(pdf)
SciELO 
SciELO 
Permalink
1. Introducción
Dentro del marco de la justicia transicional en el Perú posconflicto (1980-2000), la memoria ha sido una de las dimensiones que más atención ha recibido por parte del Estado y las organizaciones de derechos humanos. Ya sea como una medida de satisfacción o como quinto pilar de la justicia transicional, las iniciativas de memorialización han florecido desde el inicio de la transición política, a partir de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y de su correlato visual, la exposición fotográfica “Yuyanapaq. Para recordar”. El trabajo de la CVR (2001-2003) abrió el campo para la implementación de otros mecanismos transicionales, entre ellos, los procesos de memorialización, muchos de los cuales tomaron la forma de arte (Saona, 2017; Milton, 2014). Estos respondieron a un mandato moral cada vez más extendido a nivel global con el que se busca, primero, recuperar y visibilizar las narrativas y experiencias de las personas y comunidades silenciadas por episodios de conflicto y, segundo, servir como una herramienta útil para prevenir la violencia futura (Sodaro, 2018).
En los años siguientes al trabajo de la CVR, la memorialización se cristalizó en “lugares”, es decir, productos o creaciones deliberadas que tienen un aspecto material, simbólico y funcional, que emergen por la intención de recordar algo y que requieren ser defendidos a través de una vigilancia conmemorativa (Nora, 1989). El Estado peruano asumió estas acciones de memorialización dentro del Plan Integral de Reparaciones (PIR) a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (SE-CMAN).
Desde su creación en 2005, la SE-CMAN quedó como responsable de orientar y brindar asistencia técnica a las iniciativas de conmemoración, aunque quienes tendrían el rol de ejecutarlas serían los gobiernos nacional y subnacionales (SE-CMAN, 2013). Este diseño ha ocasionado poca articulación entre la CMAN y los gobiernos locales y un limitado conocimiento entre los funcionarios y autoridades sobre los procesos sociales detrás de las iniciativas (Degregori, 2014). Un caso notorio fue la gestión del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el sitio nacional de memoria, que tuvo un proceso de diálogo multiactor impulsado por el gobierno nacional, pero no articulación con la CMAN, que se encarga de las reparaciones a las víctimas (Ledgard & Hibbett, 2020).
Por su parte, la sociedad civil también impulsó iniciativas de memoria, particularmente lugares físicos. Algunas implicaron la intervención en espacios públicos, tanto en las ciudades como en las comunidades más afectadas; otras tantas tuvieron un carácter privado o semipúblico, al interior de universidades o cementerios. Muchas de las organizaciones detrás de estas iniciativas se convirtieron en “emprendedores de memoria” (Jelin, 2002), ya que fueron generadores de proyectos que encierran y defienden una narrativa del pasado, dándole un uso político y social, involucrándose institucional y personalmente en los proyectos y movilizando a otros grupos sociales, sobre todo a las víctimas civiles. Lo interesante es que ni las acciones de memorialización emprendidas por el Estado, ni las realizadas por la sociedad civil son ajenas a la reproducción de jerarquías sociales, a la negociación con otras agendas e intereses, o a las disputas por los sentidos de los lugares, en especial cuando se trata de espacios físicos.
Así, hay tanta variedad de lugares de memoria, como de emprendedores y funciones sociales, desde los que tienen un carácter conmemorativo, de reconocimiento y homenaje, hasta los que están insertos en dinámicas de desarrollo a partir de otras necesidades sociales, o que son resultado de una agenda personal o familiar. Sin embargo, a pesar de la germinación de estas iniciativas, el Estado no asume un liderazgo que permita la articulación entre ellas, ni el acompañamiento y la vinculación con otras políticas de justicia transicional. Aunque la CMAN acompaña algunas iniciativas, sobre todo la creación de lugares físicos, y el propio LUM impulsa exposiciones y expresiones artísticas, no logran articular una estrategia común que garantice su continuidad, protección o promoción. Uno de los principales problemas reside en poder enfrentar aspectos como la sostenibilidad y la apropiación en un contexto en el que los sobrevivientes y familiares luchan por preservar memorias personales y colectivas en un contexto de negacionismo, posverdad y autoritarismo. Por lo mismo, ello ha supuesto también el desarrollo y despliegue de estrategias de resistencia para la supervivencia de los lugares y de las marcas que pretenden dejar en el territorio.
En este escenario, se desprenden dos consecuencias. Primero, no se sabe con exactitud el número de lugares de memoria existentes en el Perú, ni se tiene una caracterización de ellos. La plataforma “Espacios de memoria en el Perú”, impulsada por el movimiento ciudadano “Para que no se repita” identificó 101 iniciativas de memorialización hasta 2010.1 Posteriormente, con base en estos registros, en 2012 se contabilizaron 108 sitios (Quinteros, 2012). Desde esa fecha, se han ido creando nuevos lugares, pero sin tener un registro oficial.
Segundo, se conoce poco de las interacciones que se producen. Ello se visibiliza en la construcción social, las relaciones entre actores e instituciones, y las personas que se vinculan a estos lugares. En términos de política pública, aún no se cuenta con una definición para entender su utilidad, explicar los procesos de construcción social, los significados para la comunidad o los vínculos intergeneracionales; un vacío que se haya presente en los lineamientos del programa de reparaciones simbólicas (SE-CMAN, 2013), que establecen “recordatorios o lugares de memoria” sin especificar el tipo de intervenciones, ni los criterios que calzan en esa línea. En 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó los Lineamientos de la Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación; en 2022 se lanzó una consulta2 para elaborar un Plan Nacional de Memoria con el objetivo de reconocer, articular, guiar y organizar las iniciativas y propuestas de memorialización. Sin embargo, hasta la fecha no se ha culminado.
