I. Introducción.

La necesidad de entender el origen y significado del Estado es muy antigua y la historia política se ha encargado de darnos a conocer su evolución a través del tiempo; el derecho político identifica al Estado como un ente soberano, autor y sostenedor del orden jurídico positivo, mientras que la sociología política nos muestra a ese mismo ente, poseedor del poder supremo, rodeado de otras estructuras sociales de poder limitado y por tanto subordinadas; en suma, nos encontramos en la actualidad con una estructura complejísima, con un poder inmensurable, con funciones muy diversificadas y con un radio de acción casi ilimitado.

Pero para que se diera la formación del Estado, era necesario que esos fenómenos políticos se fueran desarrollando y evolucionando, que hubiera órganos encargados de realizar todas las actividades indispensables para la comunidad, y así poder conformar esa estructura compleja de la que hablamos. Entonces, ¿De dónde viene el Estado? Este cuestionamiento proveniente de muchos siglos atrás, es decir, desde que el hombre ha tenido que mandar y gobernar y al mismo tiempo obedecer, pero dicho cuestionamiento jamás ha sido de fácil solución o definición.

Debemos entender que la justificación del Estado, es un problema distinto a lo que es el origen del Estado, el cual debe de ser estudiado por separado, ya que no es lo mismo preguntarse ¿Por qué surgió el Estado y de dónde viene? a ¿Por qué debe existir el Estado y para qué? Esta segunda cuestión relativa a la justificación del Estado tiene respuesta en los argumentos que atienden tanto al área del derecho como de la sociología y de la ciencia política.

Es cierto, que el tema de Seguridad Pública como concepto jurídico que representa importantes repercusiones dentro la sociedad¹, y en general como fundamento o justificación de la propia existencia del Estado y, por ser un problema tan complejo que aún los especialistas en la materia no alcanzan a comprender muchos de sus efectos², no debe de estar sujeto ni a Plebiscitos ni a Referéndum, ni deben de estar orientadas sus acciones ni siquiera como factor mucho menos como fundamento a lo que el común de la sociedad diga o piense, ni a la influencia derivada de las encuestas que a últimas fechas se promocionan por los medios de comunicación.

No obstante, si partimos de la idea de que la principal función que tiene el Estado tiene que ver con funciones de seguridad pública, justicia y paz social y, que como tal, al igual que otras funciones del estado, ésta es deficiente³ y se hace de forma inadecuada⁴, es entonces cuando encontramos a la sociedad civil haciendo funciones que no le corresponden e infringiendo en mayor o menor medida acciones que distan mucho de encontrarse dentro de un plano de legalidad o constitucional.

Así podemos encontrar hoy en día a las personas viviendo enjauladas, con rejas hasta en los patios, con cercas electrificadas o en conceptos de cerradas, incluso cubriendo los espacios a veces de vigilancia comunitaria sin una preparación mínima y sin la comprensión suficiente de los fenómenos de los que se pretende proteger, estableciendo políticas privadas en donde deberían figurar políticas públicas de criminalidad o seguridad e infringiendo derechos de terceros bajo el pretexto y la justificación de la seguridad de su vida, propiedades o derechos o de la vida, propiedad o derechos de terceras personas con quienes se asocia o agrupa. En materia de impunidad, Sonora tiene grado de impunidad alta, colocándose en la posición 6 a nivel nacional. Además, la cadena impune es alta: de 30,757 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en el 2021⁵, solo hubo 2,953 sentenciados (IGI-Mex 2018).

En atención al tema que nos ocupa⁶, pareciere que las personas ya no pueden vivir si no es en sistemas cerrados o de vigilancia que ellas mismas sufragan concomitantemente a la función del Estado⁷. Los desarrollos inmobiliarios han aprovechado esos espacios públicos de discrecionalidad y ya no ofrecen otro concepto más a las personas, más que el de cerrada ya sea en propiedad libre sin limitación o bajo el régimen de condominio, pero en todos los casos con el plus de que sus propiedades y derechos serán mejor resguardados bajo dicho sistema.

