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Introducción
Quizá uno de los primeros interrogantes que requiera ser contestado cuando abordamos la cuestión de la Educación para la Ciudadanía tenga que ver con las razones de su renovado interés o necesidad. A la desafección política y la pérdida de compromiso cívico por parte de los jóvenes, nosotros añadiríamos la ausencia de autoridad moral de los actuales líderes políticos en tanto dirigentes con legitimidad ética para gobernar, sin olvidar el plus de complejidad que puede suponer la convivencia en sociedades heterogéneas y multiculturales (identidades, lenguas, costumbres diversas), en donde lamentablemente crecen las actitudes racistas o xenófobas, o el recordatorio de que los valores democráticos constituyen un logro histórico que admite una posible involución (Pérez Pérez, 2016).
En este marco, parece razonable pensar que la cultura democrática, la convivencia intercultural, la educación afectivo-emocional, el desarrollo de identidades culturales abiertas y flexibles, la capacitación para ejercer los derechos y deberes de que se dispone como ciudadanos, para reflexionar en torno al significado moral o ético de los propios valores y actuaciones, el aprendizaje dialógico o la formación del pensamiento crítico constituyan objetivos educativos deseables.
Más allá de lo anterior, coincidimos con Santisteban (2004) en que en un contexto de tendencia a la mercantilización del sistema educativo surge la necesidad de volver a pensar a los escolares como ciudadanos, futuros votantes con derechos y deberes.
Como punto de partida, y coincidiendo con Cabrera (2008, 378-379), “tomaríamos como referencia una noción de ciudadanía como un conjunto de principios y prácticas que se aprenden y capacitan a la persona para participar activamente en la vida pública, para crear comunidad y un sentido de pertenencia cívica que facilita hablar desde «el nosotros», poniendo en juego valores, ideales y objetivos democráticos compartidos, viviendo la diversidad cultural como riqueza y oportunidad de libertad y una predisposición crítica ante la sociedad que contribuya a recrearla permanentemente en términos de equidad y solidaridad”.
Aunque las razones de su interés y necesidad parezcan tan claras, no podemos dejar de recordar la polémica surgida en torno a la idoneidad o no de la asignatura y los motivos, también, de un ferviente rechazo: la acusación de instrumento de adoctrinamiento del alumnado o de injerencia del estado en el terreno de los valores y las creencias, usurpando la función educativa de las familias (lo que no deja de recordarnos a la polémica surgida en la actualidad con la propuesta del PIN parental por parte de VOX) y siendo especialmente contestado el temario relativo a la reflexión crítica en torno a los prejuicios sexistas u homófobos, la discriminación por orientación afectivo-sexual o los tipos de familia (Pérez Pérez, 2018, Rodríguez Lestegás, 2007).
En cuanto a su presencia en la legislación educativa, recordemos que la materia de Educación para la Ciudadanía se incorpora al currículo con la LOE (que introduce, a grandes rasgos, una materia para abordar las características y el funcionamiento de un régimen democrático, los derechos constitucionales y humanos, la definición de derechos, libertades y obligaciones o el ejercicio de una ciudadanía responsable, entre otras cuestiones) y es eliminada de este con la aprobación de la LOMCE.
La supresión del currículo de esta asignatura en el raño 2012 por parte del ministro Wert y su sustitución por la denominada Educación Cívica Constitucional obedece, tomando sus palabras, a una propuesta no susceptible de adoctrinamiento y libre de cuestiones controvertidas, lo que se tradujo a efectos prácticos en la eliminación de contenidos relativos a la homofobia o las desigualdades sociales. La denominada Educación Cívica Constitucional finalmente no se incluiría en la LOMCE. En su lugar, se ofrecerían las materias de Religión o Valores Sociales y Cívicos en Primaria, Religión o Valores Éticos en Secundaria, Filosofía en primero de Bachiller y Religión o Educación para la Ciudadanía en segundo de Bachiller, primando el criterio de los padres en la elección. Nosotros coincidimos con autores como Rodríguez Lestegás (2007) o Galván (2018) en su visión de la Educación para la Ciudadanía no como alternativa a la religión, sino como formación con carácter de obligatoriedad para todos los estudiantes.
Hemos de anotar, además, que la propuesta de una educación para la ciudadanía no fue exclusiva del currículum español, sino coincidente con las realizadas en otros países (que buscarían la adquisición de una cultura política, el desarrollo del pensamiento crítico o de actitudes y valores para el ejercicio ciudadanía responsable y la participación activa) y con iniciativas promovidas por organizaciones e instituciones internacionales como la UNESCO, el Consejo de Europa (que recomendaba ya en 2002 su inclusión en todos los niveles del sistema educativo) o la Unión Europea, ya fuese como asignatura independiente, integrada en otras materias o como aprendizaje transversal.
Una aproximación al concepto de ciudadanía
Si nos refiriésemos separadamente al concepto de ciudadanía, el contenido de sus distintas acepciones nos conduciría de nuevo a las razones de la necesidad de una educación para la misma.
Habríamos de viajar desde sus orígenes en la antigua Grecia como participación en los asuntos públicos y búsqueda conjunta del bien hasta la sustitución de la idea de súbdito por las de ciudadano co-depositario del poder y soberanía popular (iguales ante la ley y sujetos de derechos y obligaciones) con la Ilustración, sin olvidar el establecimiento de una ciudadanía cada vez más universal e inclusiva y el progresivo avance hacia un estado de derecho (Pérez Pérez, 2018).
