La rivalidad entre Pani y de la Huerta

Alberto J. Pani y Adolfo de la Huerta se conocieron en los inicios de la revolución constitucionalista. En octubre de 1913, el ingeniero Pani, que había colaborado en el gobierno de Francisco I. Madero, salió del país por Veracruz y, después de un largo rodeo que lo llevó a La Habana y de ahí a Nueva Orleans, siguió por tierra a través de Estados Unidos hasta llegar a Sonora para ponerse a las órdenes de Venustiano Carranza. Fue recibido en Nogales por Adolfo de la Huerta, en representación del primer jefe del Ejército Constitucionalista.⁹ Es probable que desde el inicio las relaciones entre Pani y De la Huerta no hayan sido muy buenas, ya que el primero se refirió años después al ambiente hostil que percibían los antiguos colaboradores del presidente Madero en el grupo más cercano a Venustiano Carranza.

Los caminos de ambos se separaron al triunfo del constitucionalismo, ya que De la Huerta siguió su carrera política principalmente en Sonora, en tanto que Pani acompañó a Carranza a la ciudad de México después de la caída de Victoriano Huerta. Tras la ruptura del primer jefe con la Convención de Generales Revolucionarios, Pani se trasladó con Carranza a Veracruz, en donde fue designado director general de los Ferrocarriles Constitucionalistas y en ese carácter tuvo una relación muy cercana con Obregón, ya que fue el encargado de diseñar la logística ferroviaria del desplazamiento y el aprovisionamiento de sus tropas.¹⁰ Cuando Obregón recuperó la ciudad de México, le pidió a Pani que formara parte, junto con el Doctor Atl y Juan Chávez, de una comisión que designó para apoyar a la población más vulnerable frente a la escasez y el hambre que se estaban generalizando, a la que denominó Junta Revolucionaria de Auxilios al Pueblo.¹¹ Ya durante el gobierno constitucional de Carranza, Pani fue secretario de Industria y Comercio y después embajador de México en Francia, cargo al que renunció tras el triunfo de la rebelión de Agua Prieta, liderada por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta.

Las tensiones entre ambos personajes comenzaron cuando Pani regresó a México al inicio del gobierno del general Obregón, quien lo invitó a ser su asesor confidencial. En ese carácter participó en la elaboración de un proyecto de decreto para terminar con la incautación de los bancos. A diferencia del secretario de Hacienda, Pani se dio a la tarea de sondear a los principales banqueros del país, de tal forma que cuando el presidente le preguntó si ellos aceptarían su proyecto, pudo responderle que estaban de acuerdo con la propuesta.¹² El proyecto de Pani fue aprobado por el gabinete presidencial en lugar del presentado por el secretario De la Huerta.¹³Pocas semanas después, el presidente decidió remover al secretario de Relaciones Exteriores, doctor Cutberto Hidalgo, y nombró en su lugar al ingeniero Pani.

Ya en el gabinete, el secretario de Relaciones Exteriores criticó continuamente las decisiones del secretario de Hacienda, en particular la renegociación de la deuda externa. Cuando Adolfo de la Huerta viajó a Nueva York a mediados de 1922 a entrevistarse con el Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México, el canciller criticó duramente en el gabinete las excesivas concesiones que en su opinión estaba haciendo el titular de Hacienda a los acreedores del país.¹⁴ Por su parte, De la Huerta sostuvo ante el presidente que el reconocimiento diplomático de Estados Unidos a su gobierno dependía del éxito en la renegociación de la deuda y no de las negociaciones que insistía en entablar la Secretaría de Relaciones Exteriores.¹⁵

Cuando concluyeron las conversaciones del secretario de Hacienda con el Comité Internacional de Banqueros en Nueva York, Pani se opuso en el gabinete a la aprobación del Convenio De la Huerta-Lamont, en el que se renegociaba el pago de la deuda externa, argumentando que se podía haber obtenido un descuento por la depreciación de los bonos en el mercado secundario. También señaló que no se debía asumir la deuda de los Ferrocarriles Nacionales y, sobre todo, que se estaba sobreestimando la capacidad de pago del gobierno mexicano.¹⁶ La propuesta del secretario de Hacienda salió adelante en el gabinete con el apoyo decisivo del secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles.¹⁷ Concluida la negociación, el secretario De la Huerta fue invitado a Washington a entrevistarse con el presidente Harding y con el secretario de Hacienda Hughes.¹⁸ A su regreso, insistió ante el presidente en que el reconocimiento estaba prácticamente concedido y era cuestión de tiempo, versión que circuló en la prensa. Años después, declaró en una entrevista que Hughes le había confiado al final de su encuentro que alguien en México estaba conspirando contra él, en alusión al canciller mexicano.¹⁹

Al año siguiente De la Huerta tuvo la oportunidad de cobrarle a Pani su interferencia en las negociaciones de la deuda externa. Desde su designación como secretario de Relaciones Exteriores en enero de 1921, el ingeniero Pani había tenido como prioridad el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Después de dos años de esfuerzos infructuosos, en abril de 1923 y a propuesta del general James A. Ryan, amigo común de los presidentes Obregón y Harding, ambos convinieron en designar cada uno a dos representantes personales para sostener pláticas informales en la ciudad de México. Las sesiones tuvieron lugar en una casa de la Avenida Bucareli, por lo que fueron conocidas como las “Conferencias de Bucareli”. El secretario de Hacienda se encontraba en Sonora cuando se enteró por la prensa de que se celebrarían conferencias entre representantes de ambos gobiernos en la capital el país. De inmediato le escribió al presidente oponiéndose a dichas conferencias por considerarlas innecesarias y peligrosas para la soberanía nacional. Obregón tranquilizó a De la Huerta diciéndole que solamente se trataba de reuniones informales con miras a buscar un acercamiento.²⁰ Cuando tiempo después tuvo acceso a las minutas de las sesiones, De la Huerta se dio cuenta de que había sido marginado de las negociaciones y se opuso a que se aprobaran los acuerdos que resultaron de las pláticas, dos formales y uno informal, por considerar que se había puesto en entredicho la soberanía del país por las concesiones que se habían hecho y amenazó con renunciar.²¹

Después de otros amagos de renuncia a lo largo del verano de 1923, primero por las conversaciones de Bucareli y después por los conflictos electorales en los estados en los que se vieron envueltos los candidatos del Partido Cooperatista,²² que apoyaban su candidatura presidencial, el 25 de septiembre de 1923 el presidente Álvaro Obregón aceptó finalmente la renuncia de Adolfo de la Huerta y designó en su lugar a Alberto J. Pani. Lo que siguió fue una controversia que puso en tela de juicio no solamente la gestión de De la Huerta en la Secretaría de Hacienda, sino la solvencia económica del gobierno mexicano, a partir del informe que el nuevo secretario rindió al presidente Obregón y que éste decidió publicar. La controversia terminó con la asonada militar que conocemos como la rebelión delahuertista y nunca quedó del todo zanjada. De ahí que a casi un siglo de distancia revista interés analizar los argumentos de las partes para tratar de discernir hasta dónde la gestión hacendaria de Adolfo de la Huerta condujo realmente a un descalabro financiero y qué tanto se exageró el estado de las finanzas públicas para contribuir a desacreditar su candidatura a la presidencia de la República.

