Arendt advirtió, en la década de 1970, acerca de la imposibilidad de reflexionar sobre cualquier asunto humano sin constatar el papel que en ello ha jugado la violencia. Y fue García Márquez, en una entrevista de 1981, quien echó mano de un aforismo marxiano para escribir que la violencia era la partera de la historia de América Latina. Para algunos, como Thomas Carlyle, la violencia es un síntoma de anomia social. Otros, como Georges Sorel, en cambio, han visto en ella un medio que esconde tras de sí capacidades creativas e ideales de libertad. Puede verificarse en dimensiones estructurales o en el plano micro. Reviste un papel instrumental o la suya es una motivación expresiva. El acto violento puede ser una reacción contra la interrupción de cierto decurso institucional o, en contrapartida, una reivindicación normativa de pretensiones institucionales dadas. Es, con todo, una interacción corporal que no se circunscribe en plenitud al mero recurso de la fuerza física inmediata. Se trata, fundamentalmente, de una hermenéutica social.

Lo anterior implica que la violencia es un hecho social, culturalmente mediado e históricamente constituido. Es un hecho social porque los actos de violencia son la puesta en escena de una relación entre quien los ejerce, quien los sufre y una audiencia que los valora. Está culturalmente mediada porque es objeto de interpretación dentro del código simbólico y moral que da vida a las interacciones, comunicaciones e instituciones de una sociedad. Finalmente, que la violencia tiene historicidad apunta a la localización de las relaciones sociales y los marcos de sentido que la organizan en coordenadas espaciales y temporales especificadas. Como afirma Arteaga Botello: “la competencia y el entrelazamiento de distintas esferas sociales en la interpretación de la violencia no puede reducirse a mera retórica”, por el contrario, “alude a mundos de significado vinculados a percepciones particulares de moralidad, solidaridad y orden social. La violencia se lee a través de estos horizontes de significación, y a través de ellos se juzgan los supuestos motivos, relaciones e instituciones vinculadas a los productores de violencia.”¹

El reciente libro de Pablo Piccato toma la violencia en el México del siglo XX como su objeto de estudio y desarrolla en torno a ella un elocuente relato sobre sus facetas, continuidades y rupturas, causalidades y efectos. Sea criminal o política, militar o civil, la violencia -advierte el autor- es un fenómeno social con una dimensión comunicativa que tiene contenido moral, puesto que deriva su estatus “no de características internas sino del juicio de quienes la justifican o condenan” (p. 12). Usar la violencia es una decisión de personas que podrían haber optado por abstenerse de ese recurso, y responden en su elección a cálculos costo-beneficio (materiales y simbólicos, inmediatos y a largo plazo), más que a un impulso inconsciente por haber nacido en el laberinto de la soledad.

La guerra civil, las luchas por los recursos naturales, los conflictos religiosos, la delincuencia y el crimen organizado, el abuso sexual y contra disidencias del género, la represión estatal y la insurgencia, son marcas en la historia contemporánea de México desde la Revolución hasta la denominada guerra contra el narco. Piccato, historiador por la UNAM y profesor de Historia en la Universidad de Columbia, dedica un capítulo a cada una de esas formas que la violencia ha tenido en el siglo XX mexicano.

El primer capítulo se avoca a la violencia revolucionaria, esa desatada tras décadas de violencia ejercida por la dictadura de Díaz. Para Piccato, la rebelión maderista dio lugar a una gran diversidad de formas insurreccionales, ofreciendo a grupos locales oprimidos el acceso a medios para saldar cuentas por enemistades personales, avanzar en intereses políticos o defender el acceso colectivo a recursos. La premisa del Plan de San Luis sobre canalizar el combate abierto por la movilización urbana al servicio de la transición democrática tuvo resultados explosivos. La experiencia de la violencia revolucionaria fue regionalmente diferenciada. Y sus saldos crecieron con la “pacificación” que siguió al triunfo electoral de Madero hasta multiplicarse exponencialmente con la lucha entre facciones. La Decena Trágica marcó un parteaguas en la estructura de la violencia, pasando de una dosificada para negociar la rendición, a una guerra total cuyo único fin era eliminar al enemigo. Este cambio se registra en las arbitrariedades cometidas contra prisioneros: mientras maderistas y federales las habían intentado contener en 1911, se desataron desde 1913 en todos los bandos.

