Introducción

La pandemia del coronavirus es un revelador del rumbo civilizatorio equivocado y suicida a donde el capitalismo salvaje y la globalización neoliberal nos han llevado. Al ser causada por una zoonosis, es importante tomar conciencia de los peligros cada vez más ominosos que nos acechan si seguimos saqueando la biodiversidad y envenenando el ambiente planetario en busca de ganancias fáciles (rentas), de bienes de consumo suntuarios o innecesarios, de poder económico y político y de la urgencia de cambiar al modo de producción y de consumo.

El origen de esta pandemia, sólo equiparable en la modernidad a la epidemia de gripe española de 1918-1919, podría estar en la transmisión del virus de animales silvestres como una especie de murciélago a la humanidad, por medio del consumo de su carne: se trataría, entonces, de una zoonosis. O podría ser la hipótesis reveladora de dos procesos críticos: el choque cultural que provocó en China la modernización ultrarrápida traída por el capitalismo salvaje en una sociedad con usos y costumbres, todavía tradicionales, y en un sistema político que controla la información y la libertad de expresión política; la gran transformación de la industrialización capitalista tomó un siglo en Europa y menos de 40 años en China, lo cual generó graves desequilibrios rural-urbanos y entre sociosistemas y ecosistemas. Por otro lado, la urbanización descontrolada del planeta, la cual avanza a pasos agigantados sobre las reservas forestales y las zonas rurales de agricultura campesina, agotando sus fábricas naturales de agua y de oxígeno; constriñendo los hábitats de la fauna salvaje para buscar su subsistencia cada vez más en áreas habitadas; sin olvidar el tráfico de especies faunísticas silvestres y amenazadas.

El otro fenómeno que facilitó la propagación rápida de la pandemia fue la globalización económica y de las comunicaciones al segmentar y desterritorializar las cadenas de producción y al facilitar los viajes aéreos intercontinentales (negocios, turismo, migración). Los gobiernos reaccionaron tarde y erráticamente a la irrupción de la plaga en la adopción de programas de prevención, como el confinamiento obligatorio, de tratamientos y de pruebas, además del rastreo a posibles contaminados, incluso presentaron ausencia de solidaridad con los países menos desarrollados. Esta actitud no difiere mucho de la población europea y norteamericana, en especial la joven, la cual no hizo caso de las medidas de precaución y de encierro, sin tener la excusa de tener que ir a trabajar por no gozar de ayudas públicas al desempleo parcial, como ocurrió en los países emergentes y en vía de desarrollo.

Las consecuencias de la pandemia han sido social y económicamente inicuas, y evidenciaron el desmantelamiento parcial o total de los sistemas de protección social de los países desarrollados, cunas del estado de bienestar, de su carácter inacabado o destrozado en los países emergentes o de su ausencia en los países más pobres. La desigualdad económica entre países del Norte y del Sur se ahondó con el acaparamiento de la mayor parte de las vacunas por los primeros y el monopolio de las ganancias de patentes por media docena de grandes laboratorios farmacéuticos.

La población pobre fue la que ha padecido más los estragos del virus, pues 94% de los muertos por el coronavirus en México procedieron de las clases populares de la población.

Los migrantes fueron víctimas predestinadas porque los rechazaron o restringieron su acceso en los sistemas de salud públicos de los países de tránsito o de destino por falta de documentos y quedaron sin ingresos al perder sus empleos precarios o informales, debido al confinamiento parcial. Los desplazados internos, forzados por la violencia generalizada, quienes viven en campamentos precarios, padecen la misma vulnerabilidad, pues están en condiciones de hacinamiento y a la intemperie, incluso reciben una atención médica esporádica y superficial.

Los indígenas, casi al igual que durante la Conquista, fueron más vulnerables a la epidemia por carecer de defensas en su metabolismo y de servicios médicos especializados. En efecto, ellos no estuvieron libres del peligro por vivir en parajes apartados de serranías y desiertos (zonas de refugio), pues desde hace décadas han migrado temporalmente a las ciudades y a las plantaciones de exportación del norte del país, como estrategias de sobrevivencia; pero el desempleo causado por el confinamiento los orilló al retorno a la concha protectora de su comunidad. La pandemia cobró un tributo muy pesado entre los pueblos originarios por su extrema pobreza, su desnutrición, malnutrición y por la falta de servicios públicos de agua, saneamiento, comunicación y cobertura médica; incluso los indígenas en la ciudad sufrieron hacinamiento en patios de vecindad y en la calle, no los atendían debidamente por el sistema de salud, pues eran trabajadores informales.

