Introducción

Vaca Muerta es una formación geológica que abarca una superficie de 30 000 km2, y atraviesa mayormente la provincia de Neuquén, Río Negro, una parte de Mendoza y La Pampa. Su trascendencia geopolítica se reveló en el año 2010, con el descubrimiento de shale gas y shale oil, ubicándose la Argentina en el segundo y cuarto lugar en posesión de estos recursos, junto a Estados Unidos, Canadá y China. Si bien el conocimiento sobre estos hidrocarburos se remonta a décadas atrás, tanto los costos como la tecnología disponible en ese entonces no habían favorecido la extracción de estos recursos. Con el descubrimiento realizado por la empresa YPF-Repsol en el yacimiento Loma la Lata, en la provincia de Neuquén, se habilitó oficialmente la etapa de extracción de los no convencionales.

Con este hallazgo, el país se insertó en un nuevo ciclo político, económico y social del capitalismo donde se produce energía extrema, etapa en la que empresas y gobiernos extraen energía fósil de formaciones geológicas que requieren procesos más costosos y complejos, con grandes impactos socioambientales que afectan territorios dedicados a distintas actividades productivas, habitados por poblaciones que sufren estas consecuencias (^{Roa Avendaño y Scandizzo 2017}; ^{Klare 2012}).

La energía extrema se implanta asimismo en un patrón de desarrollo extractivista, o neoextractivista, que autores como ^{Svampa (2019)}, ^{Acosta (2012)}, ^{Gudynas, (2009)} definen como un modelo sostenido en la sobreexplotación de bienes naturales, en gran parte no renovables, y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados improductivos desde el punto de vista del capital. Este patrón se orienta a la exportación a gran escala de estos bienes primarios (hidrocarburos, metales, minerales, soja, etcétera), mediante proyectos que adquieren gran envergadura, llevados a cabo por actores corporativos -en general trasnacionales, aunque no están excluidos los de capital nacional-. Al mismo tiempo, estas actividades implican una dinámica territorial que tiende a desplazar a otros procesos productivos, con los cuales esta lógica extractiva compite. Como sostiene ^{Honty (2018)}, esta lógica extractivista se reproduce en la región Latinoamericana con relación a la producción de energía, para promover el crecimiento, el mejoramiento del perfil exportador y el consumo interno, presionando sobre la biodiversidad y los territorios con técnicas y medios de explotación cada vez más costosos y agresivos que alientan conflictos con quienes habitan los lugares donde buscan instalarse los distintos proyectos energéticos.

En la zona Norpatagónica, la extracción de hidrocarburos se afirma en territorios donde se han emplazado históricamente otras actividades productivas ligadas a la agricultura, la ganadería extensiva y la fruticultura. Pero además, se trata de territorios que lejos de estar “vacíos” son habitados principalmente por distintos lof¹ del pueblo mapuche. En la provincia de Neuquén, corazón de la extracción de gas y petróleo, el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales ha encontrado fuertes resistencias en algunas de estas comunidades, cuya relación con el territorio y la naturaleza es significada y valorada de modos contrapuestos con la utilización y mercantilización de los bienes de la tierra, propias de la lógica extractivista y neoextractivista que singulariza la dinámica del desarrollo nacional y regional.

Estos conflictos que enfrentan a los pobladores que habitan los territorios y a las grandes empresas explotadoras de recursos fósiles, a los gobiernos locales y nacionales, aportan claves de intelección de las disputas entre los pueblos originarios y el avance de las fronteras de acumulación del capital. Efectivamente, si bien la producción de energía a través de técnicas convencionales reconoce antecedentes de conflictos y desplazamientos de pobladores, el fracking acentuó y profundizó estos enfrentamientos por su dinámica extractiva por el uso intensivo del suelo, la generalización de los impactos ambientales y la profundización de políticas privadas y públicas para resolver las tensiones en pos de cumplir los objetivos productivos y mejorar las ganancias empresarias.

En este escrito aspiramos trabajar, desde una perspectiva sociológica cualitativa, distintas aristas del conflicto que comprende a la actividad hidrocarburífera no convencional, con referencia a la resistencia y los reclamos territoriales del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén, en particular el caso del lof Campo Maripe. Para ello, nos basaremos en un conjunto de entrevistas² y registros de campo e instancias de observación participante que realizamos entre 2017 y 2019 en la provincia de Neuquén. Asimismo, utilizamos otras fuentes de análisis como documentos, declaraciones públicas y bibliografía pertinente para la temática.

En una primera parte de la exposición buscaremos problematizar la técnica del fracking, para luego dar cuenta de la conflictividad de las comunidades mapuche en relación con la explotación de hidrocarburos convencionales y el pasaje al nuevo escenario que implicó el avance de la frontera no convencional. Aquí trataremos de recuperar la existencia de una visión particular respecto al ambientalismo, el territorio, y su definición como pueblo mapuche. Luego, profundizaremos en el caso específico del lof Campo Maripe, donde el enfrentamiento vitalizó distintos procesos, argumentos y razonamientos en pos de la defensa del territorio. Para ello, un acontecimiento que repone y actualiza estas visiones sobre el territorio se produjo en Neuquén en abril de 2019, donde tuvo lugar un juicio por usurpación llevado adelante por los propietarios legales de las tierras que el lof Campo Maripe reclama. Este acontecimiento legal condensa y nos permite reponer analíticamente los posicionamientos, valoraciones y acciones resistentes de los Campo Maripe, así como las visiones de distintos sectores de la sociedad con respecto a este colectivo.

