Introducción

El sur de México ha experimentado un notable crecimiento en los procesos migratorios contemporáneos, que se han intensificado gradualmente desde principios del siglo XXI hasta el punto más crítico de concentración migrante durante y después de la emergencia sanitaria del COVID-19. Las diversas poblaciones migrantes en esta región, provenientes de diferentes partes del mundo, representan la convergencia de los corredores migratorios americanos, originados en el Cono Sur, desde donde se van sumando personas a lo largo del continente, cuyo destino principal es Estados Unidos. En este contexto, en el presente artículo se identifican, describen y analizan las transformaciones recientes en las dinámicas transfronterizas del sur mexicano, particularmente en la ciudad de Tapachula, Chiapas, el principal punto de tránsito migratorio en la región (^{Rojas y Ángeles, 2023}).

La primera sección parte de una breve caracterización de la frontera sur de México, para después recuperar la noción de externalización de las gestiones migratorias, cuyo término sirve de sustento conceptual para identificar cómo se extienden los límites del control territorial de un Estado nacional con el fin de ejercerse en las fronteras geográficas de otros. Desde una revisión a la literatura académica y periodística, en este apartado se señalan los mecanismos de gestión migratoria extraterritorial que se despliegan a través de iniciativas de política exterior, cuyos objetivos son el reforzamiento de la seguridad fronteriza para contener el tránsito migrante, así como la implementación de programas de desarrollo económico regional que buscan desincentivar la movilidad, involucrando a países de origen, tránsito y destino de las migraciones. También se hace mención a otras formas en las que se manifiesta la externalización, como la utilización de figuras de protección internacional y la presencia de organismos transnacionales de corte humanitario para la asistencia a personas migrantes en puntos clave del tránsito.

En la segunda parte del texto se hace un breve repaso cronológico de las estrategias de la externalización fronteriza en el sur mexicano, a partir de los programas federales y acuerdos binacionales en materia migratoria que se han implementado desde finales del siglo pasado. Posteriormente, se analizan los efectos concretos de estas políticas mediante aproximaciones etnográficas recientes, construidas a partir de la observación y el diálogo con personas que ocupan los espacios públicos de Tapachula. La emergencia sanitaria por el COVID-19 marcó un punto de inflexión en las dinámicas transfronterizas de la región, pues al mismo tiempo que concentró y contuvo a grandes cantidades de personas migrantes en la ciudad, evidenció las estrategias de externalización de las gestiones migratorias instaurando entornos de (in)movilidad. En este contexto, emergieron tensiones sociales derivadas de la estancia prolongada e involuntaria de personas migrantes, forzadas a permanecer en la ciudad por períodos indefinidos debido a la ralentización de los trámites migratorios.

Hacia el cierre del artículo, la revisión diacrónica de los procesos que han configurado un entorno fronterizo externalizado se traslada a la dimensión social, a partir de la identificación y descripción de las transformaciones en las interacciones cotidianas entre habitantes permanentes y temporales en los espacios públicos. Entre las situaciones observadas destacan el surgimiento de prácticas económicas impulsadas por la presencia migrante en Tapachula, el aumento del encono social derivado de la convivencia forzada entre la población local y grupos migrantes, así como las estrategias colectivas para sostener el tránsito, como la organización constante de caravanas y el establecimiento de campamentos temporales en espacios públicos.

Reconfiguraciones transfronterizas en el sur de México

Las fronteras del sur de México desarrollan diversos procesos transfronterizos con Guatemala y Centroamérica de larga data, a los que se han integrado otras formas de movilidad humana provenientes de América del Sur, el Caribe y, desde hace algunos años, de diferentes partes de todo el mundo (^{Cinta Cruz, 2020}; ^{Rodríguez Chávez, 2016}), que mayoritariamente tienen como destino Estados Unidos. En estos espacios se circunscriben perfiles migratorios diversos, entre los cuales la migración indocumentada es la más frecuente. De acuerdo con los informes de la ^{Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (2024)}, esta forma de migración ha crecido a tal grado que ha alcanzado los 925 085 registros tan solo de enero a agosto de 2024, cifra que desde el sesgo gubernamental pone de relieve la magnitud de los procesos migratorios que atraviesan el país.

Otros datos estatales sobre la movilidad contemporánea que transita por el territorio mexicano fueron los que en su momento presentó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en su portal de internet, donde reportó que, desde 2014, se registró un incremento gradual en las solicitudes de reconocimiento como persona refugiada en el país, con registros que ascendieron hasta alcanzar récords históricos.⁴ Al mismo tiempo que estas solicitudes mostraban un crecimiento inédito, el estado de Chiapas, y principalmente la sede de la COMAR en Tapachula, se posicionó como la delegación que ha presentado la mayor cantidad de solicitudes de protección internacional en el país. Estas referencias estadísticas, así como los cuantiosos flujos migratorios observados en la región durante las primeras décadas del siglo XXI, posicionan a esta cabecera municipal chiapaneca como el punto más activo para el tránsito migratorio de la zona.

Ya sea por el incremento de personas migrantes en situación indocumentada o bajo esquemas de protección internacional, es evidente que en años recientes los flujos migratorios han alcanzado niveles extraordinarios. Esta situación se ha hecho visible tanto en la frontera norte como en la sur del país, alterando las dinámicas transfronterizas que hasta hace poco eran habituales en estos linderos. La emergencia sanitaria del COVID-19 agudizó este escenario, y detonó procesos que evidencian la forma en que México gestiona la migración, en consonancia con las políticas migratorias de Estados Unidos. Dichas políticas se implementan en el sur del país de manera extraterritorial, lo que consolida la percepción de que México actúa como una extensión de la frontera estadounidense (Varela Huerta, 2019) al gestionar remotamente la migración desde sus confines meridionales.

