I. El sistema bancario en el porfiriato: ¿operaba Banamex como banco central o sencillamente como banco de gobierno?

Es bien sabido que el sistema bancario en México realmente comenzó a desarrollarse desde la década de 1880, pero es necesario subrayar que en un principio estuvo dominado por dos bancos de la capital: el Banco de Londres y México (1864) y el Banco Nacional de México (1884). Ambos eran privados, pero el segundo pronto asumió funciones importantes paras las finanzas gubernamentales y durante cinco años (1884-1889) disfrutó de un cuasimonopolio en la emisión de billetes bancarios. Al mismo tiempo, vale la pena preguntar: ¿puede afirmarse que el Banco Nacional de México (Banamex) operaba como un banco central?

Esta interrogante plantea numerosas dudas, pues implica -o sugiere- que ya a fines del siglo XIX existía una idea clara y precisa de lo que es un banco central y cuáles eran sus principales funciones. Sin embargo, es manifiesto que las funciones de los bancos centrales sólo se fueron aprendiendo con el tiempo y que por lo tanto no fue sino hasta bien entrado el siglo XX cuando se llegaron a entender del todo. De acuerdo con los planteamientos de expertos financieros como Pablo Martín-Aceña y Barry Eichengreen, “tanto la teoría como la práctica moderna de la banca central ratifica que este tipo de entidades tiene responsabilidad casi absoluta por la emisión de dinero, la formulación y la instrumentación de la política monetaria, la supervisión del sistema de pagos y las funciones de prestamista de última instancia” (^{Martín-Aceña, 1995}; ^{Eichengreen y Kakridis, 2024}).

Todas las funciones mencionadas son responsabilidades fácilmente reconocibles hoy en día cuando se habla del desempeño de un banco central. Pero es cuestionable que fueran las preocupaciones principales de los banqueros, abogados corporativos o ministros de Hacienda de México a fines de siglo XIX. En esa época, cuando comenzaron a fundarse los primeros bancos comerciales importantes en México, el principal debate bancario giraba más bien alrededor de la confrontación entre los abogados de la “banca libre” y los proponentes de la banca única de emisión. Por ello queremos centrar la atención, en primer lugar, en la forma en que los contemporáneos que ejercían altos cargos en México pensaban y planteaban el problema del marco institucional de la banca. Éste es precisamente el sentido de la propuesta de otro estudio de ^{Goodhart (1988: 1-2)} al insistir en la utilidad de revisar los debates sobre los “bancos libres” y los “bancos únicos de emisión” durante el siglo XIX, temas clave para la historia institucional de la banca en la época.³

Respecto de México, el profesor de economía política y ex ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, argumentó de manera firme en favor de los bancos libres en su texto Lecciones elementales de economía política (¹⁸⁷⁶) que puede considerarse el primer manual serio sobre las ciencias económicas redactado en el país. Prieto argumentaba en contra de los bancos de Estado. Sin embargo, sus argumentos no convencieron al gobierno porfiriano, el cual autorizó el establecimiento de un cuasimonopolio bancario en 1884 que sería ejercido, en principio, por el Banco Nacional de México. Los argumentos en favor de un monopolio de la emisión por este banco fueron esgrimidos por los abogados y los ideólogos de esta poderosa empresa financiera, como lo evidencian sus abogados corporativos, Pablo Macedo e Indalecio Sánchez Gavito, autores de una polémica pero influyente obra titulada La cuestión de los bancos (1885). Después de repasar aspectos de la historia bancaria de Inglaterra, Francia, España y los Estados Unidos, se pronunciaban en favor de un gran banco de gobierno. Afirmaban: “Nosotros creemos que el sistema preferible, sobre todo para México, es el de un banco único”, y agregaban que un modelo idóneo era el Banco de Francia, ya que lo consideraban el banco mejor dirigido en el mundo entero (^{Macedo y Sánchez Gavito, 1885: 69 y 79}).

