Introducción

Resulta claro que una comparación entre Argentina y Bolivia puede ser errática, especialmente porque estos países atravesaron experiencias históricas diferentes en el grado de desarrollo de sus sociedades. Sin embargo, los antecedentes históricos en los vínculos económicos entre los dos países muestran una historia significativa de intercambios entre ambas naciones. Durante la primera parte del siglo XIX, especialmente luego del desarme de las relaciones comerciales que impusieron las guerras de independencia,¹ debe destacarse la importancia de la moneda feble boliviana en la economía del Río de la Plata. Especialmente sustentado en la necesidad de circulante frente a la falta de una moneda nacional que respaldara el despegue de la economía atlántica.² Entrado el siglo XX, Bolivia se conformó como uno de los principales destinos comerciales de Argentina durante la conformación del modelo económico agroexportador, algo que vislumbraron los estudios regionales.³ Aunque las relaciones económico-comerciales no siempre fueron complementarias, sí permitieron fomentar mercados regionales importantes y una intensa, y dependiente, movilización de mano de obra boliviana en Argentina. Posteriormente, durante los años 1970 el protagonismo lo tomaría la creciente integración comercial que desembocó en la importación de gas boliviano y la construcción del primer gasoducto transfronterizo de la región. Específicamente, fue durante la última dictadura argentina (1976-1983) cuando la política de compra de gas boliviano estuvo condicionada a los intentos por influir en las decisiones políticas del país. En estos años, se desarrolló un significativo incremento de los volúmenes importados y una política de precios favorable al país andino. También, y dado la afinidad ideológica, el gobierno argentino respaldó con políticas crediticias a la dictadura del General García Meza (1980-1981).⁴

Posteriormente, durante los años 1980, ambos países transitaron años de inestabilidad macroeconómica y política en el marco de transiciones a la democracia. De forma que consideramos que vale la apuesta por examinar cómo se desenvolvieron las lógicas sociales, en contextos de inestabilidad política y macroeconómica. Así, el trabajo propone una revisión historiográfica destinada a observar las diferencias y similitudes en ambos casos considerando diferentes variables socioeconómicas y políticas como la crisis de la deuda externa, los shocks externos, los problemas de la transición política, entre otros. Entendemos que revisar las lógicas estructurales que afectaron a ambos países, como a sus coyunturas políticas específicas, constituye un ejercicio importante para pensar históricamente el pasado reciente de las jóvenes democracias.

En un estudio reciente Zícari y Fornillo⁵ señalaron que Argentina y Bolivia se encontraban en situaciones extremadamente diferentes a lo largo del siglo XX en cuanto a la dinámica de sus sociedades. La primera, con altos grados de alfabetismo, industrialización y progreso social contrastaba con una Bolivia pobre, con bajos niveles de ingresos y un incipiente desarrollo capitalista.⁶ Este panorama, que reflejaba las diferencias de las estructuras sociales, también mostraba que la Argentina contaba con una robusta clase media y actores propios de una industrialización por sustitución de importaciones (isi), mientras que Bolivia aún presentaba importantes conflictos entre identidades regionales protagonizadas por campesinos de tradición indígena que ponían algún tipo de frenos a la integridad nacional.⁷ En los ochenta, eran los Estados nacionales latinoamericanos los que se encontraban en crisis, particularmente azotados por los efectos negativos que producía en sus economías la crisis de la deuda externa iniciada con la mora mexicana de 1982. Otros factores procíclicos eran las altas tasas de interés que encarecían los créditos tomados en el exterior y que limitaban los márgenes de acción de los Estados frente a las instituciones financieras. Los déficits fiscales, la desindustrialización, las caídas salariales y dinámicas inflaciones de más de tres dígitos anuales, formaban un cuadro social de crisis inédita.

Además, en un contexto de fragilidad económica para formular alianzas sólidas como para expandir la actividad productiva, ambas naciones atravesaron transiciones democráticas luego de regímenes de facto que habían alterado profundamente las relaciones sociales y los modelos de acumulación. Es posible que el sistema político boliviano se encontrara más desgarrado que el argentino, considerando que al retiro de los militares en 1978 le siguieron una sucesión de siete golpes y dos débiles gobiernos civiles, la atomización del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la formación de pequeños partidos políticos que se presentaban a elecciones. En lo económico, las continuidades entre Bolivia y Argentina no fueron evidentes, ya que mientras Argentina había tenido un titubeante proyecto liberalizador con el régimen anterior (1976-1983), Bolivia se acentuó la estrategia de capitalismo de Estado. No obstante, los altos niveles de endeudamientos contraídos en los 1970 delineaban las mismas problemáticas económicas en ambos países.

En Argentina, la victoria de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 significó la derrota del histórico partido Justicialista (identificado con el llamado peronismo de Juan Domingo Perón) por parte de la Unión Cívica Radical (UCR). Este último era un partido casi centenario, que había tenido un rol electoral secundario desde la irrupción peronista en 1945. En Bolivia, Siles Suazo, elegido por el Congreso Nacional, derrotaba el 10 de octubre de 1982 al importante Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico (MNRH), una facción del viejo MNR liderado por su histórico líder Víctor Paz Estenssoro. Este, presentaba una novedosa síntesis con la Unión Democrático Popular (UDP).⁸ Ambos presidentes contaron con apoyo popular de la civilidad, y en tanto los militares estaban debilitados, se encontraron dispuestos a democratizar las instituciones, atender las demandas sociales y enfrentar los problemas económicos con recetas de estabilización que podrían considerarse del lado de la heterodoxia.⁹

Los estudios sobre el primer Plan económico del gobierno de Alfonsín, piloteado por Bernardo Grinspun (1983-1985), atendieron típicamente a sus medidas destinadas a intentar reimpulsar el crecimiento económico a partir de pautas antinflacionarias como los acuerdos de precios con empresarios de las principales cámaras y salarios; el aumento de ingresos tributarios a partir de un mayor control a la evasión y la suba de impuestos a los ingresos y la riqueza.¹⁰ También se destacó el incentivo a la expansión de la demanda interna a partir de la reducción del costo del crédito, el control del gasto público y el incremento de los salarios y de la reactivación a través del aprovechamiento de la capacidad ociosa.¹¹ Este plan ha sido denominado de diferentes formas como heterodoxo, neokeynesiano, nacional desarrollista o simplemente “mixto”.¹² En general, los estudios posteriores entendieron su fracaso dado el fuerte componente de continuidad con la etapa dictatorial,¹³ en tanto no se desmontaron las prácticas financieras cortoplacistas como los mecanismos que posibilitaban la estatización de parte de la deuda privada y otros que fomentaban la entrada y salida volátil de los capitales.¹⁴ En este contexto, los trabajos señalados entienden que se desconocían los cambios estructurales que se habían producido como consecuencia de la política de la dictadura.

