Introducción

A principio de 2022, se cumplieron doce años desde que se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Previamente existían figuras legales parecidas (sociedades de convivencia), pero no fue hasta el 2009 que la unión entre parejas del mismo sexo fue reconocida. En 2010, el máximo tribunal constitucional de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (^{SCJN, 2010}) retomó este esfuerzo del ámbito judicial para impulsar una campaña de reforma a nivel nacional. Indudablemente, estos logros colocaron el tema en un lugar visible para el debate público en las últimas décadas. En la actualidad, las iniciativas legales como el matrimonio igualitario y la adopción entre parejas del mismo sexo enfrentan un ambiente de incertidumbre política. Por un lado, hay una creciente polarización social que, posiblemente, ha mantenido a los partidos políticos distanciados de estos debates. Dado los posibles costos al tomar una posición explícita, los candidatos durante las campañas, e incluso durante el gobierno, evaden tomar posiciones claras respecto a la agenda LGBT (^{Díaz-Domínguez, 2020}).

Por otro lado, en el terreno de la sociedad civil, existe un sector activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT. En contraparte, grupos conservadores han articulado importantes movimientos sociales en oposición a esta ola de iniciativas. ¿Dónde se ubica la opinión pública en México en este debate?

Tomando esto en cuenta este artículo analiza las actitudes de la opinión pública en México en torno al matrimonio igualitario después de más de una década de estas reformas. Esta investigación, específicamente, contrasta diferentes teorías que ayudan a explicar el apoyo o rechazo a los derechos de la comunidad LGBT basadas en los niveles de educación de la opinión pública, sus actitudes políticas, su religiosidad y los cambios generacionales. Los datos de este artículo se basan en la información del Barómetro de las Américas (LAPOP), un proyecto multinacional de investigación sobre opinión pública en el continente americano que recaba información sobre distintos ámbitos de la vida democrática de los ciudadanos en cada país. En este artículo se comparan datos de los distintos levantamientos (2010-2018) para México y otros países del continente.

Opinión pública y matrimonio igualitario

Existen diversas teorías que explican el apoyo o rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo. En primera instancia, las teorías sobre la modernización ponen énfasis en las características socioeconómicas de la opinión pública que hacen que algunas personas sean más o menos propensas a expresar actitudes progresistas o conservadoras respecto de los derechos de la comunidad LGBT. La hipótesis de modernización propone que, a medida que se incrementan los años de educación y los niveles de prosperidad material, los individuos tienden a expresar mayor escepticismo hacia las tradiciones y, por el contrario, mayor apoyo a diferentes estilos de vida y perspectivas del mundo (^{Gaines y Garand, 2010}; ^{Sherkat et al., 2010}; ^{Sherkat, 2011}).

La tolerancia es un concepto clave para explicar la relación entre modernización, apoyo al matrimonio igualitario y, más ampliamente, otras posturas progresistas en la opinión pública. Por un lado, el desarrollo económico está asociado con un cambio valorativo en la sociedad (^{Inglehart y Baker, 2000}; ^{Diez y Dion, 2018}). Es decir, en las sociedades modernas existe una transición a partir de un sistema compuesto por principios absolutos hacia uno que incorpora otros valores que promueven la tolerancia, la racionalidad, la participación y la confianza. Por este motivo, en las democracias con mayores niveles de modernización las personas tienen mayor tolerancia hacia las personas homosexuales, lo cual se traduce en mayores derechos para esta comunidad (^{Hildebrandt et al., 2019}; ^{Badgett et al., 2019}). En este sentido, la dinámica de tolerancia que la modernización promueve en las democracias modernas es un proceso fundamental para entender la relación que esta teoría afirma.

Las teorías sobre la modernización también destacan otro elemento importante para la opinión pública y la conquista de derechos por parte de la comunidad LGBT: el grado de urbanización al que están expuestos los individuos (^{Haeberle, 1996}; ^{Dillon y Savage, 2006}; ^{Ayoub y Kollman, 2021}). El argumento explica que vivir en zonas urbanas tiene un efecto positivo en la formación de organizaciones pro-LGBT, así como en la rapidez con la cual se adopta legislación en beneficio de esta comunidad. En pocas palabras, facilita el reconocimiento de derechos al fortalecer la creación y eficacia de las organizaciones LGBT. Tomando en cuenta todo lo anterior, la primera hipótesis para esta investigación es:

De igual forma, las teorías sobre cambios culturales (^{Davis, 1992}; ^{Gibson, 1992}; ^{Golebiowska, 1995}) arguyen que las nuevas generaciones, que han sido expuestas a nuevos estilos de vida (^{Haider-Markel y Joslyn, 2005} y ²⁰⁰⁸) tienen mayor probabilidad de expresar actitudes favorables con respecto al matrimonio igualitario. En general, esto significa que las personas jóvenes presentan actitudes más tolerantes hacía la homosexualidad (^{Andersen y Fetner, 2008}). Por el contrario, esta hipótesis afirma que las personas de mayores rangos de edad reportan menor tolerancia a la comunidad LGBT (^{Evans y Tonge 2018}) y al matrimonio igualitario (^{Hildebrandt, Trüdinger y Jäckle 2017}).

El argumento de esta hipótesis es que las nuevas generaciones han logrado expandir sus horizontes intelectuales mediante la exposición a grupos heterogéneos de personas o ideas, por lo que la edad debería estar relacionada con mayor tolerancia hacia otras posturas o grupos sociales/políticos. Además, los individuos bajo un sistema de valores moderno y global, quienes suelen ser los más jóvenes, deberían expresar mayor apoyo por las minorías que experimentan diferentes tipos de ostracismo.

Es importante esclarecer que, si bien la teoría de los cambios culturales propone que las nuevas generaciones suelen ser más tolerantes (^{Brumbaugh et al., 2008}); también argumenta que las personas de generaciones más avanzadas pueden tener un cambio de perspectiva con respecto al matrimonio igualitario (^{Twenge y Blake 2021}). Es decir, en algunos casos existe un cambio en la opinión pública que favorece la perspectiva que la población en general (no solo los jóvenes) tiene sobre las personas homosexuales. En consideración de lo propuesto por la teoría del cambio generacional, la segunda hipótesis que esta investigación propone es:

Otra variable explicativa para entender los cambios en la opinión pública respecto al matrimonio igualitario es la religión (^{Golebiowska y Tedin, 1988}; ^{Herek, 1988}; ^{Wilcox y Jelen, 1990}). Las personas con creencias más ortodoxas, mayor religiosidad y afiliadas a ciertos grupos religiosos tienen mayor interés en que la religión esté involucrada en la política (^{Martini, 2012}). Esto implica que la religión es un factor importante para considerar en la formación de las opiniones de los ciudadanos y del debate público.

En Estados Unidos, las variables religiosas tienen un valor predictivo mayor que otras como las demográficas, puesto que la homosexualidad parece ser un componente importante en el sistema de valores morales que estructura la política del país (^{Olson, Cadge y Harrison, 2006}). Dadas las enseñanzas religiosas tradicionales sobre el matrimonio (las cuales argumentan que este constituye únicamente la unión entre un hombre y una mujer) es probable que quienes adopten un dogma religioso conservador también reporten mayor rechazo a la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se unan en matrimonio.

Sin embargo, otros estudios argumentan que no es la religión per se, sino los sectores más conservadores de cada religión quienes rechazan estos temas (^{Hunter, 1991}; ^{Ellison, Acevedo y Ramos-Wada, 2011}; ^{Van der Toorn et al., 2017}). Es decir, los electores más conservadores de distintas religiones se unen activamente para oponerse al matrimonio LGBT mientras que los miembros más progresistas se unen en beneficio de este (^{Hunter, 1991}). En cinco estudios realizados en dos países de la región norteamericana, se encontró que la oposición religiosa al matrimonio igualitario está ligada con prejuicios sexuales y preferencias conservadoras orientadas al mantenimiento del status quo (^{van der Toorn et al., 2017}). Por tanto, es una interpretación conservadora de la religión, más que la religión en sí, lo que motiva el rechazo del matrimonio igualitario. Tomando esto en cuenta, la tercera hipótesis que este artículo establece es:

Las actitudes políticas también pueden influir en el apoyo o rechazo al matrimonio igualitario, sobre todo en sistemas de partido en los cuales los partidos políticos y candidatos politizan activamente este tema (^{Evans y Tonge, 2018}). Por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Republicano y sus candidatos han expresado rechazo sistemático al matrimonio entre personas del mismo sexo, al aborto y distintos temas que forman parte de las llamadas guerras culturales en EUA (^{Cox, Navarro-Rivera y Jones, 2014}). En contraparte, el Partido Demócrata, principalmente sus facciones más progresistas y educadas, han formado parte de los grupos que se han movilizado en favor de dichos temas (^{Cox, Navarro-Rivera y Jones, 2014}; ^{Fernández y Parsa, 2022}). En ese sentido, los votantes son responsivos a las señales de las élites políticas y frecuentemente expresan apoyo o rechazo al matrimonio igualitario según su identidad partidista e ideología (^{Lewis y Gossett, 2008}; ^{Dalton, 2016}; ^{Baldassarri y Park, 2020}).

