Introducción¹

Vivimos una feminización de la democracia en América Latina. Los estudios acerca de la participación política de las mujeres en la región sostienen que hay un incremento significativo en esta participación y que está relacionado con el capital humano que ellas aportan, las normas culturales y la consolidación de la democracia, así como con la legislación y las cuotas de género. La tendencia a la feminización de la democracia latinoamericana pareciera ser permanente debido a cuatro factores: las preferencias de los votantes, la transición demográfica, el compromiso de la comunidad internacional y la crisis política en la región, que abrió espacio para las mujeres (^{Buvinik y Roza, 2004}).

Esta presencia de las mujeres en la política ha sido valorada como positiva puesto que coincide con una mayor atención a temas como violencia doméstica o derechos sexuales y reproductivos. Es improbable que, en varios ámbitos, se hubiera legislado a favor de los derechos de las mujeres sin que ellas estuvieran en los parlamentos (^{Htun, 2001}).

Más específicamente, investigaciones recientes sostienen que las parlamentarias en general acusan mayores niveles educativos que sus colegas varones y tienen las mismas motivaciones para entrar en política, así como el mismo nivel de ambición política, aunque cuentan con menos experiencia que ellos. No obstante, la conciliación entre el trabajo y la familia es más difícil para las mujeres (^{Martínez, 2014}). Estos estudios tienen implícita una idea algo simplista: “La idea subyacente es que una vez alcanzado cierto porcentaje numérico de mujeres, su presencia cuantitativa haría posible introducir en la agenda temas de mujeres y lograr cambios a favor de los intereses de las mujeres” (^{Martínez, 2014, p. 163}). El presente artículo pretende problematizar esta idea subyacente, en la medida que muestra que un número mayor de mujeres como el que se dio en la Asamblea en Ecuador no necesariamente contribuye a superar prácticas de subordinación si estas se despliegan en el contexto de una cultura patriarcal. Además, estas prácticas frecuentemente no hacen una distinción de género y pueden ser ejecutadas tanto por hombres como por las propias mujeres.

En Ecuador, en el periodo denominado Revolución ciudadana, la participación de las mujeres en la política se incrementó significativamente. En el parlamento, para el año 2016, la representación de mujeres se acercó a 40 por ciento, cifra nunca antes registrada en el país y la más alta en América Latina. Además, tres mujeres presidieron la Asamblea: su presidenta y dos vicepresidentas. No obstante, de forma paradójica, algunas activistas afirman que durante el régimen de Rafael Correa se retrocedió en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.

En este artículo pongo en contexto la transición entre lo que se vivía en el parlamento anterior -llamado Congreso Nacional- frente al nuevo, denominado Asamblea Nacional. Posteriormente, describo el impasse que ocurrió en el vano intento que las asambleístas oficialistas y el presidente Correa, respaldado por su movimiento político, hicieron por despenalizar el aborto. Examino las reacciones de los movimientos de mujeres y la prensa y, finalmente, planteo algunas reflexiones que interpretan este suceso.

Para este trabajo, utilizo las actas de las sesiones de la Asamblea en que se registran los dos debates que exige el procedimiento legislativo. También he recurrido a noticias de diarios, videos y material en internet sobre el tema. Estos abundantes textos han sido procesados a través de una metodología cualitativa, siguiendo una técnica de análisis de texto libre por códigos, según la cual se obtiene y ordena la información para luego codificarla en categorías que concentran unidades de significado e identifican y marcan temas específicos (^{Fernández, 2006}). El sistema de codificación se hizo a medio camino entre una aproximación a priori y una inductiva, que es más flexible, pues en el análisis mismo de los datos surgen códigos “en vivo”. Las categorías utilizadas fueron: aborto, despenalización del aborto, debate parlamentario, código penal, patriarcado, movimiento de mujeres, mujeres en política, feminismo estatal y negociación patriarcal. Finalmente, se integró la información bajo un esquema conceptual guiado por los estudios de género.

El contexto: de un Congreso de hombres a una Asamblea de mujeres

La Asamblea constituía un espacio mayoritariamente masculino y con frecuentes prácticas de violencia que llegaban hasta la opinión pública. Las mujeres accedían al mundo de la política y, particularmente, a la esfera de representación en el parlamento ecuatoriano, solo de forma excepcional. Su acción era marginal y profundamente marcada por el mundo masculino. El estudio más sistemático sobre las mujeres en el parlamento de Ecuador es el de ^{Violeta Mosquera (2006)}, quien analiza el periodo inmediatamente anterior a la Revolución ciudadana, de 2003 a 2005. La autora, al examinar la modalidad de ingreso de las mujeres asambleístas, descubre que ellas acceden al mundo de la política de forma marginal, accesoria y por mediación masculina, pues son reclutadas básicamente como personal de apoyo para promocionar electoralmente a los candidatos varones, organizar eventos o recaudar fondos. El Congreso estaba integrado de forma minoritaria por mujeres: en las elecciones de 2002, apenas llegaron 18 mujeres a las diputaciones, contra 82 varones, en un Congreso Nacional integrado por 100 miembros.

Cuando ocurre el impasse que examinaré -2013-, el número de mujeres en la Asamblea había aumentado significativamente: de 137 asambleístas, 53 eran mujeres y 84 varones, es decir, cerca de 40% de las curules correspondió a mujeres. El número de hombres, en cambio, es el mismo que en las elecciones de 2009 (^{Consejo Nacional Electoral, 2014}).