En nustro análisis, la noción de acontecimiento puede orientarnos en el abordaje de diversos sucesos que han ido caracterizando las resistencias y conflictos de la comunidad mapuche respecto de la producción de energía extrema, ya que es un escenario donde se traducen las condiciones bajo las cuales ciertas instituciones y actores detentan el dominio para contar la verdad, mientras otros recrean contraestrategias para intentar deslegitimar narraciones socialmente autorizadas (^{Schillagi 2011}). En esta orientación, el evento judicial resulta un suceso de interés para aportar al estudio la dinámica que adquirió el enfrentamiento.

Fracking y nuevas lógicas extractivas del capital

La sociedad actual consume grandes cantidades de energía para el mantenimiento de las distintas actividades productivas, de transporte y de ocio. Entre las principales fuentes energéticas, la fósil es la más utilizada. Sin embargo, como recurso no renovable, nos enfrentamos a nivel global al agotamiento de los reservorios baratos y de fácil acceso. Frente a este diagnóstico, en las últimas dos décadas, distintas iniciativas buscaron avanzar en la explotación de los llamados hidrocarburos no convencionales. Estos hidrocarburos, a diferencia de los convencionales, se encuentran atrapados en la roca madre, es decir, se hallan en pequeños poros de la formación rocosa y no están comunicados entre sí. Para poder extraerlos, por lo tanto, es necesario romper múltiples veces la roca, para que el gas y el petróleo puedan ser llevados a la superficie.

La extracción de estos recursos fue favorecida por la técnica de la hidrofractura, o fracking, que permite romper la roca mediante la inyección de agua a grandes presiones, junto con un cóctel químico y también arena, que mantiene las fisuras abiertas para permitir el escape del gas y el petróleo (^{D’ Elia, Ochiando et al. 2014}; ^{Alianza Mexicana contra el fracking s. f.}). Los hidrocarburos pueden ser extraídos de distintos reservorios o formaciones, adquiriendo la denominación de petróleo de arenas bituminosas, petróleo, gas de pizarra o esquisto (shale gas y shale oil) y gas de arenas profundas/compactas (tight gas).

Los efectos de la fractura hidráulica en el ambiente están relacionados con la contaminación de las napas de agua, la emisión de gases de metano que afectan el calentamiento global, los daños en la tierra debido a los derrames y a la afluencia del líquido de retorno o flowback, la contaminación lumínica, sonora y del aire. Además, se registra actividad sísmica en las zonas de explotación mediante la fractura hidráulica, ya que puede activar fallas sísmicas en los lugares donde se emplaza (^{Álvarez Mullally 2019}). Estos efectos tienen fuerte impacto no solo entre los trabajadores, sino también entre la población aledaña a las instalaciones.³ En Estados Unidos, pero también en la provincia argentina de Neuquén, se denuncia la preeminencia de cánceres, problemas de piel y respiratorios de la población expuesta a esta actividad y por el consumo de agua contaminada con químicos propios de la industria.

Frente a los potenciales riesgos que trae aparejada, la técnica del fracking ha sido prohibida en distintos estados de Estados Unidos, en Bulgaria, en Francia, Alemania y España, entre otros (^{Aristizábal Bedoya 2019}). Recientemente, en 2019, el Reino Unido ha decidido detener la actividad no convencional en sus territorios debido a la emergencia de actividad sísmica en las locaciones que se dedicaban a la exploración hidrocarburífera mediante esta técnica, y por el fuerte activismo de un colectivo de mujeres ambientalistas conocido como “las nanas de Lancashire” (^{Cartwright 2019}).

La explotación petrolera en la provincia de Neuquén: una historia de conflictos

El avance de proyectos extractivos en Latinoamérica está signado por la aparición de distintos conflictos en torno a la apropiación, uso y significación de los territorios y los recursos que son objeto de la explotación. En los diferentes casos donde se advierten críticas y resistencias de las poblaciones locales, las empresas y los estados suelen desarrollar un conjunto de estrategias para permitir la concreción de dichos proyectos. Estas estrategias apuntan al diálogo, al traspaso de recursos y al financiamiento bajo el lema de la responsabilidad social empresarial. Pero también se valen del uso de la violencia, el amedrentamiento, la extorsión, el desalojo, e incluso del uso de la fuerza pública para impedir acciones de protesta que pueda entorpecer el desarrollo de la actividad de explotación. Además, en distintos casos, la judicialización resulta una vía privilegiada para la resolución de las disputas.

En esta línea, la provincia de Neuquén cuenta con un historial de conflictos vinculados a la extracción de gas y petróleo, tanto convencional como no convencional. Las resistencias han sido protagonizadas por multisectoriales y colectivos ciudadanos, de profesionales, ambientalistas y ONG’s. Particularmente, y con mucha fuerza, los cuestionamientos a la actividad petrolera han sido encabezados por comunidades indígenas mapuche, quienes han sido afectadas de modo sustantivo en sus territorios.

