Introducción

La cacería es una de las actividades más antiguas y una de las principales formas de subsistencia reconocidas en diversas comunidades rurales en toda América Latina (^{Briceño 2016}). En el caso de la cacería de subsistencia, como su nombre lo alude, su propósito básico es el beneficio alimenticio (^{Galindo 2012}), ya que en la mayoría de los casos el cazador es de bajos recursos económicos, y la obtención de carne silvestre representa el sustento propio (^{Valencia 2019}), de la familia y en ocasiones de su comunidad. Sin embargo, aun siendo un elemento alimenticio el principal motivo de la caza, la actividad no debe reducirse únicamente al hecho de satisfacer dicha necesidad, ya que implica una situación más compleja que encierra cultura, cosmovisión, convivencia social e incluso diversión entre amigos (^{Herrera-Flores 2016}). La confluencia de dichos elementos contribuyen a la vez a mantener un lazo con la comunidad (^{Rodríguez-Valencia 2010}) y con el territorio mismo, manifestando el tipo de visión del mundo o cosmovisión de un grupo étnico (^{Santos-Fita 2013}) a partir de usos, conocimientos, normas, métodos, herramientas, creencias, ceremonias, experiencias, habilidades y valores, entre otros aspectos que integran el proceso de la caza (Figura 1) y que son transmitidos, de generación en generación, como actividad primordialmente masculina (^{Godínez y Vázquez 2003}; ^{Ramírez y Naranjo 2007}; ^{Galindo 2012}; ^{Plata 2017}), aunque no exclusivamente.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Elementos que integran la actividad de cacería de subsistencia 

Tomando en cuenta su carácter complejo y las diversas formas de acercamiento a la cacería, el objetivo de este artículo es ofrecer un panorama general de los estudios sobre la actividad cinegética realizados en la región Sur Sureste de México, considerada epicentro de la mega diversidad biológica (^{Palomeque et al. 2022}) y cultural (^{Boege 2008}), destacando la problemática de esta actividad en un contexto de área natural protegida (ANP). La finalidad de esta revisión es construir un estado de la cuestión con un enfoque especial en los trabajos realizados en ANP, a través de un análisis que forma parte de la investigación de campo realizada con la etnia maya mam de Benito Juárez El Plan. El recorrido por la producción científica, además, es con la intención de que sea de utilidad para futuras investigaciones, considerando la cacería como una actividad significativa para las comunidades indígenas y mestizas, desde sus dimensiones cultural, simbólica, social y ecológica. El artículo se compone de cuatro secciones: a) el primer apartado da a conocer los estudios de cacería de subsistencia realizados en general en la región Sur Sureste de México; b) el segundo, se centra en las investigaciones realizadas en contexto de ANP de la región Sur Sureste; c) el tercero profundiza sobre el tema retomando el caso de los mam de filiación maya que habitan en la comunidad de Benito Juárez El Plan en el estado de Chiapas; 4) y por último, se ofrece una reflexión sobre las temáticas más abordadas en trabajos previos y aquellas que no han sido investigadas a detalle, con el fin de discernir y proponer perspectivas de investigación a futuro e incentivar el estudio en zonas poco estudiadas.

Materiales y métodos

La información bibliográfica se centró en la búsqueda de las investigaciones que abordan el tema de la cacería de subsistencia en la región Sur Sureste de México. No obstante, tomando en cuenta que no siempre se incluye en el título el concepto como tal, la búsqueda se amplió a los términos de aprovechamiento, uso y conservación, manejo e importancia de fauna silvestre, conocimiento local de vertebrados terrestres, mamíferos silvestres, etnozoología y actividades extractivas. La recopilación contempló las investigaciones publicadas en el periodo de 1987 a 2024,⁵ cuya búsqueda se realizó en diversas bases de datos (Google académico, Scopus, Web of Science, Redalyc, SciELO), así como en bibliotecas y repositorios de universidades mexicanas. Las investigaciones halladas consideran artículos científicos, capítulos de libros, tesis de licenciatura y posgrado, así como documentos audiovisuales. Para el primer conteo de las investigaciones y la realización de la Tabla 1, que contempla la región del Sur Sureste, se tomaron en cuenta las tesis, además de los artículos o capítulos de libro derivados de ellas. Mientras que, para la Tabla 2, que refiere a las investigaciones en ANP, sólo se retoman para el análisis los artículos y capítulos de libro.

