Introducción

Las inversiones físicas, que se enfocan en la adquisición de bienes o activos productivos para la generación de otros bienes y servicios, están intrínsecamente ligadas al concepto de infraestructura. Este término engloba una amplia gama de sistemas esenciales que sostienen las sociedades y economías modernas, incluyendo caminos, puentes, vías férreas, puertos, aeropuertos, plantas generadoras de energía, redes de distribución, sistemas de drenaje y purificación de agua, así como viviendas, escuelas y hospitales (^{Prud’Homme, 2005}; ^{Carse, 2016}). El desarrollo de infraestructura no solo impulsa el desempeño económico, sino que también mejora la equidad y aborda dimensiones fundamentales para el desarrollo humano. Una infraestructura adecuada promueve la productividad, reduce los costos económicos y facilita la apertura comercial y la reducción de la pobreza (^{Banco Mundial, 1994}). Además, los proyectos de infraestructura contribuyen al desarrollo sostenible y a la mitigación de impactos ambientales negativos, subrayando su importancia, tanto para la economía, como para el bienestar social.

La literatura existente proporciona una perspectiva amplia sobre los factores que afectan la inversión pública en infraestructura. ^{Randolph et al. (1996)} exploran cómo el nivel de desarrollo, la urbanización y la participación laboral, junto con otros factores, como los desequilibrios regionales y la orientación económica exterior, influyen en la inversión en transporte y comunicaciones en 27 economías durante 1980-1986. Este enfoque destaca cómo las condiciones socioeconómicas y la estructura económica impactan en la asignación de recursos para infraestructura. ^{Ametepey et al. (2022)} amplían esta discusión al centrarse en la implementación de proyectos de infraestructura vial sostenible en países en desarrollo, subrayando la relevancia de la gestión de partes interesadas y la adecuada utilización de recursos para el éxito de estos proyectos.

Por su parte, ^{Dao (2008)} analiza los determinantes de los indicadores de infraestructura en países en desarrollo, revelando que el gasto en pensiones, educación, salud y otros componentes del gasto público son claves para entender las variaciones en los indicadores de infraestructura, especialmente en telecomunicaciones. En el contexto estadounidense, ^{Nukpezah y Ahmadu (2024)} investigan los factores que determinan el gasto en infraestructura estatal, encontrando que eventos de desastres y vulnerabilidad social influyen en el gasto en carreteras y sistemas de transporte, aunque estos efectos son variados según la categoría de infraestructura.

El estudio de ^{Buchheim y Fretz (2020)} aporta una dimensión política al análisis, demostrando que los gobiernos divididos tienden a incrementar el gasto en infraestructura, particularmente en transporte, en comparación con gobiernos unificados, reflejando cómo las dinámicas políticas pueden afectar la asignación de recursos. Complementando este análisis, ^{Yu et al. (2011)} investigan la influencia de la descentralización fiscal en China, evidenciando que la reducción del gasto en infraestructura por parte de los gobiernos municipales puede ser una respuesta a aumentos en el gasto en ciudades vecinas.

En América Latina, ^{Jiménez, et al. (2018)} revelan que la disponibilidad de recursos financieros, las transferencias relacionadas con recursos naturales, y las capacidades administrativas son factores cruciales para la inversión pública local en Perú. Finalmente, en el contexto de México, ^{Torres y Gómez (2019)} evidencian que, además de la matrícula y el abandono escolar, los aspectos políticos también juegan un rol importante en la asignación de recursos para infraestructura educativa en México.

En este contexto de literatura diversa, el presente artículo se enfoca en los determinantes específicos de la inversión pública estatal en México durante el periodo de 2011 a 2018. Al analizar la influencia de la deuda pública y las transferencias federales, como participaciones y aportaciones, este estudio busca contribuir a la comprensión de cómo se financian los proyectos de infraestructura en México. Los hallazgos resaltan la importancia de la deuda pública como una fuente clave de financiamiento para la inversión física, en contraste con la falta de significancia de las transferencias federales en este aspecto. Esta investigación no solo amplía el entendimiento de las dinámicas fiscales en México, sino que también sugiere nuevas direcciones para la investigación futura, enfocándose en la eficiencia en el uso de la deuda y la gestión de recursos federales para mejorar la inversión en infraestructura estatal.