El informe Pani

Al asumir su nuevo cargo, el ingeniero Alberto J. Pani anunció que elaboraría un informe sobre el estado que guardaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Años más tarde, Pani señaló al respecto:

Para poder formar un plan racional de trabajos, era preciso un conocimiento exacto del estado en que se encontraba la Hacienda Pública. Dediqué mis primeras actividades a recabar los datos necesarios para ello. Tuve la pena de descubrir que la situación hacendaria era infinitamente peor de como la sospechaba […] Apenas terminadas mis investigaciones, procedí a redactar, para rendirlo al presidente, un informe sobre la situación en que recibí la Hacienda Pública y las medidas que, en mi concepto, “era de toda urgencia dictar con el fin de poder conjurar el peligro de una inminente catástrofe financiera”. Mi informe estaba fechado el 7 de octubre, esto es, doce días después de haberme hecho cargo de la Secretaría. En igual fecha me trasladé a El Fuerte, estado de Jalisco, donde, por motivos de salud, pasaba una temporada el presidente Obregón. Este escuchó la lectura del informe con crecientes muestras de sorpresa y, sobre todo, de enojo. Su primer impulso fue el de no autorizar su publicación. Como, por mi parte, yo no estaba dispuesto a cargar con tamañas responsabilidades ajenas, su determinación me ponía en el caso de tener que renunciar a un cargo que apenas se me acababa de conferir. El general Calles, que estaba presente, reforzó mi posición.²³

Según Roberto Guzmán Esparza, De la Huerta le comentó que dicho informe le fue encomendado a Pani por el presidente Obregón en su casa de descanso de El Fuerte, Jalisco, a la que acudió al ser designado secretario de Hacienda, con la intención de “presentarme como un despilfarrado para dizque darme muerte política”. Según la misma fuente, De la Huerta habría tenido noticias de los avances de dicho proyecto por sus antiguos colaboradores:

Entonces Pani, primero le ordenó a Cuspinera (que actualmente es gerente de un banco; muchacho muy inteligente, era uno de los contadores de la Secretaría de Hacienda) que hiciera un informe desfavorable para mí. Cuspinera no le obedeció y rindió un informe ajustado a la verdadera situación que entonces tenía la Secretaría de Hacienda. Pani recibe el informe y destituye a Cuspinera. En la noche de ese mismo día se me presentó el oficial mayor Benjamín Marín a decirme:

-Don Adolfo, vengo a comunicarle que aquí llevo ya mi renuncia, porque me han dado la comisión que Cuspinera no quiso cumplir, y yo tampoco estoy dispuesto a cometer la infamia de formular un escrito en contra de la gestión de usted que ha sido tan acertada y favorable al país.

-No Marín -le dije-, no; usted no renuncia; usted hace lo que le mandan hacer. Porque si usted no lo hace, lo destituyen como a Cuspinera. Usted ha venido paso a paso consiguiendo los ascensos hasta llegar a la Oficialía Mayor. Si alguna ventaja se consiguiera con su renuncia, yo aceptaría el sacrificio de usted, pero es que no se consigue ninguna, al contrario, llaman a otro y posiblemente lo haga peor de lo que le piden a usted que lo haga. Así que usted debe cumplir con las órdenes que le han dado.²⁴

Este informe fue presentado, como lo señaló Pani, el 7 de octubre al presidente de la República, en su casa de descanso en El Fuerte. Nueve días después el general Obregón decide hacerlo público,²⁵ después de varias filtraciones a la prensa, mediante una circular dirigida a todos los funcionarios y empleados del gobierno federal.²⁶ En dicho informe, el nuevo secretario advertía al presidente sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe financiera. En su análisis de la situación fiscal del país, Pani acusaba a De la Huerta de haber proyectado un presupuesto excesivo para 1923, de 348 487 278 pesos, a pesar de que los ingresos del año anterior habían sido inferiores a esa cifra en casi 75 000 000 de pesos y de que no había ninguna razón para suponer un incremento significativo de los ingresos federales en 1923. Esta diferencia inicial de 75 000 000 de pesos entre los gastos proyectados y los ingresos esperados había aumentado en el transcurso del año, de acuerdo con Pani, porque el Congreso había aprobado ampliaciones a los presupuestos de los tres poderes por más de 7 000 000; además, estaban pendientes de aprobación otras ampliaciones por más de 13 000 000 y diversas dependencias de la administración pública se disponían a solicitar recursos adicionales por un monto de más de 3 000 000 de pesos. En resumen, el déficit al final del año podía ascender a 98 000 000 de pesos, lo que equivalía a más de la cuarta parte de los gastos del gobierno.

Después de hacer el recuento de los problemas, el secretario de Hacienda pasó a la cacería de los culpables, señalando que el déficit fiscal que, según sus cálculos, amenazaba con la bancarrota al Estado mexicano, era imputable a los errores y dispendios de su antecesor en el cargo, Adolfo de la Huerta:

El déficit que cierra las cuentas del Erario Federal el 30 de septiembre de 1923 no obedece, por tanto, a causas que pudieran escapar a toda previsión tales como, por ejemplo, un fenómeno geológico o de cualquier otra índole que cegara, de modo inesperado y brusco, las fuentes más importantes de recaudación o bien alguna ruinosa operación extraordinaria, sino que es la consecuencia natural y lógica de la acumulación que ha venido verificándose -día a día y durante los nueve meses transcurridos de este ejercicio fiscal- de las crecientes diferencias sucesivas entre las erogaciones y los ingresos.²⁷

La solución que propuso Pani comprendía dos pasos urgentes: nivelar el presupuesto y pagar las deudas. El secretario de Hacienda descartó resolver el déficit aumentando impuestos, con lo cual el peso de la nivelación del presupuesto recaería en los recortes al gasto. En el informe se atribuía una participación importante en los problemas fiscales del gobierno a la nómina de “empleados supernumerarios y comisionados especiales” del gobierno federal, muchos de los cuales no desempeñaban, según el secretario, más función que la de cobrar su sueldo. El 60% del costo de esos funcionarios correspondía, según el mismo Pani, a la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, se recomendaba la suspensión inmediata de todos estos funcionarios supernumerarios y recortes a los sueldos del personal de planta del gobierno y a los gastos de las dependencias públicas. Se recomendaba además reorganizar la administración de los servicios públicos y recortar a todo el personal de planta que no fuera indispensable. Para el pago de las deudas, se proponía cobrar los rezagos en el pago de derechos aduanales e impuestos, enajenar la parte no indispensable de los bienes nacionales y tratar de obtener un préstamo inmediato.

Después de presentar el Informe Pani, el presidente Obregón concluyó su circular dedicando algunos párrafos a culpar directamente de la “bancarrota material y moral que antes de ahora no conocíamos” al secretario De la Huerta, que había dispuesto indebidamente de los fondos destinados al pago de la deuda externa, sin autorización presidencial. Obregón insistía en desconocer la situación desastrosa del erario y anunciaba, en relación con las propuestas de Pani para hacer frente a la emergencia económica, una reducción de 10% en los sueldos de todos los servidores públicos. Lo que llama la atención, aparte del contenido del informe, es que, a pesar de estar fechado el 7 de octubre, el presidente Obregón firma su circular el 16, nueve días después, pese a la supuesta gravedad de la situación de las finanzas públicas, y dos días después de una gran manifestación de apoyo a la candidatura presidencial de Adolfo de la Huerta en la ciudad de México. Pero todavía más interesante es que la circular se da a conocer el 19 de octubre, el día que De la Huerta hace pública su decisión de aceptar la candidatura a la Presidencia de la República.²⁸ En síntesis, hubo una secuencia de hechos y declaraciones que parece haber obedecido más a la coyuntura política que a la situación del erario.

