Introducción¹

Las empresas hacen uso de la publicidad para llegar al consumidor y vender sus productos y/o servicios (^{González, 2016}). Sin embargo, debido a la falta de educación alimentaria, y a los trucos del marketing, el consumidor puede resultar engañado sobre el producto que está comprando. Aunque ello depende de varios factores, no podemos afirmar de forma taxativa que el consumidor termina siendo engañado mediante prácticas publicitarias en todos los casos.

Al crear una marca, se promociona un estilo de vida, unos valores y unas creencias para empatizar con el cliente y, así, conseguir su fidelización (^{Cabrera, 2012}). Dicha imagen no suele guardar concordancia con los productos que la marca engloba. Por ello, las decisiones de compra suelen hallarse influenciadas por los ideales subjetivos transmitidos a través de la publicidad en lugar de por argumentos objetivos basados en las propiedades nutricionales y las conveniencias personales (^{Alcalá y San Martín, 2019}).

Aunque el nacimiento de la publicidad se remonta al año 3000 antes de Cristo en la era egipcia; esta siempre ha ido paralela al crecimiento del comercio. La publicidad empezó a ser realmente relevante sobre la sociedad consumista en la Revolución Industrial (1760-1840) (^{Franco, 2004}). En las últimas décadas, las nuevas tecnologías han permitido un auge de la cantidad de publicidad, llegando a más personas y a diferentes colectivos.

Así, la comunicación entre cliente y vendedor ha experimentado un cambio radical debido a la facilidad con la que es posible promocionar un producto a través de spots televisivos, radiofónicos y, sobre todo, por las muchas redes sociales donde la mayoría de la población se encuentra (^{Ortiz, 2018}). Actualmente, la publicidad online se ha convertido en una de las claves del éxito para las empresas alimentarias.

Con el desarrollo de la publicidad, han surgido prácticas deshonestas por parte de la industria alimentaria para maximizar sus beneficios a costa de la ignorancia o inocencia del consumidor. En consecuencia, se han emitido leyes para combatir y evitar estas actividades fraudulentas (^{Domínguez, 2009}).

Este trabajo se propuso como finalidad analizar la eficacia de las leyes alimentarias contra dicha competencia desleal y su evolución en la historia. Además de estudiar la validez de las mismas sobre la protección del consumidor, evaluando el nivel de engaño que sigue sufriendo, hoy en día, la población. Hay que tomar en cuenta que la legislación en materia de consumidores y usuarios se enfoca a la protección del mismo (^{Botana, 2017}), por eso es que, a pesar de ello, la utilización de recursos en el etiquetado y la publicación provocan la desprotección de los mismos.

Mientras las estrategias de marketing y publicidad avanzan y se desarrollan exponencialmente cada día, las leyes que las regulan se quedan anticuadas. Las leyes alimentarias y de publicidad no son suficientes para proteger al consumidor de las ideas erróneas a las que llevan tanto el etiquetado como la publicidad de un producto alimenticio, provocando su consumo en un estado de conocimiento incompleto. La necesidad de más normas para proteger al consumidor y limitar el poder de las industrias alimentarias es eminente.

El principal objetivo del presente trabajo es examinar la coherencia/impacto sobre la población real actual de las normas que regulan la información proporcionada de un producto alimenticio desde la industria alimentaria hacia los consumidores.

Como objetivos secundarios, podemos indicar los siguientes:

La publicidad engañosa de alimentos en España

Evolución de la publicidad engañosa a lo largo de la Historia

Diferentes investigaciones muestran discrepancias con el origen de la publicidad debido a la interpretación del concepto de la misma. Sin embargo, un papiro datado en el año 3000 a. C., con procedencia en Tebas configura la primera prueba de la publicidad antigua (^{Louge, 1996}). A partir de tal evento, la publicidad ha ido avanzando conforme a los acontecimientos políticos, sociales y económicos.²

En la posguerra, tras la Primera Guerra Mundial (1914-1917), tuvo lugar una serie de avances que supusieron un cambio en los medios y formas de transmitir la información tanto desde el punto de vista del diseño como de la difusión. El desarrollo de la electricidad dio pie a la creación de la televisión con la que empezó toda la era digital, cambiando por completo el mundo de la publicidad (^{Cabrera, 2012}).