Empero, el cuasimonopolio de la emisión de Banamex no llegó a ser enteramente efectivo, y desde 1889 otros bancos lograron reafirmar sus derechos a emitir (^{Gómez, 2000}). En efecto, los argumentos en favor de un esquema de bancos libres no fueron enterrados indefinidamente, ya que volvieron a ser utilizados (y con más éxito) en la reformulación del Código de Comercio en 1889 y en la discusión de las bases de la primera ley bancaria nacional en 1897. Ello se debió en parte importante a las labores de Joaquín Casasús, quien fue el abogado principal del Banco de Londres y México, y también de numerosos bancos de provincia que fueron multiplicándose, especialmente después de la ratificación de la nueva legislación bancaria. ^{Casasús (1890)} escribió varios textos (que son clásicos de la historia financiera mexicana) en los que manifestaba su preferencia por el régimen de bancos libres de Escocia.

No obstante, el propio Casasús tampoco era inflexible y en sus trabajos sobre el incipiente sistema bancario mexicano afirmó que existían diversos modelos posibles de organización de la banca de emisión a fines del siglo XIX. Consideraba que el modelo idóneo correspondía al Banco de Inglaterra, el segundo al Banco de Francia, aunque le parecía demasiado estatista, y el tercero al régimen bancario en los Estados Unidos, que le parecía el menos admirable y poco practicable para su adaptación en México.

El Banco Nacional de México fungió, en efecto, como banco de gobierno desde 1884; llevaba una cuenta corriente para el gobierno y se encargaba del servicio de la deuda interna y externa del sector público. Sin embargo, al mismo tiempo operaba como un gran banco comercial, al abrir con rapidez sucursales y agencias en toda la República en los últimos decenios del siglo. En este sentido debe enfatizarse que si bien Banamex cumplía las funciones de un banco de gobierno, esta poderosa empresa financiera no era propiedad pública, ya que sus acciones estaban totalmente en manos privadas: una mayoría de inversores europeos y una minoría importante de inversores mexicanos. Precisamente por el carácter cosmopolita de los grupos propietarios se establecieron dos organismos superiores para la gestión superior del banco: un Consejo de Administración en México, que se encargaba de llevar a cabo el conjunto de las operaciones diarias de la empresa, y una Junta en París, que servía de consulta para algunos grandes negocios, en particular para la gestión de empréstitos externos del gobierno y, a la vez, para una supervisión general del desempeño financiero de la compañía.

Debe agregarse que el carácter mixto del Banco Nacional de México, al ser una institución controlada simultáneamente por capitales nacionales y extranjeros, le daba un sello particular que lo distinguía de otros bancos de los Estados latinoamericanos de fines y principios de siglo. En países como Argentina, Uruguay y Brasil, por ejemplo, los mayores bancos nacionales eran controlados por capitalistas locales. En contraste, las acciones del Banco Nacional de México cotizaban simultáneamente en las bolsas de las ciudades de México, París y Londres. Dichos vínculos internacionales, sin embargo, no constituían un escollo para el desarrollo de las actividades financieras del Banco Nacional de México, sino que, al contrario, le proporcionaron una serie de ventajas y puntos de apoyo de los que no disponían los bancos sudamericanos mencionados (^{Ludlow y Marichal, 1998}).

Sin duda, pese a ejercer funciones importantes para el gobierno, el Banco Nacional de México no tenía demasiadas semejanzas con el Banco de Inglaterra de la época. En todo caso, eran más evidentes las semejanzas con el Banco de España o con el Banco de Francia. Pero también debe recordarse que el grueso de las operaciones de Banamex no eran las realizadas con el Estado, sino con el sector privado. De hecho, fue el mayor banco comercial en el país desde 1884 y hasta la Revolución mexicana; adelantaba créditos a corto plazo para hacendados, comerciantes e industriales, al tiempo que extendía créditos a varias de las empresas más importantes: ferrocarrileras, mineras y otras (^{Maurer, 2002}). Por otra parte, también puede argumentarse que cumplía algunas de las funciones de un banco de inversión en tanto mantenía un portafolio importante de acciones en numerosas firmas nacionales. A fin de cuentas, una revisión de la gran diversidad de operaciones de Banamex induce a pensar que era un verdadero banco universal (para usar la expresión alemana), además de un banco de gobierno.