El artículo se organiza de la siguiente manera: primero, se realiza una revisión de la literatura relevante. Luego, se presentan las fuentes de datos utilizadas en las estimaciones, junto con sus justificaciones. A continuación, se describe la metodología aplicada en el estudio. Posteriormente, se exponen las estimaciones calculadas y se discuten sus implicaciones. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas de los resultados, se identifican las limitaciones del estudio y se proponen posibles direcciones para futuras investigaciones.

I. Revisión de literatura

En esta revisión de literatura, se examinan estudios que han analizado las determinantes de la inversión pública en infraestructura en diferentes contextos geográficos y económicos. A través de un análisis de investigaciones previas, se identifican los factores clave que influyen en la inversión en infraestructura, abarcando desde el impacto de las características económicas internas y la asistencia externa, hasta la influencia de la competencia intergubernamental y los efectos del ciclo político. Asimismo, se exploran estudios que abordan la distribución del gasto en infraestructura escolar y vial, así como la dinámica de la inversión en infraestructura en economías en desarrollo y en estados subnacionales de países como Estados Unidos, China y Perú. Este análisis proporciona una base empírica para comprender los elementos que deben considerarse al evaluar la inversión pública física en los 32 estados mexicanos durante periodos de estabilidad económica.

En la literatura existente sobre los determinantes de la inversión pública en infraestructura, ^{Randolph et al. (1996)} examinan los factores que influyen en la inversión en transporte y comunicaciones en 27 economías durante el periodo de 1980 a 1986. Identifican que el gasto en infraestructura está determinado principalmente por el nivel de desarrollo, la urbanización y la participación laboral, además de factores como la presencia de grandes sectores extranjeros, los desequilibrios entre áreas rurales y urbanas, y la orientación económica hacia el exterior. Siguiendo esta línea de investigación, ^{Ametepey et al. (2022)} se centran en los factores que afectan la implementación de proyectos de infraestructura vial sostenible en países en desarrollo, resaltando la importancia de la gestión de partes interesadas, la participación pública, la gestión de proyectos, y la adecuada utilización y gestión de recursos para asegurar el éxito de estos proyectos.

Por otro lado, ^{Dao (2008)} explora los determinantes de los indicadores de infraestructura en países en desarrollo utilizando datos del Banco Mundial y una regresión lineal multivariante. Sus hallazgos muestran que el gasto público en pensiones, educación, salud, ahorro público y salarios del servicio civil en relación con el PIB o el gasto gubernamental son factores significativos para explicar las variaciones en los indicadores de infraestructura, con un enfoque particular en las telecomunicaciones. En el contexto de Estados Unidos, ^{Nukpezah y Ahmadu (2024)} investigan los determinantes del gasto en infraestructura estatal, especialmente en carreteras, autopistas y sistemas de transporte. Utilizando datos de panel equilibrado y regresiones de efectos fijos, concluyen que el gasto en infraestructura estatal está influenciado por eventos de desastres y factores de vulnerabilidad social, aunque estos efectos varían según la categoría de infraestructura.

Además, ^{Buchheim y Fretz (2020)} analizan el impacto de los partidos políticos y los gobiernos divididos en el gasto en infraestructura para transporte, educación y servicios sociales en Estados Unidos. Empleando datos a nivel estatal entre 1970 y 2008, encuentran que los gobiernos divididos aumentan significativamente el gasto en estas áreas, particularmente en transporte, en comparación con gobiernos unificados demócratas, y en educación y servicios sociales en comparación con gobiernos unificados republicanos. En un contexto diferente, ^{Yu et al. (2011)} investigan cómo la descentralización fiscal en China afecta la inversión pública en 242 ciudades chinas en 2005. Sus resultados indican que los gobiernos municipales tienden a reducir su gasto en infraestructura en respuesta al aumento del gasto en ciudades vecinas, evidenciando efectos de spillover positivos.

En América Latina, ^{Jiménez, et al. (2018)} estudian los determinantes de la inversión pública local en el Perú a través de un modelo de datos de panel dinámico aplicado a 1622 gobiernos locales entre 2010 y 2017. Sus resultados revelan que la disponibilidad de recursos financieros, especialmente las transferencias relacionadas con recursos naturales, las capacidades administrativas de los gobiernos locales y los efectos del ciclo político son factores clave para la inversión pública local, con variaciones según el tamaño económico de los gobiernos.