Marshall (1950) distinguirá tres elementos clave en su conceptualización que pueden ser útiles para esclarecer la definición: el componente civil (que incluye derechos como la libertad de expresión o de pensamiento), el componente político (relativo a la responsabilidad política de los ciudadanos como votantes) y el componente social (referente a la protección de derechos sociales y culturales).
Por su parte, Escámez y Gil (2002) establecen cinco dimensiones de ciudadanía que nos ayudan a profundizar en el concepto: legal (leyes y derechos poseídos por nacimiento y residencia en un lugar), social (derechos sociales básicos como trabajo, vivienda, salud o educación), económica (derecho de participación en decisiones de índole económica), civil (derecho de participación en bienes culturales, científico-tecnológicos y educativos), intercultural (reconocimiento de derechos básicos y protección de la tradición de personas pertenecientes a minorías culturales) y cosmopolita (pertenencia a una comunidad transnacional y respeto a la diversidad).
La lectura de Moro (2007) esclarece, más allá de lo anterior, la diferenciación entre tres modelos de ciudadanía: liberal, republicano (desde los que se consideraría al estado neutral frente a las diferentes versiones de “lo bueno”) y comunitario (que parte de la imposible neutralidad del estado como premisa y se basa en el modelo de la múltiple pertenencia, considerando las identificaciones políticas y culturales resultado de una construcción dialógica). En cualquiera de los casos, este autor apunta que es importante destacar la conveniencia de deliberar acerca de principios de justicia a través del diálogo (fomentando una racionalidad intersubjetiva y comunicativa, valores democráticos, habilidades de comunicación y de pensamiento autónomo) frente a la enseñanza de ideas particulares del bien.
Cabrera (2008, 376), por su parte, propone una noción de ciudadanía y una educación para la misma que enfatizan el sentimiento de pertenencia e identidad, a la que nosotros nos adherimos: “hoy lo que preocupa a la Pedagogía es cómo la persona construye la conciencia viva de pertenecer a una comunidad, en la que siente que forma parte y en la que actúa, desde su autonomía personal y de una manera corresponsable con la colectividad. Esto es, el énfasis que hoy se coloca en la noción de ciudadanía y la preocupación por su educación es que se trata de una condición relacionada con el sentido de pertenencia y de identidad a una comunidad, con la capacidad de la persona para debatir, argumentar y llegar a consensos de manera colectiva, y con el desarrollo de una conciencia personal y autónoma de formar parte de un proceso de construcción colectiva de normas y valores de convivencia. Esta ciudadanía no es algo natural e inherente a la persona, es algo que se aprende, que se ejercita y se constituye como un proceso social en permanente construcción. Más allá del «ser ciudadano» -un estatus reconocido- está el «sentirse ciudadano-conciencia de pertenencia e identidad cívica-”.
La condición de ciudadanía se vincula asimismo, hoy día, al ejercicio de la democracia, a la existencia de unas leyes y normas y a la posesión de unos derechos y obligaciones y se le asocia una vertiente más racional que tiene que ver con la justicia y otra con un marcado componente emocional, relativa al sentimiento de pertenencia al que nos referíamos arriba.
En tanto que la noción de la ciudadanía no puede concebirse como estática, en la actualidad se ha caracterizado por la superación de las fronteras de los estados nacionales y el creciente protagonismo de unidades transnacionales, la reafirmación de una diversidad de identidades culturales como respuesta a la homogeneización cultural asociada a la globalización o la necesidad de receptores más críticos que nunca en la sociedad de la información (Pérez Pérez, 2016, 2018).
Educación para la Ciudadanía
El abordaje ahora del concepto de Educación para la Ciudadanía demanda considerar la ciudadanía como resultado de un aprendizaje cívico y moral. En este sentido, Pérez Pérez (2018) se refiere a seis valores morales (justicia, libertad, igualdad, honestidad, solidaridad y tolerancia) cuyo desarrollo ayudaría al objetivo de convertir al alumno en una “buena persona” y en el que consistiría básicamente su educación en tanto ciudadano. Esta educación solo sería posible, en opinión de la autora, a partir de una cierta madurez moral (que permitiría la toma de conciencia respecto de necesidades de una comunidad y el compromiso para la mejora de la misma) y formaría individuos capaces de analizar las normas vigentes, de tomar decisiones autónomas, y de participar en proyectos comunes para lograr una convivencia justa.
Bolívar (2007) se refiere a cuatro planos de desarrollo diferenciados para definir el papel de la Educación para la Ciudadanía que pueden resultarnos ilustrativos: desarrollo socioeconómico (relacionado, entre otras cuestiones, con la justicia distributiva o el consumo responsable), desarrollo sociopolítico (que tiene que ver con la convivencia democrática y los derechos humanos), desarrollo sociocultural (interculturalidad, equidad) y desarrollo socioafectivo (autoestima, autonomía, igualdad de género).
En la definición de este autor, la Educación para la Ciudadanía comprende fundamentalmente el reconocimiento del alumno como miembro de una ciudadanía global y la pertenencia a una comunidad política, la toma de conciencia respecto a desigualdades e injusticias sociales, el desarrollo de criterios morales propios de elección y justificación de las acciones que se llevan a cabo y una asunción crítica de las normas y valores establecidos (lo que supone la participación activa en un determinado proyecto de sociedad y la elección autónoma del propio modo de vida), así como el conocimiento de los fundamentos de los sistemas democráticos, de la Constitución española y de las declaraciones de derechos humanos y una actitud crítica ante su violación.