Antes de abordar las prácticas de externalización de la gestión migratoria, es necesario partir de la premisa de que el sur mexicano presenta características distintivas respecto al contexto del norte del país. Si bien ambas fronteras son atravesadas por complejos procesos de tránsito migratorio, cada una presenta particularidades en dimensiones diferenciadas, como los mecanismos de control (Border patrol, Guardia Nacional, ejército), los actores involucrados (personas migrantes mexicanas, gobiernos estatales fronterizos, organizaciones no gubernamentales) y los programas de gestión migratoria (Protocolos de Protección a Migrantes, Plan Frontera Sur). La frontera norte ha sido históricamente un espacio para la aplicación directa de políticas binacionales con alto impacto mediático. La colindancia directa con el territorio estadounidense permite un constante despliegue del espectáculo fronterizo (^{De Genova, 2018}) que representa la vigilancia de los límites geográficos por parte de las fuerzas estatales y civiles estadounidenses.

A diferencia de la frontera sur, donde la externalización opera como un desplazamiento literal de controles migratorios más allá de los límites nacionales, en el norte, la externalización adopta formas funcionales: no traslada fronteras físicas, sino que externaliza responsabilidades mediante políticas de asilo extraterritorial, cooperación militarizada y presión diplomática para que México actúe como filtro migratorio (^{Zaiotti, 2016}).

En el otro extremo, en las regiones del sur, aun con la exuberante naturaleza representada por las altas tasas de biodiversidad en la zona, predominan una pronunciada precariedad económica y las desigualdades sociales. La pluralidad étnica de la región, junto a los grupos que se fueron asentando a partir de diversos procesos migratorios en épocas prehispánicas, coloniales y posteriores (^{De Vos, 1992}), ha forjado un entorno multicultural propicio para tensiones e intercambios de diversa índole entre territorios geográficos y culturales que fueron fragmentados por fronteras políticas impuestas. Desde una perspectiva histórica, la definición de los límites espaciales en la zona sur, tanto entre entidades, como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán -y la fracción territorial que después se convertiría en Quintana Roo-, como de los linderos con Guatemala y Belice, fue resultado de largas negociaciones y conflictos (^{Castillo et al., 2006}), muchos de los cuales no solo se mantienen latentes e irresueltos, sino que en ciertos momentos se han agudizado, provocando episodios de pugna territorial y disputas espaciales (^{Basail Rodríguez, 2016}).

En estas zonas, los vínculos históricos con Centroamérica son evidentes a través de los flujos e intercambios poblacionales cotidianos entre regiones y países, motivados por migraciones desarrolladas en diferentes temporalidades (^{Castillo y Toussaint, 2015}; ^{Martínez, 1995}). En este sentido, es preciso apuntar que, desde la conformación de los Estados nacionales mexicano y centroamericanos, en la región se han compartido escenarios como la explotación intensiva de recursos naturales, el enriquecimiento oligarca cobijado por gobiernos y regímenes políticos autoritarios, así como el intervencionismo político de potencias mundiales. Como respuesta a estos contextos, se han conformado movimientos sociales, levantamientos armados indígenas y movimientos paramilitares, tanto en países centroamericanos como en el sur mexicano, para impugnar los modelos políticos y económicos que han mantenido a gran parte de la población en condiciones paupérrimas (^{Pettinà, 2018}). La conjunción de todos estos factores ha generado un entorno de inestabilidad social plagada de diferentes violencias o amenazas para la población residente y migrante, las cuales, sumadas a la precariedad económica y otros factores como los desplazamientos por causa de los desastres naturales o el cambio climático, representan los principales motores de la movilidad humana autónoma o forzada.

Esta somera visión panorámica de las zonas fronterizas del sur no solo busca dar cuenta de su complejidad, sino también destacar cómo a lo largo del siglo XXI, y con mayor intensidad tras la emergencia sanitaria internacional, los procesos migratorios que las atraviesan han aumentado significativamente tanto en volumen como en diversidad de nacionalidades. Por estas regiones están ingresando diferentes poblaciones en tránsito como parte de los corredores migratorios americanos, entendidos como espacios sociales de carácter transnacional que se forman y se transforman con el paso de diversas movilidades migrantes (^{Faist, 2015}), los cuales están moldeados por la conflictividad, el control fronterizo y la movilidad, afectando las dinámicas sociales de los espacios por donde atraviesan (^{Álvarez Velasco et al., 2021}). Ante esta circunstancia, la respuesta estatal de los gobiernos, tanto de Estados Unidos como país destino, como de México en su papel de territorio de tránsito, ha consistido en la implementación de programas y estrategias de gestión migratoria que se ejecutan desde este nodo del tránsito en el sur de México.

La externalización de las gestiones migratorias implica que el control fronterizo de un país de destino se ejerza más allá de sus límites geográficos, desterritorializando las fronteras para desplegarlas en Estados de origen o tránsito (^{Naranjo Giraldo, 2014}). Esta práctica se materializa mediante la militarización de las fronteras, la construcción de barreras físicas, la firma de acuerdos internacionales, o la reconfiguración de los marcos de protección humanitaria para asignar asilo político o refugio. Su lógica se basa en un discurso colaborativo entre países involucrados en los flujos migratorios (^{Santi, 2022}), con el objetivo de disuadir, frenar o dificultar la movilidad de personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Aunque en las siguientes secciones se mostrarán ejemplos concretos de cómo han sido implementadas estas estrategias en el sur de México, conviene destacar la relación que se desarrolla entre la transferencia de fondos económicos internacionales y el otorgamiento de asistencia humanitaria.

Una de las estrategias más utilizadas en el plano transnacional está representada por los programas de apoyo económico desde países destino hacia países de origen y tránsito de las migraciones, los cuales tienen la intención de incentivar el desarrollo regional para que las movilidades disminuyan. Estos incentivos económicos han resultado convenientes para los países de origen y tránsito de la migración, pero están lejos de representar una solución estructural que modifique las tasas de emigración, como dicta la naturaleza de su cumplimiento (^{París Pombo y Díaz Carnero, 2020}).

Por otro lado, este financiamiento también está destinado a fortalecer los controles fronterizos principalmente en países de tránsito o que colindan con los de destino, como es el caso de México con Estados Unidos o Marruecos con España (^{Lo Coco y González Hidalgo, 2021}; ^{Torre-Cantalapiedra y Yee-Quintero, 2018}). Otro de los objetivos de estos acuerdos ha sido reforzar la presencia militar o de cuerpos de seguridad migratoria en las fronteras de los países de tránsito; en estos espacios se han endurecido los dispositivos de vigilancia y se han construido estructuras físicas de contención como parte de una estrategia de seguridad. Estas acciones han empujado a las personas migrantes a elegir entre mantenerse en la clandestinidad indocumentada, lo cual les obliga a recorrer rutas controladas por grupos criminales que lucran con los cuerpos migrantes, o solicitar protección humanitaria internacional, la cual presuntamente garantiza un tránsito seguro.