El artículo consta de cuatro apartados y unas conclusiones, se inicia con los efectos socio-económicos devastadores de la pandemia y su impacto sobre hombres y mujeres indígenas campesinos y migrantes; luego aborda los factores de evitación del riesgo y de vulnerabilidad de los pueblos originarios; los migrantes de retorno aparecen en el tercer apartado, como víctimas potenciales de contagio y probables transmisores a sus comunidades de origen; a continuación, se discuten los motivos de la poca visibilidad del peligro de la pandemia en los pueblos indígenas, en términos de percepción social del riesgo. Después se recalcan las formas de resiliencia de los pueblos originarios ante la epidemia, mediante los cierres de sus territorios, la medicina tradicional, la búsqueda de autonomía alimentaria y la gestión de su salud y de la información, por las organizaciones sociales indígenas; en las conclusiones se cuestionan las políticas del gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria y se hacen recomendaciones de cambio de rumbo económico y social. El enfoque metodológico del trabajo es con base documental al usar fuentes bibliográficas y hemerográficas, en particular encuestas e informes de organizaciones de la sociedad civil y cooperativas indígenas que realizan labores de fortalecimiento de los recursos alimentarios y sanitarios autónomos en comunidades indígenas.

1. Efectos socioeconómicos de la pandemia

Los impactos económicos del COVID-19 en el ámbito mundial fueron tan graves que desató una crisis económica mayor que la crisis financiera de 2008 y no tiene parangón desde la Gran Depresión de 1929. En México se estima en 9% la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, en casi un millón de empleos perdidos y en varios millones de “nuevos pobres”, tanto de las clases populares como de las clases medias.; la población desocupada subió de 2 200 000 a 2 800 000 de personas,¹ y lo más preocupante, los subempleados pasaron de 4 300 000 a 8 700 000; esto refleja una pérdida de horas de empleo y de salarios [^{Reforma 18/11/2020}]. La población ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos aumentó 4.2% y pasó a 76% del total, 3/4 de la Población Económica Activa (PEA), pero se registró una caída del ingreso real laboral de casi 41% del primer quintil (20%) de la población, respecto al primer trimestre de 2020, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) [^{El Universal 2021}]. A la par, aumentaron los precios de los alimentos y bebidas, como el pollo, frutas y verduras, carnes rojas y pescado, por arriba de la inflación, en especial en el área rural y causó una reducción del gasto en la compra de alimentos de 47% de la población durante la pandemia, elevando a 59% de la población la que tiene algún grado de inseguridad alimentaria, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) [^{Reforma 15/06/2021}], lo cual, aunado al incremento por la pandemia, del uso de servicios privados de salud, en especial los ligados a farmacias, no entre los mejores, habla de un proceso de pauperización de la población acelerado y de un deterioro de la calidad de la dieta y la salud de los mexicanos. La pandemia y su correlato, el confinamiento, produjeron un empeoramiento de la dieta de la población, pues se consumió más alimentos ultra procesados, dulces, botanas, comidas rápidas, gaseosas, tendencia favorecida por las compras en línea. El problema es que esto hace más vulnerable al virus a las personas:

Consumir alimentos ultra procesados se relaciona con el desarrollo de obesidad, enfermedades cardiovasculares y menor crecimiento en los niños (4). Además, este tipo de alimentación puede afectar la inmunidad adaptativa y aumentar la inmunidad innata, lo cual conlleva a una inflamación crónica de baja y muy baja intensidad que perjudica las defensas contra patógenos virales, lo que podría implicar ser más a susceptible a enfermedades originadas por virus como COVID 19 [^{Ramos et al. 2020: 266}].