Pese al interés que tiene conocer estas actividades comerciales, para los propósitos del presente ensayo consideramos mejor enfocar la atención en discutir si puede considerarse que Banamex cumplía algunas de las funciones de un banco central. Esto lo rechaza categóricamente Noel Maurer en su tesis doctoral que luego se convirtió en un excelente libro, basado en un estudio minucioso del archivo histórico del propio Banamex, así como en una considerable cantidad de fuentes complementarias. ^{Maurer (2002: 9)} afirma que su estudio proporciona “evidencia cuantitativa y cualitativa para mostrar que ni Banamex ni el Banco de Londres y México llevaron a cabo ninguna función de banco central”. El problema con esta afirmación es que resulta demasiado tajante. Si nos detenemos a revisar el desempeño de Banamex desde 1884 hasta 1910, puede sostenerse que ciertamente no llegó a cumplir todas las funciones esenciales de un banco central, pero ello no implicaba que no cumpliera algunas de ellas, tal como las define ^{Martín-Aceña (1995)}.

Un ejemplo significativo de una importante función de un banco central se refiere a las ocasiones en que Banamex operó como prestamista de última instancia a inicios del siglo XX. Ello implicaría que ejercía un papel clave en el sistema bancario sin ser un banco central como tal. Un ejemplo que lo demuestra con claridad ocurrió cuando se fue gestando una crisis en Yucatán, que luego explotó con la crisis de 1907. Los consejeros de Banamex comentaron los intereses que tenían en el Banco Peninsular Mexicano, el mayor banco de Yucatán, los cuales habrían de aumentar a raíz de la crisis económica de 1907 que se originó en los Estados Unidos, pero que luego se extendió a México. Desde 1906, la caída de los precios internacionales del henequén socavó a las empresas exportadoras yucatecas y obligó al Banco Nacional de México a intervenir para impedir un colapso del sistema bancario regional de Yucatán (^{Barceló Quintal, 1986: 201-202}). Señalaban: “nuestro interés (3 734 acciones y 30 787 certificados en el Banco Peninsular) ha sido por la necesidad en que nos vimos de intervenir seriamente en la crisis que en Yucatán determinó la quiebra de las casas de Escalante y Peón. Sin nuestra intervención directa, dicha crisis hubiera sido una verdadera calamidad que habría alcanzado a la República entera”.⁴

Por otra parte, los consejeros del Banco Nacional de México subrayaron la gran influencia que tenían sobre muchos otros bancos de la República. Por ejemplo, hacían notar que tenían acciones en 15 de los principales bancos regionales. Para empezar, los intereses entrecruzados con el Banco Mercantil de Veracruz eran especialmente importantes (^{Marichal, 1999}).⁵ Además señalaban: “Nuestro interés es de cierta consideración en el Banco del Estado de México (12094 acciones), el de Morelos (3 050 acciones), el de Jalisco (4 350 acciones), el de Sonora (1440 acciones) y el de Durango (1170 acciones)”. Agregaban que, aparte del Banco de Morelos, “los demás bancos son de los mejor administrados (del país): están en manos de fuertes capitalistas locales y un interés considerable en ellos nos permite no sólo evitar rivalidades, sino influir en su marcha” (^{Marichal, 1999}).

En resumidas cuentas, como puede observarse por las citas de sus consejeros directivos, a principios del siglo Banamex estaba cumpliendo varias funciones que hoy en día podrían considerarse características de un banco central. Dominó largamente el mercado de cambios, controlaba buena parte de las finanzas públicas a nivel de cuenta corriente y deuda, intentaba regular el crédito a través de sus posiciones en bancos regionales e intervenía en algunas ocasiones críticas, como un prestamista de última instancia.

II. ¿Cómo se ejercían algunas funciones de banca central en el régimen del patrón oro, 1905-1913?

Entre 1897 y 1905, el zar de las finanzas mexicanas, el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, promovió una importante legislación bancaria y monetaria, con la que cambió el marco normativo e institucional del sistema financiero. Se alentó la formación de bancos en cada uno de los estados de la República y una creciente pluralidad en la emisión de billetes bancarios y se ratificaron principios de información y supervisión bancaria.⁶ A su vez, tras la creación en 1903 de una Comisión Monetaria Binacional (con una minoría de expertos de los Estados Unidos y una mayoría de mexicanos), se resolvió proceder a la adopción del patrón oro en 1905 (^{Passananti, 2001}; ^{Musacchio, 1998}).

