1. La opinión pública en política exterior

Merece unas notas aparte el tema de la opinión pública sobre asuntos de política exterior, porque la investigación empírica ha mostrado algunas peculiaridades del fenómeno.

Dos son los puntos más destacables en el análisis de la opinión pública sobre el problema de política exterior: por un lado, la menor información de la gente sobre esos temas; por otro, el ca rácter particularmente problemático de la relación entre opinión pública y decisión política (escasa relevancia o débil influencia de la opinión en circunstancias normales, excepcional importancia en situaciones de crisis). Estas conclusiones se basan en estudios realizados en contextos nacionales diferentes, cuya validez procede del carácter comparativo de la experiencia que recogen.

La información que el público tiene normalmente sobre los asuntos internacionales es escasa, y este hecho está hoy más que documentado por la investigación empírica en distintos países del mundo. La explicación genérica sería la siguiente: la política exterior, como área de la actividad social, está particularmente lejana de la experiencia cotidiana de la mayoría de la gente, lo que hace que falte el componente experimental tan decisivo en la formación de un juicio u opinión y esto hace que se esté menos interesado en buscar información ya elaborada (noticias) sobre la que se pueda estructurar una opinión.

Esta falta de información podría constituir un terreno particularmente abonado para una mayor manipulabilidad de la opinión desde los cenáculos de la política y los medios de comunicación de masas. Pero también hay que tener en cuenta que se trata de una zona de la realidad sobre la que los líderes de un país no pueden ejercer un control total, ya porque no esté plenamente en su mano, ya porque la realidad cambie tan rápidamente que los líderes tengan que limitarse a seguirla en vez de moldearla. Sobre este punto recogemos dos acotaciones muy representativas, dados los diferentes supuestos teóricos de que parten los autores en cuestión (Bauman y Stoetzel-Girard, respectivamente):

Por muy organizado que esté, ningún centro de propaganda puede impo ner duraderamente a amplias masas opiniones que estén en manifiesta contradicción con sus experiencias y que sean nocivas desde el punto de vista de sus intereses. Desde el punto de vista de clase, las experiencias e intereses de determinados ambientes constituyen una frontera natural a la libertad de fantasía para fabricar opiniones destinadas a difundirse. Sin embargo, en esos límites también son posibles fluctuaciones bastante amplias, particularmente en las cuestiones sociales que no son objeto de experiencia directa de las masas (como, por ejemplo, los acontecimientos internacionales) y cuya racionalidad, por tanto, se escapa a su control.⁹

Por su parte, los autores franceses mencionados llegan a la conclusión de que:

el margen de libertad en relación con la opinión pública de que disponen los responsables de la política exterior desaparece en caso de crisis ante la nece sidad de apoyarse en la adhesión popular. En el caso de Argelia, por ejemplo, los responsables no eran más libres de preconizar la Argelia francesa después de 1957 que la independencia, antes de 1957. La opinión había conspirado en tretanto y sería difícil escudriñar si la adelantaron o, al contrario, la siguieron.¹⁰

Con todo, en circunstancias normales, el grado de información es muy pequeño aun en el nivel de superficialidad. En los Estados Unidos de 1949, Lester Markel ponía de manifiesto este hecho después de un análisis longitudinal de datos de opinión: 25% tiene conocimieto regular (y probablemente poco profundo) de los problemas de política exterior, 4% tiene alguna idea sobre estos temas y 30% de los americanos, en plena posguerra mundial, no ha oído ni leído nada sobre política internacional. La situación en Europa es de todo punto comparable, afirman Stoetzel y Girard: en 1954 sólo 20% de los franceses conoce el carácter supranacional de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y la mitad de los belgas no sabe nada de ella.¹¹

Según algunos autores, este bajo nivel de información no implica que la mayoría de los ciudadanos no tome conciencia de los objetivos fundamentales de la política exterior, lo que sucedería en los momentos de crisis y en las campañas electorales. En este sentido, la opinión pública influiría en las decisiones de los líderes en un determinado nivel o en un determinado momento: la delimitación de los grandes objetivos y los momentos de crisis. Dicen al respecto Stoetzel y Girard, refiriéndose al contexto democrático, que:

los hombres en el poder no pueden desconocer la opinión de sus votantes, como tampoco la de sus adversarios. No son libres de definir por sí solos los fines o escoger a su gusto los sistemas de alianza en que comprometen al país. Los objetivos de la política exterior ponen a la conciencia nacional frente a sí misma, porque es la existencia de la nación la que está en juego y no necesitan expresarse a cada instante.

Con respecto a los momentos de crisis, los citados autores concluyen diciendo que "lejos de ser fácilmente maleable o versátil, la opinión es de conmoción lenta. Pero, en algunos casos, consuma esa especie de revolución interior más pronto que los mismos dirigentes (... ) Es en los momentos de crisis cuando tales fenómenos aparecen mejor".¹² Y pasan los autores a exami nar algunos ejemplos, empíricamente analizados, de situaciones en que se producen cambios importantes de opinión en un periodo corto y que son decisivos en la adopción de decisiones por los líderes políticos: los cambios en la opinión francesa entre 1954 y 1962 (con el punto de quiebre en 1957) en relación con el problema de Argelia; la evolución similar que tuvo lugar en la opinión pública americana en relación con la guerra de Vietnam (el punto de quiebre fue el año 1971); la evolución de la opinión francesa y británica respecto de la intervención de estos países en la crisis de Suez; los cambios de opinión en Inglaterra respecto de su ingreso en la Comunidad Económica Europea.¹³

Menos optimistas, tal vez por más empiristas, son en general los autores norteamericanos sobre el problema de la influencia de la opinión pública en las decisiones de política exterior. Cohen destaca certeramente que son los historiadores quienes más influencia han atribuido a la opinión pública sobre la política exterior, a pesar de que en la literatura historiográfica no se encuentran intentos serios de probar que tal relación causal existe. No hay razones para ser demasiado optimista sobre este punto, sostiene Cohen; primero, se sabe muy poco, en general, sobre la vinculación entre opinión pública y decisión política, a pesar del desarrollo de las técnicas de medición y de la investigación científico-social; segundo, la literatura sobre opinión pública o sobre toma de decisiones suele evadir el problema de la vinculación entre estas dos dimensiones; tercero, y por lo poco que sabemos, se conoce que el establishment de la política exterior se siente poco constreñido por la opinión pública y tiende a interpretar la opinión según sus propios puntos de vista (estudios de Almond, Cohen, Bauer, de Sola Pool y Dexter, Poslby, Freidel, Borg, etcétera).¹⁴ Si bien se suele sostener que la opinión pública marca las fronteras o límites dentro de los que se ha de tomar la decisión política, tales fronteras -mantiene Cohen- son, en principio, desconocidas e indefinibles.¹⁵

