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Introducción
La noche del 3 de mayo de 2021 un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México (L-12) colapsó, dejando decenas de heridos y una veintena de muertos. Al momento del accidente, medios y redes sociales recordaron los problemas que enfrentó la construcción de esta vía y su posterior administración y mantenimiento. Fue inaugurada en 2012, y tuvo que ser cerrada en 2014 por veinte meses al presentar fallas estructurales en distintos tramos. No tardaron en escucharse las voces que responsabilizaron a los tres últimos jefes de gobierno de tener algo que ver con el accidente. A Marcelo Ebrard (2006-2012) se le acusó de diseñar y construir apresuradamente la línea que él mismo bautizó como la “línea dorada del metro”. Se señaló a Miguel Ángel Mancera (2012-2018) de no corregir las fallas estructurales que detectó durante su gobierno; y se responsabilizó a Claudia Sheinbaum (2018-2024) de no dar mantenimiento a la L-12 y al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en su conjunto. Sin embargo, algunas voces consideraron que estas acusaciones tenían la intención de destruir las aspiraciones políticas de Sheinbaum y Ebrard, ambos considerados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, como sus posibles sucesores en el cargo.1
Se analiza cómo el colapso de la L-12 disparó un proceso de societalización en el que se acusó a las élites políticas de ser responsables del accidente, exigiendo que asumieran su responsabilidad y las sanciones correspondientes. La societalización sucede cuando una disfunción inherente a las instituciones estatales es colonizada por la esfera civil y deja de estar bajo el control discursivo y simbólico de las élites políticas (Alexander, 2019; Lo y Hsieh, 2020). Si bien la societalización muchas veces genera regulaciones y castigos, en otras ocasiones las élites son capaces de recuperar el control simbólico e institucional de la crisis. El argumento central del artículo es que la societalización del accidente en la L-12 no generó sanciones a los responsables porque la polarización política en el país impidió crear un estándar común de evaluación civil. Dicha polarización facilitó al presidente de la República acusar a quienes afirmaban que Ebrard y Sheinbaum eran responsables del accidente, de pretender descarrilar su proyecto político: la Cuarta Transformación de México (4T).2
Distintos trabajos han analizado, desde las ciencias sociales, los problemas políticos y administrativos de la L-12. Por un lado, se encuentran los estudios que examinan cómo este proyecto cristalizó de forma significativa la opacidad gubernamental, donde “los mecanismos activados por el gobierno fueron los mínimos para cumplir con la ley” (Díaz, 2018: 177). Otros trabajos han abordado cómo las fallas en la L-12 generaron un debate marcado por acusaciones mutuas entre grupos políticos en pugna, quienes se inculparon mutuamente para salir indemnes ante la opinión pública y la ley (Moreno, 2018). De igual forma, se ha subrayado cómo los múltiples contratos a distintas empresas propiciaron débiles mecanismos de supervisión organizacional (Blancas, Hernández y Arellano, 2018). Esto permitió que las autoridades de la Ciudad de México, las empresas constructoras, certificadoras y supervisoras evadieran culpas y responsabilidades (Pardo y Vázquez, 2018). La estructura de contratos y distribución de los tramos de la L-12 a distintas constructoras sembraron la sospecha de que había actos de corrupción tolerados, que no fueron considerados como una amenaza que pusiera en riesgo a los usuarios del STCM. En consecuencia, como sugiere Ugalde (2018), se bloquearon los mecanismos de sanción moral y legal a las élites políticas y empresariales de la Ciudad de México.
El presente artículo examina cómo el colapso de la L-12 transformó este escenario. Los comportamientos de las élites dejaron de ser considerados como inocuos para ser percibidos como una amenaza real. El artículo abre con una discusión sobre los conceptos básicos del proceso de societalización. Posteriormente, se presenta el contexto social previo al colapso de la L-12, donde se destaca el escenario de polarización política del país. En el tercer apartado se analiza cómo se asignaron los atributos del vicio civil a los exjefes y Jefa de Gobierno, con el fin de advertir su responsabilidad en el accidente de la L-12. En un cuarto apartado, se examinan los esfuerzos por reestablecer el control simbólico de los hechos por parte del presidente.3 En las reflexiones finales se enfatiza el peso de la polarización política para traducir las exigencias de reparación civil y castigo a los responsables.
La societalización
Tradicionalmente la sociología aborda las tensiones sociales como resultado de la lucha por recursos económicos y políticos, destacando que el motor de la sociedad está en las relaciones que se construyen en estos ámbitos. Desde la teoría de la esfera civil, la fuerza motriz reside en la sociedad civil, entendida como una dimensión de solidaridad, llena de significado, emocionalidad y simbolismo (Seidman, 2017). Esta esfera es un conglomerado de estructuras colectivas creadoras de significado que surgen de códigos simbólicos que constituyen los pilares fundamentales de la vida cívica (Kivisto y Sciortino, 2021); en ella la solidaridad se negocia de manera constante a través de la tensión interpretativa -cambiante y diferente- sobre el sentido de lo civil y lo anticivil (Alexander, 2006).
Los discursos de la esfera civil sacralizan o contaminan las acciones de personas o grupos que buscan producir o sostener cierto tipo de solidaridad (Jacobs, 1996; Smith, 2005); este espacio es una arena de confrontación constante, donde sus ciudadanos se imputan las supuestas cualidades de la pureza e impureza (Farge, 1994). Así como “no hay religión desarrollada que no divida el mundo entre salvados y condenados, no existe discurso civil que no conceptualice el mundo entre aquellos que merecen la inclusión y aquellos que no” (Alexander, 2006: 55); la civilidad de unos se articula en el lenguaje de la incivilidad de los otros.
