Para la historiografía agraria y de las comunidades indígenas, la Ley Lerdo de 1856 es un punto de inflexión en el estudio de las propiedades comunales indígenas y el fomento de parte de los actores gubernamentales de la propiedad individual sobre la comunal, incluso si se consideran las propiedades de las corporaciones municipales y eclesiásticas. Sin embargo, al observar en detalle los diferentes escenarios y territorios de aplicación de dicha ley en México, sobresalen los claroscuros y variantes de cada espacio, que por su condición (geográfica, étnica, cultural, económica), influyeron en la aplicación y los mecanismos de resistencia utilizados por los pueblos durante el proceso desamortizador de tierras.

La reflexión de los autores invita a repensar las leyes desamortizadoras que afectaron los bienes comunales indígenas y municipales en el contexto de la Ley Lerdo de 1856 y situarla con lo sucedido en otros países de América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX, ante la promulgación constante de leyes que pretendieron desvincular las propiedades comunales para privilegiar, principalmente, la posesión individual de la tierra. En este sentido, ¿por qué es relevante retomar la discusión de los casos y consecuencias de la desamortización en México y América Latina?

La exposición de los sucesos del proceso de desamortización en México y Guatemala, que afectó a las comunidades indígenas y las propiedades de las municipalidades, está vinculada a las prácticas en la aplicación de leyes, aparentemente similares, en Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Esta aproximación permite explorar nuevos caminos a la luz de la experiencia histórica en esos países latinoamericanos, comparando las particularidades de cada proceso en México, además de distinguir las coincidencias temporales e ideológicas que impulsaron la elaboración de leyes encaminadas a implantar diversos mecanismos de desamortización en las propiedades comunales.

En este orden, en los estudios particulares se pueden observar cuatro ejes de discusión que retoman las ideas de repensar las leyes de desamortización, la influencia del liberalismo en la elaboración de las leyes desamortizadoras, los derechos de propiedad, la reconfiguración del territorio en las comunidades a consecuencia de la puesta en marcha de la propiedad individual y las secuelas económicas, étnicas y políticas en los pueblos y las comunidades donde se implantaron las leyes de referencia.

La riqueza de los análisis en México y Guatemala permite ubicarlos metodológicamente con los resultados en otros espacios de América Latina. De esta manera, destacan las investigaciones sobre Oaxaca y el Estado de México, que alternando los ámbitos rural y urbano, además de los acercamientos a Chiapas, Hidalgo, Jalisco, la Ciudad de México y Veracruz, para cerrar con un estudio de Ávila Quijas que muestra lo ocurrido en Antigua, Guatemala, con las tierras de comunidad, el cual sirve de material comparativo que permite tener puentes de interpretación con lo sucedido en algunos lugares de México.

Las preguntas generales que guían las pesquisas de este caso plantean interrogantes sobre si el mercado de tierras es un fenómeno exclusivo y central de la desamortización, además de discutir cómo podemos percibir y de qué manera se manifestaron los derechos de dominio o propiedad y, lo que resulta aún más atractivo, ¿cuáles fueron sus efectos colaterales en torno a los demás recursos, como los bosques y el agua?

En esta última cuestión, dos artículos ponen énfasis en los usos del agua de las comunidades y su incidencia en la modificación de factores físicos en el paisaje de la ciénega de Chapala entre Jalisco y Michoacán, y el razonamiento acerca de los derechos de propiedad del agua en el valle de Etla, en Oaxaca. Ambos análisis están en diálogo con la problemática de otro recurso natural, como son los bosques, analizando la administración de los recursos forestales de los pueblos aledaños al Nevado de Toluca, en el Estado de México.

De esta manera, se pone en la mesa de debate la inclusión de los recursos naturales (pastos, montes y aguas), su uso y derechos, como parte de las consecuencias directas de los procesos de desamortización en México. Camacho Pichardo estudia, desde el ejido en los pueblos, cómo el proceso de desamortización afectó la administración de estos bienes comunales. Sin limitar la discusión al tema de la tenencia de la tierra, concretamente sobre los derechos de propiedad que tenían las comunidades en relación con sus posesiones comunales, permite además reflexionar sobre futuras líneas de investigación que pueden ser abordadas desde esta perspectiva e incluso revisitar territorios ya estudiados con la oportunidad de hacer otras preguntas.

Retomando la discusión de las consecuencias de la desamortización civil de las propiedades comunales, es posible distinguir cuatro tipos de tierras: el fundo legal de los pueblos, las tierras de común repartimiento, los ejidos de las comunidades, además de los montes y bosques de las comunidades indígenas. La legislación anterior y posterior a la Ley Lerdo de 1856 contenían disposiciones que buscaron regular su administración, pero, sobre todo, otorgar los derechos de dominio sobre esas propiedades. Esta situación originó conflictos en las comunidades y los pueblos que solo se manifestaron y en algunos casos se agravaron por la puesta en práctica de la Ley Lerdo.