Los datos de campo que se presentan fueron obtenidos de las diferentes visitas entre marzo de 2021 a diciembre de 2023, que realizó la primera autora al ejido Benito Juárez El Plan, como parte de su investigación doctoral en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR); posteriormente la revisión y análisis de la información obtenida se hizo de manera conjunta por todos los autores. El primer acercamiento fue con las autoridades comunitarias, para pedir los permisos pertinentes e informar sobre la investigación a realizar y el objetivo de la misma. El ejido Benito Juárez se encuentra ubicado en el municipio de Cacahoatán, perteneciente a la zona del soconusco en el estado de Chiapas. Dicho ejido, debido a la dotación de tierras por parte del Estado, se fraccionó en tres partes, ubicando a la población de una misma comunidad en diferentes espacios geográficos: El Plan, Montecristo y San Vicente. La investigación doctoral se realizó en la fracción El Plan, la cual mide 1 586.22 hectáreas, de las cuales 1 201.83 están dentro de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná (^{CONANP 2022}). Para la obtención de datos se aplicó la metodología cualitativa desde una aproximación etnográfica, se realizaron pláticas informales, entrevistas⁶ y observación; todo ello una vez obtenido el consentimiento libre e informado establecido por el Comité de Ética para la Investigación de ECOSUR. Aunado a lo anterior, y debido a la situación de la pandemia de covid-19, las estancias en la comunidad, y la participación en las actividades a observar, se llevaron a cabo teniendo en cuenta las medidas sanitarias, respetando los acuerdos establecidos por la comunidad. El análisis de los resultados consistió en la transcripción de los datos y su organización a partir de categorías y subcategorías retomadas del trabajo de campo y la literatura revisada. Finalmente, la triangulación de datos permitió contrastar y complementar la información, proporcionando una visión más amplia del fenómeno estudiado.

Un camino andado: siguiendo las pistas de la cacería en el sur sureste de México

La región Sur Sureste de México (Figura 2) está conformada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla,⁷ Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán (^{Arriaga et al. 2000}). Esta región posee gran riqueza e importancia ambiental, cultural y lingüística; un claro ejemplo son los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán, que cuentan con el mayor número de hablantes de lenguas indígenas a nivel nacional (^{INEGI 2020}), además de que los tres primeros también se encuentran entre los estados con mayor diversidad natural a nivel nacional y presencia de pueblos indígenas (^{Boege 2008}).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Ubicación de la región Sur Sureste de México 

Se identificaron 96 trabajos de investigación:⁸ 57 artículos científicos, 13 capítulos de libros, 5 tesis de doctorado, 12 tesis de maestría, 7 de licenciatura y 2 documentos audiovisuales (Figura 3). La mayor parte de los estudios sobre cacería de subsistencia se encuentran en el estado de Yucatán (25), seguido por Campeche (22), Chiapas (18) y Quintana Roo (16). Cabe mencionar que seis de estos trabajos (artículos, capítulo de libro, tesis de licenciatura y doctorado) fueron realizados en dos y hasta en tres estados distintos.

Fuente: elaboración propia a partir de las investigaciones consultadas.

Figura 3 Investigaciones sobre cacería de subsistencia en el Sur Sureste de México 

