Introducción^*

En Latinoamérica y México, el estudio del trabajo de cuidado se ha centrado en evidenciar la manera en que se organiza socialmente la provisión del cuidado, y visualiza la forma desigual en que son distribuidas las demandas de cuidado de la población entre instituciones y en función del género. En una primera instancia, la demanda de cuidado se reparte entre instituciones como el estado, el mercado y, con mayor peso, las familias. El hecho de poner a la familia en el centro y como principal proveedora del cuidado en el estado de bienestar se conoce como un proceso de familiarización, de acuerdo con la definición de ^{Esping-Andersen (1999, p. 190}; ^{2000, p. 53)} presentada en la década de 1990 y adoptada por diversos autores (^{Fernández y Agüero, 2018, p. 190}; ^{González, Nicora, Iriarte, Torrice, Britos y Caro, 2018, p. 12}; ^{Martínez, 2010, p. 38}). A nivel individual se destaca que, dentro de la familia, el trabajo de cuidado está feminizado: lo desempeñan las mujeres en mayor proporción y con mayor intensidad que los hombres. En ambos casos esto ocurre sin que ni familias ni mujeres reciban una retribución económica por dicho trabajo. Pese a los diversos esfuerzos internacionales y nacionales para propiciar la corresponsabilidad social del cuidado (más bien desde un enfoque de igualdad de género que con una mayor participación institucional del estado y el mercado), no hay avances importantes en la materia.

Ante este panorama y la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, diversos estudios han señalado las desventajas que impone, para quien cuida, el trabajo de cuidado sobre el trabajo remunerado. Sin embargo, el fenómeno se ha documentado poco desde una perspectiva del proceso de familiarización y feminización del trabajo de cuidado. El presente artículo tiene como objetivo discutir la permanencia de los regímenes de bienestar basados en el proceso de familiarización y feminización del trabajo de cuidado, no obstante sus desventajas asociadas para el trabajo remunerado en México. Partimos de la hipótesis de que las familias y las mujeres continúan siendo las principales proveedoras del cuidado en el país. Se discute la manera en que la persistencia del proceso de familiarización y feminización del cuidado agudiza una serie de desventajas en el trabajo remunerado de las mujeres. Es necesario reforzar la agenda de acción y de investigación del tema del cuidado desde el enfoque de la corresponsabilidad del cuidado a nivel institucional para reforzar las estrategias emprendidas con enfoque de género.

El trabajo está integrado por cuatro secciones. En la primera se hace una revisión de los regímenes de bienestar centrados en el proceso de familiarización en Latinoamérica y México. En la segunda sección se presenta la metodología seguida para el posterior análisis. En seguida se presentan estadísticas que sustentan el argumento de que el proceso de familiarización y feminización continúa vigente, tomando como referencia el caso de México. En la cuarta sección se recopila evidencia empírica sobre las desventajas en el trabajo remunerado que tiene el trabajo de cuidado para quienes cuidan en México; y se realiza un comparativo entre países que incentivan la desfamiliarización del trabajo de cuidado. Finalmente, se presentan las conclusiones ante un panorama cambiante en los ámbitos económico y sociodemográfico.

Regímenes de bienestar y familiarización

El cuidado está implícito en el bienestar social; se entiende por cuidado todas aquellas actividades, bienes y relaciones que afectan el bienestar de las personas mediante el desarrollo de sus capacidades físicas y emocionales, e incluye las actividades de autocuidado y de cuidado a personas dependientes (^{Orozco, 2011, p. 20}; ^{Rico y Robles, 2016, p. 11}; ^{Rodríguez y Marzonetto, 2015, p. 105}). Todo estado busca garantizar el bienestar de su población, pero la manera en que organiza instituciones y el peso que tiene cada una de ellas para lograrlo son los factores que distinguen a cada régimen de bienestar. El cuidado dentro de los regímenes de bienestar se hace visible en diversos ámbitos: salud, educación, seguridad social, protección social, y en cada una de sus infraestructuras, sobre todo si se considera el cuidado como un derecho al cual pueden aspirar los individuos en las distintas etapas de sus vidas (^{Aguirre, 2011, p. 92}; ^{Aguirre, Batthyány, Genta, y Perrotta, 2014, p. 48}; ^{CEPAL, 2018, p. 17}; ^{Pautassi, 2008, p. 68}).