Las reformas bancarias y la monetaria implicaron cambios importantes que requirieron el ejercicio de nuevas funciones dentro del sistema bancario. En este sentido, puede sugerirse que entre 1905 y 1913 era posible identificar varias entidades diferentes (pero complementarias) que cumplían funciones características de un banco central. El cambio monetario más importante fue la adopción del patrón oro en México en 1905. Es cierto que no era en absoluto una innovación singular; al contrario, la adopción del patrón oro en varios países latinoamericanos fue común durante estos años. En todos los casos procedió de decisiones políticas directamente relacionadas con la coyuntura financiera. Con deseos de abatir la crisis de la década de 1890 y atraer capitales, el manejo de la política monetaria fue encargada progresivamente a entidades no bancarias, a una serie de comisiones monetarias oficiales: en Argentina desde 1899 la Caja de Conversión; en Brasil desde 1905 la Caixa de Conversao; en México la Comisión de Cambios y Moneda de 1905 (^{Díaz Fuentes y Marichal, 1999}).

Para asegurar el correcto funcionamiento del patrón oro en México se creó una entidad financiera que cumplió algunas funciones de banca central entre 1905 y 1914: la Comisión de Cambios y Moneda. En primer lugar, esta agencia llevó a cabo todas las tareas típicas de una casa de moneda nacional, pero además estuvo a cargo de un nuevo organismo, el “Fondo para la regulación de la circulación monetaria”, establecido para asegurar la estabilidad en los cambios de moneda extranjera, que fue ratificado en el paquete de leyes monetarias de 1905 (^{Méndez Reyes, 2001}).⁷ Para que la Comisión de Cambios y Moneda pudiera administrar este fondo recibió un primer tramo de 10 millones de pesos, entregado por el Banco Nacional de México, en señal muy clara de su buena disposición para colaborar con el gobierno. La comisión se encargó del proceso de transición del antiguo régimen monetario -que estaba basado fundamentalmente en la plata- al patrón oro, lo cual se logró en un tiempo sorprendentemente corto y con relativamente pocos obstáculos (^{Conant, 1910: 62-76}).

El trabajo de esa comisión apenas ha comenzado a estudiarse a fondo por los historiadores en los últimos años, pero debe aclararse que no era el único instrumento para el mantenimiento de reservas en oro, plata o divisas fuertes extranjeras. De hecho, el todopoderoso secretario de Hacienda, Limantour, organizó la acumulación sistemática de fondos derivados de superávits financieros (y una parte menor de empréstitos externos) en varios fondos. En 1911, por ejemplo, al inicio del gobierno de Madero, el gobierno federal llegó a contar con una suma muy considerable de 63 millones de pesos en forma de reservas, de los cuales 18% estaba depositado en bancos europeos donde el gobierno mantenía cuentas, 23% en las cuentas del gobierno en el Banco Nacional de México, 30% en manos de la Comisión de Cambios y Moneda, 20% en el Tesoro nacional, y el 9% restante en las cajas fuertes de varios departamentos gubernamentales (^{McCaleb, 1920: 206}).

Al mismo tiempo, las funciones referentes a la supervisión bancaria fueron asignadas a un organismo no bancario. Más específicamente fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que nombró un cuerpo de inspectores que vigilarían cada banco y autorizó el nombramiento de algunos inspectores para auditorías especiales. Como señaló Charles ^{Conant en su estudio clásico de 1910} sobre el sistema bancario mexicano: “Las funciones de estos inspectores van más allá de las de los examinadores bancarios con base en la legislación bancaria nacional de los Estados Unidos y se asemejan en cierta medida a las de la junta de censores del Banco de Francia y del Banco de Bélgica” (^{Conant, 1910: 79}).

III. Un clearing bank mexicano: el Banco Central Mexicano, 1898-1913

Otra innovación importante en el sistema bancario mexicano en esta época fue la creación del Banco Central Mexicano en 1898, institución privada que no era un banco comercial ni de emisión, sino que tenía el título de “banco refaccionario”; es decir, era una especie de banco de desarrollo que reunía capital a partir de la emisión de una serie de bonos en el mercado de capitales. En la práctica, sin embargo, el principal objetivo del Banco Central Mexicano consistió en transformarse en una especie de clearing bank que sirviera a los bancos de provincia, los cuales podían acudir a sus ventanillas para descontar los billetes de otros bancos provinciales e intercambiarlos por sus propios billetes o, en algunos casos, por los billetes de algún banco de la capital. Esta institución fue fundada por quien fuera probablemente el banquero más importante del norte de México de la época, Enrique C. Creel (^{Cerutti y Marichal, 2000: 29-34}).

