Nacionalismo progresista y el brexit

En un oportuno ensayo, justo después de la votación del brexit, el gran académico egipcio marxista ^{Samir Amin (2016)} planteó la pregunta clave: ¿soberanía nacional, para qué? A primera vista, defender la «soberanía nacional» en una era de globalización de las fuerzas económicas podría parecer anacrónico. Sin embargo, en una contribución reciente en el Journal of Labor and Society, Amin hace una importante distinción entre lo que él denomina «soberanía nacional (...) al servicio de (...) los monopolios financieros» y «nacionalismo progresista» (2017). Según él, el Estado nación «sigue siendo el único contexto para el desarrollo de las luchas decisivas que en última instancia transforman el mundo» (2017:8).

Amin describe dos conceptos antónimos de «soberanía nacional» que, o es potencialmente regresivo, excluyente y divisorio, o bien es progresista, incluyente y solidario. En su opinión, «no deberíamos reducir la protección de la soberanía a la modalidad del nacionalismo burgués. La defensa de la soberanía no es menos importante para la protección de la alternativa popular en el largo camino hacia el socialismo» (2017:8). Aquí, asume una perspectiva que se orienta hacia cuestiones de soberanía y nacionalismo en la misma línea de la tradición marxista clásica, a la vez que se remonta al trabajo de Lenin e incluye en diversos grados figuras más contemporáneas, tales como el Eric Hobsbawm tardío y Tom Nairn (^{Spencer y Wollman, 2002:44}).

Siguiendo el «nacionalismo progresista» de Amin, éste se concibe tanto «popular» como esencialmente «democrático». Su contenido se define en primera instancia en oposición a las élites nacionales gobernantes, porque entraña «luchas (de clases) decisivas» en aras de los derechos democráticos. También requiere de una acuciosa observación empírica sobre el carácter específico de esas luchas de clase democráticas a escala nacional a fin de identificar su potencial internacionalista para vincularse con otras de la misma naturaleza democrática y popular. Por definición, un nacionalismo progresista implica una clara oposición a la configuración política remota e integracionista de las instituciones supranacionales de la UE neoliberal. Por tanto, la recuperación de una soberanía nacional democrática es incompatible con la continuidad de la participación en la UE y con la supremacía de la Corte de Justicia de la UE por encima de la ley nacional soberana. La naturaleza no eleccionaria y políticamente incuestionable de la UE, cuyo ejemplo es la Comisión Europea y sus directores, ha sido descrita por Amin como la «negación absoluta de la democracia» e «imposible» de ser reformada. Esta visión del gobierno de la UE no corresponde con el planteamiento de Yanis Varoufakis de que «todavía es posible lograr una UE democrática» a través de «un movimiento paneuropeo de desobediencia a las élites transnacionales» con la intención de «crear el pueblo europeo» (^{Varoufakis, 2016}; ^{Denayer, 2016}).

Para la izquierda europea y más allá de ésta, el discurrir sobre esas posiciones divergentes conlleva importantes implicaciones, cuando menos en la localización del lugar de los conflictos en el Estado nación y en el establecimiento de alianzas estratégicas en un contramovimiento internacionalista de austeridad. Una actitud de izquierda a favor de salir de Europa considera que el rechazo a la UE neoliberal representa un rechazo a las intervenciones en la toma de decisiones en la política doméstica, bajo la forma de austeridad y la acción de instituciones financieras europeas supranacionales con capacidades de rigurosa disciplina fiscal que han erosionado la independencia económica de los Estados miembros. Por tanto, la inversión industrial planificada para reconstruir economías locales, así como las intervenciones estatales y las formas democráticas de propiedad pública que podrían producir trabajos decentes y al mismo tiempo generar crecimiento sostenible, solamente pueden existir fuera de la UE. Desde esa perspectiva, el brexit ofrece un espacio con el propósito de que las fuerzas progresistas propongan el control democrático en la dirección del desarrollo económico y en la toma de decisiones en los ámbitos nacional, subnacional, regional y local.