Esta situación plantea un camino desde las víctimas que, en medio de mecanismos de resistencia y denuncia, emprenden acciones para visibilizar y defender su propia narrativa a través de estos lugares, Este artículo analiza los procesos detrás de los lugares físicos de memoria en el Perú, en un contexto de disputa y polarización por las narrativas del conflicto armado, preguntándose cuestiones como ¿qué rol cumplen las víctimas, la comunidad local, el Estado y la sociedad civil en la gestación y gestión de estos lugares? y ¿qué estrategias desarrollan sus emprendedores para sostener estas iniciativas, así como las narrativas que albergan? El artículo busca contribuir a una discusión sobre políticas de reconocimiento, justicia y memoria que vienen cobrando impulso en sociedades posconflicto. Ello ocurre en un contexto de emergencia de grupos neoconservadores con una agenda en contra de los derechos de las víctimas de la violencia estatal y el terrorismo. Conocer los procesos de memorialización en América Latina, sus narrativas y formas de gestión y apropiación, pero también las disputas y las prácticas sociales que hay detrás, ayuda a comprender los contextos políticos y sociales.
Para responder estas preguntas, se examinan tres casos de estudio3 que, aunque son resultado de procesos distintos, en su análisis conjunto ofrecen una mirada sobre el devenir de la memorialización en el Perú, los actores e intereses en juego, y sus implicancias tanto para la memoria de las víctimas como para el resto de la sociedad: i) el museo “Para que no se repita”, en Ayacucho, promovido por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP); ii) el Yalpana Wasi. Wiñay Yalpanapa, impulsado por el Gobierno Regional de Junín, y iii) la Casa de la Memoria Viva de Huachipa, en Lima, creado por la Asociación de Vivienda Nuevo Amanecer en alianza con una organización no gubernamental y una universidad. Al estar ubicados en tres zonas del país en donde el conflicto armado golpeó de manera distinta, cada caso muestra la manera en que las organizaciones de víctimas se relacionan con otros actores para ver materializadas sus propias agendas.
La metodología utilizada fue cualitativa y descriptiva, mediante la cual se busca conocer los procesos detrás de la constitución y gestión de los lugares físicos de memoria desde la mirada de los grupos involucrados directa e indirectamente, es decir, desde las organizaciones de víctimas, el Estado, la sociedad civil y expertos. Por ello, se utilizó como principal técnica la entrevista semiestructurada en profundidad, aplicándose 17 entrevistas repartidas entre los tres casos.4 Adicionalmente, se revisaron leyes, pronunciamientos, lineamientos de políticas y noticias, que permitieron completar el análisis para comprender cómo operan los mecanismos negacionistas y de posverdad en el Perú, así como los recursos, estrategias y alianzas de los actores para mantener activos los lugares.
2. Estado situacional de los lugares de memoria en el Perú
A través de la revisión de registros de la sociedad civil y de un listado de la CMAN, al cierre del estudio identificamos 111 memoriales en el país, clasificados en siete tipos de acuerdo a su materialidad e interacción con el entorno: i) monumentos y placas en espacios públicos; ii) memoriales en cementerios y camposantos; iii) museos y centros de información; iv) memoriales en lugares donde se produjeron hechos de violencia; v) memoriales en instituciones educativas; vi) memoriales en espacios religiosos, y vii) memoriales en instituciones públicas.
Casi dos tercios de los lugares (64%) se localizan en Ayacucho (31), Lima (26) y Junín (14). Al ser la región más afectada por la violencia, Ayacucho tiene una gran cantidad de lugares tanto en zonas urbanas como rurales; sin embargo, no cuenta con un espacio regional que las articule. No es casual que el sitio más significativo pertenezca a un colectivo de víctimas, lo que explica la dificultad del Estado para hablar de la violencia en la región. En cambio, en Lima, que no fue epicentro de la violencia, los lugares se congregan en la zona metropolitana, incluyendo al LUM. Esto expresa la demanda de memoria de un sector de la población que no recibió un impacto directo de la violencia, pero busca el reconocimiento de las víctimas por parte del Estado y la ciudadanía.
Por tipo, los memoriales públicos son los más comunes. Son parques, plazuelas, calles que han sido creadas como un sitio de memoria o renombradas como tales. La demarcación se ha hecho mediante la colocación de una escultura o placa que le otorga un reconocimiento estatal. Estos memoriales buscan rendir un homenaje póstumo a las víctimas, pero procurando llegar a un público amplio para dotarlos de ese reconocimiento. Adquieren relevancia cuando se realizan ceremonias oficiales y son una oportunidad para activar memorias silenciadas o no identificadas. Al ser espacios públicos, su funcionalidad trasciende lo conmemorativo, en especial cuando se encuentran en zonas rurales, lo que las hace potencialmente objeto de reconfiguración simbólica.
Los memoriales en cementerios y camposantos son construcciones extensivas a los nichos, como mausoleos. Se caracterizan por expresar la dignificación de las víctimas y héroes del conflicto entre la multitud. Aunque también se realizan actos conmemorativos con participación del Estado, no suelen ser objeto de disputas entre memorias. En los últimos años, han sido una de las formas más frecuentes con las que el Estado ha buscado estar presente en comunidades rurales. Entre 2017 y 2018, la CMAN, en alianza con los municipios, construyó ocho santuarios ecológicos en las comunidades de Ayacucho y Huánuco como parte del programa de reparaciones simbólicas, lo que podría interpretarse como la uniformización de propuestas de memorialización por el Estado.5 Un caso que escapa a la norma es el mausoleo construido por familiares de miembros de Sendero Luminoso para albergar los restos de quienes fueron ejecutados en el penal El Frontón.6 Este memorial, ubicado en un cementerio en el norte de la capital, fue destruido en 2018 gracias a una modificación en la normativa sobre cementerios y servicios funerarios. En un contexto de terruqueo, conocido como acusaciones difamatorias de terrorismo, reactivó el temor en la población en torno a un posible retorno de Sendero, poniendo en tela de juicio el fin del conflicto armado y la superación del pasado. A la vez, quedaron evidenciados los límites de los mecanismos de memoria desde el paraguas humanitario al imposibilitar concebir otro tipo de víctimas, o que pueda exponer otra memoria, como los senderistas (Robin Azevedo, 2021).
Otro tipo de lugares altamente promovidos son los museos y centros de información, con mucha visibilidad, altamente politizados, cuyas narrativas generan disputas entre actores políticos, debido a sus expresiones de confrontación. Los museos cumplen un rol histórico, conmemorativo, pedagógico y hasta turístico. Sus procesos de legitimación los han convertido en espacios muy activos cuya apropiación ha aumentado por parte de las generaciones jóvenes, víctimas y sus familiares, quienes han encontrado en ellos un lugar para reivindicar sus demandas y obtener un reconocimiento institucional. Estas disputas son aún más profundas cuando su proyección es nacional y no necesariamente surgen como resultado de un consenso, como el LUM.
