Introducción

El 6 de agosto del 2014 el estado de Sonora, en el noroeste de México, fue marcado por un suceso definido como el peor desastre ambiental de la minería moderna en el país (^{Enciso, 2014}). La mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, en el Río Bacanuchi y en el Río Sonora. El derrame afectó a más de 22 mil personas, al menos siete municipios y aproximadamente 271 kilómetros de cuerpos de agua (^{SEMARNAT, 2014}). El hecho tuvo un impacto en aspectos medioambientales, económicos y sociales.

En un marco de desarrollo económico, donde el modelo predominante es el neoliberalismo, el siglo XXI se ha caracterizado por el resurgimiento del extractivismo como una estrategia de crecimiento económico y desarrollo, sin embargo, este vulnera la nación al tomar irresponsablemente los recursos del territorio, fomentado por los patrones económicos y políticos dominantes (^{Gudynas, 2012a}). La minería a gran escala como actividad extractiva, es portadora de conflictos socioambientales en las regiones donde se asienta. En Latinoamérica se han registrado al menos 248 conflictos mineros, de los cuales 44 se encuentran en México y tres en el estado de Sonora (^{OCMAL, 2018}).

El extractivismo hace referencia a todas aquellas “actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, que no son procesados (o lo son limitadamente), y pasan a ser exportados” (^{Gudynas, 2009, p.188}). El esquema de acumulación ha estado presente tanto en el occidente como en el oriente desde la época de la conquista y colonización, y representa actualmente el auge del capitalismo moderno. Ante el argumento de que todos los recursos naturales deben ser explotados para aprovechar el potencial de desarrollo, se legitima al extractivismo como una estrategia de crecimiento económico que permite generar los recursos económicos necesarios para atender las necesidades sociales y ambientales que el mismo genera. Este mal desarrollo basado en la extracción y saqueo no puede ser eterno, ya que se basa en recursos no renovables y por lo tanto finitos (^{Acosta, 2012}; ^{Gudynas, 2011b}).

México ocupa la posición 49 a nivel mundial y la sexta en Latinoamérica en términos del atractivo de inversión derivado de sus políticas mineras. Además, la Cámara Minera de México exhibe que el PIB minero-metalúrgico representa el 2.5 % del PIB nacional (^{CAMIMEX, 2018}). Sumado a esto, el estado de Sonora es líder en producción minera a nivel nacional con el 23 % de la superficie asignada a través de 5,000 concesiones (^{Gobierno del Estado de Sonora, 2018}). La actividad minera en el estado es considerada el motor del desarrollo económico y social del territorio (^{Clúster Minero de Sonora, 2017}) y para México representa los principales yacimientos de cobre y las dos minas de mayor envergadura en el país: Buenavista del Cobre y La Caridad (^{SE, 2017}).

El avance de la minería va acaparando territorio y recursos complicando el desarrollo de otras actividades económicas o “usos culturales del suelo” (^{Garibay, 2010, p.134}). La resistencia de los campesinos o comunidades originarias a abandonar el territorio genera conflictos por temas de despojo, aunado a movilizaciones por afectaciones ambientales o violación de derechos humanos. A pesar de que el sector minero es uno de los más dinámicos a nivel nacional, los proyectos no tienden a cumplir con las reglas ambientales ni respetan los derechos humanos, aun así, se ven resguardados por el Estado (^{Gutiérrez, 2010}).

La defensa ante el desarrollo extractivista ha resultado responsabilidad de las comunidades, aunque se motive la división de estas por medio de estrategias de represión provenientes del sector empresarial y del Estado. Tal contexto ha llevado al surgimiento de conflictos socioambientales y nuevas formas de movilización ciudadana orientadas a la defensa de los recursos naturales, el ambiente y el territorio (^{Svampa, 2011}). Los conflictos socioambientales en relación con el modelo extractivista son “aquellos ligados al acceso, conservación y control de los recursos naturales, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a los mismos, en un contexto de asimetría de poder” (^{Svampa, 2012, p.186}). Los conflictos permiten visibilizar las diferentes concepciones sobre el desarrollo desde el Estado, el mercado y la sociedad civil.

La dependencia del modelo de desarrollo extractivista depredador o clásico, no es un callejón sin salida, ^{Gudynas (2011a)} plantea el enfoque de los desarrollos alternativos y el de las alternativas al desarrollo. Las propuestas implican, desde un cambio parcial, hasta el abandono de los cimientos del desarrollo actual con opciones para sustituirlos. Dentro de las alternativas al desarrollo, se localiza el movimiento post-extractivista que reconoce la necesidad de una colaboración conjunta de los actores políticos y sociales para difundir y aplicar las recomendaciones de la academia, aunado a un fortalecimiento de la ciudadanía para participar en el proceso de toma de decisiones y hacer valer sus derechos humanos. Por otro lado, los esfuerzos de desarrollos alternativos se enfocan en poner en práctica políticas orientadas a reducir las desigualdades ocasionadas por el imperativo del crecimiento económico, sin cuestionar las bases conceptuales del modelo de desarrollo hegemónico.

En este contexto, el derrame en el Río Sonora como un acontecimiento de gran envergadura provocó reacciones heterogéneas en la sociedad. En lo particular y a través de la atención mediática, se despertó el interés sobre las acciones de las instituciones del Estado, el sector minero y la sociedad civil. Desde el ámbito de la investigación, este hecho y sus repercusiones han sido retomados como una fuente de conocimiento desde diversas disciplinas. El objetivo de este artículo es analizar la acción colectiva desarrollada a partir de la formación e inserción de organizaciones de la sociedad civil en el conflicto socioambiental en el Río Sonora, con la finalidad de determinar si puede inscribirse en un nuevo movimiento social en el periodo 2014-2018.