Sin embargo, cabe destacar que en verdad el primer programa económico postautoritario argentino todavía no ha sido muy estudiado, especialmente por el lado de la historiografía económica. Por el contrario, los estudios mencionados atienden a la historia reciente con una perspectiva global, o bien haciendo hincapié en actores específicos como las élites, las empresas o a elementos analíticos puntuales como los discursos y ámbitos de poder. En sus años contemporáneos el plan fue abordado por economistas¹⁵ aunque poniendo el foco en los problemas macroeconómicos y del sector externo, o bien como parte del posterior programa de estabilización heterodoxo conocido como Plan Austral.¹⁶

El caso del plan boliviano, el programa postautoritario ha sido más analizado, quizás dado a la mayor agudeza de inestabilidad política y económica en lo inmediato en la transición. De forma contemporánea, varios economistas se preocuparon por la enorme recesión y el empuje inflacionario que vivía el país, aunque también se analizaba la debilidad política y los negativos efectos externos a nivel regional.¹⁷ No muchos años después, los estudios se enfocaron en los actores que caracterizaron la conjugación entre crisis económica y política, que significaban un juego de presiones cruzadas difícil de resolver para el gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), como en el marco de las transiciones a la democracia.¹⁸ Aun así, recibieron más atención aspectos puntuales de los planes económicos de Bolivia como la desdolarización¹⁹ y otros componentes de las estabilizaciones como las políticas de precios, el tipo de cambio, las pujas distributivas²⁰ e incluso las comparaciones con otros países latinoamericanos.²¹ Para ambos casos, apareció muy fuertemente la visión histórica sobre las hiperinflaciones alemanas²² como los problemas que generaban una arraigada indexación económica en los actores. No menos importante que en Argentina, fueron los análisis que se recostaban sobre las limitaciones de concertación social y pujas entre actores políticos teniendo en cuenta el devenir democrático e histórico del país.²³ Más actualmente la bibliografía ha analizado el alto grado de conflictividad política en Bolivia,²⁴ el poder corporativo,²⁵ o el patrón de desarrollo en un largo plazo, aunque no tanto sus efectos en la economía de los años 1980.²⁶ Pero tampoco podemos mencionar más resultados en tanto la historia económica boliviana pareciera tener un grado de desarrollo menor que en Argentina.²⁷ Dicho esto, parece evidente que los planes económicos en ambos países, inmediatos a la postdictadura, no fueron estrictamente abordados por la historiografía económica, lo que quizás se deba a la posterior atención que recibieron la estabilización heterodoxa argentina denominada Plan Austral (1985) y la Nueva Política Económica boliviana (1985).

En suma, ambas naciones se inclinaron en sus estrategias económicas en la inmediata transición por implementar clásicos programas keynesianos de reactivación, protección del mercado interno y empuje salarial. Sin embargo, ambos programas no tardaron en fracasar, dado que las lógicas y las relaciones sociales de poder habían cambiado profundamente en comparación a los años donde ese tipo de estrategias eran funcionales a los actores y las condiciones económicas que se presentaban a nivel nacional, regional y global. En este marco, proponemos un análisis paralelo de ambos planes económicos, sus lógicas, tradición intelectual y principales indicadores y efectos en las economías nacionales. Para ello, se consultaron estudios contemporáneos sobre dicha etapa, tanto en revistas académicas como especializadas de política y economía, aunque también se incluyeron análisis posteriores como los principales indicadores económicos considerados relevantes. El trabajo se organiza en tres apartados. En el primero de ellos, tratamos las principales transformaciones que afectaban a Latinoamérica desde los años 1970 en términos económicos y sociales con el fin de precisar un cuadro histórico que permita introducir los abordajes. Principalmente, atendemos al impacto de la deuda externa en la región, las altas tasas de interés norteamericanas y las caídas de los precios de los productos exportables de países como Argentina y Bolivia. Además, damos cuenta de un progresivo contexto de crisis monetaria, de estancamiento y del rol de los estados en la acumulación. Posteriormente, y en dos apartados más, encaramos los análisis sobre el plan económico argentino y el boliviano, enfocándonos en sus principales dificultades políticas y económicas, como estrategias de estabilización intentadas. En ambos casos, buscamos analizar las particularidades de cada estrategia económica y los instrumentos de política económica que se utilizaron con el principal fin de reducir la inflación. En el caso argentino, atendemos la herencia económica heredada en materia de alta inflación, concentración de grupos económicos con poder de lobby y deterioro de las cuentas públicas reflejado en el impacto de la deuda externa, los gastos estatales en la producción y la debilidad del sistema financiero. En el caso boliviano, también repasamos un panorama sobre la situación económica en materia de endeudamiento, déficit fiscal y evolución de la inflación y el tipo de cambio. Finalmente, en ambos casos consideramos los principales condicionantes políticos, la falta de alianzas y limitaciones por parte de diferentes grupos de presión como los sindicatos, los empresarios organizados y los partidos.

El contexto macroeconómico mundial, regional y nacional de las transformaciones económicas desde 1970

Los años en que se enmarca este trabajo, y su pasado inmediato, funcionaron como un periodo inacabado de reestructuración del sistema económico internacional. En la Argentina, el alfonsinismo como el gobierno de Siles Zuazo debieron enfrentar una crisis sistemática caracterizada por la crisis de la deuda latinoamericana.²⁸ Si bien Argentina, junto con México y Brasil, habían sido los países que acumulaban el mayor porcentaje de deuda externa, Bolivia presentaba un altísimo monto en comparación a su PBI (de hecho, en Bolivia era más alta en comparación a este indicador).²⁹ En todo el continente latinoamericano los modelos de desarrollo nacionales se veían afectados por las transformaciones que atravesaba el mundo capitalista desde mediados de los años 1970.³⁰ La llamada tercera revolución industrial, donde sectores como la robótica, el microchip y la silicona se expandían con nuevas formas de producción comenzaba a reestructurar el capitalismo mundial que iría reemplazando a las técnicas fordistas de producción por las toyotistas, más acotadas, flexibles y segmentadas. En medio de estos cambios, donde los sectores industriales dejaban de ser el centro de las estrategias productivas y de las alianzas sociales, los servicios avanzaban consolidando lo que se conoce como “financiarización de la economía”,³¹ donde los flujos de capital y las actividades que los involucraban pasaban a captar la reinversión y a convertirse en el centro de la economía mundial reestructurando al capitalismo en un régimen de valorización financiera. Este proceso tuvo antecedentes en el fin de los acuerdos monetarios de Bretton Woods y la crisis del petróleo de 1973 que motorizaron años de alta liquidez internacional.³²

Luego, el alza de las tasas de interés norteamericana y la mora mexicana de 1982 iniciaron el periodo de crisis de deuda latinoamericana. Los principios macroeconómicos pasaron a estar condicionados por la creciente hegemonía de políticas que tenían como objetivo estabilizar las economías periféricas y asegurar el cumplimiento de los pagos de la deuda externa.³³ Y, en segundo lugar, se buscaban recomponer las tasas de ganancias estancadas del capital privado ante los desórdenes macroeconómicos y la falta de incentivos que generaban los problemas de las finanzas públicas. Sin embargo, por otro lado, se encontraban las presiones de una fracción internacionalizada y financiera del capital que había ganado posiciones con los altos déficits fiscales, el financiamiento mediante la emisión monetaria y el proceso de privatización de deudas externas.³⁴