La contribución de las familias al bienestar social ha estado presente a lo largo de la historia; sin embargo, hasta la década de 1980 no era reconocida como una institución de suma importancia en determinados regímenes de bienestar, pues su configuración teórica se centraba únicamente en el estado y el mercado (^{Sojo, 2007, p. 160}). Posteriormente, ^{Esping-Andersen (2000)} atendiendo a las críticas feministas, propuso la incorporación de dos componentes -la familia y la comunidad- para destacar la importancia de estos actores en la provisión del bienestar (citado en ^{Batthyány, Genta y Perrotta, 2014, p. 340}). Así, a partir de la década de 1990, la categorización de los modelos de bienestar ha reconocido a la familia y la comunidad como actores complementarios al estado y al mercado para la provisión del bienestar. El aporte de ^{Esping-Andersen (1999, p. 194}; ^{2000, p. 74)} en la materia representó un avance importante por la definición de dos procesos de independencia y autonomía del bienestar de las familias y de las personas (en particular de las mujeres): la desfamiliarización y la desmercantilización. El proceso de desfamiliarización [de-familiarisation] se refiere a una menor dependencia -de cuidados- de las personas respecto a la familia y refleja una mayor capacidad de control de los recursos económicos e independencia en la reciprocidad familiar de los individuos, ya sea porque el estado de bienestar o el mercado los provee. Por su parte, la desmercantilización [de-commodification] es el proceso ligado al mercado de trabajo y afín a los derechos sociales de la ciudadanía; ocurre cuando los servicios públicos son obtenidos por derechos independientemente de la participación en el mercado laboral, y de cierta manera refleja el grado en que el estado de bienestar garantiza los derechos de los individuos (^{Fernández y Agüero, 2018, p. 194}; ^{Sojo, 2007, p. 161}; ^{Ubasart y Minteguianga, 2017, p. 219}). El proceso de familiarización implicaría una mayor dependencia de las personas respecto a la familia para lograr su bienestar, mientras que el proceso de mercantilización se refiere a una mayor dependencia del mercado.

Con la definición de estos dos procesos y el peso de las instituciones dentro del estado, se han caracterizado diversos regímenes de bienestar. En este trabajo destacaremos aquellos que tienen en el centro a la familia o bien que experimentan un proceso de familiarización en el que la familia se hace cargo de la mayoría de las funciones asociadas con el bienestar. Partimos del clásico de ^{Esping-Andersen (1999, p. 194}; ^{2000, p. 74)} que identifica tres tipos de regímenes de bienestar: 1) el régimen liberal o residual, en el cual el estado tiene un rol residual, el mercado un papel central y se incentiva la desfamiliarización (ejemplos: Estados Unidos, Reino Unido), 2) el régimen socialdemócrata o institucional, en donde el estado tiene un rol central y se incentiva la desfamiliarización (países como Dinamarca, Finlandia, Noruega) y 3) el régimen conservador o corporativo, donde el estado participa mínimamente y la familia tiene un papel central porque no se incentiva la desfamiliarización y el mercado tiene un rol marginal (España, Italia y Francia) (^{Sunkel, 2007, p. 172}).

De estos tres regímenes, el último fija a la familia en el centro, pues parte de un sistema de seguridad social vinculado al empleo formal, por lo que protege individualmente a los trabajadores con estrictas normas de contratación y despido. Además, centra al varón como principal proveedor, del cual depende la familia. El estado participa mínimamente con políticas sociales subsidiarias para quienes no logran obtener el bienestar a través del empleo formal y del mercado. Este régimen presenta un alto grado de desmercantilización (es decir, baja participación del mercado en la oferta de bienes y servicios sociales, incluido el cuidado) y no incentiva la desfamiliarización, pues supone que la familia puede hacerse responsable de las principales funciones asociadas al bienestar social (^{Barba, 2005, p. 61}; ^{Esping-Andersen, 1999, p. 190}; ^{Sunkel, 2007, p. 172}).