En el documento se presentan resultados inéditos de una investigación desarrollada durante cuatro años (2016-2019) que incluyó análisis teórico y metodológico, diseño de la metodología, trabajo de campo (2017-2019), así la como guía, asesoría y retroalimentación de investigadores especialistas y experimentados en la materia. Se buscó mantener un enfoque socioambiental y longitudinal, para analizar la acción de los actores provenientes de la sociedad civil, en los primeros cuatro años del conflicto.

El artículo se divide en cuatro apartados, además de la introducción y las conclusiones. El primer apartado incluye la definición del problema y se realiza un acercamiento a la problemática socioambiental desde la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, los procesos que las originaron y la creación de alianzas entre las mismas. En el segundo apartado se analizan los conceptos ordenadores del discurso; sociedad civil, acción colectiva y nuevos movimientos sociales. En el tercer apartado se explica la metodología de la investigación: intervención sociológica y las técnicas específicas empleadas en cada una de sus fases. En el cuarto apartado se plantean los resultados generales de la investigación. Por último, se presentan las conclusiones.

La problemática socioambiental en el Río Sonora y la actuación de las OSC

El derrame de agosto del 2014 generó un conflicto socioambiental, que contribuyó a aflorar y a recrudecer desacuerdos entre los habitantes de la zona afectada, con el quehacer de las instituciones estatales y con la minería. La inconformidad de la población ante la actuación de las autoridades y de la empresa minera se visibilizó a través de la organización de protestas y movilizaciones sociales (^{Vega-Deloya, 2017}). Este conflicto socioambiental se incentivó y se vigorizó con la formación y acercamiento de diversas organizaciones de la sociedad civil.

En una primera etapa y a través del análisis de fuentes de información secundarias, se identificaron siete organizaciones de la sociedad civil (OSC) que participaron activamente en la formación del conflicto socioambiental (Tabla 1). El análisis del perfil y la actuación de estas organizaciones constituyó la base del problema que se examina en los apartados posteriores, es el marco de referencia que permitió realizar un análisis profundo de la acción colectiva y su participación en el conflicto socioambiental en el Río Sonora.

A partir del derrame, la sociedad civil se visibilizó por medio de acciones colectivas desarrolladas por los habitantes de los diferentes pueblos del Río Sonora. También se unieron esfuerzos y se llevaron a cabo movilizaciones conjuntas con los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SMTMMSSRM) Sección 65, lo que vigorizó la lucha laboral que este sindicato mantiene contra Grupo México desde 2007 (^{Escobar, 2014a}). A menos de un mes del derrame se inició una acción legal por parte de los ciudadanos (^{Escobar, 2014b}); también se realizaron bloqueos carreteros en Mazocahui, Aconchi, Baviácora y Ures (^{Escobar, 2014c}). El trabajo continuo e informal de los habitantes del Río Sonora y el SMTMMSSRM Sección 65, en el primer año del conflicto, fue nombrado Frente Unido contra Grupo México (^{Lara y Rodríguez, 2015}) y posteriormente como Frente Unido Río Sonora (^{Vega-Deloya, 2017}).

En una segunda etapa de organización de la sociedad civil, se integraron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), grupo informal y autónomo que no guarda relación con los consejos o comités de cuenca encargados de la gestión del agua en el territorio nacional (^{Vega-Deloya, 2017}). Por medio de este grupo los habitantes de los siete municipios afectados han mantenido actividades constantes para visibilizar la problemática, han realizado acciones de concientización en la zona afectada y han participado en eventos realizados fuera del estado de Sonora y a nivel internacional (^{CCRS, 2018}).

La problemática también recibió atención de OSC externas al territorio afectado. El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), organismo no gubernamental que tiene como objetivo apoyar a los actores sociales afectados por prácticas empresariales, con sede en Ciudad de México (^{PODER, 2017}), ha desarrollado una relación de acompañamiento con los CCRS (^{CCRS, 2018}). También hubo acercamiento y apoyo por parte de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente A.C. (RFSA), asociación civil con sede en la capital del estado, y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) (^{Escobar, 2014d}).

En un ambiente de desconfianza y discursos dispares, nace un conflicto que combina elementos sociales y ambientales. Los pobladores de la zona afectada por el derrame tienen como aliados a organizaciones de la sociedad civil externas, y centran sus argumentos en exigir la remediación a la empresa minera. Al mismo tiempo, surgen dudas sobre la capacidad del Estado y sus instituciones para representar los intereses de la población, ya que la situación se ubica en un contexto donde el sistema económico mundial trabaja en contra de la naturaleza y el medio ambiente.

Con base en lo anterior, se plantea analizar la forma que ha tomado la acción colectiva, originada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, que afectó 271 kilómetros de la cuenca del Río Sonora; a partir de la movilización de las organizaciones de la sociedad civil, formales e informales, locales y no locales, en contraposición a las acciones de las instituciones estatales y del sector minero, como representantes del modelo de desarrollo hegemónico, nos cuestionamos: ¿La acción colectiva desplegada para la formación e inserción de organizaciones de la sociedad civil, en el conflicto socioambiental del Río Sonora trascendió en un nuevo movimiento social, en el periodo 2014-2018?