Las investigaciones sobre cacería de subsistencia en la región Sur Sureste de México, en su mayoría integran elementos de las ciencias sociales y de las naturales (véase Tabla 1). Dichas investigaciones bien podrían ser enmarcadas en la disciplina etnobiológica y etnozoológica -como etnociencias de la naturaleza-, no porque los autores se inscriban a dicho campo científico, sino por las características de las investigaciones al abordar la relación humano-fauna: la clasificación etnozoológica, la función de los animales en la cosmovisión, conocimiento etnozoológico, usos de la fauna, obtención de los especímenes, prácticas de aprovechamiento, manejo y conservación, entre otros (^{Santos-Fita, Costa-Neto y Cano-Contreras 2009}). Sin embargo, de las investigaciones encontradas sólo algunas se suscriben como tal a la disciplina etnobiológica (^{Mandujano y Rico-Gray 1991}; ^{Montiel, Arias y Dickinson 2000}; ^{Quijano-Hernández y Calmé 2002}; ^{Guerra et al. 2004}; ^{Naranjo et al. 2004}; ^{Ramírez y Naranjo 2007}; ^{Lorenzo et al. 2007}; ^{Briceño et al. 2011}; ^{Rodríguez et al. 2012}; ^{Santos-Fita et al. 2012}; ^{Santos-Fita et al. 2013}; ^{Tejeda-Cruz et al. 2014}; ^{Herrera-Flores et al. 2018}) y etnozoológica (^{March 1987}; ^{Arias 1995}; ^{Núñez 2009}; ^{Hernández y Segovia 2010}; ^{Centeno y Arriaga 2010}; ^{Contreras-Moreno, Cruz-Félix y Bello-Gutiérrez 2012}; -^{Rodas-Trejo, Ocampo González y Coutiño-Hernández 2014}; ^{Osorio-López et al. 2017}; ^{Cruz et al. 2019}; ^{Herrera-Flores et al. 2019}; ^{Villanueva, Aguilar y Chablé 2024}). Encontramos, también, un número considerable de investigaciones que se abordan exclusivamente desde las ciencias naturales (perturbación del hábitat, presión de caza, disponibilidad de presas, extracción de fauna, frecuencia de caza, biomasa y peso, etcétera), con una preocupación fundamental en la conservación y uso sostenible de la fauna silvestre (^{Escamilla et al. 2000}; ^{Vargas 2001}; ^{Naranjo y Bodmer 2007}; ^{Naranjo 2008}; ^{Reyna y Tanner 2010}; ^{Tlapaya y Gallina 2010}; ^{Ramírez-Barajas 2011}; ^{Lira-Torres, Galindo-Leal y Briones-Salas 2012}; ^{Lira-Torres et al. 2014}; ^{Briceño 2016}; ^{Ramírez-Mella et al. 2016}; ^{Retana y Padilla 2018}; ^{López-González et al. 2018}; ^{Montes-Pérez et al. 2018}). Mientras que las investigaciones desde las ciencias sociales y las que retoman la metodología etnográfica (aspectos socioculturales, ceremonias, rituales, cosmovisión, normas comunitarias, relaciones de género, conflicto territorial, políticas ambientales, etcétera) centran su atención en la relación humano-fauna silvestre desde la parte simbólica y de cosmovisión,⁹ así como el debate entre las normas comunitarias y jurídicas respecto al aprovechamiento de la fauna silvestre y la actividad de caza (^{Gabriel 2006}; ^{Dehouve 2008}; ^{Rodríguez-Balam 2010}; ^{Naranjo, Tejeda y Santos-Fita 2012}; ^{Méndez 2013}; ^{Méndez 2020}; ^{Santos-Fita et al. 2015}; ^{Plata 2017}; ^{Pérez, Guízar y Bello 2018}; ^{Megchún-Rivera 2019}; ^{Pinkus-Rendón y Rodríguez-Balam 2020}; ^{Sanabria 2020}; ^{Balsanelli 2021}; ^{Balsanelli 2023}).

Las investigaciones recopiladas dan cuenta de la gran riqueza etnozoológica contenida en la práctica de cacería de subsistencia, su relevancia pasada y presente en las comunidades indígenas y mestizas del Sur Sureste de México; así como la importancia de centrar las investigaciones en los aspectos sociales y ecológicos enfocados al impacto de la actividad en las comunidades; sin olvidar las implicaciones del abandono de la misma que tienen un fuerte impacto en la cosmovisión, conservación y conocimientos bioculturales locales. Ya que la cacería de subsistencia también da cuenta de las diversas formas de relacionarse con el medio, el territorio y, en específico, con la fauna silvestre; lo que representa cambios importantes y determinantes cuando la actividad es realizada en un contexto de ANP.

La cacería de subsistencia en áreas naturales protegidas del sur sureste de México

En México existen diversos organismos creados con el objetivo de proteger y fomentar un uso sustentable de la naturaleza. En 1988 se elabora la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que es base de la política ambiental en México (^{Pérez 2010}), que tiene como objetivo la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente. En 1992 se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), encargada de coordinar, apoyar y realizar actividades encaminadas al conocimiento de la diversidad biológica, a su conservación y uso sustentable (^{Pérez 2010}). Más adelante, en el 2000, se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), cuya meta principal es la conservación del patrimonio natural de México; una forma de conservar dicho patrimonio es la designación de las anp.