La población indígena no está exenta de estas enfermedades crónicodegenerativas, entrecruzadas con las patologías de la pobreza (gastro-intestinales, respiratorias, infecciones tropicales); el cierre de los mercados y tianguis por autoridades locales ha agravado su inseguridad alimentaria y su malnutrición, al provocar, a veces, conflictos con los moradores.

La pandemia y el confinamiento subsecuente generaron un aumento de la precariedad laboral y de los empleos inestables de los indígenas, incrementaron la población en riesgo de quedarse sin recursos económicos. En la Montaña de Guerrero las restricciones al comercio y la disminución de la economía informal han detonado una crisis de subsistencia, agudizada por los gastos médicos extra de las familias afectadas por el COVID-19, ante la falta de recursos del sistema de salud, sólo resistida por los envíos de remesas que se dispararon en 2020 [^{EDUCA 2020: 17}].

El desplome de la ocupación y del ingreso a partir de abril 2020 evidenció la ausencia de un plan de apoyo al salario, tal como una indemnización al desempleo parcial, como se hace en otros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En estas circunstancias, no era casual que el confinamiento no se pudo instaurar de forma generalizada y que en junio de 2020 y marzo de 2021 se empezara a levantar por la sencilla razón que la mayoría de los trabajadores tenían a fuerza que salir a trabajar en sus empleos² o en autoempleo.

La pandemia agudizó las inequidades de clases, etnoculturales y de género; las mujeres resintieron más sus estragos frente a los hombres: muchas perdieron sus empleos por la necesidad de cuidar y apoyar a sus niños o en casos de enfermedad en casa; otras no pudieron vender productos elaborados por ellas o mercancías comerciales debido al cierre de mercados y tianguis, en general tuvieron menor acceso a servicios de salud por tener una tasa de empleo formal menor, como el caso de las trabajadoras domésticas —en particular las indígenas y campesinas— y se tradujo, entonces, en un aumento de la mortalidad materna,³ incluso las mujeres jornaleras agrícolas se vieron expuestas al contagio por su hacinamiento en campamentos [^{ONU-UNESCO 2020}].

Otro efecto indirecto de la pandemia que afectó en particular al campo y los territorios indígenas fue el aumento de la inseguridad, la segunda pandemia que ha diezmado la población mexicana rural, sobre todo a los jóvenes. La inseguridad se intensificó, en particular las agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de comunidades en resistencia contra el despojo de sus tierras. Se ha notado un avance del control de los cárteles de la droga en el campo debido a la incapacidad de las fuerzas de seguridad pública y de protección civil del Estado de ejercer todas sus funciones de control del territorio ante la emergencia sanitaria. Casi un 26% de los entrevistados resaltó situación de crisis de seguridad y un aumento de los robos, asaltos y amenazas [^{EDUCA 2020: 19}]. Es probable que la reducción de la vigilancia policiaca y de la Guardia Nacional, ocupadas en otras tareas emergentes, propició la ocupación de nuevos territorios por el crimen organizado, al cual no detuvo la pandemia, y la aprovechó al organizar reparto de despensas y juguetes para mejorar su imagen.

2. Riesgo y vulnerabilidad de los pueblos originarios

3. Percepción social del riesgo

Si la enfermedad es un objeto causado por un agente “exterior” que afecta a los grupos humanos, éstos la interpretan por medio de sus representaciones colectivas o sociales, frutos de la interacción social y la comunicación múltiple: “Lo que las representaciones colectivas traducen es la manera en que el grupo se piensa en sus relaciones con el objeto que los afecta” [Durkheim apud ^{Jodelet 1989: 68}]. Las representaciones son “una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, con un objetivo práctico y que participa de la construcción de una realidad común a un conjunto social” [^{Jodelet 1989: 53}]; tienen un alto contenido simbólico o ideas-imágenes, no sólo son formas cognoscitivas sino valorativas —su interpretación se considera no únicamente verdadera sino buena—, afectivas y emotivas e incitan a la acción; se sitúan fuera del discurso científico, pero tienen su racionalidad de sentido común en la medida en que pueden ser corroboradas por su acción sobre los hechos; surgen en grupos sociales específicos y en sistemas culturales e ideológicos más amplios, en contextos de falta de información y de incertidumbre de la ciencia, ya sea por abrigar varios paradigmas explicativos o porque ha demostrado sus límites y sus efectos colaterales dañinos o sus desarrollos técnicos peligrosos [^{Beck 2006}] y se difunden de boca en boca o se replican de un medio masivo a otro [^{Jodelet 1989: 51}].