En el caso de los partidos en América Latina, existen tres hallazgos importantes (^{Bohigues, Guedes-Neto y Santos, 2022}) sobre la opinión pública en el caso de la legalización de las drogas, el matrimonio igualitario y el aborto: temas que suelen ser controversiales para la opinión pública. Primero, no existe un consenso claro sobre los posicionamientos políticos de los partidos en los diferentes países. Segundo, la religiosidad (medido como asistencia a misa o mayor importancia religiosa en sus vidas) y la ideología son los predictores más consistentes en los tres casos. Por último, el rechazo de las personas conservadoras/religiosas es mucho más fuerte que el apoyo de las personas que se consideran de izquierda. En consecuencia, una cuarta hipótesis que esta investigación pone a prueba es:

En América Latina la investigación sobre la opinión pública es menos exhaustiva, pero diversos estudios sobre la región señalan que los valores religiosos y las ideologías conservadoras tienen un impacto negativo en el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo; asimismo, los niveles de apoyo son mayores en personas con mayor ingreso, que viven en ciudades y entre las mujeres (^{Lodola y Corral 2010}). Adicionalmente, las personas que apoyan la democracia y los valores democráticos también tienden a expresar mayor apoyo por el matrimonio igualitario (^{Dion y Diez 2017}). En general, la evidencia sugiere que algunos de los comportamientos observados en la literatura de otros países son también observables en la región latinoamericana.

El matrimonio igualitario en México

En México, las políticas públicas que favorecen a las minorías sexuales son un tema relativamente reciente. En los años noventa, hubo una ola de profesionalización que permitió a los activistas de la comunidad LGBT insertar sus demandas en la legislación (^{Diez, 2013}). Este fenómeno fue producto de la necesidad de acción colectiva por parte de la comunidad LGBT, así como de una gran fuente de recursos nacionales e internacionales dedicados a la epidemia de VIH. En el 2006, se estableció la primera legislación -en el entonces Distrito Federal- que sentó las bases para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Esto dio origen a la figura sociedad de convivencia, la cual se constituiría cuando “dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua” (^{Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2006}).

Aunque esto representó un progreso importante, la sociedad de convivencia no era comparable al matrimonio. Por un lado, el matrimonio produce efectos personales y patrimoniales; por otro, la sociedad de convivencia contempla únicamente efectos patrimoniales para las parejas del mismo sexo. No obstante, en 2009 los legisladores del otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México, reconocieron el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, lo cual representó un gran logro para la comunidad LGBT (^{CDHCM, 2021}). Este éxito fue producto de la desactivación política de la Iglesia católica, así como del nuevo equilibrio de poder intrapartidista en el PRD (el partido de izquierda más popular entonces).

En el 2006, antes de las reformas en el Distrito Federal, la Iglesia se involucró en un escándalo que apuntaba al encubrimiento del padre Nicolás Aguilar, acusado por el delito de abuso a menores de edad. Las acusaciones señalaban como responsables al cardenal mexicano Norberto Rivera y Roger Mahoney, arzobispo de Los Ángeles (^{Martínez, 2006}). Estas acusaciones frenaron la posibilidad de una oposición vehemente por parte de la Iglesia católica; incluso, algunos miembros del PAN (cercano ideológicamente a esta Iglesia) admiten extrañarse de la escasa influencia y presión que ejerció este sector social sobre el rumbo político de la legislación (^{Diez, 2013}).

Los marcos conceptuales en el debate público también desempeñaron un papel sustancial en el proceso de reforma. Los activistas LGBT y sus aliados políticos enmarcaron la discusión con el objetivo de subrayar políticamente los derechos humanos y la igualdad (^{Diez, 2013}). Aunque distintos actores políticos llevaron esta discusión al terreno moral (en donde el debate es si la homosexualidad es permisible o no), los activistas se aseguraron de mantenerse en la línea de los derechos individuales y los valores democráticos; los cuales, al ser un elemento central de las democracias modernas en el mundo, habilitaron la simpatía de la opinión pública en otros países.