Los “lugares testigo” son intervenciones en zonas donde se produjeron hechos de violencia. Estos lugares dejaron una huella en el territorio y han sido demarcados mediante memoriales para conmemorar y hacerlos visibles a la sociedad. A diferencia del Cono Sur, donde los lugares de memoria se crean a partir de la recuperación de centros clandestinos de reclusión y tortura por el terrorismo de Estado, en Perú estos son la excepción a la regla. Y por lo mismo, dado que hay implicancias de las Fuerzas Armadas, su demarcación y resignificación han sido más complicadas debido a que la mayoría continúa bajo tutela del Estado. El ejemplo más claro es La Hoyada, zona adyacente al cuartel “Los Cabitos”7 (Ayacucho), donde actualmente se viene construyendo un Santuario de la Memoria en el terreno donde se estima hay decenas de personas desaparecidas. El proyecto, a cargo del gobierno regional, es resultado de un proceso de incidencia impulsado por los familiares (Jave, 2017).
En menor medida, encontramos memoriales en instituciones públicas y privadas, cuyo propósito es de homenaje póstumo. Incluyen plazoletas, parques y monumentos dentro de universidades, que fueron espacios de disputa política durante el conflicto; grutas, esculturas y símbolos dentro de iglesias que también fueron afectadas por organizaciones subversivas, y placas, bustos y emblemas al interior de instituciones públicas.
Así, se ha optado por la construcción de ambientes para la difusión de la memoria y por la monumentalización en espacios públicos. El número de lugares creados es alto, pero no se condice con una elevada apropiación para la reparación simbólica o la pedagogía de la memoria. Aunque muchos sitios fueron iniciativa de organizaciones de derechos humanos, no siempre hubo un proceso social detrás que permitiese una apropiación, en especial cuando hay barreras culturales, lingüísticas y geográficas de por medio. Los espacios impulsados por la CMAN, como los santuarios ecológicos, fueron bien recibidos por la población de las zonas afectadas, pero sin acompañamiento para su gestión, cayeron en deterioro y olvido. En cambio, los lugares creados en ciudades tienen un público más diverso, pero son principalmente las víctimas las que buscan sentirse reconocidas y dignificadas y ser parte activa de su funcionamiento. Por último, los lugares impulsados por las víctimas parecen haber atravesado procesos más horizontales y participativos, pero no han estado exentos de tensiones internas con agendas e intereses plurales. En el siguiente apartado, examinamos los procesos detrás de la constitución y gestión de los lugares.
3. Una mirada micro a los procesos sociales en los lugares de memoria en el Perú
3.1. El museo de la memoria “Para que no se repita” de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP)
El museo “Para que no se repita” es uno de los primeros lugares creados en el Perú. Ubicado en la región más golpeada por la violencia, su gestión está a cargo de la ANFASEP, una de las primeras organizaciones de víctimas. El museo, ubicado en el tercer piso de la sede de la asociación, expone una memoria íntima y compartida de las socias, concentrada en las desapariciones forzadas y en la agencia para la búsqueda de los desaparecidos. No busca una aproximación histórica y regional, ni está inserto en una narrativa nacional de la violencia, más bien acentúa la responsabilidad del Estado y de las Fuerzas Armadas en el delito de desaparición y en la falta de respuestas sobre el destino y paradero de los desaparecidos. El museo es considerado un sitio emblemático y un referente para muchos colectivos de víctimas que buscan constituir y gestionar un espacio de conmemoración.
La ANFASEP fue creada en 1983 durante los años más álgidos de la violencia por un grupo de mujeres para exigir información sobre el paradero de las personas detenidas y desaparecidas, y acompañarse en su búsqueda (Soto, 2015). La desaparición forzada fue la práctica estatal que más víctimas fatales ocasionó, la cual tenía como principal objetivo a los hombres adultos. Ello llevó a las mujeres a buscar a sus familiares, asumiendo el rol de jefas de hogar (CVR, 2004). Prontamente, las socias se vincularon con el movimiento nacional de derechos humanos, organizaciones extranjeras (FEDEFAM, SERPAJ) y autoridades locales. Así fue como adquirieron un local propio, sostuvieron y proyectaron sus demandas dentro y fuera de Ayacucho para, años después, llevar adelante la propuesta de crear un sitio de memoria.
Con el retorno a la democracia y la creación de la CVR, el trabajo de la asociación adquirió notoriedad y su agenda se vio fortalecida. En ese contexto, las socias buscaron preservar y exponer los objetos que acompañaron a sus movilizaciones: una banderola, una cruz de madera con la inscripción “no matar”, prendas y fotografías de los desaparecidos. Los hijos mayores de las socias propusieron crear un museo, que fue apoyado por la cooperación alemana, que financió el museo en su local institucional (Milton & Ulfe, 2011).
La propuesta del museo trajo consigo un complejo proceso de ideación, generando tensiones respecto a la narrativa, la gestión y las decisiones. Hacia afuera, si bien el museo es privado, la fachada mostraba las atrocidades con mucho realismo en un gran mural, generando rechazo entre las autoridades y vecinos, quienes preferían no ver ni recordar la violencia. Estas tensiones se acentuaron cuando se propuso convertir el parque aledaño en el “Parque de la memoria” con una escultura (“Tótem de la memoria”) que expresara la violencia, las secuelas y un futuro de paz. La idea original se transformó en un circuito que combina lo privado y lo público, desde el museo hacia el parque. Esta situación refleja cómo el “hacer memoria” tomaba lugar en un contexto aún adverso para las víctimas y la agenda de derechos humanos: una narrativa de “salvación” sobre el conflicto, vinculada al fujimorismo, empezaba a adquirir hegemonía (Degregori, 2001) y el silencio de un sector de la sociedad ayacuchana, para quienes hacer memoria es recordar un pasado violento y doloroso que los sitúa en el pasado y los estigmatiza.