Esta coyuntura no fue exclusiva de México. En el resto de los países latinoamericanos, después de independizarse de España, surgieron diversos mecanismos legislativos apoyados en movimientos políticos e ideológicos, los cuales buscaron regular los derechos de propiedad privilegiando la posesión individual en contra de la propiedad comunal de los pueblos y municipios. Aunque este proceso no fue homogéneo, existieron excepciones legislativas encaminadas a proteger la propiedad comunal, al menos en el papel. De esta manera, en la historiografía se registró la influencia del liberalismo como el factor ideológico que fue empujando los cambios en las formas de propiedad en México y Latinoamérica.

Sin embargo, algunos artículos cuestionan la influencia permanente del liberalismo en la formación y aplicación de las leyes de desamortización, argumentando una excusa política antes que una influencia ideológica. El debate es entonces aplicable para distinguir qué se entiende por liberalismo y cómo es utilizado para invocar su dominio en las leyes de desamortización. Por ejemplo, con la Ley Lerdo de 1856 en México y el Decreto 170 de 1887 en Guatemala, la discusión no queda limitada a tratar de entender el liberalismo como una ideología sino a observar cómo se manifiesta, bajo qué criterios es aplicada y quiénes están impulsándola en su beneficio o afectando los intereses de otros grupos.

La dispersión geográfica de los estudios de caso no responde a una fragmentación al azar, antes bien, son una muestra de las diferentes expresiones que se están manifestando en el territorio mexicano. Las condiciones del espacio y la composición social de las comunidades y los pueblos influyen en la forma de reaccionar a las políticas de desamortización. Y se vuelven más complejas si se agregan otros factores como la intervención institucional y judicial de los estados en los litigios entre comunidades y particulares surgidos a causa de las multicitadas leyes. El texto de Romana Falcón y Escobar Ohmstede en el Estado de México y Oaxaca, respectivamente, contribuyen al debate de esos aspectos. Los coordinadores apuntan a distinguir este fenómeno como una muestra de los liberalismos regionales que surgieron a lo largo de todo México.

En el caso de México, resulta necesario distinguir entre los liberalismos regionales que destacaron durante el siglo XIX en los estados y ciudades y el liberalismo conservador que se manifestaba en los gobiernos locales y nacionales legislando leyes hibridas, pues por una parte reconocían la propiedad comunal mientras que promovían y favorecían la propiedad individual. Esta cuestión es abordada por Torres Freyermuth y Palomo Infante para Chiapas, donde matizan la influencia de las elites liberales y conservadoras en la elaboración y el desarrollo de un programa de leyes liberales, con algunos tintes conservadores en ese estado del sureste que afectaban las propiedades de las comunidades indígenas.

La interacción institucional entre los actores sociales de las comunidades y pueblos produjo una influencia permanente en las formas en que se ejecutaron las políticas desamortizadoras. Eric Léonard muestra los procesos de acaparamiento de tierras surgidos después de los cambios legales e institucionales en San Andrés Tuxtla, donde los derechos de propiedad fueron acaparados después de abrirse un mercado de tierras producto de las leyes de desamortización del siglo XIX. Este fenómeno tuvo diversas variantes; por ejemplo, Mendoza García documenta, en una visión comparativa entre los pueblos del valle de Teotihuacán en el Estado de México y en la región mixteca de Oaxaca, cómo influyeron las relaciones institucionales a diferentes escalas intermedias y locales en la ratificación y titulación de tierras para el régimen de pequeñas propiedades. Esta visión contrasta con la idea de que las haciendas en México se aprovecharon de las leyes de desamortización para extender sus posesiones, y señala la importancia de continuar con acercamientos y análisis de los pequeños propietarios y su papel durante los procesos de desamortización.

Evidentemente, la restructura institucional que provocó en el campo mexicano la desamortización de las propiedades comunales, puso de relieve otros problemas que estaban latentes en las comunidades y los pueblos. Diana Birrichaga aborda esta problemática con respecto al estado de Hidalgo, donde en el siglo XIX se conjugaron otros factores, como un movimiento agrario indígena con tintes comunistas, el cual reivindicaba conflictos agrarios de los pueblos con demandas por el acceso a la tierra, ante las condiciones precarias que vivían. La complejidad de la desamortización de tierras no comienza con la Ley Lerdo de 1856; antes bien, es un momento más en la historia agraria de los pueblos y las comunidades indígenas que demuestra los niveles de enfrentamiento y negociación ante la llegada de una legislación que trató de regular y cambiar la tenencia de la tierra comunal, por otra con criterios comerciales e individualistas.

Con base en estos lineamientos y hallazgos en las investigaciones es posible identificar futuras líneas de análisis tendientes a llenar las lagunas temáticas en las estructuras agrarias de los pueblos, ayuntamientos y comunidades indígenas y explorar otros caminos de interpretación tales como determinar la importancia de la administración de los bienes de los ayuntamientos y su impacto fiscal, además, de los mecanismos de arrendamiento de las tierras desamortizadas y la presencia de la propiedad privada en manos de indígenas y pequeños propietarios. Estos últimos ejemplos fueron esbozados en los trabajos de la región mixteca de Oaxaca, en algunos puntos en el Estado de México y en Antigua, Guatemala.