A propósito de esta disyuntiva, otra herramienta de la externalización de las gestiones migratorias se ha vinculado a los procesos de solicitud y otorgamiento de protección humanitaria, cuya figura remite a una práctica que históricamente ha procurado la seguridad de personas migrantes, cuya integridad personal está en riesgo dentro de sus países de origen. La protección humanitaria se apoya en un esquema institucional y político de carácter internacional, conformado por sistemas legales que instan al desarrollo de esta protección y que incide sobre los países signatarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (^{Fitzgerald y Arar, 2018}).

Ante la constante y numerosa llegada de personas migrantes que intentan ingresar a territorio estadounidense, en la frontera norte se han implementado políticas transnacionales que trasladan a México parte de la responsabilidad en la gestión de las poblaciones solicitantes de protección internacional, particularmente bajo la figura del asilo, otorgado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las cortes de inmigración de Estados Unidos. La petición de asilo se suele iniciar cuando las personas migrantes ya se encuentran en territorio estadounidense o en un puerto de entrada. En el contexto del sur mexicano, la figura más socorrida es la del refugio, gestionada por la Secretaría de Gobernación a través de la COMAR, basada en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Aunque ambos términos aluden a mecanismos de protección humanitaria, en el marco de la política migratoria estadounidense prevalece el término “asilo”, mientras que en México se utiliza “refugio” para las solicitudes dentro del país, aunque también es posible iniciar peticiones de asilo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ambos casos, los procedimientos burocráticos han instaurado contextos de espera prolongada que, en la práctica, operan como mecanismos de disuasión para poblaciones vulnerables, que deben enfrentar condiciones precarias, incertidumbre e (in)movilidad forzada (^{Gil-Everaert et al., 2023}; ^{Miranda y Silva Hernández, 2022}).

Prácticas de externalización en las gestiones migratorias

El tránsito migratorio contemporáneo en México ha trascendido los flujos tradicionales centroamericanos, incorporando dinámicas multinacionales y hasta extracontinentales. Como se ha argumentado, esta emergencia migratoria se gestiona mediante políticas de externalización diseñadas en Estados Unidos, que posicionan a México como tercer país seguro de facto (Morales y Vargas, 2021), pese a no reconocerlo de manera oficial. En la frontera sur de México, epicentro de estos controles extraterritoriales, se han efectuado despliegues administrativos y de seguridad, como la ralentización de los trámites burocráticos que avalan el tránsito migratorio, así como el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza a través de la Guardia Nacional, el ejército y las policías estatales y municipales.

Es posible situar el origen de las prácticas de externalización con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, como el acto que posicionó a México como país-frontera (^{Ortega Velázquez, 2020}). Paralelamente, la migración centroamericana, impulsada desde la década de 1980 por crisis políticas y económicas (^{Castillo, 2005}), activó estrategias regionales alineadas con el modelo económico-político neoliberal. En 1996, el Proceso Puebla -programa multilateral promovido por la Organización Internacional para las Migraciones- introdujo el término “gestión migratoria” en las agendas políticas americanas, asociando la migración indocumentada con amenazas a la seguridad estadounidense y responsabilizando a Centroamérica por su “ineficiencia gubernamental” (^{Andrijasevic y Walters, 2010}). Pese a ello, las movilidades se mantuvieron creciendo a causa de las crisis endémicas en cada país y por desastres naturales, como el huracán Mitch de 1998.

En 2001, el Plan Sur -impulsado por la administración del presidente Vicente Fox- marcó un hito al vincular la frontera sur mexicana con la agenda estadounidense, usando el Istmo de Tehuantepec como barrera primaria de contención (^{Vega-Macías, 2022}). Siguiendo a Rodolfo ^{Casillas (2002}), este Plan erosionó la soberanía mexicana al regionalizar el control migratorio bajo criterios de seguridad. Sin embargo, sumándose a estos programas, la consolidación de la externalización llegó con la Iniciativa Mérida en 2007, alineada con la guerra contra el narcotráfico que se desarrolló durante la presidencia de Felipe Calderón. Esta política financiada por Estados Unidos transfirió, entre 2008 y 2015, 86.6 millones de dólares para militarizar la frontera sur (^{París Pombo y Díaz Carnero, 2020}; ^{París Pombo, 2022}). Los resultados de la Iniciativa Mérida incluyeron el aumento de deportaciones desde México a Centroamérica, superando las cifras de Estados Unidos (^{Martín, 2015}), y la implementación de sistemas para el registro de datos biométricos con fines de vigilancia migratoria que se caracterizó por la marcada opacidad en el manejo de la información personal (^{Neira Orjuela, 2023}; ^{Villafuerte Solís, 2017}).

En 2014, el Plan Frontera Sur (PFS) -presentado por el gobierno de Enrique Peña Nieto- profundizó en estos controles fronterizos. Bajo el pretexto de proteger a las personas migrantes que utilizaban el tren de carga conocido como la Bestia, el PFS militarizó vías de comunicación estratégicas en el sureste mexicano (^{Castro Neira, 2019}). En esta sintonía, para 2015, Estados Unidos transfería 10 millones de dólares anuales a México para contener flujos migratorios en el sur, al mismo tiempo que el PFS operaba como una política de control racista y criminalizante de doble discurso (^{Nazario, 2015}; ^{Prieto Díaz, 2022}). Por otro lado, las movilidades haitianas que ocurrieron después de 2010, tras eventos como desastres naturales, epidemias y crisis políticas en la isla (^{Vargas Canales, 2021}), así como los éxodos venezolanos y cubanos que incrementaban su presencia en estas fronteras, conformaban grandes grupos de personas que alimentaban los corredores migratorios provenientes de América del Sur y el Caribe.