Las ANP en México son administradas a distintos niveles. 1) Nivel federal (siete categorías): reserva de la biosfera, parque nacional, monumento natural, área de protección de recursos naturales, área de protección de flora y fauna, santuario y área destinada voluntariamente a la conservación (“^{Ley General del Equilibrio Ecológico” 2024}). 2) Nivel estatal o municipal. 3) Nivel comunitario o ejidal y privada (^{CONABIO 2023}). En estos sitios de conservación se fija, de acuerdo a su categoría, una zonificación con sus respectivas subzonas: zonas núcleo (protección y uso restringido) y de amortiguamiento (uso tradicional, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aprovechamiento sustentable de agroecosistemas, aprovechamiento especial, uso público, asentamientos humanos, recuperación) (^{González et al. 2014}). En esta última pueden haber varios tipos de subzonificaciones, en las cuales se establecen a diferentes niveles las formas de manejo de los recursos naturales, siempre que no vayan en contra de los objetivos y criterios establecidos en los planes de acción de las ANP.

Cabe destacar que en México existen diversas leyes federales para la protección del medio ambiente, entre ellas la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que regula la conservación de todas las formas de vida y su hábitat, así como de su aprovechamiento sustentable. En dicha ley se hace referencia al aprovechamiento para fines de subsistencia (en el capítulo II), pero no se menciona como cacería; se declara en el artículo 92 lo siguiente:

Las personas de la localidad que realizan aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre para su consumo directo, o para su venta en cantidades que sean proporcionales a la satisfacción de las necesidades básicas de éstas y de sus dependientes económicos, recibirán el apoyo, asesoría técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y de su reglamento, así como para la consecución de sus fines (^{“Ley General de Vida Silvestre” 2021, 36}).

Es importante mencionar que existe un desconocimiento por parte de las comunidades acerca de lo que se establece legalmente sobre el uso y manejo de la fauna silvestre a partir de la cacería de subsistencia, ocasionando con ello que la práctica sea vista como prohibida, y en algunos casos hasta ilegal (^{Santos-Fita 2013}; ^{Herrera-Flores 2016}), dejando de lado la importancia de dicha actividad como fuente de sustento y control de daños para las comunidades indígenas y mestizas, aunada a su importancia sociocultural y simbólica.

Por ello, son de especial relevancia las investigaciones existentes y la generación de información relativa a la actividad de cacería de subsistencia en general y, concretamente, en un contexto de ANP (véase Tabla 2); dichas investigaciones abonan a las estrategias de uso y manejo de fauna silvestre y su hábitat (^{Herrera-Flores 2016}), lo que fomenta su uso sustentable, al mismo tiempo que visibiliza la importancia de un diálogo de saberes que tome en cuenta la perspectiva de los expertos en materia ambiental desde la perspectiva ecológica, social y legal, pero, sobre todo, la visión de los pobladores locales respecto a las normativas que rigen el aprovechamiento y manejo de la naturaleza (^{Santos-Fita, Naranjo y Rangel Salazar 2012}; ^{Oliva 2013}) a partir de la cacería de subsistencia, considerando también sus conocimientos, prácticas y los aspectos simbólicos y comunitarios de esta actividad. Asimismo, las investigaciones sobre cacería abonan a este diálogo e intercambio de conocimientos, permitiendo identificar las principales problemáticas alrededor de la actividad y dejando ver su importancia y la riqueza simbólica que guarda.

Actualmente la CONANP administra 232 ANP en el país (áreas de protección de flora y fauna (APFF), áreas de protección de recursos naturales (APRN), monumentos naturales (MN), parques nacionales (PN), reservas de la biosfera (RB) y santuarios (SANT) (^{CONANP 2025}). De este total, en la región Sur Sureste se concentran 104 ANP (véase Tabla 3), lo que representa 46 % del total en el país. Los trabajos sobre cacería de subsistencia se han realizado en 26 ANP, representando 11 % en el país y 25 % del total en la región Sur Sureste; lo que muestra la importancia de la actividad en las ANP al ser un poco más de la mitad de trabajos realizados, aunque cabe destacar que varios de ellos se han llevado a cabo en una misma ANP y en algunas no existen trabajos sobre cacería en la región.