La consolidación de la organización de las comunidades mapuches en la provincia de Neuquén, en la que destaca ^{Mombello (2018)}, se produjo con la conformación de la Confederación Mapuche Neuquina en la década de los 90, a partir de la adopción de una postura contestataria frente al gobierno provincial por el derecho al reconocimiento identitario, político y territorial. Para los pueblos originarios,⁴ esta construcción se encuentra fuertemente imbricada con el territorio y atraviesa distintas dimensiones, aunque los reclamos territoriales son la columna vertebral de sus demandas. Ello fue potenciado por la adopción, en 1992, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del gobierno argentino.⁵

Como bien establece ^{Bello (2004)}, estos procesos se corresponden con la transformación a nivel latinoamericano de la acción colectiva indígena, que dejó de estar asentada sobre demandas campesinistas y de clase, y que se ha expresado en las últimas décadas en el uso de la etnicidad y de la identidad como estrategia política. Para el autor, esto ha incentivado nuevas formas de solidaridad, “cristalizada en la constitución de un sujeto social indígena que tiene formas propias de hacer política, con estrategias y discursos a veces desvinculados o distantes de los bloques tradicionales” (^{Bello 2004: 89}). Ello se vincula con la emergencia de la “cuestión étnica” en la década del 90 observada por Rodolfo ^{Stavenhagen (1997)}, que refiere a la consolidación de actores indígenas como actores políticos y sociales a lo largo del continente latinoamericano. Si bien este proceso varía según cada país y región, es posible afirmar que los discursos políticos indígenas emergen de una intersección entre la reivindicación a partir de la noción de derechos humanos, el cuestionamiento a la noción de desarrollo, y se articulan con una visión particular sobre la democracia y la defensa del ambiente.

En la Argentina, en el momento en que se reconocieron los derechos indígenas en la Constitución nacional en 1994,⁶ los conflictos por la tierra se incrementaron de manera significativa, ya que los pueblos originarios empezaron a reivindicar sus derechos sobre las tierras ancestrales de las que fueron expulsados, apoyados fuertemente en las regulaciones constitucionales y en documentos internacionales ratificados por Argentina. Como contraparte, personas o empresas nacionales y extranjeras, que habían adquirido esas tierras décadas atrás, defendían sus derechos de propiedad con base en la legislación existente en el país (^{Rosti 2017}).

Para las comunidades, la recuperación del territorio implica su reconocimiento como dueños legítimos. A su vez, las comunidades articulan sus reclamos con demandas ecologistas que habilitan e impulsan acciones de defensa y disputa por los recursos naturales en interlocución con otros actores. Los enfrentamientos a fines de los años 90, a causa de la contaminación que generaba la extracción de hidrocarburos convencionales en sus territorios, se advierte como antecedente de las tensiones y peticiones que llevan adelante actualmente contra la actividad del fracking (^{Mombello 2018}).

Con respecto a la conflictividad contra la explotación de hidrocarburos convencionales, la historia se remonta a una de las situaciones más emblemáticas, las de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemill. La contaminación en sus territorios es el ejemplo más claro que muestra cómo la falta de controles estatales y los manejos irresponsables de las empresas impactan fuertemente en los territorios y en la vida comunitaria. Como analiza ^{Fernando Cabrera (2015)}, estos casos fueron los primeros en tomar relevancia mediática. Las comunidades estaban asentadas en Loma la Lata, uno de los yacimientos de gas más importantes de Neuquén y del país. En la década de 1990, el conflicto entre las comunidades y las empresas adquirió preeminencia al encontrarse en sus tierras una gran cantidad de sustancias peligrosas para la salud, como hidrocarburos, plomo y mercurio, luego de años de extracción de gas del yacimiento. A pesar de las reiteradas denuncias de las comunidades, en 2000 los gobiernos provincial y nacional prorrogaron la concesión a YPF-Repsol hasta el 2017.

En 2001 se publicó un estudio solicitado por las comunidades afectadas, apoyadas por la Confederación Mapuche de Neuquén. En el informe se evidenciaban los daños ambientales, contabilizando grandes extensiones de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, y naftaleno. Además, en el agua se registraron altos niveles de metales pesados, hidrocarburos y fenoles que superaban los valores legales.⁷

Este proceso conflictivo por el territorio no es azaroso ni tampoco es específico de Argentina. En América Latina, como analiza ^{Svampa (2019)}, las luchas de carácter socioambiental, los reclamos de los pueblos originarios y de sectores campesinos en defensa de sus tierras y sus formas de vivir y producir, fueron consolidando y conformando las bases de un lenguaje común de valoración, en el marco de un giro ecoterritorial donde convergen diferentes matrices y expresiones. Ello es el resultado de un cruce innovador entre la matriz indígena-comunitaria y la narrativa autonómica, en clave ambientalista y también ecofeminista, que impulsó un relato común para dar cuenta del modo en que se piensan y representan las actuales luchas socioambientales, centradas en la defensa del territorio desde una perspectiva biocéntrica.

Como destaca Rosti (2016), los pueblos originarios han adquirido un lugar de importancia en relación con algunos conflictos en particular. Cabe destacar que Neuquén es la segunda provincia argentina en densidad de población indígena (7.9%) y está entre las primeras en riquezas hidrocarburíferas. Sin embargo, atiende de modo irregular a los derechos indígenas que están reconocidos en el artículo 53 de la Constitución provincial, reformada en el año 2006 para adaptarse a la Constitución nacional, favoreciendo con este déficit que la frontera extractiva penetre progresivamente en territorios indígenas. Ello ha generado como contraparte el aumento de los conflictos territoriales y la criminalización de la protesta indígena de estas comunidades. Jueces y funcionarios que deben aplicar el derecho en casos concretos, suelen no guiarse por la Constitución Provincial o las normas federales y de derechos humanos, optando por reglamentaciones que niegan o coartan el ejercicio de esos derechos reconocidos.