Ante este escenario, la primera administración de Donald Trump exacerbó la externalización mediante la política de tolerancia cero, en la cual se utilizó la separación familiar y otras violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes, así como acuerdos de tercer país seguro con Guatemala, Honduras y El Salvador. También implementó los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) o Programa “Quédate en México”, donde se trasladaban las gestiones de asilo a ciudades fronterizas mexicanas. Del mismo modo, con la Declaración Conjunta México-Estados Unidos se acordó la militarización de la frontera sur mexicana con 6 000 elementos de la Guardia Nacional (^{París Pombo, 2022}), legitimando la estrategia que dio mayor participación a las Fuerzas Armadas sobre la seguridad interior, desarrollada por Andrés Manuel López Obrador durante su gestión presidencial (^{París Pombo, 2019}), que en un inicio utilizó un discurso humanitario que ofrecía apertura hacia los procesos migratorios en tránsito, pero finalmente cedió ante presiones estadounidenses.

La pandemia del COVID-19 intensificó estas dinámicas entre 2020 y 2023, provocando que el gobierno de Estados Unidos activara la política migratoria conocida como Título 42; con esta se expulsaron 442 000 personas migrantes impidiendo su solicitud de asilo bajo el argumento de excepción sanitaria (^{Pierce y Bolter, 2020}). Aún en la administración de Joe Biden se mantuvieron estas deportaciones masivas, que superaron el millón de personas en 2021 (^{París Pombo, 2022}). A pesar de que Biden suspendió los MPP y los acuerdos de tercer país seguro con los países centroamericanos (^{Guimón, 2021}), las prácticas de externalización siguieron operando en las fronteras de México, particularmente por medio de la gestión remota de las solicitudes de asilo mediante la aplicación móvil CBP One. El supuesto objetivo de esta herramienta tecnológica era facilitar el proceso de ingreso a Estados Unidos de manera segura, ordenada y humana, pero, en realidad, la principal función de este instrumento era sistematizar las solicitudes al funcionar como un mecanismo de selección a distancia que recopilaba datos generales y biométricos de las personas solicitantes (^{García Alanís, 2024}).

Con el regreso al poder de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, la aplicación CBP One fue deshabilitada como parte de un enfoque más estricto en la seguridad fronteriza. Esta decisión dejó a miles de personas migrantes varadas no solo en ciudades fronterizas mexicanas, sino a lo largo del territorio de este país y en las rutas del corredor migratorio andino-centroamericano. Muchas de estas personas tenían citas previamente programadas en CBP One, por lo que la suspensión de la aplicación generó incertidumbre y preocupación entre la población migrante y las organizaciones que la apoyan; aunque la aplicación tenía tintes discrecionales y alcances limitados, eliminó una vía legal para el ingreso a Estados Unidos. La cancelación de CBP One también llevó a las autoridades locales en México y a organizaciones en diferentes ámbitos que trabajan temas de movilidad en zonas fronterizas, a rediseñar sus estrategias de atención a personas migrantes varadas en el territorio mexicano, buscando alternativas para solventar el repentino cambio de escenario que planteaba la ausencia de esta herramienta, así como la conmoción provocada por las extraordinarias medidas de restricción de Estados Unidos.

Tapachula, (in)movilidad y convivencia forzada

El desplazamiento de personas a lo largo de los linderos territoriales del sur de México forma parte del paisaje cotidiano y se encuentra integrado en su identidad transfronteriza. Los intercambios culturales y comerciales con Guatemala tienen una larga historia y, aunque no han estado exentos de tensiones, forman parte de una dinámica habitual en la región. A pesar de estas circunstancias, la creciente presencia de personas migrantes en tránsito ha reconfigurado estos patrones durante la última década, generando transformaciones en las dinámicas cotidianas en sitios específicos como Tapachula, punto neurálgico de la migración contemporánea en el sur de México, donde se realizaron indagaciones etnográficas derivadas de una investigación doctoral.

En 2016 ocurrió una inusual concentración de personas haitianas en Tapachula, suceso que -a juicio de los pobladores locales- marcó el inicio de este nuevo período de movilidades. Estas personas extranjeras buscaban llegar a Estados Unidos tras haber residido previamente en países como Brasil y Chile, de los cuales partieron debido al endurecimiento de sus políticas migratorias. Nutridos grupos de personas haitianas permanecieron durante semanas en un campamento temporal en los alrededores de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM), esperando la expedición de tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Una vez obtenidos estos documentos, muchas continuaron su trayecto hacia el norte; según algunos habitantes, la expedición de estas tarjetas se agilizó en gran medida debido a la presión ejercida por la población local. Este hecho representaría el antecedente de una serie de eventos que reconfigurarían el espacio fronterizo como respuesta a la presencia migrante, que desde entonces sería cada vez más visible en la ciudad.

Es necesario señalar que las dinámicas cotidianas en Tapachula son altamente cambiantes, generalmente determinadas por la tensión que surge entre la implementación de políticas migratorias y la agencia migrante para mantenerse en movilidad. Ejemplos de estas variaciones son perceptibles en momentos clave como la organización de caravanas migrantes desde 2018, cuando la convocatoria y congregación de numerosos grupos de personas migrantes en la ciudad se volvió recurrente. Otro momento fue cuando las restricciones internacionales, nacionales y locales derivadas de la pandemia del COVID-19, entre 2020 y 2021, generaron escenarios de (in)movilidad en la ciudad, convirtiéndola en un espacio de espera indefinida. Un ejemplo más es el regreso al poder de Donald Trump a principios de 2025, cuya agenda antiinmigrante reforzada ha impuesto procedimientos extraordinarios que prácticamente anulan las posibilidades de ingreso a Estados Unidos. Esto ha provocado un cambio drástico que genera incertidumbre en quienes se encuentran en nodos de tránsito como Tapachula. A esta situación se les suma la serie de deportaciones que el gobierno estadounidense ha llevado a cabo desde febrero de 2025, siendo esta ciudad uno de los destinos recurrentes de estas deportaciones (^{Báez, 2025}).