Por otro lado, la ^{CONANP (2025)} también apoya a 602 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (advc), que como su nombre lo indica son destinadas voluntariamente por pueblos indígenas, organizaciones sociales y personas físicas o morales para su conservación, y son manejadas por ambos en una gestión compartida (^{Peña-Azcona et al. 2022}). El mayor número de advc (456) se encuentra en la región Sur Sureste, representando 76 % del total en el país: el estado de Oaxaca cuenta con el mayor número (158), seguido de Veracruz (148), Guerrero (75), Campeche (36), Chiapas (16), Quintana Roo (9), Puebla (8), Yucatán (4) y Tabasco (2). Para el caso de advc, sólo se encontró una investigación realizada en el estado de Oaxaca, lo que representa apenas 0.22 % del total en la región. Es importante centrar la atención en las advc, ya que en ellas la cacería se realiza bajo la premisa de uso sustentable; por ello consideramos que los trabajos sobre manejo de fauna silvestre en estas áreas son fundamentales, ya que representan una visión diferente, lo que permitiría realizar comparaciones respecto al manejo, uso y aprovechamiento de la fauna silvestre entre la visión local y la gubernamental.

Tomando en cuenta todo lo anterior, es preciso señalar que se documentaron 44 trabajos realizados en zonas de influencia de ANP de la región Sur Sureste de México (Figura 4),¹⁰ representando 45 % del total de investigaciones recabadas (96), ubicadas en su mayoría en el estado de Campeche (13), seguido por Chiapas (12), Quintana Roo (9), Yucatán (6), Oaxaca (2) y Tabasco (2); descartando a los estados de Veracruz, Guerrero y Puebla por no contar con investigaciones realizadas en ANP. Las categorías de las ANP en las que se ubican dichas investigaciones son: Reserva de la biosfera (Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán), parque nacional o estatal (Oaxaca y Tabasco), monumento natural (Chiapas), área de protección de flora y fauna (Quintana Roo y Chiapas), zona sujeta a conservación ecológica (Chiapas) y área destinada voluntariamente a la conservación (Oaxaca).

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Ubicación de los trabajos de cacería en ANP en el Sur Sureste de México 

Las investigaciones realizadas en ANP abordan conocimientos bioculturales locales, normas locales, métodos, herramientas, calendarios, amuletos, ritualidad y el vínculo con las entidades sobrenaturales protectoras; elementos esenciales (pero no únicos) en la cacería de subsistencia. Todos estos elementos fundamentan que la cacería es una actividad que posee diversas formas de expresión simbólica y social que son parte de muchas culturas presentes en la región Sur Sureste de México y, por ende, en el territorio mesoamericano. Dichos elementos se ven trastocados por el contexto en el que se lleva a cabo la actividad, en este caso al ser territorios que se encuentran ubicados en zonas de influencia de ANP.

El caso de un ejido maya mam en la reserva de la biosfera Volcán Tacaná

En el año 2000 el volcán Tacaná fue declarado de manera estatal como Zona Sujeta a Conservación, y para 2003 decretada como Reserva de la Biosfera por la federación (^{CONANP 2013}). Ubicada en territorio mexicano, en los límites fronterizos compartidos con Guatemala, comprende los municipios de Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez, en el estado de Chiapas, con una superficie total de 6 378.36 hectáreas (^{SIMEC 2024b}), estableciéndose con el fin de buscar el equilibrio y bienestar de los pobladores con la naturaleza, fortaleciendo su cuidado y protección. Al interior de la zona de influencia se encuentran 47 comunidades y al interior de la Reserva existen siete (^{CONANP 2013}). Cabe destacar que aunque las ANP son administradas por la CONANP, cada una posee sus particularidades desde los contextos en los que se encuentran establecidas, sobre todo en lo referente a la realización de la cacería de subsistencia.