Parece, pues, que nos encontramos ante una relación que efectivamente existe, aunque no sea fácil de estudiar y desmenuzar en términos analíticos. Se trata de una de esas realidades cuya existencia se revela más o menos nítidamente en el desenlace de un proceso. El análisis se hace ex-post-facto o a posteriori, con lo cual el analista siempre tendrá razón y ajustará sus hipótesis a los hechos consumados tratando de "reconstruir" un proceso ya terminado y que no pudo observarse en su plenitud. El mayor o menor grado de ajuste entre lo que la gente pen saba y lo que los dirigentes hicieron podemos verlo en las consecuencias de la acción política, aunque sea imposible de antemano determinar lo que constituye un nivel de ajuste "adecuado" desde el punto de vista de los líderes (poder tomar una decisión sin provocar la animadversión generalizada de las masas) o desde el punto de vista del público sujeto de opinión (aceptar una decisión de los líderes sin alzarse contra ellos). Para entender esta relación se ha utilizado el símil del iceberg: "La parte emergida es la de esa minoría activa, la parte sumergida no es a menudo sospechada, pero puede emerger brutalmente y destruir toda una política exterior".¹⁶ En esta línea se pronuncian Stoetzel y Girard, concluyendo que:

el problema no es nuevo para los dirigentes. Queda, hoy como ayer, no llegar a cierto límite de resistencia, a partir del cual las posiciones se invierten y en que el público abandona una política que parecía dispuesto a sostener o se opone a una política que parecía dejar que se prosiguiese. La opinión pública no actúa directamente sobre los acontecimientos, no tiene poder de decisión, parece ser que posee el de hacer posible o no la política de sus representantes.¹⁷

Efectivamente, en este nivel de generalidad es difícil no estar de acuerdo con la proposición.

1. La estructura de las preguntas

El sentido que deba darse al dato de encuesta depende mucho de la forma en que ha sido redac tada la pregunta (a igual o parecido estímulo corresponde igual o parecida respuesta): preguntas cerradas o abiertas, formuladas positiva o negativamente, proposiciones o ítems con los que se pide que uno se muestre de acuerdo o en desacuerdo. En general, las preguntas cerradas (que ofrecen un abanico de posibles respuestas dentro del que debe situarse el entrevistado) obtienen porcentajes más altos de respuestas, y éstas son más fácilmente analizables. Por otra parte, cuando se ofrecen proposiciones o sentencias con las que el entrevistado debe mostrarse de acuerdo o en desacuerdo, la pauta de respuesta suele ser distinta que en el caso de una interrogación común con respuestas alternativas sobre el problema -en general, aquel tipo de formulación empuja un poco al entrevistado a mostrarse de acuerdo con el contenido de la sentencia por la vía de la menor resistencia, si bien esta dificultad puede salvarse al manejar distintos ítems sobre un mismo tema y comparar las pautas de respuesta a que cada uno de ellos dio lugar. Finalmente hay que tener presente un aspecto importante de la redacción de la pregunta: si los símbolos que implica son positivos o negativos para la gente que ha de responder; en general, el público tiende a plegarse a los símbolos positivos y a rechazar los negativos.

2. El nivel de información

Para evaluar la consistencia de una opinión es importante conocer algo sobre el grado de información que se tiene al respecto. Las dimensiones afectiva, evaluativa y cognitiva de una actitud están fuertemente relacionadas, y con gran frecuencia las encuestas se limitan a inquirir sobre el lado afectivo o evaluativo, dejando al margen el nivel de información o conocimiento. Generalmente, la contabilidad de las respuestas de "a favor" o "en contra" de algo depende mucho de la proximidad del problema a la vida cotidiana de la gente. Cuando se trata de temas de la experiencia cotidiana -por ejemplo, la subida de los precios, las relaciones de trabajo, etcétera- es más correcto preguntar en términos de apoyo o rechazo que cuando se trata de problemas que suscitan menos claves en la experiencia diaria, como suele ser el caso de muchos temas políticos y científicos. En estos casos, algunos analistas aconsejan "filtrar" las preguntas de afecto y evaluación con preguntas de información ("¿Tiene noticia de...?") e incluso con una pregunta ulterior sobre si el entrevistado ha tenido ocasión de formarse una opinión sobre el particular, de manera que tenga la oportunidad de situarse entre los que no responden sin sentirse avergonzado.

En el análisis de tendencias es muy importante este punto: cuando se trata de un tema o problema sobre el que la gente ha pensado bastante o le es familiar, la diferente formulación de preguntas en el tiempo sobre el mismo tema no es tan relevante como en el caso contrario (temas nuevos o sobre los que se está sistemáticamente mal informado) y, por tanto, hay mayores garantías de estar acertando en la interpretación al comparar respuestas a preguntas sobre el mismo tema, pero formuladas de forma distinta en diversos momentos del tiempo.

En relación con lo anterior, está el problema de la interpretación de datos de opinión en temas sobre los que la gente (o buena parte de la gente) no tiene convicciones firmes. En tales casos la tendencia será apoyar lo que se percibe como "versión oficial" del problema y, desde luego, si al formular una pregunta de cuestionario esta versión va incluida en la misma, la probabilidad es muy alta de que el mayor porcentaje de respuestas vaya en dirección de aquella alternativa. Lo mismo podría ser válido para aquellos casos en que la debilidad de las convicciones -por falta de información, por informaciones contradictorias o por falta de experiencia vivida al res pecto- estuviera acompañada por sentimientos de distancia, no ya entre convicción y posibles comportamientos, sino entre convicción y la simple verbalización de la misma al responder a una encuesta. Este puede ser el caso cuando se tratan determinados temas en sociedades muy cerradas o bajo regímenes políticos autoritarios y represivos. Y así nos encontramos ante el tema de los "sin respuesta" en las encuestas de opinión.