El inicio de la controversia

En su respuesta a las imputaciones de Obregón, De la Huerta declaró el mismo día 19 que no le sorprendían los intentos de Obregón y Pani para manchar su nombre después de haber aceptado la candidatura del Partido Cooperatista, tratando de presentar irregularidades en la Secretaría que había administrado durante casi tres años.²⁹ A las acusaciones de que había girado cheques sin fondos suficientes contra la Agencia Financiera en Nueva York, respondió que había logrado reunir 21 000 000 de pesos que ya estaban en esa ciudad, más 4 000 000 que estaban en poder del Banco Nacional de México. Considerando que el promedio mensual de los derechos de exportación de petróleo mexicano ascendía normalmente a 1 600 000 pesos, el exsecretario de Hacienda afirmó que para enero de 1924 hubieran estado completos los 30 000 000 a los que ascendía el compromiso con la banca extranjera. En cuanto a Pani, Adolfo de la Huerta contraatacaba acusándolo de haber intentado abortar las conversaciones con el Comité Internacional de Banqueros en elverano de 1922, al haber enviado a un comisionado a aconsejar a los acreedores de México que no llegaran a ningún acuerdo con De la Huerta, ofreciéndoles mejores condiciones en una negociación futura.³⁰ El candidato presidencial prometía aclarar todos los puntos del Informe Pani durante una próxima comparecencia ante el Congreso.³¹

La controversia estalló y ese mismo día la prensa buscó al secretario de Hacienda para conseguir una respuesta a las declaraciones de su antecesor. El ingeniero Pani señaló que su informe había sido objetivo e imparcial, a pesar de la situación en que había encontrado las finanzas nacionales. Se apresuró también a aclarar que si la circular se difundió el 19 de octubre fue porque el día 16 se la entregó Obregón en El Fuerte y Pani la distribuyó a la prensa a su regreso a la ciudad de México, por lo que había sido meramente accidental que apareciera publicada el día que De la Huerta aceptó su postulación. Negó haber obstruido las negociaciones de su antecesor en Nueva York y aclaró, en cambio, que fue por medio del encargado de negocios de México en Washington que había enviado la invitación inicial a los acreedores para discutir el problema en los mejores términos posibles, para después turnar el caso a la Secretaría de Hacienda, como finalmente ocurrió.³²

La acogida que tuvo en la prensa el Informe Pani fue mayoritariamente desfavorable a su autor y al propio presidente, a quien casi nadie le creyó su pretendida ignorancia sobre lo que pasaba en la Secretaría de Hacienda. El diputado Pastoriza afirmó en Veracruz que las declaraciones de Obregón que acompañaban el informe Pani no revelaban en el presidente de la República “una actitud serena e imparcial frente a la contienda electoral que apenas acaba de comenzar”.³³ Ese mismo día, Excelsior publicó la noticia de que el secretario de Industria y Comercio, Miguel Alessio Robles, había enviado su renuncia al general Obregón, que permanecía en El Fuerte, en protesta por sus declaraciones contra De la Huerta.³⁴

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, diputado Gustavo Arce, anunció que la mayor parte de los datos que acompañaban el informe de Pani eran inexactos y por consiguiente sus conclusiones eran erróneas e incoherentes. Declaró además algo que De la Huerta usaría continuamente en su defensa: que la mayoría de las partidas eran acordadas directamente por los secretarios con el presidente Álvaro Obregón. En defensa del exsecretario de Hacienda, el diputado Arce comentó:

El año pasado, al discutirse los presupuestos, nos empeñamos en reducir los egresos y nivelar los presupuestos y la Cámara lo inició así; pero con excepción de Hacienda, que aceptó de plano y con gusto todas nuestras limitaciones, todas las otras secretarias de Estado y dependencias del Ejecutivo armaron alboroto, hicieron representaciones al Ejecutivo y al fin consiguieron que se aceptaran varias partidas y se dejara un gran número en calidad de condicionales.³⁵

No sólo los partidarios de De la Huerta criticaron el informe del secretario de Hacienda. El connotado economista ligado a los “científicos” durante el régimen de Porfirio Díaz, Carlos Díaz Dufoo, criticó a Pani por calcular el déficit a partir de restar a los ingresos el presupuesto aprobado, sin tomar en cuenta que dentro del mismo se incluían muchas partidas como autorizaciones que se podían ejercer sólo en caso de que hubiera disponibilidad de recursos.³⁶

Roberto Casas Alatriste envió una carta a la Cámara de Diputados, impugnando varios puntos del Informe Pani relativos a la renegociación de la deuda, que fue leída la noche del 23 de octubre ante el pleno. Casas Alatriste había sido subagente financiero del gobierno mexicano en Nueva York, contador mayor de Hacienda y tesorero general de la Federación.³⁷ En su misiva, Casas Alatriste señaló que se habían presentado problemas con la Secretaría de Relaciones Exteriores durante las negociaciones con el Comité Internacional de Banqueros por las continuas filtraciones que realizaba su personal sobre la supuesta desconfianza del presidente Obregón hacia el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta. En junio de 1922, cuando se desarrollaron las negociaciones, la prensa de la capital había comentado esa versión y había insistido en la oposición del canciller Pani al arreglo al que se llegó finalmente.³⁸

El 25 de octubre en la noche compareció Pani en la Cámara de Diputados para ser interpelado, entre otros, por el diputado Gustavo Arce, que lo sorprendió en varios errores e inexactitudes en el manejo de las cifras de las finanzas públicas. El propio Arce preguntó a la asamblea: “¿Cómo es que el presidente desconocía el estado de la hacienda pública, cuando cada vez que el señor De la Huerta salía para Nueva York o Sonora, a donde lo llevaban sus deberes, le enviaba reiterados mensajes urgiéndole a que regresara cuanto antes, porque se estaban atrasando los pagos de las decenas?” La sesión se calentó a tal grado que llegaron a aflorar las pistolas.³⁹ Apabullados en la sesión, los callistas organizaron, una vez concluida ésta, un maratón de declaraciones en la tribuna, en las que el líder obrero Luis N. Morones, diputado del Partido Laborista, encabezó los ataques contra De la Huerta.⁴⁰

El 30 de octubre aparecieron publicadas nuevas declaraciones de Adolfo de la Huerta en las que procuraba dar una respuesta más puntual a Pani.⁴¹ Al hacer la defensa de su gestión al frente de las finanzas públicas, De la Huerta recordaba que en su periodo la recaudación había alcanzado niveles sin precedentes, no obtenidos ni siquiera en los mejores años de la gestión del secretario José Yves Limantour, en el apogeo del régimen del general Porfirio Díaz. Mientras que los ingresos alcanzaban antes, en promedio, los 125 000 000, durante los tres años de su gestión habían llegado a más de 280 000 000, a pesar de que algunos impuestos fueron rebajados. Ratificó lo antes declarado en el sentido de que la mayor parte de los compromisos con los acreedores correspondientes a ese año se encontraban ya cubiertos y se refirió al Informe Pani. Al hacer cuentas, el déficit original ascendía a cerca de 68 000 000, resultado de la diferencia entre el presupuesto aprobado y los ingresos probables. Sin embargo, en su Informe el secretario de Hacienda consideraba que sólo faltaban por cubrir 35 000 000, de lo cual resultaba que De la Huerta había logrado economizar 33 000 000 durante los primeros nueve meses de 1923. Por lo que se refería a la acusación de haber proyectado un presupuesto irresponsablemente inflado, De la Huerta señaló que la dependencia entonces a su cargo había realizado el proyecto original del presupuesto de egresos sobre el cálculo de ingresos por 280 000 000 de pesos, pero que fue el propio presidente Álvaro Obregón quien había apoyado las solicitudes de varios miembros del gabinete de aumentar sus asignaciones, pasando por encima de la Secretaría de Hacienda.