En México, la inversión en infraestructura pública ha experimentado transformaciones significativas impulsadas por diversos factores. La creciente integración económica con Estados Unidos, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha impactado estos cambios. ^{Zaldivar y Zaldívar (2024)} documentan que esta integración ha modificado de manera heterogénea las estructuras económicas de los estados mexicanos, alterando tanto la naturaleza como el grado de sincronización económica entre ellos. Probablemente, esta transformación ha influido en la asignación de recursos para inversión física, ya que las economías estatales más integradas tienden a mostrar una mayor sincronización en su desarrollo económico.

Adicionalmente, la asignación de recursos para infraestructura en México está condicionada por una variedad de factores que van más allá de la integración económica. Según ^{Torres y Gómez (2019)}, aspectos políticos y sociales, como la matrícula escolar y el abandono escolar, desempeñan un papel importante en la determinación de estos recursos en el ámbito de la infraestructura educativa. En este contexto, ^{Iglesias (2023)} muestra que la política fiscal en México ha sido procíclica, con ingresos excedentes destinados a reducir la deuda en periodos de auge y la adopción de medidas contracíclicas en tiempos de contracción económica. Así, la inversión física pública en México se ve influenciada por una interacción compleja de factores económicos, políticos y sociales, que afectan su distribución y eficacia.

Este cuerpo de literatura ofrece un panorama amplio y variado sobre los factores que influyen en la inversión pública en infraestructura, abarcando desde contextos de desarrollo económico hasta influencias políticas y sociales en diferentes regiones y niveles de gobierno. En este contexto, la investigación presentada contribuye a la revisión de literatura existente al proporcionar evidencia empírica sobre los determinantes específicos de la inversión pública estatal en México durante un periodo de estabilidad económica (2011-2018).

Mientras que estudios previos han explorado diversos factores que influyen en la inversión en infraestructura en contextos internacionales, esta investigación se enfoca en el papel de la deuda pública y las transferencias federales, como participaciones y aportaciones, en el contexto mexicano. Los hallazgos resaltan la relevancia de la deuda pública como una fuente clave de financiamiento para la inversión física, diferenciándose de otros estudios que subrayan la importancia de factores económicos internos o la competencia intergubernamental. Al identificar la falta de significancia de las participaciones y aportaciones en la inversión física, este estudio amplía el entendimiento de las dinámicas fiscales en México y sugiere nuevas direcciones para la investigación futura, particularmente en la eficiencia del uso de la deuda y la gestión de recursos federales en la infraestructura estatal.

II. Datos

Se utiliza un conjunto de datos de panel de 2011 a 2018 para las 32 entidades federativas de México. El análisis se limita a 2018 para evitar la inclusión de años con crecimiento económico negativo, como en 2019, cuando el PIB nacional cayó 0.3% (^{FMI, 2024}). La Tabla 1 detalla las variables seleccionadas y sus respectivas fuentes de información.

La inversión pública física (yi,t) está conformada por las erogaciones para obra pública y adquisiciones por parte de las dependencias y entidades del sector público (^{SHCP, sin año}; ^{ASF, 2014a}, ^b). para aproximar el gasto público en infraestructura. En este artículo se usa la inversión física para aproximar al gasto público en infraestructura. Esto se debe a que la inversión física puede incluir la adquisición, construcción y mantenimiento de activos tangibles como carreteras, puentes, edificios públicos, sistemas de transporte, entre otros.

Las participaciones federales (x1, i t), son transferencias de la federación a las entidades federativas, proporcionan a los estados recursos de libre disposición. Esto permite que los gobiernos subnacionales asignen estos fondos según sus prioridades, por lo que es posible que destinen una parte de las participaciones a la inversión física.

Es posible que las aportaciones federales incrementen el gasto público en inversión física. Aunque muchas aportaciones están destinadas a fines específicos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal (^{LCF) (2018)}, algunas tienen componentes dirigidos a infraestructura, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Adicionalmente, las aportaciones no específicas pueden liberar recursos locales que también pueden ser destinados a inversión pública. Así, para un análisis detallado, se distinguen las aportaciones en tres categorías: las destinadas a infraestructura social para estados y municipios FAIS transferido a los estados y municipios (x3, i t, x4, i t) y las restantes (x2, i t). El FAM no se separa debido a que, aunque incluye recursos para infraestructura educativa, también se destina a asistencia social.