La diseminación comunicativa, de las representaciones, sirve de válvula de seguridad en situaciones ansiógenas o intolerables, cuando el miedo ante lo extraño da pie a rumores o a esquemas conspirativos; sustituyen a los mitos y leyendas de las sociedades tradicionales, pero heredan ciertos rasgos y poderes, en aras de explicar algún acontecimiento inusual, como la aparición de una epidemia [^{Moscovici 1989}]. Son producidas por ciertas categorías de personas encargadas de difundir los conocimientos científicos y artísticos, como los médicos, los divulgadores, periodistas mediáticos y propagandistas políticos: son los hacedores de mitos de hoy y la codificación de sus saberes les da una autoridad sin par [^{Moscovici 1989: 100}].

Cuando ciertas representaciones sociales se difunden de modo amplio y duradero, se convierten en representaciones culturales, como las tradiciones, o más efímeras, como las modas, pero todas se propagan como epidemia: su explicación causal remite, por tanto, a una “suerte de epidemiología de las representaciones” [^{Sperber 1989: 145}]. Las versiones fantasiosas sobre el origen de la pandemia se expandieron en todo el mundo, desde las atribuidas a experimentos fallidos de armas biológicas en laboratorio, a una conspiración del expansionismo chino o a una simple gripa exagerada por los gobiernos para suprimir libertades de circulación y reunión. Reproducidas, de manera masiva. por las redes sociales virtuales, plagadas de fake-news, su rápida y expansiva propagación se caracterizó como infodemia, en un símil con la pandemia.

Como consecuencia de las representaciones sociales, la percepción social del riesgo es otro factor que ha agudizado la morbilidad del sars-cov-2 en comunidades indígenas: “la creencia o no en la existencia de la enfermedad y en su amenaza real, ya que las medidas de protección se inician solo si se reconocen casos positivos en la comunidad” [^{Hernández 2020: 9}]. Las insuficientes, erráticas y contradictorias campañas de información oficial sobre la gravedad de la enfermedad y las medidas preventivas necesarias, la falta de comunicación en lenguas indígenas de la Secretaría de Salud, la desconfianza y los rumores hicieron mella en la credibilidad de las autoridades. Por lo demás, el riesgo ante una amenaza era una percepción social variable según las culturas y la condición socioeconómica de la población: “La construcción social del riesgo es la combinación dinámica y dialéctica entre percepciones y vulnerabilidad acumulada que se manifiesta de manera diferenciada en diversos territorios y escalas” [^{Alfie 2020: 80}]. Si la vulnerabilidad depende del grado de marginación social y del nivel educativo de las personas, la percepción del riesgo es función del grado de inseguridad habitual de la vida y de la capacidad de hacerle frente:

La idea de que los riesgos se convierten en tales se concretiza en la medida en que son internalizados por la sociedad en los ámbitos normativos, cognoscitivos y simbólicos. Cada sociedad elige el horizonte de sus preocupaciones, según las posibilidades de enfrentar los problemas que detecta. Los riesgos y daños son una suerte de destilación que elimina algunos y selecciona otros. Por ello, no basta que las amenazas y los riesgos estén allí para ser percibidos; se requiere también “una voluntad social de ver” [Lezama 2004 apud ^{Alfie 2020}].¹³

La reacción ante la amenaza deriva de las estrategias de sobrevivencia de las familias y el nivel de adaptabilidad de los hogares y de la comunidad. Por ello, la enfermedad fue considerada como simple gripa al principio en muchos pueblos y fue negada por los afectados y su familia después por temor al ostracismo del resto de la población, cuando cundió el miedo al ocurrir varios fallecimientos:

Al mismo tiempo (los indígenas entrevistados) reconocieron mucho temor por decir que tienen los síntomas, pues temen al estigma que puede representar en sus comunidades. Es así como documentamos testimonios de personas que no quieren admitir que tienen los síntomas y otras personas que creen tener los síntomas, pero tienen miedo de ir a los centros de atención COVID. Encontramos un fuerte arraigo en la desconfianza de los indígenas con las instituciones de salud, la atención que ahí se provee y la importancia que le dan a las vidas indígenas [^{EDUCA 2020: 14}].