Un segundo nivel de la discusión se centró en los modos de representación. El equipo curatorial aconsejaba una propuesta intermedia entre la representación documental y la simbólica.8 Organizaciones de derechos humanos observaron la crudeza de la muestra y dijeron que podría disuadir a la ciudadanía. Para la ANFASEP, declinar la representación realista no era negociable. Resultaba crucial mostrar y contar los hechos tal como se habían vivido, más aún, porque las desapariciones eran atribuidas a las fuerzas del orden.9 Era necesario ponerle un rostro a los perpetradores y a los responsables por omisión tanto en la museografía como en los exteriores del local. Al recargar la muestra en el accionar estatal, la ANFASEP se posicionó críticamente al informe de la CVR, que había señalado que el mayor responsable de las víctimas fatales había sido Sendero Luminoso (Milton & Ulfe, 2011), mientras que hacia el movimiento de derechos humanos fue una manera de retener el poder y la capacidad de decidir cómo expresar y difundir sus memorias. La narrativa del museo no era solo una demanda a que se conocieran los hechos de violencia -la “verdad” de la ANFASEP-, sino también la exigencia de un reconocimiento por su dolor y agencia para exigir una justicia que no llega y una sociedad que las ha negado como ciudadanas (Sastre, 2016).
Hacia dentro, el proceso de toma de decisión fue igualmente tenso, aunque menos evidente. La ANFASEP había logrado mantener una junta directiva con liderazgos sólidos; en especial, Angélica Mendoza, su fundadora. No obstante, la verticalidad en muchas decisiones ha sido un cuestionamiento silenciado entre algunas socias. La exclusión de otras violaciones a los derechos humanos de la agenda institucional fue una de las mayores fuentes de disgusto. Pese a que muchas socias proporcionaron objetos para el museo, solo un grupo de experiencias y voces fue representado en la muestra, justamente de las más próximas a la dirigencia, lo que se refuerza con los cambios mínimos que ha tenido la propuesta museográfica hasta ahora (Feldman, 2012).
Finalmente, el museo y el parque de la memoria fueron inaugurados en 2005, con asistencia del alcalde, el gobernador regional, el embajador alemán en el Perú y ex comisionados de la CVR (Soto, 2015). La presencia de las autoridades significó un reconocimiento público tras años de olvido y un recordatorio de que el duelo no está cerrado. La relación con las autoridades locales se ha ido fortaleciendo, han expresado respaldo cuando las socias han recibido ataques políticos; sin embargo, ello no se ha traducido en un apoyo institucional ni económico para el museo.
Desde su inauguración, el espacio ha funcionado continuamente y ha tenido una audiencia heterogénea. Milton & Ulfe (2011) identifican tres tipos de visitantes en lugares de memoria en el Perú: personas que sufrieron en carne propia la violencia, peruanos que no la sufrieron directamente y visitantes extranjeros. Los más usuales son los segundos, quienes ven en estos espacios un vehículo para entender el sufrimiento de sus connacionales y confrontar el pasado. En este museo, se reciben estudiantes de colegios y universidades que llegan para realizar proyectos o brindar apoyo. No obstante, para el resto de la ciudadanía ayacuchana, el museo no ha logrado convertirse en un sitio de conmemoración. Las víctimas de otras zonas de la región tampoco tienen acceso al lugar por la poca inclusión de otras experiencias de violencia, así como por las distancias entre las comunidades y la ciudad. Muchos de los colectivos a nivel nacional ven en este museo un ejemplo a replicar, pero en Ayacucho no se percibe así. El grueso de visitantes son turistas nacionales y extranjeros, quienes llegan por información turística, guías de viaje y el “boca a boca” (Feldman, 2012). La proyección hacia el extranjero no es casualidad. En un contexto de globalización, las socias buscan que sus narrativas encuentren eco en otras latitudes, buscando el respaldo que en su propio país no encuentran. El museo se ha articulado a plataformas internacionales como la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), que les otorga una legitimidad y soporte; y se han vinculado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que les brinda visibilidad y visitar otros lugares para compartir su experiencia. Las interrogantes sobre cómo el museo puede ser apropiado por nuevas generaciones y si logrará ser autosostenible -las socias son ya de edad avanzada- siguen pendientes. Esta discusión es crucial en un contexto donde la corriente negacionista y el terruqueo están fuertemente imbricados en las decisiones políticas, incluyendo a la propia ANFASEP.
En 2017, en medio del proceso judicial por el caso Cabitos 83,10 el congresista del partido fujimorista Fuerza Popular y general retirado de la Policía, Octavio Salazar, acusó al museo de elogiar al terrorismo y pidió una intervención judicial junto a autoridades regionales que se pronunciaron en el mismo sentido ante la nula reacción de las instancias nacionales.11 Los organismos de derechos humanos demandaron una rectificación. Ese mismo año, Marco Miyashiro, otro congresista fujimorista y ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía que capturó a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, impulsó el programa “Terrorismo, Nunca Más”, que incluyó un conjunto de acciones orientadas a promover una memoria de salvación sobre el conflicto. Aunque la acusación contra el museo no prosperó, quedaron evidenciadas las estrategias de los grupos vinculados al fujimorismo para enfrentar cualquier narrativa que “lesionara” el accionar de las Fuerzas Armadas (Sastre & Ulfe, 2022).
La puesta museográfica centrada en la desaparición forzada y el realismo muestran que el museo es un sitio para conmemorar, pero también para que las víctimas puedan ser reconocidas como ciudadanas (Reátegui, 2010). Al ser un sitio sobre y por los desaparecidos, toma la forma de una reparación simbólica, en el que la recuperación y exposición de objetos personales de los ausentes y sus familiares constituyen un arma contra el olvido y los silencios, y, a la vez, un mecanismo para enfrentar el dolor y la incertidumbre de los familiares (Quinteros, 2012). Aunque su narrativa no es nacional, su utilidad trasciende la memorialización y acompaña la búsqueda de sus demandas.
3.2. El lugar de la memoria de Junín: el Yalpana Wasi. Wiñay Yalpanapa
El Yalpana Wasi. Wiñay Yalpanapa, “Casa de memoria. Para recordar eternamente”, se ubica en la ciudad de Huancayo, región Junín, en los Andes centrales. Fue impulsado por el Gobierno Regional de Junín (GRJ), y fue el primero que gestionó un gobierno subnacional en el país como parte de una política de memoria regional (Sastre & Ulfe, 2022), pero sin aglutinar una demanda colectiva organizada. Fue más bien fruto de un interés individual que pudo concretarse utilizando los canales del Estado.