3. Los "no sabe" y "no contesta"

La interpretación de la abstención a responder a un cuestionario no puede hacerse en el vacío, sino dentro del contexto social en que la encuesta tiene lugar. Con todo, hay una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, la falta de información es una constante en el condicionamiento del nivel de "sin respuesta" en todos aquellos temas que rozan de lejos la experiencia cotidiana de la gente. En segundo lugar, aun suponiendo cierto nivel de información, puede no haber opinión porque la persona no ha situado la información que tiene en un contexto significativo en términos de sus relaciones con los demás. Me refiero a la dinámica individuo-grupos de referencia como determinante de la posesión y manifestación de una opinión. Siendo el grupo de referencia el vehículo de nuestra identificación social, como señala Lane:

hay personas que carecen de opinión porque no tienen un grupo de referencia con una posición frente al tema en cuestión, porque no pueden psicológica mente llegar hasta el grupo de referencia "correcto" en términos de sus propias necesidades o porque no tienen conciencia de la posición que su grupo ha tomado o tomaría si se consultase su opinión.²⁰

En este punto, la teoría de los grupos de referencia es muy importante para entender la abstención en cuestiones políticas en sociedades poco politizadas, despolitizadas y sometidas a un fuerte control de las manifestaciones plurales de opinión política. Es en estos casos donde el "miedo", como factor explicativo de la abstención a responder, cobra un especial significado -en gran medida, la encuesta de opinión es incompatible con situaciones de precaria o nula libertad de expresión; y cuanto más "prohibido" sea el tema sobre el que incide una encuesta, mayor será la probabilidad de abstención de los respondentes, tanto por falta de una opinión estructurada como por miedo.

Parece, sobre estos antecedentes teóricos, que el análisis de tendencias en el punto concreto de los "sin respuesta" constituye una clave más para entender la dinámica del cambio social y cultural. Las variaciones de esta dimensión son tan importantes como las que se registran en las pautas de respuestas específicas al tratamiento de un tema.

En España concretamente, este problema se empezó a estudiar pronto. Haré mención de las conclusiones de algunos trabajos en que parcialmente se pone de manifiesto la importancia de los principios anteriores en la interpretación de los datos de opinión. Para actualizar estas conclusiones, confirmándolas, le bastará al lector remitirse a los apéndices de opinión de revistas como la Revista Española de Opinión Pública (REOP) y la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), o incluso a algunas encuestas de los periódicos.

José Luis Martín Martínez y Juan Díez Nicolás, en 1967, ponían de manifiesto un hecho que hoy no pasará desapercibido al lector de prensa que siga con atención la publicación de ciertas encuestas: que las personas que más se abstienen de manifestar su opinión son las de posiciones sociales más bajas, por una parte, así como las mujeres, por otra.²¹ Los autores puntualizaban el más bajo nivel de información de estos sectores, con todo lo que ello lleva implícito en términos de capacidad de conceptualizar y de seguridad. Pero además, desde un punto de vista socioló gico, no puede olvidarse que son éstos los sectores que con mayor extensión ocupan posiciones inferiores en las estructuras de autoridad y dominación de todo tipo, y que, por tanto, y cualquiera que sea el grado de información que posean sobre un problema, su situación es particularmente ambigua. Y sobre todo, a la hora de manifestar una opinión crítica por parte de quienes sólo se espera la conformidad, es probable que la tensión entre unas expectativas de sometimiento y conformidad, por un lado, y un impulso crítico, por otro, se resuelva en la falta de respuesta en el típico "no sé", a veces tan difícil de desentrañar aun para el más experimentado entrevistador.²² Un ejemplo concreto de cómo varían las respuestas (y también los "sin respuesta"), según hayan sido formuladas las preguntas del cuestionario, centraba la atención del que escribe al estudiar la evolución de la opinión española respecto del ingreso de nuestro país en el Mercado Común. Transcribo algunas conclusiones:

Es éste un ejemplo precioso del caso típico en los estudios de opinión en que sobre un mismo tema se obtienen respuestas diferentes, según hayan sido formuladas las preguntas. Partimos del supuesto de que, dado un principio de actitud, el individuo tiende a seguir la línea de la menor resistencia en la expresión oral y espontánea de la misma. Este supuesto se deriva del princi pio de la universal tendencia a evitar o minimizar la cantidad de disonancia cognitiva que cualquier estímulo puede provocar en nosotros. En el caso que nos ocupa, el principio de actitud será la no existencia de una predisposición negativa entre la población respecto de los países europeos, quizá porque nos estamos moviendo en la década de la emigración y el turismo y la experiencia cotidiana de la población es que ambos factores son beneficiosos (se traduce o asocian con mejoras tangibles en la vida de las gentes). Esto explicaría la baja proposición de respuestas negativas que, además, se mantiene constante en esta época (de 5 a 10%). Lo que varía en función del tipo de pregunta no son los "noes" sino los "síes" y la abstención o el decir "no sé". Los porcen tajes más altos de respuestas positivas se dan en las preguntas formuladas de manera positiva y directa, seguidos por las preguntas de formulación directa, pero negativa y, finalmente, por las preguntas indirectas. Si bien lo contrario no es cierto: que las respuestas negativas sigan una pauta opuesta (la variación porcentual entre 5% y 10% es insignificante). Es el porcentaje de "sin respuesta" el que claramente también depende de la formulación de la pregunta, esta vez en sentido contrario al de respuestas afirmativas; es decir, la abstención es más alta en preguntas de formulación indirecta, seguida por preguntas directas en sentido negativo y, finalmente, por preguntas directas y positivas.²³

4. Opinión y comportamiento

El enunciado de las precauciones anteriores no debe llevar al lector a concluir, sin más, que las encuestas de opinión son un instrumento de total validez -si se las maneja bien- para el conocimiento de lo que la gente realmente piensa y mucho menos de lo que la gente hará a partir de lo que dice que piensa.

Frente a actitudes optimistas de autores como V. O. Key, a las que se hace referencia al inicio de esta sección, podrían oponerse otras pesimistas como las del historiador de la ciencia John Bernal:

Los sondeos de opinión tienen el doble defecto de que las respuestas dependen del cariz dado a las preguntas y de que a lo sumo dan información sobre lo que la gente cree que debe decir y no ya sobre lo que piensa realmente [...] Generalmente los sondeos se utilizan para obtener el resultado ordenado por sus patrocinadores. Y si no dan el resultado apetecido siempre cabe el recurso de alterar o suprimir algunas respuestas. Aplicados a la política, los sondeos de opinión son un peligro para la democracia [... ] se limitan a lo sumo a indicar a quienes manipulan a la opinión que deben cambiar de tono. El pueblo deja de ser el que decide y se convierte en un rebaño dócil dirigido por los engaños y reclamos de la publicidad.²⁴

Prescindiendo de los problemas éticos que Bernal plantea en el texto anterior, desde un punto de vista estrictamente técnico-analítico ya se ha hecho alusión a ciertos correctivos del condicio namiento inevitable de las respuestas a partir de las preguntas que se formulan. Pero subsisten problemas tan espinosos como el de la relación entre la actitud y su verbalización al responder a un cuestionario (entre lo que se piensa y lo que se dice que se piensa) y el aún más complejo y poco estudiado de la relación entre opinión y comportamiento.