Las imputaciones sobre las virtudes y el vicio cívico transcurren en tres niveles: motivos, relaciones e instituciones (Alexander, 2006). En el primero, se considera que un actor social está respaldado por motivos democráticos si se cree que es autónomo, racional, razonable y realista; por el contrario, se estima que es un actor inspirado por motivos antidemocráticos si se cree que estos carecen de autonomía, son irracionales y no realistas. En un segundo nivel, se evalúan las relaciones de los actores en términos cívicos si se considera que son abiertas, susceptibles a la crítica, honorables y confiables; de otro modo, son calificadas como anticiviles si se piensa que son cerradas, sospechosas, deferenciales, egoístas o tramposas. Finalmente, las instituciones se categorizan como civiles si se interpreta que están reguladas por la ley, son equitativas, inclusivas e impersonales; y se tipifican como anticiviles, si se pondera que funcionan de manera arbitraria, jerárquica, excluyente y para beneficio de una persona o grupo.
Las disputas sobre las atribuciones morales, civiles o anticiviles, se cristalizan en las instituciones comunicativas y regulativas de la esfera civil. Las primeras reflejan y difunden las posturas, pasiones e intereses de quienes se asumen como parte de una sociedad o forman una red de actores que hablan en nombre de la sociedad, hacia la sociedad y como sociedad (Kivisto y Sciortino, 2015). Entre estas instituciones están los medios de comunicación, las asociaciones voluntarias y los movimientos sociales. Las instituciones regulativas responden ante el reclamo social de solidaridad y poseen el derecho de tomar decisiones vinculantes, como sucede con los cargos electivos, tribunales y otras instancias de la función pública.
Existen otras esferas de orden no civil que operan a partir de sus propias lógicas de poder, estructuras, jerarquías y mundos morales, las cuales no tienen que ver con la solidaridad sino con los procesos de cohesión y compromiso guiados por el lucro, el poder y la fe (Seidman, 2017). Estas otras esferas se tensionan con la civil, ya que sus lógicas la invaden y la informan, creando fricciones, aunque en ciertas ocasiones pueden ser facilitadores de la solidaridad. El Estado, la economía y la religión son ejemplos de esferas no civiles (Alexander, 2006).
El Estado es una organización burocrática impersonal que ejerce control social a través de órdenes y principios de autoridad y fuerza. La economía opera a partir de la productividad, el interés y la ganancia. La familia, por su parte, está ligada por lazos afectivos, pero depende de la potestad y la deferencia, no de la crítica. La religión, finalmente, genera lazos de comunicación y cohesión en función de una autoridad que media la relación entre los creyentes y Dios. Cada una de estas dimensiones establece relaciones de frontera con la esfera civil. A veces, los principios del Estado, el mercado, la religión o la familia son transferidos a la esfera civil por políticos, ministros de culto y padres de familia. También es posible encontrar dinámicas en sentido contrario: la solidaridad puede llegar a alterar la lógica económica, estatal, familiar y religiosa.
De tal manera, la societalización es el proceso a través del cual las esferas no civiles se perciben como amenazas a la sociedad vista como un todo, cuando se considera que funcionan como intrusiones que destruyen la solidaridad y las membresías de inclusión social (Schmidt, 2020). Cuando los problemas específicos de las esferas no civiles se societalizan, significa que han sido colocadas bajo el escrutinio de las instituciones comunicativas o regulativas de la esfera civil. Se critica a sus élites, jerarquías y estructuras de poder. Se exige que sean transparentes y que se abran al escrutinio público (Park, 2019). Incluso, se pide que se apliquen sanciones si se cree que se han afectado el interés y la dignidad de las personas. Las crisis sociales son el resultado de las interpretaciones críticas que se hacen desde las instituciones de la esfera civil a las tensiones, lógicas y estructuras de las esferas no civiles (Binder, 2021). Esto significa que la societalización es un proceso de construcción de sentido, en la que participan agentes como los medios de comunicación, asociaciones o movimientos sociales. Ciertamente, estos agentes encuentran regularmente resistencias de parte de quienes buscan sostener las solidaridades restringidas de las esferas no civiles.
El proceso de societalización puede ser entendido como un modelo secuencial de un Tiempo 1 (T1) a un Tiempo 5 (T5), en que ciertos agentes sociales presionan a las esferas no civiles a abrirse al escrutinio de sus principios de operación (Alexander, 2018). En términos analíticos, se puede imaginar que T1 es un hipotético “estado estable”, donde las relaciones de frontera entre la esfera civil y las esferas no civiles se caracterizan por las críticas de la primera a las segundas. Dichas críticas no cuestionan radicalmente los principios de funcionamiento de las esferas no civiles y no demandan la irrupción de los principios y códigos civiles a su interior. En un T2, los códigos civiles se mueven hacia el interior de las esferas no civiles e interpretan el funcionamiento de estas últimas como una amenaza para la sociedad: “lo que es normal es visto como patológico, como moralmente contaminado y socialmente disruptivo” (Alexander, 2019: 8), como algo que “está fuera de lugar” (Douglas, 1966), porque representa algo sucio y contaminado que debe ser purificado (Cottle, 2004). Esto puede producir intervenciones de las instituciones comunicativas y regulativas de la esfera civil en las esferas no civiles, en términos de regulaciones, sanciones o reparaciones a daños (T3). En respuesta a las demandas de cambio y las trasformaciones institucionales, se generan reacciones para menoscabar las críticas de la esfera civil y reestablecer la pureza de los principios de funcionamiento de las esferas no civiles (T4), lo que después de un tiempo genera un nuevo estado estable (T5).