Otros autores como Santisteban (2004) la definen en términos de un aprendizaje de la democracia, de habilidades de argumentación y diálogo, de toma de decisiones y de resolución de conflictos, que comporta, asimismo, el reconocimiento de deberes y la exigencia de derechos.
Sin duda, una cuestión fundamental es la diferencia entre Educación para la Ciudadanía y Educación Cívica y el porqué de la preferencia por la primera, tal y como explica Cabrera (2008, 376) en las siguientes líneas: “Lo que representa hoy la noción de ciudadanía explica que se prefiera en la actualidad hablar más de educación para la ciudadanía que de educación cívica. Esta última se asocia más a una educación de tipo eminentemente cognitivo y principalmente referente a la adquisición de conocimientos e información acerca de la democracia, su gobierno e instituciones políticas. En cambio, la educación para la ciudadanía es un concepto más amplio que incluye (…) el desarrollo de competencias ciudadanas que facilitan un ejercicio ciudadano activo, democrático, responsable y crítico en su comunidad, al nivel que fuere”.
En el contexto europeo la Educación para la Ciudadanía se habría organizado en tres ámbitos fundamentales de intervención educativa: alfabetización política (que incluiría, por ejemplo, el conocimiento de instituciones sociales, políticas y cívicas o de los derechos humanos, el estudio de problemas sociales actuales, la enseñanza de las constituciones y de los derechos y deberes ciudadanos o el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística); desarrollo del pensamiento crítico y de actitudes y valores necesarios para la formación de ciudadanos responsables (que comprendería, entre otros aspectos, educación en valores, reconocimiento y respeto por uno mismo y por los demás, responsabilidad social y moral, espíritu solidario, aprendizaje de la escucha y resolución pacífica de conflictos o estrategias para combatir el racismo y la xenofobia) y adquisición de competencias necesarias para la participación en la vida pública, social y cultural (que implicaría la práctica de la democracia en el centro o el desarrollo de proyectos comunitarios) (Pérez Pérez, 2018).
Por su parte, Bolívar (2007) se refiere a tres contextos o dimensiones para el aprendizaje de la ciudadanía: currículo informal (currículo oculto y medios de comunicación), currículo no formal (actividades extraescolares, ethos del centro escolar y participación en la toma de decisiones) y currículo formal (como asignatura específica, contenidos integrados o temas transversales).
En cuanto a la propuesta de enseñanzas mínimas que se realizó, los cuatro grandes bloques que la constituían fueron relaciones interpersonales y participación (autonomía, relaciones humanas, ayuda y cuidado de los otros…), derechos y deberes de los ciudadanos (Declaración Universal y su defensa, igualdad y diversidad, derechos de la mujer…), sociedades democráticas (modelo político español, convivencia en una sociedad plural, consumo, protección civil, educación vial…) y ciudadanía en un modo globalizado (desigualdad, conflictos, interdependencia…) (Bolívar, 2007).
Otra propuesta de contenidos digna de ser considerada es la que ofrece Cabrera (2008) al referirse a los modelos de Educación para la Ciudadanía introducidos por el grupo GREDI y que contempla tres objetivos fundamentales: desarrollar un sentimiento de pertenencia a una comunidad cívica, formar en competencias ciudadanas y favorecer la implicación y la participación activa.
En cuanto al aprendizaje de la ciudadanía establece, asimismo, tres tipos de objetivos: de cultura política, correspondientes al área cognitiva (conocimiento de instituciones sociales, políticas y cívicas, de los derechos humanos…); actitudes, valores y pensamiento crítico (respeto, resolución de conflictos, responsabilidad…) y participación activa en la comunidad escolar y local.
Entre las estrategias y técnicas de aprendizaje indicadas para educar en ciudadanía se han mencionado la organización de los centros siguiendo modelos de participación democrática, la organización cooperativa (favoreciendo la participación, el debate y la toma de decisiones, así como una comunicación bidireccional, pautas de convivencia negociadas y metas comunes), las campañas solidarias, el aprendizaje servicio, las asambleas, el aprendizaje por proyectos, las situaciones problema, los dilemas morales, la evaluación y ordenación de listas de valores en función de la importancia otorgada como guía en la propia vida, el desarrollo de planes de acción, el cine fórum o el disco fórum.
En materia de competencias, Pérez Pérez (2016) destaca la competencia crítica (cuestionamiento de informaciones y hechos), las competencias emocionales y afectivas (desarrollo integral de la persona), las competencias comunicativas (capacidad de diálogo y toma de decisiones) y las competencias para afrontar conflictos (en pro de la no-violencia).
En lo concerniente a la metodología y la evaluación, Cabrera (2008) resalta de nuevo la conveniencia de formas de aprendizaje activo y participativo, de proyectos prácticos, reales y significativos, así como de la autoevaluación, el diálogo evaluativo (en que los sentimientos y las dudas son tan importantes como las razones y argumentaciones) y el fórum de deliberación (que permite la construcción de juicios colectivos a partir de distintos intereses y perspectivas), dando lugar a una evaluación participativa y democrática.