Las principales transformaciones identificadas que ha experimentado la ciudad se pueden agrupar en cuatro ámbitos. En primer lugar, las (in)movilidades derivadas de la limitada capacidad de las autoridades migratorias y de protección humanitaria para atender las solicitudes de las poblaciones migrantes, lo cual se interpreta como una estrategia de contención. En segundo lugar, el desarrollo de prácticas económicas impulsadas por la presencia migrante, que involucran a distintos actores locales. En tercer lugar, el creciente encono social entre la población residente, generado por la permanencia forzada de personas migrantes. Y, finalmente, las prácticas de resistencia migrante, como la organización de caravanas y el establecimiento de campamentos temporales.

Aunque las personas que llegan a la ciudad tienen perfiles migratorios diversos, la falta de documentación oficial vigente es una condición recurrente, lo que lleva a muchas de ellas a optar por la migración indocumentada como única alternativa para escapar de las crisis en sus países de origen. Aún con la supuesta tradición hospitalaria de México y de los vínculos diplomáticos y políticos con países como Cuba y Venezuela, el proceso de validación de tránsitos o el otorgamiento de la protección internacional se ha ralentizado a manera de estrategia de contención.

Desde la perspectiva de las autoridades migratorias, particularmente del INM, esta ralentización no se debe al carácter excepcional del momento migratorio -ya que lo consideran una realidad que no retornará a un estadio previo-, sino a la saturación de los servicios públicos y a las limitaciones burocráticas para atender el creciente número de solicitudes diarias (M. Gómez, directora de Comunicación Social del INM, comunicación personal, 13 de julio de 2023). Esta contradicción discursiva por parte de la institución pone en evidencia que, frente a escenarios migratorios inéditos, la capacidad de respuesta, además de ser limitada, es una estrategia deliberada donde la incapacidad de atender la emergencia se ha convertido en una realidad con la que tanto personas migrantes como población local deben aprender a convivir.

Otra contradicción en los argumentos del INM reside en que, si realmente existiera una disposición para atender la emergencia de manera eficaz, no se mantendría a grandes cantidades de personas varadas en este punto fronterizo. Las prácticas de ralentización burocrática y contención migratoria han provocado el colapso no solo de las instancias migratorias en la ciudad, sino también de otros ámbitos de la vida cotidiana, como el acceso a servicios básicos, alimentación y salud para población migrante. Ante este desborde, la estrategia oficial se orientó hacia la llamada “despresurización migrante” de la zona a partir del año 2023, mediante traslados terrestres organizados en autobuses financiados por el Estado (^{Martínez, 2024}). Una vez que ingresaban al país, este programa trasladaba a las personas migrantes a la capital del estado de Chiapas, a ciudades de Oaxaca o incluso hasta las fronteras del norte. Sin embargo, la infraestructura y el alcance de estas medidas no representaron un cambio significativo en el escenario fronterizo. La reiterada actuación de las autoridades migratorias y la incapacidad para atender la emergencia sugiere que existen lineamientos estructurales orientados no solo a regular, sino también a contener el tránsito migratorio, consolidando a Tapachula y la región del sur de México como la antesala fronteriza de Estados Unidos.

Una circunstancia análoga es la que presenta la COMAR, que al igual que el INM se declara rebasada por la cantidad de solicitudes de refugio en la ciudad. Los denominados “desafíos operativos” por la institución, derivados del creciente número de peticiones, son los principales causantes de que los plazos de atención se vean afectados debido a la limitada capacidad institucional, lo que genera demoras en el proceso. El responsable de la representación en Chiapas de la COMAR enfatiza que la institución se rige por un marco normativo sólido, basado en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en el derecho internacional.

Explica que el proceso de solicitud implica un registro inicial, una entrevista de elegibilidad y, en caso de ser aprobada, la emisión de una constancia que permite a la persona solicitante trabajar y acceder a servicios básicos. Sin embargo, dada la cantidad de casos que se reciben y el hecho de que la resolución depende de los dictámenes que la Cancillería mexicana proporcione después de comunicarse con las embajadas de los países correspondientes, los tiempos de respuesta suelen ser prolongados. El funcionario estima que de los 1 200 a 1 300 casos diarios que la COMAR ha llegado a recibir, solo tienen capacidad para atender 200 (D. Anzueto, coordinador regional de la COMAR en Chiapas, comunicación personal, 9 de junio de 2023).

Si bien esta instancia gubernamental ha resuelto favorablemente un número considerable de solicitudes, la principal crítica radica en los tiempos de espera y la pronunciada burocratización del procedimiento. Además, poblaciones como la haitiana, que constituye un grupo significativo entre los solicitantes de refugio en Tapachula, tienen una tasa de reconocimiento considerablemente baja. Esto se debe a que la mayoría no proviene directamente de Haití y que, en muchos casos, su desplazamiento responde a desastres naturales y crisis económicas más que a persecución política o amenazas a su integridad. En contraste, solicitantes de El Salvador, Honduras y Venezuela presentan una mayor tasa de reconocimiento, ya que la legislación mexicana contempla como causal para otorgar refugio la violencia generalizada y el riesgo de sufrir un trato cruel e inhumano en sus países de origen.

Con base en testimonios registrados en entrevistas y diálogos informales, en diversos reportes en la prensa local y en redes sociodigitales de personas migrantes, así como en situaciones observadas en el sitio, los policías municipales y los agentes del INM son los actores estatales con más denuncias por prácticas ilícitas que lucran con la población en tránsito. Según lo establecido en la Constitución mexicana y en la Ley de Migración, está prohibido que policías municipales y estatales detengan a personas por su situación migratoria, ya que solo el INM tiene esa facultad. Sin embargo, es común que estos cuerpos de seguridad local hostiguen a personas migrantes arbitrariamente, con el fin de exigir dinero bajo amenazas de detención injustificada. La presencia del ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales en operativos migratorios se limita a un papel de apoyo a las labores del INM, pero estas actividades terminan abriendo el margen para la extorsión, hostigamiento y abuso. Por su parte, los funcionarios del INM han sido señalados por actos de corrupción como extorsiones en retenes migratorios o durante redadas dentro de la ciudad, donde condicionan el tránsito a cambio de dinero. Otra modalidad de lucro ilícito se da mediante acuerdos en los que los funcionarios del INM garantizan la agilización de los trámites migratorios a cambio de pagos indebidos (Orlando, migrante venezolano, comunicación personal, 29 de mayo de 2023).