Por otra parte, la gente en las comunidades indígenas a menudo no reconoció el nuevo peligro por desconocimiento, acostumbrados a tener casos de neumonía o incluso tuberculosis, muchas veces mortales, así que complicó tomar medidas de prevención, además fueron mal aceptadas en casos de reuniones sociales para rituales sagrados o profanos (bodas, entierros, misas, fiesta al santo patrón, ferias y tianguis, etc.) debido a la importancia de la religión para los indígenas, la cual se magnifica en tiempos de incertidumbre como ahora, la solidaridad familiar y la cohesión comunitaria. Algunas sectas religiosas cristianas sembraron el miedo a la vacunación y desataron movimientos comunitarios de rechazo a los equipos de inmunización.

Por si fuera poco, una ola de desconfianza hacia el plan de vacunación recorrió las comunidades indígenas, pues en Chiapas 99 comunidades de 25 municipios rechazaron la instalación de puestos de vacunación y en la región de Las Margaritas los adultos mayores se negaron a vacunarse, en Chilón (sierra norte) autoridades y sectores de la población “no están convencidos del plan de inmunización para enfrentar la pandemia”, y en Ocosingo hasta los maestros eran escépticos; el repudio a la vacunación se manifiestó en regiones afectadas por conflictos socio-políticos, como Las Margaritas, Oxchuc, Chenalhó, El Bosque, Larrainzar, Ocosingo, Tenejapa, Venustiano Carranza y Nicolas Ruiz, con influencia del movimiento zapatista o de otras organizaciones políticas izquierdistas [^{Reforma 6/2/2021}]. Esta renuencia a la vacuna podría estar relacionada con el recuerdo de casos de pruebas médicas sin consentimiento y de esterilización forzada de mujeres y de hombres de parte de la Secretaría de Salud,¹⁴ con el rechazo al ejército, encargado de aplicar las vacunas en estas zonas, y con la información engañosa y errática del gobierno sobre su campaña de vacunación.

Por ende, la lucha por la sobrevivencia cotidiana no dejó margen para percibir el riesgo de una amenaza: “La evidencia de la miseria impide la percepción de los riesgos” [^{Beck 2006: 64}].

En suma, el saldo de morbilidad y mortalidad de la pandemia en regiones indígenas ha ido aumentando desde junio 2020; ya no quedan “municipios de la esperanza” con ningún caso de contagio. Las comunidades con casos de sars-cov-2 aumentaron de 8.7% a 32.25% entre el segundo y el tercer monitoreo realizado por el Pool de ONG [^{EDUCA 2020: 12}]. A finales de agosto 2020, en México el acumulado de casos positivos en población indígena era de 7 905 siendo Yucatán el estado más afectado (1 581 casos), seguido por Oaxaca (733 casos) y San Luis Potosí (716 casos). Los grupos de edad más afectados eran los rangos de 35 a 54 años, lo cual significó que el COVID estaba impactando en la población en edad productiva, 57% eran hombres y 43% mujeres; las cuatro ocupaciones con mayor número de casos eran: trabajadores (as) del hogar con 1 725, empleados con 1 399, trabajadores de salud con 985 y campesinos con 786. Es de notar el alto número de personal de salud contagiado, puesto que México fue el país que lamentó el mayor número de médicos y enfermeras (3 000) muertos debido a la pandemia. Del total de indígenas confirmados con COVID-19, 35% fueron hospitalizados, indicio de una baja tasa de hospitalización, ya sea por lo inocuo de los síntomas o por la falta de accesibilidad y disponibilidad de los hospitales; podría, entonces, ser señal de una tasa de mortalidad mayor a la oficial, que registra, sobre todo, las muertes en hospital. El total de defunciones de indígenas era de 1 167, con una tasa de letalidad de 14.76%, mayor al promedio nacional de 10%, 65% corresponden a hombres y 35% a mujeres. Las comorbilidades asociadas a las muertes son: la hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades que han proliferado en las poblaciones indígenas como consecuencia de cambios en su dieta [^{EDUCA 2020: 5}].