El modelo secuencial es un referente analítico, no todos los tiempos de T1 a T5 se materializan, ya que los principios y tensiones que operan al interior de las esferas no civiles pueden frenar la societalización. Esto sucede en las democracias polarizadas, donde las posiciones encontradas deciden movilizarse una contra otra en lugar de exigir la intervención en las instituciones no civiles (Alexander, 2018). La polarización impide la definición de una arena común de lucha, debilitando a las instituciones de la esfera civil e intensificando la polarización social (Demertzis y Eyerman, 2020; McCormick, 2020; Morgan, 2020; Villegas, 2020). Reconocer las amenazas a la solidaridad por parte de las esferas no civiles no es suficiente para generar la societalización (Mast, 2019), para que esta última funcione deben existir audiencias ciudadanas que compartan un estándar de evaluación civil, pese a que tengan distintas ideologías e intereses políticos (Alexander, 2019).
Para el caso que nos ocupa, la L-12 fue cuestionada desde su diseño, construcción y operación por las instituciones comunicativas de la esfera civil -particularmente la prensa, las redes sociales y el campo académico-. Este momento puede ser considerado el hipotético “estado estable” (T1): había ya una crítica a la construcción y operación del STCM, sin embargo, fue normalizada y controlada discursivamente por élites políticas, burocráticas y empresariales. Su comportamiento se interpretó en el orden del business as usual propio de la clase política mexicana. Cuando la L-12 colapsó, se responsabilizó del hecho a los exjefes y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, actualizando y profundizando las críticas que se hicieron en el T1. Esto abrió el proceso de socialización (T2): las críticas demandaron la investigación de los hechos y la sanción a los supuestos responsables. Sin embargo, esto no generó cambios en términos de regulaciones o sanciones a las autoridades acusadas (es decir, no hubo un T3).
Si bien se abrió una investigación que concluyó que hubo problemas en la construcción de la L-12, no hubo asignación de responsabilidades administrativas ni penales a los titulares de la jefatura de gobierno de la ciudad, sino a funcionarios menores. A partir del 24 de junio, la societalización entró en el T4: AMLO anunció, después de reunirse con una de las empresas involucradas en la construcción del tramo colapsado, que esta última reconstruiría el tramo sin costo alguno para el gobierno. Anunció que él sería la única persona autorizada para informar sobre cualquier tema relativo a la L-12, buscando reestablecer el control de los principios de funcionamiento de las élites políticas y la burocracia a su alrededor, generando un nuevo estado estable (T5).4
Metodología
El proceso de societalización se reconstruyó analizando las columnas políticas de cinco periódicos de circulación nacional: El Universal, Milenio, La Jornada, Reforma y Excélsior. Se encontraron un total de 91 columnas de opinión que trataron el tema entre el 4 de mayo y el 31 de junio de 2021. Fueron seleccionados esos periódicos por varias razones: a) cada uno presenta en su contenido columnas políticas con distintas opiniones, a veces incluso opuestas; b) circulan de forma digital y de forma impresa a nivel nacional; c) ocupan una posición dentro del tradicional espectro político que abarca visiones de izquierda/liberales/derecha; d) se referencian entre ellos tanto para fines críticos como para encadenar comentarios. Se reconoce que las columnas periodísticas están sesgadas en las interpretaciones que ofrecen, porque parten de marcos de interpretación anclados en referentes morales distintos (Earl et al., 2004: 67; McCarthy et al., 1996: 479). Este sesgo es importante para el análisis porque permite analizar cómo las interpretaciones activan y acompañan el proceso de societalización. Las columnas no posibilitan comprender lo que realmente pasó -aunque presenten pruebas a favor o en contra de actores y muestren datos precisos sobre un evento- pero sí dan cuenta de las interpretaciones morales más o menos informadas sobre un evento.
Las columnas políticas son importantes porque resaltan a las figuras públicas, los momentos de crisis y las supuestas amenazas a la vida social. Las construcciones narrativas de las columnas políticas pueden provocar reacciones de crítica o respaldo a las figuras públicas -como sucedió con el escándalo de la compra de la Casa Blanca por la esposa del presidente de México Enrique Peña Nieto (Arteaga y Arzuaga, 2018)- y a veces pueden alterar el funcionamiento interno de las esferas no civiles (Alexander, 2006). Esto no significa que las columnas políticas no tengan un efecto en la sociedad. Su virtud se halla en que, como sugieren Butler y Luengo (2016), construyen mensajes a través de valoraciones y narraciones que traducen situaciones concretas en códigos civiles con aparentes pretensiones de universalidad.
Para dar cuenta de dicha traducción se requiere llevar a cabo una exploración que permita inferir las estructuras culturales distribuidas en las instanciaciones de las columnas políticas, para después observar cómo se conectan en un proceso más amplio y coherente. La apuesta por una lectura desde la societalización implica indagar en cómo esta última se interpreta y significa en instanciaciones repetidas que responden a estructuras culturales profundas. Como sugiere Smith (2005), dichas instancias que se pueden observar en las columnas no son conjunciones únicas, ni significados localmente situados e irrepetibles, son expresiones de representaciones colectivas ancladas en lo profundo de una estructura cultural.5
¿Cómo se observó el proceso de societalización y sus variables en estas columnas políticas? Primero se observó si existía un hipotético “estado estable”, es decir, si las columnas políticas enfatizaban la presencia histórica de críticas a la construcción de la L-12 que habían sido normalizadas o menospreciadas por las élites políticas y la burocracia de la Ciudad de México (T1). Después se revisó si las columnas, una vez colapsada la L-12, trataron de controlar el sentido del hecho a través de responsabilizar a las esferas de las élites burocráticas y políticas -acusándolas de representar una amenaza para la sociedad- movilizando los códigos civiles contra esas esferas (T2). En tercer lugar, se exploró la presencia de regulaciones y sanciones a los responsables, así como reparaciones del daño a las víctimas (T3). Posteriormente, se examinó si había columnas políticas que argumentaban sobre el supuesto carácter malicioso, impuro, profano, es decir incivil, detrás de las críticas a las élites y burocracias (T4). Finalmente, se trató de percibir como la crítica perdía fuerza moral, generando un incipiente nuevo “estado estable” (T5).