Las demandas de las comunidades y de las organizaciones mapuches en la provincia se sitúan en la memoria larga de despojo de sus tierras, y se efectúan en torno a tres antagonistas: en un primer momento el Estado, como también los sucesivos gobiernos de la provincia y de nación que perpetúan la condición marginal de las poblaciones, y por otro lado las empresas, quienes en la cotidianeidad son las que irrumpen en los territorios reclamados como comunitarios, avanzan con sus maquinarias y exploraciones, pero también son quienes, muchas veces, exigen a los distintos poderes públicos la resolución de la conflictividad para avanzar con las explotaciones. El tercer antagonista se cristaliza frente a los propietarios legales de las tierras: familias con emprendimientos productivos que adquirieron en determinado momento las escrituras legales como propietarios y entran en disputas para expulsar a las comunidades mapuche de esos territorios.

En el caso de Vaca Muerta, el inicio de la era de los no convencionales implicó para las comunidades mapuche un recrudecimiento de la conflictividad, dado por el avance de las empresas hacía zonas no explotadas anteriormente (^{Svampa 2013}). En este sentido, si bien las comunidades mapuche en Neuquén respaldaron la recuperación de 51% de activos de YPF por parte del Estado Nacional en 2012, lo cierto es que mostraron reservas con respecto a la política extractiva energética que venía desplegándose, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. No es para menos, ya que la explotación convencional posee, como ya mencionamos, un gran historial de casos de contaminación en territorios comunitarios y de avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios.

Las comunidades y organizaciones mapuche son las que también percibieron tempranamente los efectos perniciosos del avance de la frontera no convencional. Su crítica hacía la explotación de hidrocarburos no convencionales está sustentada en la experiencia vivida por la comunidad Gelay Ko, en el centro de la provincia de Neuquén. En el territorio de dicha comunidad, la empresa Apache realizó, en 2011, el primer pozo de hidrocarburos de reservorios no convencionales. Para los entrevistados, la muerte por problemas respiratorios de Cristina Linkopan, la logko⁸ de la comunidad, que lideraba la resistencia al ingreso de la empresa Apache, es el antecedente más doloroso y emblemático del conflicto.

La muerte de la líderesa indígena, en marzo de 2013, representa en toda su expresión la lucha de una comunidad contra los pasivos ambientales de la actividad petrolera. Los trabajos de ^{Gayol y Kessler (2018)} y ^{Galar (2015)} nos invitan a considerar ciertas muertes que adquieren notable visibilidad pública y habilitan la emergencia de sensibilidades colectivas, resultando catalizadoras para demandas sociales preexistentes y, por tal razón, vehiculizan la constitución y reconfiguración de problemas públicos y el ingreso en la agenda mediática y política de diferentes temas.

En esta dirección, la muerte de la joven logko habilitó la apertura de un escenario controversial que versó sobre las causas de su fallecimiento. Para la comunidad, la complicación de su salud colocó en escena los avatares en el cuerpo y por tanto las enfermedades que la explotación de hidrocarburos aparejaba. En ese sentido, voceros de la Confederación Mapuche evidenciaban la dificultad de realizar estudios en laboratorios privados para determinar la causa de las dolencias, sumado a que no se realizaban en la comunidad mediciones de contaminación de aire, tierra y suelo. Además, denunciaban que otros integrantes de la misma comunidad sufrían los mismos síntomas respiratorios de la logko.

Para las comunidades mapuche y las organizaciones que las nuclean, la defensa del territorio no está asentada sobre una lógica económica sino, sobre todo, se sostiene en su derecho ancestral al territorio que históricamente habitaron. Pero además, el territorio cobra una importancia central en la producción y reproducción de la vida comunitaria mapuche. En palabras de integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén:

El territorio es el lugar donde se desarrolla una forma de vida, y la convivencia de múltiples vidas, donde la del mapuche es una, pero existen múltiples otras vidas que se interrelacionan, que dependen una de otra. Y, si se rompe esa cadena, si se rompe esa integralidad, desaparece la vida mapuche. Por eso territorio es igual a buen vivir, es igual a desarrollo cultural. Se rompe esa integralidad y se pone en la balanza toda la cadena de vida. Ahora, cómo podríamos encontrar puntos en común entre el fracking y la forma de vida mapuche para que ambos coexistan… es imposible porque son dos lógicas, lógicas que se contraponen, que una es la lógica de que la naturaleza está para ser explotada, y sacarle riqueza sin límite. Y la lógica mapuche es que sin esos elementos naturales no podés vivir. El pueblo mapuche nunca fue un pueblo conservacionista, logró tomar de la naturaleza todo lo que necesitaba para vivir y nunca la puso en riesgo de vida” (Entrevista realizada por los autores a referente mapuche, Confederación Mapuche de Neuquén, 2018).

“En la ciudad nosotros no tenemos un Rehue que es un lugar ceremonial mapuche. Según la secretaría municipal de cultos, hay más de 600 templos católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, y nosotros no tenemos un rehue. El mapu no es solamente la tierra donde caminamos, es el wellmapu, el nichmapu, todo es un mapu. Entonces eso es ser mapuche para nosotros” (Entrevista realizada por los autores a referente mapuche, Confederación Mapuche de Neuquén 2018).