Junín fue una región estratégica para las organizaciones terroristas que buscaron tener presencia en las comunidades altoandinas, en las zonas mineras y en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) en Huancayo. El extremo oriental del territorio también fue un espacio convulsionado al ser zona de expansión subversiva que acentuó las tensiones entre las poblaciones indígenas amazónicas y colonos al dividir a la población en bandos (CVR, 2004). Al ser un espacio clave de disputa, Junín se convirtió en una de las regiones más afectadas por la violencia, que albergó varios colectivos de víctimas y desplazados provenientes del sur, con una fuerte demanda de reparación, memoria y justicia. Con la promulgación del PIR, el GRJ acompañó los procesos de reparación local, como puente con las instancias nacionales; sin embargo, las oficinas dedicadas a brindar atención en derechos humanos fueron desactivadas y el impulso a la reparación y memoria fue desapareciendo.
El tema regresó a la agenda electoral de 2010, cuando Vladimir Cerrón fue elegido gobernador regional.12 De orientación izquierdista, Cerrón es víctima del conflicto. Su padre, vicerrector y docente de la UNCP, fue secuestrado y asesinado presuntamente por fuerzas militares. Al llegar a la gobernación, la creación de un sitio de memoria para rendir homenaje a las víctimas de la universidad -y a su padre- se convirtió en punto importante en su agenda. De acuerdo con Cerrón, el GRJ solicitó a la Embajada alemana su apoyo tras la negativa del expresidente Alan García para edificar el LUM. Al no obtener respuesta, Cerrón asumió su construcción accediendo al Bono de Incentivo por Ejecución Eficaz de Inversiones que premia la buena ejecución presupuestal de instancias de gobierno.13 La obra contó con el respaldo del Poder Ejecutivo, lo que ayudó a aplacar las voces de consejeros regionales que se oponían al proyecto (Ledgard et al., 2018).
Había cierto interés en los colectivos de víctimas para crear un sitio de memoria; sin embargo, el proyecto surgió concretamente como un móvil personal que se hizo posible a través de un cargo político. La relación entre el GRJ y las víctimas recién inició con el diseño del lugar, para recoger información de comunidades altoandinas y amazónicas, más no como parte de un proceso de diálogo per se. Esto generó rechazo entre las víctimas, quienes aspiraban aportar en la museografía desde su concepción y como protagonistas, no solo desde el testimonio.14 Aun cuando el contexto coincidió con la consolidación de la CMAN y del PIR, fue el mismo GRJ el que llevó adelante la propuesta sin involucrar a otros actores.
El resultado fue un museo de cinco pisos con dos conceptos transversales: la idea de “agua que limpia” a través de una catarata simulada, y una línea histórica regional (Villasante, 2014). El primer piso ofrece servicios al visitante; del segundo al cuarto piso está la exposición permanente, incluyendo la historia del país, la violencia subversiva, la afectación a los pueblos indígenas, la violencia en la universidad y la escuela, y las reparaciones. Se edificó además un auditorio, un centro de información y un espacio de reunión para las víctimas, entre otros (Delgado, 2017).
En cada sala hay entre 5 y 25 fotografías, con excepción de las 7 y 8 que abordan el caso de la UNCP y del pueblo asháninka con 198 y 40 fotografías, respectivamente. Esta diferencia se explica por el interés de Cerrón de ofrecer un mayor reconocimiento a los docentes y estudiantes de la universidad y, en ese marco, al asesinato de su padre. Como contraparte, no se encuentra un espacio exclusivo para el desplazamiento forzado, a pesar de que Junín es la segunda región con más organizaciones de desplazados; decisión que acrecentó el distanciamiento entre el equipo técnico y las víctimas.
El museo fue inaugurado en 2014, al final de la gestión de Cerrón, con un Consejo Directivo amplio que incorporó al Estado, organizaciones sociales y víctimas entre sus miembros. Desde su inauguración, el museo ha tenido tres gestiones. La primera se enfocó en la difusión del lugar mediante actividades conmemorativas y visitas de estudiantes. En principio fueron políticos fujimoristas los que se opusieron a su funcionamiento; luego, la principal amenaza provino de las nuevas autoridades del municipio de Chilca, donde se encuentra el lugar, quienes anunciaron el traslado de oficinas al museo y dejar sin efecto una ordenanza que lo había declarado patrimonio cultural regional. Esta medida trajo consigo la conformación de la Plataforma Social por el Lugar de la Memoria, conformada por gestores culturales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, que organizó plantones y pronunciamientos exigiendo dar marcha atrás.15 Pese a no ser convocados para la ideación del lugar, las víctimas fueron las primeras en defenderlo. En Lima se firmó un petitorio, incluyendo al RESLAC, dirigido al GRJ y al municipio de Chilca exigiendo la protección y funcionamiento del museo.16 El mayor respaldo provino del viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, que solicitó priorizar acciones de protección en concordancia con el PIR.17 Toda esta incidencia hizo retroceder al municipio y, en abril de 2015, el Yalpana Wasi obtuvo un reconocimiento formal con una ordenanza que lo declaró de interés público regional, con carácter intangible, y como un espacio educativo para aprender sobre derechos humanos y paz.18
En 2019, nuevamente con Cerrón como gobernador, se inició una etapa de fortalecimiento institucional del museo destinándole un presupuesto propio para sus actividades. En 2020, se realizó la transferencia definitiva del terreno al GRJ y su inscripción en el Sistema Nacional de Museos del Ministerio de Cultura.19 Junto al LUM, el Yalpana Wasi fue reconocido formalmente como “lugar de memoria”, con lo cual sus objetivos no pueden ser modificados. Ha reforzado y descentralizado su presencia en la región, convocando a víctimas, realizando talleres y exposiciones en comunidades, brindando información sobre el PIR, e introducido otros problemas sociales a su narrativa, como el bullying o la violencia de género, a fin de convertirse en un espacio de derechos humanos.