Las transferencias federales distintas de aportaciones y participaciones consisten en subsidios, convenios de descentralización y reasignación y subsidios (x5, i t), en conjunto aproximan una décima parte del gasto federalizado. Es posible que estos recursos influyan en el gasto público en inversión física. Aunque estos recursos no están exclusivamente destinados a infraestructura, pueden ser utilizados para proyectos físicos si se dirigen a áreas relacionadas con el desarrollo regional o local. Los subsidios ofrecen flexibilidad en su uso, y los convenios permiten a los gobiernos subnacionales asignar recursos para infraestructura según sus necesidades.

La recaudación local (x6, i t) son los ingresos propios de los estados. Los ingresos provenientes de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones para mejoras tienen el potencial de financiar proyectos de infraestructura, como carreteras y edificios públicos. Al contar con mayores recursos locales, los estados pueden aumentar su inversión en infraestructura.

La deuda pública estatal (x7, i t) puede influir en el gasto público en inversión física estatal. Cuando los gobiernos estatales contratan deuda, los recursos obtenidos se destinan a proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras y edificios públicos, que de otro modo podrían no ser financiados solo con ingresos corrientes. La ^{Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) (2016)} regula que uno de los fines principales de la deuda sea la inversión física. Esta ley busca garantizar que la deuda se utilice de manera responsable y sostenible, para que los estados puedan financiar inversiones necesarias sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo.

Un mayor PIB (x8, i t) puede estar vinculado con un incremento en el gasto público en inversión física. Un aumento en el PIB real refleja una mayor capacidad de producción y crecimiento económico, lo que puede resultar en mayores ingresos fiscales para los gobiernos. Los gobiernos estatales pueden estar más inclinados a financiar proyectos productivos, incluidos aquellos relacionados con infraestructura, cuando la actividad económica es alta (^{Jiménez y Ruelas, 2016}, Pérez et al., 2024).

Además, se propone que un aumento de los salarios del sector formal (x9, i t), puede incrementar los ingresos fiscales mediante impuestos y contribuciones a la seguridad social, proporcionando más recursos públicos. Además, un sector formal más robusto y con salarios más altos puede estimular el crecimiento económico y la estabilidad fiscal, lo que facilita una mayor capacidad para llevar a cabo inversiones públicas efectivas. Aunado a lo anterior, con una tasa de desocupación (x10, i t) baja, la economía está generalmente en mejor estado, lo que puede incrementar los ingresos fiscales del gobierno, debido a mayores niveles de empleo y actividad económica.

La inversión realizada por empresas extranjeras en activos productivos en otro país, como fábricas o infraestructura es conocida como Inversión Extranjera Directa (x11, i t). Cuando ésta aumenta, es posible que los gobiernos destinen más recursos a proyectos de infraestructura para atraer y a los inversores.

Finalmente, se ajustan las variaciones de precios utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (x12, i t) y se consideran los cambios en la población (x13, i t) de los estados a través de proyecciones. Estos ajustes permiten analizar las fluctuaciones en el gasto público en inversión física en respuesta a cambios en las variables explicativas, mientras se mantienen constantes los efectos de los precios y la población.

III. Metodología

Los datos panel son una combinación de datos de corte transversal y de series de tiempo. Estos datos se obtienen repitiendo una encuesta con el mismo conjunto de unidades de muestra sobre cuestiones similares a lo largo del tiempo; es decir, se realiza un seguimiento de las mismas unidades (por ejemplo, individuos, empresas o territorios) durante varios periodos, lo que genera un conjunto de datos longitudinales. Cuando las unidades de corte transversal son unidades grandes como países, se les denomina "panel macro". Estos paneles se caracterizan por tener una dimensión temporal grande en comparación con la dimensión de corte transversal. Dependiendo de si se tiene información para todas las unidades en todos los puntos de tiempo, el panel puede ser equilibrado o no equilibrado (^{Das, 2019}).

Un modelo de regresión agrupada asume que las relaciones entre las variables independientes y dependientes son las mismas para todas las unidades de corte transversal en el panel, sin tener en cuenta las diferencias entre estas unidades. Esto implica que todos los interceptos y pendientes son idénticos, lo que podría llevar a una pérdida de información relevante si hay heterogeneidad entre las unidades observadas (^{Stock y Watson, 2020}).

