Introducción

Las conductas de consumo de drogas son consideradas un problema de salud pública debido a las consecuencias sociales y económicas que implican. Los datos obtenidos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ^{(Secretaría de Salud, 2017)} muestran, que en población general, el grupo de 12 a 17 años consume el 0,6% y el grupo poblacional que muestra mayores niveles de consumo es el de 18 a 34 años. Según esta encuesta de datos proporcionados por los centros de rehabilitación, las drogas más consumidas de inicio son alcohol (45,8%), tabaco (28,7%), marihuana (14,8%), inhalantes (4,6%) y cocaína (2,6%). Las drogas de mayor impacto son alcohol (39,3%), cristal (22,9%), marihuana (14,3%), cocaína (9,4%), inhalantes (5,5%), heroína (3,4%) y tabaco (2,6%).

La demanda de atención ha rebasado las capacidades del Gobierno, surgiendo organizaciones civiles que buscan responder a dichas problemáticas. Una de las formas más usuales de la organización social para responder al problema de las adicciones, son los grupos de ayuda mutua. Estos grupos reúnen personas que comparten una misma problemática y se apoyan colectivamente, empleando variantes del modelo de los doce pasos, desarrollado originalmente por “Alcohólicos Anónimos”, generando adaptaciones de los grupos tradicionales. Siguiendo este modelo, se han creado agrupaciones que ofrecen atención residencial cuyos servicios han sido dirigidos principalmente a las personas de escasos recursos, recibiendo el nombre de “anexos” ^{(Marín, Eliosa, Lozano, Fernández, Turnbull y Tenaet, 2013)}.

En la ^{Ley General de Salud (2018)} y la ^{Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del Estado de Colima, México (2016)}, se observan esfuerzos institucionales para atender este tipo de problemáticas. Sin embargo, la falta de inversión en estas áreas, aunado a la falta de mecanismos de control y supervisión a las instituciones que ofrecen tratamientos de rehabilitación y a la baja profesionalización de estas instituciones civiles, se dificulta la reinserción de estas personas y la aplicación de tratamientos de rehabilitación de calidad que garanticen los Derechos Humanos ^{(Castaños y Palop, 2007)}.

A esto hay que añadir, que la mayoría de los programas de rehabilitación se ha concentrado en atender la demanda de una población masculina, generando invisibilidad y poca perspectiva de género en la atención, debido entre otros motivos, a la desproporción inicial existente entre los sexos de los solicitantes de estos servicios ^{(Rodríguez, Córdova y Fernández, 2015)} a pesar de que actualmente esta diferencia no se corresponde con los datos de encuestas y registros, que muestran una proporción hombres-mujeres cada vez más idéntica ^{(Secretaria de Salud, 2012}; ^{Velázquez y Gutiérrez, 2014}; ^{Secretaría de Salud, 2017)}.

Existe poca investigación con propuestas prácticas en contextos de albergues o “anexos” de iniciativa civil con población mexicana, especialmente con mujeres, pero tomando investigaciones realizadas en otros contextos culturales se encuentra que la reinserción de la población femenina resulta más difícil debido a la mayor estigmatización que recae sobre ellas, complicando su incorporación al mercado laboral y al medio familiar ^{(Van Demark, 2007}; ^{Van Olphen, Eliason, Freudenberg y Barnes, 2009)}.

Desarrollo

El funcionamiento del albergue se dividía entre trabajadoras/es y personas de la institución (usuarias y exusuarias) con diferentes cargos.

El personal de trabajo estaba compuesto por una psicóloga que ofrecía terapia individual 8 horas por semana, un profesor de zumba 4 horas a la semana y un médico que acudía aproximadamente una vez cada tres meses.

Las personas de la institución (usuarias y exusuarias) con diferentes cargos se organizaban jerárquicamente de la manera que se detalla a continuación. Los cargos fijos eran constituidos por el director (responsable directo de la institución) y la subdirectora (segunda responsable). Los cargos rotativos eran desarrollados por usuarias que se encontraban internas y estaban conformados por una secretaria (auxiliar del director y subdirectora), encargada (supervisión de los servicios internos y cumplimiento de normas), alterna (auxiliar de la encargada), jefa de servicios (supervisa servicios domésticos como aseo y comida), encargada de cocina (responsable de hacer las comidas y servirlas), jefa de mantenimiento (coordinación de labores de limpieza) y jefa de veladoras (vigilancia durante la noche y atención nocturna al resto de internas).