Como se advierte en los testimonios, el reclamo indígena combina la demanda ambiental con la territorial, concibiendo una articulación inseparable entre las personas, el entorno y las prácticas culturales, una imbricación entre lo material y lo simbólico. Es por eso que cobra sentido la afirmación que realizan los grupos mapuche en la que establecen que “sin territorio no hay existencia mapuche”. La demanda ambiental, asimismo, no puede comprenderse para este colectivo de igual modo que para otros sectores sociales que defienden los recursos naturales. La noción de ambiente es planteada con diferencias claves entre el ambientalismo y la defensa mapuche del territorio:

Soy mapuche. Los ambientalistas son amigos, aliados, pero el ambientalista habla de naturaleza, por eso muchas veces los ambientalistas no entienden el lugar del mapuche en el territorio. El mapuche siempre vivió en equilibrio con la tierra y lo que lo rodea, eso es lo que los ambientalistas no entienden (Entrevista realizada por los autores a referente mapuche de la Confederación Mapuche de Neuquén, 2018).

La concepción ambientalista separa al ser humano, es antropocéntrica, entonces separa al ser humano de lo que es el ecosistema. Y entonces más allá de que sean ecologistas, separan, ponen a los humanos como el centro de la existencia. Y para nosotros la vida no existe en función de nosotros, sino que nosotros existimos gracias a todas las vidas que nos sostienen (Entrevista realizada a referente mapuche, Confederación Mapuche de Neuquén, 2018).

Aunque los colectivos ambientalistas y sus argumentos son aceptados por los referentes y grupos mapuche, su perspectiva ambiental tiene diferencias claras, ya que la occidental promueve y se afirma sobre la separación entre el hombre, la cultura, y por otro lado la naturaleza. Es así que la frase “no soy ambientalista, soy mapuche” implica la defensa del territorio y del entorno desde una perspectiva de totalidad que es recuperada en la versión mapuche del buen vivir, el sistema de vida o kvme felen.⁹

La disputa del lof Campo Maripe frente a la avanzada extractiva: del indio permitido al indio rebelde

Con la llegada del fracking a la provincia, tuvo lugar un nuevo embate hacia las comunidades por parte de las corporaciones, inaugurando un nuevo ciclo de resistencias y denuncias. Con el arribo del convenio YPF-Chevron en 2013, la comunidad Campo Maripe, nucleada en la Confederación Mapuche de Neuquén, comenzó a denunciar el avasallamiento de los territorios comunales dedicados a las actividades ancestrales, culturales, y económicas. También denunciaban que no se aplicaban los instrumentos legales del convenio 169 de la OIT.

Al no responder favorablemente las autoridades provinciales y de las empresas a los reclamos de la comunidad, sus integrantes desplegaron acciones de resistencia a través de piquetes y protestas en los puntos de acceso a los yacimientos, y con la toma de las torres de perforación. Frente a esta escalada de acciones directas, el gobierno y las empresas respondieron con una fuerte represión, criminalización y procesos de judicialización (^{Bercovich y Rebossio 2015}). En estas acciones de protesta, la comunidad mapuche valorizó el lugar de los jóvenes, quienes han integrado las organizaciones políticas mapuche, fomentando el recambio generacional y vinculando nuevas formas de militancia, como las relacionadas al feminismo, al activismo en el plano cultural y a la música. Frente a la llegada del fracking, son los jóvenes quienes han incursionado e investigado a través de internet y redes sociales, buscando información sobre los riesgos de esta técnica y traduciendo materiales, que que originalmente estaban en inglés, al español. En este contexto también se destaca el lugar y rol combativo que las mujeres adquirieron en los conflictos -sobre todo con respecto a la toma de las torres petroleras- potenciando y vigorizando tanto la solidaridad como el enfrentamiento.

En este marco contencioso, en 2014 se inició, en la provincia de Neuquén, un juicio entre partes privadas, en el que la familia Vela, propietaria legal de las tierras donde se emplaza la explotación no convencional -y que los mapuches reclaman como propia-, denunció por usurpación y despojo de territorio a los integrantes del Lof Campo Maripe.¹⁰ De este modo, el conflicto se judicializó mediante una denuncia penal en el que la familia Vela sostenía que, desde que inició la explotación no convencional, la familia Campo Maripe, antigua pobladora de la zona de Añelo, había realizado un proceso de “conversión” como comunidad mapuche, comenzando a ocupar y usurpar tierras, en pos de obtener réditos económicos por los servicios de servidumbre¹¹ que otorga la empresa petrolera por el permiso de paso hacía el yacimiento.

La culminación de este juicio puede ser observado como un acontecimiento, en el sentido de instituirse como un fenómeno que adquiere valor y relevancia desde ciertos puntos de vista y obtiene atención pública. El mismo se constituye en un fenómeno que renueva los modos de interpretar la realidad. El acontecimiento implica, por tanto, que distintos actores sociales e instituciones asuman y evidencien diversas posiciones respecto de un proceso social determinado (^{Schillagi 2011}).

El juicio, que tuvo lugar en abril de 2019, reactivó debates y denuncias de la comunidad Campo Maripe con respecto a los territorios comunitarios que demandan como ancestrales y se puso en cuestión, por parte de otros actores, la legitimidad misma de estos reclamos.