Ese programa de renovación democrática se opone con claridad a la visión conservadora de la Gran Bretaña post-brexit como una versión europea aislada de un «Singapur occidental», caracterizado por desregulación, impuestos mínimos a las corporaciones, salarios bajos, sindicatos débiles y una fuerza laboral de migrantes temporales «no ciudadanos» que en su mayoría carece de la protección de leyes laborales (^{McTague y Guerrera, 2017}). En contraste con tal visión distópica, el contraargumento para un brexit de izquierda se sustenta en considerar hasta qué punto es posible asegurar en el futuro post-brexit mejores estándares laborales y protección para todos los trabajadores en Gran Bretaña, nativos o extranjeros.

El voto en el referéndum de la UE y la migración

En principio, se revisa el maltrecho asunto de la migración laboral y su papel en el referéndum. Los flujos migratorios al Reino Unido, en especial desde otros Estados miembros se convirtieron en el tema de referencia para los debates sobre la participación en la UE. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, la migración laboral de la UE comenzó a crecer luego de su expansión en 2004, de 65 mil en ese año a 125 mil en 2007. Hubo un descenso de la migración de la UE hacia el Reino Unido durante la crisis financiera de 2008 y 2009 entre los ciudadanos de la UE8.² Hasta el 2012 se mantuvo constante en alrededor de 90 mil migrantes anuales. Desde entonces, la migración laboral se ha incrementado en los que se originan en UE 12³ y UE 15.⁴ En el primer caso, luego de que se levantaran los controles transnacionales a principios de 2014, siete años después de que Bulgaria y Rumania se unieran a la UE; y en el segundo, cuando las condiciones de los mercados laborales eran débiles en los Estados miembros del sur de Europa (UE15). La estimación de la migración neta de los países de la UE y de otros a finales del año 2015 mostraba un exceso de 333 mil, de los cuales apenas un poco más de la mitad no era de origen europeo (^{ONS, 2016a}). Se estima que 2.1 millones de personas de la UE trabajan en el Reino Unido, lo que resulta en un total de más de 3 millones que viven en Gran Bretaña (cerca de 1 millón provienen de nuevos Estados miembros de la UE). Aquellos que tienen nacionalidad de la UE constituyen alrededor de 13 por ciento de la fuerza laboral total del Reino Unido, a la par de otros países europeos más antiguos, como Francia y España (cerca de 12 por ciento) (Migration Observatory, 2016).

Desde la elección del brexit en 2016, y quizá como una reacción al auge de los «crímenes de odio» y al clima social en general hostil para los extranjeros, ha habido un descenso en la migración neta al Reino Unido de 248 mil, en específico en profesiones como el cuidado médico que dependen en gran medida del trabajo migrante. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, entre los ciudadanos de la UE8 (nuevos Estados miembros de Europa del Este) se han observado los cambios: descenso en la inmigración (disminuyó en 25 mil) hasta los 48 mil y un aumento en la emigración (más de 16 mil) hasta los 43 mil en 2016 (ambos cambios son estadísticamente significativos); los datos confirman que es la migración neta más pequeña (+5 mil) desde que se anexaron a la UE en 2004 (^{ONS, 2017}).

Dejando de lado las estadísticas, el problema político del gobierno conservador era que durante el proceso hacia el referéndum, había «fallado de manera evidente» en el cumplimiento del compromiso público de David Cameron en 2013 de reducir «radicalmente» la migración neta en los años siguientes, hasta llegar a una cifra de «solamente decenas de miles» (^{Cameron, 23 de marzo de 2013}; ^{The Independent, 26 de febrero de 2015}). La subsecuente promesa de la primera ministra Theresa May, como sucesora de Cameron, era «controlar el número de personas que vienen a Gran Bretaña provenientes de la UE»; cabe mencionar que también se enmarcó en un objetivo de «decenas de miles» (May, 17 de enero de 2017).

El tema pendiente era la cuestión de la libre movilidad del trabajo desde otros países de la UE. Ante la pregunta planteada luego del referéndum, 33 por ciento de los entrevistados expresó que la migración era la principal razón para apoyar el brexit (^{Lord Ashcroft Polls, 2016}). Sin embargo, un dato curioso es que una alta proporción de los que votaron a favor de la salida no se concentraba en áreas de mucha inmigración, a excepción de pueblos que experimentaron flujos migratorios significativos desde Europa del Este en busca de trabajo agrícola, por ejemplo Wisbech en Cambridgeshire y Boston en Lincolnshire.