En este sentido, la autora afirma: “los procesos y sinergias que puede generar la evaluación cuando toma la línea directriz de la participación la transforman en una herramienta enormemente eficaz para el desarrollo de habilidades y competencias ciudadanas, a la vez que fortalece comportamientos democráticos entre los participantes donde el poder y la responsabilidad se distribuyen de manera subsidiara. Desde esta concepción de evaluación (…) se convierte entonces en una estrategia para avanzar en la resolución de problemas sociales (pobreza, marginación social, etc.) y el evaluador adquiere un compromiso con la educación cívica, el desarrollo humano y la emancipación frente a toda clase de poder” (Cabrera, 2008, 387).
Desarrollo
En este trabajo consideramos que uno de los objetivos fundamentales de esa Educación para la Ciudadanía que entendemos que habría de ser materia obligatoria es la formación de los alumnos como votantes informados y críticos y el desarrollo de su capacidad de discernir a qué proyecto de ciudadanía se adhieren.
Las propuestas de ciudadanía disponibles, nos guste o no, se reducen a un número limitado: el de las propuestas plasmadas en los programas de los distintos partidos políticos candidatos a la presidencia del gobierno; es por ello, que consideramos que la lectura detenida y el análisis exhaustivo de dichos programas rastreando los modelos de ciudadanía que se proponen en cada uno de ellos para poder realizar una identificación reflexiva en consecuencia con aquel que mejor se adapte al propio pensamiento habría de constituir un objetivo insustituible de esa Educación para la Ciudadanía como entrenamiento de un ejercicio que los alumnos, más adelante, habrán de realizar como votantes.
Para probar la importancia de dicho ejercicio, en este trabajo hemos hecho lo propio, una lectura detenida de los programas presentados por los quince partidos políticos (PSOE, PP, PODEMOS, Ciudadanos, MÁS PAÍS-EQUO, Esquerra Republicana, JXCAT, PACMA, EH Bildu, Coalición Canaria, PNV, PRC, Por un mundo más justo, Recortes cero y VOX) candidatos a la presidencia en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019 en nuestro país, en las que fuimos llamados a votar por segunda vez, dada la incapacidad de pacto y negociación de los dirigentes como resultado de las elecciones anteriores (lo que imposibilitó en aquella ocasión la formación de gobierno).
Como consecuencia de esa lectura, hemos podido abstraer seis categorías (género, inmigración, diversidad sexual, democracia, modelo de estado, España en Europa y asuntos exteriores) a manera de subdivisión de esas propuestas de ciudadanía realizadas por los diferentes partidos y dentro de cada una de esas categorías hemos podido identificar aún una serie de subcategorías que nos han servido para agrupar en distintos planos (política, legislación, educación…) las medidas concretas propuestas, analizando y comparando, además, la coincidencia o la divergencia entre partidos en cada caso; así pues, nos hemos valido de la técnica del análisis del contenido, enmarcándonos en el paradigma de investigación cualitativo y siendo el sistema de categorías y subcategorías de análisis emergente (Cambra, 2003; McMillan y Schumarcher, 2005; Miles y Huberman, 1994).
Pasamos ya a volcar los resultados fruto del análisis de datos (el contenido de los programas de los quince partidos políticos) y a la discusión de los mismos. Estructuramos para ello la redacción y la discusión en esas seis categorías mencionadas.
a) Género
Tras la lectura de las medidas concretas propuestas por los distintos partidos en materia de género las hemos clasificado en las siguientes categorías: política, legislación, economía, trabajo, educación, salud y sexualidad, maternidad, conciliación y violencia.
En la categoría política destacaríamos la Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados (PODEMOS) o el Plan de formación de todo el Gobierno del Estado para que la igualdad de género impregne todas las políticas públicas (JXCAT). En el ámbito legislativo, la Reforma de la legislación penal, de manera que el consentimiento de la víctima sea clave en la calificación de delitos sexuales (PSOE) o la habilitación de tribunales especiales ante la violencia machista, con formación específica y el presupuesto necesario (EH BILDU).
En el plano económico, se mencionan la reducción del IVA en los productos de higiene femenina (PSOE, PP) o la lucha contra la precarización y la pobreza femenina con la igualdad laboral y el reconocimiento y las prestaciones adecuadas en las tareas de cuidado (Esquerra Republicana).
En la categoría de trabajo, acabar con la brecha salarial (PP, PODEMOS, Coalición Canaria, PNV, Esquerra Republicana) y el techo de cristal (PODEMOS, PNV, Esquerra Republicana), conseguir la paridad o lograr una mayor presencia de las mujeres en administración, política, medios de comunicación y puestos de responsabilidad (PSOE, PNV, Esquerra Republicana, PODEMOS, Ciudadanos, MÁS PAÍS EQUO) y desarrollar medidas para incentivar proyectos dirigidos y liderados por mujeres en cultura y deporte (MÁS PAÍS-EQUO, PODEMOS, PSOE) son los propósitos que mayor coincidencia obtienen entre los diferentes partidos.
La legislación a favor de la igualdad retributiva, estadísticas salariales desglosadas por sexo en las empresas o complicidad del mundo sindical y empresarial son algunas de las concreciones que realizan MÁS PAÍS-EQUO, Ciudadanos y Esquerra Republicana, respectivamente, en cuanto al primer propósito. En cuanto al segundo propósito, VOX, por contra, demanda la supresión de cuotas por sexo en listas electorales. Y en lo concerniente al tercero, son destacables el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación (PODEMOS) o el programa de atracción y retención del talento de las mujeres en el ámbito digital (PSOE).