De la sociedad civil y la acción colectiva al estudio de los nuevos movimientos sociales

El término sociedad civil se ha constituido desde distintos espacios para representar una parte de la sociedad, con objetivos diferenciados del subsistema político y del económico, apartándose de otras clases de organizaciones privadas. Su significado ha resultado ambiguo derivado de su antigüedad, por el frecuente uso del término en el ámbito político y social y por la multiplicidad de sus acepciones. La separación de la sociedad civil y el Estado se conformó conceptualmente antes del siglo XX, lo que dejó este término en el sector privado, equiparado con el subsistema económico, de tal manera que se integraba por las mismas organizaciones que constituían el mercado.

Tanto la ciencia social como la ciencia política hacen referencia a nuevas teorías de la sociedad civil, que han tomado distancia de ambientes privados como la familia y las empresas, y se erige como un espacio de cultura, ideología y debate (^{Arato y Cohen, 2000}). En este planteamiento se retoma a Habermas, como uno de los autores de las nuevas teorías de la sociedad civil. Su propuesta para conceptualizarla es elemental, se centra en la independencia de la sociedad civil, así como en las distintas formas de visibilización que la misma adquiere en el sistema, por lo que manifiesta que:

the institutional of “civil society” is constituted by voluntary unions outside the realm of the state and the economy and ranging (to give some examples in no particular order) from churches, cultural associations, and academies to independent media, sport and leisure clubs, debating societies, groups of concerned citizens, and grass-roots petitioning drives all the way to occupational associations, political parties, labor unions, and “alternative institutions” (^{Habermas, 1996, p. 453}).

El punto fundamental en esta concepción de la sociedad civil, más allá de adoptar el esquema no económico y no estatal, es que posee una base voluntaria que se crea en el espacio público y forma parte del mundo de vida planteado por Habermas en su teoría comunicativa, lo que constituye la voz y la acción del sujeto que desea ser constructor del sistema. Las organizaciones, asociaciones y movimientos que constituyen la sociedad civil transportan, al espacio público, las problemáticas surgidas en los espacios privados (^{Habermas, 2001}).

Las unidades colectivas que se forman en el espacio de la sociedad civil son diversas, su estudio ha resultado en una multiplicidad de clasificaciones y diferenciaciones, derivadas de la ambigüedad del concepto y los intereses fraccionados de las organizaciones. En esta investigación se retoma el enfoque de ^{Mary Kaldor (2009)}, quien ofrece una visión estructurada de las diferentes expresiones asociativas que se desarrollan en el espacio de la sociedad civil y delimita sus versiones militante, neoliberal y posmoderna. La versión militante se centra en estudiar los nuevos movimientos sociales. La neoliberal ancla sus raíces en los sociólogos de Estados Unidos de América, con una visión occidental y la introducción del concepto de tercer sector. La versión posmoderna es una combinación conceptual de las dos anteriores.

Las OSC en México se enmarcan en el sector sin fines de lucro o no lucrativo, llamado tercer sector, privado, social u Organizaciones No Gubernamentales (ONG) (^{Girardo y Mochi, 2012}). El Instituto Nacional de Desarrollo Social, define las OSC como “agrupaciones constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios” (^{Indesol, 2018}). Este concepto se limita a grupos constituidos oficialmente, según la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y no confiere reconocimiento, ni considera sujetos de apoyo a agrupaciones informales.

A nivel internacional la interpretación del término incluye a “los ciudadanos y los movimientos sociales (que) se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de personas, o temas de interés” (^{FAO, 2018}), es decir, agrupaciones que se han constituido tanto formal como informalmente. México es un país marcado por la movilización del pueblo, donde las acciones colectivas se definen por su carácter “local y puntual” (^{Svampa, 2009, p. 2}), por lo que la autoorganización social no puede limitarse a esquemas definidos formalmente, ya que estos no logran representar la amplitud del asociacionismo civil.

La construcción de lo colectivo es un proceso continuo, que no puede ser analizado como un fenómeno desarrollado en un punto específico del tiempo. Este proceso no implica solamente la reunión u organización de varios individuos, también debe poseer un “objetivo social establecido y compartido por las personas que la ejecutan” (^{Jiménez y Ramírez, 2010, p. 704}), por lo que es solamente uno de muchos círculos sociales donde los actores se involucran.

La acción colectiva implica la existencia de un actor, así como de otros actores con distintas ideas e intereses, y de un campo social donde se construyen las relaciones entre los mismos (^{Touraine, 1995}). Los actores pueden construir la acción colectiva basada en la solidaridad para convertirse en una unidad social, sin este elemento la colectividad se convierte solamente en una agregación (^{Melucci, 1990}). Las formas de acción colectiva son diversas y evolucionan a la par con las estrategias de represión utilizadas para socavarlas, ya que se desarrollan en un ambiente de confrontación (^{Kuri, 2016}). El conflicto, como el primordial campo de origen de las acciones colectivas, implica “la oposición entre dos actores que compiten por los mismos recursos a los que se les atribuye un valor” (^{Melucci, 1990, p. 360}), históricamente el Estado es el principal adversario objetivo de la acción colectiva. Al desafiar al Estado o a las élites como oponentes, la acción colectiva orienta sus demandas hacia el esquema sociopolítico.

A largo plazo las colectividades exigen considerar distintas posiciones de acción y diversificar las formas de resistencia, basadas en aspectos culturales, ideológicos y subjetivos (^{Svampa, 2009}). La acción colectiva, en una versión militante se analiza en términos de las relaciones generadas, así como de los conflictos y enfrentamientos entre adversarios; esta toma forma de movimiento social cuando trata de definir una parte de la sociedad civil, diferenciada del Estado, sus instituciones y del sector lucrativo (^{Kaldor, 2009}).