La espera y la incertidumbre que surgen de estos procedimientos burocráticos se convierten en factores que ponen en vilo la determinación de las personas migrantes para continuar su travesía. Los esfuerzos que implican la subsistencia y la estancia en la ciudad durante un tiempo indefinido son motivos de peso para optar por seguir el recorrido de manera indocumentada, sumarse a las concentraciones de las caravanas o, en algunos casos, decidir el retorno. Por otro lado, quienes cuentan con los recursos para solventar la espera conforman una población que cohabita temporalmente en la ciudad, ocupando los espacios públicos para diferentes fines, donde la actividad económica desempeña un papel central en las interacciones sociales. Esta es otra de las principales transformaciones en Tapachula, vinculadas con las prácticas económicas emergentes propias de una frontera, pero intensificadas por la numerosa presencia migrante.

En esta tónica, ^{Gandini et al. (2024}, p. 3) destacan la urgencia de estudiar la economía política de la migración irregularizada en tránsito, que se desarrolla en los múltiples nodos que conforman los corredores migratorios americanos. Identifican en estas prácticas económicas y dinámicas políticas la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios dentro de un amplio espectro que oscila entre la formalidad y la informalidad, así como entre prácticas lícitas e ilícitas. Esta economía se sustenta en el lucro que actores diversos -estatales, civiles o criminales- obtienen a partir de las necesidades de tránsito y subsistencia de las personas migrantes.

Los sectores productivos y de servicios en la ciudad y la región, como los de comunicación telefónica, transporte, alimentación, hospedaje y renta de espacios para vivienda temporal, representan a los actores empresariales y civiles de esta economía que se han beneficiado de la presencia migrante en la ciudad. Esta situación ha llevado las dinámicas cotidianas de la ciudad a un punto crítico, ya sea por la alta demanda de bienes y servicios o por la oportunidad de lucro que en ocasiones roza el abuso. En estas circunstancias, se han observado fenómenos como la escasez de ciertos productos y el encarecimiento de algunos servicios, lo cual repercute directamente en la vida de la población residente.

Un caso especialmente discutido en la ciudad es el aumento en los precios de alquiler de casas, departamentos o habitaciones, que en algunos casos han llegado a duplicarse. Esto se debe a que algunos grupos de personas migrantes realizan sus tránsitos con el apoyo de redes familiares que cubren los costos asociados a la travesía, por lo que consiguen pagar tarifas por encima de los promedios justos. Así mismo, hoteles y hospedajes en el primer cuadro de la ciudad se han transformado en espacios dedicados por completo a personas migrantes, que han modificado sus tarifas convencionales en moneda nacional para cobrarlas en dólares estadounidenses.

De manera paralela, uno de los mecanismos a los que han recurrido personas migrantes para solventar la estancia durante los períodos de espera ha sido el empleo formal o informal. Al iniciar el proceso de reconocimiento de la condición como persona refugiada ante la COMAR, se les asigna una clave única de registro de población (CURP), con la cual pueden acceder a actividades laborales. Debido a la alta oferta migrante, los salarios ofrecidos suelen ser bajos, en algunos casos incluso menores que el salario mínimo (Guillermo, migrante cubano, comunicación personal, 5 de junio de 2023). Sin embargo, la necesidad de ingresos, aunque sean escasos, ha derivado en la precarización de estas actividades.

Aun así, es común que en la mayoría de los restaurantes, bares y comercios en general, la plantilla laboral esté compuesta en gran parte por personas extranjeras. Las instituciones gubernamentales o de corte humanitario también han aprovechado esta oferta laboral de bajos sueldos, prueba de ello son las iniciativas impulsadas por la Secretaría del Bienestar, el Ayuntamiento Municipal de Tapachula y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que han implementado programas de inserción laboral para personas solicitantes o en condición de refugio. Como resultado, las actividades de limpieza y obra pública en la ciudad, así como los empleos en empresas de construcción y servicios asociadas a estos programas, son desempeñados en gran medida por población migrante.

Una estrategia más para garantizar el sustento económico es el autoempleo, como una variante de la economía informal que abarca actividades temporales diversas que las personas migrantes ofrecen a particulares sin un contrato ni prestaciones básicas, pero con remuneración mínima. Una de las formas más comunes de autoempleo es la oferta de oficios específicos, como la peluquería y barbería, que se han popularizado en la ciudad. Es común encontrar establecimientos de este tipo en distintos puntos de la localidad, donde personas de origen caribeño, centroamericano o sudamericano ofrecen cortes de cabello a bajo costo. En el caso de personas afrodescendientes, haitianos o africanos, la barrera del lenguaje ha propiciado el desarrollo de economías focalizadas, dirigidas a connacionales. Un ejemplo claro es el cuidado del cabello, donde las necesidades particulares de estos grupos han dado lugar a subeconomías dentro de la economía de la migración.

Del mismo modo, actividades comerciales en torno a la gastronomía, los consumos culturales y demás productos específicos han permitido a estas comunidades delimitar espacios propios para desarrollar estas actividades económicas de manera colectiva. Un caso representativo se observaba en la plaza Benito Juárez, adjunta a la céntrica iglesia de San Agustín, donde era común ver a grupos de personas africanas, en particular haitianas. En este espacio se realizaban cortes de cabello, venta de comida tradicional, ropa y de insumos para telefonía móvil, entre otros, configurando un punto de comercio afrocultural en el centro de la ciudad. Sin embargo, esta área fue cerrada cuando las autoridades municipales, en coordinación con la diócesis de Tapachula, instalaron rejas en su perímetro. Esta medida no solo restringió el acceso a un espacio clave para el autoempleo y el comercio informal, sino que también evidenció la tensión entre las prácticas laborales autogestivas y las políticas urbanas que priorizan el orden público sobre las necesidades socioeconómicas de poblaciones vulnerables.

