomento, 1940}). El área del Parque abarcaba cuatro municipios: Tancítaro, Uruapan, San Juan Nuevo y Peribán, y protegería los ya saqueados bosques de la sierra, prohibiendo que la industria maderera operara dentro de sus límites. El Parque cambió de régimen de protección en la primera década del siglo XXI tras la solicitud de los residentes de Nuevo San Juan Parangaricutiro de explotar predios forestales de su municipio incluidos en la demarcación del Parque. En dicho municipio, además de una empresa comunal forestal que ha sido elogiada como ejemplo de producción de madera sustentable (^{Bofill, 2004}; ^{Herrera, 2017}), también se produce aguacate Hass para la exportación.

La evidencia más precisa de los orígenes del aguacate fue encontrada en el estado de Puebla, en las cuevas de Coxcatlán, de aproximadamente 7 000 y 8 000 años de antigüedad (^{Galindo-Tovar et al., 2008, p. 442}). Su nombre proviene de la palabra nahua ahuacatl, que significa testículos. Los aguacates aparecieron en las crónicas españolas encargadas por el virrey (^{Bernal, 2016, p. 219}), ya que fascinaban a los españoles por su sabor y consistencia. Fueron introducidos en su dieta y en sus cultivos, no solo en la Nueva España, sino en otras partes del imperio. De acuerdo con datos de la Universidad de California, hay más de cien variedades de aguacate, pero la Hass es la más cultivada y comercializada en el mundo.⁴ El aguacate Hass presenta una pulpa con consistencia de mantequilla dura y menos fibra que otras variedades, como la criolla, mientras que su fuerte y rugosa cáscara lo protege durante el tránsito y lo hace resistente a las bajas temperaturas y al manejo desde Michoacán hasta los países importadores. Los trabajos pioneros en el campo de la historia y la antropología (^{Mendoza, 2002}; ^{Herrera, 2017}; ^{Hernández, 1995}; ^{Stanford, 2002}) sobre la formación de la industria del aguacate en Michoacán, su producción y circulación, mostraron que tanto su formación como su fortalecimiento fueron posibles gracias a los programas de inversión del Estado mexicano. Investigaciones más recientes muestran que las relaciones entre productores, científicos e intermediarios de los estados de California en Estados Unidos y de Michoacán en México, formaron una “comunidad epistémica birregional” que fue decisiva para la formación de la industria y es anterior incluso a la Revolución Verde (^{Hernández-Fernández, 2023, pp. 118-120}).

El desarrollo de la variedad Hass se enmarca en la formación de la industria agrícola californiana que, entre finales del siglo XIX y principios del XX, financió el USDA mediante viajes de exploración agrícola destinados a la recolección de “plasma germinal de plantas que pudieran cultivarse y comercializarse en California” (^{Hernández-Fernández, 2023, p. 122}). Se recolectaron muestras de varios frutos, entre ellos de variedades de aguacate obtenidas en México y Centroamérica y trasladadas a California. Fue Rudolph Hass quien, a principios del siglo XX, injertó con éxito dos variedades: Fuerte, del estado de Puebla, México, y otra encontrada en Guatemala, y así obtuvo una nueva que resistía las bajas temperaturas (^{Hernández-Fernández, 2023, pp. 121-122}). Aunque esta variante dio frutos y destacaba por su resistencia al frío, pasaron varias décadas hasta que se convirtió en la variedad dominante.

El desarrollo y la consolidación de la industria del aguacate Hass en Michoacán ocurrió en un contexto de implementación de proyectos de desarrollo regional que tomaron impulso a partir de la década de 1940, en particular con la adopción del enfoque de cuenca hidrográfica para regiones alejadas de la meseta central (^{Barkin, & King, 1970, p. 98}). Uno de los primeros proyectos fue el de la Comisión de la Cuenca del Tepalcatepec, establecida por decreto presidencial en mayo de 1947 y que contó con Lázaro Cárdenas como vocal ejecutivo. Esta Comisión tuvo el mandato de planear, dirigir y construir sistemas de riego; desarrollar fuentes de energía; establecer comunicaciones, como construcción de caminos, vías de tren, cableado para telégrafos y teléfonos, entre otras (^{Barkin, & King, 1970, p. 107}).