Creel comenzó reuniendo capitales en el norte de México para su ambicioso proyecto, pero pronto descubrió que también estaban interesados grandes grupos financieros internacionales en ese proyecto que negociaron la compra de acciones: el Deutsche Bank, la Casa Bleichroeder de Berlín, y Morgan y Cía. de Nueva York suscribieron alrededor de la mitad de las acciones. Por su parte, todos los bancos de los estados mexicanos figuraron como accionistas. El capital del Banco Central Mexicano creció rápidamente hasta alcanzar 30 millones de pesos en 1907, pero con el tiempo se observó que no podía cumplir todas las funciones que sus promotores habían proyectado (^{Conant, 1910: 41-48}).

En su estudio clásico acerca de la banca mexicana publicado en 1920, ^{McCaleb (1920: 177)} comentaba al respecto:

El Banco Central servía como cámara de compensación, como agente financiero y como centro de descuento para los bancos estatales. Los principales artífices de su organización esperaban que se convirtiera en un gran banco de reserva, al que sus bancos miembros pudieran solicitar ayuda en momentos de tensión. Pero aquí radicaba la debilidad fundamental de la ecuación […] Sus recursos de capital eran demasiado insignificantes para las cargas que se suponía que iba a soportar, porque una vez que su capital había sido absorbido mediante la toma de préstamos a largo plazo de los bancos estatales […] la condición del banco central era similar a la del hombre que ha tomado sobre sus espaldas una carga demasiado pesada para soportar.

Como veremos más adelante, desde comienzos de la Revolución mexicana los problemas que comenzó a enfrentar el Banco Central Mexicano fueron tales que su hundimiento estaba asegurado. Antes de la Revolución siguió ejerciendo una serie de funciones importantes para el conjunto de los bancos regionales mexicanos al facilitar el intercambio de los diversos billetes emitidos y en circulación, pero la creciente inestabilidad monetaria contribuyó a la crisis bancaria que surgió en 1913 con el colapso del Banco Central Mexicano. De acuerdo con Luis Anaya, la mala calidad de la cartera de ese banco fue responsable de muchos de sus problemas, en particular el gran peso de contratos con el gobierno porfiriano, muchos de ellos vinculados con ambiciosos negocios agrarios de la élite del antiguo régimen (^{Anaya, 2002: 45-49}). La quiebra del Banco Central Mexicano, cuyo capital se redujo en 1913 de 30 millones a 10 millones de pesos, inmediatamente trajo enormes problemas para la mayoría de los bancos provinciales por ser sus accionistas importantes y socios.

A pesar de la mencionada crisis bancaria de 1913, que debilitó numerosas entidades financieras del país, Banamex sobrevivió y siguió cumpliendo con su papel de banco de gobierno durante un tiempo, al mantener la principal cuenta bancaria doméstica del gobierno, actuar en ocasiones como agente fiscal y encargarse del servicio de la deuda interna y, especialmente, de la externa, hasta la suspensión de pagos del gobierno en 1914. Ahora bien, debe quedar meridianamente claro que no puede definirse a Banamex como un banco central, ya que no se encargaba de mantener el conjunto de las reservas de oro, plata o divisas extranjeras del sistema monetario, ni de mantener la convertibilidad, ni del clearing de los billetes de los bancos de provincia. Tampoco llevaba a cabo la inspección de los demás bancos ni estaba facultado formalmente para establecer las normas crediticias a nivel nacional ni para regular el crédito directamente. Como ya hemos indicado, la mayor parte de estas funciones eran efectuadas por los otros organismos creados antes del estallido revolucionario de 1910. Por ello puede concluirse que a fines del Porfiriato no existía una banca central, si bien, a pesar de ello, muchas de sus funciones las realizaba un conjunto bastante heterogéneo de bancos, agencias y organismos privados y públicos.