Adolfo de la Huerta aprovechó la ocasión para acusar a Pani tanto de dolo como de incompetencia, ilustrando esta última con la aparente confusión del nuevo secretario de Hacienda para distinguir el saldo que aparecía en el Banco Nacional de México de los depósitos de la deuda pública. Toda esta argumentación era para demostrar que, durante su paso por la Secretaría de Hacienda, Adolfo de la Huerta no había dispuesto de los fondos destinados al servicio de la deuda y que, por lo tanto, la “bancarrota moral” de la que hablaba Obregón no era sino un ardid político. Pero las acusaciones de De la Huerta no se detuvieron en Pani e involucraron al propio Obregón. El exsecretario contestó directamente la declaración del presidente sobre su total desconocimiento de la situación de la hacienda pública, recordándole que, además de los informes que el propio De la Huerta le rendía, Obregón había designado al callista Luis L. León como subsecretario del ramo y mantenía reuniones periódicas con él para hablar de política y cuestiones hacendarias. Por otro lado, la Presidencia de la República intervenía en todas las operaciones de la Secretaría de Hacienda por conducto del Departamento de la Contraloría. En resumidas cuentas, Obregón no podía alegar desconocimiento, pues contaba con numerosos informantes sobre la situación hacendaria, además del propio secretario De la Huerta, y tampoco podía negar su responsabilidad en el déficit por haber apoyado las ampliaciones a los presupuestos originales de las demás dependencias del Ejecutivo.

De la Huerta terminó su defensa destacando los tiempos difíciles en los que se desarrolló su gestión y las economías que había podido lograr, afirmando además que de los supuestos adeudos reales ya vencidos que encontró Pani, los únicos que verdaderamente podían entrar en esa categoría eran unos giros vencidos por aproximadamente 1 000 000 de dólares que se encontraban en la Agencia Financiera de México en Nueva York y que se iban a liquidar con el adelanto que antes de su renuncia había tramitado con las compañías petroleras. En realidad, concluía De la Huerta, si su sucesor se presentaba alarmado y sorprendido, era porque en vez de examinar con imparcialidad y detenimiento la situación de la Secretaría, “se prestó a cumplir servilmente la consigna de formar una acusación pública para manchar mi candidatura”.⁴²

Luis L. León fue el primero en responder las acusaciones de Adolfo de la Huerta, deslindándose por completo de las acusaciones del exsecretario de Hacienda y negando que hubiera jugado el papel de espía del presidente Obregón en dicha Secretaría. León afirmó que su nombramiento se había realizado a propuesta del propio De la Huerta y que, ahora lo entendía, no había respondido sino a un intento para confundir a Calles y a sus partidarios sobre las verdaderas intenciones del secretario. Afirmaba también que la desorganización imperante en la Secretaría de Hacienda había hecho posible que De la Huerta la controlara pasando por encima de él mientras había sido subsecretario, por lo que no fue sino hasta mayo cuando se enteró de la difícil situación de las finanzas públicas y recomendó a su jefe eliminar las nóminas de empleados supernumerarios. Sin proponérselo, Luis L. León también desmintió a Obregón en relación con su supuesta ignorancia sobre lo que acontecía en Hacienda, pues declaró que la medida de reducir en 10% los sueldos de los empleados del gobierno ya había sido propuesta por Obregón en abril al Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, a lo que se opuso De la Huerta, que se encontraba en Sonora. Además de afirmar que tenía conocimiento de que el entonces secretario sí había hecho uso indebido de ciertos fondos para la deuda exterior, León acusó a su exjefe de haber inflado artificialmente la nómina para incluir a sus partidarios en el presupuesto, y que “aquellas debilidades y amabilidades para los políticos, reveladas en comisiones y en concesiones, tenían por objeto preparar su candidatura a la presidencia de la República”.⁴³

El gobierno de Obregón contraataca

El 6 de noviembre Pani respondió por fin a las acusaciones de De la Huerta negándole mérito alguno en el aumento en la recaudación, aunque tampoco aportó una explicación alternativa sobre su incremento. Insistió en que las cuentas de la hacienda pública venían cerrándose con un abultado déficit, en que había documentos a plazo cumplido cuyo pago se estaba protestando en Nueva York y en que se había dispuesto indebidamente de sumas destinadas a la deuda pública. Negó haber declarado que existía bancarrota económica, alegando que él simplemente había aclarado que en su informe el término usado no fue ése, sino la expresión “caminamos aceleradamente hacia un desastre financiero”,⁴⁴ pero acto seguido hizo suyo el término en solidaridad con el presidente Obregón, que lo había acuñado -en opinión de Pani- presa de una justificada indignación. En lo relativo a la protesta de su antecesor por el recorte a los salarios de los trabajadores del gobierno, Pani recordó a De la Huerta que él había tomado las mismas medidas durante 1921 y 1922, acusándolo de doble moral por criticar ahora como candidato a la Presidencia medidas que él no dudó en adoptar como secretario de Hacienda. Finalmente, insistía en la misma línea de explicación de los excesos delahuertistas en Hacienda aportada por Luis L. León: la que vinculaba el “relajamiento y desperdicio de dinero y energías” de la gestión hacendaria de De la Huerta con su precampaña para la Presidencia de la República.⁴⁵

El 10 de noviembre le tocó el turno de entrar en la polémica al señor Santana Almada, gerente de la Comisión Monetaria, de quien De la Huerta había dicho que acordaba directamente con su tío, Álvaro Obregón, para demostrar la independencia de ese organismo público frente a la Secretaría de Hacienda. El señor Almada protestó por la acusación de nepotismo que se leía entre líneas en las declaraciones de De la Huerta, y negó que no se le hubiera dado a éste su lugar como presidente del Consejo de la Comisión Monetaria, en cuyo caso De la Huerta, como hombre honrado, se habría abstenido de cobrar los 68 400 pesos que le correspondieron durante el tiempo que actuó como presidente del Consejo.⁴⁶

El 14 de noviembre, el secretario de Gobernación, Enrique Colunga, envió a la Cámara de Diputados una nota acompañada de su respectivo anexo, pidiendo que se diera cuenta de ambos en sesión secreta. En la nota, el secretario de Gobernación lamentaba que se hubiera pretendido dar una interpretación ajena a su verdadera intención al informe de la Secretaría de Hacienda, haciéndolo pasar como un intento del presidente de la República por inhabilitar a un candidato presidencial, sin atender el estado crítico de las finanzas nacionales que el informe describía. Para volver la atención sobre el interés nacional, el secretario de Gobernación presentaba al Congreso, por instrucciones del general Obregón, documentos que apoyaban la veracidad del Informe Pani en lo relativo al incumplimiento de las obligaciones acordadas con el Comité Internacional de Banqueros. Estos documentos eran los telegramas que Thomas W. Lamont, presidente del Comité, había girado a los secretarios De la Huerta, con fecha 20 de septiembre de 1923, y Pani, con fecha 19 de octubre del mismo año, y la respuesta que por instrucciones del presidente de la República dirigió Pani a Lamont el 31 de octubre.