A este hecho, que profundizaba la tendencia a elegir mujeres gracias a la ley de cuotas, así como la paridad y secuencialidad establecida en la propia Constitución, debemos sumar un acontecimiento inédito: tres mujeres fueron designadas dentro de la Asamblea para presidirla, por la propia iniciativa del movimiento de gobierno y del presidente Correa. Tal elección se repitió en 2015.

En efecto, en la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo el 14 de mayo de 2013, fueron designadas Gabriela Rivadeneira como presidenta,² Rosana Alvarado como primera vicepresidenta³ y Marcela Aguiñaga como segunda vicepresidenta⁴, con 107 votos para la presidenta y 108 a favor las vicepresidentas (^{MDZ Mundo, 2013}).

La Asamblea 2013-2017 se distinguió por tres características: primera, fue el parlamento con mayor número de mujeres en la historia del país; segunda, el oficialismo tuvo un bloque sólido con 100 escaños y, tercera, se suscitó un cambio generacional en su integración: 61 asambleístas tenían entre 30 y 45 años.

Las reacciones tanto del oficialismo como de la oposición ante la elección de las tres mujeres fueron positivas. El presidente Correa manifestó: “La Revolución tiene rostro de mujer” (^{Cuba Debate, 2013}). Galo Mora, secretario ejecutivo del Movimiento Alianza País, afirmó que con voluntad unánime del bloque oficialista fue adoptada la decisión de designar a tres mujeres (“Tres mujeres dirigirán la Asamblea Nacional de Ecuador”, ^{MDZ Mundo, 13/05/2013}).

A pesar de que la asambleísta Lourdes Tibán, del ala de izquierda, había propuesto a un copartidario para la presidencia de la Asamblea, más tarde expresó que “como mujer nunca estaría en contra de una similar a dirigir la Asamblea” (“Con cambio generacional se inicia hoy el nuevo periodo legislativo”, ^{El Universo, 14/05/2013}). Diego Salgado, de CREO (Creando Oportunidades), movimiento de derecha, afirmó la importancia de que, por primera vez, las titulares de la Asamblea sean mujeres (“Con cambio generacional se inicia hoy el nuevo periodo legislativo”, ^{El Universo, 14/05/2013}).

La cuestión de género fue bien acogida por los actores políticos y fue el aspecto más destacado por los medios de comunicación. No obstante, la oposición cuestionó el hecho de que Rivadeneira solo tuviera 29 años (“Nueva Asamblea se instala hoy”, ^{El Tiempo, 14/05/2013}). En relación con sus homólogos latinoamericanos, Rivadeneira fue la más joven en ocupar el cargo.

El hecho de que tres asambleístas mujeres dirigieran la Asamblea generó expectativas en todo el país, y particularmente en los movimientos feministas, que veían una apertura de oportunidades políticas para introducir las demandas del feminismo en la agenda legislativa.

Uno de los temas incluidos en esta agenda fue la aprobación de un nuevo Código Penal. Este debate era complejo debido a que incluía diversidad de aspectos polémicos para la sociedad ecuatoriana. Uno de los temas más álgidos era el debate acerca de la despenalización del aborto por violación. En la ley que regía en ese momento, y que había estado vigente durante 76 años, se especificaba que el aborto por violación estaba penalizado con entre uno y cinco años de privación de la libertad y que únicamente las mujeres “idiotas” y aquellas que corrían el riesgo de perder la vida con el embarazo podían abortar sin penalización.

La sociedad ecuatoriana, aunque adjetivada como conservadora, apoyaba un cambio en el tema del aborto por violación: de acuerdo con las encuestas de opinión, 66% aprobaba despenalizarlo en este caso.⁵ En la Asamblea, algunas asambleístas oficialistas compartían este espíritu de cambio y de inclusión de nuevos derechos.

Por otro lado, se conocía que Correa, por sus posiciones apegadas a la doctrina social de la iglesia, tenía cuestionamientos al tema del aborto. Por ello las asambleístas nunca llegaron a plantear la introducción de un debate sobre la despenalización del aborto en general. No obstante, era casi un consenso que la despenalización del aborto por violación podía y debía ser introducida en el nuevo Código Penal. En este ambiente de efervescencia, un grupo de asambleístas del movimiento político del gobierno Alianza País se “atrevió” a plantear el tema en la Asamblea.

“Si esto es lo posible”: el impasse en la Asamblea por el intento de despenalización del aborto por violación

Del 9 al 13 de octubre de 2013 se llevó a cabo la sesión 257 en la Asamblea Nacional que dio como resultado la aprobación de los libros preliminar, primero y segundo del Código Integral Penal (^{Observatorio Legislativo, 2013, s.p.}). Rosana Alvarado, primera vicepresidenta, se estrenó en la presidencia durante esta sesión, ya que Rivadeneira asistió a una representación parlamentaria en Ginebra. Alvarado y Mauro Andino -presidente de la Mesa de Justicia y estructuración del Estado, quien actuara en calidad de ponente en esta sesión- fueron los encargados de poner el sistema de trabajo en el pleno (“Polémica por los tiempos del Código Penal”, ^{El Comercio, 8/11/2013}).

