1. ¿Cuál es el sentido de tener un presidente?

Hace tiempo, viendo la película "Nuremberg" (Yves Simoneau, 2000) presencié un diálogo provocador. A Hermann Goring interpretado por Brian Cox se le pregunta de dónde sacaron los nazis la idea de hacer confluir en una sola persona la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, como era el caso del Führer. Goring responde con sorna que fue muy sencillo: tomaron el ejemplo de los roles que desempeña el presidente de los Estados Unidos. Algo de esto es cierto.

Duverger expone las características del régimen presidencial, creado en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, donde el Ejecutivo no está separado en jefe de Estado y gabinete (y este, a su vez no está presidido por un Jefe de Gobierno), el Presidente ejerce las facultades de jefe de Estado y jefe de gobierno, no existe un órgano colegiado como un Consejo de Ministros, estos tampoco tienen autoridad política y en realidad sólo son secretarios que plantean sus posiciones, pero las decisiones son tomadas por el presidente (^{Duverger, 1970, p. 211}). Este carácter autárquico es producto de una acumulación de características no espontáneas, sino calculadas en el camino para colocar al presidente en una posición de privilegio: la de un líder inalcanzable, capaz de conducir a un país bajo sus designios, por la propia fuerza de la naturaleza y autoridad de su cargo.

Apresuro esta definición, pero no cae en saco roto. La razón es la anchura del cargo presidencial, por ello todo ensayo de definición que proponga la existencia de un líder monocrático y autónomo estará muy cerca del acierto. ^{Rostow (1990)} coincide cuando afirma que el presidente no es elegido, ni creado por el Congreso, por ello éste puede, por ejemplo, solicitarle información, pero no ordenarla (p. 7). El presidente está investido de poderes que ejerce a discreción y solo limitado por su patria y su conciencia.² Notamos, entonces, que el cargo del presidente fue concebido muy parecido al de un Monarca, pero "republicanizado", hablaremos más adelante.

Antes, es necesario conocer los orígenes de la figura y, para ello, retornamos a los Estados Unidos: ¿qué querían los norteamericanos en la figura de su nuevo gobernante?, ¿qué requerimientos necesitaban satisfacer?, ¿cómo querían investirlo?, ¿qué significado debía tener? Estas no son preguntas retóricas, teniendo en cuenta que el proceso de independencia implicaba un nuevo diseño jurídico-político-social, la respuesta a estas cuestiones debía ser una definitiva afirmación de las aspiraciones que tenían para su nuevo país.

^{Jones (2016)} ensaya una respuesta a estas interrogantes rememorando el contexto en que se fue creando el concepto. La preocupación central fue mantener a la población a salvo de la tiranía y el medio para lograrlo fue un diseño de instituciones amalgamadas, pero divididas en funciones y en poder y que pudiesen controlarse entre sí (p. 2).³

La semántica del término "presidente" da por descontado el objetivo: "Dirigir, gobernar", pero este no es el punto, también gobierna un rey o un dictador, el punto, entonces, es: gobernar evitando la tiranía.

La esencia de un presidente, como la idea del antitirano, le provee, por lo tanto, de una connatural carga virtuosa, opuesta a los vicios del opresor. La carga ética aparece por oposición.⁴ Entonces, el problema que trata de resolver la figura del presidente no es, como diría Aristóteles, la monarquía en sí misma,⁵ sino la degeneración de esta, que es la tiranía. Ahora bien, si ésta implica un uso desmedido del poder, aquella corrupción que refiere el filósofo se produce por la posibilidad de alcanzar el poder absoluto. En consecuencia, la presidencia se erige como un baluarte frente a la concentración del poder o a la amenaza de que esto suceda. Ergo, la monarquía se convierte en una figura rechazable, no porque necesariamente concentre el poder, sino porque tiene todas las posibilidades de hacerlo. Este peligro debe ser conjurado. A esta explicación dedicaré el apartado siguiente.

