El libro se centra en dar cuenta de la conflictividad étnica en el continente americano, desde Alaska y Canadá, hasta la Patagonia, Argentina. En la delimitación teórica, la investigación abreva y toma como referentes otros estudios que se han realizado sobre el tema de la conflictividad étnica en el mundo; en particular la investigación realizada por Rodolfo ^{Stavenhagen (2000)} en la década de los noventa, que buscaba comprender las luchas étnicas del otro lado del océano; particularmente los conflictos étnicos entonces prevalecientes en Kurdistán, Pakistán, Yugoslavia, Líbano y Malasia, entre otros. Algunos de los reclamos étnicos que el autor documentó tenían un propósito de autodeterminación soberana para la formación de nuevos Estados. Tomando como base ese referente, la investigación que coordinó Natividad Gutiérrez y cuyos resultados están contenidos en los dos volúmenes que aquí se reseñan, se propone indagar sobre sí las luchas étnicas en Las Américas tienen propósitos soberanistas que conduzcan a la formación de nuevos Estados. Los resultados de investigación -sobre todo los estudios de caso que se despliegan en el primer volumen-, condujeron a una primera conclusión: las luchas étnicas en Las Américas no tienen como propósito la secesión, y no se han propuesto independizarse; no obstante que varias de ellas emiten sus discursos en una gramática autonómica. Concluyeron en que ninguna de ellas amenaza la integridad territorial de los estados-nación de los que hacen parte. Entonces, si las luchas étnicas en América no tienen un alcance secesionista, ¿por qué, en los países en donde la emergencia indígena está presente, los gobiernos nacionales responden con violencia?, ¿quiénes generan y ejecutan esa violencia y por qué se produce? Y, ¿qué contestaciones articula el activismo indígena frente a esas amenazas? A dar respuesta a esta última pregunta, se avocan los resultados de investigación en el segundo volumen.

El libro Etnicidad y conflicto en Las Américas, en sus dos volúmenes, lo componen veinte capítulos que presentan resultados de estudios de caso desarrollados en países de América Latina, Estados Unidos y Canadá; además de sendos capítulos teóricos y metodológicos, escritos por Natividad Gutiérrez Chong, la coordinadora de la investigación. Varios pasos metodológicos sucesivos que orientaron el camino investigativo son presentados en el capítulo introductorio. En primer lugar acotar el campo de análisis: un conflicto étnico se define por la acción política organizada de quienes se identifican con intereses étnicos. Luego se procedió al acopio de la información que sería incorporada en una base de datos que incluyó el registro de 68 casos de conflictos étnicos, o de “etnicidades en conflicto”, en 19 países del continente. Para manejar la abundante información generada fue necesario armar una plataforma digital: el “Sistema de consulta de Organizaciones Indígenas Políticas y Conflictos Étnicos en Las Américas” (Sicetno), que a su vez se alimentó de dos bases de información, conectadas a otras fuentes similares, de carácter internacional. Esto permitió disponer de un soporte de información empírica y hemerográfica compartida, que hiciera posible la comparación, y elaborar el “mapa de los conflictos étnicos del continente”.