Hay que reconocer que la encuesta -como método y conjunto de técnicas de análisis- no tiene respuesta a estos problemas más que de manera muy indirecta y parcial (la búsqueda de incongruencias formales mediante el chequeo de unas preguntas por otras, pero sin poder escapar del círculo vicioso de la verbalización). Por eso, en el análisis de un problema con frecuencia se utilizan combinadamente distintos métodos y técnicas. El mejor test de fiabilidad de las respuestas y de su relación con el comportamiento tiene lugar a posteriori, ya por la aparición de la misma pauta de respuesta a través del tiempo y, sobre todo, por la observación del comportamiento real de los grupos de población representados en las muestras estadísticas. Pero esto no siempre es posible porque con frecuencia se investigan problemas en que los comportamientos no son del todo visibles (v. gr. relaciones sexuales) o no pueden darse (v. gr. participación política en regímenes sin participación).

En cuanto al problema específico de la relación entre actitud y comportamiento, lo cierto es que con gran frecuencia y por una diversidad de razones tanto teóricas como prácticas, en la interpretación de los datos de encuesta se infieren comportamientos a partir del conocimiento de ciertas actitudes. Y tal correspondencia no se da en un cien por cien, dependiendo de las áreas de la vida en cuestión; esto, a pesar de la bien sustentada teoría de la necesidad psicológica de simetría y consonancia entre ideas así como entre ideas y comportamiento. El problema se agrava por la falta de conocimiento acumulado sobre el particular. Desde los experimentos de La Piere en los años treinta de este siglo, el tema ha sido escasamente investigado. Sin duda hay dificultades puramente técnicas: el problema de medición de lo que denominamos "actitud" -concepto definido de muy diversas maneras- y que en parte tiene más de creación teórica del propio investigador que un comportamiento visible y que "está ahí". Aun si aceptamos -y es necesario hacerlo- que existe eso que se denomina actitud, lo que se mide generalmente son aspectos parciales de una actitud o dimensión psicológica (puede que los aspectos que se están midiendo en un caso concreto sean los menos relevantes como motores de la acción). Finalmente, está el problema de que los estudiosos de las actitudes suelen investigar eso, acti tudes, y no comportamientos, y no es una perogrullada, porque está demostrado -lo ha hecho Louis Guttman- que entre las dimensiones mensurables y medidas en relación con un mismo tema u objeto de actitud existe un síndrome de relación, de forma que todas las dimensiones se correlacionan entre sí positivamente o a cero, pero nunca en sentido negativo. Guttman llama a esta pauta "la primera ley de las actitudes". Este es un hecho científicamente importante porque avala el sentimiento de los investigadores de estar tratando con fenómenos reales y no con fantasmas de la imaginación propia o ajena.

Hay sectores de la actividad, como el comportamiento electoral en sistemas políticos estables, en los que la predictibilidad del comportamiento a partir del análisis de opinión es bas tante grande. No entraré en el tema en profundidad, pero sí conviene decir que una clave de esa predictibilidad parece radicar en la estabilidad e institucionalización del sistema político y social, en las garantías a la libertad de expresión y en la experiencia cotidiana de la gente en el sentido de que por hablar o votar de determinada manera no han sido reprimidos. Y, por supuesto, todo esto como telón de fondo de comportamientos reiterados y visibles de la población al votar, que hacen subir para los estudiosos la probabilidad de "acertar" a medida que pasa el tiempo.

En el ámbito de los estudios de mercado, la predictibilidad del comportamiento a partir de la opinión es a veces alta, sobre todo cuando no existe tabú en torno al consumo de un determinado producto -v. gr. no era el caso del aceite de soja en España hace una década-, pero no hay que olvidar que normalmente se trata de una temática en la que el público se siente menos inhibido y en donde se trata de relacionar el consumo de un producto o marca -o su preferencia poten cial- con determinadas características sociodemográficas de los entrevistados. La segmentación de mercados con base en características puramente actitudinales o de opinión es un fenómeno reciente, y parece que no demasiado promisorio.

En otro lugar he sostenido, en relación con el problema de las actitudes y el comportamiento, que probablemente:

lo que falla no es la tendencia humana hacia la consistencia, sino el desarrollo de marcos conceptuales que permitan un tratamiento más profundo del pro blema y de esfuerzos de los investigadores en ese sentido. Parece razonable hipotetizar que las inconsistencias respecto de un asunto específico tienen sentido o consistencia en relación a otras zonas del comportamiento y de actitud, que el observador puede no haber incluido en su esquema de análisis. Como ha dicho Eysenck, "en lugar de afirmar que las acciones son mejores medidas de las actitudes que las palabras, mejor sería que dijésemos que tanto unas como otras constituyen medidas indirectas de las actitudes subyacentes y que en ciertas circunstancias ambas pueden conducir a error al investigador desprevenido [... ] El problema parece exceder el ámbito de la pura medición actitudinal y del análisis puramente psicológico y habrá que complicar el esquema introduciendo variables o factores que no son psicológicos.²⁵

5. Opinión y decisión

Si el problema que se acaba de plantear está poco esclarecido, sucede lo propio con el de las vincu laciones entre los movimientos de opinión pública y las decisiones que adoptan quienes controlan las instituciones en cuyo seno vienen a desembocar aquellos problemas de los que la opinión se hace eco. Este es un problema que excede con mucho la temática de las encuestas de opinión, pero que tiene relación con las mismas. Me limitaré a algunas consideraciones preliminares.

En general, los estudios de opinión parten del supuesto normalmente no explicitado de que existe una relación estrecha entre estados de opinión y decisiones de alcance social a tomar por quienes son responsables del control de las instituciones. Entre historiadores y científicos de la política, el supuesto es aceptado con gran frecuencia,²⁶ aunque también es frecuente encontrar en la literatura precauciones sobre el importante papel que juegan las élites en general, y las élites políticas en particular, en los procesos de toma de decisiones y, sin duda, de conformación de la propia opinión pública (en este último punto cabría citar toda la literatura sobre los medios de comunicación de masas). A veces ocurre, particularmente entre los historiadores, que cuando se está hablando de opinión pública el referente empírico es la opinión de ciertas élites o la opinión expresada en la prensa.²⁷

Sobre esta relación supuestamente íntima entre estados de opinión e instancias decisorias se ha investigado, sin embargo, muy poco; y en la medida en que hay alguna evidencia empírica se trata de información fragmentaria y poco concluyente. Con todo, ciertos autores americanos que han estudiado el problema en el nivel de decisiones del Congreso de los Estados Unidos concluyen que el efecto directo de la opinión sobre los agentes decisores es muy pequeño -midiendo la opinión, claro está, por los resultados de las encuestas. Erickson y Luttberg dicen que los congre sistas no prestan demasiada atención a las encuestas porque no les da resultado hacerlo, ya que la dinámica política es mucho más compleja que lo que puede verse a través de los resultados de una encuesta específica: las mayorías en torno a un problema son distintas a las de otro y, si se suman las minorías relacionadas con problemas distintos, incluso se podría ganar una elección. De aquí que el parlamentario se sienta, más que un delegado del público, como una persona en quien el público ha puesto su confianza y le ha dado cierta libertad de actuación.²⁸