Por otro lado, sin alejarnos del tema de la concentración de poder y la necesidad de virtud (de hecho, con más intensidad) planteadas como ideal de esta nueva figura, se impone virar hacia Alexis de Tocqueville, espectador de lujo, por el tiempo y las circunstancias (La Democracia en América fue publicada sólo 59 años después de la revolución y 32 años después de la sentencia Marbury vs. Madison), quien explica lo que los estadounidenses esperaban de su creación y las razones para las características de su diseño. Según ^{Tocqueville (1998)} los estadounidenses deseaban encontrar una fórmula en la que el poder ejecutivo estuviese sometido a la voluntad popular, pero que al mismo tiempo fuese lo suficientemente fuerte para actuar con libertad en el ámbito de sus atribuciones (p. 123). El autor francés percibe que la tarea de delinear esta institución es una labor de filigrana. No desean un gobernante débil, pese a haber experimentado negativamente a un rey, más bien este poder de mando se aprecia como virtud, pero tampoco desean que se desborde, sino que siempre permanezca controlado por la nación a quien se debe. Así, vemos el nacimiento (en la versión presidencial), del retorno de la soberanía del monarca al pueblo que, lejos de las manos del presidente, pesa sobre él y sirve para controlarlo.

Este desplazamiento del centro de gravedad del poder y su origen, obligarían a rediseñar el sistema jurídico-político y, como decíamos líneas arriba, provoca la necesidad de cuidar permanentemente la separación de poderes y los pesos y contrapesos.

Tocqueville hace énfasis en el carácter electivo del presidente y en el control permanente que el pueblo ejerce sobre él y todos los aspectos de su vida y su función. También el Senado lo vigila en sus relaciones exteriores y en la adjudicación de cargos, manteniendo a raya la corrupción. Sin embargo, al mismo tiempo le fueron reconocidas una fuerza y estabilidad superiores que las concedidas a su cargo en los Estados particulares a fin de cumplir plenamente su tarea (^{Tocqueville, 1998, p. 123}).

No olvidemos que Tocqueville es un francés asistiendo a la formación de una federación. Su perspectiva tiene la lejanía necesaria para evaluar por contraste, teniendo como referente a su propia nación, de modelo distinto y, sin el apasionamiento en el que por aquellos años se enzarzaban pensadores y políticos estadounidenses. Es sintomático, por ello, que se enfoque siempre en la fuerza indispensable para que esta figura tuviese éxito. No estamos hablando de un Estado unitario, la formación federal exigió que Estados con soberanía plena decidieran formar uno entre todos,⁶ resultando imprescindible que el poder pueda sostenerse de manera permanente, de otro modo, cada Estado invocaría soberanía, reclamaría separación y la unión se destruiría. Evidentemente, la idea de un jefe fuerte puede parecer peligrosa teniendo en cuenta la historia previa de Estados Unidos, pero era más peligroso sumirse en la anarquía de la disolución. Así, una de las manifestaciones de la fuerza en este nuevo modelo federado fue la figura del presidente.

El presidente es toda una maquinaria de poder frente a una pared infranqueable levantada alrededor del Congreso.

2. Las formas de conjurar el peligro

Líneas arriba me referí al riesgo de concentración de poder y el consecuente abuso que se derivaría en una hipotética, pero usual monarquía. En este modelo, como es lógico, no podría hacérsele frente a esta situación salvo que, ya hubiesen empezado a ensayarse instituciones republicanas, incluso aunque el propio pueblo no lo supiera o no les hubiese dado todavía esta denominación. El modelo monárquico puro no es nocivo en sí mismo, simplemente no tiene las herramientas necesarias para controlar el poder y el desborde puede ser un asunto cotidiano cuya aparición o desaparición más dependerá del carácter moral del gobernante que de candados institucionales y, aunque todos perciban la maldad de estos actos no habrá forma de protegerse frente a ellos salvo que la coyuntura histórica lo promueva. Esta es la diferencia central de vivir en un Estado de hecho y en uno de derecho.

Sin embargo, el propio diseño estadounidense debía determinar las garantías de su funcionamiento, es así que la división y separación de poderes imaginada por Locke⁷ y Montesquieu⁸ son asumidas no sólo como una herramienta de la institución, sino como parte de su propia naturaleza. Nótese que esto no se repite, por ejemplo, en el modelo presidencial de algunos países latinoamericanos, como el Perú. ^{Chanamé et al. (2009) 9} lo explican incidiendo en una especie de relación que yo denominaría de "vínculo sin contacto".

^{Chanamé et al. (2009)} subrayan la importancia de la separación de poderes en el modelo estadounidense, explicando que el Parlamento no puede inmiscuirse en los asuntos del Ejecutivo y menos aún, destituirlo y, del mismo modo, el presidente tampoco puede disolver al Congreso (p. 225).

Vemos a una figura inaccesible, incluso desde la orilla del otro poder político del Estado. La Constitución estadounidense, entonces, ha delineado una estructura jurídico-política donde, como dos torres paralelas crecen el Ejecutivo y el Legislativo, ambos se requieren para mantener el sistema, pero no conciben relaciones interdeterminantes y, por supuesto, sólo el primero se encarga de encauzar el norte.

