Historia

El derecho penal durante la historia ha ido mutando en todo sentido, y con ello, de igual forma la pena y sus finalidades han ido cambiando siempre buscando solucionar problemas jurídicos y sociales que se presentan cuando un ciudadano hace caso omiso a una norma penal, y es por ello, por lo que muchos doctrinarios han trabajo en ello y han puesto énfasis en teorías no solo en el ámbito del derecho penal sino mucho énfasis en derecho constitucional.

En este trabajo investigativo se desarrolla la historia de la pena privativa de libertad, las demás penas que existen en la actualidad no serán objeto de estudio en este trabajo. Ahora bien, todo esto comienza con el denominado castigo que eran sometidas las personas que infringían órdenes dadas por las personas que estaban a cargo de las tribus y ya con el paso del tiempo sociedades.

A ello los tratadistas han profundizado en el tema de las penas, y con ello Emiro Sandoval Huertas hizo una clasificación y estableció “…cuatro fases, de acuerdo a la función declarada de cada momento histórico: Vindicativa, expiacionista o retribucionista, correccionalista y resocializante”. Esto es importantísimo con la finalidad de ir determinando que con el paso del tiempo la sociedad y los castigos de igual forma fueron variando ^{(Hernández, 2013)}.

En la fase del vindincandismo, se puede establecer que viene desde los tiempos más remotos en donde lo que primaba era la venganza por los actos que cometían las personas en este tipo de convivencias, y es por ello que: Con el nacimiento de las incipientes formas de Estado, el derecho a castigar fue expropiado por el jefe del grupo social, quien decidía por los demás; la figura del jefe implicaba la aparición de un tercero que fungía como árbitro en la solución de los conflictos, asumiendo una función de control ante el acto de vengar, garantizando que el castigo fuera igual al daño causado. Aparece así la Ley del Talión (de talis, el mismo o semejante) “ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura” y “la Composición o Rescate del Derecho de Venganza” ^{(Floresgómez, 1994)}.

Ya en la fase del retribucionismo, se puede establecer, que la pena fungía como un dolor y que aquellas personas que cometían actos en contra de sus costumbres o afectaban a las personas en sus derechos que se consideraban en esos tiempos estos tenían que ser sometidos a castigos, pero dichos castigos era cumplidos en frente de sus jefes, en esta época primaba lo religioso y con ello eran quienes sometían a los castigos a estas personas, y como lo dijo Speckman “…el castigo era una expresión del poder divino en la tierra y por ello no requería de una justificación explícita. El delito era considerado como un atentado al rey y a Dios y los actos contra la fe eran delitos” ^{(Speckman, 2002)}.

Si bien es cierto se habla de un retribucionismo, también es necesario analizar el expiacionismo, ya que con esta se da paso a la normatividad, y esto se da por los esquemas políticos que fueron apareciendo y la forma de gobernar un estado. Es aquí donde se marca un cambio radical en la forma de cómo se concibe la pena, ya que lo que se trató es de que las personas que cometían algo en contra de la normativa penal, estos sean tratados de diferente manera, pero en vez de castigos se priorizó el trabajo de estas personas llevando a un cambio de castigo-dolor-trabajo, estos enfoques claramente dan luz a una racionalidad de cómo se concibe una pena, si bien es cierto no es que terminan solucionando el problema jurídico aquí tratado, pero existe una cambio abismal en entender este conflicto. Estas primeras concepciones se fueron dando a nivel de Europa y que marcaron una historia en el comprender de la pena, así: La finalidad retribucionista prevaleció a lo largo del siglo XVIII en los llamados establecimientos correccionales: instituciones de transición entre la aristocracia y la burguesía. El nombre les fue dado del primer establecimiento que existió en Londres hacia 1552 la “House of Correction” (Casa de Corrección) y aunque fue creada en el siglo XVI su principal objetivo era el aprovechamiento del trabajo de los reclusos. Fue hasta 1595, en Ámsterdam, que se reprodujeron centros similares: Rasphuys y Spinnhyes en 1597. En el primero se albergaba a mendigos o delincuentes jóvenes; en el segundo a mujeres, vagos y mendigos. Todos laboraban de manera forzada, sólo que en el segundo caso las personas recluidas eran encerradas por decisión de sus parientes. Este modelo se reprodujo en Europa, específicamente en España (Madrid, Valladolid y Granada); en Inglaterra ( Worcester, Norwich y Bristol); Italia (Roma, Florencia, Milán y Venecia); Alemania (Hamburgo, Dantzig, Bremen, Lubeck, Munich, Osnabruck y Berlin); Francia (París y Lyon); Bélgica (Gante); Suiza (Schellenwerke); etc. ^{(Neuman, 1971)}.