¿Cómo fue posible validar con las columnas de cinco periódicos cada uno de los tiempos de T1 a T5 del proceso de societalización? Como sugiere Smith, los posicionamientos en los medios de comunicación pueden parecer aislados, débiles o solitarios. Sin embargo “están organizados en estructuras narrativas que ubican a los actores y los eventos en tramas, asignan responsabilidad moral, causalidad y agencia, dan forma a las expectativas de resultados y, en algunos casos, brindan modelos ejemplares para la acción” (Smith, 2005: 14). Para desentrañar dicha estructura se llevó a cabo una análisis de las narrativas de las columnas políticas, dando cuenta cómo se asignaban responsablidades, se acusaba a los culpables, se recordaban las denuncias pasadas sobre la construcción de la L-12, se levantaba la indignación por la falta de castigos y sanciones a los presuntos responsables y se cuestionaban las posiciones críticas hacia el gobierno de la Ciudad de México y el presidente. Esto permitió dar cuenta cómo las columnas de opinión abrian, cerraban o empalmaban los tiempos del proceso de societalización.
Una vez que se localizaban estos tiempos, las columnas de opinión se leyeron de la siguiente manera: en un primer momento, se problematizó si los funcionarios aparentemente responsables del colapso del tramo de la L-12 eran considerados como civiles -esto es, movidos por la solidaridad, la inclusión, los valores democráticos, capaces de controlar sus emociones- o anticiviles -es decir, movidos por la ambición irracional por el poder, el dinero, y sus emociones-. En un segundo momento, se analizó si las columnas atribuyeron a los presuntos responsables relaciones abiertas, confiables, honestas y deliberativas -es decir, plenas de virtudes civiles- o cerradas y conspirativas -basadas en los compromisos de grupo, el egoísmo y la deferencia-. En tercer lugar, se cuestionó a qué tipo de instituciones se adscribía su actuación: reguladas, dentro del marco legal, impersonales, inclusivas y que operan bajo los criterios de la función pública o, por el contrario, que funcionan fuera del marco legal, basadas en la lealtad a las personas, al servicio de facciones, generando procesos de exclusión social.
Como se puede observar en la Tabla 1, el análisis de las columnas políticas se organizó en dos ejes. En el primero (x) está la secuencia del proceso de societalización (T1-T5) y en el segundo (y) las atribuciones civiles e inciviles. En cada etapa de la societalización se buscó saber cómo las columnas políticas atribuían a los actores involucrados motivos, les asignaban relaciones y los adscribían a cierto tipo de instituciones.
Tabla 1 Esquema de lectura de atribuciones civiles e inciviles y proceso de societalización
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y Instituciones [Impersonales/ inclusivas/ función pública versus lealtades personales/ facciones/ excluyentes] |
… a las que pertenecen los funcionarios que no atendieron los señalamientos sobre L-12 | …a las que pertenecen los supuestos responsables del colapso de la L-12 | … a las que pertenecen aquellos que no han sido responsabilizados | … a las que pertenecen quienes critican y señalan a los presuntos responsables del colapso de la L-12 | …a las que pertenecen los funcionarios ligados a la L-12 |
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Relaciones [abiertas/ confiables/ honestas /deliberativas versus cerradas/conspirativas /basadas en compromisos] |
… que se atribuyen a los funcionarios que no atendieron los señalamientos sobre la L-12 | …que se atribuyen a los supuestos responsables del colapso de la L-12 | …que evitan las sanciones a los responsables | …que sostienen quienes critican y señalan a los presuntos responsables del colapso de la L-12 | …que sostienen los funcionarios ligados a la L-12 |
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Motivos [solidarios/ inclusivos/ racionales/ versus egoístas/ excluyentes/ irracionales] |
…que se atribuyen a los funcionarios que no atendieron los señalamientos sobre la L-12 | …que se atribuyen a los supuestos responsables del colapso de la L-12 | …por los que no se sancionan a los responsables | …de aquellos que critican y señalan a los presuntos responsables del colapso de la L-12 | …por los que no hay sanciones a los funcionarios ligados a la L-12 |
| Hipotético “estado estable” [Normalización de las irregularidades L-12] | Intervención de códigos civiles en las élites político-burocráticas [Responsabilidades de Sheimbaum, Mancera y Ebrard] | Posibles sanciones a responsables y reparación del daño | Cuestionamiento a las críticas hacia las élites político-burocráticas. [Carácter impuro y sesgado de los críticos] | x Nuevo “estado estable” | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
Proceso de societalización
Fuente: elaboración propia.
Contexto de polarización y colapso de la L-12
AMLO ganó las elecciones presidenciales en 2018 utilizando un discurso populista donde se presentó como la legítima e indiscutible encarnación del pueblo en una sociedad que afirmó estaba profundamente polarizada (Rentería y Arellano-Gault, 2020). Para López Obrador existe un pueblo oprimido y explotado que se enfrenta a una élite opresora y corrupta, una “mafia del poder” compuesta por tecnócratas, empresarios, intelectuales, sociedad civil y medios de comunicación (Arteaga, 2021a). Mudde (2004) y Spillman (2019) sugieren que la figura populista polariza a la sociedad, demostrando la existencia de una élite contaminada y corrupta que constantemente victimiza al “pueblo”, el cual es juzgado como esencialmente puro. Kivisto (2019) advierte que esto lleva al populista a considerar como corrupta la legitimidad de las reglas con las que juegan las élites.