Desde los principales centros de poder, por su parte, se buscaba impulsar la reforma de los Estados de bienestar de posguerra, arguyendo que estos ya no eran funcionales para relanzar procesos de acumulación. En este cuadro aparecían voces que se inclinaban por apuntar a implementar políticas económicas de apertura comercial y financieras para generar crecimiento a través del capital y la inversión privada y mediante la integración mundial. Comenzaron con más ímpetu las discusiones sobre la desregulación de los mercados, las privatizaciones de empresas estatales, la implementación de tipos de cambios flexibles y la apertura comercial y financiera limitando las capacidades políticas, burocráticas y administrativas que tradicionalmente habían tenido los estados.³⁵

Este proceso, intensificado posteriormente con la caída del Muro de Berlín y del comunismo como paradigma mundial de contrapeso al capitalismo, “asiste a un orden mundial unipolar hegemonizado política, cultural, económica y militarmente por una única superpotencia imperial [Estados Unidos].³⁶ En definitiva, las llamadas reformas promercado³⁷ buscaban transformar la raíz de la estructura económica y comercial de los Estados de posguerra antiguamente centrados en la industrialización por sustitución de importaciones (isi). Ahora, las políticas económicas apuntaban a la estabilización y el ajuste estructural, relacionando las recurrentes crisis a la ineficiencia e intervención del Estado. Este proceso de reestructuración se realizaba con base en la doctrina del llamado neoliberalismo, que en materia de política económica y economía se vinculaba con las medidas descritas y el contexto delineado.

En suma, en este contexto de avance de programas estabilizadores y errático neoliberalismo, las postdictaduras argentina y boliviana resistieron en sus inmediatas postdictaduras las iniciativas globalizadoras por reacomodar los Estados. Como vimos, los factores negativos que venían gestándose desde las transformaciones del capitalismo mundial a partir de los años 1970, llegaron a un punto límite con la deuda externa. Esta, actuaba como el principal condicionante dado que su alto volumen en porcentaje del PBI agravaba la contracción económica y los ingresos, aceleraba la inflación y el desempleo, agudizando las tensiones políticas y sociales.³⁸

Como puede verse en la Tabla 1, a pesar de que el total de la deuda externa en millones de dólares presentaba un volumen significativamente más alto en la Argentina (48 000 millones de dólares), en Bolivia esta alcanzaba el 100% de su PBI. Por otro lado, también los niveles de inflación eran más altos en Bolivia, de más del doble que en Argentina en términos nominales, aunque la vulnerabilidad de ambas economías también incluía las problemáticas políticas que debían enfrentarse. Este cuadro general, aunque parece presentar una situación económica más aguda en Bolivia que Argentina, no impidió que ambos países se inclinaran por estrategias estabilizadoras filiadas con el keynesianismo.

De la herencia económica al plan Grinspun (1983)

Como sostiene Wainer los cambios producidos en la economía durante la dictadura de 1976 condicionaron “toda la política económica del gobierno de Alfonsín”.³⁹ Las reformas liberalizadoras iniciadas por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, destinadas a cambiar el régimen de acumulación argentina,⁴⁰ dejaban un cuadro de alto déficit fiscal (alcanzaba para 1983 más del 10% del PBI),⁴¹ endeudamiento público que significaba la deuda externa y transferencias de ingresos al sector privado concentrado. Estos constituían diversos mecanismos de promoción industrial desarrollados durante las décadas previas, especialmente durante la última dictadura, como las exenciones impositivas, las compras a sobreprecios por parte del Estado y los seguros de cambios a esos mismos privados implementados para liquidar deuda externa a partir de 1982.⁴² Estos, conformaron una de las principales vías de transferencias de ingresos desde el Estado hacia los grandes grupos económicos y que se mantuvieron durante todo el periodo del gobierno democrático. De hecho, según estimaciones de Basualdo⁴³ entre 1981-1989 se transfirieron a los acreedores y al pago de la deuda un 4% del PBI, mientras que el capital concentrado interno percibió mediante los mecanismos mencionados un 10% del PBI. La contracara de este drenaje de recursos, caracterizado como la “doble transferencia” estuvo en la pérdida de los asalariados, calculada por los autores en un 13% del PBI.

Estas dificultades se conjugaban con una caída de los precios de los productos exportables entre 1984-1989 (principalmente de cereales y carnes y que se mantuvo en toda la etapa democrática). Como puede verse en el Figura 1, durante la mayor parte de la década estos se mantuvieron en un declive que se traducía en menos ingresos por divisas para el gobierno, algo que recién comenzaría a revertirse de 1988 en adelante. De hecho, el promedio de reservas internacionales del bcra en aquellos años rondaba poco más de los 3 000 millones de dólares.⁴⁴

Fuente: Memoria anual del Banco Central de la República Argentina, 1988, pp. 185-189.

Figura 1 Evolución de los términos del intercambio 1980= 100. 

Entre 1980-1985, con un PBI per cápita que se encontraba incluso por debajo del de 1970, la economía ya llevaba algunos años de recesión. Estos problemas económicos provocaban necesidades crecientes de ahorro interno que se habían ido canalizando en el acceso al ahorro externo, llegando este último a representar históricamente casi 5 puntos del PBI. Como contracara la participación en el ahorro interno cayó significativamente casi 10 puntos del PBI entre 1980-1981, teniendo en cuenta que se mantuvo en aproximadamente 20 puntos entre 1960-1980. Por su parte, la inversión constituyó la principal variable de ajuste dado que mostró una depresión constante de más de 5 puntos del PBI entre 1983-1985 y una tasa de variación negativa de -17,8% en el mismo periodo.⁴⁵ En este contexto de crisis macroeconómica, la absorción doméstica (entendida como la suma del consumo, el gasto y la inversión) se reducía para responder al alto endeudamiento que mostraba la argentina y se manifestaba en la caída del producto.⁴⁶

En este contexto, el primer ministro económico del gobierno de Alfonsín, Grinspun, debió enfrentar una herencia constituida por una inflación de tres dígitos anuales,⁴⁷ una deuda externa de 46 000 millones de dólares, desequilibrios fiscales que superaban el 17% del PBI (si se incluye al déficit del bcra), un estancamiento de la productividad y el PBI junto al ya mencionado desfavorable panorama internacional.⁴⁸ El alfonsinismo ganaba las elecciones con más de un 50% de los votos, había derrotado al principal partido político del país y generaba apoyos en la sociedad civil, el propio partido y sectores de izquierda interesados en fundar un nuevo régimen basado en la institucionalidad, la democratización y la promoción del bienestar social.⁴⁹ El ministro de Economía Grinspun, apuntaba a la reactivación de los salarios y la ocupación como principales componentes de incentivo a la demanda agregada y la producción. Por eso, concentró sus primeros esfuerzos en incentivar la capacidad industrial ociosa, calculada en alrededor de un 50% en aquellos años,⁵⁰ mediante incentivos al mercado interno.⁵¹ Se esperaba que una mayor actividad económica generara un alza en la recaudación fiscal que permitiera afrontar las obligaciones ―con mayores controles a la evasión―, minimizando el problema de una emisión monetaria que empujara algunos puntos de inflación. Sin embargo, se reconocía que los pagos de la deuda externa, calculados entre un 6 y 8% del PBI, constituían un esfuerzo difícil de cumplir. Así, las primeras medidas se destinaron a incrementar los salarios mientras se concertaban acuerdos de precios con las principales cámaras como la Unión Industrial Argentina (UIA). Este último punto, resultó dificultoso para el gobierno, no solo porque dicha cámara se negaba a cumplir los controles sino también porque varios empresarios concentrados formaban agrupaciones informales paralelas que dificultaban la generación de consensos.⁵² Además, también se fijó una determinación del tipo de cambio y la reducción de las tasas de interés reguladas para impulsar el crédito productivo proyectando así una recuperación del salario real del 8% en un comienzo.

