Cuando Estados Unidos intervino en Cuba en el verano de 1898, el régimen de la isla no era el típicamente colonial que se había consolidado durante el siglo XIX. Desde noviembre de 1897 España había concedido a Cuba y Puerto Rico un estatus autonómico que entró en vigor en enero de 1898 y que sobreviviría a duras penas durante todo aquel año, en medio de la guerra de independencia de los cubanos y el conflicto militar y político entre Estados Unidos y la corona española.

El libro más reciente de Agustín Sánchez Andrés traza la historia política del 98 cubano. Un año en que la isla vivió, por lo menos, tres fenómenos paralelos que determinaron zonas de la administración pública y la realidad social: el propio régimen autonómico; la guerra de independencia de los separatistas cubanos, que llegaron a controlar importantes regiones del Oriente, y la intervención estadounidense, que a su paso fue sentando las bases para la primera ocupación, entre 1899 y 1902.

Sánchez Andrés se centra en la primera dimensión y reconstruye con habilidad las implicaciones de esa efímera autonomía para la historia peninsular y caribeña. Dice el autor que aquella “fue la primera experiencia autonómica en el marco de la dilatada tradición jurídica española y, en este sentido, el precedente directo de los posteriores estatutos de autonomía”. Una primera impresión que deja este libro es el desencuentro de ese antecedente en Cuba y en España: mientras en la isla la cultura política se desplazó fuertemente hacia el soberanismo del Estado nacional, en la península los estatutos autonómicos se convirtieron en mecanismos fundamentales para administrar las tensiones entre centro y periferia.

A partir de noviembre de 1897 el gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta comenzó a emitir una serie de decretos que establecieron la plena extensión, a Cuba y Puerto Rico, de los derechos consagrados en la Constitución de 1876. Como sostiene Sánchez Andrés, poco a poco los decretos fueron abarcando múltiples esferas de la administración, como la justicia criminal y militar, el sistema educativo, las leyes de propiedad y expropiación, los derechos de imprenta, reunión y asociación… al punto de instalarse en el lenguaje de la burocracia de ultramar el concepto de “Constitución autonómica”.

Aquella nueva Constitución autonómica de Cuba, que generalmente no se incluye en la historia documental del constitucionalismo cubano -a pesar de que su sentido, en tanto transferencia a la isla de la Constitución de 1876, no era muy diferente al de la Constitución de 1812-, proponía la creación de un parlamento bicameral, compuesto por una Cámara de Representantes y un Consejo de Administración. También se creaban un poder ejecutivo personificado en el gobernador general y un Consejo General responsable, con varias secretarías, que fueron ocupadas por líderes históricos del Partido Liberal Autonomista cubano, como José María Gálvez, Rafael Montoro, Francisco de Zayas y Eduardo Dolz.

El libro de Sánchez Andrés se detiene en las vicisitudes del gobierno autonómico en Cuba, encabezado por Ramón Blanco y Erenas e impulsado por el ministro de Ultramar Segismundo Moret. Una primera dificultad se derivó de las divisiones internas del liberalismo cubano ante la proclamación del gobierno autonómico. Líderes como Eliseo Giberga y Arturo Amblard, representantes cubanos en Madrid, quedaron fuera del gobierno insular y presionaron a favor de un entendimiento con separatistas de la Junta Central de Nueva York, como Tomás Estrada Palma e, incluso, con líderes de la insurrec ción como Máximo Gómez.

Aquellas gestiones, como las que intentaría el propio gobernador Blanco, ante el presidente William McKinley, para evitar la intervención de Estados Unidos a cambio del fin de la reconcentración rural y la extensión de libertades públicas, fracasaron. En los últimos capítulos de su libro, Sánchez Andrés describe una insalvable partición de alternativas, entre la salida de España de Cuba por medio de la guerra con Estados Unidos, promovida por Washington y la dirigencia cubana de la insurrección y la emigración, y la autonomía, como último recurso de Madrid y los liberales cubanos, para evitar la intervención militar.

A pesar de la inminencia y el hecho mismo de la guerra, entre la primavera y el verano de 1898, el gobierno autonómico intentó funcionar con normalidad. Siguiendo de cerca a Manuel Moreno Fraginals, Sánchez Andrés recuerda que las Secretarías de Hacienda y de Agricultura, Industria y Comercio hicieron planes para reactivar la producción azucarera y diversificar el comercio. Lograron, por lo pronto, la segunda cosecha mundial de azúcar y crearon un Banco Territorial Hipotecario.

La escena final de este libro, en la que a punto de producirse la batalla naval de Santiago de Cuba, el gobierno autonómico llamaba a la cordura y a evitar la guerra, abre interrogantes para el debate historiográfico. Frente a la larga y poderosa corriente de la historiografía nacionalista cubana que sostiene que la intervención del 98 se produjo para evitar el triunfo de los cubanos en la guerra de independencia, este libro sugiere que, tal vez, habría que considerar que otra finalidad posible de Estados Unidos fue impedir que la autonomía asegurara algún tipo de permanencia de España en el Caribe.

En las últimas páginas de su estudio, Agustín Sánchez Andrés, de la mano de José Álvarez Junco, regresa a la discordante relación con el legado autonomista en las historias de España y Cuba. Tanto a nivel ideológico como historiográfico, en Cuba, el autonomismo sigue siendo asociado, mayormente, con una corriente política “antinacional” o colonialista del siglo XIX. En España, en cambio, se ha convertido en un referente válido para contrarrestar una organización político territorial de fuerte carácter centralista.