Estos mismos autores analizan la relación entre actitudes del público y sentido de las votaciones en el Congreso, para encontrar que: la correlación es positiva en asuntos de derechos civiles; sigue siendo positiva, aunque con menor intensidad, en materia de política social, y es inexistente en cuestiones de política exterior. En el caso americano, y en torno a este sector de la política exterior, ya existían estudios anteriores a los de Erickson y Luttberg, cuyas conclusiones eran similares o idénticas. Distintos estudios han puesto de manifiesto que los agentes decisores de la política exterior se sienten poco limitados por la opinión pública, a la que interpretan según sus propios puntos de vista -estudios de Almond, Cohen, Bauer, De Sola Pool, Dexter, Polsby, Freidel, Borg, etcétera.²⁹ Es muy probable que estas tendencias no sean peculiares de los Estados Unidos, donde más se ha estudiado un problema por lo demás muy poco explotado, sino generales y presentes en cualquier país.

Sin embargo, tal vez el problema de las relaciones entre opinión y decisión hay que desplazarlo del marco coyuntural en el que se sitúan los estudios ya mencionados y situarlo en un contexto temporal más amplio o histórico. En este sentido, el famoso estudio de V. O. Key, de 1963, sobre la democracia americana concluye que en términos históricos existe una fuerte conexión entre los deseos del electorado y la acción política de los líderes e instituciones.³⁰ Los mismos estudios de Luttberg y otros autores sugieren de forma más o menos explícita que es a la larga -en los resultados finales o de largo alcance de la acción política- donde más adecuadamente puede verse la conexión entre opinión y decisión.³¹

Hay que decir que existe un consenso general entre los autores en el sentido de que la opinión realmente establece ciertos límites y objetivos posibles a la acción de los agentes decisores y las élites, pero, como en tono pesimista afirma Bernard Cohen, esas fronteras son en principio desconocidas e indefinibles.³² Reflexionando sobre el mismo tema, el autor de estas páginas concluía en otro lugar que:

si bien es complicado e incluso imposible determinar la forma y efectos con cretos de la opinión sobre los mecanismos decisorios de un sistema político, lo que la experiencia histórica parece corroborar es que cuando la desco nexión entre opinión pública y decisión política respecto de problemas que son cruciales para el futuro de un país alcanza determinados niveles, el efecto político es, cuando menos, de inestabilidad, ya que el descontento generalizado magnifica las debilidades estructurales del sistema y éste pierde capacidad para responder a las necesidades de la población.³³

1. ¿A contrapelo de la teoría?

Se ha señalado repetidamente que los fenómenos de opinión pública y el desarrollo teórico y metodológico que ayuda a entenderlos son parte típica de los sistemas democráticos. No de dicaré aquí más espacio a abundar en el argumento, por lo demás difícilmente controvertible. Sin embargo, a la luz de la experiencia española de los últimos quince años, parece conveniente hacer alguna matización al argumento fundamental: que, con independencia de la estructura y espíritu fundamentales de las instituciones no democráticas de gobierno, pueden quedar espa cios de libertad que permitan la formación y la medición de ciertos estados de opinión respecto de determinados problemas. Esos espacios o resquicios de libertad se originan en remanentes de situaciones anteriores al sistema autoritario, en situaciones no anticipadas por la legislación vigente o incluso al amparo de la misma. Por otra parte, se trata de posibilidades que a veces sólo se descubren intentándolo.

De todo ello, la experiencia española durante la última década de Franco es más que ilustrativa. Cualquier investigador de opinión pública de la época -y, por supuesto, ha sido mi experiencia en repetidas ocasiones- se ha encontrado ante la detención de un entrevistador por la fuerza pública, la cual normalmente no encontraba apoyatura legal ni para detenerlo ni mucho menos para impedir que la investigación continuase, máxime cuando se había creado en 1963 una institución oficial para realizar encuestas de opinión -el Instituto de la Opinión Pública, dependiente del Ministerio de Información y Turismo-. Sólo muy al final del régimen, cuando las encuestas políticas comienzan a saltar a las cabeceras de los periódicos, la Administración haría un esfuerzo serio -por lo demás fallido- para controlar el "tráfico" de los estudios de opinión. Como se verá más adelante, un decreto en tal sentido -que durante más de un año encontró fuertes obstáculos para fraguarse desde dentro y fuera de la propia Administración- se hace realidad formal siendo jefe de Estado en funciones el príncipe don Juan Carlos, un mes antes de la muerte de Franco. El primer gobierno de la monarquía no tardaría en derogarlo.

Y así se fue haciendo la historia de las encuestas de opinión en la España de Franco: entre un régimen que no reconocía las libertades individuales y los resquicios de libertad, más o menos comprometida, de quienes deseaban hacer estudios de opinión; pero, sin que nunca, al igual que en otras áreas de la actividad social, la disyuntiva fuera "con el poder o en la cárcel".

He aquí algunos hitos de dicha historia: a finales de los años cincuenta, la realización de una encuesta con preguntas políticas entre jóvenes universitarios de Madrid ocasiona algunos problemas a su promotor. Por la misma época, y sin referencia a actitudes políticas, se realizaban encuestas estudiantiles en, por ejemplo, la Universidad de Granada, y sin mayor trascendencia también se hizo una encuesta sobre temas familiares a grupos universitarios madrileños, que unos años más tarde publicarían Gómez Arboleya y Salustiano del Campo. En 1960 se realiza la primera "Encuesta de la juventud", con participación de destacados sociólogos. En años sucesivos, esta encuesta sería replicada por el Instituto de la Juventud, una entidad pública.

La década del sesenta fue prolífica en encuestas, algunas de ellas importantes y de referen cia obligada para estudios posteriores en sus respectivas materias. Las que voy a mencionar se publicaron en forma de libro. Sólo en un caso hubo parcial censura y aparentemente a instan cias del editor, aunque el autor, por ese y otros "yerros", hubo de sufrir una cierta persecución gubernamental. Alguno de estos estudios formaba parte de proyectos internacionales (es el caso de estudio de los funcionarios o el estudio de Andalucía).

