La desaparición de personas es un flagelo mundial que en México cobró fuerza como un mecanismo de represión política a partir de 1960. Una de las características de la llamada “guerra sucia” fue la persecución, tortura y desaparición de un gran número de personas, como práctica sistemática en contra de las personas opositoras al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se mantuvo en el poder más de 70 años.

Considerada violación pluriofensiva de derechos humanos, esta práctica ominosa resurgió a partir del gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), con Vicente Fox como presidente y se agudizó de manera alarmante a partir de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón Hinojosa en 2007, cuando se desataron las confrontaciones en las que participaron el ejército, la policía federal y los grupos criminales, por el dominio del territorio, de las rutas para el trasiego hacia Estados Unidos de Norteamérica y, en general, para mantener el predominio y control de otras actividades delictivas en distintas regiones del país como el Golfo de México, el Pacífico, el Centro y las zonas fronterizas.

Para dirimir sus conflictos, infundir temor o delimitar su territorio, los grupos delictivos ejercían actos violentos contra sus rivales como la ejecución, la mutilación y la tortura. Como quedó demostrado en el juicio contra Genaro García Luna, el gobierno se corrompió, colaboró con organizaciones delictivas y tomó partido en una guerra que no fue contra el narcotráfico y fue evidenciada la colusión entre los grupos delictivos y las autoridades de los tres diferentes órdenes de gobierno para traficar drogas, asesinar y desaparecer personas, así como para encubrir o bloquear acciones de búsqueda e impartición de justicia.

Como si el hecho de ser aprisionados y de que sus familias fueran condenadas a la incertidumbre de ignorar su paradero hubiera sido insuficiente, durante ese periodo, las autoridades argumentaban que las víctimas de homicidio o desa- parición estaban relacionadas con la delincuencia organizada; posteriormente, los hechos evidenciaron que se desaparecía a personas por distintos motivos: por ser activistas en la búsqueda de sus familiares, por ser periodistas incómodos a los gobiernos locales; también se desaparecía a mujeres para ser sometidas a la explotación sexual, a jornaleros agrícolas, a niñas y niños para dedicarlos a cultivar, recolectar, procesar y trasegar estupefacientes.

Ante la gravedad de la situación, el 12 de octubre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas. Esta ley entró en vigor en enero de 2018, y, en la fracción IV de su artículo 2, se dispuso la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como de comisiones locales de búsqueda en las entidades federativas. El primer comisionado, Roberto Cabrera Alfaro, estuvo al frente de la CNB del 7 de marzo de 2018 al 17 de enero de 2019, sin mayores resultados. Fue hasta el 8 de febrero de 2019, que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, designó a Karla Quintana Osuna como nueva Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.

En marzo de 2019, el gobierno federal, a través de la CNB, reconoció la emergencia forense por la existencia de decenas de miles de cuerpos sin identificar. Según cifras del informe presentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, entre 2006 y 2017 fueron procesados 37 mil 443 cadáveres, sin la evidencia de haberles practicado la necropsia, ni el protocolo de identificación, en muchos casos con procedimientos tan irregulares que provocaron la pérdida de la “trazabilidad” de los cuerpos que fueron inhumados en fosas comunes, lo cual hizo imposible corroborar su identidad.

Esta emergencia forense es de enormes dimensiones, se materializa en al menos 52 mil cuerpos sin identificar en manos de las fiscalías, en cientos de miles de fragmentos óseos altamente degradados, y en miles de sitios de hallazgo de fosas de inhumación clandestina. Será imposible de resolver sin la colaboración de otros grupos sociales, como son los colectivos de familiares y las universidades. No solo para la búsqueda de personas desaparecidas, sino para formar la infraestructura humana y disponer de un mayor número de personas buscadoras y especialistas en materia forense.

A fin de dejar consignada la disposición de la UNAM para contribuir a la atención de este problema e ilustrar la actuación de las autoridades de la CNB, es importante destacar el siguiente hecho: el día 25 de octubre de 2019, la comisionada Karla Quintana Osuna acudió al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, para solicitar la colaboración de académicos de diversas especialidades, comentó que el problema de personas desaparecidas, por su complejidad, entraña grandes dificultades e indicó, también, que la Comisión a su cargo tiene una gran cantidad de atribuciones y que, en ese entonces, solo contaba con 43 personas en su plantilla para realizarlas, motivo por el que requirió la colaboración de múltiples instancias y disciplinas para la búsqueda, localización e identificación de personas en todo el país. Expresó que los problemas más agudos se localizan en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Coahuila y Michoacán, entre otros.