A pesar de esta organización, las actividades se encontraban desvinculadas entre sí, especialmente aquellas actividades que implicaban a trabajadores/as, en gran parte por el excesivo volumen de trabajo. Esto, unido a la inexistencia de datos previos de las características de la población del albergue, de índices de rehabilitación o seguimiento, así como la inexistencia de trabajo previo con las familias, se procedió en primer lugar a realizar un análisis de necesidades que pudiera dar cuenta de los ejes prioritarios de intervención, con el objetivo de proponer un proyecto ajustado a las necesidades específicas de esta población. Es por esto, que se organizará este apartado en dos fases: una primera fase correspondiente al análisis de necesidades, y una segunda relacionada con la propuesta del proyecto de intervención.

Fase 1. Análisis de necesidades.

a. Participantes.

El estudio se llevó a cabo en un albergue o “anexo” femenino en Colima (México), donde se admiten usuarias con problemáticas y edades muy diversas. Es el único servicio institucional público para mujeres de la zona que atiende problemáticas de esta índole en régimen cerrado, donde a pesar de verse muy limitado por cuestiones de disponibilidad, de recursos y de capacitación institucional, tienen un cupo para albergar a 50 personas derivadas de otros recursos públicos y privados.

La investigación se inició con 43 personas que se encontraban en un albergue o “anexo” femenino en Colima (México). Debido principalmente al abandono o terminación del programa durante la recogida de datos y a un deterioro importante de la salud mental y física (presencia de síndrome de abstinencia y de síntomas psicóticos en fase aguda), la muestra total que se utilizó para el presente estudio fue de 27.

El reparto por edades de las participantes se distribuía de la siguiente manera: el 33,3% de la muestra tenían entre 26 y 30 años, seguido de los grupos comprendidos entre los 15 y los 20, y de los 31 a los 35 (14,8% cada grupo); de los 21 a los 25 y mayores de 40 años (11,1% cada grupo); menores de 15 y grupo entre 36 a 40 años (7,4% cada grupo).

El nivel educativo de las participantes se correspondía con un nivel medio-bajo (66.7% había realizado estudios nivel de secundaria, 14.8% de primaria, 11.1% preparatoria y 3.7% universidad). La ocupación previa a la entrada al albergue o “anexo” (personas que estudiaban o trabajaban) se organizaba en un 55.6% de las que tenían ocupación y un 40.7% que ya no trabajaba ni estudiaba.

Además de esto, el 77.8% de las participantes eran madres y de estas, el 51.8% tiene dos o más hijos/as.

b. Consideraciones éticas.

Se explicó a las y los responsables de la institución en qué consistía el estudio y su finalidad, así como lo relacionado con el tratamiento confidencial de los datos, el uso al que estaban destinados y los materiales a utilizar en el proceso.

Tras esto, se informó a las participantes y a las familias o responsables legales de las mismas cuestiones y se recalcó su derecho de no participar y/o desistir en el momento que desearan sin conllevar por ello ningún tipo de sanción ni repercusión. Asimismo, se realizaron las aclaraciones que las participantes tuvieron previas al estudio y durante el mismo.

Finalmente, se devolvieron los resultados del estudio tanto a las participantes como a las personas responsables de la institución.

c. Instrumentos y técnicas.

Se entregó una hoja con dos preguntas abiertas (“¿qué te gustaría hacer en el centro?” Y “¿Qué crees que se necesita incorporar a las actividades y organización del centro?”). En ambas preguntas se pidió que las participantes organizaran sus respuestas de mayor a menor importancia.