En este sentido, AMLO ha sugerido que algunas instituciones deben desaparecer o reformarse por estar capturadas por reaccionarios o tecnócratas -como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)-, que ciertas expresiones de protesta social son instrumentos al servicio de grupos golpistas -como el movimiento feminista- (Cardona y Arteaga, 2020), y que los medios de comunicación responden a intereses de conservadores y élites corruptas (Arteaga, 2021b). El presidente también ha señalado que hay un grupo de ideólogos que pueden ser categorizados como “fifís”: personas que provienen de familias acomodadas, que se jactan de su estatus y siguen modas ideológicas (Aristegui Noticias, 2018).
Según López Obrador, la característica impura más peligrosa de los “fifís” es su presentación de sí mismos como liberales cuando, en realidad, no quieren cambios y buscan sostener el régimen autoritario (Aristegui Noticias, 2018). El discurso y las acciones de AMLO reproducen la idea de que la sociedad estaba atrapada en una lucha entre las fuerzas del bien y el mal en el marco de instituciones contaminadas. En este sentido, activó poderosos códigos binarios: nosotros/ellos, pueblo/élites, puro/corrupto, austeridad/despilfarro, cambio/statu quo y tradición/modernidad (Arteaga, 2021a). Su visión de la política ha generado posiciones a favor y en contra que alimentan la idea de que existe una polarización política donde los desacuerdos priman sobre los acuerdos.
El colapso del tramo de la L-12 del STCM se sumó a esta disputa pública a partir de su propio contexto e historia. En el momento que se supo de la tragedia se rompió con el hipotético “estado estable” (T1) alrededor de la construcción de la L-12, trayéndose a cuenta en medios y redes sociales que el accidente era de esperarse, dado los antecedentes en su construcción y mantenimiento.6 Se dijo que Mancera sabía de los problemas en la L-12 y por eso creó una comisión para investigar a Ebrard para fincarle responsabilidades.7 Se advirtió que Mancera no reparó los daños que causó el terremoto de 2017 en la L-12. Algunos críticos del presidente se trasladaron al lugar de los hechos para tratar de usar la tragedia en su beneficio. Por ejemplo, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se acercaron a las víctimas para denunciar a Sheinbaum ante la Fiscalía General de la Ciudad de México. De igual forma, actores ligados al gobierno sugirieron que el accidente pudo ser planeado. Al respecto, el subsecretario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Sergio Saldaña, afirmó por Twitter que fue un acto de sabotaje de la oposición para dañar la imagen de Ebrard y Sheinbaum. La senadora de Durango, Lilia Margarita Valdés, advirtió que no era descabellado pensar que alguien movió la estructura del STCM para que cayera y responsabilizar al gobierno de la tragedia.8
Sheinbaum anunció una revisión estructural de la L-12 y una investigación para determinar las causas del incidente. Ebrard afirmó que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones. López Obrador prometió investigar las causas del accidente. El 5 de mayo de 2021, los legisladores del partido del presidente -Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- rechazaron crear una comisión para investigar el colapso. Mientras que el presidente señaló que no se había presentado en el lugar del desastre porque ese no era su estilo: “eso tiene que ver más con lo espectacular y con lo que se hacía antes. Esto no es de irse a tomar fotos, al carajo ese estilo demagógico e hipócrita. Tiene que ver con el conservadurismo” (El Financiero, 2021). Sus declaraciones polarizaron a la opinión pública cuando el presidente, en aparente contraste con lo señalado, subió al día siguiente fotos y videos en Twitter comiendo en Oaxaca y supervisando obras en distintas partes del país.
Las atribuciones de responsabilidad
El T2 del proceso de societalización se caracterizó por acusar a Ebrard, Mancera y Sheinbaum de poseer los atributos considerados como anticiviles de la esfera civil: personajes que se movían por la ambición por el poder o el dinero; involucrados en relaciones conspirativas basadas en compromisos de grupo, operando las instituciones en función de lealtades y facciones políticas, y no en el marco de la ley. Algunos comentaristas acusaron que el colapso de la L-12 se debió a la corrupción de los grupos ligados al presidente y las empresas constructoras (Carreño, 2021; González, 2021), y se aseguró que “el colapso del Metro sólo exhibe las penurias que la dizque [sic] izquierda viene arrastrando desde que se instaló en la capital: corrupción y mala planeación” (Belaunzarán, 2021). Se acusó que la combinación de políticos irresponsables, corruptos, ineptos y constructoras sin escrúpulos llevaron al colapso del STCM (Caccia, 2021; Gamés, 2021a).
Se advirtió que la falla en la L-12 resumía el descuido a la infraestructura de la ciudad (Guerra, 2021; Luege, 2021). Se acusó que la ciudad se había deteriorado por la presencia de un grupo en el poder que “descuidó el gran transporte público por excelencia: el metro” (Chertorivski, 2021). Se advirtió que era posible ver las señales de lo mal que estaba el STCM: en marzo del 2020 chocaron dos trenes; en enero del 2021 se incendió el Puesto Central de Control I del stcm;9 y en mayo se inundó la línea A. Se advirtió que había que castigar a los responsables de estos hechos (Becerra-Acosta, 2021; Sierra, 2021b), incluso si eso implicaba a Ebrard y Sheinbaum, dos posibles sucesores del presidente.