Por otro lado, un modelo de efectos fijos permite tener en cuenta las variables omitidas que varían entre las distintas entidades individuales (como los estados) pero que son constantes a lo largo del tiempo. En este modelo, cada entidad individual tiene su propio intercepto, lo que se traduce en la estimación de n interceptos diferentes, uno para cada unidad de corte transversal. Estos interceptos se representan a través de variables binarias que absorben las influencias de las variables omitidas que difieren entre las entidades, pero que no cambian a lo largo del tiempo (^{Stock y Watson, 2020}).

Los modelos de datos panel, y en particular el modelo de efectos fijos, son herramientas cruciales para analizar la inversión física pública en las 32 entidades federativas mexicanas debido a su capacidad para detectar y, en caso de existir, manejar la heterogeneidad no observada entre estas entidades. Dado que las variables omitidas que pueden afectar la inversión pública varían entre los estados, pero no cambian significativamente con el tiempo, el modelo de efectos fijos permite controlar estos factores, proporcionando estimaciones más precisas y confiables (^{Stock y Watson, 2020}). Además, los datos panel ofrecen mayor variabilidad y grados de libertad al aumentar el número total de observaciones, lo que mejora la eficiencia de las estimaciones econométricas (^{Das, 2019}). Esto es especialmente relevante cuando se busca identificar las variables determinantes de la inversión pública, ya que permite un análisis más robusto de las dinámicas Inter temporales y las diferencias entre los estados.

En la siguiente sección se expone la especificación utilizada para el análisis, los resultados de las pruebas estadísticas que respaldan la fiabilidad de las estimaciones obtenidos, así como los propios resultados.

IV. Resultados

De acuerdo con la estructura de las finanzas públicas estatales mexicanas, y con la revisión de literatura referenciada, se construyó la siguiente función:

Donde Δ es la primera diferencia, ln es el logaritmo, yi,t es la inversión física pública estatal, i es la entidad federativa, t el año, β0 es el intercepto, xj,it las variables explicativas para j=1,…,13, βj el coeficiente de la variable explicativa j, CFEdumj es la variable dicotómica de efectos fijos, δi es el coeficiente de la variable dicotómica estatal de efectos fijos.

Exceptuando la variable de población, que resultó no estacionaria, la prueba de Im et al. (2003) indica que todas las demás variables, transformadas a la primera diferencia de su logaritmo o a la primera diferencia de su nivel, son estacionarias. Esto se demuestra por un valor p inferior a 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula de que los paneles tienen una raíz unitaria.

Siguiendo a ^{Das (2019)} y a ^{Stock y Watson (2020)}, se realizaron regresiones agrupadas bajo el supuesto de homogeneidad en la relación analizada entre las 32 entidades federativas. Además, se estimó un modelo de efectos fijos que propone una hipótesis alternativa: que la relación estudiada varía en al menos una de las entidades. La tabla 2 presenta los modelos estimados. En el modelo 1 (M1) se incluyeron todos los componentes de los presupuestos públicos subnacionales: participaciones, aportaciones no destinadas específicamente a infraestructura, aportaciones exclusivamente para infraestructura, recursos propios y deuda pública estatal. Como muestra en la Tabla 2, en el modelo 2 (M2) se añadió la tasa de desocupación para controlar características internas de las economías estatales. Posteriormente, en el modelo 3 (M3), se incorporó un elemento del sector externo, la inversión extranjera directa captada por cada estado, completando así el conjunto de variables explicativas. Finalmente, en el modelo 4 (M4), se estimó la misma relación del modelo 3, pero con efectos fijos, considerando posibles diferencias en la relación entre las variables explicativas y la variable dependiente según el territorio.

Los resultados principales indican que ninguno de los componentes de ingresos públicos estatales ni las características de las economías estatales muestra una relación estadísticamente significativa con la inversión pública física. La única variable que presenta consistentemente una relación positiva y estadísticamente significativa es la deuda pública estatal, lo cual se discutirá más a fondo en la sección de discusión. Este hallazgo sugiere que los estados destinan el endeudamiento a financiar inversión pública, en línea con los mandatos de la ^{LDF (2016)}.