El 9 de octubre, la asambleísta Alvarado instaló la sesión y se declaró el pleno de la Asamblea en comisión general “para recibir a organizaciones ciudadanas o personas que quieran presentar o exponer temas de interés o de competencia de la Asamblea Nacional” (^{Ley Orgánica de la Función Legislativa, 2009, p. 45}). Intervino Natalia Correa, representante de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, manifestando: “exigimos el aborto total, legal, libre y decidido por las mujeres, ninguna mujer debe morir por ejercer su derecho a decidir” (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013a, p. 42}). Mientras las representantes de las organizaciones de mujeres hablaban, siete mujeres se desnudaron de la cintura para arriba y gritaron: “Aborto legal en el Código Penal”, en señal de rechazo a la nueva normativa. Sin autorización de la presidenta, la escolta legislativa trató de sacarlas. Alvarado intervino: “a los integrantes de la fuerza pública, no hay ningún incidente, no hay que escandalizarse con ningún desnudo. Les pedimos, por favor, respetar las intervenciones de cada una de las organizaciones” (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013a, p. 43}).

Después de la Comisión General, Alvarado suspendió la sesión (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013a, p. 57}). Las observaciones realizadas por las organizaciones de mujeres en favor de la despenalización del aborto en caso de violación no fueron tomadas en cuenta para la redacción del informe para el segundo debate que realizó la Comisión de Justicia. Durante toda la sesión, Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea, sostuvo firmemente “que el articulado debe quedar como está propuesto” (“El aborto marca el debate en la Asamblea”, ^{La Hora, 11/10/2013}).

Apenas instalada la sesión, el jueves a las 10 horas, “bajo la presidencia de Alvarado, se dio lectura a una carta enviada por la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Gabriela Montaño, quien destacó los últimos cambios dados en el Código Penal boliviano que permitió el aborto consentido en caso de una violación sexual” (“El tema del aborto domina la sesión del Pleno sobre el nuevo Código Penal”, ^{El Universo, 10/10/2013}).

El asambleísta Ramiro Aguilar, independiente, fue quien introdujo el tema del aborto en el debate. Afirmó que, en la propuesta de nuevo Código Penal, se debía eliminar el artículo 148 que estipulaba que “la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años” (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013b}). Aguilar también solicitó que se modificara el artículo 149 que establece que “el aborto practicado por un profesional no será punible en los siguientes casos: si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada o si el embarazo es consecuencia de una violación a una mujer con discapacidad mental” (^{El Comercio, 10/12/2013}).

Soledad Buendía, Blanca Arguello, Rita Pozo, Soledad Vela, todas ellas asambleístas de Alianza País, se sumaron a la propuesta de Aguilar. Por su parte, Marisol Peñafiel, María Augusta Calle y Paola Pabón, también pertenecientes a Alianza País, manifestaron la importancia de defender los derechos de las mujeres y su derecho a decidir. Algunos asambleístas de oposición se alinearon a esta postura (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013b}).

La intervención de Paola Pabón fue la última de este día.⁶ Pabón propuso que el artículo 149, referente al aborto no punible, se votara por separado. Pidió al pleno que el artículo fuera votado con el siguiente texto:

Artículo 149.- Aborto no punible. El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible si se ha practicado para evitar peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo es consecuencia de una violación sexual, interrupción que podrá realizarse hasta la semana 12 de gestación (^{El Telégrafo,10/11/2013}).

Anteriormente, Marisol Peñafiel, asambleísta del oficialismo, había manifestado que quienes como ella estuvieran a favor de despenalizar el aborto por violación sin condiciones, pudieran adherirse a la objeción de conciencia, sin que esto implicase oponerse al proyecto del bloque. Su coidearia Mayerli Vásconez expresó que sería apropiado que se votara ese artículo de forma individual (^{El Universo, 10/10/2013}). La propuesta de Pabón sorprendió a gran parte de sus compañeros de bancada, porque Mauro Andino, como presidente de la comisión especializada y ponente, era el único que podía modificar el texto final (^{El Comercio, 12/10/2013}).

A pesar de que algunos asambleístas coincidían con Pabón, no se procedió a la votación ese día. Alvarado suspendió la sesión; según el artículo 137 de la Ley legislativa “las mociones previas suspenderán el debate hasta que haya un pronunciamiento sobre ellas” (^{Ley Orgánica de la Función Legislativa, 2009, p. 42}).

Las expresiones de la asambleísta Pabón, emitidas en el debate parlamentario, muestran que había plena conciencia sobre el símbolo de un parlamento formado y dirigido por mujeres, en un país en que la violencia de género se encuentra plenamente instaurada y que era un tema respaldado por la ciudadanía:⁷

Hay unidad en Alianza País. No son novelerías sino demandas de la ciudadanía. No podemos plantear una norma penal desde el patriarcado, desde el adulto centrismo y machismo. Esta asamblea, que por primera vez tiene el 40 por ciento de parlamentarias mujeres, 4 mujeres de los 7 de la mesa directiva, no puede aprobar una norma de espaldas a las mujeres. La encuesta nos dice que 6 de cada 10 mujeres son violentadas (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013b, pp. 169-170}).

Finalmente, la asambleísta planteó la moción previa:

Exceptuar la votación que tiene 5 títulos, el artículo 149 sobre aborto no punible que sea votado de manera individual. Este no es un tema de mayorías o de minorías, este es un tema de fueros propios […] Planteamos, en base a objeción de conciencia que permite la Constitución, que se nos permita votar por separado este artículo (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013b, p. 173}).