En esta misma línea, ^{Jellinek (2017)} analiza la cuestión a partir de dos tópicos. Primero, desde la oposición monarquía/república y luego desde la versión constitucional estadounidense. Señala que la división y equilibrio de poderes es más potente en las democracias representativas que en las monarquías, ya sabemos las razones: en un caso la autosuficiencia del príncipe y en el otro las elecciones. Incluso detalla que en las democracias directas de la antigüedad se debió separar completamente al demos de las autoridades para garantizar las normas del derecho político en la realidad de la vida del Estado (p. 630).

Queda claro que, como afirmaba líneas arriba, la separación de poderes es forzosa para la República y sólo florece en ella. No se trata, entonces, de una característica, sino de una condición. Así, su mantenimiento es un indicador, pues una falla en su sistema no devendría en un error circunstancial, sino en la desnaturalización misma, hecho que políticamente significaría el viraje a otro modelo, el dictatorial, por ejemplo y éticamente, implicaría que los valores que inspiran la oposición al abuso se han perdido.

Más adelante, el autor alemán conduce esta reflexión hacia el modelo estadounidense concluyendo que, de todas las Constituciones republicanas, la estadounidense y las de sus miembros son las que mejor resuelven el tema de la relación entre poderes, a causa de la breve duración en el cargo tanto del Parlamento, como del presidente, en una radical fórmula de equilibrio y separación (^{Jellinek, 2017, p. 630}).

Ergo, el razonamiento sería el siguiente: una condición indispensable de toda República es la separación de poderes. Los Estados Unidos han definido de mejor manera la separación de poderes. Los Estados Unidos tienen mejores posibilidades de mantener una República exitosa. Hasta aquí la primera inferencia.

El siguiente razonamiento versaría sobre que el presidente de los Estados Unidos es una figura fuerte, indeterminada frente al Congreso y sin injerencias sobre él. Una figura así y sin injerencias es beneficiosa para la separación de poderes, la cual es indispensable para la República. La figura del presidente de los Estados Unidos garantiza de mejor manera a la República.

Hecho este razonamiento, es sintomático que la historia revele que los Estados Unidos jamás han tenido una dictadura, escenario del que no pueden presumir ni Europa, ni Latinoamérica, sólo por citar al mundo occidental-democrático.

^{Fischbach (1928)} coincide afirmando que no hay mejor modelo de democracia representativa que el estadounidense, debido al énfasis de su Constitución en la separación y equilibrio de poderes. Según el autor, el Poder Ejecutivo "reside casi exclusivamente en el Presidente de la Confederación" [sic], y se lo elige, por cuatro años, y en votación indirecta, como al vicepresidente (quien también es presidente del Senado). La elección es verificada por compromisarios (electors) en número igual que los Estados. Y sus atribuciones, comparadas con las del presidente del Reich o incluso con las del antiguo emperador, son muy extensas (p. 222).

Fischbach fue nazi desde 1933, pero su testimonio es particularmente interesante, dado que escribe en la Alemania de 1928 y, sin una especial predilección por el modelo estadounidense, la opinión emitida sobre este tiene la suficiente distancia para no llevar carga subjetiva. Por otro lado, sus afirmaciones, en varios momentos del texto, sobre el "bien público" como "misión primordial" del Estado y que la mejor forma de lograrlo es el Estado de derecho, que tiene por lema la "igualdad ante la ley" (^{Fischbach, 1928, p. 12}) son al menos cuestionables, pero ya se encargará el lector de juzgarlas y merecerían propia investigación que alguien más, seguramente, se interesará en realizar.

Finalmente, decidí desmenuzar el modelo estadounidense, no sólo porque sea génesis de la institución presidencial, sino porque en realidad es el único sistema presidencial que existe. Si pretendemos una síntesis, el presidente de los Estados Unidos de América es el más presidente de todos. Bajo esta lógica, cabe preguntarse si "personifica a la Nación". Lo revisaremos.