El trabajo de la Comisión de la Cuenca del Tepalcatepec coincidió con la Revolución Verde, impulsada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que se basó en la mecanización de la agricultura y el mejoramiento de los sistemas de irrigación para mejorar la producción agrícola (^{Herrera, 2017, p. 36}; ^{Hetherington, 2020, p. 13}). Tanto el trabajo de la Comisión como las innovaciones derivadas de la Revolución Verde establecieron condiciones que favorecieron el establecimiento de Uruapan y sus alrededores, en la sierra P’urhépecha, como el principal centro productor de aguacate Hass. A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, los precios del melón y del limón se desplomaron, por lo que los empresarios dedicados a su cultivo aprovecharon su capital y contactos para incursionar en el cultivo de variedades mejoradas de aguacate, como la Hass (^{Herrera, 2017, pp. 98-99}).

Un exceso de producción en California provocó el desplome de los precios del aguacate y que los productores buscaran colocar los excedentes en otros mercados (^{Herrera, 2017, p. 99}). Lo más próximo era México, y los californianos seleccionaron Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán que había sido centro de operaciones para la construcción del ferrocarril entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando fue sede de bancos y residencia de funcionarios y empresario, además de un próspero distrito cafetalero (^{Mendoza, 2002}; ^{Sánchez Díaz, 2006}). Su ubicación, enclavada en la sierra, pero próxima a Tierra Caliente, región beneficiada por la Comisión de la Cuenca del Tepalcatepec, ofrecía condiciones favorables para el desarrollo de la industria (^{Mendoza, 2002, p. 88}). Sus condiciones climáticas y el tipo de suelo ya habían sido identificados por los científicos y productores californianos, pues las condiciones orográficas y climáticas de suelo y régimen pluvial resultaban favorables para el cultivo (^{Hernández-Fernández, 2023, p. 133}).

El Instituto Mexicano del Café y otras instituciones como la Comisión Forestal del Estado regalaron árboles frutales a la población local como una forma de impulsar la fruticultura y proteger los precios del café (^{Mendoza 2002, p. 90}; ^{Stanford, 2002, p. 296}). Los empresarios y funcionarios de Uruapan estuvieron entre los primeros productores, quienes plantaron aguacates tanto en Uruapan como en municipios vecinos. Pronto, los ejidatarios y comuneros que trabajaban en aserraderos locales o como recolectores de resina también se interesaron por esta nueva y prometedora industria. ^{Mendoza (2002)} estudia el caso del ejido Zapata en Uruapan, donde parte de los ejidatarios que trabajaban en la silvicultura prefirieron transitar a la producción de aguacate Hass, lo que provocó fuertes conflictos faccionales.

En diciembre de 1973, el gobierno de Luis Echeverría levantó la veda forestal que llevaba vigente 20 años y que limitaba el rango de acción de las empresas forestales. La veda no eliminaba la tala del todo, ya que se establecieron ciertos mecanismos de concesiones entre comunidades y ejidos forestales y paraestatales para la explotación de madera. El levantamiento de la veda obedeció a una nueva política, más bien populista, que incentivaba la explotación local y la producción de las paraestatales. En 1973, por ejemplo, se estableció la fábrica Celulosa y Papel de Michoacán en las afueras de Morelia (^{Boyer, 2015, p. 222}). En este contexto, los acuerdos informales entre autoridades estatales y productores de aguacate en Michoacán fueron cruciales para que la pujante industria se expandiera en predios forestales de la sierra P’urhépecha.

Durante el periodo de reformas neoliberales, el Estado mexicano estableció nuevas políticas y leyes para la protección del medio ambiente. En 1989 se promulgó la pionera Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y, unos años después, en 1992, se creó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Su principal objetivo fue incrementar el cumplimiento de la legislación ambiental y contribuir al desarrollo sostenible. La creación de estos dos instrumentos supuso la irrupción del campo ambiental en la legislación mexicana (^{Azuela, 2006}). Las nuevas instituciones y regulaciones ambientales heredaron los problemas de gestión de la política forestal, así como de tala ilegal. Aunque en Michoacán la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dejó de dar permisos de cambio de suelo para instalación de huertas de aguacate en predios forestales en 1980 (^{Herrera, 2017, p. 88}) y se tipificó como delito federal en 1994 con la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ECOL-1994, esta práctica continúa. Además de las instituciones ambientales federales, en Michoacán se creó la Procuraduría Ambiental, pero como se verá en el siguiente caso etnográfico, hay limitaciones concretas en la aplicación de regulaciones ambientales.