De esta época hay que mencionar, cuando menos, los siguientes trabajos: las encuestas del Informe Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), de 1966, dirigidas por Amando de Miguel. El trabajo tiene un carácter innovador al introducir el fructífero criterio de muestras estratégicas (muestra nacional de amas de casa y muestras de estudiantes, empleados, profesionales y obreros de Madrid). El "estudio de Andalucía", patrocinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y realizado por un grupo de la Universidad de Granada. La encuesta nacional de empresarios dirigida por J. Linz y Amando de Miguel. La encuesta de funcionarios, cuyo análisis definitivo lo haría Miguel Beltrán -su publicación completa tiene lugar en años recientes-. La encuesta a amas de casa sobre el consumo de 1962, dirigida por José Castillo Castillo.³⁴

Se trata de estudios "hito" por el cuidado con que fueron realizados y porque estuvieron rápidamente a disposición pública. En la misma época se estaban realizando muchas más encuestas, sobre todo de consumo y mercados. Aunque su trascendencia pública es menor, sin embargo, constituyeron la base de consolidación de los institutos privados más importantes que hoy existen en el país, ya fortaleciendo núcleos institucionales que han perdurado ya permitiendo la formación profesional de quienes hoy hacen estudios de opinión. Cómo no mencionar el papel que han tenido o tienen instituciones privadas tales como Data, Icsa, Metra-6, Eco, Consulta, Emopública, Arvay, Alef, Dym, etcétera.

Al mismo tiempo, sería prejuicioso querer entender el proceso de penetra ción de la investigación de opinión en España (e incluso de la investigación empírico-social) sin destacar el papel que ha jugado el Instituto de la Opinión Pública (IOP). No sólo por los proyectos de investigación que realizaba o patro cinaba, sino por las publicaciones que hacía posible la Revista Española de la Opinión Pública. El índice de esta revista constituye un catálogo indicador del tipo de ciencia social que era posible en los años sesenta. El IOP se crea en 1963 por el entonces ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne. La institución perdura hasta 1977, año en que es absorbida por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de nueva creación desde la presidencia del Gobierno. Bajo el mandato del último director del IOP y primero del CIS, Juan Díez Nicolás, se crea un banco de datos que recoge alrededor de cuatrocientas encuestas realizadas desde 1964 por ambas instituciones. Este banco de datos es único en el país y está abierto al uso de la comunidad científica nacional e internacional.³⁵

En la actualidad, la mayor entidad investigadora en materia de opinión es el Centro de Inves tigaciones Sociológicas, aunque su actividad no se limita al ámbito de la opinión pública. Creado por Decreto del 30 de octubre de 1977, el CIS tiene como funciones principales:

En consecuencia, y por mandato legal, el CIS es agencia asesora del Gobierno en materias de su competencia y agencia promotora de la investigación sociológica en el país. Como se ha señalado, el CIS absorbe al IOP, pero siendo dotado de mayores recursos que los que tenía el viejo Instituto. Nace con la transición a la democracia, un fenómeno que por sí mismo acarrea, como se verá más adelante, una explosión de encuestas de opinión política.

Aunque es difícil de estimar el incremento que con la democracia se haya producido en la cuantía de los recursos financieros dedicados a investigaciones de opinión, con seguridad ha sido grande. Todo indica que se produjo un salto importante en los años que precedieron a la muerte de Franco y otro más importante aún, a partir de 1976. Para 1979, año de elecciones, mi propia y arriesgada estimación es que se invirtieron unos 2 000 millones de pesetas en encuestas de opinión -incluido todo tipo de encuestas: políticas, culturales, ocupacionales o de mercado-, realizadas por instituciones públicas y privadas. En términos comparativos, la inversión no es pequeña. Si la estimación es correcta, ello supondría unas 57 pesetas por habitante. Téngase en cuenta que en los Estados Unidos, país de larga tradición encuestadora, la estimación de la Oficina del Censo da para 1978 una inversión de 28 000 millones de pesetas, lo que supone 116 pesetas por habitante.³⁶ Es posible que nuestro nivel de inversión en este campo, y desde luego en el ámbito de las encuestas políticas, no sea inferior al de otros países europeos como Inglaterra, Francia o Italia.

En resumen, las encuestas entran y se desarrollan en España a través y simultáneamente de la Administración pública y las empresas de estudios de mercado en la década de 1960. Los temas políticos ofrecen ciertas dificultades y sobre todo la publicitación de los mismos en medios de comunicación masiva. Sólo cuando los datos "saltan" de los libros y las revistas especializadas a los periódicos, ya dentro de la década de 1970, la Administración se pone en marcha para controlar la realización de encuestas. Ya entonces es demasiado tarde para que los intentos de control lleguen a cuajar (la inestabilidad de los Gabinetes ministeriales, la presión de los profesionales y los propios funcionarios y, en la base de todo esto, el clima general de opinión). Con la democra cia se produce la "ilusión" de las encuestas que las elecciones convierten en "desencanto" con las mismas. Al igual que en Francia, los españoles nos encantamos y desencantamos fácilmente con estas cosas. Pero, a pesar de todo, a la gente -y especialmente a los directivos- les gusta tener encuestas y hablar de ellas. Esperemos que algún día se adopte una óptica más racional: las encuestas como una pieza de información más porque, aparte de sus limitaciones técnicas, detectan una realidad en formación y a veces en sus aspectos más efímeros y fugaces, y, cuando salen las cosas de manera distinta a como se esperaba, en lugar de desencantarse y pasar a la descalificación total, hay que estudiar qué pasó (si hubo sólo fallos técnicos o si los grados de libertad de la gente corrieron más deprisa que los grados de libertad de los tests estadísticos).

2. El contenido de los estudios de opinión

Bajo este epígrafe se quiere recoger una manera sólo indicativa, pero sistemática, la evolución del contenido de las encuestas de opinión en España para resaltar, sobre todo, el impacto de las encuestas de opinión política en los últimos años. A tales efectos, parece oportuno tomar como base el material de publicaciones serializables como revistas especializadas y prensa, por dos razones: en primer lugar, la mayor parte de las encuestas que se realizan son de mercados y no se publican. Hay otras encuestas de carácter socioeconómico, como las del Instituto Nacional de Estadística, que tienen un soporte editorial fijo y monográfico y en el que no puede buscarse cambio de contenidos. En segundo lugar, las encuestas publicadas en libros tienen un carácter de publicación esporádica y a veces también fueron publicadas en los medios que aquí se van a utilizar. Finalmente, las publicaciones no seriadas que contienen encuestas tampoco son tantas, y el lector fácilmente podrá situarlas mentalmente en los cuadros que siguen. ,³⁷ Se parte, pues, del supuesto de que la línea evolutiva a detectar en la prensa diaria y semanal, así como en los apéndices de la Revista Española de la Opinión Pública y de la Revista Española de Investiga cions Sociológicas, constituye un buen indicador de lo que ha sido la evolución general en el nivel de publicaciones.