En el caso del ejido Benito Juárez El Plan, se observa la discrepancia existente entre la parte gubernamental y las normas comunitarias, en lo que refiere al uso y aprovechamiento de la fauna silvestre, lo cual se ve reflejado en la forma en que los cazadores llevan a cabo la práctica y disputan el control de los recursos naturales (fauna silvestre), considerando que es una actividad prohibida, que surge de un acuerdo comunitario a partir del discurso conservacionista de los actores gubernamentales. Este control, por un lado (Reserva de la Biósfera Volcán Tacaná [rbvta], investigadores y monitores), se respalda bajo el discurso de la conservación; mientras que por el otro (comunidad-cazadores) se justifica a partir de la satisfacción (cacería para alimento) y la protección por los perjuicios ocasionados por la fauna silvestre (cacería para control de daños).

La distinta concepción de lo que representa la conservación (para la comunidad, los académicos y el Estado), deja ver los desacuerdos entre los actores sobre el uso de los recursos naturales, en especial, la fauna silvestre. Por ello, “es fundamental saber cómo y qué recursos cada sector de la población pretende proteger, preservar o erradicar y así reconocer los procesos de socialización de la naturaleza de acuerdo a sus necesidades, muchas de las cuales van en contra de las premisas conservacionistas” (^{Zapata 2018, 169}). Sin embargo, en algunos casos, no se toman en cuenta los conocimientos y prácticas de las comunidades respecto al uso de los recursos naturales y su protección. Por tanto, la conservación se plantea desconociendo el contexto y las prácticas que encierran cultura, conocimientos y cosmovisión. Lo que conlleva a que la conservación (determinada desde el exterior), aunque beneficia a los ecosistemas, genera conflictos por obtener el control de los recursos, lo que conduce a un cambio en la forma de relacionarse con la naturaleza (^{Zapata 2018}).

Por otro lado, los conflictos existentes dan paso a las prácticas de resistencia por parte del grupo afectado; en el caso del ejido Benito Juárez esta resistencia se centra y ampara en los acuerdos internos (a través de la asamblea comunitaria), que determinan el uso de la fauna y la realización de la actividad de cacería. Acuerdos que son tomados y efectuados en pro de la protección de su fuente de vida y alimentación (la milpa), y con la idea de no afectar a los miembros de la comunidad. Este hecho permite la continuidad de la actividad de cacería de subsistencia a partir de la transmisión de conocimientos (cacería y fauna silvestre) que se encuentran resguardados en su memoria biocultural.

Por todo ello, resulta indispensable que en México las leyes encargadas de regular la cacería de subsistencia muestren claridad, ya que por el contrario generan y dejan dudas en las comunidades respecto a lo que se puede y no se puede hacer en relación con la fauna silvestre y la cacería (^{Santos-Fita, Naranjo y Rangel Salazar 2012}), lo que ocasiona que la actividad sea mal vista y percibida como una práctica furtiva, ilegal y prohibida, creando con ello miedo a las sanciones que se podrían enfrentar, tales como retención de las armas, que les quiten las presas, multas o incluso encarcelamiento (observación en campo 2022).

Aunque en algunos contextos se ha observado que las normas de regulación basadas en las creencias y prácticas tradicionales pueden ser insuficientes cuando pierden su sentido simbólico (^{Herrera-Flores et al. 2018}), en otras dejan ver una regulación local que muestra preocupación por conservar los recursos naturales a partir de los conocimientos ecológicos locales; por ello, es imprescindible el diálogo de saberes (^{González-Bocanegra et al. 2011}) que incluya y reúna la regulación oficial y las normas comunitarias de aprovechamiento (^{Oliva 2013}). Es decir, un intercambio de conocimientos que priorice un manejo sustentable de la fauna silvestre, sin dejar de lado el beneficio a las comunidades (^{Naranjo et al. 2004}), integrando su cultura, cosmovisión y necesidades socioeconómicas; así, igualmente reconociendo sus debilidades e integrando las medidas conservacionistas a partir del diálogo (^{Megchún-Rivera 2019}) entre comunidad, agentes gubernamentales y académicos (^{González-Bocanegra et al. 2011}). En el caso de los cazadores mam, desde su percepción, no se toma en cuenta su problemática principal, que es la pérdida de cosechas, debido a la fauna dañina, aunque en varias ocasiones han externado su inconformidad directamente con las autoridades. Por ello, es preciso dar cuenta en las investigaciones futuras, visibilizando las problemáticas a las que se enfrentan los cazadores y la existencia de las normas comunitarias que regulan el uso y manejo de la fauna silvestre en las comunidades (^{Santos-Fita 2013}) y que se sustentan en el amplio conocimiento que los cazadores tienen de la naturaleza, el territorio y, en específico, de la fauna silvestre.