Las políticas implementadas tuvieron algunos éxitos parciales hacia fines de 1984. El PBI, visto en la Figura 2, tuvo un repunte importante con un aumento de alrededor de 2,6% entre 1983-1984 (el del producto industrial en un 3,8% y el agropecuario en un 3,8%).

Fuente: elaboración propia con base en datos consultados en Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estadísticas Históricas: Producto Interno Bruto a precios de mercado y Valor Agregado Bruto, por sector económico, a precios básicos. En millones de pesos, a precios de 1993.

Figura 2 Evolución trimestral del PBI en 1984 (en millones de pesos de 1993). 

Por ejemplo, como puede apreciarse en la Figura 3, la variación del salario real industrial fue positiva en más de un 20% según los bajos niveles que había tocado en 1982. Esto explicó una mejora del consumo, el empleo y la capacidad instalada de la industria.

Fuente: Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina (^1880-2003), p. 265.

Figura 3 Salario real industrial entre 1979-1985 (1980=100) en tasas de variación 

Por otro lado, se llevó a cabo una reorientación del gasto público. Así, los destinados a servicios sociales aumentaron significativamente (pasando de un 19,5% de la Administración Nacional de Servicios Sociales en 1983 a un 32,3% en 1984).⁵⁴ También, se logró un balance comercial positivo de poco más de 3.000 millones de dólares al cierre de 1984, a pesar del deterioro de los términos de intercambio que caracterizaron prácticamente toda la década. Sin embargo, el déficit fiscal se mantuvo en 10.4 puntos del PBI para 1984 y, como se puede apreciar en el Figura 4, la inflación no cedía desde la asunción presidencial mostrando una tendencia más pronunciada al alza desde agosto.⁵⁵ De hecho, el nivel general de precios cerraba el año 1984 con un aumento del 686%, prácticamente cinco veces más del 87% que se había registrado en el año 1980.

Fuente: elaboración propia con base en datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)-Series Históricas.

Figura 4 Evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires entre diciembre de 1983 y enero de 1985 (nivel general). Empalme con la serie de abril 2008= w100. 

De esta forma, se hacía visible que, a pesar de la reactivación económica general, con cierta mejora en los salarios y el empleo, la inflación como manifestación de los problemas económicos no cedía.⁵⁶ Además de persistir en niveles altos el déficit fiscal, debe sumarse el factor negativo que significaba el fracaso de la renegociación de la deuda externa. La posición confrontativa de Grinspun había determinado que esta se acordaría teniendo en cuenta las metas productivas y la mejora de los salarios.⁵⁷ Por otro lado, también se vio que no mejoraba la caída de la inversión bruta fija y que, aunque el saldo comercial había presentado una mejora importante aún era insuficiente para afrontar los niveles históricos de deuda externa, incluso eran una cifra menor frente a una fuga de capitales que equiparaba al total de deuda externa. Los problemas estructurales que mostraba la economía como la inflación y el déficit fiscal persistían y evidenciaban que para frenar la inflación eran necesario ajustes que reacomodaran las variables más significativas como las mencionadas.⁵⁸

Además de las limitaciones que generaban las presiones por la renegociación de la deuda externa desde la tutela del FMI, también las limitaciones del Plan Grinspun se explican por los cambios internos. La estructura empresarial local había cambiado durante la última dictadura y los nuevos grupos económicos operaban de forma conglomerada, integrada y diversificada aprovechando la inserción multi-implantada y la transnacionalización⁵⁹ para maximizar sus ganancias y ganar creciente autonomía frente al accionar estatal y al propio desenvolvimiento de la economía nacional.⁶⁰ Los núcleos centrales del nuevo poder económico se beneficiaban de sobreprecios de insumos estratégicos pagados por el Estado, los subsidios implícitos en la promoción industrial regional y sectorial (como la desarrollada en el Sur del país durante la última dictadura) y las ganancias generadas por valorización financiera a partir de los movimientos de capitales y las altas tasas de interés con las que funcionaba la economía. Así, estos sectores del poder económico pujaban por el incremento de precios según la inflación esperada, la protección de sus divisas hacia plazas más seguras en el exterior y la continuidad de los privilegios que recibían a través de la acción estatal “para mantener los niveles de inversión y/o acrecentarlos”.⁶¹

El gobierno no atinó a detener la sangría de recursos fiscales que se explicaban por los beneficios a este sector, y que explicaban una parte importante del PBI y del déficit cuasifiscal del bcra⁶² Esto desembocaba en presiones cruzadas dado que imposibilitaba el cumplimiento de las metas fiscales necesarias para mantenerlas renegociaciones de la deuda externa. En el fondo de estas cuestiones se encontraban las diferencias entre Grinspun y García Vázquez, presidente del bcra quien no reemplazó a la planta mayor gerencial conformada por exfuncionarios del anterior régimen militar. Aparentemente esto pudo haber bloqueado las iniciativas de Grinspun por reducir las tasas de interés, generar créditos accesibles y alargar los plazos de los mínimos, en definitiva, de aplicar una reforma financiera orientada a la producción que desmontara las prácticas cortoplacistas.