Un nuevo movimiento social no solo expresa contradicciones hacia las élites dominantes y el sistema, sino que representa un conflicto de carácter cultural. El fin último no es el poder político y su adversario no se limita exclusivamente al Estado (^{Touraine, 2006}). El nuevo movimiento social no es una fuerza de respuesta ante la crisis o las incongruencias del sistema social, sino que busca producir, por sí mismo, una “situación social”, no solo posee un enfoque de modernización o evolucionista, sino que presenta una alternativa de sociedad (^{Touraine, 1986a, p. 124}).

Tanteando una definición incierta, ^{Touraine (1986a p. 103)} señala que la construcción de una “categoría de hechos denominados movimientos sociales” solamente es posible al enmarcarse en un modelo, situación o sistema de análisis de la sociedad. En este enfoque, los movimientos sociales se visibilizan únicamente por la acción colectiva, que presenta tres elementos básicos: a) la solidaridad como dispositivo de unión, b) el conflicto y c) un sistema de actores, representados por miembros y adversarios (^{Ramírez, 1991}). Aunado a esto, ^{Della Porta y Diani (2011)}, en su definición, también involucran un conflicto, redes informales, una identidad y una acción colectiva, definiendo el movimiento social como “procesos sociales diferenciados”.

Las relaciones y la vinculación de distintas acciones colectivas o eventos de protesta, dan pie a definir los movimientos sociales como “la acción conflictiva por la cual las orientaciones culturales, un campo de historicidad son transformadas en formas de organización social que, a la vez, son definidas por normas culturales y por relaciones de dominación social” (^{Touraine, 1986a, p. 110}).

La metodología de la intervención sociológica para el estudio de los movimientos sociales

El estudio de los movimientos sociales no debe limitarse a unas cuantas protestas, marchas o eventos, sino hay que identificar los principios integradores de su identidad y las bases de su organización (^{Touraine, 1986a}). En esta investigación se desplegó un modelo metodológico cualitativo, basado en el método de intervención sociológica desarrollado por Alain Touraine. La metodología se originó bajo la premisa de que el objeto de conocimiento no se legitima solamente a través de metodologías cuantitativas, para Touraine (1986b) los métodos tradicionales de estudio de movimientos sociales tienden a invisibilizar al sujeto, o estudian la acción colectiva a través de entrevistas individuales, que recogen solamente la ideología de los actores.

La intervención sociológica es una metodología de trabajo por grupos, para el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales. El proceso de intervención sociológica consta de dos momentos: el autoanálisis y la conversión. Estos momentos deben separarse por una interrupción prolongada que permita una reflexión, tanto para los participantes como para el investigador (^{Touraine, 1986b}). Además, el trabajo de campo de la intervención sociológica debe tener una duración aproximada de cien horas repartidas en varios meses (^{Touraine, 1986b}). En la presente investigación se incorporó la fase de análisis preliminar, con base en la experiencia de ^{Velasco (2011)}. El proceso metodológico completo con cada fase queda delineado en la Figura 1.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Proceso de la Intervención Sociológica adaptado. 

Las técnicas para la obtención de datos en cada fase se seleccionaron y modificaron a partir de las experiencias surgidas al tratar de replicar la fase de autoanálisis, derivado de que se evidenciaron una serie de cambios en la disposición de los actores sociales, para el proceso de confrontación que implicaba la intervención sociológica. Estos cambios se visibilizaron a través de la diversificación de adversarios, la heterogeneidad creciente de las acciones colectivas y los conflictos internos de las OSC, derivados del contexto político imperante por las elecciones del 2018.

En la fase de análisis preliminar se hizo un seguimiento al derrame del Río Sonora, en prensa y en reportes oficiales de instituciones gubernamentales y del sector minero, con el objetivo de reconstruir la cronología de la participación de los actores y adversarios involucrados en el conflicto. También se diseñó y aplicó un Análisis de Redes Sociales (ARS) de corte longitudinal, sobre la colaboración de las OSC en el conflicto socioambiental del Río Sonora de 2014 a 2017. Esta fase tuvo una duración de 8 meses y se desarrolló en 2017.

La fase 2 se implementó de abril a octubre de 2018, se recopiló información a través de un taller de confrontación y de entrevistas semiestructuradas. Esta fase se trabajó con cinco organizaciones de la sociedad civil, que cumplieron con los criterios de participación en el conflicto, según los resultados de la fase 1; además se incluyó la representación del gobierno local con participantes en el taller y en las entrevistas. Para lograr la confrontación de los argumentos durante el análisis de la información de la fase 2 y, derivado de que no se logró concretar la participación de sujetos que dieran voz a la posición del sector minero, se consultaron entrevistas y reportes oficiales obtenidos en fuentes secundarias.

Finalmente, la fase 3 se llevó a cabo los primeros cuatro meses del 2019. Los sujetos de análisis se redujeron a cuatro organizaciones de la sociedad civil, dos locales e informales y dos, no locales y formales. Esta disminución se debió a que dos organizaciones locales generaron una alianza y compatibilizaron objetivos. A través de reuniones se presentaron las hipótesis de trabajo a las organizaciones para conocer su aceptación, rechazo o retroalimentación sobre las percepciones de su acción construidas a partir del análisis cualitativo.

Los principales resultados de la intervención sociológica se centran en el análisis de la información obtenida en la etapa de conversión, sin embargo, derivado de la naturaleza de la metodología se generaron dos momentos de resultados preliminares escalonados. Los resultados preliminares de la fase 1 permitieron identificar a las organizaciones que mantenían acciones colectivas y de colaboración en el Río Sonora, que fueron clasificadas como aliados; así como los adversarios y espacios de confrontación (Tabla 2).