El mensaje de Thomas W. Lamont a De la Huerta, fechado el 20 de septiembre de 1923, llama la atención del aún secretario de Hacienda sobre el grave incumplimiento en que había incurrido el gobierno de México según las obligaciones establecidas por los convenios De la Huerta-Lamont. Según las condiciones del Convenio, a la fecha el gobierno adeudaba al Comité Internacional de Banqueros 16 000 000 de pesos, resultado de la diferencia entre los derechos de exportación de petróleo pagados por las compañías petroleras y la cantidad que de esos impuestos la Secretaría de Hacienda había remitido a Nueva York. Según los convenios De la Huerta-Lamont, la totalidad de los derechos de exportación del petróleo debían ser abonados a la cuenta que existía en Nueva York para de ahí ser distribuidos a los tenedores de bonos de la deuda exterior de México. El presidente del Comité advertía que hasta ese momento había sido muy satisfactorio el depósito de bonos de conformidad con el convenio, pero que sería imposible que el Comité no informara públicamente a los tenedores de bonos cuál era la situación en que se encontraba el cumplimiento de las obligaciones por parte del gobierno de México.

La respuesta de Adolfo de la Huerta a Lamont no se incluye dentro de la recopilación de documentos relativos a la controversia Pani-De la Huerta. El 24 de septiembre, el todavía secretario de Hacienda de México se dirigió al presidente del Comité para tranquilizarlo, pero un día después renunció. Aunque la noticia cayó como un balde de agua fría en Nueva York, Lamont declaró en público que había construido una buena relación con el exsecretario de Hacienda y todavía respondió este último mensaje del político sonorense deseándole suerte en sus empresas futuras, pues en medio de la sorpresa con la que había recibido la noticia de su renuncia no llegó a suponer que muy pronto se convertiría en una amenaza para el gobierno mexicano.⁴⁷ El nombramiento de Alberto J. Pani como sucesor de Adolfo de la Huerta, a quien ya habían tratado en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores, contribuyó a tranquilizar a los banqueros.

El 19 de octubre de 1923 Thomas W. Lamont, enterado de los sucesos que había desencadenado en México el Informe Pani, se dirigió al nuevo secretario de Hacienda. Comenzó recordando los términos de su pasada comunicación con Adolfo de la Huerta, en la que le informaba sobre la falta en que había incurrido el gobierno mexicano en relación con los compromisos que había contraído con sus acreedores. Según Lamont, el gobierno había recaudado hasta el 1^o de agosto 33 464 000 pesos por concepto de derechos de exportación de petróleo, cifra que, de acuerdo con el convenio De la Huerta-Lamont, debió depositarse íntegramente en la Agencia Financiera de México en Nueva York. Pero el Comité Internacional de Banqueros sólo había recibido 19 598 000 pesos, por lo que reclamaba los 13 866 000 pesos faltantes. En este punto es necesario recalcar que las cifras eran estimaciones del Comité de Banqueros a partir de informes de las compañías petroleras porque el gobierno mexicano no había dado aún cifras oficiales. Lamont le comentó a Pani que en la época del viaje de De la Huerta a Nueva York (junio de 1922) había un depósito del gobierno mexicano en el Banco Nacional de México por 10 000 000 de pesos que se utilizaría para el servicio de la deuda, pero después resultó que 6 000 000 habían sido comprometidos como garantía de un préstamo de corto plazo y los otros cuatro se estaban desembolsando a cuenta gotas, mientras que el Comité de Banqueros necesitaba de 15 000 000 de pesos oro para el servicio de la deuda en el primer año. Cumplir con este requisito era importante para mantener la confianza en el gobierno de México, que se reflejaba en que más de la mitad (55%) de los bonos vencidos de la deuda externa mexicana habían sido depositados conforme a la reestructuración acordada con De la Huerta.

El secretario Pani respondió al presidente del Comité Internacional de Banqueros el 31 de octubre, manifestándole la preocupación del presidente Obregón y reiterando su desconocimiento sobre el estado de la hacienda pública. Después de descargar toda la responsabilidad una vez más en De la Huerta, el nuevo secretario de Hacienda se comprometió, a nombre propio y del presidente Obregón, a satisfacer sus demandas por considerarlas suficientemente fundadas.

La respuesta de Adolfo de la Huerta en la Cámara de Senadores

Transcurrieron cinco días entre la nota que el secretario de Gobernación envió a la Cámara de Diputados y la sesión extra-cámara del Senado de la República en la que Adolfo de la Huerta respondió tanto a la nota de Colunga, que ya había sido remitida también al Senado, como a las declaraciones de Alberto J. Pani, Luis L. León y Santana Almada.⁴⁸ De la Huerta comenzó su exposición con un largo recuento de las negociaciones que había emprendido con el Comité Internacional de Banqueros, que en realidad se convirtió en un recuento de sus desavenencias con Pani: incluyó no sólo la oposición del canciller a los Convenios De la Huerta-Lamont, sino la recíproca oposición del entonces secretario de Hacienda a las Conferencias de Bucareli. El exsecretario relató su visita al presidente Harding durante su viaje a Estados Unidos y su certeza acerca de que el reconocimiento se hubiera producido incluso sin las conferencias. Sin embargo, sus juicios no fueron completamente desfavorables a los Tratados de Bucareli, como lo serían después, y prefirió explicar a su auditorio las razones por las que no pudo conseguir, durante las negociaciones en Nueva York, un nuevo empréstito para el gobierno mexicano. De la Huerta alegó que era muy difícil conseguir nuevos fondos cuando apenas se estaban normalizando las relaciones con los acreedores, después de más de diez años de incumplimiento por parte del gobierno mexicano.

Una vez entrado en materia, Adolfo de la Huerta explicó los antecedentes de las notas que Lamont le había dirigido primero a él y después a su sucesor en Hacienda. Como resultado del Convenio De la Huerta-Lamont, el Banco Nacional de México se convertía en el agente en México del Comité Internacional de Banqueros, al que deberían pagar directamente las compañías petroleras los derechos por exportación de petróleo. Los derechos se pagarían en pesos y el Banco Nacional de México procedería a realizar la conversión para remitir a Nueva York la suma correspondiente en dólares. Aunque por el Convenio suscrito con los banqueros el secretario de Hacienda no tenía ninguna responsabilidad en el cobro y el envío de los derechos de exportación a los banqueros, por ser una cuestión de interés público De la Huerta optó por mantener una estrecha supervisión sobre las operaciones y, extralimitándose en sus funciones, en el verano de 1923 aconsejó al Banco Nacional de México esperar a que se restablecieran las relaciones oficiales con Estados Unidos para realizar los envíos pendientes, en espera de que el tipo de cambio se moviera a favor del peso mexicano, como efectivamente ocurrió. La medida buscaba lograr una ganancia adicional con la apreciación del valor del peso, antes de convertir a dólares los ingresos por exportación de petróleo y remitirlos a la Agencia Financiera de México en Nueva York.

De la Huerta explicó que la reclamación de Lamont se debía a que no se habían enviado aún a Nueva York los ingresos por derechos de petróleo y, entre líneas, por la intervención que el secretario de Hacienda había realizado en ese sentido, faltando a los convenios firmados entre las partes. El dinero que no se había enviado a Nueva York estaba en poder del representante de los banqueros en México, el Banco Nacional de México, por lo que la dilación en el envío de los recursos de Nueva York no era atribuible, como pretendían hacerlo creer Pani y Obregón a la opinión pública, a malos manejos de De la Huerta.