De acuerdo con la clasificación de ^{Esping-Andersen (1999, p. 194}; ^{2000, p. 74),} el régimen de bienestar que predominó hasta la década de 1980 en Latinoamérica y México fue el conservador o corporativo, donde el estado garantizaría el pleno empleo, factor clave para la inclusión e integración social. La condición de trabajador formal funcionaría como garantía de acceso a los derechos y beneficios sociales tanto del trabajador como de su familia. Desde la perspectiva feminista surgen críticas a este tipo de régimen, por las desigualdades de género que se gestan al asignar al hombre el rol de proveedor y a la mujer el de ama de casa, pues define a las mujeres como responsables del bienestar familiar (y por ende del cuidado), y como beneficiarías pasivas e indirectas de la seguridad social, siempre y cuando establezcan un vínculo legal con el hombre trabajador asalariado (^{Sunkel, 2007, p. 174}; ^{Orozco, 2011, p. 22}). Este régimen fomenta el proceso de familiarización, con el matrimonio legal como el lazo en que se funda la seguridad social, pero también con una rígida división sexual del trabajo y un solo tipo de estructura familiar: el nuclear familiar biparental (heterosexual), con el hombre como proveedor y la mujer como cuidadora. Otra crítica es que deja fuera a los sectores más pobres, a trabajadores del sector primario y/o todos aquellos que trabajan en la informalidad (^{Sunkel, 2007, p. 176}), que en México representaban alrededor de 37% en 1970 (^{Barba y Valencia, 2013, p. 5}) y actualmente poco más de 50% (^{INEGI, 2019a, p. 14}).

Como consecuencia de la crisis de la década de 1980 en Latinoamérica y de las reformas estructurales que la acompañaron, se dio un cambio radical del paradigma de la seguridad social: en la década de 1990, el estado perdió protagonismo, mientras se buscaba que el mercado se constituyera en un pilar central de la tríada (^{Sunkel, 2007, p. 176}), lo cual no ocurrió. En el plano de los debates, ganó terreno la perspectiva de género y surgieron nuevas tipologías de los regímenes de bienestar para América Latina, como la propuesta por ^{Martínez (2005, p. 17)}, la cual está sustentada en la observación de los procesos de desmercantilización y desfamiliarización del bienestar que propuso Esping-Andersen en la década de 1990, pero añade una dimensión más: el grado de mercantilización de la fuerza de trabajo que consigue cada régimen de bienestar. En América Latina ha representado un reto lograr trabajos formales, remunerados, con calidad, estabilidad, protección social entre otras garantías laborales (^{Martínez, 2007, p. 23}). Martínez identifica tres tipos de regímenes de bienestar para la región de América Latina para la década de 1990: a) estatal de proveedor único, b) liberal de proveedor único y c) informal de doble proveedor (^{2005, p. 23}; ^{2007, p. 26}).

En el régimen estatal de proveedor único, el estado continúa asignando recursos a servicios universales, aunque experimente un desplazamiento gradual hacia una participación mayor del mercado en servicios educativos, salud y pensiones; en tanto se aprecia un debilitamiento del modelo de proveedor único (hombre proveedor y mujer cuidadora). Costa Rica y Uruguay representaban este régimen de bienestar, y se caracterizaban por las mejores condiciones de vida de la población y el perfil del estado y sus reformas, además de tener la menor desigualdad socioeconómica de la región.

El régimen liberal de proveedor único se caracteriza por un desplazamiento acelerado y radical de los servicios de salud, educativos y de pensiones del estado hacia la prestación privada. México, Argentina y Chile representaban este régimen: aunque la inversión pública per cápita continúa siendo alta, reflejan una combinación estado-mercado en pensiones y con acciones focalizadas en servicios básicos, como salud y educación, además de una alta desigualdad socioeconómica.

El régimen informal de doble proveedor se caracteriza por un estado con escasa presencia, baja capacidad institucional y altos niveles de familias con doble proveedor, con altas tasas de participación laboral de las mujeres y una gran proporción de trabajadores informales. El Salvador, Guatemala y Nicaragua representaban este régimen, en el que las mujeres continuaban siendo cuidadoras debido a las altas tasas de fecundidad y la escasa inversión social en servicios públicos. Estos países mantenían niveles muy altos de desigualdad socioeconómica.

