En 2010, treinta y cuatro años después del golpe militar de 1976, la legislación argentina reconoció como crimen de lesa humanidad la violencia sexual cometida como parte del terrorismo de Estado durante la dictadura. Durante esas décadas, incontables militantes y presas políticas vivieron experiencias contradictorias: recordar esas agresiones, denunciarlas junto con otros crímenes, a veces callarlas, oír cómo se les restaba importancia o eran asimiladas a otras formas de violencia, sin que se les prestara especial atención. Algo similar ha sucedido en Chile, donde varios colectivos feministas trabajan para hacer visibles estos actos ocultos durante tanto tiempo; en Uruguay, en 2011, veintiocho exmilitantes políticas denunciaron haber vivido abusos parecidos; en Paraguay, mujeres militantes y niñas sufrieron esclavitud sexual al servicio del dictador Alfredo Stroessner y sus funcionarios. El largo tiempo transcurrido es un síntoma de la gran dificultad que implica denunciar, reconocer la importancia de estos crímenes, comprender su función dentro del accionar de las instituciones represivas.

Al mismo tiempo, la violencia sexual y de género se ha convertido en un asunto de creciente gravedad, tanto en el Cono Sur como en otras regiones de América Latina, y han surgido importantes trabajos que buscan entenderla, como los libros de Rita Laura Segato, quien enriquece constantemente su reflexión a través de artículos, conferencias y entrevistas, en diálogo con otras académicas, activistas, periodistas dedicadas a documentar el problema y a reflexionar sobre él. Día con día se comprende con mayor claridad que las violaciones y los feminicidios que suceden en la actualidad no son incidentes aislados, sino manifestaciones de un mecanismo social y cultural que asegura y normaliza el sometimiento del género femenino. Por eso era necesario vincular estos esfuerzos teóricos recientes con las memorias y denuncias de los años de la dictadura y mirar desde una perspectiva actual esa parte soslayada de la historia: la violencia sexual y de género perpetrada por los militares argentinos (1976-1983), uruguayos (1973-1985), chilenos (1973-1990) y paraguayos (1954-1989), pues apenas empieza a discutirse.

Así lo hacen muchas mujeres que sufrieron directamente la represión, reunidas en colectivos para fortalecerse, entender mejor lo sucedido y emprender las luchas necesarias. Parte de su esfuerzo se convierte en documentales, libros, testimonios, distintas formas de acción que a su vez nutren a estudiosas y críticas para quienes es importante trabajar estos temas. Este libro, editado por Ksenija Bilbija , Ana Forcinito y Bernardita Llanos, reúne una colección de artículos que aborda desde distintos ángulos el problema de la violencia sexual y de género cometida durante los años de represión. Las fuentes analizadas son muy diversas: algunas autoras, como Bernardita Llanos o Rafaela Fiore Urízar y Chloe Holt, se dedican a la revisión de documentales, o bien, de novelas, como hace Ksenija Bilbija ; otras, como Ana Forcinito, Elizabeth Lira o María Sonderéguer, interrogan los marcos y narrativas legales; o trabajan con testimonios vertidos en formas muy distintas (desde los escritos como relatos más o menos literarios o como parte de trabajos académicos o periodísticos, filmados o grabados en video, realizados dentro de emisiones televisivas o como declaraciones judiciales), como María Rosa Olivera-Williams, Giovanna Urdangarain, Gabriela Fried o Susana Draper. En algunos casos, se busca bosquejar las historias de grupos invisibilizados o silenciados, como hace Cherie Zalaquett al recuperar la presencia de mujeres, homosexuales e indígenas en las filas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, o Lilian Soto al recuperar la intervención de mujeres en la lucha contra la dictadura de Alfredo Stroessner.

A través de estos artículos emerge una historia en la que ha sido constante la desigualdad de género: aún antes de que se desencadenara el terrorismo de Estado, los grupos de izquierda militante solían desdeñar al feminismo, considerándolo una treta imperialista o un síntoma burgués; mujeres, indígenas y homosexuales enfrentaban discriminaciones dentro de esos grupos libertarios, aunque, paradójicamente, luego surgieran formas de lucha encabezadas por mujeres, como el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Durante la represión, la tortura sexual era parte de la violencia rutinaria empleada para someter y castigar a disidentes, reiterando así la potencia masculina del aparato represor y la feminización de hombres y mujeres sometidos a él. Ya en democracia, se ha tendido a silenciar el problema durante los procesos de reparación y memoria. Así, la violencia del terrorismo de Estado es protegida no sólo por alianzas y complicidades institucionalizadas, sino por los prejuicios, valores y actitudes que son parte de la cultura y contribuyen a omitir la discusión de estos temas o a restarles importancia.