3. El carácter del presidente

Quiero volver sobre el tema del "carácter monárquico del presidente". ^{Heywood (2013)} ensaya una interesante definición sobre el presidente cuando señala que

A president is a formal head of state, a title that is held in other states by a monarch or emperor. An important distinction, however, must be made between constitutional presidents and executive presidents. Constitutional or non-executive presidents, found in India, Israel and Germany, for example, are a feature of parliamentary systems and have responsibilities confined largely to ceremonial duties. In these circumstances, the president is a mere figurehead, and executive power is wielded by a prime minister and/or a cabinet. This section is concerned with executive presidents, who combine the formal responsibilities of a head of state with the political power of a chief executive. Presidencies of this kind constitute the basis of what is called 'presidential government', as opposed to parliamentary government. (p. 289)¹⁰

Heywood acierta. En su definición no nos muestra lo que ya sabemos (la diferencia entre un presidente en el sistema presidencial y uno en el sistema parlamentario), sino lo que implica realmente un presidente. La primera frase traza el campo: el presidente es un jefe de Estado, de la misma forma en que lo era un monarca, nada más y nada menos.

La percepción histórica de García Belaúnde sobre el tema empuja a pensar que los Estados Unidos crearon su modelo a falta de alguno que pudiese convencerlos y cubrir sus expectativas, debido a la políticamente incipiente Europa y lo pernicioso que se ofrecía en el resto del mundo.¹¹ Carentes de un ejemplo, tomaron uno que ya conocían: republicanizaron al monarca. "Y frente a eso y como existía la monarquía generalizada en el mapa político europeo, optaron por laicizar al monarca, volverlo laico, volverlo no hereditario y hacerlo temporal y con poderes limitados. Y así surge el sistema presidencial" (^{García, 2006, p. 301}).

Suena, muy sencillo, pero ya en otros pasajes de esta investigación hemos dado cuenta de las dificultades que debió implicar esta apuesta de ingeniería constitucional. Lo que resalto en García, vinculado a lo reseñado antes, es la reafirmación del carácter monárquico del presidente y desmentir de plano que sea su exacto opuesto.

Pero cabe la pregunta sobre si el diseño de la institución de este "monarca republicanizado" ha permanecido igual hasta nuestros días. Partiremos en orden cronológico a fin de comprobar si ha existido algún tipo de cambio y, si es así, en qué momento sucedió o si aún continúa.

Tocqueville da cuenta de un presidente todavía débil por la coyuntura que los Estados Unidos vivían mientras escribía La Democracia en América, pero, aunque él no haya logrado percibirlo, muestra un escenario que, visto en retrospectiva, anuncia lo que el presidente de esa nación llegaría a ser. El autor señala que si el Poder Ejecutivo estadounidense es más débil que el francés es por las circunstancias, más que por las leyes. Detalla su calidad de jefe de las fuerzas armadas, pero con muy pocos soldados en el ejército y una flota muy reducida en la marina, así como su función de dirección de las relaciones exteriores, pero sin vecinos. Separados del mundo por el mar y débiles para dominarlo, sin enemigos y con intereses pocas veces relacionados con otras naciones. El autor observaba que los derechos del presidente estadounidense eran muy limitados, con prerrogativas regias de las que no podía servirse (^{Tocqueville, 1998, p. 128}). Estas circunstancias serían, con el tiempo, superadas y, considerando sus facultades regias, más temprano que tarde se daría el cóctel perfecto para la institución fuerte en la que se convertiría.¹²

García explica esa transformación, relatando el vuelco de coyuntura que acabaría reconfigurando el modelo. Hace solo cien años el liderazgo y poder de decisión del presidente de los Estados Unidos eran bastante diferentes. El Congreso era un verdadero contrapeso que ejercía controles y limitaba sus poderes, pero el ascenso de esa nación durante el siglo XX como potencia económica y militar modificó la figura presidencial y terminó consolidando su preeminencia en el periodo de entreguerras (^{García, 2006, p. 301}).¹³

García, coincidentemente, responde uno a uno los cuestionamientos de Tocqueville y, como vemos, también hace referencia a lo que dimos en llamar "vínculo sin contacto". Lo interesante es que identifica un momento histórico para esta mutación y utilizó este término en su acepción constitucional pues, siendo que la Constitución estadounidense no sufrió en este lapso ninguna enmienda sobre este tópico, lo que se produjo fue un cambio político, una ganancia de poder en lo fáctico que obligó a entender e interpretar de manera distinta lo jurídico. Por su parte, años después, Marshall evidenciaría que el poder presidencial aún se encontraba en constante expansión y, aún más, ensayaría once razones por las que esto sucedería y por qué debía importar.