^{Martínez (2007, p. 23}; ^{2008, p. 95)} encuentra que los países de la región comparten un rasgo común al que llama la "informalidad del bienestar", donde la población de los diversos regímenes de bienestar, en mayor o menor medida, no dispone de seguridad social a través de su participación formal en el mercado laboral o mediante los servicios del estado, pues los mercados laborales son ineficientes y las políticas públicas débiles o inexistentes. En América Latina, la informalidad laboral se ha caracterizado por niveles altos mediante diferentes mecanismos (^{Portes y Haller, 2004, p. 31}), como un número importante de trabajadores por cuenta propia en el sector informal, en la agricultura, trabajadores no remunerados familiares o aprendices, y aquellos insertos en el sector informal ya sea como empleadores, trabajadores asalariados y no asalariados (^{Negrete, 2011, p. 91}). Esto se desarrolla paradójicamente en estados que incrementan medidas regulatorias para evitar el crecimiento de la economía informal, en donde es importante reconocer su (in)capacidad para regular y fiscalizar las actividades económicas y su interacción con la capacidad de la sociedad civil para seguir las normas definidas por el estado (^{Portes y Haller, 2004, p. 24}).

Ante este escenario, se destaca que son las familias y la comunidad quienes desempeñan un papel central en el bienestar de la población. En los estudios de regímenes de bienestar, ^{Martínez (2008, p. 97)} se distingue sobre otros autores por poner especial énfasis en el papel que desempeña la familia para resolver problemas y responsabilidades de manera colectiva, particularmente en aquellos regímenes de bienestar con más informalidad y un grado mayor en el proceso de familiarización, como los países centroamericanos.

Para el caso de México, ^{Barba y Valencia (2013, p. 10)} sintetizan las características del régimen de bienestar para inicios del siglo XXI, destacando las tensiones entre un régimen liberal, que mercantiliza y focaliza la protección social, y uno universal, que segmenta la protección social. Algunas de las características a destacar es que persiste el proceso de familiarización, donde la familia es la principal responsable de las funciones asociadas al bienestar y predomina el supuesto de que las mujeres dentro del ámbito familiar son las más adecuadas para proveer cuidados. Persiste la visión de ligar la seguridad social al empleo formal, pese a una débil capacidad de generar empleos formales suficientes para una población creciente y del aumento de la participación femenina en los mercados laborales. En México, cerca de 60% de la población ocupada trabaja en la informalidad (^{INEGI, 2019a, p. 14}; ^{Negrete, 2011, p. 91}; ^{OIT, 2014, p. 4}). Lo que significa que alrededor de 40% de la población ocupada accede a la seguridad social que brinda el estado y persiste el concepto minimalista del universalismo, si se piensa que los servicios de cuidado por parte del estado tienen alcances limitados, en particular para las y los más pobres y excluidos, como los grupos indígenas.

En síntesis, la región latinoamericana se ha caracterizado por un proceso de familiarización en distintas etapas de su historia reciente, en el que la responsabilidad principal del bienestar -del cuidado- corresponde a la familia, y dentro de la misma, a las mujeres. En México, resulta indispensable subrayar que el régimen de bienestar continúa vinculado al empleo formal, lo cual representa una barrera importante para acceder a la seguridad social en un país con altos niveles de informalidad laboral. A pesar de que se ha buscado la universalidad de algunos servicios públicos, estos se caracterizan por ser fragmentarios y de heterogénea calidad. La fragmentación se da porque se busca dar acceso en función de una vinculación con el empleo formal o informal. Dentro del empleo formal, está fragmentación sucede porque la seguridad social varía entre los empleos del sector público (federales, estatales o municipales) y los del sector privado (empleos desde grandes corporativos a microempresas). Todo esto acompañado de políticas sociales que no incentivan la desfamiliarización del bienestar.

Metodología

Para evidenciar que el proceso de familiarización y feminización del cuidado continúa vigente en México, es decir, que las familias y las mujeres son las principales proveedoras del cuidado, esta investigación se sustenta en datos descriptivos de dos fuentes de información, que de manera complementaria nos aproximen a dichos conceptos.