Si bien no es el único proceso legal que han experimentado las comunidades, este juicio es apreciado por los distintos actores de modo muy particular, especialmente por las consecuencias que puede tener para los proyectos de explotación de Vaca Muerta. Justamente, el resultado del juicio podía sentar un antecedente en torno a la forma que tiene el poder judicial y la provincia de gestionar los conflictos de comunidades originarias por los territorios, contribuyendo así a modificar las relaciones de poder entre los sujetos que los disputan. Esto adquiere relevancia en una provincia donde el poder judicial emerge como un actor de gran peso en los distintos conflictos por el territorio. No es azaroso que, en la provincia, la resistencia mapuche incluya procesos de judicialización, lo que se expresa en la cantidad de causas, tanto penales como civiles, que tienen la mayoría de los líderes y las lideresas indígenas de la provincia, que organizan a sus comunidades y que reivindican sus territorios, y se oponen a los desarrollos económicos extractivos que el Estado Provincial busca llevar a cabo.

Ciertamente, los conflictos por el territorio no revelan solamente un enfrentamiento por el lugar, sino que los mismos requieren un constante esfuerzo para su establecimiento y mantenimiento, ya que son el resultado de estrategias para controlar, afectar e influenciar personas, fenómenos y relaciones (^{Sack 1986}). El juicio por usurpación es así un momento particular en el desarrollo del proceso contencioso por el territorio, que pone directamente en escena una disputa discursiva donde se ubican en el centro las discusiones por el derecho, los derechos y el estado de derecho. Como establece ^{Sanjurjo (2016)}, un juicio implica una escenificación en la que entran en contacto y en disputa no solo las partes acusadas y querellantes, sino que es un espacio particular de afirmación de sentidos. La autora, retomando a Foucault, sostiene que las narrativas emergentes en la escena judicial pueden analizarse y pensarse como juegos estratégicos de acción y de reacción, de preguntas, de respuestas, de dominación y de lucha.

En las presentaciones orales de la querella (compuestas por fiscales del Estado y la parte “privada” denunciante) y de los acusados, se dirimieron distintos sentidos en torno a este enfrentamiento territorial. La legitimidad que afirmaban tener los Campo Maripe en su reclamo, en tanto comunidad indígena, fue cuestionada poniendo en tela de juicio, por un lado, el carácter auténtico de la familia Campo Maripe como mapuche. Se sostenía, desde los acusadores, que los Campo Maripe se constituyeron como una “comunidad espontánea”, ungida con la finalidad de obtener réditos económicos. Por otro lado se cuestionó la legitimidad misma del reclamo por las tierras: ¿Eran efectivamente los Campo Maripe sus habitantes? ¿Las habían transitado y utilizado?, interrogaba la parte querellante.

La familia Vela relató en el juicio que los vínculos con la familia Campo¹² se habían asentado históricamente sobre lazos de cordialidad, donde se advertían relaciones de dependencia económica de aquella familia con respecto a los Vela. Pero esta relación primaria se habría tensionado, a criterio del querellante, con la valorización territorial ocasionada por los anuncios de nuevos proyectos hidrocarburíferos. En este marco, para el propietario legal de las tierras, los Campo advinieron “sujetos rebeldes”, quienes comenzaron a realizar acciones de enfrentamiento contra las empresas petroleras y contra los mismos Vela. Algunos fragmentos del juicio abonan en esta dirección:

[…] han inventado un conflicto, durante 42 años nosotros no tuvimos ningún reclamo de ninguna índole con la familia Campo, nace Vaca Muerta y nace el conflicto, es un conflicto con un interés económico, político y nosotros hemos quedado enredados en esta pelea. La Confederación Mapuche quiere hacer pie en Vaca Muerta pero nunca hubo ahí una comunidad mapuche (Declaraciones radiales de Gilberto Vela https://www.lu5am.com/category/noticias/page/4/).

El afán de los Campo Maripe nace cuando nace Vaca Muerta. Los Campo se encadenaron a las torres de YPF para obtener dinero de las empresas y reconocimiento de la provincia. Entre el 2013 y el 2014, la provincia tiene tanta presión que le dan la personería por este circo mapuche, no son mapuches, tienen ascendente, pero nada más, aprovechándose de la sensibilidad de los neuquinos por los mapuches. Pero mapuches solo están los Paynemill en Añelo.” (Declaraciones de integrante de la familia Vela. Registro del juicio en el diario de campo, Neuquén, abril de 2019).

Esta visión es compartida también por dirigentes políticos y representantes de las empresas petroleras. Algunos entrevistados sostenían, en igual dirección a la familia Vela, que hay grupos mapuche en Plaza Huincul y en Cutral Co que son valoradas como comunidades tranquilas, con desarrollos forestales, de plantas, y que trabajan la tierra. Varios de estos grupos fueron contratistas de YPF cuando la empresa requirió árboles y plantas para forestar distintas locaciones. Ello coloca a estas comunidades en un lugar legítimo de interlocución, al representar al mapuche bueno y civilizado.