La información recopilada en la fase 2 (Figura 1) fue analizada con el software Nvivo 12 (^{Nvivo, 2018}), a través de un modelo de análisis basado en los elementos teóricos de la acción colectiva, así como en los elementos, objetivos y fases teóricas de los nuevos movimientos sociales, con base en el apartado teórico. Se desarrollaron 20 hipótesis de trabajo que buscaban representar la percepción de la acción colectiva de las OSC (Figura 2). Estas hipótesis se presentaron, como enunciados afirmativos de la percepción de las OSC, sobre su propia acción, entre 2014-2018.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Variables base de las hipótesis de trabajo (H). 

Los resultados de la fase 3 indicaron que el 35 % de las hipótesis fueron rechazadas y se muestran en rojo, el 40 % fueron no rechazas, en verde y el 25 % se clasificaron como no rechazadas de manera condicional, en amarillo (Figura 3). La tercera opción implica que existió retroalimentación, por parte de las OSC, sobre la interpretación de su acción social. La mayor parte de las hipótesis de trabajo presentadas a las OSC, en la fase de conversión, no fueron rechazadas, es decir, los resultados preliminares derivados del análisis cualitativo de la fase 2 coincidieron, total o parcialmente, con la percepción que los actores tienen de su propia acción colectiva.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Resultados del rechazo o no rechazo de las hipótesis de trabajo (H). 

Resultados generales de la intervención sociológica

A partir del análisis conjunto sobre la percepción de la acción desarrollada por las OSC, en el periodo 2014-2018, se desprenden diversos hallazgos. Enseguida se plantea el análisis de los resultados en tres conjuntos: análisis de resultados de las hipótesis no rechazadas; análisis de resultados de las hipótesis no rechazadas-condicionadas; y análisis de resultados de las hipótesis rechazadas

Los resultados de las hipótesis no rechazadas se orientaron a la organización de la sociedad civil en el Río Sonora, donde se han generado prácticas sociales alternativas, no desarrolladas antes del derrame de agosto del 2014. También, se reconoce un nuevo esquema de organización apartidista y ciudadana, y se busca construir una alternativa de la realidad, de abajo hacia arriba, con énfasis en el grupo y no en el individuo.

La relación de conflicto se muestra a través de la organización comunitaria, cuyos voceros señalan como principal adversario al gobierno y centran sus argumentos en las consecuencias del derrame para sus comunidades (H4.1). Se puntualiza que el punto de inflexión que originó la organización de la sociedad civil continúa vigente: la contaminación del agua del Río Sonora, derivada del derrame provocado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en agosto del 2014 (H1.2).

La lucha por la remediación del derrame en el Río Sonora es liderada por actores sociales organizados y se define como ciudadana, donde los principales integrantes son la gente, habitantes de los municipios localizados en la cuenca del Río Sonora (H2.1). Las organizaciones que emergieron de la sociedad civil están integradas por líderes locales, que se construyeron a sí mismos y con apoyo de OSC no locales (H2.2). Un factor interesante es que los actores, emanados de la sociedad civil, no se catalogan a sí mismos como líderes, e incluso rechazan que se les nombre como tal, al referir que:

aquí nada de eso de líderes (…) los que andamos en esto mantenemos un perfil muy bajo, ni líderes, ni, por obvias razones, vamos contra una empresa muy grande, estamos afectando muchos intereses. Y yo dijera como defensor de derechos humanos, o no sé, no sé cómo habría que cambiar eso de líderes (…) que se vea más ciudadano, porque de hecho es más ciudadano (OSC local- informal A).

Los ciudadanos del Río Sonora se han integrado en esquemas de organización horizontal, donde el acuerdo colectivo los ha denominado voceros o, en el caso de una de las OSC localinformal, como defensores de los derechos humanos (H5.1). Para los actores, la jerarquización de su organización carece de importancia y se refieren a sí mismos como iguales en la lucha, en términos del vocero de una de las organizaciones locales se representa como: “gente que nos hemos unido, aquí no hay jefe” (OSC local- informal B).

En el proceso de organización de los actores locales se encuentran los aliados, éstos han sido las organizaciones formales no locales y sus aportaciones se han calificado como trascendentales para mantener la lucha social, ya que representan apoyo, acompañamiento, fuentes de información, asesoría legal y contactos (H2.3). A pesar de que las OSC locales no se identifican con la totalidad de los objetivos de los aliados, en un caso muy específico con la lucha laboral de una de las organizaciones formales no locales, sí comparten el mismo adversario, y han reconocido, reiteradamente, el valioso papel de esta organización en los procesos de organización comunitaria y las movilizaciones, principalmente en los primeros meses posteriores al derrame.

En referencia a este aliado, los actores locales aclaran que “ellos luchan su punto y nosotros luchamos otro punto, es muy diferente la lucha de ellos a la lucha de nosotros” (OSC local- informal B). Aun así, en los años posteriores al derrame, esta organización no local ha mantenido una relación de apoyo, asesoría y acompañamiento a una de las organizaciones de la sociedad civil local-informal.

Por otro lado, en términos de los adversarios, las OSC expresan desconfianza sobre la actuación de las autoridades locales y estatales, derivada de las promesas que consideran incumplidas; como la distribución del apoyo económico, la falta de atención a sus peticiones formales sobre la salud y a la contaminación del medio ambiente, así como por el impulso al sector minero en la zona del Río Sonora (H3.3). Entre sus peticiones expresan el deseo de

que las autoridades volteen al Río Sonora, que lo viera el gobierno estatal como una responsabilidad que tienen por la salud de los habitantes del río (…) no menciono a los presidentes municipales porque no quieren tomar en cuenta lo que está sucediendo (OSC local- informal B).