En primer lugar, se utilizan los microdatos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) del 2014 para obtener indicadores a nivel de hogar, como el porcentaje de hogares que acceden a servicios de cuidado externo, ya sea mediante instituciones públicas o privadas (estancias infantiles y planteles educativos para niñas y niños, contratación de servicios doméstico y de cuidado, así como intercambio gratuito de trabajo de cuidado con otros hogares). Esto aporta una aproximación al nivel de participación que tiene el estado o el mercado respecto al cuidado. Además, los hogares se clasificaron con base en una tipología de arreglos en los hogares -no familiares, nucleares biparentales sin hijos, nucleares biparentales con hijos, nucleares monoparentales o extensos y compuestos- con el propósito de distinguir la demanda de cuidado y el acceso a los servicios externos de cuidado entre los diversos tipos de arreglos (^{Orozco, 2017, p. 281}).

Adicionalmente, se construyó un indicador de horas promedio semanales de trabajo de cuidado por tipo de arreglo, y su distribución entre las y los integrantes de este. Para ello, se parte de datos individuales de las horas semanales dedicadas al trabajo de cuidado para cada uno de los integrantes de 12 años y más en el hogar, para después obtener el dato agregado a nivel de hogar de las horas promedio semanales, distinguiendo entre el aporte que realizan mujeres y hombres.

La segunda fuente de información utilizada es la de los tabulados de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) de los años 2013 y 2017. La contribución de dicha fuente es identificar la distribución del cuidado a la población de 0 a 4 años, ya que nos aproxima a la institucionalización del cuidado para este grupo de edad, a través de la asistencia a guarderías públicas o privadas, pero también se identifica quiénes son las principales cuidadoras dentro del ámbito familiar.

Cabe precisar que ambas fuentes son las más recientes publicadas al momento de la elaboración del presente trabajo. La ENUT y la ENESS tienen sus antecedentes desde la década de 1990. Desde 2009, la ENUT ha tenido tres levantamientos de manera independiente: 2009, 2014 y 2019, aunque este último no había sido publicado al momento de elaborar esta investigación. Por su parte, la ENESS es levantada a través de un módulo anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en periodos de aproximadamente cuatro años (2009, 2013 y 2017). A pesar de los problemas de la brecha temporal que implican estos periodos entre cada levantamiento de la ENUT y de la ENESS, México ha sido reconocido como uno de los países de América Latina con mayor producción estadística sobre uso del tiempo, incluido el tiempo del cuidado (^{Aguirre y Ferrari, 2014, p. 13}).

Familiarización y feminización del cuidado

La demanda de cuidado tiene su origen en la familia y es principalmente en la familia donde se cubren las necesidades de cuidado en primera instancia. Sin embargo, ¿en qué medida los hogares acceden al servicio de cuidado externo?, ¿en qué medida interviene el estado o el mercado en el servicio del cuidado de los hogares? A partir de estadísticas a nivel de hogar es posible aproximarnos a los conceptos de familiarización y feminización del cuidado. En el cuadro 1, se pretende responder a estas preguntas; se presenta, por tipo de arreglo, el porcentaje de hogares que acceden al servicio de cuidado externo según la ENUT 2014.

Las necesidades de cuidado infantil de niñas y niños de 0 a 4 años predominan en los hogares donde está presente este grupo poblacional. De acuerdo con la ENUT 2014, solo una tercera parte de las y los niños de dichas edades en los hogares nucleares biparentales y los monoparentales asiste a estancias infantiles, y este porcentaje es menor en los hogares extensos y compuestos. Sin embargo, estas cifras contrastan con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social levantadas en 2013 y 2017 (véase el cuadro 2): esta fuente reporta un porcentaje inferior, ya que se informa que poco menos de 5% de niñas y niños de 0 a 4 años asiste a una estancia infantil pública o privada, teniendo menor presencia en menores de un año. En el cuidado de este grupo de edad, la participación del mercado y del estado es notoriamente limitada, ya sea a través del servicio privado o público de guarderías. En cambio, la familiarización del cuidado se hace evidente al observar que, en un porcentaje más amplio (cerca de 70%, según la ENUT 2014 o cerca de 90% según la ENESS 2013 y 2017), el servicio del cuidado es proporcionado por la familia, entendiendo por familia una entidad que va más allá de entorno del hogar. De acuerdo con la ENESS, cerca de 15% de este grupo de edad es cuidado por sus abuelas, y 7%, por otras personas, mientras que 73% es cuidado por sus madres, ya sea en el lugar de trabajo o en sus tiempos libres, y en esta cifra están incluidos niñas y niños a quienes dejan solos, sin nadie que los cuide. Esto refleja que el cuidado en dicho grupo de edad es cubierto en una proporción notable por las familias y por las mujeres (principalmente madres y abuelas).

