Capitalizar el campo de Jesús Méndez Reyes es una contribución indispensable para el estudio de la historia económica y de la historia política de México, la cual se desprende de una investigación doctoral y fue publicada por El Colegio de México. De manera concreta, es una investigación sobre los antecedentes, constitución y primeros años del Banco Nacional de Crédito Agrícola (creado en 1925), en un periodo que va del porfiriato a la década de 1940. Pero la obra presenta una historia con tres líneas paralelas que van entretejidas a lo largo de la narrativa. Una es de historia financiera, de las instituciones financieras creadas en el primer tercio del siglo XX para el desarrollo agropecuario y por extensión para la organización rural. Otra línea que corre en el libro es la historia de la relación entre el sistema político y el sistema financiero, el interés del Estado en participar en el sistema financiero, y con ello, en la economía del medio agropecuario, que en ese entonces era una parte importante de la economía mexicana. La tercera línea es una historia de las ideas económicas y los debates sobre el desarrollo del sector agropecuario, reflejados en la política económica y en los proyectos de desarrollo hacia ese sector. En investigaciones previas, el autor ha incursionado profundamente en esta materia.

El libro pertenece a una tradición de historia financiera y de historia de la política agraria de México. Sin duda, hace una aportación importante para el período posrevolucionario en ambos campos. En términos de la relación del sistema político con el sistema financiero, el libro se puede insertar en una corriente global más amplia desarrollada recientemente por autores como Stephen Haber. Asimismo, con tri buye indirectamente a la historia global del capitalismo, al explicar instrumentos que permiten el desarrollo de una actividad económica global.

Capitalizar el campo permite tener una visión que cubre varios episodios históricos acerca de la acción del Estado en el sistema financiero y el medio rural y agrícola. Esa visión de relativa larga duración es necesaria para el trabajo del historiador económico y financiero. En este sentido y en cuanto al problema que atiende, la investigación contribuye a entender los antecedentes de las instituciones posrevolucionarias. En ello, el libro logra trazar un continuo elegante e históricamente atractivo, y muestra su relevancia historiográfica para explicar la formación de instituciones financieras posrevolucionarias. Para los que estudiamos el período inmediato posterior, este libro aporta precisión y claridad de esa maraña que fueron los años veinte y treinta. Con claridad se hacen evidentes los orígenes de los proyectos institucionales, más allá de los programas agraristas posrevolucionarios.

La introducción al libro arranca explicando sus grandes motivaciones, fuentes y la articulación de la investigación. En el segundo capítulo se plantea una explicación sobre el contexto del financiamiento al medio rural, así como su apremiante necesidad a lo largo del siglo XIX. Algunos de los antecedentes del financiamiento gubernamental al campo se remontan al Porfiriato. Por ejemplo, la Comisión para el Estudio del Crédito Agrícola, activa entre 1909 y 1913, se encargó de evaluar las necesidades financieras del campo mexicano y los mecanismos para capitalizarlo. Abrevaba en la experiencia alemana (su sistema de organización colectiva del campo), por un lado, y por el catolicismo social y su promoción también en la caja de ahorro como mecanismo solidario de los productores: crédito cooperativo. Muchos países en Europa adoptaron modelos de este corte para capitalizar un campo alejado de los grandes mercados de capital y del sistema bancario comercial de capital foráneo.

En el capítulo subsecuente se aborda el tema de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, una respuesta del gobierno de Díaz para enfrentar la demanda de crédito del campo. Pero justo no atendía del todo la dificultad de que el productor medio obtuviera acceso a recursos. El fomento debía dirigirse hacia ellos, pero la Caja no podía hacer préstamos inferiores a los 200 mil pesos porque las garantías eran limitadas; esto en un entorno de derechos de propiedad insuficientemente definidos, tema que la Comisión señaló como uno de los obstáculos a vencer. Una alternativa fue la fundación de instituciones de responsabilidad mancomunada, es decir, organizar sociedades mercantiles a partir de la unión de productores campesinos, por lo que se hacían accesibles a los pequeños productores y la producción quedaría en prenda, los títulos signados por el mutuatario serían garantía subsidiaria y el monto a prestar debía limitarse y democratizar su acceso. Pero eso no era viable en la legislación de la época, pues fundar un banco agrario como éste requería de licencia federal y otras dificultades burocráticas. Posteriormente, con el gobierno de Huerta, la Caja representaba una fuente de financiamiento inmediato; los créditos se detuvieron y también la recuperación de la cartera y con ello se echó por la borda cualquier posibilidad de que la agencia tuviera futuro. Entre 1913 y 1915 los préstamos se destinaron a grandes deudores, incluso varios clientes no tenían relación con el campo (por ejemplo la Fundidora de Monterrey).