Por otro lado, se entregó un protocolo de factores de riesgo y protección con preguntas cerradas y de opción múltiple. Este protocolo constaba de preguntas sobre las sustancias consumidas, la edad de inicio de consumo, el entorno social de consumo, abuso sexual y maltrato, estilo de afrontamiento de los problemas en familia y características psicológicas individuales.

d. Análisis de datos.

Las respuestas obtenidas de las preguntas abiertas se categorizaron para poder agruparlas en etiquetas comunes y después se codificaron para poder trabajar de manera cuantitativa con los datos y establecer porcentajes de aquellas que compartían una opinión sobre las necesidades. El proceso de categorización se realizó mediante acuerdo interjueces entre las profesionistas.

Para el análisis de las respuestas del protocolo de factores de riesgo y protección se sacaron los porcentajes de respuesta para cada pregunta y sus opciones de respuesta.

e. Resultados.

Las preguntas abiertas relativas a las necesidades en cuanto actividades dieron los siguientes resultados: El 28% de las participantes refirieron considerar prioritario el apoyo psicológico (encontrándose en este apartado el apoyo psicológico individual, familiar y grupal). El 26% refirió como prioridad el área que se denominó “ocio y tiempo libre”, entendido como alternativas saludables de ocio y apoyo en la gestión y organización del tiempo libre. El 22% aludió a la prioridad de establecer un área de salud física, encontrándose aquí actividades físicas de ejercicio, orientación sobre una dieta saludable, atención médica y orientación sobre salud física en general). El 13% señaló como prioridad el área relacionada con la educación (clases que les permitieran continuar sus estudios y practicar lo aprendido, como matemáticas, lectura, escritura, etc.) y laboral (redacción de currículums vitae y orientación sobre empresas donde poder trabajar). Finalmente, el 11% de las participantes concedió importancia a la necesidad de una mayor apertura en la toma de decisiones, principalmente a contar con ella para el establecimiento de actividades y de los horarios de las mismas.

En cuanto al protocolo de factores de riesgo y protección, se encontró que la sustancia que más consumían era la metanfetamina o “Ice” (81.5% de las participantes) y la edad de inicio se situó antes de los 20 años (70.3%).

En el entorno social de consumo, tan solo un 11.1% refirió que nadie de su entorno social consumía. Las personas del entorno social de las participantes que consumían se agruparon de mayor consenso a menor, correspondiéndose los porcentajes de personas del entorno que consumen de la siguiente manera: el 66.7% de sus amigos/as consume regularmente, el 48.1% de sus hermanos/as, el 44.4% de otros familiares (tíos, primos, etc.), el 25.9% de los padres y el 7.4% de las madres. Cabe mencionar que resultó habitual que varias personas del entorno de las participantes consumían regularmente. Por otro lado, el 51.9% de las participantes refirió que en la colonia donde viven se vende droga y que estas colonias eran zonas de recursos medios-bajos (escuelas, hospitales, parques, centros de ayuda, tiendas, etc.). En este sentido, el 51.8% considera que en su colonia no hay recursos o “pocos”, y el 44.4% considera que hay “algunos”, principalmente parques y tiendas.

Haber sufrido abuso sexual en algún momento de su vida fue referido por el 66.7%, 29.6% manifestó no haberlo sufrido y el 3.7% no contestó. Del porcentaje de quienes lo sufrieron, el 38.09% fue durante la infancia, el 33.3% en la adultez y el 28.57% en la adolescencia.

El maltrato fue experimentado por 70.4% de las participantes, un 22.2% expresó no haberlo sufrido y el 7.4% no contestó. De quienes habían sufrido maltrato, el 66.6% fue en la relación de pareja, el 29.16% en la familia y el 4.1% en la escuela.

El estilo de afrontamiento de los problemas en familia resultó en un 51.9% de forma asertiva (hablándolos) y un 40.7% de forma no asertiva (55% discute y grita y el 45% los evita). Cabe destacar que, a pesar de estos resultados, el 70.4% de las participantes consideraba que en su educación suelen o solían estar presentes los castigos físicos.

En cuanto a las características individuales, el 44.4% manifiesta tener problemas importantes de falta de autocontrol e impulsividad y el 25.9% sabe que tiene un trastorno mental grave (psiquiátrico), aunque el 42.9% desconoce qué tipo específico de trastorno es.