La documentación acopiada se organizó en cinco ejes analíticos, a saber, I territorio, recursos naturales y desplazamiento; II empresas nacionales y transnacionales; III demandas y reconocimiento de derechos indígenas en las democracias actuales; IV conflictos interétnicos y; V medio ambiente. Esta clasificación fue necesaria realizarla con propósitos metodológicos, pero en la realidad social los conflictos se presentaban cruzados entre sí. Llamó la atención a las y los investigadores advertir la centralidad que adquirieron los temas de territorio, recursos naturales, empresas nacionales e internacionales, estados nacionales y medio ambiente. Cada uno de ellos, y todos articulados entre sí, registraban la más alta conflictividad. A todo lo largo del libro destaca la tendencia de crecimiento de esta conflictividad en el curso de la primera década del siglo XXI. Claramente se observa un quiebre, que da cuenta de un cambio de época en la relación entre los pueblos indígenas y los estados nacionales. Así, puede verse que en el segundo tercio del siglo XX, la emergencia indígena se orientó por una estrategia de luchas por el reconocimiento de derechos; mientras que en el siglo XXI se trata principalmente de luchas por la defensa de territorios ancestrales, crecientemente amenazados de despojo por los intereses económicos nacionales y transnacionales. En esta última etapa los actores gubernamentales cumplen un papel central -por acción y por omisión- que propicia distintos tipos de violencia; que dañan y amenazan a las poblaciones indígenas, mediante prácticas genocidas, que conducen a la desposesión por la paulatina pérdida de sus tierras, territorios y bienes comunes. Contexto general en el que se produce la vulneración de derechos y secuelas graves, por problemas de desplazamiento de población, desarraigo y pobreza, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Una manera de leer el libro es agrupando las lecturas por países, de acuerdo a las tendencias político-ideológicas de los gobiernos; como por ejemplo aquellos que se autoidentifican como “progresistas”, frente a los “conservadores”. De estos últimos, Colombia y Chile son escenario de múltiples conflictos étnicos. Fernando Lobos y Juana Martínez indagaron sobre sus causas en Chile (“Recursos naturales y territorio en Chile, Uruguay y Paraguay: antigua explotación con nuevos dueños”, cap. 4, vol. I). En este país, en 1974, el gobierno militar firma el Decreto Fuerza Ley 701, que sienta las bases para la explotación forestal, que tuvo como propósito su expansión. La legislación nacional afirmó la necesidad de expropiar las tierras indígenas “por el interés nacional y la utilidad pública” (p. 183). El decreto no tomó en cuenta ni la posesión ancestral de los territorios y tampoco las afectaciones en salud a la población local; toda vez que, entre otras cosas, al modificar el ambiente, trastorna la cadena alimenticia tradicional. Por otro lado, más recientemente, en el marco de reformas de nueva generación de ajustes al Estado neoliberal, se ha emitido una nueva Ley de Pesca, que refrenda prácticas neocoloniales de despojo. La razón de Estado se impone frente a los derechos primordiales de los pueblos originarios. Ante la expansión forestal y pesquera, los campesinos y pescadores mapuches han salido a defender sus bosques y sus recursos hídricos, lo que ha dado lugar a una alta conflictividad étnica y a la criminalización de las demandas indígenas, dejando varios muertos y cárceles con presos políticos mapuches.

Por otro lado, el conflicto étnico en Colombia incorpora otros ingredientes que Francy Sara Espinosa (“Cómo entender el desplazamiento indígena en el conflicto armado colombiano”, cap. 5, vol. I.) se ocupa de desmenuzar. Una característica es que la conflictividad étnica se inscribe en el marco de un conflicto armado. La autora pone de relieve la fuerza de la organización indígena que se organiza y lucha por defender sus territorios y bienes comunes ante los actores armados, legales e ilegales: los paramilitares y la guerrilla, dejando varios miles de desplazados. El desplazamiento está asociado con el despojo de territorios. Los más afectados ha sido la población rural que ha sufrido el desarraigo. Muchos de ellos se han incorporado a las zonas urbanas en condición de marginación y mayor empobrecimiento. En esas condiciones la población ha tenido que resistir, al intentar reconstruir su vida haciendo valer los derechos autonómicos que les reconoce la Constitución de su país e implementando diversas estrategias de defensa territorial, como las guardias comunitarias. Adicionalmente, han desarrollado una fuerte creatividad social para reforzar su identidad colectiva mediante la educación, tal y como lo documenta Betty Calero García (“Resistiendo al conflicto armado a través de la educación”, cap. 14, vol. II).

Es significativo advertir que, según documentan los estudios de caso en los países con gobiernos alineados a la izquierda, el accionar gubernamental no es significativamente diferente a lo observado en las prácticas de los gobiernos conservadores. De tal forma que el conflicto étnico también está presente en Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Perú y Uruguay.

Como es conocido, las luchas indígenas de la zona andina han tenido un fuerte potencial transformador en sus sociedades, que se ha concretado entre otras cosas en introducir cambios en el diseño de los Estados de la región. Destacan particularmente las adecuaciones que realizaron Ecuador y Bolivia al modificar sus constituciones para dar origen a nuevos estados plurinacionales. Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009 incorporan el concepto de plurinacionalidad como parte constitutiva de su identidad política. La plurinacionalidad consiste en admitir que dentro de la nación dominante conviven otras nacionalidades. Sin embargo, pese a que dicha declaración presume aumentar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en la realidad esos derechos no se han materializado. Y, por el contrario, los gobiernos de Bolivia y Ecuador se encuentran en constante conflicto con los pueblos y organizaciones indígenas, que les cuestionan las políticas económicas. En particular lo relativo al incremento de la presencia de las petroleras y mineras en los territorios de la Amazonía, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con los conflictos con los pueblos originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador. En estos países ha crecido la resistencia en contra de la explotación de sus bienes comunes; frente a ello, los Estados aumentan la criminalización de las luchas y usan la violencia para intimidar a la población, tal y como lo documentan Juana Martínez Resendiz (“Acciones de los pueblos indígenas ante la amenaza a los recursos naturales en la Amazonía ecuatoriana”, cap. 18, vol. II) y Gaya Makaran (“‘Volveré y seré millones’. El movimiento indígena boliviano”, cap. 13, vol. II) en sendos capítulos de este libro.