En el ámbito internacional hubo una armonización del activismo LGBT. Como menciona ^{Kollman (2007)}, la tendencia por adoptar el matrimonio igualitario en las democracias occidentales ha sido producto de una red transnacional de activismo orientada hacia los derechos humanos. Esto quiere decir que existió una comunicación constante entre activistas y organizaciones para lograr avances en favor de las minorías sexuales. Asimismo, a la par de estos sucesos, la cultura popular comenzó a tener un número creciente de referentes asociados a la comunidad LGBT. Por ejemplo, en el inicio de 1990, en Estados Unidos, solo una cadena televisiva tenía un personaje recurrente y abiertamente homosexual; en cambio, para la mitad de la década las cadenas más populares ya integraban este tema en su programación (^{Klarman, 2013}).

Los logros en materia legislativa a favor de las parejas homosexuales también estaban relacionados con la derrota electoral del anterior jefe de gobierno del Distrito Federal en la contienda presidencial (^{Diez, 2013}). La derrota electoral del candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien mantuvo una postura conservadora con respecto al matrimonio igualitario durante su gubernatura en el Distrito Federal, permitió al sector más liberal del PRD tomar el mando del programa partidista y mostrar mayor apoyo por esta legislación.

En el 2006, López Obrador fue el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos (PRD, Convergencia y Partido del Trabajo); sin embargo, el candidato del PAN (Felipe Calderón Hinojosa) ganó el poder ejecutivo para su partido al obtener la mayoría relativa de votos. El candidato de la coalición reaccionó de manera radical ante su derrota y señaló a las instituciones mexicanas como corruptas e ineficaces (^{Ortega-Ávila, 2017}). Esto provocó un realineamiento de fuerzas políticas en la izquierda política mexicana, pues el sector más liberal del PRD (la nueva izquierda), obtuvo una mayor cantidad de curules en el Congreso y un mayor control sobre la agenda legislativa en la Ciudad de México; asimismo, el apoyo a reformas de corte más liberal como el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo (^{Diez, 2013}).

En el 2010, un año después de las reformas en el Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (^SCJN,2010) expresó su respaldo constitucional en lo referente al matrimonio igualitario y la adopción homoparental. En su resolución sobre la acción de inconstitucionalidad 2/2010, la SCJN determinó que el matrimonio y la familia no son conceptos inmutables para la sociedad, y deben adaptarse a las circunstancias actuales (^{SCJN, 2010}). Además, la sentencia estableció las bases para que otros estados adoptaran medidas similares para el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo si su legislación local aún no lo hacía. Desde el 2009, veintiséis entidades federativas han modificado sus códigos civiles en favor del matrimonio igualitario. Los estados que aún no incorporan estas disposiciones a su legislación son: Guerrero, Tamaulipas, Tabasco y el Estado de México.

En la actualidad, el tema del matrimonio igualitario y los temas relacionados con la moral y la sexualidad siguen siendo clivajes importantes para el debate público. En el 2018 hubo una politización importante por parte de grupos evangélicos en México en contra de lo que se conoce como la ideología de género (^{Bárcenas, 2020}). Aunque en Europa la oposición a la ideología de género suele ser impulsada por alianzas entre movimientos sociales, partidos conservadores y en muchos casos por la Iglesia católica; en América Latina esta oposición suele manifestarse por medio de la politización evangélica (^{Bárcenas, 2020}). Pero ¿cuál ha sido el desarrollo de la politización evangélica en México?

En 2017 el presidente Peña Nieto introdujo una iniciativa de reforma constitucional que permitiría el reconocimiento del matrimonio igualitario a nivel federal; no obstante, esta reforma fue rechazada por una mayoría conformada por el PRI (el partido del presidente) y el PAN (^{Beauregard, 2016}). Desde el sector legislativo y social hubo dos actores clave para el rechazo a esta reforma el Partido Encuentro Social (PES) y el Frente Nacional por la Familia (FNF) (^{Bárcenas, 2020}). Incluso Juan Dabduob, fundador del FNF, afirma que su movimiento nació de la necesidad de aplicar un voto de castigo al presidente por su iniciativa que representaba valores “anti-familia” (^{Rivera, 2017}).