La asambleísta Pabón habló de superar el debate tradicional de minorías y mayorías, y legislar por fueros propios. De esta forma, trasladó a un plano personal el debate sobre la despenalización. Seguramente lo hizo para facilitar una votación favorable, y no dentro de todo “el paquete”, lo cual implicaba aprobar el Código Integral Penal, puesto que se había decidido hacerlo en conjunto.

En efecto, el tema de las mayorías es propio de una modernidad temprana, y se puede afirmar que hoy no es un indicador suficiente para sostener un sistema democrático. En sociedades como las nuestras, ya no se puede apelar a la legitimidad de la mayoría; esta se encuentra erosionada, puesto que se puede decir que el pueblo mismo es un cúmulo de minorías (^{Rosanvallon, 2009}). Las mujeres, además, si bien somos un grupo mayoritario, siempre hemos sido tratadas como minoría.

Es decir, la estrategia de separar la votación de este artículo aparte del resto del Código y de apelar a la objeción de conciencia pretendía blindar una votación riesgosa para las asambleístas del movimiento oficialista. Sin embargo, la estrategia no funcionó como se pretendía; luego de que esto ocurriera en la Asamblea, inmediatamente Correa reaccionó y calificó esta propuesta de traición, y amenazó con renunciar a su cargo si sus propias asambleístas aprobaban la despenalización del aborto por violación:

[Estas] no son las agendas del movimiento ¿dónde propusimos el aborto? El tema más discutido ha sido el aborto. Mis creencias no creo que son mejores que las demás. Acordamos ceder en la palabra idiota o demente, acordamos cambiar a mujer con discapacidad mental ¿Quién no conoce la postura del presidente? […] Pediré sanciones para las asambleístas que han demostrado deslealtad total […] ¿Por qué se tomaron tantas fotos conmigo? (^{Ecuador en vivo, 2013}).

Esta reacción causó un escándalo nacional y una crisis al interior del movimiento oficialista. Inmediatamente se desplegaron los dispositivos dentro del movimiento político en el poder para recibir la denuncia y reunir al “comité de ética” de Alianza País con el objetivo de conocer el caso y proceder a las sanciones correspondientes.

Podemos analizar este discurso del presidente desde varias aristas; una es aquella en la cual el líder exige lealtad, pero esa lealtad no es política, no es de principios ideológicos, es una lealtad personal. Exige que sus asambleístas sean leales a él, porque él y su movimiento son la misma cosa; de esta manera, se personaliza el poder.

El tema de la despenalización del aborto por violación no fue debatido; a pesar de que el presidente señaló que había sido un tema discutido, realmente nunca lo fue. Correa sintió, según lo expresa en sus declaraciones, que no podía traicionar sus principios inspirados en la doctrina de la iglesia. Para Correa, el aborto por ningún motivo puede ser aceptado, y tampoco puede ser debatido, porque toda religión asienta sus principios en dogmas de fe.

Lo curioso es que el presidente, en su intervención, personaliza la disputa y la hace aparecer como el reclamo de un “macho herido” que exige venganza frente a la traición de su mujer: reclama que las asambleístas lo hubieran utilizado, puesto que en la campaña se aprovecharon de su imagen para obtener votos, llegar al poder y luego desplegar una agenda propia.

Además, amenaza con renunciar si la moción no es retirada. Intimida a las asambleístas y finalmente logra su cometido -no aprobar esta reforma-, pero además exige sanciones disciplinarias. La dinámica que tomó este impasse en la Asamblea nos permite analizar de cuerpo entero el sistema patriarcal imperante y su aberrante relación con la política. Al desplazar el argumento hacia la deslealtad, Correa pretendía encubrir el debate de fondo acerca de la violencia sexual que ejercen los hombres sobre niñas, adolescentes y mujeres en el país, y así el propio Estado las termina revictimizando.

Este desplazamiento también muestra el carácter patriarcal del régimen de Correa, pues se demostró que la disidencia puede tener consecuencias catastróficas. Así como la traición de una mujer a un hombre puede significar el fin del matrimonio, una deslealtad política podía ocasionar la ruptura de todo el proyecto político del correísmo. El chantaje que hizo el presidente, y en el cual cayeron las asambleístas, no es sino la reproducción de la espiral de la violencia de género, que adquiere un carácter especular en la violencia política. Examinemos los argumentos de Correa:

Sabíamos que había compañeras, en las elecciones pasadas, con posturas radicales en cuanto al aborto, se cuestionaron sus candidaturas, nos juraron amor eterno, nos dijeron que iban a ser orgánicas. El día jueves que se trata de hacer esa jugarreta -porque ese es el nombre- de votar aparte el artículo del aborto, cambiándolo, y despenalizando el aborto por violación […] Dos días antes, nos reunimos en el Palacio de Gobierno, con Mauro Andino, la presidenta de la Asamblea, y una representante de este grupo pro-aborto, ahí consensuamos el artículo sobre el aborto. [...]

Ya el miércoles estaba la maniobra de los mismos de siempre, aquí no ha sido pensar diferente como lo trató de posicionar una prensa mala fe de siempre, el problema es la deslealtad política y eso no lo podemos permitir (^{Ecuador en vivo, 18/10/2013}).