Se acusó que Ebrard construyó deprisa la L-12, recurriendo a aparentes actos de corrupción, malos manejos financieros y un pobre diseño de obra, solo para convertirse en candidato a la Presidencia en el 2012 (Sarmiento, 2021a; Gutiérrez, 2021; Fernández-Vega, 2021b; Hernández, 2021a). Se acusó a Mancera de desviar los recursos destinados al mantenimiento del stcm para beneficiar a su facción política (Fernández-Vega, 2021a; Velázquez, 2021; Miguel, 2021; Galván, 2021b; Hernández, 2021c). Finalmente, se acusó a Sheinbaum de no dar mantenimiento al sistema y sostener a la directora del sistema, Florencia Serrania, en su cargo pese a los accidentes previos en este transporte. Se advirtió que Sheinbaum no estaba capacitada para gobernar una ciudad tan compleja como la Ciudad de México (Rueda, 2021a). A decir de esta lectura, la Jefa de Gobierno fue rebasada por el accidente, a tal punto que los familiares de las víctimas no recibieron en los primeros momentos ninguna orientación para saber qué hacer (El Universal, 2021). Para algunas interpretaciones, los heridos no recibieron ayuda al poco tiempo del accidente, “quizás porque eran pobres y utilizan un transporte para pobres con una atención pobre” (Fondevilla, 2021).
Por otro lado, se enfatizó que Sheinbaum carecía de autonomía política -atributo considerado como puro dentro del discurso civil-. Se dijo que el presidente obligó a Sheinbaum a recibir menos dinero para el STCM y financiar la conclusión de tres proyectos considerados como las obras representativas de su gobierno: el tren Maya en Yucatán, el aeropuerto de Santa Lucia en el estado de México y la refinería de Dos Bocas en Tabasco (Maldonado, 2021). Se aseguró que lo sucedido en la L-12 no fue un incidente, sino un accidente que pudo evitarse si no se hubieran desviado los recursos a los proyectos del presidente (Fernández, 2021; Cabrera, 2021).
Hubo quienes sugirieron que tanto Sheinbaum, Ebrard y Mancera tenían que asumir la responsabilidad que cada uno tenía (Musacchio, 2021). Como se esgrimió en una editorial en La Jornada:
Como la ciudadanía tiene claro, esas responsabilidades se deben buscar en las administraciones de Marcelo Ebrard Casaubon, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Claudia Sheinbaum Pardo: el primero, por haber emprendido e inaugurado formalmente las obras; el segundo por ordenar una revisión profunda de la infraestructura, tras la cual se aseguró que ésta no representaba ningún riesgo; y la tercera por ser la actual titular del Gobierno de CDMX. (La Jornada, 2021a)
Algunas voces señalaron que “se trata de una responsabilidad compartida por las tres últimas administraciones de la ciudad y las correspondientes del metro. Negarlo es una ingenuidad. Hace falta, por supuesto, determinar las responsabilidades específicas” (Delgado, 2021). Se conminó a las autoridades a tener claro que el costo de la verdad puede resultar elevado, “pero siempre será menor al costo del ocultamiento” (La Jornada, 2021b).
Frente a estos señalamientos, se desarrollaron posicionamientos que atribuyeron a Ebrard y Sheinbaum los atributos de pureza del discurso civil. En este sentido, fueron considerados como actores movidos por la solidaridad, la inclusión y los valores democráticos; personajes que han construido relaciones abiertas, confiables, honestas y deliberativas, lo que les ha permitido consolidar instituciones impersonales que funcionan dentro del marco legal y de la función pública. En consecuencia, el desplome de los vagones fue un “incidente”, no un accidente, que no puede ser atribuido a la falta de mantenimiento o recortes presupuestales. No había que fincar ninguna responsabilidad ni a Ebrard ni a Sheinbaum (Berman, 2021). Se advirtió que Sheinbaum estaba atendiendo a las víctimas, abriendo una investigación imparcial y dando mantenimiento al STCM (Puga, 2021; Galván, 2021a).
Se enfatizó que Sheinbaum y Ebrard se habían puesto a disposición de las autoridades ministeriales, porque no tenían nada que ocultar (López-Dóriga, 2021a). Se argumentó que ambos dieron la cara a diferencia de los políticos del pasado (Ibarra, 2021; Frentes Políticos, 2021). Se dijo que los diputados del pan eran unos “chacales” por politizar la tragedia responsabilizando a Sheinbaum de algo que no era culpable (Milenio, 2021; Albarrán, 2021; López-Dóriga, 2021b; Batrés, 2021). Desde este posicionamiento se aseguró que no hubo recortes financieros al metro, ni a la infraestructura general del transporte (Zepeda, 2021).
Quienes consideraron que Sheinbaum y Ebrard portaban las características de pureza civil, aseguraron que Mancera poseía los atributos del vicio civil: era un individuo movido por la ambición, conspirativo, calculador, que gobernó a la ciudad fuera del marco legal, con base en lealtades políticas y de facción. Se dijo que Mancera “dejó morir al metro” en beneficio de sus alianzas de corrupción y tráfico de influencias (Albarrán, 2021; Sierra, 2021a). A decir de algunas posiciones, esto explicaba porque los partidos de posición trataban de protegerlo: las mafias de poder y negocios que tejió Miguel Mancera durante su gobierno con el pan, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática le permiten tener la protección que necesita para no ser inculpado por sus faltas (Hernández, 2021b). Estas posiciones trataron de argumentar que quienes acusaban a Sheinbaum o Ebrard tenían un criterio de evaluación sesgado por su desprecio al presidente. En resumen, las posiciones en competencia entre quienes criticaban y defendían a las élites políticas mostraron hasta qué punto era difícil tener una arena común de evaluación civil para societalizar el colapso de la L-12.