4. Resiliencia: de los pueblos indígenas

Las tribus amerindias sin contacto hasta inicios del siglo XX pudieron sobrevivir históricamente al refugiarse en territorios de difícil acceso (selvas, serranías) y sellaron sus comunidades al ingreso de los blancos y otros intrusos mestizos. De modo similar, trataron de cerrar su territorio a la llegada de fuereños de la ciudad (comerciantes, funcionarios) para protegerse del contagio. Las comunidades indígenas de Chiapas, como las zapatistas, implementaron un cordón sanitario para impedir los ingresos indiscriminados y prohibir el tráfico de personas; pusieron en cuarentena a sus emigrantes retornados o pendulares, aislándolos en su casa o impidiendo su ingreso [^{Esteva 2020}; ^{Chacón 2020}; ^{Puga 2020}]: “en las primeras semanas de la emergencia sanitaria, el 43.48% de las comunidades monitoreadas reportaron haber tomado medidas de aislamiento para las personas que retornaron y un 39.13% mencionaron no estar llevando a cabo ninguna medía de aislamiento” [^{EDUCA 2020: 10}]. Sin embargo:

En el siguiente monitoreo, el porcentaje de comunidades que llevaban a cabo estas medidas descendió a 25.81%; en contraposición, aumentó el porcentaje de comunidades que mencionan no estar llevando a cabo medidas de aislamiento situándose en 54.84%. Esta reducción significativa de las medidas se explica por tres razones: 1) en comunidades de Chiapas y Oaxaca, el desgaste económico de las comunidades por mantener los espacios de aislamiento ha hecho imposible su seguimiento; 2) en comunidades de la Montaña de Guerrero, la falta de insumos médicos ha provocado que las medidas de aislamiento, así como las de prevención y mitigación (pruebas, etc.) no puedan llevarse a cabo. 3) en comunidades de Michoacán y Oaxaca, estas medidas de aislamiento han detonado conflictos entre pobladores [^{EDUCA 2020: 10}].

En el mismo tenor de ejercicio de su autonomía, las comunidades indígenas con suficientes tierras y milpas se replegaron hacia su autosuficiencia alimentaria, producían sus alimentos básicos y organizaban intercambios con otras comunidades indígenas y pueblos de la región o del estado [^{Esteva 2020}]. Empero, la mayoría de las familias campesinas indígenas no eran autosuficientes en maíz, en especial en Oaxaca y Guerrero, no disponían de medicinas e instrumentos médicos para poder vivir en autarquía y combatir la pandemia, por lo que su dependencia a los programas asistenciales del gobierno se acentuó.

Las cooperativas multifuncionales indígenas respondieron a la pandemia, desarrollaron sus principios y prácticas de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y de educación popular: la Tosepan Tititaniske de Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla, tiene un programa de salud preventiva muy amplio e implantado con promotoras con formación de pasantes médicas y cientos de guardianes de la salud familiares, quienes detectan síntomas patológicos tempranos en su entorno y permiten hacer diagnósticos comunitarios en tiempo real, organizar jornadas de la salud de tomas de muestras y detección de enfermedades; además las guardianes de la salud promueven el cultivo de hierbas medicinales de traspatio (más de 50 tipos), saben elaborar tinturas con ellas, que se venden a módico precio, como todos los servicios de la Tosepan Pajti, accesibles a todos y no sólo a los socios de la cooperativa [^{Bartra et al. 2018}].

Esta cooperativa echó a andar, al estallar la pandemia, su Iniciativa Tayolchikawalis, de la cual han derivado diversas acciones solidarias, como la creación de una campaña de comunicación mediante la Radio Tosepan, difusora de cápsulas radiofónicas y cada semana dedica un programa donde se abordan preguntas y respuestas sobre la pandemia; aunado a esto se realizó un manual de información, prevención y acción ante el COVID-19, dirigido a comunidades indígenas; de forma solidaria también se entregaron canastas con productos propios de la cooperativa a la comunidad Taxipehual en el estado de Puebla —fue la primera ocasión cuando se detectó el primer caso de COVID-19— y se hicieron chequeos de salud a los adultos mayores [^{Couturier et al. 2020: 103}]. Otras cooperativas femeninas de tejido de prendas en Chihuahua y en el sureste orientaron su producción a la fabricación de cubrebocas, pues en las farmacias locales no tenían ni gel; las cooperativas de ecoturismo, duramente afectadas por la cancelación de viajes turísticos, como la Red de Turismo Comunitario Maya, se dedicaron a capacitarse en la atención a los turistas, en especial en medidas de protección sanitaria. [^{Couturier et al. 2020: 104}].