En el ámbito educativo destacan, en primera instancia, la educación en igualdad (formación permanente del profesorado, asignatura de feminismos, educación afectivo-sexual, en corresponsabilidad y formación en violencias machistas) (MÁS PAÍS-EQUO, PACMA, PODEMOS) y la formación en perspectiva de género y violencia machista por parte de los profesionales del sistema judicial, sanitario o que ofrecen servicio a las mujeres víctimas de la misma (PSOE, Esquerra Republicana, PACMA, Por un mundo más justo, MÁS PAÍS-EQUO). En cuanto al primer aspecto, podemos resaltar la revisión de planes de estudio y libros de texto para revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos (PACMA) o la introducción de la perspectiva de género en docencia, investigación y gestión (Esquerra Republicana). En segundo lugar, cabe destacar planes y campañas dirigidos al conjunto de la ciudadanía con el objeto de eliminar prejuicios y estereotipos de género y prevenir la violencia machista (PACMA) o de visibilizar aportaciones culturales realizadas por mujeres (MÁS PAÍS-EQUO). Cabe subrayar, asimismo, el código de actuación en materia de publicidad con el objetivo de erradicar contenidos sexistas y la perpetuación de estereotipos que propone JXCAT.
En el terreno de salud y sexualidad destacan la erradicación de la trata y la explotación sexual (PP, PSOE, PODEMOS, Coalición Canaria) y una ley del aborto que asegure el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sin plazos y desde un sistema público, gratuito y universal (MÁS PAÍS-EQUO, Esquerra Republicana). El PP propone la lucha contra la mutilación genital y loa matrimonios forzados. Y la preocupación de VOX se centra en la supresión de las intervenciones de cambio de género o aborto de la sanidad pública.
Por lo que respecta a la maternidad predominan la prevención de embarazos no deseados, la seguridad en la interrupción voluntaria y los tratamientos de reproducción asistida (PSOE) o el apoyo económico y las escuelas infantiles gratuitas (MÁS PAÍS-EQUO).
En materia de conciliación, la equiparación de permisos de paternidad y maternidad y la racionalización horarios son las medidas que mayor coincidencia obtienen entre los diferentes partidos (PSOE, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, PACMA, JXCAT, PODEMOS). Bancos de horas (PP), teletrabajo (PP, Ciudadanos, VOX, PACMA), flexibilidad horaria y trabajos de media jornada o una jornada laboral de 32/34 horas semanales (VOX, Esquerra Republicana, PACMA, JXCAT, PODEMOS, MÁS PAÍS-EQUO, Ciudadanos) constituyen algunas de las propuestas para concretar esa racionalización. PODEMOS propone específicamente un sistema público de cuidados y PACMA guarderías en los centros de trabajo.
Pasamos a la última categoría en materia de género, la violencia. Aquí destacan el seguimiento del Convenio de Estambul (PSOE, Coalición Canaria, PNV, Esquerra Republicana, JXCAT) y el Pacto de Estado contra la violencia de género (PSOE, PP, Ciudadanos, Coalición Canaria), con la nota discordante de VOX, que propone sustituir la ley de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar y perseguir las denuncias falsas. A esto se añaden la promesa de una dotación económica anual de 600 millones de euros para un Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas (que comporta la actualización de su definición y protocolos obligatorios de actuación) por parte de PODEMOS y distintos tipos de garantías para las víctimas: económica y de alternativa habitacional (PODEMOS, PACMA), o de seguridad, en forma de seguimiento y control policial (MÁS PAÍS-EQUO, PACMA) o en forma de refuerzo de los servicios sociales proporcionados a las mujeres víctimas (Por un mundo más justo).
b) Inmigración
Tras la lectura de las medidas concretas propuestas por los distintos partidos en materia de inmigración hemos podido clasificarlas en las siguientes categorías: política, legislación, educación, servicios sociales, ciudadanía y regulación.
En la categoría política, las medidas que obtienen una mayor coincidencia entre los diferentes partidos son la exigencia a los gobiernos de protección y garantía de los derechos humanos a las personas migrantes o refugiadas (PACMA, JXCAT, PNV), el cierre de los CIE (PODEMOS, PNV, Esquerra Republicana, JXCAT) y el principio de no devolución “en caliente” (PNV, JXCAT). El PSOE, por su parte, propone un Pacto de Estado en materia de Inmigración. Como notas discordantes es posible mencionar la propuesta de una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo por parte del PP o la subordinación de la inmigración a las necesidades de la economía española y a su capacidad de integración (privilegiando nacionalidades que comparten idioma y lazos de amistad y cultura con España) por parte de VOX, que además pide el cierre de mezquitas.
En el plano legislativo, destaca la propuesta de una Ley Integral para la Igualdad de Trato (PODEMOS, PACMA). En la misma dirección, Esquerra Republicana propone derogar la Ley de Extranjería y promover una Ley de Movilidad Humana que garantice el trato digno de todas las personas y la obtención de la nacionalidad por residencia en un máximo de cinco años, así como una Ley contra el Racismo y la Xenofobia, que ilegalice las prácticas discriminatorias. Coalición Canaria pone el foco de atención en la consideración de la llegada de MENA como asunto prioritario para el Estado y pide modificaciones legislativas para que todas las comunidades se impliquen en la acogida, formación e integración de estos. En un sentido opuesto, el PP apuesta por tratados internacionales de retorno y expulsión de inmigrantes irregulares y VOX plantea la medida de que cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España esté incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y a recibir cualquier tipo de ayuda.