El auge descontrolado de la publicidad dio paso, en 1938, a la Ley Wheeler-Lea, la primera ley contra la publicidad engañosa en EE. UU. Aunque supuso el principio de las regulaciones de la publicidad. Esta ley no dejaba de lado el beneficio de las empresas publicitarias (^{Stole, 2009}). Mientras los EE. UU avanzaban rápidamente en términos tecnológicos y de consumo, España se encontraba en una situación de desventaja al no haber experimentado el cambio radical pertinente con la Revolución Industrial. El ya nombrado publicista Prat Gaballí introdujo la publicidad moderna en España desde Cataluña a inicios del siglo XX y, aunque la publicidad española no llegó a consolidarse, empezaron a surgir ciertas actuaciones por parte de algunas empresas (^{Montero, 2011a}).

La publicidad engañosa no fue considerada en España hasta finales del siglo XX, no obstante, la competencia desleal ha estado presente desde el inicio de la publicidad. Entre las empresas españolas pioneras en el empleo de la publicidad, destaca la conocida marca de galletas Artiach y sus panfletos “Digesta”.

En los folletos publicitarios de la marca de galletas Artiach sobresale el artículo “digesta”, cuya denominación se asemeja a la palabra “digestión”; mientras que en otro de los folletos pretende alegar a los médicos que estas son la mejor opción para contar con un desayuno completo y saludable con el mensaje “Un desayuno adecuado base de una buena salud” (^{Morenés, 2016}). Todas estas declaraciones pueden confundir al consumidor al hacer pensar que el producto ayuda o está relacionado con una buena digestión y, por tanto, que son una opción saludable, incluso, la mejor para el desayuno, ya que el lema reza “Digesta… la galleta integral, dulce y mantecosa” que confirma la presencia de azúcar y mantequilla en su composición y, así, lo insano que realmente es.

Otra de las empresas pioneras en la incorporación de un valor añadido a los productos comerciales fue la multinacional Nestlé (^{Montero, 2011a}), que tempranamente consiguió difundir sus productos por todo el mundo gracias a la promoción de su innovadora harina lacteada. En este caso, el anuncio promociona un alimento infantil, que pretende convencer únicamente a las madres de que es el producto que sus hijos necesitan, a través de un discurso empático e influenciador (^{Vallejos, 2019}) con sentencias como “La futura felicidad de sus hijos depende en gran parte, del alimento que reciben los niños” o “No tendrá por qué arrepentirse si los cría con Harina Lacteada Nestlé, el alimento más completo, sano y digestivo […].”. Nos encontramos con un producto infantil insano por su alto contenido en azúcares (^{Boatella, 2013}) que se vende como saludable, mediante la persuasión de las madres con el pensamiento de la condición de adquirirlo para ser una buena madre.

Con ambos ejemplos, queda reflejado como la publicidad pasa de ser una acción informativa de llamamiento de clientes, a un recurso para vender la mercancía, no por su función o características, si no por una serie de mensajes erróneos o confusos que se añaden intencionadamente al producto en cuestión, como “Un desayuno adecuado base de una base salud” o “La realidad de la vida”.

Si la publicidad en España se vio relativamente paralizada a principios del siglo pasado, fue a partir de los años sesenta, con el fin de la dictadura de Franco (1939-1975), que empezó a experimentar un auge considerable. Todo producto empezaba a tener una historia detrás que vender asociada a una marca, lo cual ya estaba aposentado por completo en América.

A ello se le une, en el año 1964, la aprobación del Estatuto de Publicidad en España, conformando los pilares de la profesión y dando acceso a su enseñanza con la fundación de la Escuela Oficial de Técnicos Publicitarios (^{Montero, 2011b}). El año 1988 se aprobó la Ley General de Publicidad como consecuencia de la unión de España a las Comunidades Europeas, esta define la publicidad y sus regulaciones, así como todos los actos de competencia desleal y los acuerdos de contratos. El mismo año, también fue instaurado el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios por el que se regulaba el etiquetado.

Un hito en la historia de la publicidad engañosa tuvo lugar en EE. UU en el año 1991, cuando Kraft lanzó una campaña publicitaria donde anunciaba la equivalencia entre la cantidad de calcio en una de sus lonchas de queso y cinco onzas de leche. Kraft divulgó su mensaje tanto en papel como con un spot publicitario emitido en la televisión; consiguió alcanzar un público más amplio y haciendo referencia a una declaración saludable que no correspondía, conformando de nuevo otro caso de publicidad engañosa. A pesar de que sus ventas aumentaron muy considerablemente, la marca quedó dañada por la falacia divulgada (^{Franco, 2004}).