II. Discusión.

Ante ese escenario, el Gobierno Federal buscando la protección de todas las personas en México⁸, en Junio del 2011 promovió una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de modificar la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformó diversos artículos, estableciendo un cambio de paradigma al abandonar el esquema de “Garantías Individuales” por el de “Derechos Humanos”, con el propósito de introducir entre otras cosas, lo que los estudiosos del tema han denominado el Control de la Convencionalidad para dotar a las personas del principio protector de derechos de amplia escala “Pro Homine” o “Pro Persona” . En el mismo sentido, las Fiscalías de Justicias de los Estados atendiendo a reclamos sociales crearon organismos específicos y exclusivos para el combate a los delitos en materia de Anti corrupción y Delitos Electorales, los cuales en Sonora no han arrojado buenos resultados.

Bajo ese esquema de realidades, las colonias existentes y los nuevos desarrollos inmobiliarios, por acuerdo de los vecinos y residentes, y obviamente por autorización de los Ayuntamientos, han tomado la decisión de cerrar los accesos al público general, cerrando calles de entrada y salida, las laterales y bardeando los límites de las colonias, sin permitir a personas ajenas a las mismas el acceso⁹, quedando solo libre para los residentes y propietarios de los inmuebles que se encuentran dentro de los límites de las colonias y a veces con complicaciones para quienes de alguna forma no se sometan a las decisiones de las mayorías de dichas cerradas¹⁰, constituyéndose de tal forma como mini feudos a los cuales en muchos de los casos ni la autoridad se atreve a intervenir en las decisiones de quienes ejercen en determinado momento las decisiones de las mesas directivas de tales reinos.

Derivado de lo anterior, en el caso de los desarrollos nuevos, normalmente con el propósito de estar en condiciones de elevar el precio de los inmuebles y de mantener una paz relativa al interior de las cerradas evitando conflictos sobre quienes si están en condiciones de pagar una cuota de mantenimiento y quienes no o quienes se niegan por algún otro motivo, al principio los gastos que origina el acceso y seguridad de la colonia corren por cuenta de la inmobiliaria, y posteriormente, una vez vendidos los inmuebles, las inmobiliarias se desentienden y los gastos y administración de la cerrada quedan por cuenta de los residentes. Por acuerdo de los vecinos, se forma una mesa directiva de la Colonia tratando de incluir al mayor número de residentes procurando preferentemente que sean todos ellos, y se establece una cuota voluntaria mensual para el mantenimiento y mejora de la colonia cerrada, la cual, con el tiempo va incrementándose por acuerdo de los vecinos más activos, hasta llegar la cuota voluntaria a cantidades que varían en atención a las instalaciones¹¹, áreas verdes, casa club, alberca, parques, canchas, personal de seguridad privada y sobre todo en base a la cantidad de inmuebles dentro de la cerrada a quienes les corresponde sufragar los gastos.

Sucede con frecuencia, que algunos vecinos aun y cuando no están de acuerdo en algunas determinaciones que toman solo un grupo de vecinos que se encargan de la mesa directiva de la colonia cerrada, quienes aducen que al haber sido convocados todos a las reuniones y no acudir más que tan solo algunos de ellos, se toman las decisiones que afectan a la totalidad de los residentes, pero sin justificar cuestiones fundamentales como si existió quorum, si los acuerdos tomados fueron parte de los puntos previstos a tratar, si se programó y envió en tiempo el orden del día a sesionar y otras cuestiones que desde cualquier punto lógico jurídico parecería que deberían regir la validez de los acuerdos tomados, los cuales, son impuestos a todos como si fuera una decisión democrática y los vecinos se comprometen y pagan puntualmente la cuota establecida para ello, aun cuando seguido se exigen cobros adicionales no previstos, ni necesarios para el fin primigenio que justificó la decisión de cerrar la colonia. Estos cobros a veces son para construir espacios equivalentes a verdaderos spas, clubes deportivos o para realizar mejoras en las áreas deportivas o de alberca.

III. Desarrollo.

Las obligaciones diarias y el día a día hacen verdaderamente imposible que una familia en la cual trabajan ambos padres o incluso hasta los hijos puedan disfrutar y hacer uso de las instalaciones descritas con anterioridad y seguido se escucha de ellos, que nunca han usado ni la alberca ni la casa club, ni el gimnasio o alguna de las otras áreas o lujos instalados y, no obstante al ser exigibles contribuyen al pago y mantenimiento de tales instalaciones al igual que otras familias que se encuentran en la misma circunstancias, pagando las cuotas que en un inicio se dijeron voluntarias y que cada vez se hicieron más obligatorias y más altas hasta poder cubrir los gastos de las instalaciones que cada vez más parecen destinos turísticos y procurando mantener en cuenta un fondo suficiente para mejoras y gastos no previstos y ocurrencias de quienes en determinado momento histórico de la colonia ejerza y presida las mesas directivas de las cerradas. Se constituyen como verdaderos soberanos dentro de los limites de su colonia e incluso de los alrededores de la misma.