En el ámbito educativo, predominan la promoción de la interculturalidad y el plurilingüismo (Esquerra Republicana, PACMA) y las actuaciones de acción positiva para prevenir el racismo y la xenofobia (Esquerra Republicana, PACMA).
En el terreno de los servicios sociales, destacan el refuerzo del servicio de salvamento marítimo (PODEMOS), el fortalecimiento del sistema de atención a los MENA (PP), el aumento del presupuesto y del número de plazas en centros de acogida, el acceso de personas migrantes y refugiadas a todos los derechos (educación, sanidad, alojamiento) o el servicio de aprendizaje del idioma (PACMA). Como nota discordante, VOX pide la eliminación del acceso gratuito a la sanidad por parte de inmigrantes ilegales.
En materia de ciudadanía, es destacable la petición explícita del derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras por parte de PODEMOS.
Por último, en la categoría que hemos denominado “regulación”, merecen especial atención la agilización de los trámites administrativos para la obtención de la nacionalidad por residencia, arraigo y reagrupación familiar (PSOE, PODEMOS, Por un mundo más justo, JXCAT) o la firma de acuerdos de doble nacionalidad (PSOE, Esquerra Republicana), dada la coincidencia que obtienen entre las medidas planteadas por diferentes partidos. En contraposición, Ciudadanos propone un sistema de “visado por puntos” para atraer el mejor talento extranjero a nuestro país, basado en criterios objetivos (edad, nivel de estudios, conocimiento del español, etc.). Asimismo, VOX pide elevar la exigencia en idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad, fortalecer nuestras fronteras (refiriéndose al muro entre Ceuta y Melilla) y dar a los policías recursos materiales y humanos para cuidar nuestras fronteras.
c) Diversidad sexual
Tras la lectura de las medidas concretas propuestas por los distintos partidos en materia de diversidad sexual, hemos podido clasificarlas en las siguientes categorías: política, legislación, trabajo, educación, servicios sociales, administración y sanidad.
En el terreno político, destaca la petición de protocolos obligatorios contra la LGTBIfobia, a la que se adhieren diferentes partidos (PODEMOS, PSOE, MÁS PAÍS-EQUO, Coalición Canaria).
En el plano legislativo, la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación de personas LGTBI (PSOE, Esquerra Republicana, PACMA, Ciudadanos, PODEMOS, MÁS PAÍS-EQUO, JXCAT) y la Ley de Protección y Apoyo a las Familias que garantice igualdad de derechos y oportunidades de todas las opciones (CIUDADANOS, PSOE, PODEMOS, MÁS PAÍS-EQUO, PACMA) son las que mayor apoyo obtienen. Cabe destacar, asimismo, la petición de ampliación de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (PODEMOS, Esquerra Republicana) y de una Ley Integral Trans que reconozca la autodeterminación de género (MÁS PAÍS-EQUO).
En materia laboral o en la categoría de trabajo, son resaltables la petición de integración sociolaboral y plena participación en la vida política, social y cultural de las personas trans (PSOE, Esquerra Republicana, MÁS PAÍS-EQUO) y la generalización de CV ciegos (MÁS PAÍS-EQUO).
En el ámbito educativo, la medida predominante es la inclusión de contenidos en torno a la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género en el currículo de Infantil, Primaria y Secundaria (MÁS PAÍS-EQUO, PODEMOS, Recortes cero, PACMA), seguida de la realización de campañas para promover el respeto y la normalización social de la diversidad sexual y familiar y la prevención de la LGTBIfobia y el acoso (MÁS PAÍS-EQUO, PACMA). Más allá de lo anterior, MÁS PAÍS-EQUO otorga prioridad a garantizar que el profesorado reciba la formación necesaria para incluir en la labor docente el tratamiento de la diversidad afectivo-sexual y de género para prevenir, detectar y eliminar la LGTBIfobia, especificando líneas de actuación y protocolos de prevención del acoso, así como al desarrollo de planes de formación y sensibilización dirigidos a profesionales que lleven a cabo tareas de prevención, detección, atención, asistencia y recuperación en los ámbitos de salud, educación, empleo, servicios sociales, justicia y cuerpos de seguridad, deporte, cultura, ocio y comunicación de la Administración Pública.
En materia de servicios sociales, PACMA y MÁS PAÍS-EQUO coinciden en la proporción de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTBI+ y de asesoramiento jurídico a colectivos vulnerables. A lo anterior, MÁS PAÍS-EQUO añade la creación de centros LGTBI+ que ofrezcan información, apoyo psicológico, asesoramiento laboral, legal y jurídico a personas trans, intersexuales y a personas migradas o refugiadas que pertenezcan al colectivo LGTBI+.
Pasamos al plano administrativo, en que las propuestas son monopolizadas por MÁS PAÍS-EQUO: prohibir que entidades públicas y privadas exijan la autoidentificación de género o sexo si no es estrictamente necesario y elaborar formularios administrativos con una tercera casilla de “no binario” para indicar el género, promover el uso de lenguaje inclusivo en la Administración Pública y simplificar los procesos de adopción sin importar la orientación sexual o la identidad género de los solicitantes.
Por último, en el ámbito sanitario destacan la financiación pública de la reproducción asistida de todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual o estado civil (Esquerra Republicana, PACMA), la despatologización de la transexualidad en el sistema sanitario público (Esquerra Republicana) y la asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo (PACMA).
d) Democracia
Las medidas propuestas por los diferentes partidos en materia de democracia, las hemos clasificado en cuatro categorías: educación, legislación, ciudadanía y alternativas de mejora.