Sin duda alguna, el cambio de mentalidad de como concebir las penas dieron paso a la siguiente fase denominada el correccionalismo, ya que se empezó hacer más énfasis en casas correccionales que ayudaban a las personas infractoras a tener un cambio en la sociedad, y con ello, se empezaron a utilizar a las mismas que usen su fuerza en trabajos encomendados a ellos y así puedan producir beneficios en favor de la sociedad, a su vez con el cambio de era se fue dando la revolución tecnológica y con ello llegaron más cambios a estas formas de concebir las penas privativas de libertad.

A esto se unió que “…en el siglo XVIII, en la época de La Ilustración, pensadores como Voltaire, Montesquieu, Morelly y Beccaria, entre otros, desarrollaron un interés por reformar la práctica judicial pugnando por la eliminación del catálogo de delitos y los actos contra la religión y por la creación de criterios fijos para la administración de justicia, humanización de las penas y la aplicación de castigos proporcionales al delito” ^{(Speckman, 2002)}.

Siendo la última fase la denominada resocializante, ya que con ella van apareciendo varios criterios jurídicos y principios procesales que en la actualidad marcan la historia del derecho penal como es la proporcionalidad, y esto a que conforme la concepción de la escuela clásica del derecho penal ponen su punto de vista en el tiempo de la pena, por lo que Pavarini señalo que “…a cada conducta transgresora del consenso le corresponde, en justo rigor, un cuantum de tiempo expropiado, de tiempo libre ausente de sentido útil para el delincuente, que deberá gastarse en el encierro” ^{(Pavarini, 1988)}. De la historia enmarcada en estas cuatro fases, por parte del doctrinario citado se puede verificar, que lo que siempre predomino y hasta la actualidad, se mantiene es que la forma de concebir la pena privativa de libertad es desde la forma de como la sociedad está gobernada, ya que se empieza justamente hablando de la venganza en donde esta primaba y con ello no existía una sociedad que respetaba derechos fundamentales, a su vez luego de ello se pasa al dolor al que tiene que ser sometido el o los ciudadanos por los actos cometidos, y con ello, lo que se precautelaba es el respeto al rey y en su mayoría a Dios.

De ahí se da un salto importantísimo en la racionalidad de las personas y que es acompañado por el cambio en la manera de gobernar un estado, comienzan aparecer normativas convencionales que privilegian los derechos humanos; de esta manera, se hace un cambio de dolor a utilizar de las personas infractoras su fuerza en el trabajo para de esta manera hacer algo beneficio para la sociedad, así también con la forma de pensar del derecho penal comienza la denominada resocialización y con ello la normatividad del fin de la pena privativa de libertad.

Concepción de la pena por las escuelas penales

La pena conforme a su historia a cumplido un desarrollo dogmático de igual forma bastante amplio en donde conforme las diferentes escuelas del pensamiento del derecho penal han ido cambiando el fundamento, en unas aumentando algo más o en otras con concepciones distintas.

La escuela del pensamiento del derecho penal clásica establecía que la pena “debe ser justa y útil; es por ello, que el castigo solo puede darse cuando hay efectivamente un daño” ^{(Agudelo, 1997)}. A esto es importante rescatar que conforme esta concepción lo que se protegía es la relaciones entre los ciudadanos y que estas no se vean alteradas por las personas, ya que basándose en la forma de gobierno ellos son quienes deben aplicar el castigo por irse en contra de sus disposiciones legales.

Dentro de la escuela penal clásica positiva, se puede apreciar que la fundamentación de la pena se lo hace basado a la peligrosidad de la persona que comete la infracción y es por ello que esos momentos de la historia se trabajó el denominado Derecho Penal de autor; por ello, Agudelo manifiesta que las personas “..tiene que defenderse de todo lo que le cause daño sin que importe indagar por la existencia o no de la libertad: basta con que la persona dañe o pueda dañar para que la sociedad esté legitimada para actuar…” ^{(Agudelo, 1997)}.

Luego de ello, se produce una concepción de pena unificando varias teorías establecidas por las escuelas del pensamiento del derecho penal, con ello el fundamento es variado y lo que si se mantiene es el carácter retribucionista.

Teorías de la pena

La pena en el Código Orgánico Integral Penal

Ahora bien, luego de haber establecido las diversas teorías de las penas y haber entendido para qué sirve la pena conforme cada una de las concepciones, debemos entender que nuestros legisladores establecieron que los fines de la pena son “…la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así como la reparación del derecho de la víctima” ^{(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)}.