Por otro lado, aun existiendo la reglamentación establecida a partir de los Usos y Costumbres (Derecho consuetudinario), la prohibición por parte de las autoridades que gestionan las ANP e incluso el temor a dichas prohibiciones, siempre hay pobladores o incluso actores gubernamentales, quienes quebrantan o ignoran las normas, esperando no ser descubiertos o arriesgándose a ello (^{Megchún-Rivera 2019}). En el caso de la cacería en ANP, la existencia de los Comités de Vigilancia Participativa que se integran por miembros de la comunidad, con la función de vigilar la cacería local, sólo lo hacen con los cazadores foráneos (^{Rios 2020}), pues en algunos casos no logran ejercer control en la actividad cuando es practicada por los pobladores (^{Oliva 2013}), quizás porque como en el caso de los mam existe entre los miembros de la comunidad un pacto interno oculto que permite la realización de la práctica con conocimiento de los pobladores, aunque se maneje como una actividad prohibida (observación en campo 2022). En la mayoría de las ocasiones los pobladores tienen conocimiento de las prohibiciones existentes, no obstante, para muchos, la cacería resulta ser necesaria, tomando en cuenta que uno de los motivos es el control de daños (^{Renan 2014}; ^{Lira-Torres et al. 2014}; ^{Cruz et al. 2019}; observación en campo 2022), no siendo así para especies no dañinas (^{Tejeda-Cruz et al. 2014}).

Para cambiar esta visión que desvaloriza la práctica, es trascendental, como apunta ^{Santos-Fita (2018)}, que se realicen modificaciones en la legislación ambiental mexicana, que cambien la mala percepción que se tiene de la actividad. Para ello, es primordial conocer y comprender la cacería desde los pobladores para llegar a acuerdos que pudieran compartir los intereses conservacionistas (^{Megchún-Rivera 2019}), entendiendo que la caza en ANP se da por necesidad alimenticia, pero también cuando representa peligro o afectación (cacería para control de daños). Para ello, hay que conocer la sustentabilidad de la actividad y su impacto a partir de los estudios de evaluación de la misma (^{Lira-Torres et al. 2014}), de la descripción de los patrones de uso y aprovechamiento (^{González-Bocanegra et al. 2011}), de las tasas de extracción (^{Herrera-Flores et al. 2018}), y de cuestiones cruciales, como: ¿Qué especies están cazando? ¿Cuánto se está cazando? ¿Quiénes cazan? ¿En qué lugares cazan? ¿Cuándo cazan? ¿Por qué cazan?, etétera (^{Jorgenson 1998}). Esta información es fundamental para conocer el estado real de las especies cazadas y el impacto de la actividad de caza en las ANP.

Se puede decir que la prohibición de la cacería, además de no funcionar, representa un conflicto por el aprovechamiento de la fauna silvestre y el territorio (^{Megchún-Rivera 2019}), lo que ha derivado en: 1) un menor consumo de carne debido a los elevados costos (muchos pobladores no pueden comprar carne doméstica para sus familias y su único consumo es la fauna silvestre) (^{Landewee 2008}); 2) un deterioro de las relaciones sociales (conflictos entre los que se muestran a favor de la caza y los que no, y menos convivencia al tener menos salidas al monte); 3) un efecto negativo o deterioro de la transmisión del conocimiento ambiental, cultural y simbólico (los dioses, divinidades y animales sagrados van relegándose a solo formar parte de los cuentos o leyendas o, incluso, a olvidarse dejando de ser / desligándose de / parte de la cosmovisión); o 4) una menor producción de los principales cultivos (maíz, frijol y otros), ocasionado por el constante ataque de animales dañinos (^{Ibarra et al. 2011}). Está última situación, en particular, representa una preocupación constante y una gran molestia entre los pobladores (observación en campo 2022).