Fase 2. Proyecto de Intervención.

Una vez realizado el análisis de necesidades se procedió a diseñar un proyecto ajustado a las necesidades de las usuarias y a los recursos del albergue. Teniendo en cuenta que los recursos con los que ya contaba el albergue (además de la estancia) eran una psicóloga (8 horas a la semana), un profesor de zumba (4 horas a la semana) y dos psicólogas que impartían sesiones grupales enfocadas en abuso sexual (2 horas a la semana), el proyecto piloto que se aplicó se conformó de la manera que se detalla a continuación.

a. Objetivos.

Generales:

Específicos:

b. Diseño del proyecto.

El proyecto se organizó en dos grandes ejes (un primer eje destinado al trabajo con las usuarias y un segundo eje dedicado al trabajo con las familias). El primer eje se dividió a su vez en cuatro áreas (psicológica, psico-socio-educativa, ocupacional y salud) con diversas actividades en cada área. La organización de las áreas y actividades se detalla a continuación:

Eje 1: Atención a usuarias.

Área psicológica.

Área psico-socio-educativa.

Área ocupacional.

Área de salud.

Eje 2. Atención a familias.

Debido a las peticiones de varios miembros de diferentes familias, junto a la necesidad detectada en las sesiones de terapia psicológica familiar, se decidió añadir un segundo eje de atención dedicado exclusivamente a los y las familiares de las usuarias, así como para antiguas usuarias y sus familias. De esta forma, se creó la actividad psicoeducativa que se llamó “Grupo Familiar” y se realizó una vez por semana durante cuatro meses (14 sesiones en total), con una duración de dos horas por sesión. Esta actividad inició con la participación de 8 familiares, hasta ampliarse a 25 y manteniéndose constante la participación.

Los temas que se trabajaron en estas sesiones fueron los efectos físico-biológicos, psicológicos y sociales de la adicción, información sobre las diferentes sustancias adictivas y sus efectos, pautas de detección de consumo, técnicas de comunicación asertiva (verbal y no verbal), habilidades de escucha activa, expresión emocional, pautas de actuación para la prevención de recaídas, resolución de conflictos, técnicas de negociación y técnicas de autocuidado de las/os cuidadoras/es.

Cabe mencionar que el final de la sesión (30 minutos aproximadamente) se destinaba a la resolución de dudas y al planteamiento de situaciones personales conflictivas que el o la familiar quería compartir con el resto del grupo.

c. Evaluación del proyecto.

La evaluación que se llevó a cabo se dividió en una evaluación continua de las actividades que se realizaron y una evaluación final tras haber finalizado la implantación del presente proyecto piloto.

- Evaluación continua de las actividades.

En cada actividad grupal, las profesionales completaron una hoja de evaluación de la actividad en la que se incluían los siguientes puntos: quién realizó la actividad, fecha, asistentes, áreas trabajadas, valoración general de la actividad e incidencias. Esta evaluación se realizó con el objetivo de recoger la funcionalidad de las diferentes actividades y registrar peticiones de las usuarias para posteriores sesiones.

Fruto de esta evaluación continua, se puso de manifiesto la necesidad de más material de papelería para las actividades (especialmente cuadernos), se trasladó esta necesidad al departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Colima, quien donó los cuadernos necesarios para las actividades.

- Evaluación final.

Para la evaluación final se tomó en cuenta el total de participantes en el proyecto y el porcentaje de mantenimiento de sobriedad, principalmente a través de llamadas telefónicas a las exusuarias y sus familiares.

El total de participantes fue de 115 personas en el periodo de 4 meses de implantación de este proyecto de intervención piloto. De estas 115 personas que participaron en el proyecto, 25 fueron familiares de las usuarias y 90 las usuarias.