Estas expresiones que se refieren a “este grupo proaborto”, “los mismos de siempre”, evidencian que las mujeres son vistas como un problema: las mujeres que reivindican sus derechos, que no se someten, causan conflictos.

El estudio realizado por ^{Mosquera (2006)} acerca de las prácticas de mujeres congresistas en el periodo previo nos da interpretaciones que nos permitirían extrapolar a la Asamblea actual: “En general, las diputadas expresan tener un gran apego a la disciplina partidista, esto sugiere que el ser hombre o mujer no es decisivo en el trabajo parlamentario, importa más el compromiso con los principios doctrinarios, la lealtad a los líderes y afianzar la agenda del partido” (^{Mosquera, 2006, p. 66}).

Algunas de las asambleístas oficialistas pretendieron vulnerar esta dinámica, sin lograrlo. Quisieron anteponer sus intereses en cuanto mujeres, y feministas declaradas (al menos las voces más representativas). Finalmente, terminaron replegándose en la lógica señalada por Mosquera: lealtad al líder y apego a los principios partidistas.

Correa apeló otra vez a que había sido su intermediación lo que había permitido que estas asambleístas llegaran a las posiciones en que se encuentran; por ello reclamó que se hubieran tomado “la foto” con él, o que le hubieran jurado “amor eterno”. Probablemente esta mediación masculina no cambió desde el anterior Congreso hasta la actual Asamblea, y peor aún con el efecto de arrastre que ha tenido Correa en las elecciones, que ha asegurado una composición mayoritaria del bloque de Alianza País.

Luego de esta reacción del presidente, las asambleístas de Alianza País, encabezadas por la propia Paola Pabón, retiraron la moción con el siguiente discurso:

Con el inmenso cariño que te tenemos, decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad de esta bancada, por la unidad de mis cien compañeros asambleístas […] retiro la moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura […]; me lastima haber decepcionado a compañeros que tienen el legítimo derecho de reclamar una posición distinta […] Si esto es lo posible, si esto va a cambiar a los ecuatorianos, hay que estar ahí, por lo tanto, retiro la moción señora presidenta (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013c}).

El discurso de la asambleísta Pabón evidencia un rol que siempre le ha correspondido a las mujeres en el sistema patriarcal latinoamericano: el de ser las que ceden en aras de la unidad familiar, las que se sacrifican, sin importar que ellas sepan que la afrenta es injusta. Siempre están dispuestas al sacrificio a cambio de la unidad de la familia y, en este caso, del partido político.

Pero hay un sentido aún más trascendente en el discurso de Pabón, y es el relacionado con la comunidad nacional en su conjunto. La asambleísta Pabón carga sobre sus hombros, como solo las abnegadas mujeres sabemos hacerlo, nada menos que el gran cambio que los ecuatorianos necesitamos. Trasluce en su discurso que “si esto va a cambiar a los ecuatorianos” hay que estar ahí. A pesar de que “esto” tenga un costo altísimo, relacionado con un retroceso en derechos sexuales y reproductivos, relacionado con defraudar a las mujeres en el cambio que esperaban en el país.

El retiro de la moción fue la aceptación de la derrota. Las asambleístas sabían que iban a causar una decepción a quienes habían luchado por esos derechos, y que esto iba a causar más muertes y serias consecuencias en las mujeres violadas; sin embargo, aceptaron retroceder. El bien de la nación ecuatoriana, extrañamente, parece contraponerse a los intereses específicos de las mujeres, según lo revela este impasse.

Cabe destacar que los asambleístas hombres, pero también las propias mujeres de la bancada, dejaron solas a las tres sancionadas, las figuras más visibles de lo que fue interpretado por Correa como una traición. La Asamblea aisló a sus colegas y esto le permitió al presidente, fácilmente, obtener el retiro de la moción y posteriormente la sanción.

Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad Buendía fueron citadas a comparecer ante el Comité de Ética y Disciplina del Movimiento Alianza País el 25 de octubre de 2013. Se mantuvo total discreción ante los medios de comunicación; el asunto se resolvió internamente en Alianza País.

El 29 de octubre, un miembro del comité sostuvo que “la sanción de un mes de suspensión para las asambleístas que plantearon la moción para despenalizar el aborto en caso de violación no es por pensar de una manera diferente. La sanción es en función de no haber respetado expresos acuerdos a los que se llegó con los compañeros de la Asamblea” (^{CRE Satelital, 2013}). Por la sanción, las asambleístas pierden sus derechos políticos; por su voluntad, van a dejar de participar en la Asamblea y serán reemplazadas por su alterno durante un mes, explicó Borja (^{Agencia Andes, 29/10/2013}).

De traidoras y sumisas: las reacciones del movimiento de mujeres y la prensa

Las reacciones ante este impasse de los distintos colectivos que podríamos denominar el movimiento de mujeres en el país fueron distintas y dependen de las posiciones en las que se encuentra cada uno de estos grupos. Unos expresan indignación; otros, solidaridad, y otros, conformidad con lo ocurrido.

En el momento en que Pabón retiró la moción, “los abucheos no se hicieron esperar y los gritos de traidores y asesinos desde las barras, se escucharon con claridad […] con correas en las manos gritaban: ¡No más correas! Lágrimas salían de sus ojos que demostraban indignación y decepción” (^{La Hora, 12/10/2013}).