Cambio de uso de suelo desde una perspectiva local

El municipio de Tancítaro se ubica en el borde occidental de la sierra P’urhépecha. Parte de sus tierras se extienden por la sierra y parte en el vecino valle de Apatzingán, también conocido como Tierra Caliente. Aunque solo 56 kilómetros separan Tancítaro de Uruapan, el trayecto puede durar más de dos horas debido a las curvas pronunciadas, los topes y el tráfico provocado por los tráileres que transportan aguacate o las camionetas que transportan cuadrillas de cortadores.⁵ Culturalmente, Tancítaro tiene más similitudes con las sociedades rancheras de Tierra Caliente que con los pueblos p’urhépechas de la sierra. Tancítaro fue marginal hasta finales del siglo XX, pero, a partir de la entrada en vigor del convenio de exportación de aguacate con Estados Unidos, cambió radicalmente, a tal punto que los productores del municipio se autodenominan la auténtica capital del aguacate del mundo. Tancítaro fue uno de los municipios donde, debido a la expansión del monocultivo de aguacate Hass, varias organizaciones criminales extorsionaron a productores, empresas de exportación y a la población en general desde mediados de la década de 2000. Más tarde, en 2013, fue uno de los municipios donde surgieron grupos de civiles armados que adoptaron el nombre de autodefensas y que decían actuar ante un Estado ausente para expulsar a los carteles de sus municipios (^{Román-Burgos, & Macip-Ríos, 2022}).

En 2016, dos años y medio después de la entrada de grupos de autodefensas de Tierra Caliente en Tancítaro, el nuevo gobierno municipal instauró el Consejo Municipal de Seguridad respaldado por la Ley de Seguridad Pública de Michoacán. Su inauguración fue coyuntural y debe entenderse como parte de un proyecto más amplio de transformación social y construcción de ciudadanía (^{Curry, 2019}; ^{González-Fuente, & Paleta, 2019}). Dicho Consejo pretendía ser un espacio de discusión en el que tanto funcionarios públicos como representantes de distintos sectores, como productores de aguacate, sacerdotes, líderes de las autodefensas locales y ciudadanos, discutieran problemáticas locales relacionadas con la seguridad. El Consejo discutió temas variados, desde narcomenudeo, amenazas a la seguridad municipal, e incluso casos de deforestación y cambio de uso de suelo. A continuación, presentaré un caso de cambio de uso de suelo identificado por los guardabosques que se discutió en el Consejo. Observaremos el procedimiento que se ponía en marcha en una sesión regular del consejo.

Conclusiones: regulaciones y destrucción de la naturaleza

Este caso muestra, por un lado, la expansión del aguacate Hass y la tala de bosque y, por otro, las iniciativas locales que intentan establecer límites en respuesta a un supuesto Estado ausente. También evidencia instituciones locales y estatales y regulaciones vigentes incapaces de frenar o limitar los problemas históricos de deforestación y cambio de uso de suelo. En parte, esto se debe a su limitado rango de acción, como sucede con las autoridades municipales, que en caso de detectar cambio de uso de suelo deben notificar a Profepa. Por otra parte, también hay una falta de capacidad que responde a los pocos recursos destinados a su funcionamiento. Profepa no cuenta con suficientes inspectores o guardias forestales, ni tampoco el ayuntamiento de Tancítaro. Vemos que, aunque Profepa sí impone sanciones, los productores sancionados siguen “trabajando”, ya sea porque pagan sus multas o porque no hay capacidad para dar seguimiento, lo que deja impunes los casos de cambio de uso de suelo. Otros motivos tienen que ver con los contextos de violencia caracterizados por la presencia de grupos armados irregulares, ya sea cárteles o incluso autodefensas. Sin embargo, el caso muestra, asimismo, posiciones diferenciadas en el campo: distintos tipos de productores, desde aspirantes a productor, como Jorge, hasta grandes productores y empresarios exportadores, como Miguelón, y la relación que cada uno tiene con el Consejo. Es interesante ver cómo los consejeros, aunque afirman que sus acuerdos funcionan, terminan emulando las sanciones de Profepa, ya que se enfrentan a las mismas limitaciones de presupuesto para su implementación.