Los zapatistas disponen de un sistema de salud autónomo, con promotores, formadores, consejos locales de salud, coordinaciones zonales que planean las campañas sanitarias y representantes ante las Juntas de Buen Gobierno, que, si bien no alcanza una medicina de primer nivel, puso a disposición de las comunidades bases de apoyo una salud gratuita y accesible por ser intercultural.

Ante las carencias del sistema de salud público, los indígenas recurrieron a su medicina tradicional y a sus curanderos, parteras y herboristas conocedoras de la herbolaria curativa, que han adquirido cierta legitimidad en la sociedad y las instituciones nacionales al organizarse en asociaciones de médicos alternativos indígenas. Esta medicina consiste en:

Desalojar del individuo las fuerzas negativas y recargarlo en energías positivas, por medio de todos los medios culturales (ritos y remedios) de los que dispone esta (terapéutica), abierta siempre al exterior, el cual no es vivido en tanto que diferencia de la que hay que protegerse, como en la medicina moderna, sino como algo constitutivo de una identidad en movimiento constante [^{Laplantine 1989: 311}].

La medicina tradicional fortaleció el sistema inmunológico, para prevenir el contagio, aminorar los efectos de la enfermedad [INPI 2020] y logró mantener, de manera efectiva, la contaminación del virus en tasas bajas, disminuyó la fiebre de los infectados. Sin embargo, la falta de pruebas y su alto costo no permitieron detectar los casos de COVID-19 [INPI 2020]; el inventario de plantas, raíces y la sistematización de sus propiedades, así como su procesamiento en microdosis o tinturas no eran estudios ni proyectos generalizados,¹⁵ lo que limitó su eficacia. Los casos más graves requirieron de la medicina alopática, pero cuando se consiguió, no existió coordinación de sus practicantes y agencias con los(as) curanderos (as) tradicionales, se dio, entonces, una ruptura entre la medicina que buscaba sanar no sólo el cuerpo sino también el alma, y la ciencia médica, especialista que carece de un enfoque holístico del cuerpo y del ser humano.

En todo caso, ante la ausencia de cura y vacunas durante 2020, la medicina indígena representó una alternativa y un recurso menos oneroso que la moderna, al suplir sus rezagos en regiones y estados marginados.

Conclusiones

La tragedia de los gravísimos saldos de la epidemia de coronavirus (130 000 muertos, 2 000 000 de contagios a finales de 2020) se tiene que acreditar a fallas estructurales del Estado y a la reacción del gobierno del presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador: como rémora acumulada y exhibida en los sismos de 1985, el debilitamiento del Estado en sus funciones de garantizar la seguridad social de sus ciudadanos, que se tradujo en un rezago del número de médicos y enfermeras (faltarían unos 200 000 practicantes), de centros de salud, clínicas, hospitales, de insumos, medicinas y en una marcada inequidad entre los servicios públicos de salud —Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), Secretaría de Salubridad y Asistencia (^SSA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaria de la Defensa nacional (SEDENA)— que afectó a los no asegurados sociales, a los afiliados al Seguro Popular y en la cobertura entre Estados.