En el ámbito educativo, mientras el PSOE propone la obligatoriedad de una educación en valores constitucionales, democráticos, cívicos y universales, de una educación para una ciudadanía global, Ciudadanos apuesta por una asignatura sobre la Constitución Española obligatoria y evaluable (consistente en conocer derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como la organización del estado). Por un mundo más justo demanda la revisión de los fines del modelo educativo de manera que se prioricen la educación para la ciudadanía global, la democracia participativa y la transformación social, con libertad de educación y sin adoctrinamiento ni imposiciones ideológicas. Esquerra Republicana habla de ciudades, barrios y pueblos educadores, corresponsabilizando a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación en el pluralismo ideológico y la educación en valores.
Siguiendo con los medios, PODEMOS propone fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las fake news (noticias falsas). Como nota discordante, VOX pide el PIN parental y autorización expresa con consentimiento de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales.
En el plano legislativo, en este caso existe bastante coincidencia entre las propuestas de los diferentes partidos: Ley contra la Corrupción (PSOE, CIUDADANOS, PNV, Recortes cero, PACMA, JXCAT, PODEMOS), Ley de Transparencia (PSOE, CIUDADANOS, PNV, Por un mundo más justo, Recortes cero, Esquerra Republicana, PACMA, JXCAT) y fin de leyes mordaza (PODEMOS, EH BILDU, PNV, Recortes cero, Esquerra Republicana, PACMA, JXCAT).
Pasamos a la categoría de ciudadanía. Al tiempo que PODEMOS reivindica el derecho de sufragio a partir de los dieciséis años, Esquerra Republicana el derecho a voto de toda la ciudadanía, refiriéndose explícitamente a personas de todos los orígenes. Este partido habla, asimismo, de los valores republicanos como base para una ciudadanía libre, crítica y comprometida.
Por último, en la categoría que hemos denominado alternativas de mejora (en materia de democracia) destaca la petición de un gobierno abierto, de una mayor participación ciudadana y transparencia (PP, Esquerra Republicana, JXCAT). Ello se concreta, en cuanto al primer aspecto, en una democracia calificada de participativa, con cabida a iniciativas legislativas y consultas populares (Recortes cero, Esquerra Republicana, PACMA, JXCAT, PODEMOS). En cuanto al segundo, se habla de reforma en la financiación de los partidos políticos acentuando la transparencia (PP, PODEMOS, Recortes cero). Otra petición en la que encontramos bastante coincidencia entre los diferentes partidos es la mejora de la proporcionalidad del sistema electoral (PODEMOS, CIUDADANOS, Recortes cero, PACMA).
e) Modelo de estado
Tras la lectura de las medidas concretas propuestas por los distintos partidos en cuanto al modelo de estado, las hemos clasificado en tres categorías: comunidades autónomas, lenguas y valores definitorios.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, el PSOE habla de hacer frente al conflicto de Cataluña desde el diálogo, dentro de la Constitución y del Estado de Autonomía, explicitando que no tiene cabida un referéndum de autodeterminación. PODEMOS se refiere a la resolución democrática del conflicto catalán, en términos de un proceso de reconciliación que permita diálogo y acuerdos y habla concretamente de un referéndum pactado y de la defensa de un nuevo encaje de Cataluña en España. El PP se refiere escuetamente a la legalidad constitucional en el ejercicio del derecho de autonomía y Ciudadanos al restablecimiento de la Constitución en Cataluña y a la aplicación del artículo 155. VOX opta radicalmente por la suspensión de la autonomía catalana.
Más allá de la cuestión catalana, el PSOE habla de diversidad, unidad y solidaridad garantizadas por el estado autonómico y de la descentralización de instituciones y organismos estatales como declaración de intenciones. Ciudadanos y PRC coinciden en la petición de una financiación autonómica justa, equitativa y transparente. VOX apuesta por un solo gobierno y un solo parlamento para toda España, limitando la capacidad legislativa autonómica.
En una línea coincidente de petición de una mayor autonomía de gobierno, nos encontramos con la defensa del derecho de autodeterminación de la ciudadanía vasca expresado a través de un referéndum y la transferencia de todas las competencias a esta (EH BILDU), de un estado autonómico con mayores cotas de autogobierno y que reconozca singularidades (Coalición Canaria), de más autogobierno, asimismo, para la nación vasca (PNV) o de la autodeterminación e independencia de Cataluña (Esquerra Republicana, JXCAT).
En el plano lingüístico, podemos identificar dos posturas contrapuestas. Por una parte, el castellano como única lengua cuyo conocimiento sea requisito indispensable para el acceso al empleo público (PP, VOX, Ciudadanos). En este sentido, Ciudadanos se refiere al español como lengua oficial y común en toda España y VOX habla del español como lengua vehicular obligatoria y de las lenguas cooficiales como opcionales. Por otra, el respeto a las lenguas cooficiales, su promoción como parte de nuestra identidad y riqueza cultural y la correcta aplicación de la cooficialidad y el pleno uso en todos los ámbitos dependientes de las administraciones del Estado (PNV, PACMA, PODEMOS, Esquerra Republicana, JXCAT).