Otro resultado relevante es que tanto los modelos de regresión agrupada como los de efectos fijos coinciden en que la deuda es la única variable significativamente relacionada con la inversión pública, aunque difieren en la magnitud de este vínculo. El modelo 6, el más completo entre las regresiones agrupadas, indica que un aumento del 10% en la deuda pública se asocia con un incremento del 4.5% en la inversión pública física, mientras que el modelo de efectos fijos sugiere un aumento del 7.3%. Sin embargo, la prueba de Wald señala que los efectos fijos no son estadísticamente significativos, con un p-valor de 0.46, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula de ausencia de efectos fijos. Por lo tanto, se consideran los resultados del modelo 6 como los más sólidos entre las estimaciones realizadas.

V. Discusión

A continuación, se analizan los resultados obtenidos, enfocándose en las razones detrás de las relaciones encontradas, o la ausencia de ellas, entre las principales variables estudiadas y la inversión pública física en los estados mexicanos durante el periodo 2011-2018. Se discuten los factores que explican la relación positiva entre la deuda pública estatal y la inversión pública física; las causas por las cuales las participaciones y las aportaciones federales no muestran una relación positiva y estadísticamente significativa con la inversión física pública. Estas explicaciones se basan en un marco teórico y normativo, apoyado por evidencia empírica y referencias bibliográficas relevantes, para ofrecer una comprensión más profunda de los patrones observados en los datos.

Conclusiones

Esta investigación ha analizado las determinantes de la inversión pública estatal en los 32 estados de México durante el periodo de 2011 a 2018, utilizando modelos de regresiones agrupadas y de efectos fijos con datos panel. Los resultados obtenidos aportan varias contribuciones significativas al entendimiento de la relación entre los recursos federales y la inversión pública física en el contexto mexicano.

En primer lugar, este estudio confirma una relación positiva y estadísticamente significativa entre la deuda pública estatal y la inversión pública física. Los hallazgos sugieren que los estados utilizan el endeudamiento como una herramienta para financiar proyectos de inversión que no pueden ser cubiertos con los ingresos corrientes. Este resultado apoya la visión de que la deuda puede ser una fuente crucial para la inversión en infraestructura cuando se gestiona de manera responsable y dirigida hacia proyectos con alto potencial de retorno económico y social, en línea con los preceptos de la LDF y algunas investigaciones académicas previas.

Por otro lado, la investigación revela que las participaciones y muchas de las aportaciones distintas de infraestructura social no muestran una relación positiva y estadísticamente significativa con la inversión pública física. Esto se debe a la flexibilidad de las participaciones para ser utilizadas en diversos gastos corrientes y la aplicación diversificada y a veces ineficiente de las aportaciones, como lo evidencian las limitaciones en la capacidad administrativa y la falta de transparencia en el uso de los recursos (^{ASF, 2018a}, ^2018b). Además, las aportaciones específicamente destinadas a infraestructura social tampoco mostraron un efecto significativo en la inversión pública física. Esta falta de impacto puede ser atribuida a la amplia gama de proyectos y a la posibilidad de desvío de recursos, que diluye la relación entre estos fondos y la inversión en infraestructura física.

A pesar de las contribuciones de este estudio, existen algunas limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, aunque los modelos de regresiones agrupadas y de efectos fijos proporcionan una visión detallada del impacto de las variables estudiadas, podrían no capturar completamente todas las dinámicas regionales y temporales específicas. La heterogeneidad no observada y las posibles omisiones en los datos podrían influir en los resultados. Además, la información sobre el destino exacto de las participaciones y las aportaciones puede ser imprecisa o incompleta, lo que limita la capacidad de evaluar su impacto en la inversión física pública.

Para avanzar en la comprensión de la inversión pública estatal y su relación con los recursos federales, se recomienda realizar estudios con datos más desagregados, incluyendo información más detallada sobre el uso de los recursos en proyectos específicos, para proporcionar una visión más precisa de cómo las distintas categorías de recursos afectan la inversión física. Asimismo, investigar casos específicos de estados con características particulares podría revelar diferencias en la eficacia del uso de los recursos y proporcionar recomendaciones más concretas para mejorar la asignación y utilización de fondos. Finalmente, incluir variables adicionales, como la inversión privada y el impacto de ciclos electorales, podría enriquecer el análisis y permitir una comprensión más completa de los factores que influyen en la inversión pública estatal.