Con respecto a los Campo Maripe, es posible consignar incluso, para uno de los empresarios, la existencia de documentación que certifica el matrimonio de los Campo y de los Maripe en 1945, en Chile. Ello los excluiría de la categoría de comunidades originarias perseguidas durante la conquista del desierto en la Argentina.¹³ Sectores de la dirigencia política neuquina abonaban en igual sentido:

Hasta más o menos los 80, unas 40 comunidades tuvieron personería jurídica y tierras, bien delimitadas, pero después empezaron a surgir nuevas comunidades originarias, que es una ironía ¿no? Es una parodia, un sintagma paródico. Es decir ¿cómo van a ser originarias si son nuevas no?” (Entrevista realizada por los autores a dirigente político del Movimiento Popular Neuquino, abril de 2019).

La visualización del mapuche rebelde es asimilada por empresarios de las principales operadoras petroleras, así como por sectores de la dirigencia política, quienes catalogan como desproporcionada la demanda de la comunidad, ya que el reclamo de los Campo Maripe se extiende por sobre 11 000 hectáreas en una meseta “donde no hay nada”, según apreciaciones de estos actores.

Así, algunas de las comunidades mapuches son referenciadas en términos del “indio permitido”, calificación que, conforme al análisis de ^{Choque Mariño (2015)}, abreva en una serie de características o rasgos positivos que implican una lectura en clave moral de estos grupos. En ese sentido, el “indio permitido” es el que negocia, el que acepta como interlocutores válidos a las empresas y sus modelos de gobernanza empresarial, es “honesto”, trabaja, posee su emprendimiento, y es pasible de ser objeto de políticas públicas. En consecuencia, acepta ser parte del proyecto político estatal de la nación blanca.

Con respecto a los Campo Maripe se evidencia en los relatos, esgrimidos por las voces acusadoras y querellantes, un pasaje al “indio rebelde”, el indio insurrecto que no acata ciertas normas, que se transforma, se “politiza”, y no acepta de forma pasiva las acciones e intervenciones del Estado y de la política de gobierno de los blancos (^{Hale 2004}). Este indio rebelde coincide con el “nuevo” mapuche, o con su caracterización como comunidad espontánea que redescubre su identidad, construyéndose un pasaje a la acción política territorial.

El indio permitido se liga por tanto con las comunidades no conflictivas, despolitizadas y negociadoras. Con éstas, el Estado ha podido entablar diálogo y desarrollar actividades conjuntas con las empresas extractivas. En oposición a ello, el “indio insurrecto”, no aspira integrarse a la nación y a la concepción productivista del desarrollo enaltecido por las elites blancas (^{Choque Mariño 2015}). En similar orientación, ^{Riffo y Rocha Varsanyi (2017)} analizan esta cuestión sobre la base de la dicotomía del “Otro folclorizado” y el “Otro real”. Este último adquiere un accionar concreto en el campo social y político que puede tensionar y contradecir las lógicas capitalistas y mercantiles de valorizar un determinado territorio, donde “emergen las fibras nodales de los límites de una matriz cultural estatal que muchas veces pretende absorber y subordinar a dichos colectivos” (^{Riffo y Rocha Varsanyi 2017: 9}).

El pasaje del indio permitido al indio insurrecto se exacerba con el avance de la explotación de los no convencionales en Vaca Muerta, proceso extractivo que amenaza prácticas económicas, sociales y culturales que los Campo Maripe desarrollaban sin ningún tipo de contradicciones con los propietarios registrales de las tierras. Estas actividades económicas y de subsistencia, como la ganadería extensiva y el cultivo de alfalfa, no entraban en colisión con los intereses de la familia Vela. Pero además, este pasaje acontece en el momento en que se observa un giro político/identitario en el que la familia Campo comienza a organizarse como mapuche, en articulación con la Confederación Mapuche de Neuquén, organización que confronta con muchos de los proyectos extractivos de la zona.

Como bien destaca ^{Sanjurjo (2016)}, el desenvolvimiento de las narrativas testimoniales destinadas a la realización de “Justicia” evoca memorias e historias pasadas así como demarcan categorías de acusación y moralidades. En estas narrativas está en juego la legitimidad identitaria, y por ende también la legitimidad del reclamo territorial del pueblo mapuche. Por parte de los Campo Maripe y su defensa en el juicio, los argumentos en contra del cargo de usurpación se asientan sobre todo en la afirmación de la ocupación actual, tradicional e indígena de los Campo Maripe en las tierras en disputa; así lo afirmaba un informe antropológico presentado por la defensa, realizado con acuerdo, tanto de la provincia, como de la comunidad que reclama ese territorio como territorio comunitario mapuche.¹⁴ Dicho informe, basado en evidencias encontradas en el territorio y en testimonios de distintos actores, concluye en aceptar la presencia de la familia Campo Maripe desde la década de 1920, constatando así la ocupación territorial. Además, la legitimidad de los Campo Maripe sobre esos territorios se afirma al mismo tiempo que se pone en cuestión la legitimidad respecto del proceso mediante el cual la familia Vela logró la titularidad de las tierras. Efectivamente, ello aconteció durante la última dictadura militar y, por tanto, la irregularidad en el acceso legal a la propiedad es cuestionada por las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad Campo Maripe al territorio en conflicto.

Luego de un proceso de varios días en los que se asistió a las declaraciones de integrantes del Lof Campo Maripe, funcionarios del estado (como el secretario provincial de planificación territorial y ambiente Jorge Lara), integrantes de la familia Vela, la presentación de informes y documentos históricos, el juez de Garantías de Neuquén a cargo del caso absolvió a los seis integrantes del Lof Campo Maripe de los delitos que se les imputaba.