Del texto normativo antes descrito, se puede precisar, que nuestro sistema jurídico maneja la teoría de la prevención general; es decir, el estado lo que trata con la pena es prevenir delitos, y con ello pide que los ciudadanos sean fieles a las normas penales. Si el ciudadano trasgrede la normativa penal, y por ello, recibe una pena privativa de libertad, entra en vigencia la teoría de la prevención especial positiva, ya que señala que la pena también servirá para que el condenado pueda tener una correcta rehabilitación, y por ello, se trabaje progresivamente en sus derechos y capacidades; es decir, la denominada resocialización que es el fundamento de la prevención especial positiva.

Ahora bien, en este trabajo se enfatizó que lo que se iba a tratar aquí es la pena privativa de libertad, pero es necesario definir que es la pena conforme a Código Orgánico Integral Penal; por ello, se establece que “La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada” ^{(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)}, de ahí que cuando el texto habla de la restricción a la libertad es justamente donde se hace énfasis a que la pena restringe el derecho a la libertad y por consiguiente el estado tendrá que ubicar a los sentenciados en centros de rehabilitación para de esta manera cumplir los fines de la misma. A su vez, la misma norma punitiva establece que las penas son privativas de libertad (restringen el derecho a la libertad) y no privativas de libertad, como también restringe el derecho de propiedad de las personas sentenciadas.

Existe una finalidad de la pena que no se ha traído a colación que es la reparación integral a la víctima, esta finalidad se ha establecido por el gran avance que ha tomado en estos últimos tiempos la victimo dogmática, y con ello, han impregnado a que la víctima debe ser reparada por el daño sufrido y que en base a la imposición de una pena en donde se establezca dicha reparación esta tendría que ser cumplida por el sentenciado, que esto se cumpla o no será tratado en otro trabajo investigativo, ya que adelantando un poco el estudio se podría decir que es otra letra más muerta de nuestra ley.

Rehabilitación social

Esta finalidad de la pena antes descrita que forma parte o nace de la teoría de la prevención especial positiva es entendida como aquella que pretende que una persona que fue sentenciada por un acto u omisión ilícita sea preparada para volver a la sociedad una vez cumplida su condena, y a su vez, si se define rehabilitación se tendrá que: Esta palabra se compone de las siguientes raíces latinas: “re”, de nuevo, hacia atrás; “habilitar”, es la cualidad de ser capaz de cumplir una actividad o un trabajo determinado; y, el sufijo “ción”, acción y efecto. En consecuencia, rehabilitar es restituir a una persona a su condición anterior, a fin de que cuando se reintegre a la sociedad recuperando la libertad, cumpla eficazmente una función o un trabajo y disfrute plenamente de sus derechos.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), rehabilitación es un proceso de duración limitada, con el objetivo de permitir que una persona con alguna deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios para modificar su propia vida ^{(Durán, 2011)}.

Para el cumplimiento de esta finalidad, se ha dispuesto varias normativas en nuestro estado ecuatoriano, siendo la principal norma el COIP en donde se establece el libro tercero que habla sobre la ejecución, en donde se proclaman derechos y obligaciones de los sentenciados como de las autoridades que se encuentran la mando de los centros de rehabilitación social, pero que todo esto queda netamente en letra muerte, ya que no se cumplen dichos mandatos no solo legales sino convencionales y constitucionales.

Los problemas que existen dentro de los centros de rehabilitación social son diversos entre algunos de estos están el hacinamiento, insalubridad, extorsiones, mala alimentación, deficiente educación, etc.

Crisis en el sistema penitenciario de Ecuador

Esta crisis en el sistema penitenciario no es nada nuevo, desde la misma creación de los centros de rehabilitación existió problemas con el manejo de las personas privadas de la libertad, esto por varios factores que fueron establecidos en líneas anteriores y entre muchos más, pero sin duda alguna, lo que sucedió en el presente año en el mes de febrero del 2021 encendió nuevamente las alarmas de los problemas que acarrea nuestro sistema carcelario que dejan notar que no se cumplen con las finalidades establecidas en el COIP para cuando una persona es sentenciada.

Las noticias a nivel nacional e internacional se hicieron eco de los sucedidos en donde se informaba lo acontecido como que los motines que tuvieron lugar el 23 de febrero en cuatro grandes cárceles de Ecuador, han dejado un saldo de, al menos, 79 detenidos muertos. Los centros penitenciarios, ubicados en Guayaquil, Cuenca y Latacunga, albergan al 70 % de la población carcelaria de Ecuador. Estos hechos violentos constituyen una señal alarmante de la incapacidad de las autoridades de controlar las cárceles y proteger la vida y la seguridad de la población penitenciaria.