Además de Profepa, institución federal, en Michoacán existe la Procuraduría Ambiental, y aunque el nombre alude a la capacidad de sancionar delitos ambientales, tiene limitaciones importantes, ya que solo cuenta con tres inspectores para todo el estado. Uno de ellos mencionó, como parte de las limitaciones para salir al campo, la inseguridad y extorsión de parte de cárteles y la pandemia de covid-19. Y, lo que es más relevante, en el caso de identificar el cambio de uso de suelo, no cuentan con atribuciones para sancionar, solo pueden remitir el caso a Profepa, porque se trata de un delito del fuero federal.⁸ Por otra parte, el propio procurador estatal del medio ambiente no atribuye la deforestación al aguacate, sino a la tala ilegal, y asegura que estas dos variables no están necesariamente vinculadas.⁹ De hecho, como he expuesto en este artículo, se trata de un problema histórico vinculado a distintos proyectos económicos y políticos del Estado. Por otra parte, no hay cifras oficiales sobre el número exacto de hectáreas en las que se realizó cambio de uso de suelo.

Más allá de los acotados recursos con que cuentan las instituciones de protección ambiental, lo que provoca su poca capacidad para operar, es fundamental considerar el mercado de exportación. La poca capacidad de las instituciones ambientales también parecen reflejar el consenso sobre la producción de aguacate y la ventaja competitiva de Michoacán frente a otros estados de la República, tanto por las condiciones ambientales de la región como por el acceso al mercado de exportación con Estados Unidos y a las reglas del libre comercio sobre competencia entre productores.

Al inicio del artículo expuse que las regulaciones estatales de protección de bosques o ambientales deben confrontarse con los proyectos políticos y económicos del Estado, en los que históricamente los bosques se han explotado como un recurso. La entrada de las empresas madereras internacionales respondió a un proyecto modernizador del Estado liberal bajo Porfirio Díaz, y después de la Revolución mexicana la explotación forestal se convirtió en atribución del Estado, para la cual se crearon paraestatales de diversos tipos y se establecieron ciertos topes a través de vedas forestales. La política forestal del Estado mexicano del siglo XX convivió con proyectos de desarrollo e infraestructura del Estado desarrollista, por ejemplo las comisiones de cuenca en Michoacán que, al dotar de infraestructura y recursos, contribuyeron a la creación de la industria del aguacate Hass en Michoacán que, por otra parte, se consolidó con el levantamiento de regulaciones de protección a los bosques, como las vedas forestales y, finalmente, con la firma y entrada en vigor del TLCAN.

Las políticas forestales estatales, colapsadas para entonces, fueron sustituidas por políticas e instituciones ambientales enfocadas en la protección del medio ambiente, que en Michoacán son insuficientes para detener las dinámicas para cultivar aguacate Hass, pues tienen como incentivo participar en el libre comercio a través del TLCAN, ahora USMCA. El caso etnográfico expuesto muestra la incapacidad del Estado para frenar el cambio de uso de suelo y la deforestación, pues las instituciones encargadas cuentan con pocos o nulos recursos para realizar su trabajo. Esto, sin embargo, no necesariamente evidencia la ausencia de Estado, sino la irrelevancia de las políticas ambientales y de protección de la naturaleza para el Estado mexicano en el siglo XXI. Se trata de un Estado que ha privilegiado las políticas de libre mercado, en particular con América del Norte, y que a través de las reformas neoliberales desmanteló las estructuras agrarias del siglo XX y creó las condiciones para el auge de la industria de agroexportación de aguacate Hass. Si el trabajo de ^{Macip (2005)} muestra cómo funciona la coerción en la producción del café en la sierra Zongolica a través de las crisis, el caso del Consejo Municipal de Seguridad de Tancítaro muestra varios aspectos del consenso como la expansión de huertas de aguacate por parte de productores de distintos tipos, así como la manera en que los miembros del Consejo emularon la incapacidad del Estado de establecer límites a la deforestación, incluso convencidos de que lograrían hacerlo.

Por más de veinte años, desde la firma del primer convenio de exportación de aguacate Hass a Estados Unidos, Michoacán fue el único estado de México autorizado por el USDA, lo que ofrecía cierta ventaja competitiva respecto a otros estados productores, como Nayarit, Morelos o Puebla. Dicha ventaja despertó gran interés en este cultivo de diversos sujetos, entre ellos empresarios, campesinos, funcionarios y pequeños propietarios como Jorge. Las exportaciones transformaron la región en el principal productor de aguacate Hass en México y, en pocos años, pasó a serlo del mundo. Podría decirse que las instituciones ambientales son insuficientes para proteger la naturaleza, sin embargo, esto desconocería el peso del mercado de exportación. Quizás habría que considerar que las regulaciones e instituciones ambientales, en su limitado rango de acción, contribuyen a la destrucción de la naturaleza porque el proyecto de Estado ha privilegiado el libre comercio.