En cuanto a los índices de mantenimiento tras la salida del albergue, el seguimiento se trató de realizar con un total de 60 usuarias que salieron progresivamente del albergue a lo largo de los 4 meses de implantación del proyecto piloto. De estas 60 usuarias que salieron del albergue (por terminación del programa o por decisión familiar), se perdieron los datos de 15 casos (25%), por la imposibilidad de contactar con ellas o sus familiares. Por tanto, el seguimiento final pudo realizarse con 45 de las 60 receptoras del programa (75%), encontrándose que durante los tres primeros meses, el porcentaje de sobriedad fue del 50%, pero a partir de entre el 4º y 5º mes (durante el cierre del proyecto), este porcentaje se redujo al 30%.

a. Cierre del proyecto.

El cierre del proyecto se realizó aprovechando las celebraciones decembrinas, organizando un convivio con las usuarias, las/os familiares y las/os organizadores, al cual también se invitó a antiguas usuarias del albergue y al departamento de desarrollo social de la Universidad de Colima. Para este fin tuvo lugar la muestra de canto y la representación de la obra de teatro que estuvieron trabajándose con las usuarias en las actividades del módulo ocupacional, concretamente en las actividades de ocio y tiempo libre.

b. Cronograma.

c. Limitaciones y recomendaciones.

Una limitación importante es la importante pérdida de datos del seguimiento. Relativo a esto, la entrada y salida abrupta y constante es un factor clave a tener en cuenta. Por un lado, debido a la decisión familiar, las usuarias son sacadas del albergue antes incluso de haber terminado el proceso y sin consultar con las profesionistas. Esto dificulta la creación de un plan de seguimiento efectivo y la sensibilización a las familias de la importancia de llevarlo a cabo de manera coordinada. Por otro lado, esta entrada y salida constante multiplica la carga de trabajo; por tanto, se recomienda establecer previamente personas encargadas específicamente de realizar los seguimientos y el establecimiento de, al menos, una sesión inicial con las familias para explicar la dinámica de funcionamiento del programa y la importancia del rol de la familia en el proceso de rehabilitación.

Otra limitación relacionada es la dificultad de evaluar cada módulo de intervención, puesto que es habitual que las usuarias hayan salido del albergue por decisión familiar antes de haber terminado los módulos. En este caso, se recomienda realizar una evaluación con las usuarias al terminar cada actividad que pudiera servir como retroalimentación formal del funcionamiento de las actividades.

Además de esto, la falta de recursos materiales supuso una barrera adicional que hubo que solventar conforme se aplicó el proyecto. Respecto a esto, se recomienda el establecimiento de acuerdos con entidades oficiales para la obtención de los recursos materiales. Como se ha comentado anteriormente, para la aplicación de este proyecto piloto, el departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Colima donó los cuadernos necesarios para la realización de las actividades y permitió imprimir y fotocopiar la mitad de las fichas que se requerían para la realización de las actividades. Cabe decir que, a pesar de que esta puede ser una recomendación útil para la gestión y aprovechamiento de los recursos, resulta necesaria la presión social para la destinación de recursos públicos a la rehabilitación de drogodependencias.

Finalmente, es necesario señalar que el proyecto propuesto no contempla un tercer eje relacionado con la formación de las y los responsables del albergue. Este último punto se considera especialmente importante, principalmente en lo relacionado con la formación en gestión de las crisis y sesgos de género.

Conclusiones

El presente trabajo trata de dar cuenta de la aplicación de un proyecto piloto de intervención para la rehabilitación de adicciones basado en el análisis de las características y necesidades de la población diana, en un intento de vincular a profesionistas, familias y usuarias, y coordinando las estrategias autogestivas, ya existentes en el albergue con un trabajo sistemático, estructurado y especializado.

Teniendo en cuenta la inexistencia de datos previos (tanto de las características de las usuarias como de los seguimientos y tasas de recaídas), la inexistencia de intervenciones con las familias, la falta de coordinación entre las actividades que se realizaban en el albergue, así como las limitaciones y dificultades del propio proyecto, se considera que esta experiencia piloto puede funcionar como un primer paso a la mejora de la situación en el contexto de rehabilitación de adicciones, siendo necesaria la implementación del proyecto durante un periodo de tiempo mayor que pudiera dar cuenta con mayor precisión de los alcances del mismo.