La llegada de Internet a España (1990) significó una transformación en la relación entre cliente y vendedor, de comunicación pasiva a activa, al poder conectar con el consumidor sin importar su localización ni momento en el que se encuentre. Además de poder llegar a todo tipo de consumidor interactuando, recibiendo feedback e incluso pudiendo adquirir inmediatamente la mercancía anunciada (^{Franco, 2004}).

En la actualidad, la publicidad engañosa reina sin duda en las temidas redes sociales (^{Reiff, 2020}). Los influencers poseen el poder de influenciar, como su nombre indica, las decisiones de compra de sus seguidores. Las marcas llegan a su público objetivo a través de este grupo de líderes que muestran los productos anunciados en su día a día, exponiéndose constantemente a un gran porcentaje de la población (^{Sixto y Álvarez, 2020}). Estas prácticas, aparte de publicidad encubierta, pueden dar lugar a publicidad engañosa si el discurso lleva a confusión o dan una imagen del mismo que no concuerda con la realidad.

Como ejemplo reciente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó una conciliación judicial contra la popular plataforma juvenil Tik Tok a la Comisión Europea, por “no respetar los derechos del usuario”, criticando que “La "Política de artículos virtuales" de Tik Tok recoge términos poco transparentes y prácticas engañosas.”.

La publicidad engañosa es una actividad fraudulenta, muy presente desde sus inicios tal y como se ha expuesto anteriormente, pero, a su vez, poco considerada y regulada sin una historia claramente determinada. Lo que empezó como un hecho explicativo del producto para conseguir ventas, concluye con prácticas no siempre honestas mediante la influencia de la opinión del consumidor. La falta de un control más exhaustivo de este tipo de prácticas es, cada vez más necesaria, ante la aparición de nuevos medios y recursos, como dijo John Berger (1926): “la publicidad es un instrumento para que nuestras expectativas entren en el consumo”.

Otro de los aspectos que nos interesa resaltar es la figura del consumidor vulnerable, por ejemplo, el consumidor que pueda padecer algún tipo de alergia o enfermedad que se vea obligado al consumo de determinados productos y pueda estar afectado por la publicidad engañosa.

El Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, e indica que se considera como consumidor vulnerable aquella persona física que “de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidores en condiciones de igualdad”.

La contratación a través de las nuevas tecnologías también puede determinar que el consumidor vulnerable pueda verse afectado por malas prácticas, en las que no puede comprobar los requisitos del producto. A este respecto la doctrina se ha pronunciado sobre la contratación electrónica y los medios de protección del consumidor para evitar el fraude y el engaño (Véase: ^{Hernández, 2016}; ^{Álvarez, 2018}; ^{Mendieta y Barocelli, 2019}).

Medios y formas de engaño al consumidor

La publicidad está presente en la rutina de cada individuo de la sociedad: al levantar la mirada en el metro, en los equipajes de los deportistas de élite, las vallas publicitarias en las carreteras, navegando por Internet. Gracias a todos los recursos disponibles en la actualidad, tanto físicos como digitales, la publicidad nos invade en todo momento y, en la mayoría de casos, sin ser conscientes (^{Angelini, 2017}).

Designaciones de los productos

La industria alimentaria intenta evitar ciertas designaciones de productos debido a la mala fama que estos tienen en la sociedad. Al denominar un producto con un nombre diferente al real pero que se asemeja, los consumidores lo captan a través de otra percepción y lo adquieren. Sin embargo, esto supone un acto de publicidad engañosa al, según la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, presentar una información falsa.

Son varios los casos que se han dado en España, entre ellos, cuando Granini denominó como “zumo de naranja” a lo que realmente era un néctar (^{Kaos, 2021}), una bebida elaborada a partir de zumo con azúcar y agua. La calidad nutricional y sensorial entre ambos conceptos difiere sustancialmente, por lo que, en 2017, esta empresa alimentaria fue demandada por la competencia, J. García Carrión, en base al incumplimiento del artículo 5 de la Ley 3/1991. La industria de zumos Granini fue condenada, tal y como expone la sentencia núm. 390/2017 de 2 de febrero, al cese de dicha publicidad y no volverla a emitir, a rectificar con la publicación de nuevos anuncios, y al pago de las costas.