También manifiestan inquietud ante la intención de políticos locales de integrarse a las organizaciones comunitarias y a su falta de resoluciones, expresan: “nos molesta, nos indigna que las autoridades municipales tienen cinco años prometiendo y prometiendo y no hacen nada” (OSC local- informal A). Además, con respecto a las mismas autoridades exteriorizan que la Ley de Zona Económica Especial para el Río Sonora ha sido impuesta por el gobierno estatal, en beneficio del sector minero, sin considerar la consulta a la población que se siente agraviada por el mismo (H7.1).

El gobierno federal también es señalado como adversario, las OSC centran los argumentos en su desempeño, para exigir la remediación de las consecuencias causadas por el derrame. El principal punto que se juzga es la ejecución del Fideicomiso Río Sonora, afirman que “Grupo México dijo, ahí les van dos mil millones, yo me lavo las manos y aquí el que empleó mal el fideicomiso fue el gobierno federal” (OSC local- informal A). Se critica el esquema de asignación de recursos, señalan casos de preferencia, como los de políticos locales, que se atribuyeron recursos que no les correspondían y los utilizaron en las elecciones locales del 2015.

También expresan inconformidad por el destino de los recursos que no se ejercieron al cierre de dicho fideicomiso, no obstante, señalan que no tienen como fin que se distribuyan recursos financieros como se hizo en el pasado, al subrayar que “lo que yo veo es que nosotros como organización, no debemos de buscar, no debemos de buscar el dinero que se quedó estancado” (OSC local- informal B). Su lucha se basa en que se haga tangible la remediación del derrame y mencionan: “lo hemos aclarado a las personas, no es tanto que queramos que vuelva a haber recursos, queremos que los recursos que se dieron, pues que se vean, que se vea para que nos los dieron” (OSC local- informal A).

Los principales reclamos de las OSC hacia sus adversarios se centran en la salud. Los actores sociales mencionaron que “los cuatro temas que tenemos son medio ambiente, salud, agua y participación” (OSC local- informal A), en sus palabras “si no tenemos salud no vamos a tener vida y lo primero es la salud” (OSC local- informal B). Han identificado que la participación y organización de la población son el mejor medio, para dar a conocer sus argumentos sobre el deterioro de la salud y el medioambiente y la contaminación del agua, en la zona afectada por el derrame.

En el esquema organizativo de la sociedad civil local del Río Sonora, se generaron dos frentes de acción, los cuales incluyeron, cada uno, tanto a OSC locales como no locales. Las OSC no locales desarrollaron relaciones de acompañamiento hacia las locales y comparten la misma filosofía de lucha, pero se diferencian en el enfoque organizativo y las estrategias para construir sus alternativas de realidad. Este es uno de los puntos clave que dio origen a las hipótesis no rechazadas pero condicionadas. Con la finalidad de diferenciarlos y para efectos del análisis de resultados, se designaron como frente A y frente B.

Los frentes están formados por OSC locales y no locales, en ambos su eje organizativo se basa en la visión del trabajo grupal sobre el individual. El frente A conserva su confianza en el quehacer político del esquema partidista tradicional, pero sin identificarse abiertamente con algún partido político (H5.2). Expresan su apoyo y la expectativa sobre la posición que, ante la remediación, tomará el actual Presidente de la República (2018-2024), al enunciar: “la gente ve la esperanza en López Obrador, no tenemos otra alternativa yo creo” (OSC local- informal B); además es posible agregar: “hoy después del primero de diciembre la gente también se anima y empieza a conocer sus derechos” (OSC no local-formal A). En el imaginario organizativo del frente A, la oportunidad para hacer efectiva su alternativa de la realidad depende de las coyunturas que se originen de arriba hacia abajo, basados en la presión que ejerzan a través de sus acciones, peticiones formales y el uso de herramientas jurídicas.

A pesar de las expectativas positivas sobre las oportunidades que puede brindar la nueva administración federal (2018-2014), ninguno de los frentes expresa su apoyo y confianza en la remediación del Río Sonora, a través de la acción de los partidos políticos, al manifestar “no veo yo que nos abone el que andemos, el que pertenezcamos a algún partido político en este momento” (OSC local- informal A). Antes del derrame de agosto del 2014, el esquema de organización partidista representaba la única herramienta de representación y empoderamiento político del ciudadano en la región, según revela una de las OSC no local: “los movimientos sin partido político surgieron a partir del 6 de agosto del 2014” (OSC no local- formal B). Lo que denota la importancia de la introducción de nuevas formas de organización de la sociedad civil, a partir del acercamiento de asociaciones externas, para dar atención a la problemática causada por el derrame.

La desilusión sobre el esquema partidista se ha visibilizado a partir del conocimiento de la población, sobre otras formas para organizarse y para hacer llegar sus exigencias a los más altos niveles del gobierno. Los ciudadanos organizados señalan que los candidatos políticos son “personas que van y vienen, y la organización ciudadana, pues aquí vamos a estar toda la vida” (OSC local- informal A), lo que muestra que el papel del candidato político, como representante de la comunidad, ha perdido valor ante las nuevas formas de organización de la comunidad (H3.2).

El principal adversario identificado por ambos frentes es el gobierno, constituido por sus instituciones y representantes a nivel municipal, estatal y federal. En segundo término, se señala como adversario al Grupo México, que representa a la mina Buenavista del Cobre, donde se originó el derrame de 6 agosto del 2014. En tercer lugar, solamente del frente B señala al Estado como adversario, al generar una crítica al sistema político-económico, por el cual se rige la creación de leyes y planes de desarrollo, que subyugan el medio ambiente y los derechos humanos ante la actividad minera (H1.1).