Como señala María Rosa Olivera-Williams, incluso cuando hombres y mujeres sufrían un maltrato aparentemente igual, la desigualdad de género persiste y hace muy distintas sus experiencias: mientras Luz Arce narra una violación sexual y se esfuerza por afirmar que eso no fue lo peor que sufrió, pues había torturas más graves, Feliciano Cerda tarda 40 años en denunciar lo que para él fue la peor de las vejaciones, más dolorosa y humillante que la extracción de todos sus dientes, seguida del paso de corriente eléctrica a través de las heridas: la violación sexual. Olivera-Williams apunta que estas dos revelaciones suceden en contextos muy distintos, vinculados a la diferencia de género: Arce se convirtió en informante de los represores y fue vista con repudio y desdén, como si el ser mujer amplificara su abyección e hiciera evidente su culpa. La violencia sexual cometida contra ella parece haber sido considerada predecible, asociada de forma casi inevitable con la traición. Cerda, en cambio, contó lo sucedido en un programa televisivo, con el apoyo tácito de la televisora y de la audiencia preocupada por ayudarlo a afirmar su masculinidad. No sólo las circunstancias que rodean estas denuncias muestran las actitudes distintas hacia la violación de hombres y mujeres: además, la violencia sexual contra las mujeres podía producir embarazos; algunas fueron obligadas a parir en condiciones hostiles, a muchas les fueron arrebatados sus hijos recién nacidos.

A pesar del abrumador contexto represivo, existe la tendencia de culpar a las mujeres de la violencia sexual cometida contra ellas, tal como sigue sucediendo ahora, cuando las instituciones de procuración de justicia hacen todo lo posible por culpar a quienes han sufrido violaciones o feminicidios y por poner en duda sus declaraciones. Ksenija Bilbija y Ana Forcinito analizan distintas maneras en que se les atribuye un supuesto consentimiento, una complicidad con los agresores, como si hubieran podido elegir libremente en las situaciones de peligro y confinamiento en las que estaban atrapadas, o como si al sufrir estas violaciones estuvieran traicionando a sus compañeros militantes. El arsenal de prejuicios hostiles a las mujeres está presente también en estas situaciones extremas, en las que ellas son percibidas como objetos intercambiados entre dos grupos de hombres: los izquierdistas vencidos y los militares. Tal como sucede hoy, la violencia sexual a la que eran sometidas las militantes solía ser interpretada como una traición cometida por ellas, una flaqueza.

Convertirse en sobrevivientes, y como tales trabajar para fortalecerse, fue posible para muchas gracias a los vínculos que consiguieron formar con otras prisioneras; esta capacidad de formar alianzas modifica también sus maneras de recordar y construir las memorias colectivas. En varios artículos se señala que, mientras los hombres recuerdan y son recordados como personajes capaces de actos heroicos, dentro de narrativas que subrayan cualidades como el valor y el estoicismo, las mujeres hacen énfasis en los lazos solidarios que les permitieron resistir y colaborar en acciones conjuntas.

En suma, la violencia sexual y de género fue una dimensión crucial del terrorismo de Estado, discernible en muchos niveles. Los represores ejercían un papel de potencia y dominio masculino que se reiteraba incluso en el uso de aparatos similares al pene, como las picanas; las mujeres que formaban parte de los cuerpos represores se asimilaban a los hombres, compartían sus valores, actuaban como ellos y hasta procuraban ser más brutales, como afirma Marcia Alejandra Merino en el documental La flaca Alejandra, como si hicieran un redoblado esfuerzo por cumplir con los atributos masculinos propios de esas agrupaciones. Por otra parte, la violencia contra las mujeres militantes actuaba también como castigo por haberse alejado de los comportamientos femeninos que tradicionalmente se esperaban de ellas, y la violencia sexual a la que eran sometidas solía ser interpretada como un acto del que ellas tenían la culpa.

Quizá la mejor prueba de la importancia de estos espléndidos trabajos es la gran cantidad de preguntas que suscita su lectura y las nuevas investigaciones que sugieren, al abrir nuevas perspectivas para leer la historia de la disidencia, las obras artísticas y literarias encaminadas a denunciar y recordar la represión, y las discusiones vinculadas a la construcción de la democracia, que nunca estará completa si no incluye una profunda reflexión sobre la violencia sexual y de género y sobre las construcciones culturales vinculadas a la dominación masculina, que organizaron y permitieron estas violencias durante las dictaduras y siguen alentándolas y justificándolas hasta el día de hoy.