Otra actividad destacada dentro del autoempleo es el comercio ambulante, que se desarrolla principalmente en las zonas céntricas de la ciudad. Un fenómeno recurrente en este tipo de comercio está asociado nuevamente a grupos afrodescendientes, que utilizan carretillas para vender bebidas frías y alimentos. Desde que la ciudad ha experimentado una afluencia migrante significativa, las carretillas se han convertido en un símbolo del comercio informal. Su proliferación ha suscitado dudas sobre si estas actividades son verdaderamente autónomas, o si responden a esquemas organizados que emplean a personas migrantes bajo determinadas condiciones.

En aproximaciones informales con quienes desempeñan esta actividad, las respuestas han sido discordantes: algunas personas aseguraron que tanto la carretilla como los productos eran financiados por ellas mismas, mientras que otras mencionaron que pagan una tarifa diaria por ambos, similar a un sistema de concesión. Sin embargo, es posible que estas respuestas estuvieran influenciadas por la desconfianza hacia los cuestionamientos externos. Aunque este tipo de comercio está presente en múltiples puntos de la ciudad y atiende a un público diverso, las redes comunitarias migrantes juegan un papel clave en su sostenimiento, priorizando la compra de productos ofrecidos por sus connacionales como un acto de solidaridad étnica y cultural.

Las prácticas diversas que conforman la economía informal pueden extenderse a ámbitos menos perceptibles dentro de la esfera pública, llegando a cruzar los límites de la legalidad para desarrollarse en espacios ilícitos. Dado que estas prácticas ocurren en entornos propicios para su ejecución, su observación requiere una metodología específica y perspicaz, que considere sus implicaciones y riesgos; por esta razón, el análisis de este tipo excedió los alcances de la presente investigación. A pesar de ello, se identificaron dos actividades que, al desarrollarse en espacios públicos, fueron observables a pesar de estar presuntamente vinculadas con redes ilícitas, o incluso criminales.

La primera es el trabajo sexual asociado a la trata de personas, cuya magnitud ha despertado interés académico desde que las migraciones centroamericanas comenzaron a intensificarse a finales del siglo pasado (Acharya y Salas Stevanato, 2005; ^{Casillas, 2006}; ^{Ramírez López et al., 2012}; ^{Ruiz, 2004}; ^{Zarco Ortiz, 2018}). Comúnmente ejercido en bares y zonas de tolerancia, este trabajo suele estar controlado por redes de trata, incurriendo en delitos como el secuestro, la explotación de menores y la esclavización. Al estar rodeadas de diversas formas de irregularidad, estas prácticas se conectan con otras de carácter ilícito, criminal y violento (^{Álvarez Velasco, 2017}), representando un riesgo latente para mujeres y menores migrantes que viajan solos o cuyas condiciones de precarización aumentan su vulnerabilidad frente a estas redes de explotación.

La segunda actividad económica que oscila entre la irregularidad y la criminalidad es el transporte. La necesidad y urgencia de atravesar el territorio mexicano ha sido aprovechada por grupos que ofrecen traslados hacia diferentes destinos: desde el cruce del río Suchiate en cámaras o balsas -una actividad que, aunque formalmente irregular, forma parte de la economía transfronteriza al movilizar personas y mercancías en grandes volúmenes diarios-hasta el transporte de la línea fronteriza en el municipio de Suchiate hacia Tapachula, o incluso hacia ciudades fronterizas del norte y la capital del país en vehículos clandestinos como tráileres o camiones de carga.

Estos servicios se promocionan constantemente en grupos de Facebook y WhatsApp, donde también se ofrecen trámites para la emisión irregular de documentación, como credenciales para votar, CURP o estatus de refugio, lo que sugiere la existencia de una estructura de negocio alrededor de estos servicios. Sin embargo, en las mismas interacciones dentro de estos grupos y en testimonios recopilados, se menciona que muchas de estas supuestas empresas tienen un trasfondo fraudulento o criminal, y que han llegado incluso a incurrir en secuestro y trata de personas.

Durante la observación en campo, el tipo de transporte con mayor visibilidad en la ciudad estaba conformado por vehículos particulares o taxis que trasladaban a personas migrantes desde Suchiate hasta puntos estratégicos de Tapachula, como la esquina de la 5.ª calle Oriente con la 1.ª avenida Norte, o las inmediaciones de la COMAR. En estos puntos de ingreso se identificó un circuito estratégico de actividades, articulado con base en las prioridades de los recién llegados a la ciudad, las cuales se centran en gestionar su solicitud de refugio para determinar su siguiente paso: establecerse en la ciudad temporalmente si la solicitud ha procedido o, en el caso contrario, continuar su trayecto de manera indocumentada (Bertino, migrante angoleño, comunicación personal, 23 de junio de 2023). Además, se observó una rutina particular en esta modalidad de transporte: al descender del vehículo los cuatro o seis pasajeros, el chofer -generalmente un hombre- les toma una fotografía en el sitio de llegada, aparentemente como prueba del cumplimiento del traslado para enviarla a algún superior contratista.

Aunque esta dinámica podría parecer inofensiva y meramente irregular, entre las poblaciones migrantes y residentes circulan testimonios sobre cómo grupos criminales han expandidos su control sobre estas redes de transporte, vinculándolas con otras actividades ilícitas, como la trata de personas o el tráfico de drogas y armas. Un hecho que ilustra esta preocupación ocurrió el 30 de octubre de 2024, cuando en el punto de observación de la 5.ª calle Oriente un chofer que acababa de dejar a seis pasajeros migrantes fue asesinado con armas largas a plena luz del día. Este evento no solo abonó a la percepción de inseguridad que prevalece entre la población local, sino que también reforzó la narrativa que asocia la violencia con la presencia migrante, detonando expresiones xenófobas y racistas, tal como lo expresa esta habitante:

Lamentablemente afuera de mi casa, en las madrugadas, se oye cómo llegan carros que salen hasta de las cajuelas los emigrantes. Carros particulares y taxis. Pero si llegan unos 20 o 30 carros es… acarreando emigrantes. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las autoridades? ¿Están coludidas para quitarles dinero? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un control? ¿Ustedes no sabían que esa gente puede traer graves enfermedades? De veras, que lo lamentará mucho, mucho la sociedad. Yo no estoy en contra, vuelvo a decir no soy intolerante ante los negros, a mí me da igual el color. Pero no se tolera cerca a un haitiano, tienen un hedor que parece que destapó el baño, pero cuando no le he echado agua durante diez días (Mónica, habitante de Tapachula, comunicación personal, 13 de junio de 2023).