En esa virtud, la queja constante de algunos residentes en la generalidad de las colonias cerradas es que, no obstante encontrarse al día y al corriente en sus contribuciones voluntarias que de forma mensual pagan con toda oportunidad, la mesa directiva toma la decisión unilateral y sin sentido, argumentando estar autorizados por ellos en base a la cesión de soberanía que los vecinos les otorgó, de suspender las tarjetas de acceso libre a la cerrada a algunos residentes, limitando por tanto el libre tránsito a su domicilio, en contra de varias familias que por alguna razón no estuvieron de acuerdo en aportar alguna cantidad adicional para mejoras de alberca, casa club, áreas verdes o alguna otra cuestión de importancia menor que nada tiene que ver con la seguridad de la propiedad y de quienes habitan en ellas, retrasando en su perjuicio la posibilidad de ingresar a su propiedad y hogar por tener que acceder en muchos de los casos por la puerta de visitas mediante una clave de acceso que redirecciona a un número de teléfono para poder autorizar el acceso, a alguna tarjeta de acceso retardado, o mediante la aplicación de alguna clave a algún número telefónico o la asistencia previo registro de algún guardia de seguridad privada que hace más bien un servicio de portería que de seguridad. Debemos dejar perfectamente claro y sentado, que la deliberada determinación de las mesas directivas en ese sentido, es completamente ilegal, ilegitima y sin derecho, no encontrando ninguna justificación que la legitime o faculte.

Pareciera que los argumentos que exponemos en la presente publicación son sacados de algún cuento o de alguna novela u ocurrencia infundada¹²; sin embargo, somos tantos los mexicanos que vivimos ahora en estos conceptos de cerradas, que a quienes les preguntemos si se han encontrado bajo estos supuestos, encontrarán en ellos una similitud en menor o mayor medida ya sea por que los hemos sufrido en carne propia o porque sabemos y nos hemos enterado que nuestros vecinos han sido victimas de tales acciones. Estas situaciones que a diario suceden en la generalidad de los ayuntamientos de nuestro país, revelan el grado de descomposición social que estamos enfrentando, y las acciones de quienes se sienten soberanos del cargo provisional y honorífico que ostentan dentro de su barrio o colonia son violatorias de las más elementales normas Constitucionales, de urbanidad y desarrollo inmobiliario autorizadas por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, y por los Reglamentos de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para los Municipios, así como de las leyes que regulan la materia en cada ayuntamiento y entidad federativa, por tanto, cualquier determinación en esos sentidos mencionados, no encuentran sustento ni fundamento legitimo alguno en ninguna legislación Federal, Estatal o Municipal ni reglamentación que derive de ellas.

Históricamente se ha escrito mucho acerca de los derechos, algunos autores suelen nombrar indistintamente derechos individuales, derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales, de manera inconscientemente como si fueran sinónimos. La modernidad por medio de los avances tecnológicos, específicamente con los relativos a las comunicaciones que ha traído como consecuencia la globalización, ha complejizado aún más el tema al introducir otra serie de concepciones adoptando criterios tales como derechos de grupo, derechos de minorías, derechos sociales, derechos difusos, derechos de tercera generación o dimensión, aunque de estos últimos se ha dicho mucho que al ser derechos de comunidades o regiones no caben, por tanto, dentro de la categoría de derechos fundamentales¹³, pero pertenecen a una lista no cerrada de derechos que se espera aumente como efecto de la publicidad transnacional del reclamo de derechos humanos. (G. Yescas. 2011. P. 25)

En efecto, se trata de violación de derechos humanos, de derechos fundamentales y de garantías constitucionales que, en acciones que derivan en manos de particulares son incluso en muchos de los casos, constitutivas de delitos, por lo que, con independencia de si, -en el caso que nos ocupa- algún residente dentro de una colonia cerrada se encuentre al corriente de los pagos mensuales que de buena voluntad haya venido aportando para el mantenimiento de su Colonia, aun en el caso no consentido de negativa, incumplimiento o retraso, ello no autoriza ni justifica como posibilidad a sus vecinos, a quienes presidan la mesa directiva o a los administradores o guardias de la cerrada, a la suspensión de cualquier elemento electrónico o físico que de alguna forma retrase, disminuya, perjudique, cause molestia o niegue el acceso a sus domicilios; antes bien, como se apuntó en líneas atrás, dichas acciones son violatorias de derechos humanos y garantías constitucionales de las personas, pues por lo menos, entre otros, violentan los derechos fundamentales siguiente:

Todos los anteriores derechos fundamentales o humanos mencionados, se encuentran previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, al ser suscritos y celebrados por el Presidente de la República Mexicana con aprobación del Senado de la República y, los cuales, constituyen nuestra ley suprema del país, pues así lo ordena nuestra Constitución Federal en su artículos 1 en relación con el 133, al disponer imperativamente, solo en lo que interesa, lo siguiente:

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de Febrero de 1857

IV. Conclusión.

La existencia del Estado, se justifica en la medida que rige la vida de los gobernados, garantizando la igualdad de derechos para todos y cumpliendo con los demás fines para los que fue creado originalmente, los cuales, se reducen a dos palabras, “Bien Común”¹⁹.

La Seguridad Pública, como concepto jurídico que representa importantes repercusiones dentro la sociedad, y en general como cometido esencial de su función, fundamento o justificación de la propia existencia del Estado, y por ser un problema tan complejo del que aún los especialistas en la materia no alcanzan a comprender muchos de sus efectos, no debe de estar sujeto a Plebiscitos ni a Referéndum, ni deben de estar orientadas sus acciones ni siquiera como factor mucho menos como fundamento, a lo que el común de la sociedad diga o piense, tampoco puede quedar en manos de particulares el control de temas vinculados de alguna u otra forma en cuestiones de seguridad²⁰.

La realidad de que las personas se encuentren viviendo enjauladas, con rejas hasta en los patios, con cercas electrificadas o en conceptos de cerradas, tiene como motivación los pobres resultados que en materia de seguridad y justicia arrojan los datos públicos gubernamentales, las noticias, medios informativos y redes sociales exponen la problemática y la percepción de la ciudadanía orilla a las persona a cubrir los espacios a veces de vigilancia comunitaria sin una preparación mínima y sin la comprensión suficiente de los fenómenos de los que se pretende proteger, estableciendo políticas privadas en donde deberían figurar políticas públicas de criminalidad o seguridad, con lo que comúnmente se comenten violaciones de derechos de terceros bajo el pretexto de actuar en protección de la seguridad de su vida, propiedades o derechos o de la vida, propiedad o derechos de terceras personas con quienes se asocia o agrupa.

Este tipo de hechos muestran que en la sociedad actual los escenarios de conflicto se multiplican y que los mecanismos de control tradicionales no sólo presentan fallas estructurales, sino que, cada día se cuestiona más su legitimidad. La seguridad junto con la inequidad y la pobreza, constituyen sin duda una de las grandes tareas con las que el Estado mexicano inicia el presente siglo.

Debemos retornar al Estado de Derecho y jugar las reglas del juego con las normas de la legalidad y de la constitucionalidad evitando la transgresión de derechos de las personas que no compartan nuestras percepciones, pues ninguna autorización administrativa podrá pasar por encima de los derechos fundamentales ni por mayoría ni por unanimidad de quienes participen en la determinación. Deben considerarse los instrumentos jurídicos de garantía para asegurar el pago de las obligaciones comprometidas, los cuales son instrumentos previstos y regulados por las leyes y de fácil utilización en vez de violentar esquemas inadecuados mediante la ocupación y obstrucción de espacios públicos y dejar a la autoridad las cuestiones de orden público en las que los ciudadanos sólo podemos coadyuvar sin ejercer funciones de autoridad.

La autoridad debe vigilar muy de cerca la actuación de los vecinos que ocupen los cargos de las mesas directivas de los barrios o las colonias cerradas, sin permitir los abusos o violaciones de derechos fundamentales o la comisión de delitos en perjuicio de los propios residentes, ya que la autorización administrativa provisional otorgada, siempre tiene como fundamento evitar precisamente ese tipo de supuestos que en nada coadyuvan con los temas de dignidad personal y vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, informando y acercando la actuación de las autoridades y la posibilidad de denunciar cualquier violación en los ayuntamientos a los que pertenezca el quejoso.