En el plano de los que podrían considerarse valores definitorios, el PSOE habla de una España democrática, plural, abierta, europea y moderna y apuesta por la aconfesionalidad del estado y la libertad religiosa. VOX pone énfasis en el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal (gestas y hazañas por parte de héroes nacionales), la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación (bandera, himno, corona) y la unidad y la soberanía como valores. Cabe apuntar que el PRC explicita el orgullo de ser cántabros y españoles (doble sentimiento de pertenencia) o que Esquerra Republicana da prioridad a los valores republicanos y a la laicidad como espacio para favorecer el diálogo interreligioso.
f) España en Europa y asuntos exteriores
En cuanto al encaje de España en Europa y a los asuntos exteriores, tras la lectura de las medidas concretas propuestas por los diferentes partidos hemos podido clasificarlas en las siguientes categorías: política, legislación, ayuda exterior, España en Europa y valores.
En el terreno político, PODEMOS habla de una España impulsora de la democracia internacional y propone la creación de una Asamblea Parlamentaria en la ONU para abordar temas clave. En el plano legislativo, de nuevo PODEMOS coincide con Por un mundo más justo en aprobar una Ley de Protección de los Derechos Humanos en relación con las actividades de empresas internacionales.
En materia de ayuda exterior, existe coincidencia en el propósito de reducir la pobreza y la desigualdad y de aumentar el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo (PSOE, PODEMOS, JXCAT). Aunque también encontramos una declaración de propósitos divergente entre los partidos en este punto: África como prioridad de la UE (PSOE, PODEMOS, Coalición Canaria, Por un mundo más justo), promoción de la democracia en Venezuela (PP), defensa de los derechos de los exiliados venezolanos y creación de un Estatuto de Protección Temporal para todos los venezolanos refugiados en España (CIUDADANOS) o apoyo a los demócratas cubanos (PP).
En relación al análisis de cuanto dicen los diferentes partidos políticos en sus programas respecto al encaje de España en Europa, encontramos coincidencia en cuanto a la presencia activa de España en las instituciones europeas (PSOE, PP, VOX, Por un mundo más justo). PSOE, JXCAT y Esquerra Republicana apuestan por el avance hacia una Europa federal. Ciudadanos habla de la facilitación de la cooperación público-privada en proyectos internacionales. Y Esquerra Republicana pone el foco de atención en continuar trabajando para la designación del catalán y el occitano como lenguas oficiales de la UE.
Pasamos por último a los valores. Garantizar una globalización más justa y sostenible, promoviendo la paz y el respeto de los derechos humanos constituye la declaración de principios más reiterada en los programas de los diferentes partidos políticos (PSOE, PNV, Recortes cero, Esquerra Republicana, JXCAT, PODEMOS, MÁS PAÍS-EQUO). Como nota diferencial, PODEMOS apuesta por una cooperación feminista y MÁS PAÍS-EQUO hace de una cooperación enfocada a al respeto a los derechos de las personas LGTBI+ su seña de identidad.
Conclusiones
Parece claro que del análisis de los programas presentados por los distintos partidos políticos se deriva una idea más clara de los distintos modelos de ciudadanía propuestos por estos, análisis que sin duda ayudaría a una identificación más reflexiva y consciente por parte de los alumnos con una u otra propuesta, a la detección de afinidades, a la reafirmación de posturas y por supuesto también al posicionamiento en contra o a la localización incluso de inviabilidades o de incoherencias entre la teoría y la práctica nada infrecuentes en el terreno político.
Consideramos que este análisis habría de añadirse a los objetivos propuestos por otros autores cuando hacíamos una revisión en apartados anteriores del concepto y de los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuya incorporación al currículum español en diferentes niveles educativos nos parece estrictamente necesaria, ya mencionadas la desafección política de los jóvenes, la pérdida de autoridad moral y de legitimidad ética de los dirigentes, las complejidades añadidas a la convivencia en sociedades eminentemente diversas, las distintas formas de desigualdad y discriminación que persisten y el auge de actitudes que en nada ayudan a superarlas (racismo, xenofobia, sexismo, homofobia…), la necesidad imperiosa de formar receptores críticos en la actual sociedad de la información o el resurgir del cuestionamiento de la necesidad de una educación cívica en nuestro país a raíz de la propuesta del PIN parental por parte de VOX.
Nosotros, para acabar, nos sumamos a los planteamintos de Maalouf (2019, 214-215) en las siguientes líneas sobre la importancia del sentido cívico y de tejer lazos de unión entre quienes tuvieron itinerarios diferentes en comunidades que, en casi todos los casos y contextos, hoy día, no podemos calificar sino de plurales, entendiendo, sin duda, esa pluralidad como una riqueza y también como un reto al diálogo, a la búsqueda de puntos de encuentro, de principios de justicia y de proyectos de sociedad compartidos, atenuados los resentimientos, y nacidos de la diversidad: “¿Cómo calcular en un país la pérdida de sentido cívico? ¿Cómo medir la relajación o el estrechamiento de las relaciones entre los diversos componentes de la población? ¿Cómo demostrar que existe un vínculo entre la desconfianza hacia las autoridades públicas y el auge del comunitarismo, de la violencia o de la corrupción? Entramos en el ámbito de lo inaprensible y de lo incuantificable; de nada serviría acumular cifras y hechos (…) Una de las características de este siglo es precisamente que cada vez hay menos factores de unión. He estado a punto de añadir: sobre todo cuando se trata de naciones plurales, pero es una precisión superflua. Todas son plurales, incluso aunque algunas lo admitan de mejor grado que otras, y a todas, por lo tanto, les cuesta anudar lazos sólidos entre personas, familias y comunidades que tuvieron itinerarios diferentes” (Maalouf, 2019, 214-215).