La violencia revolucionaria no estuvo exenta de racismo, lo mismo en las campañas “genocidas” del ejército federal dirigido por el general Juvencio Robles contra los zapatistas en Morelos, que en las filas revolucionarias contra los indios del noreste o los inmigrantes chinos en Chihuahua y Torreón. La experiencia de la violencia fue cristalizada en representaciones sociales que marcarían la memoria colectiva a través de los motivos visuales de la fotografía de cuerpos apilados en la ciudad de México o de películas como El automóvil gris, y también en la narrativa de novelas como Cartucho de Nellie Campobello. El recuerdo de la Revolución, afirma Piccato, vendría aparejado de batallas y ejecuciones, escasez y carestía, hambre y muertes por inanición, epidemias, incendios de pueblos y desplazamientos forzados, saqueos y crimen, indignidades cometidas contra población civil, inflación monetaria por cambios continuos en la circulación de billetes. El régimen emanado de 1917 instaló un discurso que justificaba las crueldades de la violencia porque había permitido abolir el antiguo régimen.

El México posrevolucionario siguió siendo el país mayormente rural de finales del siglo XIX, caracterizado por grandes desigualdades en términos de acceso a tierras, aguas y trabajo. Lo que cambió fue la disponibilidad de armas y la multiplicación de voces que reclamaban justicia, como movimientos agraristas paulatinamente incorporados a la estructura corporativa del partido oficial. Para líderes como Calles, Múgica y Cedillo, armar a campesinos fue un riesgo calculado para combatir a enemigos del nuevo Estado, como cristeros o escobaristas. La violencia por la tierra que marcó la década posterior a la Revolución favorecía tanto a campesinos que demandaban el reparto agrario y ocupaban tierras como uso estratégico de la violencia, como a nuevos terratenientes más propensos que sus antecesores porfirianos a usar la violencia contra quienes los desafiaran, echando mano para ello de defensas rurales y guardias blancas.

El “guion revolucionario”, como lo llamó Christopher Boyer, fue una nueva forma de hacer política que legó la lucha revolucionaria, proveyendo a caciques y agraristas de un nuevo lenguaje para formular sus agravios y para justificar el uso de la fuerza. Piccato subraya la coexistencia tensa, en esta forma de violencia, entre las normas legales y aquellas asociadas con prácticas informales e identidades étnicas. Sigue a Knight en la valoración de la violencia agraria (que careció de grandes batallas como en la década anterior, pero no de numerosos encuentros) como un aspecto de la modernización, no producto de la ausencia de recursos institucionales de resolución de conflictos sino coexistiendo con ellos. Al usarla para colectivizar tierras azucareras en Morelos, henequeneras en Yucatán o algodoneras en La Laguna, las emergentes ligas campesinas debieron apelar al guion revolucionario para no perder el apoyo de gobernadores o aliados en la capital.

La relación entre violencia y religión es materia del tercer capítulo. Para Piccato no es errado afirmar que su historia se remonta, como mínimo, al periodo Posclásico, adoptando formas específicas con el transcurso del tiempo (las guerras floridas, la extirpación de la idolatría, la emancipación del yugo español, la resistencia a un gobierno que amenazaba el statu quo, la rebelión en Tomóchic). Pero durante la Guerra Cristera adquirió su forma más mortífera. El anticlericalismo secularizador de la élite posrevolucionaria “acudió a la violencia simbólica y material para contrarrestar lo que veía como fanatismo” (p. 77), al tiempo que el integrismo católico tomó las armas para combatir a los enemigos de Dios. Si bien creencias religiosas habían estado presentes entre los hombres de la Revolución con el espiritismo de Madero, la masonería de Carranza, el deísmo de Carrillo Puerto y el protestantismo de Calles, afirma el autor, el anticlericalismo promovió una campaña de regeneración del pueblo mexicano para competirle a la Iglesia católica la influencia cultural sobre la población.