En su fallo favorable a los acusados, el juez estableció que existía un vínculo cultural y ancestral con ese territorio, al tiempo que no resultaba posible demostrar que los acusados actuaran con intención de generar daños a la familia Vela. El fallo despertó grandes expectativas y alivio entre las comunidades organizadas, quienes desconfiaban de las valoraciones que la justicia blanca podía realizar respecto de un conflicto en que las consideraciones sobre el territorio escapan a la lógica económica y se basan en otros lenguajes de valoración. Si bien la familia denunciante apeló el fallo, aquella instancia judicial clausuró de forma momentánea y de forma propicia el conflicto para los Campo Maripe.

Conclusiones

Las valoraciones divergen con relación a las elites económicas y políticas de Neuquén y la Nación, pero también respecto de sectores de la sociedad civil; el territorio, la naturaleza, la cultura y la comunidad son consideradas en la cosmovisión mapuche como elementos distintivos respecto a los de la hegemonía blanca. Ello es tensionado de modo problemático cuando la tierra en disputa es rica en recursos naturales y, en este caso en especial, con referencia a los bienes energéticos.

En este marco, los mapuche son caracterizados por empresarios y políticos como rebeldes, insurgentes y usurpadores, con el fin de criminalizar y deslegitimar los reclamos de estas comunidades. Lo cierto es que la Provincia de Neuquén, con una tradición de organización colectiva de distintos sectores sociales en defensa de los derechos humanos, cuenta también con un historial de estigmatización y represión de los pueblos originarios, por lo que la acción de estos grupos encuentra condiciones limitantes. En los últimos tiempos, las empresas que explotan hidrocarburos disponen de gerencias aplicadas específicamente a la gestión de la interacción con las comunidades mapuches para lidiar con sus demandas territoriales. Las acciones contestatarias de este colectivo son incluso advertidas por organizaciones financieras que lo consideran un problema para la masificación de la explotación de no convencionales, sumando interrogantes sobre la viabilidad de este proyecto. Y ello no es un aspecto menor, dado que los gobiernos argentinos, desde Cristina Kirchner, hasta Mauricio Macri y el flamante nuevo presidente electo, Alberto Fernández,¹⁵ enfocan en Vaca Muerta su aspiración pública de orientar el desarrollo y el crecimiento económico a través de estos yacimientos.

Las denuncias por contaminación ambiental y afectación a la salud de las comunidades han sido advertidas tempranamente con la extracción de los recursos convencionales décadas atrás. Sin embargo, la riqueza hallada en la profundidad de la tierra amenaza con aumentar estos daños y extenderlos en el territorio a través de la controvertida técnica del fracking. En ese sentido, el avance del proceso extractivo y el consenso político, económico y social que Vaca Muerta conlleva, trae aparejado importantes consecuencias para las comunidades mapuche que intentan lidiar con el embate de las energías extremas. Aunque el juicio llevado adelante en el mes de abril de 2019 absolvió a los integrantes de la comunidad Campo Maripe acusados de usurpación, en junio del mismo año el Tribunal de Impugnación anuló aquella sentencia, ordenando la realización de un nuevo juicio. Dicho tribunal consideró que el juez que se expidió en la causa había realizado una absurda valoración de la prueba. El magistrado observó entonces que las pruebas presentadas en el juicio, así como el otorgamiento de la personería jurídica que posee Campo Maripe, no eran elemento suficiente para afirmar la preexistencia étnica y cultural de la comunidad en ese territorio y que, al ingresar a la propiedad en conflicto, los imputados tenían pleno conocimiento de la prohibición de hacerlo, buscando dirimir el conflicto sin ajustarse al modo en que deben resolverse estos enfrentamientos en el Estado de Derecho en el que vivimos. En esa misma semana, Omar Gutiérrez, actual gobernador de la provincia, había anunciado el envío a Nación de un convenio para iniciar el relegado relevamiento territorial de las comunidades originarias en Neuquén, establecido en la Ley Nacional 26.160, y que prometía regularizar la situación de la gran mayoría de las comunidades. Sin embargo, este acuerdo no incluyó al lof Campo Maripe (^{Loncopan Berti 2019}). El abogado de Campo Maripe adujo que este accionar era totalmente arbitrario, puesto que no existían razones para fundamentar la exclusión de la comunidad. Estos elementos no hacen más que reconfirmar la asimetría de poder entre los actores que se enfrentan en el conflicto, sobre todo con un proceso en el que interviene el poder judicial, que parece dejar en gran desventaja a los integrantes de las comunidades mapuche. El juicio como escenificación, actuó así como un prisma a través del cual observamos algunas de las aristas del conflicto y las tensiones que existen alrededor del reclamo territorial mapuche. En esta instancia, se ponen asimismo en contacto directo a quienes participan en el proceso contencioso: las comunidades mapuche que reclaman un territorio ancestral, el Estado Provincial, que actúa a través del poder judicial, las empresas y los propietarios blancos que reclaman una tenencia legal de las tierras en disputa.

En este contexto sumamente complejo, y teniendo como referencia el análisis del caso del lof Campo Maripe, emerge como un desafío contundente para estos pueblos el interrogante acerca de cómo negociar con los poderes públicos y privados el modo en que su pasado, su presente y su futuro comunitario resultan afectados por esta nueva fase del proceso de acumulación del capital.