Las razones que dio fueron las siguientes:

The Constitutional indeterminacy of the Presidency, The Precedential effects of Executive Branch Action, The role of Executive Branch Lawyering, The growth of the Executive Branch, Presidential Control of the Administrative State, Presidential access to and control of information, The Media and the Presidency, The Presidency in popular culture, Military and intelligence capabilities, The need for Government to act quickly, The increasingly polarized Two-Party system. (^{Marshall, 2008, p. 505})¹⁴

Leyendo a Marshall se pueden concluir dos cosas: primero, la institución presidencial estadounidense no es estática y seguirá expandiéndose y, segundo, es necesario limitar el ejercicio de poder para asegurar que no se vulnere la Constitución.

Entonces, surgen dos preguntas: ¿es una tendencia normal de la presidencia esta extensión e incremento de poder? y ¿este fenómeno se replica en otras latitudes?.

Me permito ensayar una respuesta a la primera pregunta con base en lo analizado previamente. En la figura del presidente tenemos a un solo gobernante, en él confluyen las jefaturas de Estado y de gobierno, sus funciones son extensas con posibilidad de incremento por interpretación jurídica o por circunstancias fácticas. Así, puede observarse que las condiciones para el crecimiento de poder están dadas. Por otro lado, que esto sea normal, no es cierto. Para retrucar a esta afirmación que confundiría lo usual con lo natural, habría que regresar a la ontología de la institución presidencial y, como vemos, fue diseñada para no regresar al poder abusivo encarnado en el absolutismo u otras figuras similares más contemporáneas, por ello la separación de poderes y los pesos y contrapesos, por sólo poner dos ejemplos.

Para responder a la segunda pregunta, vamos a dirigirnos específicamente a la experiencia peruana. Meses antes de publicarse la Constitución peruana vigente de 1993, el jurista Pedro Planas, comentando la crisis política acaecida antes y después del advenimiento de Alberto Fujimori, con el país inmerso en el proceso constituyente y en la discusión sobre las instituciones, publicó un texto de estimulante título: "Rescate de la Constitución". En lo correspondiente a la institución presidencial señalaba que la razón del mal desempeño de la Constitución fue un precario funcionamiento de sus órganos. Un arraigo ciego del Parlamento a su gobierno, incluso declinando en sus funciones, permitió que la hipertrofia de un presidencialismo sin frenos pareciese normal en nuestro modelo constitucional (^{Planas, 1992, p. 158}).

Observamos que la tendencia expuesta puede replicarse en otras latitudes, dado que el modelo presidencial, salvo cambios ornamentales o incluso funcionales, tiene premisas similares, por ende, este monarca contemporáneo siempre estará en peligro de perder lo republicanizado y nunca debería perderlo.

Ahora bien, si hacemos una reflexión sobre lo que significa ser un jefe de Estado, vemos que representa la unidad del Estado, no ejerce funciones políticas, sólo simbólicas o ceremoniales. En el pasado, los monarcas asumían estas funciones y también las de conducción política y sólo hasta la aparición de los sistemas parlamentarios y el constitucionalismo moderno se empezó a diferenciar entre jefe de Estado y de gobierno, siendo que el primero no depende de la confianza del Congreso y por ello también es políticamente irresponsable e inamovible (^{Valadés, 2018, p. 7}).

El verbo utilizado es representar,¹⁵ es decir, hacer las veces de y hacer las veces de algo, no significa "ser" ese algo. La tierra puesta al medio se llama ontología. Por otro lado, refiere que esta representación es sobre la unidad del Estado, una de sus condiciones más importantes, pero al fin y al cabo sólo uno de sus aspectos, no es el Estado mismo.

Por otro lado, tenemos al jefe de gobierno, que es, según Valadés, quien asume la marcha política del Estado, aplica y reglamenta las leyes, se encarga de la coacción, administración y de los conflictos entre las fuerzas políticas. En los sistemas parlamentarios es colegiado y en algunos presidenciales es unitario. Mientras el jefe de Estado asume funciones formales de poder, el jefe de gobierno asume funciones materiales. El autor añade que desde que Maquiavelo acuñó la idea de Estado se ha tratado de definirlo, pero siempre recalando en instituciones espacio-temporales, de ahí que el gobierno forme parte de aquél. Así, mientras el Estado es un ente abstracto y simbólico, los actos del gobierno tienen efectos directos en los individuos y la sociedad (^{Valadés, 2018, p. 7}).

Ergo, la jefatura de Estado es emblemática y la jefatura de gobierno es real, la primera es alegórica, la segunda práctica; la primera es abstracta, la segunda concreta; la primera es figurativa, la segunda es tangible; la primera es simbólica, la segunda es sensible. En consecuencia, justamente por tener la jefatura de Estado estas características, tiene una naturaleza representativa y por ello necesita que esta representación se haga carne. Ahora bien, caben dos preguntas: ¿qué es lo que se va a representar mediante la jefatura de Estado? y ¿representar significa personificar?.