Para María Belén Moncayo, vocera de la Marcha de las Putas Ecuador, el retroceso “es lo típico de la bancada de Alianza País”. “Las órdenes superiores son más que la vida de las mujeres” manifestó con gran indignación Wendy Loor de la Asamblea de Mujeres populares y diversas (^{La Hora, 12/10/2013}).

No obstante, antes de que la discusión por el aborto no punible en caso de violación llegara a su fin, las organizaciones de mujeres se habían anticipado al desenlace. Saraí Maldonado, de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, en Comisión General en la propia Asamblea, advirtió: “Queremos recordarles y decirles por qué estamos dolidas, estamos molestas, estamos preocupadas… Que cada muerte, cada suicidio de adolescentes por embarazos no deseados de este país, a partir de la aprobación del Código Penal, será responsabilidad suya” (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2013a, pp. 41-42}).

Isabel María Salazar, de la Iniciativa 14 millones, un movimiento conservador respecto de los derechos sexuales y reproductivos, manifestó “El aborto no es la solución a la violencia que afecta a las mujeres ni a los embarazos no deseados […] Es muy difícil demostrar que un embarazo es por violación”. Por ello evaluó positivamente la decisión del presidente de no dar paso a la legalización del aborto en caso de violación (^{La República Ec, 2013a}).

En contraste, para Saraí Maldonado y Virginia Gómez, el Estado obliga a las mujeres a ser madres; tal como están las leyes, las obligan a parir al hijo de un violador. “Deberían decidir si quieren o no, porque no estamos diciendo que sean mujeres obligadas a abortar, no hay ninguna ley que obligue a abortar”. Gómez puso el énfasis en que, en ese momento específico, la reivindicación era la despenalización del aborto en caso de violación únicamente, y en que fue una estrategia de Correa decir que buscaban la legalización del aborto sin condiciones (^{La República Ec, 2013b}).

Algunas militantes del movimiento de mujeres manifestaron su solidaridad con las asambleístas: “El trabajo que en la Asamblea usted vio es un trabajo conjunto del Frente, del movimiento de mujeres con las compañeras asambleístas. Mi solidaridad completa […]; esa es una expresión de la violencia política que en este caso viven las mujeres asambleístas”, manifestó Virginia Gómez de la Torre, del Frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (^{La República Ec, 2013a}).

Saraí Maldonado, de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, dijo: “lo de hoy es la muestra más clara de la violencia política e institucional que no nos reconoce como sujetas de derecho y que genera una práctica política basada en el chantaje, la presión y la manipulación” (^{El País, 11/10/2013}).

Este incidente fue captado por los medios de comunicación como una afirmación del autoritarismo del presidente Correa. Pero, al mismo tiempo, rescataron el valor de algunas mujeres asambleístas (^{La República Ec, 2013b}). En la opinión pública, el debate también fue abordado desde la perspectiva de los grupos provida y de los grupos proaborto. Prevalecieron las historias personales de adolescentes embarazadas como consecuencia de una violación y que siguieron adelante con el acompañamiento de los llamados grupos provida, así como testimonios de mujeres que han abortado y se arrepienten de haberlo hecho y que han vivido el supuesto síndrome posaborto (^{Univisión Noticias, 2013}).

Reflexiones finales

La bibliografía que analiza la participación de las mujeres en la política ha examinado la manera en que las mujeres pueden ser instrumentalizadas por los hombres en el poder. Ha mostrado que se elige a mujeres con poca autonomía política, que privilegian lealtades personales de parentesco o de partido (^{Archenti y Tula, 2012}). También se ha debatido largamente no solo acerca de si las mujeres son utilizadas, sino acerca de si, en el ejercicio de representaciones o cargos políticos, las mujeres muestran características diferenciales respecto de los varones (^{Buvinik y Roza, 2004}). Las conclusiones de los estudios son contradictorias, puesto que en algunos de ellos se determina que las mujeres son colaborativas, consensuales, inclusivas, mientras que los hombres tienen perfiles más directivos y de mando. Pero no todos están de acuerdo, porque al final estos argumentos tienden a reproducir estereotipos. Además, destacar que ellas son las que van a “purificar la política” puede ocasionar problemas; si ellas cargan sobre sus espaldas la reforma política y social, pueden generarse expectativas y luego frustraciones (^{Buvinik y Roza, 2004}).

Asimismo, en la bibliografía se advierte una tensión no resuelta entre quienes sostienen que no es necesario focalizarse en los resultados de tener más mujeres en el poder, o en si ellas promueven los intereses de las mujeres, y quienes sostienen que su acceso a la política simplemente es una cuestión de justicia (^{Htun, 2001}). Otras investigaciones afirman que se requiere una representación sustantiva, referida a su estilo de liderazgo, a la forma en que ellas entienden la tarea de representación política y en que defienden o no los temas de mujeres.

Por otro lado, se ha iniciado el análisis del contradictorio tema del feminismo en los gobiernos progresistas de América Latina. Así, ^{Fernández (2016)} se concentra en los encuentros y desencuentros entre los feminismos y las izquierdas, rastreando algunos hitos importantes. Uno de los hitos que analiza es el de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Para la autora, este caso ejemplifica un verdadero “divorcio” entre el feminismo y la izquierda.