Se esbozó la hipótesis que planteaba retirar las concesiones mineras, pero esta no era parte de las reivindicaciones de todas las OSC del Río Sonora (H8.1). Una variación en las exigencias originales del frente A, fue que en el año 2019 sumó a la remediación de la problemática y la no repetición de derrame, el retiro de la concesión a la empresa minera responsable del mismo. El frente B, en cambio, es consciente de su incapacidad para detener el crecimiento del sector minero, se enfoca en exigir el desarrollo de empresas mineras que atiendan las leyes en términos ambientales, así como instituciones gubernamentales con la capacidad de exigir el cumplimiento de estas normas. Los locales expresan: “que haiga empresas responsables es muy diferente a que haiga minería y eso es por lo que estamos luchando, va a ser imposible que se pare la industria minera” (OSC local- informal A), también señalan: “no queremos que desaparezcan cuantos empleados tendrá la mina en Cananea, o cuantos empleos tendrá la mina en Sonora, pero si queremos que hagan las cosas correctas” (OSC local- informal A).

Las herramientas utilizadas por las OSC para hacer llegar reclamos a sus adversarios han sido diversas, pero, derivado principalmente de la limitada solvencia económica de los actores, se han centrado en instrumentos de acción legal. Esta estrategia es utilizada por las organizaciones formales e informales, locales y no locales, con distintos aliados. Por lo anterior, la relación con los adversarios se ha convertido en una disputa legal y de confrontación indirecta (H10.1).

Hay consciencia sobre una lucha larga, no se esperan resultados en esta generación, también se proyecta elevarla a nivel internacional si se agotan las instancias en México. La alternativa conjunta de las OSC del Río Sonora es una realidad donde la minería no quede prohibida, sino que se materialice un escenario, donde las empresas mineras incluyan los costos sociales y ambientales de la actividad (H8.1). Donde el gobierno redimensione el peso de ésta, en la economía, y genere oportunidades para el desarrollo de actividades económicas tradicionales de la región. La única alternativa posible es un futuro donde un derrame, como el de agosto del 2014, no se repita. Como bien comentó uno de los actores sociales: “no queremos otra tragedia, no queremos más tragedias que acaben con la gente” (OSC no local- formal A).

En relación a las hipótesis rechazadas, originalmente se planteó la siguiente hipótesis: después del derrame, la actividad minera se convirtió en sinónimo de metales y contaminación, hubo un cambio de visión sobre esta actividad que pasó de lo neutral a lo negativo, se le identificó y calificó como la causa de problemas más profundos, como la falta de abastecimiento de agua para la actividad primaria, y la minería comenzó a considerarse como una fuente de problemas para los habitantes de la cuenca río abajo (H3.1). Esta hipótesis se rechazó en la fase 3 de la metodología, los actores sociales indicaron que después del derrame, la minería se ha visibilizado mucho más en la región del Río Sonora y su aceptación no ha decaído entre la población.

Uno de los principales retos de las OSC locales ha sido la apatía de la población en general hacia el derrame y sus consecuencias, basada en la creencia de que la actividad minera es la única opción viable para la generación de empleos, debido a los escasos niveles de apoyo e inversión hacia las actividades económicas tradicionales. Uno de los actores comenta que la minería “se ve como la única solución ante la falta de propuestas del Estado para desarrollo rural” (OSC no local- informal B). Existe consciencia de que al referirse a la minería se enfocan en los beneficios económicos y se invisibilizan los riesgos de la actividad, aun así, es una actividad aceptada y promovida, lo que alude a un punto de vista que coloca en primer plano el beneficio económico.

Por otro lado, las OSC no han logrado trascender sus iniciativas particulares. Aunque las organizaciones locales se identifican entre ellas, las alianzas entre actores sociales se han limitado a la colaboración con organizaciones no locales, a través de esquemas de acompañamiento y asesoría (H6.1). Si bien la lucha es la misma, los modelos de organización colectiva introducen diferencias entre los dos frentes, lo que ha derivado en utilizar distintas estrategias de lucha y generar alianzas con diferentes actores, que no armonizan con el resto de las organizaciones.

Una limitante para formar alianzas, entre organizaciones locales, son sus diferencias con respecto al enfoque político partidista, sin embargo, se planteó que, ante la perspectiva de cambios en la política nacional y la llegada al poder de un nuevo partido, se había alimentado la confianza de las organizaciones locales (H9.1). Este planteamiento se rechazó, aludiendo que no se ha recobrado la confianza en los partidos políticos, por ninguno de los frentes de la sociedad civil del Río Sonora. La falta de acción de éstos, en los primeros meses del derrame, alimentó los esquemas de organización ciudadana actuales. Uno de los frentes deposita la confianza específicamente en el Presidente de la Republica (2018-2024), más no en el partido que lo representa (H9.3 y H9.4). Otro de los frentes, se define como apartidista y ciudadano en todos los sentidos.

Las OSC expresan consciencia de que no se contará para siempre con organizaciones no locales y acompañantes (H6.2), sin embargo, también están conscientes de que, a la fecha, no han generado autonomía. Las organizaciones locales no poseen la capacidad para autoorganizarse, a pesar de que se han planteado como objetivo: “ser nosotros nuestros propios luchadores por las demandas” (OSC local- informal B).