En el 2016, la Comisión Europea informaba sobre otro caso de fraude alimentario, el del atún “pintado y “fresco”. Una empresa española vendía con la denominación “atún fresco”, un pescado que no cumplía con los requisitos apropiados y, que debería haber sido vendido enlatado, pues tras su captura, había sido conservado en salmuera a 9ºC y no a -18ºC. Asimismo, con la intención de que el atún pareciese fresco realmente, el color del atún se vio adulterado con la adición de aditivos tales como extractos de remolacha (legal) o monóxido de carbono (ilegal) (^{Elika, 2018}). Con ambos fraudes, la industria consiguió aumentar sus beneficios a costa del engaño de sus clientes.

Marco legal de la publicidad engañosa de alimentos en España

El marco legal de la publicidad engañosa está constituido principalmente por la Ley 34/1988, a la que nos hemos referido. Según establece su artículo 2, se entiende por publicidad

Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones (la Ley 34/1988).

La publicidad subliminal, como precisa el artículo 3 de la Ley 34/1988, se considera como publicidad ilícita, al igual que la publicidad engañosa, desleal y la agresiva, que tendrán también el carácter de actos de competencia desleal, siendo aplicable lo indicado en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, modificada por Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Por esto se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios y por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Esta normativa regula los actos de competencia desleal y las prácticas comerciales entre consumidores y usuarios. Asimismo, según el artículo 4 de la Ley 34/1988, la publicidad subliminal es “la que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida”. Se entiende, conforme el artículo 8 de la Ley 34/1988, como anunciante la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad.

Desleal es conceptuado, por el artículo 4 de la Ley 3/1991, como todo comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Es contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, que distorsione o pueda distorsionar, de manera significativa, el comportamiento económico del consumidor, al utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

La Ley 3/1991 distingue los actos de competencia desleal en actos de engaño, actos de confusión y omisiones engañosas, entre otros. La publicidad ilícita, definida por la Ley General de Publicidad, es considerada como desleal por el artículo 18 de la Ley 3/1991.

El capítulo III de la Ley 3/1991 hace referencia a las prácticas comerciales con los consumidores y usuarios, las cuales son divididas en agresivas y engañosas. En referencia a las últimas, la Ley de Competencia desleal clasifica como engañosas a las prácticas engañosas por confusión para los consumidores, consideradas por el artículo 20. Etas se refieren a aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.

Las prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad, reguladas por el artículo 21, son aquellas que afirmen sin ser cierto que el empresario o profesional está adherido a un código de conducta o, la exhibición de un sello de confianza o de calidad sin haber obtenido la autorización necesaria.

Otra de las prácticas comerciales contempladas como engañosas por la Ley 3/1991 son las prácticas engañosas sobre la naturaleza y propiedades de los bienes o servicios, su disponibilidad y los servicios posventa. Estas son consideradas como desleal, según el artículo 23, al proclamar falsamente que un bien o servicio puede curar enfermedades, disfunciones o malformaciones.

Además, las prácticas comerciales encubiertas, explicadas por el artículo 26, definen como desleal por engañoso incluir información en los medios de comunicación para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido.

Por último, el artículo 27 expone otras prácticas engañosas como la afirmación inexacta o falsa en cuanto a la naturaleza y la extensión del peligro que supondría para la seguridad personal del consumidor y usuario o de su familia, el hecho de que el consumidor o usuario no contrate el bien o servicio.

La Ley 3/1991 especifica diferentes formas de contener todos estos actos de competencia desleal en el Capítulo IV. Para ello, la persona perjudicada por dichos actos engañosos dispone de ciertas acciones, reguladas en el artículo 32, como la acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de reiteración futura, de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas o de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal. En el Reglamento (CE) núm. 178/2002 del parlamento europeo y del consejo de 28 de enero de 2002 se establecen ciertos conceptos de gran importancia con referencia a la legislación alimentaria.

La Legislación alimentaria tiene como objetivo, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (CE) núm. 178/2002, proteger los intereses de los consumidores y ofrecerles una base para elegir con conocimiento de causa los alimentos que consumen, además de prevenir las prácticas fraudulentas o engañosas, la adulteración de alimentos, y cualquier otra práctica que pueda inducir a engaño al consumidor.