Ante el fracaso del Plan Grinspun frente a la creciente presión de los acreedores externos, la Reserva Federal de Estados Unidos y la persistencia de la inflación, el equipo económico cambió la estrategia confrontativa. En esta oportunidad, durante la segunda mitad de 1984. Desde el ministerio de Economía se envió una carta al FMI retractándose de la posición inicial y expresando la voluntad de acordar un plan de ajuste, a pesar de que esto generaba rechazos en sectores importantes, como el sindicalismo, las bases partidarias del radicalismo y parte de las izquierdas. En diciembre de 1984 se llegó a un acuerdo Stand by en el que se asumía el cambio de rumbo económico por parte del gobierno argentino y el equipo oficial, aunque Grinspun aseguraba que el acuerdo no sería recesivo, particularmente que no restringiría el consumo.⁶³ El mismo, incluyó un préstamo de 1.419 millones de dólares y un conjunto de políticas económicas aglutinadas en un aumento de las tarifas de servicios públicos y del tipo de cambio, una contracción monetaria y la reducción del déficit fiscal.⁶⁴ Este último punto era uno de los más conflictivos. Aunque Grinspun había reducido el déficit de un 15 a un 10% del PBI, y en sus proyecciones se planeaba continuar un sendero gradual progresivo, el FMI exigía reducciones de alrededor del 3.⁶⁵ Así, se establecía un plazo de tres meses para evaluar el cumplimiento del programa en el país condicionando los futuros desembolsos a los resultados del programa.⁶⁶

Hasta diciembre de 1984, a pesar de la desconfianza de los 320 bancos acreedores en la capacidad de cumplimiento de las metas, se efectuaron los desembolsos. No obstante, al poco tiempo se hizo evidente que los resultados de la política económica no se ajustaban a lo pautado. Los aumentos en las tarifas públicas inmediatamente provocaron alzas en el resto de los precios provocando un rebrote inflacionario.⁶⁷ Lo mismo ocurría con la devaluación de la moneda que, acompañada de la restricción monetaria y la liberalización que operaba en el sistema financiero, producían un alza de las tasas nominales de interés que terminaban retroalimentando la inercia inflacionaria.⁶⁸

En este contexto la actividad productiva caía severamente y comenzaba a evidenciarse que lo que se entendía como ajuste ortodoxo tradicional,⁶⁹ impuesto por el FMI con énfasis en la política fiscal y monetaria, no daba resultados ante un sistema de precios tan frágil y de alta inflación inercial. El acuerdo terminó provocando más inflación y recesión, dado que las medidas ortodoxas fiscales y monetarias ajustaban solo la demanda mientras que persistían los altos precios generando una aguda recesión.

Mientras los primeros intentos estabilizadores fracasaban, el alfonsinismo perdía capacidad política tras intentar modificar la estructura sindical propiciando nuevas elecciones y representación de las minorías. La llamada Ley Mucci de enero de 1984, reimpulsó la consolidación de las organizaciones obreras, donde las mayorías se encontraban gobernadas por la oposición y eran contrarias al gobierno.⁷⁰ Además, el problema de la deuda externa se empantanaba en el fracaso económico del FMI. Previamente, la estrategia de Grinspun de buscar una negociación directa con los acreedores externos y los intentos por conformar un Club de deudores en diferentes foros internacionales con países latinoamericanos y caribeños había fracasado.⁷¹ En este contexto, los riesgos de una hiperinflación se hacían evidentes.⁷²

El alfonsinismo, que había asumido con un apoyo ciudadano importante, comenzó a prepararse para un cambio de estrategia económica. El cambio de rumbo estaría solventado por el ejecutivo,⁷³ y la estrategia confrontativa con los actores de poder sería revertida para poner en el primer plano la lucha contra la inflación. En septiembre de 1984 Alfonsín anunciaría un “giro realista” en las relaciones con la potencia norteamericana.⁷⁴ La llamada “relación madura”⁷⁵ con Estados Unidos buscaba el entendimiento sin alinearse a los preceptos de la potencia, la confrontación directa ante los temas más sensibles como el de la deuda externa. El primer fracaso económico de la nueva era democrática mostraba los límites para imponer una receta económica keynesiana en tanto, los problemas que se enfrentaban en 1983 eran inéditos en la historia económica argentina, y las alteraciones en el régimen de acumulación requerían otras estrategias y planteamientos para estabilizar las principales variables como para hacer sostenible la gobernabilidad política.

La estrategia económica postautoritaria: sucesiones de estabilización económica en Bolivia

Bolivia sufrió la pérdida de solvencia internacional desde 1980 con la crisis de la deuda externa, particularmente con el congelamiento de la afluencia de liquidez internacional. La economía nacional, además, se encontraba afectada por un sistema tributario débil, perspectivas exportadoras negativas y una excesiva dependencia de la minería y los hidrocarburos que se encontraba estancada en medio de una crisis del Estado caracterizada por las amplias pujas corporativas.⁷⁶ Cuando el sistema productivo dejó de financiarse con la liquidez internacional de los años 1970, el gobierno comenzó a depender de la emisión monetaria generando los primeros desórdenes cambiarios.⁷⁷ Los sectores generadores de divisas sufrieron una fuerte caída entre 1982 y 1985,tanto debido a la caída de los términos de intercambio como de la restricción de la demanda, principalmente de Argentina.⁷⁸ En este cuadro, Morales⁷⁹ identificó a Bolivia como el país más afectado por la crisis de la deuda de 1982 y, como en el caso argentino, se subestimó en un comienzo el problema inflacionario.

Luego de dieciocho años de dictadura, comenzaba la redemocratización con el presidente Hernán Siles Zuazo en octubre de 1982. La UDP, con quien asumía el gobierno, era una coalición constituida por cuatro partidos de centro izquierda e izquierda, aunque también había tecnócratas de escasa raíz partidaria. Morales⁸⁰ señaló que no se trataba de un gobierno populista, sino más bien acuerdista con escaso margen de maniobra. Durante el gobierno de Siles Suazo se implementaron seis programas de estabilización con el FMI.

Sin embargo, en un comienzo, el gobierno intentó reemplazar la afluencia de capital extranjero por un mercado local que terminó generando un efecto hiperinflacionario en una economía indexada y en situación fiscal frágil. Además, cada estrategia económica del gobierno significaba enfrentarse a la oposición de los asalariados, campesinos y clases medias nucleados en la Central Obrera Boliviana (COB) pero también en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (cepb) que significaban un marco de pujas cruzadas.⁸¹ Los primeros al movilizar y presionar al gobierno, que no contaban con apoyos suficientes en el Congreso, lo forzaban a generar aumentos salariales a contramarcha de lo que exigía el FMI como la cepb.⁸² Cabe recordar, en este sentido, que los congresistas del MNR y el reciente partido creado en marzo de 1979 por el ex dictador Hugo Banzer, Acción Democrática Nacionalista (ADN), habían creado una alianza circunstancial para obstaculizar a Siles Zuazo en el Congreso. Dado que el congreso se encontraba controlado en su mayor medida por adenistas y pazestensoristas, devino en una postura anti-Siles que presionó por aprobar el Salario Mínimo y Vital que indizaba las remuneraciones mínimas al índice de Precios al Consumidor. Esta medida, que había sido parte de las demandas del partido trotskista liderado por Guillermo Lora, instaló un efecto sobre el financiamiento monetario de los retrasos salariales que se constituía en un factor inmediato de importancia para explicar la inflación. Esto alimentaba la inflación inercial, generando una lógica perversa que retroalimentaba el impuesto inflacionario a partir de la emisión monetaria para mantener los déficits.⁸³

En este orden de cosas, también era importante el impacto de la cotización del estaño en la Bolsa de Londres, principal referente nominal de uno de los principales minerales de la canasta exportadora boliviana. El estaño explicaba más de la mitad de las exportaciones del país al menos hasta 1985 que comenzara a perder posiciones que lo dejarían en torno al 30% de las mismas. El país, que estuvo en todo el siglo XX entre los primeros productores de estaño a nivel mundial y que había industrializado la actividad con la Revolución de 1952, vio fluctuar el precio de este bien imprescindible para la industria. Así, como puede verse en el Figura 5, el precio del estaño se encontró durante la mayor parte de los años analizados en precios históricamente bajos, que no volvieron a superar los 10 dólares de antaño, menos aún los más de 30 dólares por libra que había alcanzado en décadas anteriores a los años ochenta.