Los cuadros siguientes ilustran bien algunos hechos a los que antes se hacía referencia. Pri mero, que desde 1965 no sólo se hacían sino que incluso se publicaban en el nivel de soportes especializados algunas encuestas sobre temas políticos, si bien la encuesta política de 1965 del IOP es sobre política internacional, las de 1967 abarcan temas de la actualidad nacional y una de ellas trata de las elecciones municipales. Segundo, entre 1970 y 1975 aumentará considera blemente el número de encuestas políticas que se hacen públicas, y más aún a partir de 1975. Prácticamente es en 1974 cuando las encuestas políticas empiezan a saltar a la prensa diaria y semanal, y es entonces también cuando un sector del Gobierno intenta poner en marcha un mecanismo de control de la realización y publicidad de las encuestas.

3. La reglamentación pública de las encuestas de opinión

En materia de encuestas no hay actualmente más regulación en España que la referente a la publicación de sondeos preelectorales, que necesita sujetarse a ciertas referencias técnicas y queda absolutamente prohibida en los cinco días que preceden a los comicios, cualquiera que sea su carácter (nacional, regional o local; ordinario o parcial).

Este tipo de regulación es absolutamente extraño a la cultura y al derecho anglosajones. También es inexistente en la mayor parte del ámbito de influencia del derecho romano. Sólo Francia, Portugal y España -curioso triángulo- tienen algo parecido. En la vecina República del Tajo está absolutamente prohibida la publicación de sondeos preelectorales. En Francia la prohibición se extiende a los diez días anteriores al de la votación. En Inglaterra el tema ha sido sometido a debate parlamentario varias veces, prevaleciendo siempre la opinión de que tal tipo de prohibición atenta contra la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar infor mados. En los Estados Unidos hay una cierta regulación de las encuestas encaminada a asegurar al entrevistado que su colaboración es libre, a proteger su anonimato y garantizar que una infor mación recolectada con propósitos de estudio no sea utilizada con propósitos de "inteligencia".

Sobre las características de la normativa española volveré después de reseñar brevemente el intento de control de las encuestas que tiene lugar en 1975. Me resultaría enojoso, y tal vez en el lector produjera tedio, entrar a describir con detalle el intento político-administrativo de someter a control las encuestas que se inicia en 1974 y da un fruto caduco en los últimos días del régimen de Franco: el Decreto 2.951 del 31 de octubre de 1975 (Boletín Oficial del Estado del 26 de no viembre), que sería derogado sin que llegara a tener lugar su propio desarrollo en una normativa de rango inferior. Lo que importa, para los efectos de este trabajo, es señalar estos hechos como indicativos de la dificultad para regular oficialmente la actividad encuestadora en aquellos años no lejanos y muy tensos en el nivel de la sociedad civil y también de la actividad oficial.

Ya se ha dicho que las encuestas políticas habían saltado a los periódicos en 1974 y 1975. Y no se hicieron esperar, también en la prensa, las voces que pedían cautela con las encuestas. El argumento era siempre el mismo: había que garantizar el rigor científico y la seriedad profesional de este "oficio", argumento que solía estar acompañado de ignorancias estándar tales como "no se puede hablar de los españoles si sólo han preguntado a 1500", "a mí no me han preguntado", etcétera.³⁸ En la línea del argumento fundamental se justifica a sí mismo el "Decreto por el que se regula el régimen de las empresas dedicadas a encuestas de opinión". En su exposición de motivos se dice:

Las encuestas de opinión, que han cobrado en nuestros días un augue y difusión grandes, disponen de procedimientos ya decantados, aunque en continua revisión y superación, cuyo empleo requiere unos conocimientos técnicos y un montaje profesional adecuados, sin los cuales los resultados obtenidos no llegan a ser fiables o inducen, por consecuencia, a error en las conclusiones.

Parece preciso que tales encuestas se realicen en condiciones de solvencia y garantía que acrediten su fiabilidad en beneficio del público. Por ello, es aconsejable proceder a una ordenación somera de dicho sector, a fin de garantizar tanto la idoneidad de la constitución y funcionamiento de las empresas dedicadas a esta rama de actividad como las condiciones y requisitos que aseguren a los destinatarios últimos que los resultados se han obtenido con la corrección técnica debida.

En el marco del libre ejercicio de una actividad profesional legítima, se trata de establecer unas exigencias normativas elementales que prevengan actuaciones incorrectas lo mismo a favor de las propias empresas, que sufrirían de otro modo una competencia desleal, que en ventaja del público, que debe operar sobre productos obtenidos rigurosamente, sin deformación, con publicidad, de su origen y de la metodología utilizada.

¿Cómo se va a garantizar la seriedad de las encuestas y prevenir al público de los efectos nocivos que su publicación pudiera tener? Transcribo las medidas más fuertes contenidas en dicha normativa:

- Las empresas se inscribirán en un registro del Ministerio de Información y Turismo, "sin cuyo requisito no podrán dar u ofrecer a la publicidad los resultados de las encuestas realizadas".

- En el expediente de registro, junto a una serie de datos, se hará constar el nombre del fundador y gestores de la empresa, así como "la plantilla de personal especializado, nacional o extranjero, que presta sus servicios a la empresa".

- "Las modificaciones en la estructura de la empresa, las transmisiones de la propiedad o de acciones, las alteraciones en la composición de los órganos directivos o administradores, el cese o sustitución del director, los nombramientos o ceses de personal especializado deberán hacerse constar en el Registro, en el plazo de un mes".

- "Los medios de difusión no podrán publicar resultados de encuestas por empresas no inscritas en el Registro, o que sean contrarias en su planteamiento o conclusiones, a los principios e instituciones contenidas en las Leyes Fundamentales, al respeto debido a las personas que las encarnan, a las exigencias de la defensa nacional, a los derechos de las personas o a las leyes, la moral y las buenas costumbres."

- "En la difusión de resultados de encuestas de opinión, se hará constar de forma clara y destacada los datos esenciales que permitan la identificación de la empresa y del patro cinador del trabajo, así como los datos técnicos que permitan una valoración real de los resultados."

- "El Ministerio de Información y Turismo, previos los oportunos asesoramientos, podrá comprobar la garantía y fiabilidad técnica de la encuesta."

- "Las infracciones a lo dispuesto en el presente Decreto serán sancionadas administrati vamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que proceda."

La sustancia de esta norma implica, por una parte, el registro no ya de las empresas sino de los profesionales que en ellas trabajan y el control de su movilidad ocupacional, lo que hubiera sido muy fácil porque en total no debían ser más de quince personas. Por otra, la discrecionalidad de la Administración, dentro de marcos valorativos ambiguos y sumamente amplios, para proceder contra empresas y profesionales bien identificados en aquellos casos que lo considerara oportuno. Tal exceso de celo parecería digno de mejor causa.