En el periodo de los años veinte y treinta se definió un nuevo arreglo institucional del Estado mexicano, lo cual permitió la creación del Banco de México, así como la organización del Banco Nacional de Crédito Agrícola. Entre 1921 y 1925 la Comisión Monetaria transfirió más de 30 millones de pesos para fundar el Banco de México y éste se responsabilizó del pasivo contable de aquélla al volverse su liquidador. Por otro lado, en 1922 el gobierno de Obregón acordó la disolución de la Caja de Préstamos y la preparación legal de su liquidación para dar un paso hacia un banco que atendiera directamente al productor, ya que aquella no podía operar como banco refaccionario ni conceder nuevos créditos sobre fincas hipotecadas.

Posteriormente, el gobierno de Calles reorganizó las finanzas nacionales y las ligó a su proyecto de reforma agraria; entonces la Secretaría de Hacienda gestionó la reconversión de la Comisión Monetaria que vigilaba la devolución de los antiguos bancos de emisión y la Caja de Préstamos en liquidación, que fraccionaba latifundios y ofrecía bienes inmuebles. En ese contexto se analizó la idea de un banco concebido ex profeso para financiar el campo siguiendo la estrategia cooperativista de la política ejidal posrevolucionaria afín al ideario del nuevo gobierno. Manuel Gómez Morín sería clave y en materia agraria sugirió crear un banco como parte de una reforma legal de mayor envergadura con una ley agrícola, el banco y un registro de propiedad y de sociedades de productores organizadas con vínculos con la banca comercial. El banco agrícola sería una institución pública sostenida el por Banco de México y por las aportaciones y el trabajo de los agricultores organizados en sociedades locales de crédito agrícola, sociedades regionales de crédito agrícola y eventualmente en uniones de crédito, almacenes de depósito y convergencia con los mercados de seguros, finanzas y futuros.

Así, el Banco Nacional de Crédito Agrícola fue creado el 10 de marzo de 1925 con un capital social de 50 millones en tres tipos de acciones suscritas por el Gobierno federal, los estados del país y Banco de México, bancos comerciales y algunos inversionistas particulares. La organización dependería de sociedades de productores agrupados según su capacidad económica similar para evitar abusos de parte de los mayores en detrimento del campesinado más pobre. La simultánea Ley de Crédito Agrícola de 1926 también procuraba salvaguardar la propiedad de estas sociedades; la hipoteca sería ahora la última salida, pues la garantía del préstamo se liquidaría más con el valor de las cosechas ordinarias y probables bienes mostrencos de la aldea, y menos con la tierra. También el Registro Público del Crédito Agrícola se creó para agilizar los trámites de construcción de sociedades, reducir costos, trabajar de forma cooperativa y cumplir con la legislación de 1926 (inclusive las sociedades podían organizar cajas de ahorro y determinar la inversión del fondo de explotación y del de prevención). La base de organización era cooperativa, y se acordó en el Consejo de Administración del banco no otorgar crédito a particulares. La plataforma de acción sería el cooperativismo rural, productores peticionarios de financiamiento organizados en sociedades locales de crédito (compañías de responsabilidad ilimitada que pedía operar como caja de ahorros y ofrecer recursos para el avío) y las sociedades regionales de Crédito (sociedades anónimas o cooperativas con capital mínimo en conjunto de 500 000 pesos por al menos 10 socios y la capacidad de emitir acciones).

Méndez Reyes muestra que, en sus primeros años, el desempeño del banco fue positivo en la atención a la colonización e irrigación, la administración de antiguas fincas y haciendas que el gobierno le aportó como capital social, así como el desarrollo de las sociedades locales y las regionales. El banco resultó indispensable para productores de arroz en Morelos, de azúcar en Puebla y Tamaulipas, y de algodón en La Laguna. Pero el banco no tenía la suficiente liquidez para enfrentar su creciente demanda de financiamiento. Asimismo, el banco financió negocios del grupo de Álvaro Obregón. El último capítulo muestra cómo los detalles de la economía política contribuyen a cambiar el curso de los acontecimientos. Algunos tropiezos financieros que se dejaron ver a principios de la década de los años treinta, así como la necesidad de una política de Estado para promover la organización ejidal, llevaron a que en 1935 se formara el Banco Nacional de Crédito Ejidal, éste con apoyo del Banco Nacional de Crédito Agrícola. Todo ello condujo a una redefinición de la estrategia del banco, cambio que cierra la historia en esta investigación.

Capitalizar el campo es sin duda una obra necesaria para entender la política económica del México posrevolucionario. Además, es un trabajo que condensa muchos años de investigación y experiencia del autor.