Así, aunque en Junín siempre estuvo en el imaginario de las víctimas la creación de un sitio de memoria, este no se concretó por sus demandas colectivas, sino por ser parte de la agenda de una autoridad política personalista que, sin tener cercanía al movimiento de derechos humanos, se reconoce como víctima. Por lo mismo, el Yalpana Wasi nació con el desafío de obtener una institucionalidad mínima para conseguir sus propósitos. Paradójicamente, fueron las organizaciones de víctimas las primeras en defender el lugar ante amenazas, pues a pesar de la débil inclusión en su ideación, es un espacio que representa un avance en la lucha por visibilizar sus experiencias de violencia; es “un lugar sagrado para nosotros, no es un lugar cualquiera, no es un simple museo”,20 que espera ser apropiado y reconquistado en el marco de una lucha más amplia de reconocimiento pleno como ciudadanos con capacidad para intervenir y decidir.
3.3. La Casa de la Memoria Viva de la Asociación Nuevo Amanecer
La Casa de la Memoria Viva es uno de los lugares de memoria más recientes en el país y uno de los más innovadores en su gestación. Se localiza en Cajamarquilla, una zona industrial en el distrito de Lurigancho-Chosica, al este de la capital, en una zona de 80 000 m2, donde se han asentado dos asociaciones de vivienda impulsadas por víctimas. En un lado, se ubica la organización Hubert Lanssiers, que agrupa a indultados por terrorismo; en el otro, la Asociación de Vivienda Nuevo Amanecer. Esta última surgió luego de un acuerdo entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto que incluyó medidas de reparación.21 La Casa de la Memoria nació como una forma de reparación simbólica, que se materializa gracias a alianzas entre víctimas e instituciones civiles, y al liderazgo de sus dirigentes.
Los antecedentes remontan al 2002 cuando el Estado conformó la Comisión de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento de las Recomendaciones establecidas por la CIDH para responder a la demanda de reparación.22 A Nuevo Amanecer le correspondió la mitad del terreno separado para la reparación, pero solo 198 personas accedieron a la parcelación, quedando otras 287 personas en el aire (Jungbluth, 2021). El Estado no otorgó títulos de propiedad a los socios, tan solo un terreno árido sin condiciones mínimas de habitabilidad, ni servicios básicos. Tras años de desatención, entre 2006 y 2007, los socios tuvieron que “invadir su propio terreno”, ocuparlo, parcelarlo y asegurar la dotación de servicios para la titulación individual.23 En 2011, la asociación logró registrarse formalmente y dividir los lotes, llegando a construir dos locales comunales gracias a la donación de empresas de la zona.
Durante esos años, la agenda de la asociación giró en torno al acceso de servicios básicos. Una vez alcanzado esto, tuvieron otras aspiraciones vinculadas a su condición de víctimas; entre ellas, la creación de un sitio de memoria para recordar a los desaparecidos y asesinados. En ese contexto, la asociación fue buscando a organizaciones en la zona para materializar esta idea.
El primer contacto fue con CESAL, una ONG internacional que realiza intervenciones en medio ambiente, movilidad humana y desarrollo económico local. CESAL planeaba construir una guardería para ayudar a las madres trabajadoras, por lo que convocó a la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) con la que habían realizado un trabajo previo.
Nuevo Amanecer fue seleccionada como población beneficiaria debido al trabajo colectivo de sus socios y al liderazgo de sus dirigentes, que demostraron capacidad para organizarse y compromiso con la intervención. El recojo de información comenzó en 2017 y permitió a CESAL y UCAL conocer a profundidad las necesidades y demandas de la asociación, entre ellas, que se reconociera su experiencia de violencia. De esta manera, la idea de la guardería fue mutando hacia un local comunal multiusos. Primero, se realizó un diagnóstico participativo y se construyó la estructura; luego de presentar la propuesta arquitectónica, se avanzó con la construcción. La UCAL proporcionó los materiales y la mano de obra de los estudiantes, mientras que la asociación aportó con faenas, recursos materiales y económicos. En diciembre de ese año, se inauguró el local comunal con un ambiente educativo y una cocina. Los socios llevaron fotos y recuerdos de sus familiares desaparecidos, reavivando la necesidad de conmemorar a las víctimas, motivando a CESAL y la UCAL a continuar con el proyecto.
En el segundo año, se realizó un nuevo proceso participativo para el levantamiento de necesidades que resultó más complejo pues reveló intereses heterogéneos. A diferencia de los vecinos de Hubert Lanssiers, en Nuevo Amanecer los socios son familiares de personas desaparecidas o víctimas indirectas que no viven en Lima, sino en otras regiones del país (Jungbluth, 2021). Además, no todos los ocupantes del asentamiento son miembros de la asociación o víctimas. Hay una distinción entre “titulares” y “cuidadores”. Los titulares son quienes recibieron un lote como parte de la reparación. Los cuidadores son designados por un titular para ocupar y cuidar el terreno, lo que de alguna forma les da derechos y obligaciones. Cuando se trató de decidir qué hacer en el segundo piso del local comunal, se produjeron los desencuentros.
Los titulares plantearon construir un espacio de memoria teniendo como referente el museo de la ANFASEP; los cuidadores, en cambio, no tenían interés en la memorialización. Por ello, en función de las relaciones de poder, donde los “titulares” tenían la mayoría, no se produjo ninguna negociación, sino la determinación de recordar como parte de la agenda de la asociación. Se impuso el liderazgo de los dirigentes para sostener la idea original y comprometer a todos los residentes en las faenas.
Para fines de 2018, se terminó de construir la estructura principal. Un año después se realizaron talleres para definir los valores y el diseño, que incluyó una zona de memoria histórica, una de memoria individual y un espacio para reuniones. Se acordó colocar una línea de tiempo, a semejanza de la CVR, cintas con los nombres de las víctimas y fotografías de los desaparecidos. Finalmente, en febrero de 2020, se inauguró la casa en una ceremonia con familiares y víctimas, autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del LUM, y representantes de la sociedad civil. La asociación quedó a cargo de la gestión, a la vez que se definió una comisión para completar la museografía y promover la visita del público. El confinamiento decretado por el gobierno debido a la pandemia del covid-19 paralizó las acciones.