Derogado el Decreto de 1975, la inquietud normadora de las encuestas no vuelve a agitarse sino ya en un contexto institucional diferente: el Congreso de los Diputados en 1979, cuando han tenido lugar dos elecciones generales. ¿Quién mueve las aguas? Un grupo minoritario, Coalición Democrática, probablemente en la creencia de que la publicidad de los sondeos preelectorales les perjudica a la hora de fraguarse la intención de voto popular. Sobre este punto hay que decir lo que es opinion prácticamente unánime de los estudios del tema: que la evidencia empírica de que la publicidad de las encuestas condicione el voto está por acumular.

El grupo parlamentario de Coalición Democrática presenta una proposición de ley sobre reglamentación de encuestas electorales el 3 de mayo de 1979, que pasa por unanimidad a consideración de la Cámara. El texto de esta proposición es prácticamente una traducción de la ley francesa sobre la materia. La propuesta de Coalición Democrática se justifica en la defensa de la libertad del votante y la igualdad de oportunidades para las alternativas políticas concu rrentes en la elección, y, además, en el deseo de proteger la seriedad profesional y el prestigio de quienes se dedican al oficio de hacer encuestas. El punto III de la justificación es suficientemente ilustrativo y allí se da por sentado algo tan científicamente debatible, como que la publicación de los sondeos tiene una "especial incidencia" sobre la opinión:

Teniendo en cuenta la extraordinaria importancia de los medios de comuni cación en las sociedades democráticas, así como la especial incidencia sobre la opinión pública, de la publicación de los resultados de encuestas y sondeos referidos al cálculo y previsión de resultados electorales, en un plano general, y sobre el elector en particular, se hace necesario regular tal actividad, con el objeto de procurar la mejor garantía, tanto del principio de igualdad de oportunidades de los contendientes en la elección como de una limpia com petencia para la formación libre por el elector de su opción, de una parte; y, de otra, con el fin de aumentar las garantías y prestigio, fiabilidad y seguridades de las empresas, centros y órganos especializados dedicados a la confección y realización de encuestas y sondeos.³⁹

La iniciativa da lugar a una ley, que pasa los últimos trámites parlamentarios en abril de 1980, y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 25 de ese mismo mes. La proposición original sufrió modificaciones sustanciales en la ponencia que debió estudiarla y la Comisión de Presidencia del Congreso. Si bien el grupo de Coalición Democrática mantuvo el texto original para su discusión en el Pleno, la ley resultante difiere del mismo y responde a las posiciones mantenidas por los representantes de los grandes partidos. Las disposiciones fundamentales de la Ley son las siguientes:

4. Algunos problemas para la realización de encuestas en España

Sería demasiado largo entrar en el detalle de las dificultares profesionales, técnicas y políticas que han jalonado la historia de las encuestas de opinión en España. Por sí mismo, el tema requeriría un simposio de los profesionales del ramo y mucho tendríamos todos que aprender en el mismo. Ahora sólo voy a mencionar, y muy brevemente, algunos de los problemas que se presentan en la actualidad. En general, tienen que ver con factores de tipo técnico, aunque en alguna zona del país la dinámica política favorece muy poco la realización de sondeos de opinión.

5. A modo de conclusión, ¿qué piensan de las encuestas los entrevistados?

A lo largo de este trabajo se han hecho algunas consideraciones generales sobre la opinión pública, las encuestas de opinión, sus limitaciones técnicoestructurales así como las que proceden de la cultura, y también se ha intentado describir el estado de la cuestión en España.

Como conclusión, haré referencia a unas "encuestas sobre encuestas" que son bastante alen tadoras por lo que tienen de ilustrativas del sentido común del público español al respecto; como sentido de lo razonable y que, además, se encuentra bastante generalizado. En otras palabras, que es común en la doble acepción del término.

Los datos que aquí se van a manejar proceden de dos encuestas: una, del Instituto de la Opinión Pública, realizada en junio de 1976, sobre una muestra de la población adulta de cuatro grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla); otra, del Centro de Investigaciones Sociológicas, realizada sobre una muestra nacional de población en noviembre de 1980. Lo inte resante de estos datos es constatar -en el nivel de lo que piensa la población española- las enormes coincidencias entre los puntos de vista de los científicos y el parecer de sentido común de la gente. A los efectos que aquí interesa resaltar, los resultados principales pueden resumirse así:

Primero, y éste es un dato en cuyo contexto hay que situar el resto de la información, la inmensa mayoría de la población ha oído hablar de las encuestas, pero sólo una tercera parte ha sido entrevistado alguna vez (35%, según la encuesta de 1976, en las grandes ciudades; 33% en el nivel nacional, según el estudio de 1980). Casi en la misma proporción se cree que deberían hacerse más encuestas que las que se hacen en la actualidad (44% en las ciudades y 34% en el nivel nacional); sólo 11% y 10%, respectivamente, piensa que deberían hacerse menos o ninguna. En conclusión, que siendo la encuesta de opinión un fenómeno relativamente nuevo en el país, la gente las acepta bastante bien.

Segundo, son más los que confían en los resultados de las encuestas (algo más de 45%, tanto en el estudio de 1976 como en el de 1980) que los que desconfían de las mismas (36% y 30% en las grandes ciudades y en el nivel nacional, respectivamente). Y los que desconfían argumentan sobre todo manipulación de los resultados (46% y 39% en los dos estudios) y falta de sinceridad de los entrevistados (29% y 36%, respectivamente).

Tercero, el problema de la sinceridad en las respuestas preocupa a la mayor parte de la gente. Aunque muy pocos creen que la gente nunca es sincera (9% y 7% en los estudios respectivos de 1976 y 1980), la mayoría piensa que sólo se es sincero parcialmente (43% y 46% en los respectivos estudios). 38% de las cuatro ciudades, en 1976, y 29% del total nacional, en 1980, dicen que la gente contesta a las encuestas con total sinceridad. La falta de sinceridad se achaca fundamen talmente "al miedo a que sus respuestas les perjudiquen" (37% y 29%, respectivamente) y al "desconocimiento del tema" (20% y 23%).

Cuarto, sobre la utilidad de las encuestas, la mayoría cree que sirven sobre todo como un elemento informativo o de conocimiento de lo que piensa la gente (52% y 49% en las grandes ciudades y en el nivel nacional, respectivamente) y son menos los que piensan que sirven "para arreglar las cosas" (14% y 13%, respectivamente) o "tomar decisiones" (7% y 9%). En suma, parece de sentido común que la información no necesariamente condiciona la acción.