Para el grupo en edad escolar de 5 a 14 años, la participación del estado en el tema de cuidado tiene una mayor presencia, al considerar la asistencia a la escuela como una estrategia de cuidado durante la jornada; en este aspecto, la participación del mercado es uno de cada diez entre alumnas y alumnos matriculados en el sistema educativo (^{SEP, 2019}). Como se aprecia en el cuadro 1, en el grupo de edad de 5 a 14 años, existe una asistencia a los sistemas educativos similar entre los tres arreglos: superior al 95%. Esto se debe en parte a la universalidad de la educación básica en México, la cual no ocurre en la educación inicial y la estimulación temprana.

Otro reflejo del alto grado de familiarización del cuidado se puede observar en la baja contratación de servicios de cuidado (ya sea a través de enfermeras/os o cuidadoras/es de niñas/os o de personas adultas mayores o enfermas), prácticamente inexistente en todos los arreglos considerados: la cifra no alcanza medio punto porcentual; y los servicios domésticos en los diferentes arreglos también son limitados: oscilan entre tres y nueve por ciento. Lo que supone que el resto de la demanda de cuidado -el de enfermos/as con limitaciones físicas y/o mentales, temporales o permanentes- es cubierto por la familia.

En complemento, el alto grado de familiarización se refleja también en la ayuda recibida y dada entre hogares. Los datos de la ENUT 2014 indican que 36% de los distintos arreglos otorga algún tipo de cuidado a otros hogares y entre 6 y 16% recibe algún tipo de cuidado de otros hogares. Ello es muestra de que la solidaridad familiar para alcanzar el bienestar social no se limita al entorno del hogar, sino que se extiende a toda la red familiar, en particular a mujeres de la familia, como abuelas, tías, sobrinas, e incluye a vecinas como parte de otro rubro menos explorado: el de la comunidad.

Los datos anteriores respaldan los estudios que ubican el régimen de bienestar en México como un proceso de familiarización. En el cuadro 3 se ilustra la feminización del trabajo de cuidado dentro del ámbito familiar. Como se puede observar, el total de horas promedio semanales de trabajo de cuidado varía según el arreglo familiar. Esto se debe en parte al tamaño de los arreglos familiares y a la etapa del ciclo de vida familiar (^{Orozco, 2017, p. 294}), pues los arreglos familiares extensos y compuestos y los nucleares con hijos son los que tienen el mayor número de horas promedio semanales de trabajo de cuidado por hogar. Además, se puede observar la feminización del trabajo de cuidado dentro del ámbito familiar: las mujeres realizan más de 80% del trabajo de cuidado en el hogar, en contraste con los arreglos no familiares, donde es de 61%. Aún hay mucho por hacer para transitar hacia un escenario más equitativo de género dentro del ámbito familiar, donde la participación de hombres y mujeres sea cercana al 50 por ciento.

Ante la escasa participación del estado y del mercado en la provisión del cuidado (^{Barba y Valencia, 2013, p. 3}; ^{González et al., 2018, p. 23}), la persistencia del proceso de familiarización se ha explicado por el surgimiento de "versiones más suaves", donde se ha dado la incorporación de mujeres al mercado de trabajo (^{Martínez, 2010, p. 42}). En particular, para el cuidado de menores, se describen algunas estrategias, como una disminución del vínculo laboral de las madres y los padres, para que haya una menor tensión entre tareas de cuidado y laborales, estrategia a la que recurren en mayor medida las madres; la posibilidad de asignar parte del cuidado a otras familiares es limitada pues persiste la idea cultural de que el cuidado debe recaer en la madre, el padre o algún familiar (^{Martínez, 2010, p. 43}). Además, se ha documentado que la población prefiere los cuidados familiares para la población infantil y para la adulta mayor (^{Fernández, 2018, p. 72}; ^{Huenchuan, 2009, p. 19}; ^{INMUJERES, 2015, p. 51}), ideas que incluso comparten quienes toman las decisiones institucionales. Además, existe una incapacidad financiera de las familias para adquirir servicios de cuidados en el mercado (^{Durán, 2017, p. 102}; ^{INMUJERES, 2015, p. 52}).