Fuente: elaboración propia con base en las cotizaciones de la Unidad de Análisis y Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia.

Figura 5 Precio de la libra fina de estaño en el Mercado de Londres en dólares (Año base 1980). 

No menos importante era el papel del gas natural en la canasta exportadora boliviana, ya que mientras el estaño representaba unos 280 millones de dólares en 1984, este superaba los 380. No obstante, aunque el estaño había retrocedido unos 100 millones de dólares entre 1980 y 1982, el gas, que venía ganando posiciones, sufrió un estancamiento entre 1980 y 1984.⁸⁴ Naturalmente, los shocks externos afectaban la actividad económica. La evolución del producto, tanto el pib como el pib per cápita, nos indica una caída de un 19,6% y un 27,7% respectivamente entre 1981-1984 (eran números estrepitosamente más significativos que el caso Argentino, considerando que el estancamiento de este país representaba en pib una caída aproximada de 5% a 1983).⁸⁵ A su vez, las tasas de crecimiento de la minería y la explotación petrolera habían sido de -3.4 y -10% entre 1980 y 1985, y no menos importantes habían sido las de la industria en -9.8%.⁸⁶ La recesión que significaba tan escandalosa caída, era una de las mayores en América Latina y claramente más acentuada que en el analizado caso argentino. Por ejemplo, si incluimos el año 1980 en el Tabla 2 puede verse cómo la tasa de crecimiento en el periodo analizado resultó negativa en más de -18% para el pib y con peor desempeño el pib per cápita que, tras ser negativo todos los años, quedó en 1984 en más de -30%.

Por su parte, la Tabla 3 nos muestra cómo la variación de un IPC que a partir de 1982 saltó abruptamente a los 3 dígitos anuales. El salto de un 25% a un casi 300% anual, variación porcentual de más de un 2 000%, indica un abrupto ingreso a un régimen de alta inflación. En este cuadro, el sector público mantuvo déficits del 22% del PBI entre los años 1982-1984, mientras que la deuda pública que rondaba unos 3.000 millones de dólares era equivalente a más del 70% del PBI.⁸⁷

En gran medida como en el caso argentino, es evidente que Bolivia iniciaba su democracia sin ninguna capacidad de dar señales claras al mercado, estimular una reactivación económica o bien controlar la inflación inercial y la puja distributiva de sectores que demandaban una recuperación salarial y grupos económicos que pujaban por mantener los márgenes de ganancias.⁸⁸ Con anterioridad al gobierno de Siles Zuazo, en tiempos del régimen de Celso Torrelio y Guido Vildoso, y ante la crisis que debía enfrentarse durante el primer cuatrimestre de 1982, se implementó una devaluación del 43% que resultó insuficiente para reacomodar la balanza comercial y los precios relativos. La medida fue insuficiente ante una débil posición de reservas internacionales que durante el primer trimestre de 1982 rondaban unos 178 millones de dólares y, durante el segundo del mismo año, pasaron a 125 millones. Si bien estos números se encontraban en promedios históricos, la deuda externa había variado más del 150% desde los años 1970.⁸⁹

Como lo señaló Grebe López, la alianza de la UDP retomó en sus bases programáticas los ejes clásicos del nacionalismo revolucionario de 1952. El genérico relanzamiento del Estado que se proponía, más acorde con una ingenua estrategia económica que había servido para amalgamar al conjunto de tradiciones políticas que para diseñar un plan económico acorde a las condiciones,⁹⁰ parecía tener un punto en común con el diagnóstico económico de la transición argentina. En noviembre de 1982 se lanzó el primer programa de estabilización keynesiano que combinaba una política de estimulación a la demanda agregada con una fiscal laxa. Esto sería acompañado de un férreo control cambiario y de las divisas disponibles para las importaciones. Por último, la política de ingresos buscó regular los aumentos salariales en determinados márgenes y acompañarlo de controles de precios. Este programa reactivador buscaba una estabilización gradual acompañada de una expansión⁹¹ moderada. Posteriormente, en febrero de 1982 se abandonó el régimen de tipo de cambio fijo, instalando un desdoblamiento para transacciones puntuales y uno libre y flotante. Sin embargo, el gobierno debió retroceder en esta medida que perjudicaba a exportadores por liquidar sus divisas a un tipo de cambio menor, y se decidió unificar el mercado en un tipo de cambio fijo en 200 pesos a 11 dólares. La decisión generó una importante protesta impopular ante el salto en el tipo de cambio en favor del dólar, ya que había sido acompañada de una devaluación del 77%. Así, este paquete de estabilización se completó con un aumento de los bienes y servicios públicos, una desdolarización de los contratos anteriores⁹² y un aumento del salario mínimo que pasaría a indexarse según el costo de vida. El plan tenía claros objetivos de atenuar la desdolarización de los contratos pautados en dólares, de bajar la presión cambiaria sobre el mercado negro y licuar las deudas del gobierno y los sectores productivos adquiridas en dólares para darle incentivos a la política fiscal y al sector productivo.⁹³ Así, y respecto al control de las divisas, el Banco Central se comprometía a entregar el 100% de las generadas por exportaciones y controlaba las generadas por las importaciones. En materia fiscal, apuntando a incrementar las recaudaciones del tesoro público, se establecieron impuestos adicionales al sector exportador y a los préstamos bancarios.

Luego de tres meses de cierto alivio en la presión inflacionaria, llegó un rebrote que obligó al gobierno a recostarse sobre un perfil más ortodoxo. Inmediatamente se observaron efectos negativos ante una suba de la fuga de capitales que desestabilizaba el mercado cambiario empujando al alza al dólar en el mercado negro. Además, como efecto de las desdolarizaciones se causaron redistribuciones de ingreso negativas entre deudores y acreedores, y se potenció la incertidumbre en cuanto a las medidas que seguiría la política cambiaria. También, los reajustes salariales, un sector que había perdido alrededor de un 30% de poder adquisitivo en los últimos 10 años,⁹⁴ impactaron en la inflación que, para abril de 1984 cambió el mecanismo de reajuste mensual por uno periódico, avizorando importantes indicios de una hiperinflación. Las tensiones acumuladas en estas variables, y el fracaso de este primer programa estabilizador de corte keynesiano, reflejaron un sistema cambiario explosivo que desbordaba en las cotizaciones del dólar que había saltado de casi 100 dólares al comienzo del programa económico a alrededor de 300 para fines de aquel año, con la inflación manteniéndose en torno al 300%.