IV. Hacia la creación de un banco central en México, 1915-1925

Las primeras propuestas formales para la creación de un banco central en México se hicieron escuchar en 1915, en medio del año más crítico de las luchas revolucionarias. Un proyecto inicial fue redactado concretamente por Rafael Nieto, quien sería uno de los principales responsables del manejo de las finanzas del gobierno de Venustiano Carranza. Su “Proyecto para la creación del Banco de México” propuso la fundación de un banco único de emisión bajo el control del gobierno, pero con aportes de capital del sector público y privado. En teoría, este proyecto anticipaba que los antiguos bancos de emisión se incorporarían a la nueva institución, que vendría a convertirse en una especie de gran monopolio financiero mixto (^{Uhthoff, 1998: 100-101}), pero la propuesta no pudo concretarse.

El proyecto de Nieto era prematuro, debido a las condiciones de inestabilidad tan marcadas que se experimentaron durante la época revolucionaria, pero había plantado una primera semilla que eventualmente tendría frutos, ya que después fueron surgiendo nuevas propuestas para la creación de un banco central. Sin embargo, debe señalarse que en esos años no se solía utilizar el término de banco central, sino el de banco único de emisión. En efecto, no existía un solo modelo que se considerase idóneo, por lo que se exploraron diferentes posibilidades en los años subsiguientes, lo cual sugiere que no había nada inevitable o evolutivo en este proceso; más bien, debe remarcarse que se trataba de propuestas de innovaciones institucionales dentro de una situación monetaria, bancaria y financiera absolutamente inédita como aquella provocada por la propia Revolución.

Que Carranza tenía un interés marcado en la creación de un banco central lo comprueba que el artículo 28 de la Constitución de 1917 recogió esa iniciativa. Para facilitar la propuesta de formar un banco único de emisión, el gobierno ratificó sendos decretos del 25 de julio y el 21 de septiembre de 1917 mediante los cuales se solicitaba autorización del Congreso para que el Ejecutivo buscara un empréstito de 100 millones de pesos, que presumiblemente sería colocado en Nueva York. En el transcurso de las discusiones, los legisladores afirmaron -de manera excesivamente optimista- que parecía existir buena disposición de los banqueros estadunidenses para apoyar esta iniciativa, siendo tal la confianza que se aprobó el decreto que autorizaba el empréstito por 45 votos en favor y solamente uno en contra.

Otra demostración del interés de Carranza en el diseño del futuro banco se manifestó cuando Antonio Manero fue designado para llevar a cabo una misión en 1917 a Europa y a América del Sur con objeto de estudiar el funcionamiento y la normatividad de los diversos bancos emisores existentes, en particular de aquellos controlados por los respectivos gobiernos. En su informe muy detallado, presentado a Carranza en 1918, Manero describió las distintas modalidades adoptadas en los países que visitó. Hizo particular hincapié en la organización bancaria en Argentina, Uruguay y Chile, en los Estados Unidos, y en Francia, Bélgica y Alemania (^{Manero, 1918}).

No obstante el entusiasmo del presidente de la República, cuando se presentaron una propuesta más elaborada de banco único de emisión en diciembre de 1917 y una nueva ley general de instituciones de crédito a fines de 1918, ambas quedaron sepultadas en comisiones y no llegaron a ratificarse como leyes. En septiembre de 1919 Carranza retiró ambas propuestas con el argumento de que las condiciones económicas y políticas habían cambiado y que convenía hacer ajustes importantes a las reformas originales (^{Trejo, 1921}; ^{Manero, 1926}).

Tras el asesinato de Carranza y la asunción en 1920 del Ejecutivo por el general Álvaro Obregón, comenzó un interludio financiero de aproximadamente tres años que Eduardo Turrent ha calificado como el impasse del banco único de emisión (^{Turrent Díaz, 1982: 199-205}). Por impasse se refiere a que, a pesar de que se hicieron numerosas propuestas para la creación de una especie de banco central, ninguna fue aprobaba o ratificada. Entre los proyectos se contaban propuestas casi paralelas del carrancista Antonio Manero y del secretario de Hacienda de Obregón, Salvador ^{Alvarado, ambas presentadas en 1920}. Luego Manero reformularía su modelo de Banco de Estado, que volvió a presentar en 1922, pero sin suerte (^{Alvarado y Padres, 1920}; ^{Manero, 1926} y ¹⁹⁵⁷). Al mismo tiempo, hubo al menos una propuesta de un empresario estadunidense y algunos esbozos por parte del Comité Internacional de Banqueros para México, presidido por Thomas Lamont sobre el mismo tema (^{Turrent Díaz, 1982: 99-114}; ^{Zebadúa, 1994: cap. 6}).