La manera en que se distribuye el trabajo de cuidado a nivel institucional y personal produce una serie de desventajas y desigualdades para las familias -en especial para las más vulnerables- y para las mujeres, de ahí la importancia de examinar las implicaciones en los mercados laborales de la familiarización y feminización del cuidado para quienes cuidan, sean mujeres y hombres.

Implicaciones en los mercados laborales

El proceso de familiarización y feminización del cuidado está ligado a una serie de desventajas económicas y sociales para quienes cuidan. En este apartado se documentan hallazgos que asocian el trabajo de cuidado con diversas implicaciones negativas en los mercados laborales.

Indudablemente el trabajo de cuidado tiene implicaciones económicas, tanto en el nivel macro como en el micro. En términos macro, una primera implicación es que el cuidado, al igual que otros trabajos no remunerados que se realizan en la esfera familiar, no se considera desde el punto de vista de la producción económica, pero también es de fundamental importancia para la economía (^{Durán, 2018}). El trabajo de cuidado se mantiene invisible, y esto es particularmente cierto en sociedades sustentadas principalmente en la familia. Sin embargo, su importancia para el bienestar económico y social reside en que mantiene la fuerza de trabajo actual, asegura la fuerza de trabajo futura (poblaciones infantiles y jóvenes) y cuida a la fuerza de trabajo envejecida (^{Durán, 2018}).

A partir de los esfuerzos por visibilizar el cuidado en el sistema económico y su contribución al bienestar social, se han creado las cuentas satélite para reconocer y contabilizar cómo el trabajo no remunerado genera valor en la economía (^{Durán, 2012, p. 54}; ^{Pedrero, 2010, p. 34}). Las economistas feministas establecen que, para reconocer el trabajo de cuidado, es necesario analizar sus características y su relación con el trabajo de mercado, así como desarrollar nuevos enfoques conceptuales y metodológicos para su valoración mediante las cuentas satélite de trabajo no remunerado (^{INEGI, 2019b}). De acuerdo con la categoría de ^{Martínez (2005, p. 23}; ^{2007, p. 26)} de los regímenes de bienestar en Latinoamérica, se contrasta la contribución del trabajo no remunerado dentro del Producto Interno Bruto (PIB) entre El Salvador (el estado tiene escasa presencia y poca capacidad institucional en servicios de cuidado) y México (el estado participa de forma fragmentada y focalizada en servicios de cuidado), en donde el primero registra una contribución del trabajo no remunerado de 32% y el segundo de 24% en el PIB (^{OECD, 2016, p. 64}).

A nivel micro se han documentado las desventajas para quienes cuidan en el mercado laboral del cuidado, y se alude repetidamente a sus efectos sobre las mujeres, pues son ellas las principales ejecutoras del trabajo de cuidado en el ámbito familiar, tanto por atribución histórica -como se señaló anteriormente en los regímenes de bienestar- como porque los datos a nivel nacional lo constatan (^{Ferrant, Pesando, y Nowacka, 2014, p. 5}; ^{OECD, 2016, p. 66}). En este análisis a nivel micro se identifican al menos tres implicaciones derivadas de los cuidados que indican claras desventajas para las mujeres, a) desprotección y exclusión de los beneficios sociales, b) menor tiempo dedicado a la participación en el mercado laboral, y c) combinación del trabajo de cuidado y de mercado que generan sobrecarga de trabajo y desventajas monetarias.

Consideraciones finales

En este trabajo analizamos el proceso de familiarización y de feminización del trabajo de cuidado que predomina en México. Destacamos que la persistencia de los regímenes de bienestar sustentados en dichos procesos puede ampliar las desventajas en el trabajo remunerado asociadas al trabajo de cuidado para quienes cuidan, en su mayoría mujeres.