Consideraciones finales

Son relevantes las investigaciones y la generación de información concerniente a la cacería de subsistencia, ya que comunican aspectos de la actividad desde diferentes acercamientos, contextos, visiones y disciplinas. Como se observa en el presente artículo, es de reconocerse que la mayoría de los trabajos procuran un abordaje que integra el acercamiento desde las ciencias naturales (presas obtenidas, sitios de caza, tasas de cosecha, biomasa, daños ocasionados por la fauna silvestre, intensidad de caza, importancia nutricional, efectos en las especies cazadas) y las ciencias sociales (descripción de la actividad, organización, saberes locales, aprendizaje, ceremonias, rituales, regulación local y gubernamental, costumbres, tradiciones, importancia económica, relaciones de género y modalidades de caza), mientras que otros más se adscriben directamente a las disciplinas etnobiológica y etnozoológica. Posteriormente, se encuentran las investigaciones abordadas desde las ciencias naturales, centrando la atención en los aspectos biológicos y ecológicos de la actividad, elementos trascendentales para conocer el estado de conservación de la fauna silvestre y el impacto sobre las especies cinegéticas. Por su parte, los estudios de carácter social se han centrado en los aspectos socioculturales, que ven la relación humano-fauna a partir del análisis de la práctica en su aspecto simbólico, ritual y de cosmovisión.

Sin embargo, en el caso de las investigaciones realizadas en ANP es clara la falta de estudios respecto a los lugares sagrados, las redes sociales que se forman a partir de la actividad, el papel fundamental de las normas simbólicas y comunitarias respecto a la regulación de la actividad y el análisis a profundidad de las implicaciones y cambios que trae consigo el establecimiento de una ANP, así como sus afectaciones directas en la cosmovisión y los conocimientos. Los 44 trabajos reportados en ANP concluyen que: a) es importante la conservación a partir del monitoreo y evaluación de la sustentabilidad de la práctica, para fortalecer el manejo de los recursos y permitir formular estrategias que fomenten la conservación; b) es necesario fomentar un monitoreo y regulación de la actividad;

c) aunque las comunidades tienen sus propias normas de regulación, estas son insuficientes, pero dan el punto de partida para la elaboración de reglas mejor planteadas desde lo gubernamental; d) la cacería representa, más que una actividad, un cúmulo de conocimientos; e) la regulación de la cacería debe ser en beneficio mutuo (hombre-fauna silvestre); y f ) fomentar estrategias de manejo que prioricen el diálogo de saberes entre los expertos en materia ambiental (con enfoque ecológico, social y legal), la visión de los pobladores (conocimientos, saberes y prácticas) y la parte gubernamental (normativas de aprovechamiento y manejo).

Por otro lado, es importante ampliar los estudios a otras entidades del Sur Sureste, ya que las investigaciones se aglutinan en algunos lugares y en otros existen pocos o nulos trabajos, así como la poca exploración entre algunas zonas y grupos culturales.

A partir de lo ya descrito en páginas anteriores, resulta importante sugerir el estudio de la cacería de subsistencia desde una perspectiva holística que integre todo el proceso de la actividad, el conocimiento ecológico, el uso y aprovechamiento sustentable de las especies, la apreciación de las autoridades ambientales, la percepción y conocimiento de los pobladores respecto a las normas que rigen el aprovechamiento de la naturaleza y las cosmovisiones en torno a la cacería, tomando en cuenta su valor social como herencia cultural. Entonces, a partir de las investigaciones revisadas se reafirma que la cacería de subsistencia no únicamente es lo social, lo biológico o lo simbólico, puesto que integra un cúmulo de elementos que se distribuyen en todas las investigaciones; cada estudio es un acercamiento a un todo complejo. Existen categorías de análisis fundamentales que resultan difíciles de ser abordadas, en su mayoría en una sola investigación, debido a múltiples factores (tiempo, preparación, conocimiento, confianza lograda, entre otras); pero que su presencia no debe obviarse. También debe reconocer la existencia de la cacería dentro de un todo complejo y su carácter cambiante. Esta propuesta de categorías de análisis puede dar una pauta de cómo acercarse y qué observar en la investigación de la cacería, resaltando que no pretende ser una receta que limite la apertura a otras posibles categorías, ya que la misma complejidad de la actividad admite múltiples perspectivas.