Más importante aún, el análisis del voto del brexit por área sugiere que «áreas con predominancia del sentimiento antimigrante se caracterizan normalmente por factores estructurales de largo plazo, que resultan en bajos salarios, bajos niveles educativos y elevado desempleo junto con una relativa homogeneidad étnica y cultural» (^{Lawton y Ackrill, 2016}). Esa investigación coincide con otros análisis que usan sondeos de YouGov y Lord Ashcroft, los cuales encontraron que «la votación estaba correlacionada con perfiles distritales de edad, educación (ya sea que tengan algún grado académico o no), ingresos y clase social (a pesar de algunos valores extremos)» (^{Lawton y Ackrill, 2016}). Por tanto, las proporciones elevadas de votos a favor de la salida se observaron en distritos con un perfil de mayor edad, pocos residentes con un nivel educativo equivalente al grado universitario, menores ingresos medianos y menores tasas de empleo en ocupaciones de alta calificación. Esas áreas se localizan en las decadentes comunidades industriales del norte de Inglaterra, en las regiones centrales y en algunos sitios de Gales; en otras palabras, en zonas duramente golpeadas por las políticas de austeridad de los gobiernos laborista y conservador.

Una minuciosa investigación dirigida por el Instituto de Estudios Fiscales ha revelado que las políticas de austeridad polarizan a la población al ampliar las desigualdades sociales y económicas a partir de la crisis de 2008 y al mismo tiempo se ha empeorado el estándar de vida de la familia trabajadora promedio mediante una disminución de los ingresos reales (^{Belfield, Cribb, Hood y Joyce, 2015}). El programa de austeridad de la anterior coalición (liderada por los conservadores con David Cameron como primer ministro), introducía recortes al sector público en 2010 que intentaban enfrentar el enorme déficit presupuestario heredado de la crisis de gasto del gobierno laborista previo. Los recortes en la educación y los servicios sociales incluyeron reducciones de personal en la mayoría de las oficinas de gobierno, situación que significó alrededor de 300 mil empleos redundantes y el congelamiento generalizado de los pagos. Estas medidas contrastaron con los billones de libras de financiamiento público asignadas para salvar al errático sistema bancario, sin mencionar los múltiples escándalos corporativos y sospechas de evasión de impuestos de parte de compañías e instituciones financieras del Reino Unido que se suponían de buena reputación. Además de los recortes establecidos por la coalición precedente, otros recortes previstos por el gobierno conservador de May incluyeron un tope a los créditos fiscales y los niveles de beneficios. Se predijo que tales medidas exacerbarían las desigualdades sociales e impactarían con severidad en hogares de bajos ingresos y en edad laboral (^{OCDE, 2015}). En la realidad económica a mediados de la década de 2010, a excepción de Londres y el sudeste, no había una sola región en Gran Bretaña en que los ingresos hubieran regresado a los niveles previos a la crisis financiera (^{Haldane, 2016}).

No obstante, la creciente desigualdad y la pobreza no explican por sí mismas el resultado del referéndum. Las poblaciones inmigrantes, ya sea que hayan tenido una fuerte presencia o no, en parte fueron consideradas culpables de las dificultades económicas -reales pero con un origen más profundo- experimentadas por los locales. Lo que estas áreas de fracaso económico tienen en común es la desigual carga de sacrificios que soportan sus poblaciones y que producen una desvinculación política respecto de la «izquierda rezagada». Ello ha alimentado profundos resentimientos dirigidos en contra de los inmigrantes y en contra de quienes se han beneficiado de la reconfiguración económica producida por la globalización y la integración europea que ha favorecido el sur metropolitano y las mejores áreas de Gran Bretaña (^{Goodwin y Heath, 2016}; ^{Haldane, 2016}; Mason, 2016). Es en ese espacio político donde han fluido las corrientes xenofóbicas que atraviesan transversalmente las líneas de los partidos, en gran medida, de igual manera en que ha surgido el apoyo a los partidos de la extrema derecha por toda Europa. En los términos del Centro Nacional de Investigación Social: «La victoria de la salida no solamente tenía que ver con aspectos objetivamente demográficos. En la misma medida, o quizá con mayor énfasis aún, las cuestiones de identidad estaban asociadas al voto de salida, en especial, el sentimiento de identidad nacional y la percepción del cambio en el tiempo» (^{Swales, 2016:2}).