No obstante, lo que se infiere de estas preguntas es que la institución del presidente nace como respuesta a un modelo político asfixiante, por ello el gobernante no sería más una autoridad que ejerce un poder incontrolable, infinito y por encima de la ley. Aunque su diseño prevé un poder magnífico y éste se ha ido extendiendo dentro de los parámetros constitucionales, jamás, ni siquiera en su forma original, se identificó al presidente con la personificación de la Nación. Más bien, esta opción es acogida posteriormente, como veremos líneas abajo, por constituyentes que suponían ser fieles a las características de esta institución, pero por el contrario, este entusiasmo los llevó a lo opuesto, a una característica propia de las monarquías puras.

4. ¿Qué se representa mediante la jefatura de Estado? ¿Representar significa personificar?

Para responder a estas preguntas, es necesario realizar un acercamiento a la figura del presidente desde la perspectiva constitucional y doctrinaria en la nación que ha desarrollado su modelo alrededor de esta institución.

Como consigna ^{Cahn (2011)}, la Constitución de los Estados Unidos ha consagrado a este tema su artículo II y las cuatro secciones de las que está compuesto (p. 804). Inicia señalando que el Poder Ejecutivo se halla investido en el presidente (The executive Power shall be vested in a President of the United States of America), luego desarrolla la forma de elección, quiénes pueden postular, las causales y formas de relevo del cargo, la fórmula del juramento, su calidad frente a las Fuerzas Armadas, sus funciones en las relaciones internacionales, sus relaciones con el Poder Legislativo y las causales para el retiro del cargo. Como puede apreciarse, en ninguno de los extremos de los textos hace referencia, ni de manera directa, ni indirecta a una "personificación de la Nación". Según sitios web oficiales y actuales del gobierno de los Estados Unidos, el mensaje es el mismo: "el presidente es el jefe de Estado de Estados Unidos, jefe del Gobierno federal y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos fue el primer país en crear el cargo de presidente como jefe de estado en una república" (^{USAGov en Español, 2023}). Tampoco hay referencias a la "personificación de la Nación". Quiero partir de aquí, porque, como hemos visto en el acápite anterior, estamos hablando del modelo presidencial original y por antonomasia y además el que reúne las características más poderosas, supremas facultades y de mayor autonomía.

Sin embargo, curiosamente, esta "personificación de la Nación" sí existe, pero no donde se la imagina, más bien aparece como característica propia del monarca (y del monarca absoluto), no del presidente, quien se desenvuelve en democracia.

^{Jellinek (2017)} sostiene que la teoría de la representación absorbente, según la cual el Monarca abarca al Estado, formando una sola unidad, toma cuerpo en el absolutismo. La comunidad popular era identificada con el Estado y se trasladaba al príncipe, quien se convierte en su representante. Según esta doctrina, el Estado sería un cuerpo muerto sin el monarca, que sería su alma (p. 589).

El análisis de Jellinek concluye en la identificación, es decir, no estamos hablando aquí de una simple representación, sino de personalización. El monarca no representa al Estado, el monarca es el Estado y esta no es una frase comprendida por exégetas posteriores entregados a entender esta coyuntura, sino por los protagonistas en su propio tiempo, de ahí, por ejemplo, el "l'État, c'est moi", atribuido a Luis XIV de Francia.

Esta representación por personalización identifica al país con la persona, a la nación con el monarca. No es una representación de estilo democrático.¹⁶ Este modelo no significa una reducción de la nación, a la persona, sino más bien una magnificación de la persona en la nación. El monarca la engloba, la abarca, la impregna, se transmuta en ella, no hace las veces de ella, es ella misma.

El caso de Luis XIV, al que hice referencia, es explícito. Regresaré a ^{Jellinek (2017)}, quien ofrece un apunte sobre el tema y luego pasaré a un estudio sobre las características de este monarca.

Es de advertir que al igual que la doctrina teocrática y patrimonial, la representativa halló su encarnación también en Luis XIV, el cual quiso ser considerado, desde todos los puntos de vista posibles, como ciudadano. Así declara: "le roi représente la nation toute entière et chaque particulier ne représente qu'un individu envers le roi. Pas conséquent, toute puissance, toute autorité résident dans la main du roi, et il ne peut y en avoir d'autres dans le royaume que celles qu'il y établit [...] La nation ne fait pas corps en France; elle réside tout entière dans la personne du roi". (p. 589).¹⁷

El monarca absolutista, entonces, no es solamente un gobernante, rebasa con creces esta definición y una de las causas es precisamente que encarne a la Nación, pues, siendo la personificación del propio pueblo y resultando su voluntad identificada con la del país, no puede entenderse un poder mayor.