Las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios vienen reguladas por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En esta norma se establecen las definiciones de consumidor y usuario, así como los derechos del consumidor. Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, modificado por la Ley 1/2021, se entiende como consumidor o usuario a la persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, modificado por Ley 1/2021, establece los derechos básicos de los consumidores y usuarios, entre los que se encuentra la protección de sus legítimos intereses frente a las prácticas comerciales desleales.

En cuanto al derecho d) del artículo 8 sobre la educación del consumidor, este se expone en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2007. Así, los poderes públicos deben fomentar la formación y educación de los consumidores y usuarios, proporcionándoles la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos. Los medios de comunicación social públicos también deben participar en la formación del consumidor y usuario dedicando espacios no publicitarios a la información y educación de estos.

El etiquetado y presentación de los bienes y servicios debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2007, modificado por la Ley 1/2021, por lo que no deberá inducir a error al consumidor y usuario especialmente sobre las características del bien o servicio como su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención. Tampoco deberá atribuir al bien o servicio efectos o propiedades que no posea o, sugerir que el bien o servicio posee características particulares, cuando todos los bienes o servicios similares posean estas mismas características.

Además, según lo expuesto en el segundo apartado del mismo artículo 18, los bienes o servicios deberán ser de fácil acceso y compresión e incorporar de forma clara información veraz y eficaz sobre su nombre y dirección, naturaleza, composición y finalidad, calidad, cantidad y categoría, fecha de producción y lote y, las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumos, así como la correcta gestión de residuos, advertencias y riesgos previsibles. Por último, se obliga a que las indicaciones del etiquetado figuren al menos en castellano.

Para la defensa del consumidor, según el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 1/2007, las administraciones públicas sancionarán las conductas tipificadas como infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Ante una conducta infractora, la acción de cesación se dirige a que el demandado cese en tal conducta y a prohibir su reiteración futura, tal y como se establece en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/2007, a la que se le podrá acumular la acción de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado esta.

La resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios se lleva a cabo, como establece el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el Sistema Arbitral del Consumo, consistente en un sistema extrajudicial sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes que resuelve las reclamaciones a excepción de que el conflicto tenga que ver con intoxicación, lesión o muerte. Los perjudicados por los daños o perjuicios causados por los bienes o servicios según el Real Decreto Legislativo 1/2007, tienen el derecho a ser indemnizados por el artículo 128 del mismo.

La reglamentación en lo referido a la protección del consumidor en cuanto a la información alimentaria, sobre todo sobre el etiquetado alimentario, así como el buen funcionamiento del mercado interior viene regulado por el Reglamento (UE) núm. 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

La etiqueta viene definida por el Reglamento (UE) núm. 1169/2011 en su artículo 2 como: “Los letreros, marcas comerciales o de fábrica, signos, dibujos u otras descripciones, escritos, impresos, estarcidos, marcados, grabados o estampados en un embalaje o envase alimentario, o que acompañe al mismo.” Y el etiquetado como: “Las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un alimento y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho alimento.”

El etiquetado y la publicidad de alimentos con declaraciones nutricionales y de propiedades saludables están armonizados por el Reglamento núm. 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.

Protección del consumidor de la publicidad engañosa de alimentos

Los consumidores se enfrentan cada día a diferentes piezas publicitarias en todos los campos del mercado actual. Teniendo en cuenta que el de la alimentación es común e imprescindible en todos los individuos, el requerimiento de mecanismos para proteger al consumidor de la competencia desleal es clara (^{Gómez y Muñoz, 2008}).

Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, la publicidad engañosa puede llegar a ser compleja de identificar y, sobre todo, demostrar ante la ley su carácter desleal, es por ello, la existencia de estas posibles técnicas cuyo objetivo consiste en evitar que las decisiones de compra de los usuarios vengan determinadas por la publicidad. Seguidamente, se van a abordar diferentes maneras de proteger al consumidor de la publicidad engañosa basadas, por una parte, en eliminar la publicidad engañosa y, por otra, en la educación del consumidor.