No cabe duda de que los debates sobre inmigración, que se manifestaron tan terriblemente durante la campaña del referéndum, seguirán siendo muy importantes en el futuro inmediato para la organización de sindicatos y grupos de izquierda de diferentes tipos en Europa y en otros territorios. En cierta forma, se trata de un viejo cuestionamiento que desde un principio ha preocupado a los movimientos laboristas y a las luchas en apoyo a los grupos marginales: ¿qué hacer con los «migrantes», los extraños, los extranjeros, los nómadas? (^{Anderson, 2013}). En una época en que la forma del Estado (nación) se encuentra amenazada y al mismo tiempo, sigue siendo la forma según la cual las poblaciones comprenden la distribución y la responsabilidad del poder político, la «migración» y la «seguridad» se han convertido en cuestiones fundamentales inextricablemente unidas al problema de la soberanía nacional. Por tanto, dentro de este entramado de problemáticas, ¿dónde encajan los asuntos europeos de los derechos laborales y de libre movilidad del trabajo?

Unión Europea, derechos laborales y contradicciones de la libre movilidad

Teniendo en cuenta la erosión del poder sindical durante los años de Thatcher en el Reino Unido, reconocidos sindicalistas han afirmado que la legislación de la UE ha logrado derechos tangibles para los trabajadores y una considerable protección para el empleo (^{McClusky et al., 2016}). Se mencionan las directivas de alcance europeo que exigen tratamiento equitativo, límites en la jornada laboral, el derecho a vacaciones pagadas, licencia por maternidad y paternidad, protección para los trabajadores en comisión, protección del empleo en caso de que las compañías tengan nuevos dueños, creación de consejos laborales en las grandes compañías europeas, previsiones de salud y seguridad e implementación de directivas de igualdad y contra la discriminación. Es pertinente resaltar que tales directivas estarían amenazadas por el brexit (^{Gold, 2016}). Empero, mientras la legislación en la Corte Europea ha logrado notables avances, en la realidad resulta que la implementación en el ámbito nacional ha sido débil en muchas ocasiones; por ejemplo, con respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, pues la legislación británica precedía las directivas europeas que solamente fueron contrarrestadas por el giro de la UE hacia la «legislación ágil» y el apoyo a la desregulación, lo que caracterizó las políticas neolaboristas (^{Beck y Woolfson, 2000}; ^{Woolfson, 2006}).

En las campañas del referéndum de la UE y de las elecciones generales de 2017, la cuestión de los derechos laborales tuvo gran importancia. Las aseveraciones de los principales promotores del brexit de que esos derechos no serían afectados al salir de la UE fueron reforzadas por la idea de que en muchas áreas los derechos de los trabajadores británicos ya eran mayores que los que ofrecía la UE. Esta perspectiva fue confrontada por el Trades Union Congress (TUC) que estaba a favor de la UE (^{Trades Union Congress, 2016}). Sin embargo, vale la pena recordar que la posición del movimiento sindical británico respecto de la membresía en la UE no siempre fue tan obcecadamente pro europea. La aparición de Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea en el British Trades Union Congress en septiembre de 1988 estableció un punto crítico al persuadir a la mayoría de los delegados sindicales de apoyar un futuro europeo. Era muy atractiva la promesa de un «Contrato social» que mejoraría los derechos laborales en la difícil época de disminución de la influencia política e industrial bajo el hostil gobierno de Thatcher. La intervención de Delors se impuso sobre el trabajo previo de la organización en el Reino Unido concerniente a la idea de consolidar un único mercado, que se estableció en 1992 dentro del Tratado de Maastricht (^{Delors, 1988}). Los delegados recibieron de buen grado las promesas de apoyo de Delors para la negociación colectiva y el «diálogo social», así como la visión de una «Europa social». El actual secretario general del TUC recuerda que

su presentación fue un golpe maestro. De hecho, los delegados estaban tan impresionados que quedaron rendidos ante el «hermano Jacques». Pero la negociación por la que tan persuasivamente abogó Delors, una Europa con un equilibrio entre los intereses de las empresas y los empleadores por un lado y los obreros y ciudadanos por el otro, ha comenzado a deshacerse (^{O’Grady, 2016}).