Restablecer la pureza perdida
Los esfuerzos por contaminar con los atributos de la impureza civil a Ebrard, Mancera y Sheinbaum no terminaron en sanciones en un supuesto T3. Tuvieron como respuesta los esfuerzos del presidente por reestablecer la pureza de los principios de funcionamiento del aparato gubernamental y sus funcionarios en un T4. Si bien el presidente prometió una investigación para deslindar responsabilidades y garantizar el apoyo a las víctimas, sus críticos argumentaron que las investigaciones estarían sesgadas, porque defendería sus compromisos de grupo y de facción. Se advirtió que no habría renuncias, ni sanciones al grupo cercano AMLO (Gómez, 2021; Jáuregui, 2021a). A decir de los críticos del presidente, este se veía obligado a proteger por todos los medios posibles a sus delfines políticos porque por primera vez no podía culpar a la “mafia del poder” y a los conservadores de lo sucedido: Ebrard fue responsable de la obra y Sheinbaum estaba a cargo de supervisar el mantenimiento del STCM (Loret de Mola, 2021; Ordorica, 2021; Bartolomé, 2021a; Loaeza, 2021; Catón, 2021).10
De igual forma, se argumentó que el presidente poseía los atributos morales de la impureza civil, caracterizados por la falta de empatía, solidaridad y su desdén por el dolor humano. Fue criticado por no visitar a las víctimas y sus familiares, ni la zona del desastre. Se sugirió que López Obrador se solidarizó primero con la Jefa de Gobierno que con las víctimas (De Mauleón, 2021), acusándolo de ser cruel e insensible (Krauze, 2021; Rocha, 2021; Dresser, 2021; Jáuregui, 2021b; Mohar, 2021; Carranza, 2021), preocupado porque los medios politizaran la tragedia para atacarlo (García, 2021a).
Según las críticas, AMLO se olvidó que cuando era oposición politizaba las tragedias (Sarmiento, 2021b; Bartolomé, 2021b; Aguilar, 2021; Martínez, 2021; Gamés, 2021b; Garfías, 2021a; Zuckermann, 2021; Garfías, 2021c). Incluso, se esgrimió que López Obrador exigía la renuncia de políticos y funcionarios frente a hechos similares,11 y ahora se mostraba distanciado, tratando de resguardar la pureza de sus funcionarios. Cuando el presidente escucha que Ebrard y Sheinbaum pueden ser responsables del accidente, los defiende advirtiendo que las críticas vienen del conservadurismo y la mafia del poder (Sarmiento, 2021d; Beltrán del Rio, 2021). El presidente se victimizó, dijeron sus críticos, al señalar que el gobierno estadounidense financió a organizaciones de la sociedad civil para sugerir que hubo supuestos actos de corrupción en la L-12 (Sarmiento, 2021c; Marín, 2021).
Se afirmó que el presidente ordenó al poder legislativo bloquear la creación de una comisión especial para investigar el colapso y, con ello, proteger a Sheinbaum y Ebrard (Garfías, 2021b; Rueda, 2021b). También se criticó que este mismo uso discrecional de las instituciones lo llevó a cabo Sheinbaum, quien contrató, según sus críticos, sin criterios de transparencia a la empresa noruega DNV para realizar el peritaje del desplome:
poca información tenemos sobre la designada compañía noruega, pero no hay duda del inmenso conflicto de interés que implica, por una parte, investigarse a sí misma y, por la otra, elegir y contratar a la segunda opinión. Lejos de despejar dudas, las va a confirmar. (Belaunzarán, 2021)
Se aseguró que los dictámenes serían previsibles: las responsabilidades se diluirán y se enfatizarán los aspectos técnicos como vías, pernos, rieles y soldaduras (Bartolomé, 2021c; Raphael, 2021a; Zavaleta, 2021). Se atribuyó a Sheinbaum los atributos considerados anticiviles dentro del discurso civil: ambición por el poder, movilizando relaciones conspirativas basadas en los compromisos de grupos y facciones, que le permitían operar a las instituciones fuera del marco legal.
El 13 de junio de ese mismo año 2021, el New York Times filtró el informe de DNV y sugirió que el responsable podría ser Ebrard.12 Se dijo que Sheinbaum había filtrado el reporte para inculpar a Ebrard y sacarlo de la carrera presidencial (Rueda, 2021c). Según algunos analistas, el colapso de L-12 se había convertido en un arma política tanto para Ebrard y Sheimbaum (Hernández, 2021d). El día 16 de junio DNV presentó el primer informe sobre la L-12, asegurando que las causas del colapso fueron el pandeo de vigas por falta de pernos, soldaduras deficientes y el poco cuidado con la que se realizó el proyecto.
Los resultados del informe se leyeron por parte de los críticos del gobierno como una forma de eximir de cualquier responsabilidad a la alta jerarquía del gobierno. Se acusó que el peso de la responsabilidad parecía recaer en la constructora Carso -propiedad del empresario y multimillonario mexicano Carlos Slim-, quien estuvo a cargo de la construcción del tramo colapsado. Hubo quien ironizó que para Sheinbaum la tragedia fue el resultado “del mal trabajo de soldadores y chalanes” de la empresa del hombre más rico de México (Bartolomé, 2021d).
Cinco días después de que se presentó el informe, Sheinbaum anunció que el presidente sería la única persona autorizada para hablar sobre la L-12. A su entender, el presidente, Slim y ella acordaron cómo reconstruir el segmento del metro colapsado. Para los defensores del presidente esto significaba que Slim era un empresario con vocación social que pagaría los daños sin importar si su empresa es responsable del accidente (García, 2021b). Desde esta posición, el empresario poseía los atributos del discurso civil: movido por el desinterés, solidario, ligado a relaciones abiertas, confiables, honestas y deliberativas, respetuoso de la legalidad que norman las instituciones.