A partir de este fracaso, el gobierno comenzó a practicar los programas más afines a las estrategias ortodoxas, en general caracterizados por la combinación de devaluaciones del peso, flexibilizaciones en los controles de cambiarios, reacomodamientos al alza de los precios de bienes y servicios púbicos como de los privados, compensaciones salariales por debajo de la inflación, el tipo de cambio y de los reajustes nominales, acuerdos con las instituciones financieras para regular el acceso a los créditos externos y, por último, aumentos en las tasas de interés acompañando los ajustes.⁹⁵

Así, hacia fines de 1983 el gobierno inició un nuevo plan de estabilización. Fue en noviembre que se anunció una devaluación del 60% y el reajuste hacia arriba de algunos precios de servicios públicos, pero aun así sin éxito en controlar los índices inflacionarios. En abril de 1984, nuevamente, se intentó otra estrategia con una devaluación aún mayor, del 74%, con incremento de los precios de entre 400 y 500%, un reajuste menor de los salarios y un plan de renegociación de la deuda externa.⁹⁶ Sin embargo, la oposición de la COB no tardó en llegar, doblegando al gobierno a aceptar incrementos salariales que de lo contrario quedaban por debajo de estos porcentajes.⁹⁷ En agosto, el país ingresó en una espiral hiperinflacionaria, pues el descalabro era tal que las pujas distributivas, los ajustes nominales y la incapacidad del gobierno en la negociación de la deuda externa dejaban a los precios relativos en un marco extremadamente frágil. No obstante, el gobierno intentó estabilizaciones al menos tres veces más, incluso añadiendo indexaciones a los impuestos y a las tasas de inflación, cosa que produjo protestas y levantamientos populares de sectores productivos importantes como el de la minería. Fue en mayo de 1984 cuando el gobierno declarara, ante una intensa presión del sindicalismo, una moratoria temporal de los pagos a los bancos comerciales internacionales que no tuvo el efecto esperado de aliviar las cuentas públicas ni de morigerar la inflación forzando al gobierno a llamar a elecciones anticipadas para octubre de 1984.⁹⁸ Esto daba muestras de que se había instalado las dinámicas inflacionarias y, enquistadas en las finanzas públicas, presionaron sobre el mercado cambiario informal que reaccionó con una agresiva especulación contra el peso.

Cabe detenerse en los sucesivos intentos de estabilización practicados por el gobierno. Como puede verse en la Tabla 4, el de noviembre de 1982 careció de una renegociación de la deuda externa y junto con una de las medidas más destacadas, la desdolarización intentada, desembocaron en un salto del tipo de cambio de 300%. Sin embargo, la duración de este plan sugiere que las variables se sostuvieron por un año hasta que en noviembre de 1984 se intentara nuevamente un plan de estabilización que, a pesar de que sin incluir subas salariales contrajo la cotización oficial del dólar a los niveles de noviembre de 1982. Sin embargo, la no renegociación de la deuda externa no podía durar por mucho tiempo en tanto constituía un factor imprescindible en el marco de restricciones externas. Por último, el programa del 12 de abril de 1984, aunque incluyó todas las medidas no logró contener la inflación que se mantuvo en los niveles del 300%.

Posteriormente, en el periodo de gestación hiperinflacionaria, lo que muestran los planes de estabilización intentados en agosto y noviembre de 1984 y febrero de 1985 según las medidas detalladas en el Tabla 5, es que no se logró sortear la hiperinflación. El desdoblamiento cambiario no logró mantenerse en el primero de ellos, que de todas maneras pareciera resultar insuficiente dado la alta ausencia de medidas complementarias cruciales como la renegociación de la deuda externa y el reajuste de precios. El factor de la deuda externa se hace visible en noviembre de ese año como en 1985, y parece demostrar una tentativa por iniciar una estabilización mediante el control cambiario, que estuvo presente en los tres intentos.

En suma, los intentos de estabilización se hicieron más sistemáticos a medida que avanzaba la inestabilidad.¹⁰¹ Los frecuentes controles cambiarios y de las importaciones, mayoritarios en los planes, parecen haber contrastado con los reajustes en los precios de servicios públicos y privados y los incrementos salariales presentes en la mayoría de ellos aumentando la presión cambiaria. No obstante, la incapacidad de revertir las altas tasas de interés y de renegociar la deuda externa muestra las dificultades de reacomodar el sistema financiero a pesar de las reformas intentadas y la dureza del FMI en sus directivas.¹⁰² Las reformas impositivas, por su parte, solo consistían en medidas como la indexación de impuestos en mora y la reducción de aranceles a la exportación, siendo insuficientes para aportar al alto déficit fiscal e incluso en ocasiones contrarias.¹⁰³

En definitiva, tanto el tipo de cambio como la inflación no cedieron ante los sucesivos intentos estabilizadores. Especialmente esta última, como puede verse en el Figura 6, comenzó un salto importante a partir de 1981. Parte de una herencia negativa al gobierno de Siles Zuazo, el año 1982 dio cuenta de solo lograr contenerla y 1983 su progresivo deterioro. En el caso boliviano se presentan diferencias marcadas en cuanto el ritmo inflacionario con el argentino. Mientras que en esta última la instalación de un régimen de alta inflación es datado en 1975, es decir, incluso antes que el régimen de 1976, en Bolivia el proceso por cual se ingresa en tasas de tres dígitos anuales es mucho más corto. Este proceso parece haber estado liderado por la debilidad política y económica de Siles, que posteriormente en 1983 no pudiera contener el progresivo camino hacia una hiperinflación que llevaría los precios a niveles inéditos de 8 000% en 1985.

Fuente: Bernholz, “Hiperinflación y reforma monetaria en Bolivia, estudiadas desde una perspectiva general”, p. 136.

Figura 6 Evolución de la inflación variación en porcentajes de interanual (año base 1980 =100). 

Este sucesivo deterioro fue aislando al gobierno de sus bases de apoyo partidarias, las corrientes de izquierda y los sectores de clase media sindicalizados.¹⁰⁴ Tampoco fueron fructíferos los apoyos del gobierno por el lado de los sectores empresariales, a pesar de los beneficios que estos obtenían de los créditos a tasas de interés negativa y la licuación de sus deudas con inflación. Además del camino hacia la hiperinflación, es posible que el apoyo del pcb al gobierno hiciera resurgir los miedos a posibles expropiaciones.¹⁰⁵ También fue relevante, como se comentó, la oposición de los congresales. La sucesión de paquetes económicos que no tenían éxito en controlar la inflación y alimentaban con más firmeza la especulación de los individuos y grupos económicos contra las devaluaciones y el peso le restaron credibilidad al gobierno.¹⁰⁶