Los casos de Brasil y Venezuela no hacen la diferencia, aun cuando los poderes ejecutivos de esos países suelen identificarse como gobiernos de izquierda o progresistas. Así, por ejemplo, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ocurrió una indiscriminada apertura a las empresas petroleras y mineras, sin que el Estado asumiera el compromiso de la protección de los territorios indígenas. En Brasil se han registrado casos graves de exterminio de la población, como es el caso de la masacre genocida ocurrida en el estado Mato Grosso do Sul en contra de miembros del pueblo Guaraní Kaiowa, que por su gravedad ha requerido la intervención de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Mediante actos represivos se ha intentado detener una vigorosa lucha de este pueblo que inició en la década de los ochenta, por la recuperación de sus territorios ancestrales. Estas luchas han sido criminalizadas por el Estado, favoreciendo el interés de empresarios avocados a la producción de biocombustibles, destinando la caña de azúcar para la elaboración de etanol. Los planes empresariales que ha impulsado el gobierno brasileño producen afectaciones a la tierra y compiten con el modo de vida indígena. Para Claudia Andrea Villagrán Muñoz (“Masacres genocidas contemporáneas contra los indígenas: recurrencia de asesinatos en América Latina y la gravedad en el Mato Grosso do Sul brasileño”, cap. 11, vol. II) es preocupante constatar que el avance de las empresas privadas goza del apoyo y complicidad del gobierno nacional y de las autoridades locales al ser indiferentes y dejar en la impunidad el asesinato de los líderes que resisten al despojo. En su perspectiva, el Estado es omiso en hacer cumplir su propia Constitución y los tratados internacionales de los cuales es signatario. La autora observa que igual cosa ocurre con la Venezuela chavista (“Derechos indígenas y conflictos étnicos en la Venezuela chavista”, cap. 6, vol. I). Por un lado registra avances en el reconocimiento de derechos colectivos y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena; pero al mismo tiempo, el Estado también recurre a la represión de los liderazgos de los pueblos indígenas, cuando éstos defienden territorios que son amenazados por las empresas petroleras, pese a que la Ley reconoce los derechos ancestrales de esos pueblos.

Así las cosas, ¿por qué todos los Estados, independientemente de su posición ideológica o incluso del alcance del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, criminalizan las luchas indígenas y recurren a la violencia para detener su avance? El problema de fondo, nos dicen las y los autores del libro, es que en todos ellos, los gobiernos están comprometidos con un modelo económico neoliberal: la explotación de los recursos naturales, como la minería, petróleo o gas, sigue siendo la base de su economía. Y dado que estos recursos suelen estar localizados en territorios indígenas, la violencia es el recurso para enfrentar el rechazo indígena frente al despojo, aumentando los conflictos étnicos. Así las cosas, pese a lo establecido en las constituciones plurinacionales de los gobiernos andinos y al discurso progresista en el cono sur, los gobiernos han optado por sacrificar los derechos de los pueblos, abriendo sus territorios al capital nacional e internacional; y junto con ello implementan políticas represivas y genocidas, violatorias de los derechos humanos, nos dicen los autores.

El libro nos presenta evidencias que nos constatan que en los albores del siglo XXI presenciamos un momento histórico de un nuevo ajuste de tuerca en la formación del Estado neoliberal, expandiendo su área de intervención hacia los territorios ancestrales indígenas. La resistencia de los pueblos a esa avalancha neoextractivista crea un campo de alta conflictividad étnica, característica de la región, que encarna de manera violenta por el sustrato colonial en el que se soporta. Las y los autores concluyen en señalar que los conflictos étnicos en la región constituyen un nuevo momento de una disputa histórica por el control del continente, colonizado en el siglo XVI.

En la defensa de sus territorios los pueblos indígenas son opositores consistentes frente a la dominancia de la economía de mercado. Es por ello que, al mismo tiempo que se les despoja, simultáneamente asistimos a nuevas formas de lucha indígena, como los procesos de primordialización de las identidades étnicas y la comunalización de la vida social y de la política indígena, invocando la cosmovisión y la ancestralidad, como nuevas herramientas de resistencia y protecciones político-ideológicas, como ocurre con el paradigma del “buen vivir”, construido por los pueblos andinos. Este es el terreno del conflicto étnico en Las Américas.

El libro es novedoso en cuanto al tema y a las perspectivas teóricas y metodológicas con las que se aborda. Carecíamos en México y en América Latina de un estudio que ofreciera una mirada comprehensiva, un mapa regional, sobre el fenómeno del conflicto étnico en el continente, que se esforzara por explicar por qué ocurre, y ofreciera luces y herramientas teóricas y metodológicas para comprender las causas y características que adquiere. Por estos aportes se celebra su publicación.