En este punto de la narración es preciso señalar que, en la edición de documentos sobre la controversia Pani-De la Huerta que realizó la Secretaría de Hacienda, los apuntes taquigráficos sobre la comparecencia ante el Senado contienen notas del propio Pani en las que rebate en varios puntos a De la Huerta. Por ejemplo, cuando su antecesor se defiende de no haber podido concertar en junio de 1922, durante las negociaciones en Nueva York, un nuevo empréstito con la banca internacional para establecer el Banco Único de Emisión, el secretario Pani afirma que ésa fue una instrucción del presidente que desde un principio consideró difícil de cumplir, contrario al optimismo de Obregón. A continuación señala, y de eso existen numerosas pruebas, que en aquel entonces De la Huerta también lo consideraba factible y que telegrafió a Obregón informándole que una vez suscrito el acuerdo sobre la deuda, era cuestión de días para poder disponer del nuevo empréstito.⁴⁹ Sin embargo, el propio Pani no contradice las declaraciones de De la Huerta en el sentido de que los fondos que protestaban los banqueros acreedores se encontraban depositados en el Banco Nacional de México, su agente financiero en México, versión muy distinta a la que presentaron él mismo y Obregón en sus sucesivas declaraciones y que respaldó Enrique Colunga en su nota a ambas Cámaras del Congreso, de las que se desprende que De la Huerta había tenido esos recursos en sus manos y les había dado fines distintos a los originalmente acordados.

Volviendo a la comparecencia, Adolfo de la Huerta aclaró ante el Senado que el Banco Nacional dejó de enviar las remesas a Nueva York a partir de junio, por su consejo de esperar la reanudación oficial de relaciones entre México y Estados Unidos y beneficiarse de la apreciación del peso. Según De la Huerta, el 20 de septiembre, antes de recibir el telegrama de protesta de Lamont, había dado instrucciones al director general del Banco Nacional de México, Agustín Legorreta, para reanudar las remesas de dinero a Nueva York. Sin embargo, su inmediata renuncia y la posterior declaración de bancarrota económica y moral de Obregón persuadieron al Banco Nacional de México de la inminencia de una suspensión de pagos, por lo que el Banco decidió tomar como garantía de pago los fondos de la deuda que tenía retenidos desde junio. Estos fondos fueron utilizados como resguardo por el banco y como garantía de pago de distintas cuentas abiertas al gobierno federal para otros fines, entre ellas la llamada “cuenta corriente que le seguía el Banco a la Tesorería de la Federación”. De la Huerta aclaró que, aunque se trataba de cuentas distintas y, por lo tanto, con distintas garantías, al descomponerse rápidamente la situación con las huelgas de Veracruz, la declaración de bancarrota y la suspensión de pagos, el Banco decidió tomar los fondos depositados por derechos de exportación, en lugar de remitirlos a Nueva York. El exsecretario encuentra perfectamente entendible la actitud del Banco Nacional de México ante la situación de pánico creada por el Informe Pani y como medida de precaución para garantizar su propia solvencia.

En este punto resulta importante remitirnos a las declaraciones de Alberto J. Pani publicadas por la prensa el 30 de noviembre de ese año. Según Pani, el Banco Nacional de México aseguró esos fondos porque el propio De la Huerta había autorizado que fueran usados como garantía de préstamos que, por varios conceptos, se habían realizado al gobierno federal. Pani cita la respuesta de Agustín Legorreta a este respecto:

Los anticipos que se hicieron al gobierno con carácter transitorio, fueron hechos con la debida autorización de la Secretaría, empleando los fondos que este Banco tenía recibidos de las compañías petroleras (los destinados al servicio de la Deuda Exterior) y afectándose en cada caso los productos de alguna renta o recaudación a fechas determinadas, o bien dándose una prenda, en la inteligencia de que si las afectaciones respectivas no cubrían el anticipo en las fechas referidas, los fondos correspondientes del impuesto de importación pagado por las compañías petroleras no quedarían disponibles para su remisión a Nueva York, hasta que el gobierno reembolsara los importes respectivos.⁵⁰

También se incluye en la nota de Legorreta el adeudo de 500 000 dólares por concepto de giros para situar en Nueva York y que les fueron devueltos de esa plaza sin ser pagados. Con anterioridad De la Huerta se había referido al problema de los giros, señalando que debían haberse cubierto con la diferencia entre los tipos de interés vigentes en México y Estados Unidos, que correspondían al gobierno de México y que no fueron abonados por los banqueros a la Agencia Financiera de México en Nueva York por un problema de interpretación del Convenio. Según Pani,⁵¹ no existía esa obligación por parte de los banqueros en el Convenio y las tasas de interés en México y Estados Unidos eran iguales, por lo que no había razón alguna para esperar un pago de los banqueros a la Agencia Financiera en Nueva York.

De la Huerta aprovechó su presentación en el Senado para atacar a Pani y a Obregón, al afirmar que después de que le fue aceptada su renuncia se había puesto a disposición de ambos para explicarles el estado que guardaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuáles eran las cuestiones más urgentes, pero ambos se negaron a escucharlo. De acuerdo con su testimonio, en dos ocasiones se lo ofreció al presidente y habló por teléfono con su sucesor en Hacienda, poniéndose a su disposición a cualquier hora del día o de la noche, “porque comprendía que llegaba a un campo desconocido”. Esta última declaración fue recibida con risas por la concurrencia.⁵² La acusación más grave que De la Huerta dirigía hacia Pani y, por su conducto, a Obregón, era que en sus prisas por desacreditarlo habían aceptado sin antecedentes ni datos todos los puntos de la protesta de los acreedores y habían debilitado el prestigio del gobierno al dar a conocer el Informe Pani. En su opinión, lo que había ocurrido era que se habían sacrificado los intereses nacionales a cambio de los intereses políticos y personales de Obregón y Pani. La desconfianza que provocó en Nueva York el manejo precipitado que dieron a la situación el presidente y su secretario de Hacienda se reflejó, según De la Huerta, en la solicitud que Lamont hizo al gobierno mexicano para que los 15 000 000 de dólares para el servicio de la deuda se entregaran por adelantado y no a fin de año, como originalmente estaba estipulado.

De la Huerta volvió a referirse al final de su comparecencia al tema de los fondos que no fueron remitidos a Nueva York por el Banco Nacional de México para señalar que, aunque él dio la instrucción a Agustín Legorreta el 21 de septiembre de reanudar las remesas al Comité de Banqueros, después de haber renunciado al cargo, la responsabilidad de que esas remesas no se hubieran enviado y de que el Banco finalmente decidiera asegurar esos fondos fue exclusivamente de Pani. El propio De la Huerta dio lectura a las cartas en las que los banqueros lo felicitaron, una vez concluidas las negociaciones de Nueva York en julio de 1922, y pidió al senador Vito Alessio Robles que tradujera una carta en francés del presidente de la sección francesa del comité, Chevalier, en el mismo sentido.⁵³

Interrogado sobre el destino que recibiría el remanente que quedara una vez pagados los 15 000 000 de dólares al Comité Internacional de Banqueros, De la Huerta respondió que a partir de negociaciones posteriores a la firma de los Convenios, Lamont había estado de acuerdo en fijar en 15 000 000 de dólares las entregas de ese año y que entendía que seguía en lo dicho, puesto que en su mensaje a Pani reiteraba que, al recibir los 15 000 000 de dólares, declararía en vigor el arreglo de la deuda pública. De la Huerta puso como testigo al senador Casas Alatriste, de que la solicitud original para poder disponer del remanente sobre los 15 000 000 fue inicialmente rechazada por los banqueros y que sólo después de arduas negociaciones el entonces secretario de Hacienda obtuvo que se añadiera al convenio original una cláusula para disponer de todo o parte del remanente. Casas Alatriste había sido el presidente de la comisión que negoció en Nueva York la convocatoria para el depósito de los bonos y quien llevó la encomienda de la Secretaría de Hacienda de obtener por escrito la confirmación del Comité de que el gobierno mexicano podría disponer del excedente sobre los 15 000 000 de dólares estipulados. Al corroborar el senador Casas Alatriste que había sido un logro de De la Huerta la confirmación para disponer de este excedente, la sesión se levantó en medio de aplausos y vivas a De la Huerta.