En septiembre de 1988, como una respuesta directa a la intervención de Delors en el TUC, la airada primera ministra Margaret Thatcher pronunció su famoso y euroescéptico «Discurso de Brujas», en el que indicó la fisura fundamental en la política conservadora entre pro y anti europeos, la que eventualmente llevaría al referéndum: «No hemos restablecido con éxito las fronteras del Estado británico (...) solamente para verlas reimpuestas a escala europea junto con un super-Estado europeo que ejerce una nueva dominación desde Bruselas» (^{Thatcher, 1988}). La ironía de la historia es que no fue únicamente la implacable hostilidad de Thatcher con los sindicatos limitó el mejoramiento de los derechos laborales del Reino Unido como consecuencia de la participación en la ue, sino también las subsecuentes políticas del Nuevo Laborismo bajo la administración de Tony Blair durante una década desde 1997 en adelante (^{Smith, 2009}). Dichas políticas mantuvieron gran parte de la legislación antisindical de Thatcher y continuaron la resistencia a directivas europeas clave, en concreto las referidas a la limitación de la jornada laboral. Esta resistencia fue coordinada en Europa por Peter Mandelson, el leal lugarteniente de Blair y coarquitecto del Nuevo Laborismo. Como Comisionado de la UE para el comercio, Mandelson trabajó con intensidad para evitar aquellas directivas que el Nuevo Laborismo consideraba que obstaculizaba la competitividad de las empresas, y al mismo tiempo promovía enérgicamente una agenda desregulatoria de la denominada «Mejor regulación» a escala europea.

Desde 1980, las medidas pro trabajo, emblemáticas de la «Europa social» y promovidas por Delors en diversas instancias, se han abandonado sistemáticamente en la medida en que las políticas de austeridad han sido impuestas por toda Europa (^{Deakin, 2016}). Además, la fuerza de la política europea ha estado casi totalmente ausente en años recientes en términos del mejoramiento de los estándares laborales y de los derechos de negociación colectiva, en especial desde la crisis económica y financiera global (^{Foster, 2016}). Tan evidente ha sido el vacío de política que un «grupo de alto nivel» autoconstituido y conformado entre otros por László Andor, excomisionado para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, así como Anna Diamantopoulou, su predecesora como comisionada, en conjunto con un grupo de notables europeos, se vieron en la necesidad de elaborar un reporte titulado «Europa desigual» en la primavera de 2015 (^{Friends of Europe, 2015}). En ese reporte se advertía: «La Europa social ha sido relegada al fondo de la agenda de política de la UE» (^{Friends of Europe, 2015:11}). Entre sus recomendaciones estaba el vigilar «la implementación de la directiva para el cumplimiento de la estabilidad del trabajador» y la introducción gradual de «la garantía de un piso salarial» (^{Friends of Europe, 2015:32}).

La más reciente resurrección de una visión de la «Europa social» bajo la forma de los «Pilares Europeos de Derechos Sociales» fue una respuesta política predecible por parte de la Comisión Europea frente a la necesidad de contrarrestar lo que se percibía como el peligro del emergente populismo euroescéptico (^{European Commission, 2017c}). Si bien incluyen distintas propuestas progresistas, los «veinte principios» enunciados en realidad prometen muy poco para revertir las tendencias previas de erosión de los estándares laborales a través de una mayor flexibilización del trabajo que busca asegurar la adaptabilidad de los trabajadores a las demandas de un mercado neoliberal en el «nuevo mundo del trabajo» (^{European Commission, 2017d}). Las propuestas de «condiciones laborales justas» siguen siendo recomendaciones no vinculantes de la Comisión Europea para los Estados miembros, «estableciendo el contexto» antes que la obligación de sancionar leyes específicas, sin mencionar el imperioso uso del término «debería» en todos los documentos (^{Stierle, 2017}).