Otro aporte novedoso de los autores para analizar los efectos de la legislación de 1856 proviene de la lectura del paisaje “a partir de las representaciones escritas y gráficas que reflejan las intenciones políticas, sociales y económicas de los autores del liberalismo y sus efectos sobre el espacio”. Al plantear esta línea de reflexión se pretende llevar a repensar la territorialización de las comunidades indígenas. En especial en aquellos pueblos de América Latina donde es relevante la existencia de pueblos mixtos (ladinos, mestizos, indígenas, mulatos), incluso al considerar las formas de tenencia de la tierra en esos lugares, las cuales varían en forma y localización. Siendo indispensable el llamado de continuar con el estudio de estas formas de propiedad, sin generalizar e identificando las diferencias en los procesos de desamortización de cada territorio.

Escobar Ohmstede, Romana Falcón y Martín Sánchez instan a no limitarse a considerar lo que se ha escrito sobre desamortización civil en México sino ampliar la mirada a otros territorios de América Latina con la intención de observar las similitudes de los procesos y distinguir los resultados con las variantes que se configuraron durante el siglo XIX, los cuales en algunos casos repercutieron hasta el siglo XX en amplias reformas agrarias. Estas tendencias estuvieron también acompañadas por movimientos políticos y económicos que coincidieron con la implantación del llamado liberalismo económico hacia finales del XIX y la puesta en práctica de economías destinadas a la agroexportación y el intercambio comercial de productos tropicales por el océano Atlántico.

De ahí la importancia de analizar con lupa los procesos de desamortización, debido a que el sistema económico y político se sostuvo con base en la producción agrícola. Esta cuestión también llevó a los coordinadores a señalar cómo el proceso de desamortización civil ha planteado más interrogantes que respuestas. Debido al seguimiento de los marcos de análisis que han privilegiado la aplicación de modelos teóricos-metodológicos del momento, esta situación explica parcialmente por qué no conocemos más sobre determinadas temáticas de la desamortización en América Latina y todavía contamos con lagunas documentales que no han sido subsanadas.

La propuesta de los autores se separa de la visión tradicional de la desamortización civil en los países latinoamericanos, al señalar que este proceso no solo estuvo centrado en la manera de construir diversas formas de propiedad privada y titulada, sino que buscó modernizar el sistema fiscal e impulsar la agricultura, y fue más allá al utilizar las propiedades como una herramienta que permitiera coherentemente igualar a los distintos grupos sociales y consolidar a largo plazo una nación política y culturalmente identificable. Sobre el tipo de propiedad, los autores son muy enfáticos en distinguir en la discusión historiográfica la precaución de diferenciar las estructuras agrarias que pertenecían a las comunidades indígenas de aquellas que se reivindicaban mediante diferentes instrumentos, comparadas con las que pertenecían a los ayuntamientos. Sin embargo, aún existen aspectos que marcan como inacabada esta discusión.

La incertidumbre de la discusión se basa en la falta de un modelo que explique las diferentes formas de propiedad de las comunidades indígenas y los ayuntamientos, así como la manera en que estos aprovechaban las estructuras agrarias para repartirlas, arrendarlas y usufructuarlas, y en cuestiones de tipo fiscal relativas al empleo de los dividendos recaudados bajo el amparo de la ley amparaba, como el derecho de 6 % sobre los censos aplicados en los terrenos de los ayuntamientos y su aplicación para la satisfacción de las necesidades de las comunidades y los pueblos.

A pesar de los esfuerzos por ampliar el conocimiento y las revisiones historiográficas referentes a los bienes comunales en México, los cuales se encuentran en diálogo con las discusiones tradicionales acerca del reparto y usos de los bienes de comunidad indígena y pueblos en el centro y sur de México, aún existen interrogantes sobre lo sucedido en el norte de México en el periodo posterior a la Ley Lerdo de 1856, debido a que esa región cuenta con diferentes dinámicas de asentamiento y aprovechamiento de los recursos naturales. Esta posibilidad permitirá seguir abonando en el estudio de la desamortización civil sin caer en generalizaciones.

Este ejercicio permite establecer puntos de partida ofrecidos por los estudios de caso y la posibilidad de repensar la metodología empleada en otros territorios para contribuir a esclarecer cuestiones específicas de los procesos de desamortización en México y América Latina. La relevancia temática se fundamenta en lo primordial que resulta el conocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas en las maneras de articularse con los distintos mecanismos de tenencia, compra, deslinde, adjudicación y aprovechamientos de los bienes de la comunidad, frente a las presiones internas (ayuntamientos) y externas (leyes liberales, jefes políticos, instituciones, intereses comerciales), que generaron conflictos internos y movimientos políticos, campesinos y agrarios. En suma, se trata de un aporte relevante para intentar resolver y repensar la historia de la formación y transformación de las estructuras agrarias de las comunidades indígenas y los pueblos en el siglo XIX y principios del XX en México y Guatemala.