La falta de una política de soberanía, seguridad e inocuidad alimentarias había cavado desde hace más de 30 años el lecho a la explosión de enfermedades crónicodegenerativas (obesidad, diabetes, hipertensión), disparada por los niveles salariales de infrasubsistencia de gran parte de la población. Sin embargo, las respuestas del gobierno actual han exacerbado estas carencias y vulnerabilidades al retrasar por un mes la decisión de confinamiento y al no advertir a la población de la gravedad de la pandemia sin asustarla y no recomendarles medidas preventivas eficaces, cuando había que dar la información verdadera, explicarle al público, “sin mentir, sin desestimar, sin minimizar, pero transmitiendo tranquilidad.” [doctor Kuri apud ^{Karam et al. 2015: 156}]; al haber debilitado el sistema de vigilancia epistemológica (laboratorios y pruebas) y desmantelado el Seguro Popular para crear un sistema único y universal de salud, el Instituto de Salud para el Bienestar (insabi), sin contar con los recursos financieros ni planeación seria; al haber trastrocado el sistema de distribución de medicamentos del país para sustituirlo por un dispositivo público improvisado e ineficaz, que agravó la falta de reservas estratégicas de insumos (medicinas, pruebas, equipos); al no implementar sistemas de pruebas, de filtraje y de triage de los casos con síntomas para canalizarlos a los centros de salud adecuados y sistemas de rastreo de los contactos de los enfermos; al no proteger lo suficiente a su personal de salud, que tuvo que deplorar 2 300 muertos por contagio; al no abrir inmediatamente todos los hospitales públicos a los pacientes, independientemente de su afiliación institucional y al no permitir el acceso a hospitales a enfermos no graves que empeoraron y fallecieron después [^{Karam et al. 2015}].¹⁶

A pesar de tener una economía emergente, si bien México no tendría las finanzas públicas lo bastante robustas para subsidiar a los damnificados económicos del confinamiento, era menester sacrificar temporalmente los programas sociales electorales, los megaproyectos de dudosa prioridad y la disciplina financiera, aumentando el déficit de la cuenta pública y la deuda o reduciendo los pagos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y a otros hoyos negros financieros para ayudar a los trabajadores despedidos por el cierre temporal de empresas.

La inicial evasión de los riesgos de propagación del virus de parte de los pueblos indígenas se debió a su aislamiento, su baja densidad y su movilidad reducida; sin embargo, la migración circular interna y la doble presión de la crisis económica y persecución sobre los migrantes internacionales indocumentados para su retorno, así como los inevitables intercambios comerciales y festivos de las comunidades, introdujeron el virus con el tiempo, aunque en menor medida que en las aglomeraciones urbanas.

La falta de infraestructura de salud suficiente y de buen nivel, el alejamiento de los centros administrativos, la baja cobertura de aseguramiento social y la discriminación institucional a los indios [^{ONU-DH 2020}], produjo entre ellos una tasa de letalidad de la pandemia mayor que el promedio nacional, sin olvidar el cambio de dieta en las familias indígenas, la percepción social insuficiente del riesgo en las comunidades y una comunicación deficiente de parte del gobierno de la amenaza, que agudizaron sus efectos. Empero, algunos pueblos originarios levantaron barreras de resistencia a la expansión de la patología, desde el repliegue en la autosuficiencia alimentaria, los cordones sanitarios y cuarentenas, el recurso a la medicina herbolaria y al curandero, hasta la implementación de sistemas de salud autónomos y la solidaridad material e informativa de las cooperativas. Sin embargo, es preciso decir que ante la alta agresividad en morbimortalidad del virus, se hacía imprescindible una intervención masiva del Estado, las cuales no se debe limitar al aspecto sanitario, sino que, ante la profundidad de la crisis económica desatada, debió de abarcar ayudas importantes a los trabajadores despedidos o suspendidos y a las empresas micro, pequeñas y medianas.

En fin, sin manía de politizar las causas y efectos de la pandemia, es preciso reconocer que su origen desveló los estragos que los modos actuales de producción, distribución y consumo, de reparto y redistribución de la riqueza han provocado en los biotopos del planeta y en la repartición de la riqueza y de los servicios públicos. Cuando la epidemia se haya agotado o haya sido vencida por nuevas vacunas, es importante no olvidar las lecciones que dejó de la costumbre a la sobriedad de la “economía de guerra”, a la búsqueda de mayor autonomía en la satisfacción de nuestras necesidades, sobre todo a exigir a los poderes políticos y económicos un viraje en las orientaciones tecnológicas y económicas de nuestras naciones, hacia un desarrollo que no deprede irreversiblemente la naturaleza, a una revalorización de la economía del cuidado y a un fortalecimiento de las políticas sociales y servicios públicos de los Estados.