Mucho más prematuro que en Argentina, fue en abril de 1984, la primera oleada hiperinflacionaria. Allí se hizo evidente que el gobierno de Siles Suazo se encontraba paralizado y sin rumbo. La hiperinflación se precipitó, alcanzando una tasa de 26 000% en un marco de irresolución de los déficits presupuestarios y de la balanza de pagos, crisis del servicio de la deuda y un sistema político que se tornaba ingobernable.¹⁰⁷ Todo indicaba que la suerte del gobierno estaba echada, y que en materia de política económica se requería no solo un recambio político dado la alta falta de credibilidad que afectaba a Siles Zuazo, quien ante la falta de acuerdos parlamentarios se dedicaba a gobernar con una alta proporción de decretos, sino un shock en las expectativas que revirtiera el pánico cambiario y que, posteriormente, contribuyera a revertir los desórdenes macroeconómicos. Así, comenzaron a tomar protagonismo en el gobierno, que había sido abandonado por el mir en abril de 1984, tecnócratas afines a las ideas ortodoxas.¹⁰⁸ Resultaba lógico que estos personajes, por fuera de afiliaciones partidarias, comenzaban a tomar protagonismo en un marco donde transitaban en el paso de meses múltiples ministros del área económica. Incluso, hacia fines de 1984, sectores presionaron por un aumento salarial ante el descontento con las políticas de ajuste propiciando finalmente una crisis cambiaria para enero de 1985 que provocó otra oleada hiperinflacionaria que heredaría el gobierno posterior de Víctor Paz Estenssoro en agoto de 1985. Así, la explosión de las demandas sociales postdictadura, el estrangulamiento financiero externo, el desborde inflacionario, la propensión especulativa, la caída de la actividad minera, entre otros factores considerados por Grebe López, constituyen causas centrales para entender el primer fracaso económico boliviano de postdictadura.¹⁰⁹

Conclusiones

Los análisis de los procesos históricos económicos de la Argentina y Bolivia de postdictadura en los años 1980 nos dejan algunas comparaciones fructíferas. En un comienzo, es dable sostener que Bolivia vivió una aceleración de los tiempos históricos mucho más veloz y volátil que la Argentina. Mientras que en Argentina el alfonsinismo había asumido el gobierno con la legitimidad electoral de 1983, y puntualmente la de haber derrotado al histórico Partido Justicialista por primera vez en la historia, Siles Zuazo lo había hecho con un mandato pactado y condicionado por el Congreso. Además, mientras que en el alfonsinismo representó, a través de la victoria electoral interna, el jefe indiscutido de la renovación partidaria, Siles Suazo era la síntesis de un conjunto de partidos que genéricamente adherían a la tradición de izquierda y la revolución de 1952. Por otra parte, para el gobierno argentino, la oposición sindical devino más deslegitimadora o problemática, ya que controlados por la oposición del histórico partido popular peronista o justicialista, desde los avatares de la Ley Mucci jaqueó todos los planes económicos. Por el lado de los empresarios, la cuestión fue errática en tanto en un comienzo, los entendimientos fueron escasos. El poder internacional, por su parte, se convertía en un actor de peso que ganaba importantes espacios de influencia. En Bolivia, también la COB fue una férrea opositora a las políticas económicas, y los empresarios organizados mantuvieron una latente desconfianza a la alianza gobernante que seguramente contribuyó con la especulación financiera. A su vez, las relaciones con el FMI fueron de vital importancia en ambos países, aunque en Bolivia se tornaron más sistemáticas dado los mayores intentos de estabilización practicados. No obstante, a pesar de esto, se ha visto que en varios momentos concretos no se acordaron con el organismo nuevas pautas económicas, lo que da cuenta de la alta inflexibilidad. De todas maneras, esto no fue menos importante en el caso argentino ya que, desde un comienzo, tanto los desembolsos como las reestructuraciones de la deuda externa estuvieron condicionadas a las sistemáticas negociaciones que recién en septiembre de 1985 se cerrarían con un stand by.

Además, ambos países compartieron un importante deterioro de los índices económicos, con cierta profundidad mayor observada en el caso boliviano. El Plan Grinspun constituyó un primer intento de estabilización asociada a las reactivaciones económicas de posguerra, en tanto atacaba la inflación con controles, incentivaba el salario real y buscaba dirigir los esfuerzos a la capacidad ociosa en combinación con una férrea renegociación de la deuda en términos favorables al país. En el caso de Bolivia, aun es infructuoso definir el primer programa económico como heterodoxo, en tanto si bien hubo elementos como la desdolarización de los contratos, los incrementos salariales y la intención de desembocar en un proceso de reactivación económica favorable al sector público como privado, se propusieron en paralelo medidas ortodoxas como las subas de las tarifas y cierta liberalización del tipo de cambio. Sin duda esto pudo haber estado vinculado a la falta de un programa económico concreto, y más ampliamente de una orientación propia dado la generalidad que proponía como síntesis la alianza de Siles Zuazo. Si bien el programa contuvo la inflación, propició mucho antes que en el caso argentino la hiperinflación acelerando un proceso homólogo que en Argentina ocurriría posteriormente. Cuando el Plan Grinspun en Argentina fracasó, empujó los precios al alza con un importante riesgo hiperinflacionario, demostrando que la estrategia keynesiana del gobierno, pero también la más ceñida al FMI luego de las resistencias iniciales, no generaban efectos desinflacionarios. Por su parte, en Bolivia, los tiempos se aceleraron y tras el fracaso del primer plan económico como una serie de estabilizaciones ortodoxas pactadas con el FMI, el gobierno fue perdiendo su capital político a mayor velocidad, generando más férreas oposiciones internas y provocando el salto de la inflación de tres dígitos anuales a cuatro en meses: la mora con los bancos comerciales, el abandono de los sectores de izquierda y la anticipación de elecciones se adelantaron a un proceso que en el caso argentino quedaría para la etapa 1988-1989.

Si embargo, pudo verse que en ambos casos los efectos de la política monetaria acabaron beneficiando a las clases altas con capacidad de eludir controles, dolarizar activos y otras prácticas de las que dieron cuenta la estatización de la deuda y la fragilidad del sistema financiero argentino como el intento desdolarizador boliviano. La combinación de la deuda externa y los shocks externos desfavorables que impactaban en la balanza comercial de ambos países se tornó en explosiva junto con las demandas sociales que imponían los sectores organizados postdictaduras. Esto fue un elemento en común de ambos casos nacionales. Sin embargo, la dinámica inflacionaria pareció haber operado de manera diferente, ya que en el caso argentino esta se había constituido como un régimen de alta inflación desde la segunda mitad de 1970, mientras que en Bolivia el ingreso a los tres dígitos anuales fue un proceso abrupto y reciente. Luego de las inmediatas experiencias económicas de postdictadura, ambos países transitaron senderos diferentes. Argentina innovaría con un plan de estabilización peculiar en la región conocido como Austral que le daría al alfonsinismo una gobernabilidad, en progresivo declive, hasta 1989. Bolivia ya inmerso en la hiperinflación que en Argentina llegaría tiempo después, iniciaría cambios económicos y sociales drásticos con la Nueva Política Económica a partir de 1985.

Agradecimientos

Deseo expresar un especial agradecimiento al doctor. Hernán Pruden, quien contribuyó a la mejora de este trabajo en los comentarios realizados en las IV Jornadas de Tesistas de la Maestría en Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de General Sarmiento, realizadas en septiembre de 2021. También a mi directora de tareas, la doctora Karina Forcinito, y a los evaluadores externos, por sus sugerencias y observaciones imprescindibles para el avance del conocimiento histórico.