De manera similar, el PES fue fundado por un pastor de una iglesia neo-pentecostal, cristiana y conservadora. Este sector religioso es políticamente importante, pues representó un gran apoyo para el candidato conservador del PAN (Felipe Calderón) en su campaña presidencial del 2006 (^{Aguilar, 2014}). En la coyuntura actual, la importancia de este partido radica en que el actual presidente (AMLO), fue el candidato presidencial para una coalición que incluía a este partido (Juntos Haremos Historia). Estos hechos son importantes para el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2018 por dos razones.

En primer lugar, después de la politización de los grupos religiosos en el sexenio de Peña Nieto, la presión política por parte de estos grupos (la ciudadanía religiosa) se mantuvo activa y movilizada. Esto ocasionó que los candidatos presidenciales adoptaran posturas ambiguas que desviaban la atención de posicionamientos más claros en temas moralmente controversiales -aborto, matrimonio igualitario o adopción homoparental- (^{Bárcenas 2020}). En breve, el debate público se tensó debido a la movilización de la ciudadanía religiosa durante las campañas.

En segundo lugar, la coalición Juntos Haremos Historia implicaba que su candidato (AMLO) debía mantenerse al margen en algunos temas que resultaban polémicos para el bloque conservador de votantes del PES. Entre otras consideraciones, los candidatos de izquierda atraen votantes religiosos si restan importancia a cuestiones morales que puedan ser divisorias entre los votantes conservadores (^{Díaz-Domínguez, 2020}). En su campaña, AMLO evitó profundizar en temas como el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto y los evadió argumentando que debían someterse a votación de toda la población. En ese sentido, aún en la presidencia, AMLO ha evitado posicionarse sobre estos temas, pues gran parte de sus votantes pertenecen a un sector conservador que se opone fervientemente a este tipo de legislaciones.

Tomando en cuenta este breve contexto, este artículo tiene como propósito describir cuál es el comportamiento de la opinión pública en México en lo que concierne al matrimonio igualitario y cómo ha evolucionado en la última década. Evidentemente, la religión ha tenido un papel importante en el desempeño de este tipo de legislaciones, por lo que es importante tomar en cuenta estos sucesos históricos al analizar la opinión pública y las variables que la afectan. Este contexto permite tener un panorama más claro de la opinión pública en México en comparación con otros países.

Estrategia empírica

Los datos de este artículo se basan en el Barómetro de las Américas de LAPOP (Latin American Public Opinion Project), encuesta representativa a nivel nacional y realizada por la Universidad de Vanderbilt, en promedio, cada dos años, en todos los países de América Latina. La variable dependiente de este estudio se basa en la siguiente pregunta: ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan tener el derecho a casarse? Como se puede observar en la Gráfica 1, de 2010 a 2019 hay una tendencia aprobatoria creciente en la opinión pública en México del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Al graficar el porcentaje de personas que se ubicaron en el 8, 9 o 10 en la escala 1-10, se observa que desde 2012, prácticamente aumenta 15 puntos porcentuales la aprobación: 45% de los entrevistados aprueba el matrimonio igualitario en 2019. Este porcentaje es de los más altos en América Latina cuando se compara a México con Chile (39%), Colombia (35%), Argentina (31%) y Brasil (19%), y en general es más alto que el promedio de América Latina (32%). No obstante, esta aprobación es bastante más baja cuando se compara con Estados Unidos (61%) y, especialmente, Canadá (79%).

Gráfica 1 Apoyo al Matrimonio Igualitario (8-10 en la escala 0-10) 

En consideración del contexto religioso, como es posible observar en la Gráfica 2, en México la identificación religiosa no parece tener fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo. A diferencia de otros países latinoamericanos, aunque es posible observar algunos cambios leves, los porcentajes de personas que se consideran católicas, protestantes o evangélicas, se han mantenido más o menos constantes a lo largo de los años. En 2010, de acuerdo con el Barómetro de las Américas (LAPOP), el porcentaje de personas que se consideraban católicas o protestantes/evangélicas era de 83% y 10% respectivamente; no obstante, estos porcentajes disminuyeron a lo largo de los años. En 2018 estos fueron de 75% para los católicos y 9% para los protestantes/evangélicos. De manera opuesta, la categoría de personas que se identifican con otras religiones o con ninguna ha tenido un aumento en el mismo periodo. En 2010, menos del 1% de la población se identificaba con otras religiones; en el 2018 al menos el 5.43% de personas se identifican con otras religiones. De manera similar, en 2010 el 6% de las personas entrevistadas no se identificó con ninguna religión; en cambio, en el levantamiento de 2018 el 10% no se identificó con ninguna religión. Aún con esto, los católicos siguen siendo la categoría con un porcentaje significativamente mayor.