A la luz de importantes reformas estructurales en los países de Latinoamérica, incluido México, en la década de 1990, los regímenes de bienestar sustentados en procesos de familiarización y feminización del cuidado se mantienen vigentes y vinculando la seguridad social al trabajo formal, a pesar de que menos de la mitad de la población ocupada está en esa modalidad; el estado ha sido incapaz de garantizar el pleno empleo (decente, formal y de calidad) para una población creciente y una mayor disponibilidad de la fuerza de trabajo femenina en el mercado laboral. Para quienes no acceden al mercado laboral formal, la solución ha sido la informalidad del bienestar, en donde las familias deben procurar la seguridad social de sus integrantes.

En tanto, el proceso de mercantilización esperado desde la década de 1990 a partir de las reformas estructurales no ha ocurrido ante la escasa participación del mercado en la provisión del cuidado, pero también por la incapacidad financiera de las familias para acceder a servicios de cuidado en el mercado y por las arraigadas visiones culturales de que el cuidado derivado del ámbito familiar será mejor que el provisto por el mercado o el Estado. Esto ocurre a pesar de que existen conflictos al momento de conciliar el trabajo de mercado y el de cuidado.

En este trabajo se presentó evidencia empírica para México sobre una serie de desventajas y desigualdades que genera el trabajo de cuidado para las familias -en especial para las más vulnerables- y para las mujeres, por ser ellas quienes en mayor proporción y magnitud realizan el trabajo de cuidado; un trabajo sin retribución ni para las familias ni para las mujeres. De tal suerte que el trabajo de cuidado limita la participación en el mercado laboral, pues una parte de la población femenina se encuentra en el desempleo encubierto o desalentado por no tener oportunidades de empleo.

Para quienes acceden al mercado laboral, representa un condicionante en el tipo de empleo: tienen que recurrir a empleos con un alto componente de flexibilidad laboral, informalidad, precariedad y de baja remuneración, sin acceso a la seguridad social, con repercusiones inmediatas en cuanto al nivel de ingresos y las garantías laborales y de seguridad social a las que pueden acceder, y en el futuro con lo relacionado a sus pensiones y jubilaciones para la vejez. Todo esto aunado a las dobles cargas de trabajo (remuneradas y no remuneradas) que experimentan. Además, es posible detectar diferencias en el nivel de la participación laboral femenina según el grado de familiarización: las mujeres de los países de Latinoamérica mantienen niveles más bajos de participación que los países escandinavos, y México se encuentra entre los de menor participación laboral femenina.

Así pues, en México aún se está lejos de un estado que incentive la desfamiliarización del cuidado, y las responsabilidades recaen principalmente en la familia y las mujeres. Además, queremos destacar que la función de cuidado realizado tradicionalmente por las mujeres de la familia (madres, hermanas, abuelas, tías, hijas) está en crisis ante las actuales transformaciones sociodemográficas y económicas; y probablemente tal crisis se agudice por la tendencia creciente de las mujeres a permanecer en el mercado laboral y el acelerado proceso de envejecimiento demográfico por el que está transitando México. En este nuevo panorama, queremos resaltar que el proceso de familiarización afecta principalmente a las familias y mujeres de bajos ingresos. De ahí la importancia de transitar hacia la desfamiliarización del trabajo de cuidado, ya sea a través de una mayor acción del estado o un mayor acceso a servicios de cuidado en el mercado.

Finalmente, desde la academia y las organizaciones internacionales se han abierto nuevos espacios de discusión para analizar si los procesos de familiarización y feminización del cuidado agudizan las desventajas en el mercado laboral que impone por sí mismo el trabajo de cuidado a quienes cuidan, en su mayoría mujeres; estos espacios buscan impactar en la creación e implementación de políticas públicas orientadas a una reorganización social del cuidado en favor de una mayor igualdad de género, pero también entre instituciones (estado, familia y mercado) para que las familias y las mujeres vean disminuidas sus cargas de trabajo de cuidado o bien obtengan reconocimiento y beneficios directos de seguridad social por realizar dicho trabajo.