Piccato propone interpretar la ritualidad de los actos de violencia anticlerical como el origen de un orden nuevo para sus actores. El año 1926 representó la disrupción de prácticas cotidianas que permitían a los feligreses obtener los sacramentos y pedir la ayuda de los santos y la Virgen. La suspensión de cultos significaba la ausencia de lo divino a través de sus mediadores. El artículo 130 había habilitado a la facción intransigente de los revolucionarios a usar la coerción no como mero jacobinismo sino en estricto cumplimiento de la ley. Por su cuenta, el bando de los católicos en armas recurría a la noción de guerra justa para santificar su cruzada y dar la vida en defensa de la religión de Cristo. El carácter performativo y publicitario de los actos de violencia fue un común denominador entre ambos grupos. Si unos linchaban a ministros de culto, los otros hacían lo propio contra maestras rurales. Estos y aquellos invistieron con el aura del martirio a sus muertos. La sangre vertida purificaba a la nación para su causa.

Si bien para la década de los cuarenta cesaron las guerras civiles y disminuyeron las luchas por la tierra y por conflictos religiosos (lo que dio lugar a la narrativa de la estabilidad política y el mito de la pax priista), Piccato expone que, desde la experiencia de la mayoría de la gente, se observó una nueva forma de violencia, la de los pistoleros. El cuarto capítulo despeja la aparente contradicción entre la tendencia estadística de disminución del crimen violento y la normalización de un “alfabetismo criminal” entre los mexicanos. El autor propone explicar el pistolerismo a partir de la intersección entre crimen y poder en una época en que el concepto “corrupción”, si bien ya sonaba, no estaba revestido con las valoraciones morales que se construirían posteriormente.

La tesis de este apartado afirma que, en las décadas posrevolucionarias, la impunidad selló la vinculación entre la política y el delito dentro de una cierta economía ilegal que no necesariamente era reprobada desde la perspectiva moral de la época, “la debilidad de la policía y el sistema judicial creó un mercado para la violencia que proveían los pistoleros y controlaban los caciques. Sólo cuando la violencia se salía de causa, intervenía el ejército” (p. 128). Recurriendo a fuentes como las memorias de Gonzalo N. Santos o prensa del periodo, se deja constancia de que uno de los fundamentos del alfabetismo criminal era la consciencia de que los límites entre las fuerzas policíacas y los pistoleros eran más bien borrosos (en ocasiones, francamente inexistentes), como cuando se trataba de los grupos armados al servicio de Manuel Parra en Veracruz o Maximino Ávila Camacho en Puebla.

También se diluyeron los límites entre el narcotráfico y el complejo contrainsurgente. Si figuras como el Negro Durazo personificaban al policía-pistolero, otras como Nazar Haro muestran que la persecución de guerrilleros podía ejecutarse en paralelo a la distribución de drogas. Y es aquí donde el capítulo anterior da paso natural al quinto: la represión estatal y la violencia insurgente. “Tanto quienes buscaban la revolución como los que deseaban impedirla creían que la violencia era inevitable y eficaz. Sería un error, sin embargo, establecer una simetría entre los dos bandos, o incluso decir que había dos bandos. Mientras que los guerrilleros nunca estuvieron a punto de asaltar el poder, las fuerzas del Estado siempre tuvieron la ventaja estratégica” (p. 163). Desde Jaramillo, quien condensaba a tantos que luchaban por derechos enfrentándose a la fuerza de expertos en violencia que actuaban al cobijo de la impunidad, y la represión tajante contra el movimiento ferro carri le ro y los henriquistas, numerosos sectores de las izquierdas se convencieron de la imposibilidad de alternativas negociadas. El acto inaugural de la vía armada en la historia de la guerrilla sería el asalto a Madera en 1965. Para las insurgencias, afirma Piccato, la violencia revolucionaria tenía una función prioritariamente didáctica que no necesitaba de grandes victorias, sino del heroísmo de sus combatientes (una continuidad del martirologio).