La Casa de la Memoria Viva combina una acción mixta: su origen cruza la demanda de reparación a vivienda y el desarrollo. El proyecto de CESAL y UCAL motivó un proceso de diálogo que redefinió sus objetivos iniciales; el Estado no intervino y, aunque se cuestiona su falta de apoyo, la asociación valora mantener la gestión de forma autónoma pues se cuenta una verdad sin censuras en un contexto de polarización. Aun con un panorama adverso por la crisis pandémica, la casa ha sabido sostenerse mediante la construcción de redes con la sociedad civil y sobre todo en los liderazgos de Nuevo Amanecer, quienes pasaron de beneficiarios a sujetos activos del proceso para conseguir recursos y materiales, apropiarse del proyecto y organizar a la comunidad. En ese sentido, su principal reto está en consolidarse como eje central en el desarrollo de la comunidad.
4. Análisis
Aunque son los Estados los responsables del diseño e implementación de las medidas de justicia transicional, en el Perú, los procesos de memorialización han sido principalmente resultado del empuje y organización de emprendedores de memoria. Ello es notorio en el Museo de la ANFASEP y en la Casa de la Memoria de Nuevo Amanecer que, a pesar de ser gestados en un contexto de justicia transicional, tuvieron poca participación del Estado. En el caso del Yalpana Wasi, la demanda de las víctimas difícilmente se habría condensado en un espacio “oficial”, de no haber sido porque era la agenda personal del gobernador de turno -también víctima-, quien impulsó el sitio regional. Aunque la motivación fue distinta, en el presente, el lugar se ha convertido en un referente que cruza derechos y memoria en su localidad.
Ciertamente, la CMAN acompaña de algún modo las iniciativas de la sociedad civil, pero no ha logrado implementar una política integral que permita una articulación intersectorial y en múltiples niveles, inclusive dentro del propio Estado. Ello explica la proliferación de iniciativas de memorialización y promotores que no dialogan entre sí; enfrentan el silencio y el olvido y una existencia frágil. Una vez inaugurados los lugares, muchos son abandonados, algunos caen en deterioro y otros dejan de servir a sus propósitos originales, abriendo interrogantes sobre si se trata de un uso ejemplar o uno literal de la memoria (Todorov, 2000) y qué tanto contribuye en la reconstrucción del tejido social y la superación del pasado traumático.
Para entender los procesos detrás de la creación y de la utilidad de los lugares físicos de memoria en el Perú es necesario entender el contexto de las batallas de memorias (Degregori, 2001), en las que se oponen, de un lado, una narrativa de salvación del conflicto, que coloca al Estado como la principal víctima de la violencia terrorista a la vez que a Fujimori y a las Fuerzas Armadas como los principales artífices de la derrota subversiva y de la pacificación y, de otro lado, una contramemoria que acentúa la experiencia de violencia de la población civil a causa de las organizaciones subversivas y del Estado, que reconoce sus demandas de justicia, verdad y reparación y cuya narrativa quedó plasmada en el informe de la CVR (Reátegui, 2010). Esta batalla de memorias se ha acentuado en un contexto de debilitamiento institucional, de polarización política crónica y de una corriente negacionista y de posverdad cada vez más fuerte que contradice, minimiza o justifica las graves violaciones durante el conflicto; un discurso cada vez enraizado en la opinión pública que proviene tanto de las Fuerzas Armadas como de las organizaciones subversivas. Esta disputa ha ocasionado ataques físicos a memoriales y agravios a actores que intentan hablar sobre el pasado reciente, especialmente al interior de escuelas y universidades (Jave, 2019). Los tres casos analizados encierran narrativas que parten de reconocer el relato construido por la CVR, pero enfatizan una narrativa propia y desde su lugar de enunciación, visibilizando las violaciones cometidas por el Estado y provocando una memoria “incómoda” en el contexto de negacionismo. Salvo la Casa de la Memoria de Nuevo Amanecer, las otras dos han sufrido los embates negacionistas de los grupos de poder al tener mayor visibilidad y estar insertas en circuitos económicos y sociales más amplios.
Lo central de nuestra discusión se refiere a la apropiación de los lugares, la utilidad y el rol de las víctimas y del Estado en su gestación y funcionamiento. Sobre lo primero hemos descrito el sinnúmero de monumentos, espacios públicos y privados que en Perú han desaparecido o de los procesos que activó, ello coincide con el escaso conocimiento de la población. En un sondeo de 2019, el 81% de encuestados desconocía las formas de conmemoración existentes en el país, aun cuando, por ejemplo, casi 70% consideraba que los lugares de memoria eran iniciativas importantes para abordar el problema (Instituto de Opinión Pública, 2019). La sociedad reconoce cierta importancia a la práctica de la memoria, pero no se encuentra información y mucho menos mecanismos para relacionarse. El museo de la ANFASEP es un ejemplo de ello. Su público lo componen estudiantes, turistas extranjeros y limeños; es decir, foráneos interesados en conocer la narrativa y apropiarse del espacio, lo que no pasa con la comunidad regional. El Yalpana Wasi parece ir en el mismo sentido, con un ligero matiz: a falta de un interés extensivo de la ciudadanía de Junín, tampoco ha logrado convocar a las organizaciones de víctimas que siguen demandando mayor inclusión. Al constituirse como museos memoriales, parecen buscar su público en una ciudadanía global, fortaleciendo sus conexiones y reconocimientos con instituciones y visitantes internacionales o de la capital; esa ciudadanía global los conecta también con los grupos locales. Cuando se han visto amenazados, las víctimas han sido las primeras en defenderlos. En estos lugares, los visitantes buscan encontrar los sentidos del pasado reciente, pero también del presente: las desigualdades, las afectaciones ambientales, el valor del diálogo y la construcción de nuevas comunidades. La “perturbación empática” (Hite, 2016) es ese “valor agregado” de nuestra relación con los lugares de la memoria que incomoda y remece los horizontes de nuestra reflexión para llevarnos al cuestionamiento crítico de la realidad.