Las organizaciones no locales plantean que las organizaciones locales “no tienen esa experiencia de organizarse” (OSC no local- formal B); no obstante, su finalidad es que un día la consigan y su papel sea transitorio, en este aspecto una de ellas manifestó: “hacemos la exigencia y si se logra la reparación total de todos los daños y después de ahí, ellos tendrán su propia organización en como vigilar el río” (OSC no local- formal A). Sumado a lo anterior, la indiferencia ante la lucha va en aumento, en palabras de los actores: “la gente se está volviendo apática porque no ve resultados” (OSC local- informal B); a pesar de que las reuniones locales cuentan con diversidad de asistentes, los viajes para difundir la problemática, las solicitudes de apoyo y el uso de estrategias legales son costosos. Ante esta situación, comentaron la experiencia:

en el pueblo si tenemos fórum, pero en el momento que se ofrece salir ya no hay recursos, ya la gente no coopera. La situación económica de toda la gente anda mal, y anda mal por la misma situación de la contaminación del río (OSC local- informal B).

La capacidad de autonomía se ve reducida por la insuficiencia económica de las personas. Una opción para las organizaciones locales, ante un posible retiro de las organizaciones no locales, y más allá de la formalización de su organización, es la posibilidad de forjar un candidato político que represente su lucha e intereses (H9.2). Esta es una estrategia desechada por ambos frentes locales, consideran que la cuestión política local no tiene el poder de generar un cambio, sino que depende de intereses locales y particulares, como expresaron: “eso del candidato político no me parece porque ya va a ser un interés personal” (OSC local- informal B). Aunque es una opción que se reconoce a nivel individual, se ha abandonado a nivel colectivo por las organizaciones locales.

A pesar de que los dos frentes formados en la sociedad civil comparten elementos organizativos y han recorrido un camino de maduración, desde las protestas hasta el uso de las herramientas legales, sus diferencias han tenido mayor peso y han obstaculizado el fortalecimiento de sus relaciones de colaboración. Un área de investigación a profundizar en el seguimiento de la acción colectiva del Río Sonora, son las relaciones informales que existen entre los integrantes de las OSC locales, derivadas de habitar municipios adyacentes, con tradiciones compartidas, desarrollar actividades económicas del sector primario, así como vínculos de amistad y familiares propios de esta proximidad.

Conclusiones

El derrame de jales de la minería de la magnitud ocurrida en agosto del 2014, en una de las principales cuencas que abastecen al estado de Sonora, deja un mensaje para las generaciones futuras. Entre las diversas vertientes posibles, el análisis del presente trabajo de investigación se ha centrado en la organización de la sociedad civil y la acción colectiva, con un enfoque en la lucha comunitaria y ciudadana por la remediación del medio ambiente, de donde surgen argumentos hacia la salud, la economía y los derechos humanos, entre otros.

Más allá del modelo económico o político, las formas de organización de la sociedad civil desarrolladas por los habitantes del Río Sonora, se basan en el quehacer ciudadano y se conducen públicamente en defensa de sus intereses. La construcción de lo colectivo en el Río Sonora ha sido un proceso cambiante y continuo que se mantiene a la fecha, posee un objetivo social concreto, centrado en colocar en la discusión pública sus argumentos sobre el deterioro del medio ambiente, la contaminación del agua y el daño a la salud de los habitantes en la zona afectada por el derrame.

Para responder la pregunta de investigación se retoma la perspectiva teórica de los nuevos movimientos sociales, con base a la cual se desarrolló la investigación. Según el modelo planteado por ^{Touraine (1986a)}, un movimiento social va más allá de la acción colectiva y, al mismo tiempo, se conserva como una expresión colectiva. Solamente aquellos colectivos que buscan tomar el control del cambio y transformar el orden social pueden considerarse movimientos sociales (^{Touraine, 1995}).

La división de la sociedad civil en dos frentes, en el Río Sonora, ha generado la concepción de distintos principios integradores y diferentes bases para la organización. Lo que ha derivado en el uso de estrategias divergentes, así como trabajo paralelo y no coordinado. Las acciones colectivas se han construido principalmente como fuerzas de respuesta ante la crisis social y ambiental, sin producir en conjunto una alternativa de sociedad, debido a que no se ha logrado trascender las iniciativas particulares de los frentes y las OSC que los integran.

En términos generales, se puede concluir que uno de los frentes actúa dentro del sistema y sus acciones están encaminadas a volver a equilibrarlo. Se espera que las acciones de remediación provengan de arriba hacia abajo, que el gobierno, a través de sus representantes, brinde atención a sus peticiones y respalde sus acciones. Un segundo frente se presenta como una alternativa fuera del sistema social. Se busca construir, de abajo hacia arriba, un espacio donde converjan la minería con las actividades económicas tradicionales de la región, se equilibren los costos ambientales y sociales con base en la valoración económica extractiva de la actividad minera.

Los principales hallazgos muestran que las acciones desarrolladas por los colectivos, en el conflicto socioambiental del Río Sonora, se pueden catalogar dentro del esquema de la acción colectiva. La falta de convergencia de los frentes formados por la sociedad, sumada a la carencia de autonomía, a la incapacidad de trascender iniciativas particulares y a su actuación desarticulada en el quehacer político, señalan que la actuación y crecimiento de las OSC del Río Sonora no puede nombrarse un movimiento social en este punto de la historia. Son una acción colectiva con el potencial de generar procesos sociales diferenciados, que la trasciendan y se configuren como un movimiento social en el futuro. El proceso de construcción de una identidad colectiva está activo y la incubación de prácticas sociales alternativas ha generado un antecedente con impacto espacial e intemporal.