La Guerra Sucia “fue un modo de operación adoptado gradualmente por el Estado, de manera oculta para evitar restricciones legales, sin interrupción de los derechos civiles, pero dentro de una concepción militarizada del conflicto” (p. 198), diluyendo la posibilidad de adscribir responsabilidad penal a las autoridades políticas por las técnicas contrainsurgentes propias de la doctrina de guerra de baja intensidad. El capítulo radiografía a los movimientos guerrilleros y muestra cómo, antes que las vertientes ideológicas (que las había, con libros de Guevara, Debray o Marighella), fueron las experiencias locales las que marcaron sus rutas. El lector encontrará interesantes claves sobre el papel desempeñado por Cuba, el tenor de las relaciones entre las distintas insurgencias y sus imbricadas genealogías (del Partido de los Pobres, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Movimiento de Liberación Nacional a grupos como los Enfermos, los Lacandones y los Vikingos, que se terminaron agregando a la Liga Comunista 23 de Septiembre), el “discurso apocalíptico y la práctica militarista”, así como la dinámica asamblearia y la paranoia que animaba a los liderazgos, o una crítica a la forma clásica de evaluar el éxito o el fracaso de los movimientos guerrilleros.

El sexto capítulo del libro difícilmente tiene por objeto un vestigio del pasado. La violencia asociada al crimen organizado y al narcotráfico es dolorosamente presente. ¿Por qué la violencia pasó de ser un costo en los negocios ilegales en la época del grupo de Guadalajara a un activo clave en la extracción de recursos durante los enfrentamientos de los Zetas? Piccato ofrece una tesis sugerente: esa transición es resultado de la transformación de la industria misma del narcotráfico. Inseparable del pánico moral y la criminalización alentados por el conservadurismo de los gobiernos Nixon y Reagan. Al inicio, los narcotraficantes no eran expertos en violencia, sino que pagaban a quienes lo eran y “tenían una charola”. La mutación detectada en el libro se cifra en el paso de comprar policías a crear fuerzas de seguridad de tiempo completo: “la violencia pasó de una escala local, defensiva y más bien artesanal, heredada de la época de los pistoleros, a dimensiones y niveles de complejidad que se pueden caracterizar como industriales” (p. 218).

La imbricación entre la subjetividad neoliberal del emprendedor, las estructuras trasnacionales de negocios y las redes de corrupción tendidas sobre todo el aparato estatal expuesta en estas páginas en torno a Félix Gallardo; así como la deconstrucción del mito del narcotraficante como gente del pueblo, el análisis de las cartografías de la violencia y el recuento del desplazamiento forzado interno a causa del control territorial, son de especial atractivo argumental. El reciente fallo en los tribunales estadounidenses declarando culpable de narcotráfico y delincuencia organizada a Genaro García Luna, por su colusión con el cártel de Sinaloa, confirma lo denunciado por tantas personas: la idea de que el Estado debía recuperar su integridad no fue más que retórica justificando la militarización (continuada por el militarismo² del gobierno de López Obrador). La realidad fue que el Estado fue puesto al servicio de la ilegalidad.

El libro cierra con un apartado dedicado a la violencia de género experimentada durante el siglo XX por las mujeres y las personas de la diversidad sexual y de identidades de género no binarias. Las manifestaciones de la violencia incitada por el orden patriarcal se han expresado desde el “terrorismo sexual” que ocurre en familias o calles, hasta el feminicidio y los crímenes de odio. A través de casos como los de Las Poquianchis, las Muertas de Juárez y los juicios a Camargo, de Landa y Morfín, el autor ofrece un cuadro que da cuenta del papel del honor masculino y la defensa de la feminidad en la violencia de género, del contraste entre los números oficiales registrados en procesos judiciales y los reportados por las encuestas sobre victimización, de la separación de lo público y lo privado aparejado a la categoría de “crimen pasional” como un espacio de impunidad para el abuso doméstico. Cómo, en fin, toda violencia es violencia de género.