Fuente: Barómetro de las Américas (LAPOP)

Gráfica 2 Porcentaje de identificación religiosa en México (2010 - 2018) 

Para analizar la primera hipótesis de este trabajo, este estudio se basa en dos variables: el nivel educativo y si el entrevistado vive en distrito urbano o rural. Consistente con la hipótesis de la modernización, se espera que los entrevistados con más años de educación y que viven en distritos urbanos tengan una mayor probabilidad de expresar acuerdo con el matrimonio igualitario. La segunda hipótesis analiza si a mayor edad, aumenta el acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que sugeriría que el acuerdo con el matrimonio igualitario es también producto de una brecha generacional.

En tanto que la tercera hipótesis analiza el efecto de la afiliación religiosa del entrevistado-si es católico, protestante/evangélico o sin religión-y de la religiosidad, medido cuando el entrevistado reporta que la religión es muy importante para su vida. Se espera que quienes forman parte de una religión y afirmen que la religión es importante en su vida,¹ expresen menos acuerdo con el matrimonio igualitario. La última hipótesis considera que las predisposiciones políticas de los votantes están asociadas a expresar acuerdo o desacuerdo con el matrimonio igualitario, específicamente, la identidad partidista y la orientación ideológica izquierda-derecha. Por lo mismo, se espera que los votantes que se identifican con partidos de centroderecha y que se ubican más a la derecha en el espectro ideológico, expresen más desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo (y viceversa).

Los siguientes modelos también incluyen variables de control como género de los entrevistados, ocupación laboral y la etnicidad de los entrevistados para estar seguros de que terceras variables no influyen en los resultados.

Resultados

En la Tabla 1 podemos observar los resultados de los modelos de regresión lineal donde se destacan las variables que están asociadas a expresar acuerdo con el matrimonio igualitario, pregunta que se mide en una escala que va del 1 al 10. Las variables de educación, edad y religión son aquellas que consistentemente son estadísticamente significativas entre 2010 y 2019. En otras palabras, a mayor número de años de educación y a menor edad, aumenta el apoyo al matrimonio igualitario. En tanto que ser evangélico disminuye significativamente el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Las variables de género y urbano/rural son significativas casi en todo el periodo excepto en 2012. La variable religiosidad también es significativa tres de los cinco levantamientos.

Las siguientes gráficas muestran los efectos sustantivos de educación, edad y religión en la probabilidad de expresar acuerdo con el matrimonio igualitario. En la Gráfica 3 no sólo se nota el efecto robusto que tienen la educación en el apoyo al matrimonio igualitario, sino también el aumento del efecto de la educación con el paso de los años. Mientras que en el 2010, quien registraba el máximo de años de educación formal contaba con una probabilidad de apoyar el matrimonio igualitario de alrededor de 54%, en 2019, esa probabilidad aumentó a 69% (+15 puntos porcentuales). Lo mismo sucede en el caso de quien no cuenta con educación formal. Mientras que en 2010 registraba un 34% de probabilidad de apoyar el matrimonio igualitario, en 2019, esa probabilidad es de 52%.

Gráfica 3 Efecto de la EDUCACION en el apoyo al matrimonio igualitario (Años de Educación 0-18) 

La edad es la segunda variable más importante para entender el apoyo al matrimonio igualitario y, de igual forma, aumenta su influencia entre 2010 y 2019 (Gráfica 4). Mientras que una persona de 18 años registraba en 2010 una probabilidad de 55% de apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ese porcentaje aumentó notablemente hasta 75% en 2019 (+20 puntos porcentuales). Entre personas con mayor edad, el acuerdo con el matrimonio igualitario sólo aumenta entre 2010 y 2012 de 20% a 35%, mientras que de 2012 a 2019 prácticamente se queda estancado, lo que subraya la importancia de la brecha generacional entre los más jóvenes y quienes cuentan con más edad en este tema.