El gobierno describió los motines como la acción concertada de organizaciones criminales. Las autoridades penitenciarias afirmaron que los motines parecen ser consecuencia de una violenta disputa de poder que se desató entre grupos delictivos después del asesinato del líder de uno de estos grupos en diciembre.

Se enviaron militares y fuerzas especiales de la policía nacional para controlar los motines. No se informó que ningún agente de seguridad haya perdido la vida o sufrido lesiones. Los internos tenían cuchillos, armas de fuego y motosierras, según medios de comunicación y autoridades carcelarias. En videos del motín pueden verse imágenes de cadáveres mutilados.

El hacinamiento, la deficiente seguridad, la violencia, la atención médica inadecuada, entre otros, son problemas que aquejan desde hace mucho tiempo a las cárceles en Ecuador. El brote del COVID-19 exacerbó los riesgos para la salud y el virus se propagó entre internos detenidos en pabellones hacinados.

Ante la escasa cantidad de guardias carcelarios y el entrenamiento deficiente que reciben, a las organizaciones delictivas les resulta sencillo controlar las cárceles. Según las autoridades penitenciarias, la cantidad de agentes es baja en relación con la población carcelaria del país.

En el último año, en Ecuador se han producido otros motines y ejecuciones. En respuesta a esta situación, el presidente Lenín Moreno declaró dos estados de excepción, en mayo de 2019 y en agosto de 2020, en todos los centros carcelarios del país.

Las autoridades ecuatorianas tienen un deber de cuidado hacia quienes están en las cárceles, que se encuentran bajo su responsabilidad. Asimismo, tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de estas personas. Según los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas ^{(Naciones Unidas, 1990)}, las autoridades deben asegurar que los detenidos reciban un trato digno y crear condiciones favorables para reinsertar en la sociedad a quienes hayan estado en prisión.

Antes de finalizar su mandato el 24 de mayo, el presidente debería asegurarse de que las autoridades investiguen, diligentemente, los ataques violentos que tuvieron lugar esta semana, para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia. Su sucesor debería ocuparse de que estas investigaciones avancen y priorizar adoptar medidas que aborden los problemas de fondo que siguen causando muertes evitables en los centros penitenciarios ecuatorianos ^{(Vivanco, 2021)}.

Sin duda alguna, como se puede notar, nuestro sistema carcelario no cumple con las expectativas establecidas como finalidad en nuestro COIP, ya que todos los problemas que se presentan hacen que las personas privadas de la libertad no tengan una correcta rehabilitación social; además, si damos una mirada panorámica a nivel de Sudamérica todos los países tienen el mismo problema o conflicto por solucionar, y esto se debe a que a todos nos aqueja el mal de la corrupción que está inmiscuido en cada uno de los gobiernos de turno no solo actuales sino de toda la historia de cada país, más aun hablando de Ecuador que no ha sido la excepción.

Discusión de resultados

Se ha establecido que durante la historia de la pena se han desarrollado varias teorías las cuales han ido variando justamente con el momento histórico que vivió y vive la sociedad, así como también por la forma de gobierno que existía en cada unos de los países; dejando ver, que la pena tenía que cumplir alguna finalidad en la sociedad para de esta manera controlar a la sociedad.

Las diferentes teorías de la pena se han ido generando conjuntamente con las diversas escuelas de pensamiento del Derecho Penal, que han concebido entre una y otra de diferente manera al denominado delito y responsabilidad; haciendo de esta manera, que la concepción de pena vaya mutando entre uno y otro doctrinario dedicado a estudiar la pena.

Dentro de nuestra normativa penal se establece la finalidad de la pena entre una de esta la rehabilitación de la persona procesada, por el cual el estado tiene la obligación de prestar las facilidades necesarias para que se pueda cumplir con la finalidad aquí establecida. Esta finalidad en un estado constitucional de derechos y justicia es esencial, para que se respete el principio de dignidad humana, ya que de esta manera la persona tiene que ser tratado como un fin y no como un medio.

Se estableció, que dentro del estado ecuatoriano, la finalidad de la pena como es la rehabilitación no se cumple, ya que como se pudo precisar ha existido y existen hasta la actualidad problemas que no dejan que se desarrolle de manera correcta.

Estos problemas se presentan por varios aspectos, pero el más importante es la corrupción que se maneja a nivel de los órganos de gobierno; por ello nuestro sistema carcelario sí presenta problemas más aún con los últimos motines vividos en nuestro país.