Gran parte de la protección del consumidor está configurada por la legislación española, al ser muchas las normas que regulan la prohibición de la publicidad engañosa y, es que así lo determina la Constitución Española (1978) (^{López de Lerma, 2018}). El artículo 51 determina:

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

Como sugerencia, sería apropiado que existieran las declaraciones nutricionales negativas, como “alto contenido en azúcares” o “alto contenido en grasas saturadas” con tal de mantener al consumidor informado de todas las propiedades del producto, tanto saludables como perjudiciales. De esta manera, se evitaría que algunos productos insanos, como el caso del Nesquik, se vieran como sanos. Sin embargo, las técnicas publicitarias son constantemente actualizadas, a lo que se le suman las emergentes redes sociales, provocando la desactualización de la legislación (^{Sixto y Álvarez, 2020}) o la falta de una regulación más detallada, sobre todo, para el público infantil.

Educación alimentaria

Finalmente, la educación conforma una de las partes más relevantes en cuanto a la protección del consumidor ante publicidad engañosa, nombrando a ^{González (2001)}: “La información y la educación del consumidor pueden considerarse como los medios más eficaces para conseguir una adecuada autoprotección”. En el 1973, la Carta de protección del Consumidor del Consejo de Europa recogía las bases del derecho a la educación, haciendo referencia al derecho del consumidor de estar informado (^{Escajedo, 2007}).

A parte de todo lo expuesto, la formación de la sociedad en materia de alimentación puede llevarse a cabo en otros escenarios como son los colegios e institutos. La guía didáctica elaborada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Consumo), llamada “La alimentación en la Educación Secundaria Obligatoria. Guía didáctica” (2007), está configurada para que los hábitos de vida saludable y educación alimentaria se inculquen desde la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Igualmente, el gobierno realiza campañas de salud pública que aportan conocimiento a los consumidores. Por ejemplo, la campaña lanzada en 2020, para aumentar el consumo de frutas y verduras en niños, lo cual permite al usuario a distinguir entre comida saludable y beneficiosos para la salud y, alimentos procesados no convenientes.

Los medios de comunicación también comprenden una parte sustancial en el camino de educar a la población, sin embargo, puede ser contraproducente por toda la información falsa que se divulga. La creciente aparición de populares en las redes sociales, que dicen conocer la ciencia de la nutrición, pone en peligro los derechos del consumidor al no existir ningún protocolo de regulación. No obstante, la presencia de profesionales de la alimentación en las redes sociales es real y, son identificables a partir de la argumentación proporcionada como la bibliografía. Con toda la educación y conocimientos, los consumidores pueden poner en marcha el pensamiento crítico a la hora de afrontar la publicidad de un producto o su etiqueta y, tener la capacidad de comprender correctamente la información proporcionada.

Conclusiones

Desde hace miles de años, la publicidad ha sido utilizada para dar visibilidad a la mercancía y, así, venderla más fácilmente. Con el progreso de la sociedad, la humanidad ha sido capaz de utilizar la publicidad hasta el punto de crear la necesidad al consumidor de poseer el producto; ya no por sus características o función, sino por el valor añadido que proporciona la adquisición del bien, es decir, por los estilos de vida que implican cada una de las marcas.

Mientras que la publicidad y el marketing se adelantan a las necesidades de la sociedad y, consecuentemente, las leyes alimentarias han ido evolucionando, estas siempre van un paso por atrás. Actualmente, el rápido desarrollo de la población con las nuevas tecnologías, en especial, las redes sociales, hacen que las normas vigentes no sean suficientemente eficaces al seguir dándose casos de competencia desleal por engañoso en el mundo alimentario.

Tal demora, supone grandes vacíos legales en la regulación de la publicidad del sector alimentario; provocados por textos mal formulados o ambiguos, al contener una misma ley contradicciones o conceptos alimentarios y, jurídicos indeterminados. Dan margen a la industria alimentaria para definir, a su conveniencia, aquello no especificado en la legislación, desafiando, en ocasiones, los derechos del consumidor moral y éticamente.

Aunque son muchas las piezas publicitarias que confunden al usuario, no es posible demostrar su carácter engañoso ante la ley al ser muchas veces, una cuestión de interpretación individual que viene determinada por la educación alimentaria y pensamiento crítico. Los medios de divulgación de la educación alimentaria en España carecen de efectividad, resultando una población desinformada dependiente, en gran medida, de las organizaciones de protección del consumidor y usuario.

La industria alimentaria aprovecha la ignorancia del consumidor junto con las lagunas legales de la legislación alimentaria y de la publicidad para hacer de la última, la creación de un cliente. De aquí, la urgencia de una reforma de la legislación pertinente, capaz de combatir la desprotección del consumidor.