La creciente noción de inseguridad y el rechazo hacia las personas migrantes que se moviliza entre la población residente constituyen otra de las transformaciones más representativas. Aunque históricamente la zona ha mostrado apertura y flexibilidad ante los flujos migratorios, la concentración forzada de personas en Tapachula durante los últimos años ha alterado esta dinámica. Desde finales del siglo XX, la región del Soconusco -y en particular Tapachula- ha enfrentado contextos de violencia e inseguridad debido a su ubicación fronteriza y su relevancia para diversas actividades ilícitas. Sin embargo, quienes atraviesan este territorio rumbo a latitudes del norte suelen ser los más vulnerables a estas prácticas (^{Álvarez Velasco, 2017}; ^{Fuentes Alcalá et al., 2022}; ^{París Pombo, 2021}; ^{Porraz Gómez, 2017}).

A esto se suma la notoria presencia de personas extranjeras con características raciales y lingüísticas diferentes a las regionales, circunstancia que eleva la percepción de alteridad. La noción de la amenaza migrante que se construye a partir del temor a lo diferente se materializa con la proliferación de discursos que enfatizan supuestos efectos negativos de la migración, alimentando un encono social evidente y manifiesto en distintos sectores de la población local.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), posicionó a Tapachula en el tercer cuatrimestre de 2024 como la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país, ya que 91.9 por ciento de las personas encuestadas consideraron que vivir ahí era peligroso (^{Inegi, 2024}). Aunque la encuesta no establece una relación directa entre esta percepción y la migración, medios locales como El Orbe, el segundo periódico más leído de la región, han asociado estos datos con lo que perciben como una crisis migratoria local. Este diario mantiene una línea editorial abiertamente contraria a la presencia migrante y publica con frecuencia notas en las que enfatiza supuestos perjuicios a la ciudad y sociedad tapachulteca, destacando estigmas sobre la insalubridad de los espacios ocupados temporalmente por personas migrantes y su atribuida relación con actividades ilícitas.

En conversaciones con habitantes locales, muchas de estas nociones desfavorables parecen originarse en la creencia de que las personas extranjeras están desplazando a la población local de sus espacios sociales y oportunidades económicas (Carmen, habitante de Tapachula, comunicación personal, 14 de junio de 2023). Además, la visibilidad de comunidades haitianas, angoleñas, congoleñas o cubanas -cuya performatividad marca una diferencia cultural distintiva- ha detonado en algunos sectores mecanismos de racismo y discriminación. En este contexto, la apropiación de espacios públicos por parte de las poblaciones migrantes como alternativa de subsistencia es percibida como una invasión de lugares concebidos como propios.

En momentos críticos, en los que los albergues y organizaciones humanitarias sobrepasan su capacidad de atención, se ha generado una situación donde las personas sin ingresos suficientes deben resolver su estancia por vías emergentes, como la instalación de campamentos en espacios públicos. Ejemplo de ello son los parques principales de la ciudad, donde han surgido asentamientos temporales mientras las personas regularizan su estatus migratorio. No obstante, la alta concentración migrante, junto a la carencia de servicios básicos en estas áreas y las quejas de comerciantes de la zona han provocado que las autoridades desmantelen estos campamentos (^{Sánchez, 2023}), obligando a las personas migrantes a buscar nuevas estrategias para permanecer en la ciudad. Así mismo, se han instalado módulos temporales del INM y la COMAR en lugares como estadios, parques deportivos y mercados, con el propósito de atender la saturación en las oficinas principales de estas instituciones. Sin embargo, la presencia de estas instalaciones ha generado el descontento de la población residente cercana, lo que a su vez ha alimentado discursos xenofóbicos replicados tanto en medios de comunicación como en la opinión pública (^{Blanco, 2022}).

Esta dinámica ha generado un circuito de información en el que resulta difícil determinar si la percepción social está influida por los discursos oficiales y mediáticos, o si estos discursos reflejan un malestar ciudadano preexistente que sea trasladado a las esferas institucionales y de comunicación.

Conclusiones

Más allá de una simple estrategia de control fronterizo, la externalización opera como un mecanismo de filtrado de las movilidades humanas, permitiendo a países como Estados Unidos definir, desde la distancia, qué personas pueden ser consideradas “migrantes deseables”, y cuáles son categorizadas como “indeseables”. Lejos de ser una medida de resguardo soberano, este modelo configura un régimen de movilidad desigual que interviene en el trayecto migratorio en cada una de sus etapas: desde el momento en que una persona contempla la posibilidad de emigrar, pasando por el amplio margen de tránsito y espera, hasta su llegada al país de destino o retorno. En ese sentido, la frontera deja de ser un límite territorial fijo para convertirse en una tecnología de control difusa y omnipresente, con implicaciones locales que trastocan las dinámicas cotidianas.

Un aspecto que este texto ha buscado señalar corresponde a las reacciones en torno a las reconfiguraciones que se perciben en ámbitos económicos y sociales en la ciudad de Tapachula. Las multitudinarias poblaciones migrantes en tránsito, temporalmente establecidas en la localidad, están generando interacciones y procesos sociales inéditos en el espacio público, cuya permanencia ha impulsado la creación de una economía sostenida en buena medida por redes de apoyo y las actividades laborales migrantes, pero también ha promovido la aparición de empresas que aprovechan las necesidades y vulnerabilidades migrantes con fines de explotación, incurriendo en ámbitos de lo ilícito y criminal.

Además del predominante riesgo ante violencias de diferente índole que presenta la región, la convivencia forzada entre la población local y la migrante ha generado tensiones entre ambos sectores que representan una circunstancia que se necesita estudiar a profundidad para conocer los verdaderos alcances de este fenómeno. En resumen, la externalización de las gestiones migratorias en el sur de México tiene efectos manifiestos en diferentes dimensiones que han reforzado su condición paradigmática como laboratorio de las migraciones, al ser espacio de convergencia identitaria cuya constante es la transformación debido a su histórico carácter inestable, nodal y transitorio.