Aunque la exposición del exsecretario ante la Cámara de Senadores fue un éxito, correspondió al secretario Pani la indiscutible ventaja de haber dicho la última palabra dentro de la controversia pública. Seguramente preocupado por el resultado de la sesión en el Senado y por los ataques de varios especialistas en el tema, Pani procedió a una defensa puntual de su informe que fue publicada por la prensa de la ciudad de México el 30 de noviembre. Es interesante destacar que Pani comenzó su argumentación descalificando la sesión extra-cámara del Senado ante la que se presentó De la Huerta, al referirse a ella como “la Conferencia que el señor de la Huerta sustentó el lunes diecinueve del mes en curso, ante un grupo de partidarios, en el recinto de la Cámara de Senadores”.⁵⁴ Según consta en la lista de asistencia, en esta sesión estuvieron presentes 28 senadores, entre ellos el hermano del propio secretario de Hacienda, Camilo Pani, al que difícilmente podría calificarse de delahuertista.

Alberto J. Pani gastó muchas líneas en repetir sus críticas a De la Huerta sobre el papel que ambos jugaron en la negociación de los arreglos de la deuda y en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El secretario Pani ratificó su acusación de que habían sido sustraídos de la Secretaría de Hacienda varios expedientes relativos al Convenio De la Huerta-Lamont, a los asuntos petroleros y a la Agencia Financiera de México en Nueva York, señalando a una secretaria que gozaba de todas las confianzas de De la Huerta, a grado tal que “concentraba, en su propia personalidad, las facultades y funciones, no solamente de secretario particular, sino también las de subsecretario y oficial mayor”.⁵⁵ Pani hizo la defensa pública de Obregón al señalar que su célebre circular del 16 de octubre, publicada tres días después, no había sido la causante de la alarma de los banqueros, sino la bancarrota efectiva que pudieron percibir ante el retraso del gobierno de México para cumplir con sus obligaciones. Como ya se señaló, Pani se refirió también a las cuentas que la Secretaría de Hacienda llevaba con el Banco Nacional de México y concluyó terminantemente que los fondos por derechos de exportación de petróleo, que según el Convenio De la Huerta-Lamont debían ser destinados íntegramente para el servicio de la deuda exterior, no habían sido enviados a Nueva York porque habían servido como garantía para préstamos que, con carácter transitorio, se le hicieron al gobierno y que no había liquidado a tiempo. También se refirió al argumento de De la Huerta para justificar el retraso en los envíos a Nueva York, en el sentido de que estando en México rendirían medio punto porcentual más de interés que estando en Nueva York. Pani recurre a una carta del Banco Nacional de México para demostrar que el tipo de interés era el mismo en México que en Nueva York, a saber, 3.5%. Sin embargo, Pani omite el argumento central de De la Huerta, que no se refería sólo al tipo de interés sino, sobre todo, al tipo de cambio, como se desprende de las declaraciones de De la Huerta en el Senado: “sabía que el reconocimiento llegaba y, con él, la mejoría de nuestros cambios. No me equivoqué: de 48 y tres cuartos (centavos mexicanos por dólar) que fluctuaba el tipo de cambio antes del reconocimiento, subió hasta cuarenta y nueve en los primeros días de diciembre (y añade malicioso) antes de que se declarara en quiebra el gobierno nacional”.⁵⁶

Ése fue el final de la controversia, pues la noche del 4 de diciembre Adolfo de la Huerta, que estaba siendo hostigado por la policía y por personal del comandante militar de la plaza, general Arnulfo R. Gómez, huyó de la ciudad de México rumbo a Veracruz y estalló la rebelión delahuertista. Dos días después se iniciaron las hostilidades en ese estado, aunque de hecho para entonces ya había una rebelión en curso en Guerrero y pronto se sumarían otros jefes militares.⁵⁷ Sin embargo, en menos de cuatro meses el gobierno de Obregón pudo sofocar la rebelión y Adolfo de la Huerta tuvo que tomar el camino del exilio, en el que estaría durante 11 años, hasta que el presidente Lázaro Cárdenas le permitió regresar a México.

Conclusión: la controversia a la luz de la evidencia histórica

Los argumentos ofrecidos por Pani se convirtieron en la versión oficial sobre la gestión de Adolfo de la Huerta y mucho contribuyó a ello que no se hubiera publicado una memoria de la Secretaría de Hacienda durante el periodo en que De la Huerta fue secretario.⁵⁸ El déficit de 1923 fue, ciertamente, el mayor de toda la administración de Obregón, pero no es atribuible exclusivamente a los errores de cálculo de la Secretaría de Hacienda. El déficit acumulado al mes de septiembre de 1923, cuando Adolfo de la Huerta renunció a la Secretaría de Hacienda, ascendía a 42 383 583.87 pesos. El déficit del trimestre de octubre a diciembre ascendió, ya descontados 4 447 156 pesos que representó la reducción del 10% del sueldo de los empleados públicos en el cuarto trimestre, a 16 299 462.14 pesos, de los cuales 11 499 462.14 correspondieron a gastos originados en diciembre por la rebelión delahuertista.⁵⁹ De no haberse llevado a cabo la rebelión y aún sin la reducción en los salarios de los trabajadores del gobierno, el déficit hubiera cerrado en aproximadamente 49.5 millones de pesos, cifra ciertamente elevada, pero que no amerita el calificativo de bancarrota financiera y moral, ya que no provocó una situación de insolvencia o de suspensión de pagos ni era atribuible a malos manejos.

El déficit se debió principalmente a tres factores: el relajamiento del gasto, una inesperada reducción de los ingresos y, sobre todo, a un error de cálculo en la capacidad de pago del país al momento de negociar la reanudación del pago de la deuda externa. Como lo afirmó durante la controversia el propio De la Huerta, el presupuesto original que propuso la Secretaría de Hacienda ascendía aproximadamente a 280 000 000 de pesos, pero las ampliaciones solicitadas por el Poder Ejecutivo durante el proceso de discusión y aprobación del presupuesto fueron elevando su monto hasta los 297 700 000 pesos que aprobó la Cámara de Diputados el 26 de diciembre de 1923.⁶⁰ Las ampliaciones siguieron a lo largo de los meses siguientes, aunque, como lo aclaró también De la Huerta, estaban sujetas en la mayoría de los casos a la disponibilidad de recursos. Pero es innegable que el presidente de la República no desconocía esta situación, ya que la mayor parte de las ampliaciones se debieron a compromisos contraídos por él, hasta alcanzar la cifra de 348 487 278.47 pesos a que se refiere el Informe Pani. Por su parte, los ingresos disminuyeron a pesar de que se crearon nuevos impuestos sobre alcoholes y tabacos labrados y se elevaron los aranceles a las importaciones textiles.⁶¹ La disminución se debió principalmente a que la exportación de petróleo fue menor que el año anterior⁶² y a que en general las exportaciones mexicanas registraron un descenso.