^{Rowen (1969)}, por su parte, afirma que el conocimiento del absolutismo ha llegado hasta nosotros en unas ocho acepciones. Para los efectos de la presente investigación las dos primeras son pertinentes.

The first of these is the "national monarchy" concept. It equates the absolute monarchy of the Old Regime with the nation-state so familiar to nineteenth-and twentieth-century Europe. In it the monarch is seen as the symbol and embodiment of the nation as well as its agent. A great deal of French historical writing, particularly of traditionalist and royalist persuasion, has been written in the spirit of this conception. In these works Louis XIV, in his character, his purposes, and his achievements, is portrayed as the very quintessence of France. (p. 303).¹⁸

Entiéndase que quintaesencia, en inglés o español alude a la última esencia de algo, su concentración más pura, a esto añadamos el apunte inicial de Rowen, quien advierte la calidad de Luis XIV como símbolo y encarnación de la nación.

La segunda acepción no es menos elocuente.

The second of these themes may be called the concept of the "personal state", because it sees the king of France, and none more so than Louis XIV, as the symbol and agent of the state. The king is the state incarnate: L'Etat, cest moi, in the phrase attributed to the youthful Louis XIV. When the king acts, he acts not on his own behalf but on that of the French state; when he amasses glory and becomes the Grand Monarch, it is really not the king but the French state that achieves glory and grandeur. This notion at first glance may seem to be only the first theme restated in equivalent words, but it is so only for the proponents of the national-monarchy concept. It may actually be held quite independently of the national monarchy theory (^{Rowen, 1969, p. 304}).¹⁹

Dos comentarios surgen de esta segunda acepción. El primero con base en la advertencia que el autor hace: no es una reproducción de la primera. Y esto porque mientras en la primera acepción el monarca materializa una monarquía nacional, es decir, una institución que encarna a toda Francia, en la segunda acepción el monarca mismo personifica a la nación. Ambas nociones son confluyentes y no excluyentes.

El segundo comentario que surge es respecto a la afirmación "cuando acumula gloria y se convierte en el Gran Monarca, en realidad no es el rey sino el estado francés el que alcanza la gloria y la grandeza". Rowen imagina una situación auspiciosa tanto para el monarca como para su nación, lo cual es válido, pero no menos válido es interpretar en contrario, dado que los actos viciosos y execrables del monarca, también serían los de su nación. He aquí el problema con este tipo de concepciones que hacen referencia a la "personificación".

Entonces, queda claro que la representación no es el problema, esta es una figura capital en el entendimiento de la democracia moderna. Tampoco lo es que esta representación refleje la unidad del Estado, dado que esta condición le es inseparable por naturaleza. Haberle ha comprendido este escenario, identificando esta representación en la jefatura de Estado, hecho común tanto a la monarquía, como a la república. Pero esto no es nuevo, lo resaltante en el autor alemán es el encuadre de esta coyuntura en el Estado constitucional, análisis que nos sirve para encadenar como etapa posterior a la personificación del monarca absoluto a la que me he referido líneas arriba.

En el Estado constitucional, el jefe de Estado cumple funciones de integración y representación, y tanto en las monarquías constitucionales europeas, como en las repúblicas, todas democracias, ya no posee competencias absolutas, sea el caso del fuerte presidente de los Estados Unidos o de los débiles monarcas escandinavos de Suecia, Noruega y Dinamarca. Este "cargo" en la estructura del Estado cumple tareas engarzadas en la división de poderes del Estado constitucional (^{Haberle, 2003, p. 215}).

Hecho el salto histórico vemos al monarca y al presidente, pero viviendo según los signos del Estado Constitucional. Entonces, observamos que el autor hace una primera referencia al Estado constituido (el Estado conformado, el Estado existente). Aquí, como bien hace Haberle, es inoficioso realizar un juicio de valor, se trata únicamente de dar cuenta de un Estado en funcionamiento, sea este monarquía o democracia. En cualquiera de estas dos opciones es esencial la presencia de un jefe de Estado. Dicho esto, sí cabe evaluar el margen de acción en uno u otro contexto. En tiempos de absolutismo, como veíamos, es natural que el monarca haya presentado facultades magníficas. En tiempos del Estado constitucional resultan dos cosas: primero, que ya no existe sólo la opción del monarca, sino que tenemos también la del presidente y, en segundo lugar, en cualquiera de los dos casos, sus facultades no pueden ser ilimitadas. Ahora bien, conduciéndonos hacia el objeto de la presente investigación, advertimos que entre estas limitaciones está la "personificación de la Nación", dado que, si se trata de un "cargo" (y este cargo incluye a la representación), aunque importante como ninguno, sería contraproducente concebírsele como la personificación del país, propia del monarca absoluto como vimos líneas arriba. En el Estado constitucional es imposible.