En un trabajo reciente sobre el tema más amplio de la representación política femenina, planteo que en Ecuador, y específicamente en el proceso de la Revolución ciudadana, la política de la presencia cobró una importancia inusitada. Se designó una cantidad numerosa de mujeres en cargos públicos no tradicionales y se las promovió en cargos de elección popular. No obstante, el “feminismo estatal” mostró sus límites dando paso más bien a un “feminismo instrumental” (^{Mancero, 2017}). Mientras que el feminismo estatal ha sido definido como el grado en el cual las agencias políticas de las mujeres forjan alianzas con los movimientos de mujeres desde una perspectiva transformadora (^{Mazur y Mcbride, 2010}), el feminismo instrumental ha sido analizado como la utilización que se da a mujeres dirigentes, partidos y mecanismos de género con la finalidad de obstaculizar sus derechos (^{Htun, 2001}).

Esta aparente contradicción entre una numerosa representación de mujeres, pero a la vez una escasa participación en la toma real de decisiones, desde mi perspectiva, tiene que ver con una estrategia, más o menos consciente en el régimen de la Revolución ciudadana, por desactivar las agendas de lo que se ha denominado una “ideología de género” y reinsertar una ideología conservadora y religiosa, asociada con los grupos conservadores que rodean al propio mandatario.

Es un juego claramente político, porque acarrea un tema de poder, y su intención es la desmovilización de la agenda de género. Pero ¿cómo lo han hecho? Hay innumerables signos de que esto ha ocurrido, uno de ellos es la forma en que se posiciona a mujeres en los cargos directivos de la propia Asamblea. Luego, la principal asambleísta sancionada por el impasse de la despenalización, Paola Pabón, es retirada de la Asamblea a cambio de su nombramiento en el Ministerio Coordinador de la Política. Asimismo, se designó a una feminista para que dirigiera el movimiento oficialista Alianza País. Además, se nombró a asesoras del presidente de esta vertiente conservadora, identificadas con el Opus Dei, para que se hicieran cargo de la estrategia para controlar el embarazo adolescente. Todas estas son maniobras de cooptación tendientes a acallar las voces que, en temas de género, podrían ser o ya han sido incómodas.

Esto guarda relación, además, con los discursos de género suficientemente neutrales e inofensivos que han sido instalados en las distintas dependencias del Estado. Esta estrategia se ha conjuntado con otra de carácter táctico: se trata de utilizar el aparato del Estado para llevar a cabo este programa. Este feminismo estatal ha terminado neutralizando cualquier carácter subversivo que atente en contra del orden sexista prevalente.

Al inicio del régimen hubo una actitud permisiva a propuestas novedosas, como campañas contra la violencia, incorporación de presupuestos con perspectiva de género, enfoque integral para controlar el embarazo adolescente, reconocimiento del seguro social para mujeres en labores de cuidado, salario básico para mujeres empleadas domésticas, entre otros. Sin embargo, una vez consolidado el poder del correísmo, no dudó en expresar esta instrumentalización del feminismo tanto en sus discursos como en las propias políticas públicas.

Ahora bien, ¿qué papel juegan las feministas en esta estrategia de instrumentalización del feminismo? No podemos afirmar que sea un camino unidireccional de traición y sumisión, tal como hemos examinado en los hechos relacionados con el intento de despenalizar el aborto en casos de violación. En buena parte de la opinión pública en el Ecuador se ha posicionado la idea de que las asambleístas mujeres de Alianza País son sumisas y que, con su sumisión reconocida, han terminado haciendo un daño irreparable al movimiento de mujeres.

Al dar un seguimiento más pormenorizado a los discursos de las asambleístas, sobre todo de Paola Pabón, he podido constatar que se pretendió hacer lo que se ha denominado una “negociación patriarcal” (^{Molyneux, 2001}), es decir, una concertación estratégica con el sistema patriarcal con la finalidad de que las mujeres sean incluidas en las políticas y en el poder. Ellas sabían que este era un escenario probable y quisieron forzarlo al máximo mediante la estrategia de irrespetar el acuerdo al que llegaron con la bancada y con Correa. Introducir en la agenda la despenalización del aborto por violación fue una estrategia audaz. En ese momento, ellas se jugaron todo, pero ante la reacción presidencial, se replegaron inmediatamente.

Frente a esto, nos preguntamos: ¿por qué las asambleístas no abandonaron el movimiento y aceptaron el silencio de la sanción impuesta? Para ellas la razón, según lo dijo la asambleísta Pabón en su propio discurso, es que “si esto es lo que tenemos, si esto es lo que va a cambiar la vida de los ecuatorianos…”. Es decir, las asambleístas se “sacrificaron” porque por un lado intuían que no podían pedir más de lo que ya tenemos; el correísmo es “lo que tenemos”, es lo posible y viable. Pero a la vez, este régimen era visto como algo que “va a cambiar la vida de los ecuatorianos”. De esta forma contradictoria, el correísmo es visto por las asambleístas feministas de Alianza País como un proyecto de cambio que excluye planteamientos de justicia feminista.