Esto nos conduce a plantear la utilidad de los lugares. Los casos estudiados exhiben una tensión entre la función pedagógica, que era entendida como una palanca para convocar a nuevas generaciones, y la función de conmemoración, pensada para brindar un reconocimiento y dignificación para las víctimas. Así ocurrió con el museo de la ANFASEP: desde su concepción las socias fundadoras buscaban recordar a sus familiares, mientras que las generaciones más jóvenes, impulsaban la construcción de un museo (Milton & Ulfe, 2011). Finalmente, han sido las socias las que han liderado y retenido la gestión del lugar -desarrollando, por ejemplo, formas de mediación testimonial-, lo que muestra esa doble utilidad, aun cuando su alcance no logre convocar a otras personas afectadas de la región, dado que el museo se encuentra en la capital de Ayacucho. En el Yalpana Wasi, encontramos una función híbrida: aunque su objetivo era conmemorar principalmente a las víctimas de la UNCP, su museografía ha logrado abarcar la experiencia de violencia de toda la región. Sin embargo, está pendiente ver si replica el patrón de la ANFASEP y del LUM en su audiencia o si se abre a otros públicos. La Casa de la Memoria, en cambio, parece ir por otro camino. El lugar tiene elementos de un museo memorial, pero no ha perdido de vista las necesidades de la comunidad y sus vecinos. Aquí la memoria dialoga más con aspectos como el desarrollo urbanístico local en una zona ubicada fuera de los circuitos turísticos económicos.
En tercer lugar, nos situamos frente a la participación en la gestación de las iniciativas. La memoria viva se construye en la interacción social y junto con el aprendizaje significativo que se genera con la integración de nuevos conocimientos a la estructura cognitiva y experiencial del sujeto que aprende a través de su historia de vida. Esos elementos forman un sentido pedagógico para hacer memoria (Londoño & Carvajal, 2015). Es cada vez más recurrente la incorporación de un enfoque participativo en la gestación de los lugares de memoria, tanto para el reconocimiento, como para la utilidad y la legitimación. Pero ello no es suficiente para asegurar una alta apropiación o un sentido de pertenencia con el lugar. Es necesario pensar en la sostenibilidad como un mecanismo de gestión e inclusión, como se ha evidenciado en la experiencia de Nuevo Amanecer. Si bien fue CESAL la que propuso el proyecto en la zona, la idea mutó debido a las necesidades de los vecinos, gracias a la experiencia y agencia de los líderes de la asociación. Esto no siempre es replicable a otras zonas del país ni a otras organizaciones, pero queda como un aprendizaje para pensar nuevos sitios de memoria u otras formas de conmemoración.
Finalmente, aunque el Estado incorpora la memorialización como una reparación simbólica, queda como una declaración, sin lograr asumir un liderazgo, integrando las iniciativas, sean o no estatales. Un problema similar se observa en el LUM, que, aunque tiene como uno de sus objetivos fomentar el diálogo y la cooperación con otros lugares de memoria, su vinculación es superficial, sin entrar en diálogo con las narrativas, ni plantear medidas para la gestión de otros sitios. Una política de memoria debe tomar en consideración un marco estructural que permita una articulación de estas iniciativas, estatales y no estatales; acompañar y prestar asistencia técnica para la gestión y el fortalecimiento; generar capacidades pedagógicas en quienes asumen la tarea de emprender los sitios; promover espacios de interacción con públicos diversos y dotarlos de herramientas pedagógicas, entre otras acciones, que permitan fortalecer la apropiación, la sostenibilidad, la utilidad y el reconocimiento en toda la comunidad.
5. Conclusiones
En el Perú, los lugares físicos de memoria exceden el centenar, con características y fines muy diversos. Ello refleja la pluralidad de poblaciones y experiencias bajo la violencia, pero también la falta de una política de memoria que oriente la coexistencia de memorias y un uso ejemplar de estas. La mitad de los lugares ha apostado por la monumentalidad o la intervención en un espacio público por o de la mano de autoridades locales, pero con procesos superficiales o aislados de otras acciones de justicia transicional. El resultado es el desconocimiento total del estado situacional de los lugares, con la desaparición de varios de estos en el tiempo o con la transformación de sus diseños y fines.
El énfasis está en el impulso antes que en la utilidad y sostenibilidad, con un Estado que acompaña procesos, pero que implementa y gestiona poco; y con un espacio nacional -el LUM- que tiene iniciativa para dialogar con otros actores, aunque sin una estrategia clara y de largo aliento. Existe una fuerte demanda y movilización por la memoria que no se condice con un marco institucional que les aporte lineamientos para fortalecer y dotar de sostenibilidad a sus propuestas. La permanencia de estos lugares depende de la solidez del proceso social detrás y de las estrategias de sus promotores por activar la memoria en el lugar. La estrategia más resaltante ha sido la inclusión del LUM y del Yalpana Wasi en el Sistema Nacional de Museos bajo la categoría de lugares de memoria. Sin embargo, se trata de dos iniciativas cuya gestión y financiamiento recae en el Estado, quedando incierto el destino de lugares cuya gestión es asumida por las víctimas u otros actores, aun cuando se trata de sitios emblemáticos como el museo de la ANFASEP.
Los tres casos muestran la importancia de llevar a cabo mecanismos de diálogo y de participación entre actores sociales, incluyendo la comunidad, las organizaciones sociales y las víctimas. En Ayacucho y en Lima, la trayectoria y capacidad de los colectivos de víctimas ha sido crucial para poner en marcha sus propuestas de memorialización y sostenerlas en el tiempo desde su misma apropiación. Aunque la Casa de la Memoria Viva es una iniciativa reciente cuyo despegue se truncó por la covid-19, el grado de apropiación de la organización y de la comunidad permite que el sitio tenga diferentes usos sin poner en riesgo el propósito de proyectar su narrativa de violencia. Mientras que en Junín, a pesar de no haberse promovido una participación tan horizontal y activa, los ataques que ha recibido el lugar y los intentos de cambiar sus fines sí fueron contrarrestados por las víctimas, pues hay una identificación y un sentido de representación.
Así, los lugares de memoria en el Perú no solo son escenarios de batallas entre narrativas por el pasado, sino de luchas por el reconocimiento. Las víctimas de la violencia demandan justicia, verdad, reparación y memoria al Estado y a la sociedad, pero ante todo ser reconocidos como ciudadanos. Las iniciativas examinadas son el reflejo de la búsqueda de autonomía, de una determinación a hablar por ellos mismos y ser representados mediante su propia agencia para promover un respeto de los derechos humanos y una vida más democrática.