El director del Instituto de Investigaciones Antropológicas en funciones, el Dr. Rafael Pérez-Taylor, externó su mayor disposición para colaborar en la búsqueda e identificación, en la capacitación de personal, así como en la elaboración de protocolos para la recuperación, individualización e identificación de personas, dado que el Instituto cuenta con especialistas en distintos campos, laboratorios y tecnología de última generación. La doctora Quintana manifestó su entusiasmo e interés y propuso firmar, lo más pronto posible, un convenio bilateral para definir los alcances de la colaboración y requerimientos del Instituto.

A partir de esa fecha, se realizó una serie de reuniones para definir las necesidades de búsqueda de la CNB, con el fin de que, a través de una estrategia interinstitucional, el Conacyt financiara el proceso de investigación y trabajo de campo.

Se acordó trabajar, en principio, en tres rubros: la creación de un mapa genético, integrado por 10,000 muestras de personas en seis regiones de la república mexicana; la búsqueda de personas en contextos sumergidos, y la progresión de imágenes de 2,000 niños desaparecidos en el país. Durante 2020, no obstante la pandemia, seis investigadores de los más especializados en el país, elaboraron los proyectos y los ingresaron a la plataforma del Conacyt, bajo el nombre “Proyecto Interdisciplinario, Científico y Tecnológico, para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en México”, Solicitud 0000000001499. Sin embargo, no hubo respuesta, los funcionarios de la CNB no contactaron más a la UNAM, a pesar del compromiso, los esfuerzos del personal académico, y la inversión del Conacyt y de la Universidad para estos proyectos.

El gobierno actual reporta una serie de avances como el intercambio de información proveniente de diversas bases de datos, acuerdos institucionales, alianzas, bases de datos genéticos de distintas instancias (que, no obstante, son incompatibles), fortalecimiento al andamiaje jurídico para la búsqueda de personas, registros, módulos y la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, entre otras acciones. Si bien son importantes y de alguna manera contribuyen, a casi cinco años de este gobierno, ante la dimensión de esta tragedia nacional colectiva y el dolor de muchas familias, estas acciones se pueden estimar irrelevantes, considerando que miles de personas continúan desaparecidas, sin identificar, y que otras tantas siguen desapareciendo por las mismas causas.

El problema de la desaparición de personas es complejo, multivariable y multicausal; entre muchas otras razones, se pueden identificar las siguientes causas:

Por tanto, la corrupción, la indolencia, la ineficiencia o falta de capacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno propiciaron que los colectivos de familiares emprendiesen la búsqueda con sus propios medios, para la localización de hallazgos y enterramientos clandestinos en ríos, manglares, cuevas y predios públicos o privados; algunas veces acompañados por voluntarios y organizaciones no gubernamentales y, otras veces, por las autoridades. En la mayor parte de los casos, son los familiares quienes directamente han recolectado restos humanos, ropas y otros objetos; los casos no llegan a judicializarse, con frecuencia los procesos se quedan en la etapa de investigación, misma que se interrumpe o se hace obsoleta por estar plagada de violaciones al debido proceso, por la intervención de personas no autorizadas, se contaminan, alteran y pierden indicios.

Consecuentemente, siguen existiendo grandes desafíos para las autoridades del gobierno federal, jurisdiccionales y de procuración de justicia, para contar con personal especializado con instrumentos técnico-científicos, y disponer de infraestructura que, en conjunto, permitan localizar, individualizar e identificar a las personas desaparecidas en diferentes contextos.

Aun cuando pareciera ingenuo o poco realista, uno de los objetivos de esta publicación es hacer un llamado a las autoridades para que antepongan el interés común y el dolor de las víctimas, a sus diferencias políticas o intereses de cualquier tipo. A la sociedad, para que no incurra en la indiferencia y que tenga presente que la tragedia continúa y que, en cualquier momento, la vida nos puede ubicar en el lado de las víctimas o de sus familiares.