En el gesto de las asambleístas de Alianza País hay un doble renunciamiento: por un lado, renuncian como asambleístas a su agenda feminista de despenalizar el aborto por violación; pero, por otro lado, simbólicamente, piden un sacrificio a las mujeres ecuatorianas violadas que están obligadas a tener ese hijo bajo la amenaza de la prisión. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2013 hubo 32 procesos penales por aborto; en 2014, hasta el mes de julio, 19 casos, y desde agosto de 2014 hasta 2015, con la vigencia del nuevo Código Penal, aumentan a 106 los casos (^{Vera, 2016}).

Más aún, si hay un reconocimiento explícito de que “esto es lo que tenemos”, significa que las mujeres -sobre todo las asambleístas de Alianza País- deben ser estratégicas. Implica que deben ajustarse a esa circunstancia para negociar qué beneficios podrían obtener para no quedar totalmente fuera del juego político, con el riesgo de que sus demandas queden liquidadas o no sean consideradas en ninguna agenda. Si antes las feministas en Ecuador y en América Latina apelaban al maternalismo, por ejemplo, lo hacían porque estratégicamente era una vía válida y posible para disputar en la arena social y cultural.

La negociación patriarcal se establece en los escenarios más complejos para las mujeres, como lo ha documentado ^{Molyneux (2001)}. Las mujeres no son simples sumisas que se alinean al poder de turno y que participan de sus bondades, sino que son capaces de establecer estrategias y negociaciones.

Mi argumento, en este contexto, es que las asambleístas de Alianza País no constituyeron un bloque homogéneo ni tuvieron todas el mismo nivel de compromiso. Algunas asambleístas sin trayectoria de lucha social o feminista fueron un comodín para el correísmo. Mientras que otras, con trayectoria y compromiso, han querido negociar su rol, y el poder patriarcal les ha caído con todo su peso. No obstante, es discutible si esta jugada estratégica terminó siendo favorable a la consolidación de un régimen de dominio sexista o si logró, en efecto, negociar algunas leyes con enfoque de género a favor de las mujeres.

Según la bancada oficialista, el periodo legislativo 2013-2017 estuvo marcado por el enfoque de género. En mayo de 2014 se aprueba la Ley de Consejos de Igualdad para “transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas y promover la no discriminación”. De acuerdo con la Asamblea Nacional, se han promulgado múltiples leyes que transversalizan la perspectiva de género.⁸

Podemos advertir que hay varias leyes en las cuales, en efecto, se prevén articulados a favor de la equidad. No obstante, es necesario hacer un balance entre las leyes aprobadas, las políticas implementadas, el incremento de la representación femenina, por un lado; y por otro, la instalación de un discurso sexista, el retroceso en ciertos derechos sexuales y reproductivos, la manipulación de las estrategias y agendas feministas. En mi análisis, la balanza se inclina hacia el segundo componente.

Sin embargo, no se trata simplemente de un balance; más allá de eso, hay que interpretar esta política como un proceso de negociación permanente entre las feministas y la cúpula del correísmo. En medio del más polémico debate, de la presión interna en la Asamblea y de la presión ciudadana, la asambleísta Pabón intentaba posicionar un discurso de dignidad y de confrontación con Correa, aunque matizado con frases conciliatorias y afectuosas.

Este discurso es elocuente en señalar varias de las tensiones en las que se encontraban las asambleístas: una lealtad al presidente que fue puesta en duda por él, un intento de posicionar de dónde vienen las verdaderas traiciones hacia el proceso político y una tentativa de mantenerse firmes y no aceptar que las expulsen del movimiento, puesto que son portadoras de los más altos ideales del proyecto político: el feminismo y la defensa de la naturaleza.

Por otro lado, el Estado no debe verse aquí como una instancia homogénea y consolidada; al contrario, a través de este estudio vemos cómo el Estado, a través del impasse surgido entre actores de alto nivel político, se dice y se contradice, adelanta y retrocede, afirma y niega. Los debates sobre temas de género son un terreno propicio para visualizar el carácter contradictorio no solo de este feminismo estatal, sino también del propio Estado.

Las asambleístas no tienen una trayectoria lineal o definida de antemano; se han ido adaptando y cambiando de estrategia, de acuerdo a sus interacciones con el propio poder que ha tratado de inmovilizarlas y que, en la mayoría de los casos, lo ha logrado.

Del análisis de la Asamblea en el Ecuador, con una representación de alrededor de 40% de mujeres y que fue dirigida por tres mujeres del movimiento oficialista, se puede concluir que la mayor representación femenina no asegura, per se, una agenda legislativa feminista. En un contexto de fuertes restricciones conservadoras a la autonomía del cuerpo de las mujeres, al aborto y, en general, a los derechos sexuales y reproductivos, las asambleístas feministas del oficialismo trataron de entablar una “negociación patriarcal” que no tuvo lugar, por el carácter del propio régimen correísta, el cual operó como un patriarcado consolidado y asfixió las voces disidentes, que finalmente se terminaron plegando a las imposiciones de Correa.

Por ello, la premisa de ^{Htun (2001)} acerca de que la inserción de mujeres es cuestión de justicia, en este contexto, se muestra más plausible que la exigencia de que las mujeres legislen a favor de sus intereses. Sin embargo, en contextos de persistencia de prácticas patriarcales constituye una demanda social la sensibilización y la representación sustantiva que puedan hacer las mujeres a favor de sus propios intereses. En el país, ha constituido una paradoja el hecho de que, cuando más mujeres hubo en la Asamblea y su dirección, precisamente, los denominados “intereses de género” hayan sido pospuestos.