La mayoría de los historiadores subraya la importancia de la Convención Bancaria de 1924 para crear un nuevo clima más favorable al establecimiento de un nuevo marco institucional para el sector bancario. Sin duda, esa convención demostró que las autoridades gubernamentales del México posrevolucionario ya estaban dispuestas a reconocer la necesidad de negociar con los banqueros privados e, incluso, de aceptar la conveniencia de discutir algunas de sus múltiples demandas. No obstante, la situación de las finanzas públicas y privadas en el país seguía siendo muy precaria, por lo que el gobierno no estuvo dispuesto a reconocer sus deudas revolucionarias con los bancos, ni los pocos bancos privados sobrevivientes tenían condiciones de ofrecer apoyos sólidos a la administración federal.

En todo caso, la convención sí tuvo el efecto de impulsar una serie de reformas normativas en el ámbito financiero, impulsadas por el inquieto secretario de Hacienda, Alberto J. Pani. Entre ellas debe destacarse la nueva Ley General de Instituciones de Crédito, redactada por el joven abogado Manuel Gómez Morin. Paralelamente se impulsaron trabajos para rehabilitar algunas de las viejas instituciones bancarias. A su vez, Pani creó una comisión encargada específicamente de diseñar la ley, los estatutos y la escritura constitutiva del futuro Banco de México; para este propósito nombró a Manuel Gómez Morin, Fernando de la Fuente y Elías de Lima (^{Manero, 1957: 171}).

Mientras tanto, con objeto de proporcionar un marco organizativo y recursos al proyectado banco central, las autoridades gubernamentales dieron instrucciones para la reorganización de la Comisión Monetaria y sus múltiples oficinas en vísperas de su transformación en entidad bancaria oficial. Se transformó la Comisión por un nuevo régimen jurídico en sociedad anónima en la gerencia de Alberto Mascareñas, quien -dicho sea de paso- muy pronto sería el primer gerente del flamante banco central que estaba a punto de fundarse (^{Zebadúa, 1994: 265}).

Por último, se ratificó la Ley Constitutiva del Banco de México, el 15 de agosto de 1925, que lo autorizó a cumplir varias funciones: emitir billetes; regular la circulación monetaria, los cambios sobre el exterior y las tasas de interés; redescontar documentos de carácter genuinamente mercantil; encargarse del servicio de Tesorería del gobierno federal, y operar como un banco de depósito y descuento (^{Turrent Díaz, 1982}). Contaría con recursos diversos. En primer lugar, el gobierno suscribía 98% de las acciones. En segundo lugar, recibía un volumen de metálico nada despreciable en manos de la Comisión Monetaria. Por último, se encargaría de la liquidación de una parte de las propiedades (bienes raíces) de la cartera de la Comisión Monetaria, proceso que prometía ser complejo y prolongado.

Si bien la fundación del largamente discutido banco central fue claramente un paso importante en la reconstrucción del sistema bancario posrevolucionario, también es menester sugerir que no por ello comenzaría a operar como un verdadero banco central desde sus inicios. Y es en este punto que debemos retomar las observaciones previamente comentadas de Pablo Martín-Aceña en el sentido de que, aun cuando existe formalmente una institución conocida como banco central, el aprendizaje de las funciones que debe ejercer un banco central moderno frecuentemente es muy prolongado. Seguir esta sugerencia constituiría un capítulo adicional a la pequeña historia relatada aquí. Pero no deja lugar a complacencias: la historia del desempeño del banco central mexicano desde 1925 hasta la fecha ha estado marcada por diversas etapas -positivas, en algunos casos, y negativas en otros- que deben ser objeto de investigaciones cada vez más prolijas a partir de los materiales del magnífico Archivo Histórico del propio Banco de México. Ello será fundamental para completar no sólo la historia financiera nacional, sino también estudios comparados sobre el nacimiento y la evolución de la banca central en los demás países de América Latina.