Para los críticos del régimen, el acuerdo entre López Obrador, Slim y Sheinbaum se caracterizó por su carácter anticivil: dichos actores estaban impulsados por la ambición por el poder y el dinero; envueltos en relaciones conspirativas, basadas en compromisos de grupo, el egoísmo y la deferencia; haciendo funcionar a las instituciones fuera del marco legal, al estar subordinadas a la lealtad a las personas y al servicio de facciones políticas y económicas. Se dijo que la declaración de Sheinbaum cristalizaba las relaciones de complicidad entre políticos, empresarios y funcionarios públicos alrededor del accidente (Rock, 2021; García, 2021c).
Se enfatizó que la decisión del presidente y Slim tenía por objetivo sacar a Sheinbaum del ojo del huracán mediático para protegerla en su carrera hacia la Presidencia (Aguirre, 2021; García, 2021b): se “decidió quitarle la carga de la tragedia de la L-12, al increíble grado de que ya no será Sheinbaum quien hable de ese problema estrictamente capitalino. El único vocero del tema será el mismísimo presidente de la República” (Bartolomé, 2021e). Para algunos analistas, esto reflejaba el perfil que Sheinbaum tendría si llegara a la Presidencia de la República en 2024: manipulable y controlable por López Obrador, anunciado la conformación de un nuevo maximato “en el horizonte político nacional” (Raphael, 2021b).13 El 24 de junio, López Obrador anunció que en un año se reinauguraría la L-12 y refrendó el compromiso de Slim de reparar los daños. De igual forma, reveló que no habría ninguna demanda contra el empresario.
López Obrador trasladó la disputa sobre el carácter civil o anticivil de Ebrard y Sheinbaum al marco del discurso populista donde se presenta como la legítima e indiscutible encarnación del pueblo. AMLO se presentó como el vocero que expresa la verdadera voluntad popular y con la capacidad de distinguir entre un nosotros puro, desinteresado, austero, que apuesta por el cambio, sosteniendo los supuestos valores y principios tradicionales del pueblo, frente a quienes encarnan a las élites corruptas, insaciables, acostumbradas al despilfarro, que defienden una modernidad que reproduce el statu quo. Este sistema binario de clasificación social permitió subrayar la idea de que la sociedad está polarizada, en la cual se confronta al pueblo contra una “mafia del poder”, conservadora y tecnócrata.
Traducir el debate sobre el colapso de la L-12 en estos términos le permitió al presidente enfocar su discurso no en quiénes podrían ser responsables del accidente, sino en cuestionar los atributos y las intenciones civiles de quienes reclamaban que se esclarecieran los hechos y se castigara a los posibles responsables. La polarización dificultó la definición de una arena común de evaluación civil sobre la tragedia de la L-12, lo cual derivó en un nuevo estado estable (T5), donde las acusaciones sobre las causas y los responsables del accidente no han logrado traducirse en una crisis institucional profunda, que sancioné a élites y burocracias políticas.
Conclusiones
Las capacidades de colonización de la esfera civil sobre las esferas no civiles deben ser entendidas como potencialidades y no como procesos funcionales inevitables. Las críticas y cuestionamientos al diseño, construcción y funcionamiento de la línea 12 del metro de la Ciudad de México (L-12) han estado presentes desde el nacimiento de esta última, pero muchas de las veces dichas críticas terminaron por ser refractadas en el día a día, dentro de los muros de las instancias institucionales, lo cual generó la percepción de un Estado estacionario que aisló las críticas y trasladó los conflictos a la arena de los procedimientos burocráticos. Como se mostró en este artículo, una tragedia permite a las instituciones comunicativas de la esfera civil romper los muros de las instancias institucionales, exigiendo reparación civil y el castigo a los supuestos responsables. La societalización no es un proceso fácil, y el enfrentamiento con quienes pretenden restablecer los muros del control institucional es inevitable y a veces refuerza las capacidades internas de las esferas no civiles para evitar que vuelvan a surgir nuevas crisis.
Esto es particularmente claro en los contextos de sociedades polarizadas. En el caso que se analizó, la polarización política debilitó algunas de las exigencias de reparación civil y castigo a los posibles responsables del colapso de uno de los tramos de la L-12. Tragedias como estas en sociedades marcadamente divididas, no resultan suficientes para llevar a buen puerto un proceso de societalización, pese a que se señalen supuestos actos de corrupción o fallas en la actuación de los funcionarios públicos. La indignación social que pueden despertar las víctimas fatales en un accidente provocado por una obra mal diseñada y construida, envuelta en un halo de opacidad y corrupción, no necesariamente aviva el interés por allanar un horizonte común de intervención de los valores civiles cívicos en la forma en cómo operan élites políticas y burocráticas. Por ello, la societalización puede tener como resultado un proceso en contrario: refuerza la división social, profundiza la polarización y puede debilitar la esfera civil.
Si bien la polarización puede provocar que la indignación social no fluya adecuadamente, dando paso a la ilusión de un estado estable (T5) las demandas de la esfera civil no desaparecen del todo. Cuando se presente un escenario en el que se perciba la actuación de las élites políticas y burocráticas como amenaza, se abrirá nuevamente una oportunidad para generar un proceso de societalización. Es aquí cuando la memoria colectiva podría activar las opacidades, las dudas y las sospechas sobre la operación de los funcionarios que estuvieron a cargo de la construcción de la L-12; la esfera civil buscará entonces construir una vez más sus demandas de justicia y reparación ciudadana.