Gráfica 4 Efecto de la EDAD en el apoyo al matrimonio igualitario 

Finalmente, la religión también es relevante para entender el apoyo al matrimonio igualitario, pero sólo para algunas afiliaciones religiosas. De manera interesante, católicos y quienes no cuentan con alguna religión (“nones”) no registran opiniones significativamente dispares en las distintas mediciones del Barómetro de las Américas entre 2010 y 2019. En cambio, el grupo de personas evangélicas/ protestantes sí registran una posición consistentemente más conservadora que católicos y quienes no tienen religión. Esta posición prácticamente no cambia a lo largo de los años: entre 35% y 45% de los evangélicos tienden a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dichas diferencias no son estadísticamente significativas en el periodo que va del 2010 a 2019 (los intervalos se cruzan en cada año). También es importante señalar que, aunque el apoyo al matrimonio igualitario entre católicos y quienes no cuentan con religión alguna no es distinto, si aumenta entre 2010 y 2019: aumenta de 46% a alrededor del 62% (+16 puntos porcentuales).

Gráfica 5 Efecto de la RELIGION en el apoyo al matrimonio igualitario 

En el Apéndice también se presentan las gráficas de la influencia de la religiosidad y urbano/rural que, en general, observan efectos menos consistentes a lo largo de los años y con menor efecto sustantivo. Por ejemplo, excepto en 2012, los entrevistados que viven en zonas rurales tienen menor probabilidad de apoyar el matrimonio igualitario-alrededor de 5 puntos porcentuales en 2019. En términos de religiosidad, en tres de los cinco años estudiados, las personas con mayor religiosidad tienen menor probabilidad de apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo-igualmente es un efecto algo menor que escolaridad o edad: la diferencia en 2019 entre quienes reportan que la religión es muy importante y nada importante es de alrededor de 13 puntos porcentuales y de 7 puntos porcentuales respecto de quienes refieren que la religión es algo o poco importante. Es importante señalar que el grupo de “nada importante” es un grupo relativamente menor en México: solo 6% de la muestra refiere que la religión es nada importante en su vida. Finalmente, es de destacar la brecha entre hombres y mujeres que se reporta en la gráfica A3 en el Apéndice. Mientras que en 2010 esa diferencia era marginal -los intervalos se cruzaban- en 2019 esa diferencia aumentó: las mujeres apoyan el matrimonio igualitario 9 puntos porcentuales más que los hombres.

Conclusiones

Después de más una década de la aprobación del matrimonio igualitario en México, la opinión pública en este respecto ha cambiado significativamente. Desde el 2010 hasta la actualidad, México ha tenido una tendencia creciente en favor de este tema. Además, sus porcentajes de aprobación están por encima de otros países y del promedio entre ellos. El objetivo de este artículo es describir el comportamiento de la opinión pública con respecto a la unión entre personas del mismo sexo. En concreto, se evaluaron cuatro hipótesis que fueron puestas a prueba por medio de un modelo de regresión lineal.

Las hipótesis de modernización y de cambio cultural sin duda son los predictores más importantes de aprobación del matrimonio igualitario en México: las personas con mayores niveles educativos y las personas más jóvenes presentan mayores niveles de aprobación. Asimismo, se encontró soporte para la hipótesis de religiosidad; las personas que pertenecen a grupos evangélicos tienen actitudes más conservadoras que otros grupos sociales como los católicos o las personas sin religión. Por último, la identificación partidista no tuvo ningún efecto en la aprobación de las personas, lo cual es consistente con la literatura sobre América Latina, en la cual los partidos políticos no han sido vehículos de movilización a favor o en contra de este tema.

Esta investigación tiene algunas limitantes. En primer lugar, es posible que haya patrones diferenciados con respecto al matrimonio igualitario y la adopción homoparental; no obstante, la pregunta que se utilizó sólo permite medir la aprobación en uno de estos temas. Asimismo, existen otros temas que también forman parte de las guerras culturales en América Latina como el aborto que pueden tener resultados de aprobación más o menos diferentes, por lo que se debe tomar en cuenta otras problemáticas que sean controversiales para la opinión pública para entender mejor cómo se comportan las categorías antes mencionadas (edad, educación, religión) y si éstas tienen un patrón consistente de oposición frente a legislaciones progresistas.