La evidencia apunta a que los errores de cálculo, las presiones sobre el gasto y, muy probablemente, las aspiraciones presidenciales del propio De la Huerta, tantas veces negadas por él pero suficientemente documentadas,⁶³ llevaron a que la disciplina sobre el ejercicio presupuestal se relajara en 1923. Pero también salta a la vista que la situación de las finanzas públicas en octubre de ese año fue exagerada con fines políticos para desacreditar la candidatura presidencial de Adolfo de la Huerta. Es un hecho incontrovertible que el déficit de 1923 fue inferior al pronosticado por el Informe Pani, con todo y rebelión, en 40 000 000 de pesos. En ese sentido, queda claro que la situación de la hacienda pública en octubre de 1923 no era tan desastrosa como la presentó Pani, pero que era urgente renegociar el servicio de la deuda y diversificar las fuentes de ingresos del gobierno.

En cuanto a la responsabilidad de Adolfo de la Huerta en haber dispuesto de los fondos de la deuda pública, la evidencia señala que, en efecto, dispuso de una parte de dichos fondos, como lo deja en claro la carta de Agustín Legorreta a Alberto J. Pani fechada el 15 de octubre de 1923. En ese punto es innegable que De la Huerta faltó a la verdad al decir que dichos anticipos no guardaban relación con los fondos destinados al servicio de la deuda. Otra cosa es que “los productos de alguna renta o recaudación a fechas determinadas”⁶⁴ que fueron comprometidos para resarcir dichos anticipos fueran suficientes para cubrir el monto de los mismos como al parecer ocurrió, ya que el 5 de diciembre el secretario Pani pudo girar instrucciones al Banco Nacional de México para transferir esos recursos a Nueva York.

Sin duda el Banco Nacional de México jugó un papel importante en dicha coyuntura, pero tampoco se advierte que haya habido entre sus directivos la percepción de que se encontraban al borde de una situación que comprometiera la solvencia del gobierno. El 26 de septiembre de 1923, un día después de la renuncia de De la Huerta a la Secretaría de Hacienda, Agustín Legorreta informó al Consejo de Administración del Banco Nacional de México que, en virtud de los últimos acontecimientos, “creía muy conveniente cambiar impresiones con los banqueros de New York en relación con el banco único de emisión en el que el Banco Nacional tomaría parte”, por lo que aprovecharía un viaje que tenía previamente programado por razones personales a Nueva York para consultarlos.⁶⁵ En ningún momento se refirió a los fondos de la deuda pública. Más de dos meses después, en la sesión del 5 de diciembre, Legorreta informó al Consejo que “la Secretaría de Hacienda, a solicitud del Banco, había dado conformidad para que se traspasaran los fondos remitidos a Nueva York para la reanudación del servicio de la deuda, que actualmente ascienden a trece millones quinientos mil dólares”.⁶⁶ Era evidente que, si bien no se había llegado a los 15 000 000 de dólares, los fondos estaban disponibles. El secretario de Hacienda le aseguró a Thomas Lamont que antes de que terminara el año se cubriría 1 500 000 dólares faltantes, como finalmente ocurrió, de tal forma que el Comité Internacional de Banqueros declaró el 8 de diciembre de ese año que el Convenio De la Huerta-Lamont entraba en vigor.⁶⁷

Aunque esté a discusión la experiencia y la pericia financiera de De la Huerta como secretario de Hacienda, prácticamente hay consenso, más allá de las declaraciones de Obregón y Pani al calor de la coyuntura, acerca de su honradez personal. En cuanto a la existencia de “aviadores” con los que supuestamente infló la nómina de la Secretaría de Hacienda, según José Vasconcelos sólo se le pudo probar que tenía una lista, más bien pequeña, de cantantes de ambos sexos que cobraban pensiones de 20 y 30 pesos mensuales.⁶⁸ La honradez personal de Adolfo de la Huerta parece fuera de toda duda. Como señaló Pedro Castro: “Adolfo de la Huerta, por cuyas manos pasaron los bienes en metálico del país durante casi tres años, se retiró a vivir con modestia en una casa prestada, y en la que viviría poco tiempo”.⁶⁹ Después, tuvo que trabajar muy duro durante los 12 años que duró su exilio en Los Ángeles para mantener a su familia, situación poco frecuente en un expresidente de México. Vasconcelos, cuya animosidad contra Pani es de sobra conocida, pero que tampoco estuvo de acuerdo con la rebelión que comenzó poco después, escribió sobre la salida de Adolfo de la Huerta de la Secretaría de Hacienda: “mientras todos se avorazaban de esta suerte sobre el Tesoro, la prensa toda del país, habituada a repetir la consigna oficial, sea la que fuere, colmaba de oprobio a De la Huerta, el ministro que no había dejado robar a los del régimen”.⁷⁰

El caso de Adolfo de la Huerta es peculiar por varias razones. Llegó a la Secretaría de Hacienda sin una sólida experiencia financiera, pero con la aureola de político conciliador, capaz de lograr en seis meses lo que Carranza no logró en tres años de gobierno: la pacificación de la mayor parte del país por medio de la negociación y no de las armas. Su designación tenía en consecuencia una intención eminentemente política de parte del presidente de la República: se le encomendó lograr la cooperación de agentes nacionales y extranjeros que se habían opuesto a la Revolución en la magna tarea de la reconstrucción nacional. Es innegable que con su capacidad de negociación, De la Huerta avanzó en este cometido.

A pesar de sus cualidades políticas, Adolfo de la Huerta no era el hombre mejor capacitado para diseñar y construir la ingeniería económica del Estado surgido de la Revolución. No pudo lograr una reforma fiscal que permitiera sustentar sobre bases más firmes la ampliación de la base tributaria que requería la construcción del Estado interventor, a pesar de que durante su gestión se ensayó el primer impuesto sobre la renta, el llamado “impuesto del centenario” porque sirvió para financiar los festejos del centenario de la consumación de la independencia.⁷¹ Aunque en el inicio de la misma tuvo excelentes asesores que pudieron haberlo apoyado en esa misión, como Manuel Gómez Morín o Miguel Palacios Macedo,⁷² no los supo conservar y finalmente se conformó con administrar la hacienda púbica sin proponer soluciones de fondo. Finalmente, la negociación de la deuda terminó por rebasarlo, por las expectativas que había despertado en el presidente y que temía defraudar y por las constantes críticas del secretario de Relaciones Exteriores, que muy probablemente ambicionaba su puesto. Su relevo por Alberto J. Pani, que además de mayor experiencia diplomática tenía un diagnóstico claro sobre las debilidades del sistema tributario y sobre la forma de corregirlas,⁷³ fue una decisión acertada en el largo plazo, ya que su gestión sentó las bases de un sistema fiscal más moderno y menos regresivo,⁷⁴ pudo crear finalmente el banco único de emisión y renegoció la deuda externa en condiciones más favorables para México, aunque en lo inmediato se haya visto empañada por una controversia que tuvo evidentes tintes políticos.