En las monarquías democráticas aludidas por Haberle, el contexto actual no es muy distinto. Si nos preguntamos por el rey,²⁰ ya no ostenta facultades absolutas y, si nos preguntamos por el presidente de Gobierno,²¹ aunque no sea estrictamente el tipo estudiado por este trabajo, también aclararé que con mucha menos razón personifica a la nación.

Mención aparte merecen otros presidencialismos. En la Constitución argentina de 1853, artículos 87 y ss. (^{Alcántara, 2013, p. 59}), en la Constitución brasileña de 1988, artículos 76 y ss. (^{Alcántara, 2013, p. 121}), en la Constitución chilena de 1980, artículos 24 y ss. (^{Alcántara, 2013, p. 177}), en la Constitución paraguaya de 1992, artículos 226 y ss. (^{Alcántara, 2013, p. 218}), en la Constitución uruguaya de 1967, artículos 149 y ss (^{Alcántara, 2013, p. 262}), en la Constitución boliviana de 2009, artículos 165 y ss. (^{Alcántara, 2013, p. 318}), en la Constitución colombiana de 1991, artículos 188 y ss. (^{Alcántara, 2013, p. 372}), en la Constitución ecuatoriana de 2008, artículos 141 y ss. (^{Alcántara, 2013, p. 432}) y en la Constitución venezolana de 2000, artículos 225 y ss. (^{Alcántara, 2013, p. 561}), se han consignado en sus textos constitucionales referencias a las jefaturas de Estado, de gobierno, a la unidad nacional, sus atribuciones y funciones, pero eso es todo. Tanto Duverger,²² como Lanzaro²³ opinan que el presidencialismo latinoamericano ha sido proclive a formas no democráticas, lo cual es cierto, pero ni aún estas deformaciones personalistas han optado por emitir una Constitución con la consigna de configurar un presidente que personifique a la Nación. Por el contrario, cabe la interpretación opuesta, dado que si se han vivido episodios autocráticos aun sin esta consigna, teniéndola como prescripción constitucional, el escenario es mucho peor.

Los caudillos populistas antidemocráticos no siempre lo hallan por escrito y tampoco lo plasman así, pero comprenden la necesidad de mostrarse como la encarnación de la nación. Así lo documenta Torre en los casos de Hugo Chávez²⁴ y Rafael Correa.²⁵

Para estos y otros gobernantes similares está sobreentendido que es un signo del cargo y una necesidad para sus aspiraciones, como símbolo material del ente abstracto Estado de cara a los ciudadanos (^{Coronil, 2005, p. 110}). Sin embargo, esta personalización del Estado es altamente corrosiva para los efectos del Estado constitucional, teniendo en cuenta que se trata de una práctica que debería considerarse superada tras el paso del poder individualizado (tribal y feudal) al institucionalizado (donde los gobernantes sólo lo ejercen) (^{Galvis, 2005, p. 22}), además del advenimiento del Estado moderno, únicamente sujeto a la Constitución (^{García, 2014, pp. 164 y ss}).

Bernales ha ensayado una explicación para el caso peruano. Hasta la Constitución de 1920, el diseño de la institución presidencial tuvo un carácter liberal europeo, identificándolo como jefe del Poder Ejecutivo, -el énfasis de su jefatura de gobierno se encontraba en sus funciones ejecutivas-, eso cambiaría desde la Constitución de 1933. El autor señala que "el cargo, arraigado en tradiciones seculares y reforzado por el origen popular, ha convertido al Presidente de la República en la encarnación de la soberanía nacional", esta sería la razón para la fórmula que se refiere a la personificación de la Nación (^{Bernales, 1998, p. 522}).

Me permito dudar. No creo que se configure ni una tradición secular, ni una constitucional, donde de doce Constituciones sólo tres mencionen la personificación de la nación. Lo que sí es evidente es que nuestra tradición constitucional es democrática y, como vimos, la personificación de la nación es propia del absolutismo.