Se ha considerado que la Corte Europea es capaz de intervenir cada vez más en los mercados laborales y en las relaciones industriales; un ejemplo es el caso Laval, que se discute más adelante. Por su parte, la Comisión Europea se ha mostrado reticente en cuanto al declive de la representación sindical como resultado de la legislación nacional restrictiva, pues ha considerado que tales asuntos competen a los Estados miembros interesados. De forma simultánea, como parte de la «Troika» europea (junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo), la Comisión Europea ha promovido la «reforma» de las protecciones laborales y el desmantelamiento de los acuerdos de negociación colectiva en el sur de Europa y en la periferia oriental de los países de la eurozona golpeados por la crisis (^{Sommers y Woolfson, 2014}). Incluso los intentos de la UE de enfrentar las formas más groseras de explotación laboral, por ejemplo de los migrantes estacionales vulnerables, han demostrado ser legislativamente débiles en lo principal y crecientemente complicadas por las preocupaciones acerca de la «seguridad» (^{Fudge y Herzfeld Olsson, 2014}). De igual modo, el progreso hacia una estrategia europea común para resolver el trabajo no declarado en la economía gris o informal es en extremo lento. Estos fracasos por sí mismos, sin mencionar la depredación de la Troika y la destrucción del tejido social de Grecia, merecen el rechazo total de los reclamos de la UE de una agenda social viable que proteja los derechos de los trabajadores. Pero la incapacidad de ofrecer protección contra la explotación transfronteriza de los trabajadores migrantes de la UE ha demostrado ser el mayor fracaso. A pesar de una nueva directiva para el cumplimiento de la estabilidad laboral, incluso en economías muy reguladas como la sueca, la explotación del trabajo migrante europeo continua incólume (^{Neegaard y Woolfson, 2017}).

Nathan Lillie y Anna Simola explican en una reciente contribución que «las contradicciones sin resolver entre la libre movilidad regulada supranacionalmente y la soberanía nacional han pasado al frente de la escena, lo que ha precipitado la crisis. Este es un serio obstáculo para el proyecto europeo, el cual está esencialmente incrustado en el diseño de la integración europea» (2016:7). Desde la renuncia del ex primer ministro David Cameron, al día siguiente de que se anunciara el resultado del referéndum, la perspectiva de mayor peso del gobierno conservador era que el brexit presuponía el fin de la obligación del Reino Unido de aceptar la libre movilidad de las personas de otros Estados miembros con el derecho de vivir y trabajar en Gran Bretaña. En palabras de la sucesora, Theresa May, el gobierno del Reino Unido quería «establecer control de la libre movilidad de modo que se acabe esa libre movilidad» (12 de octubre de 2016). El control sobre las fronteras (quién entra, quién sale y quién tiene el derecho de quedarse y bajo qué condiciones) era considerado el elemento fundamental de la soberanía nacional.

La libre movilidad del trabajo se constituye en una de las cuatro «libertades fundacionales» del proyecto europeo a las que todos los Estados miembros se deben suscribir. Se determinó por primera vez en el tratado que establecía la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y se le otorgó personalidad legal en la Directiva de Libre Movilidad (^{The European Parliament and the Council of the European Union, 2004}; véase también Charter of Fundamental Rights of the European Union, artículos 15 y 45). En su concepción original fue una estrategia para asegurar que en los países vecinos que en el pasado estaban en guerra (en especial Francia y Alemania), el trabajo en las industrias clave se movería con libertad a través de las fronteras hacia donde hubiera escasez. Al mismo tiempo, el consenso internacional se crearía desde abajo con el propósito de asegurar la paz continental donde previamente hubo enemistad. Los tratados europeos sucesivos ampliaron la noción de la libre movilidad de trabajadores (y autoempleados) hasta incluir a miembros de sus familias. El Tratado de Maastricht de 1992 introdujo la noción de «ciudadano europeo» con derechos de vivir y trabajar en cualquier Estado miembro.

Es más importante aún notar que Maastricht y el advenimiento de la unión monetaria europea representó la consolidación del neoliberalismo como la principal orientación política de la UE. De esa manera, la libre movilidad fue neoliberalizada en tanto la UE consolidó su dimensión económica al privilegiar las fuerzas del mercado por sobre las consideraciones sociales. El significado de la «libre movilidad» se transmutó desde el logro de un bien colectivo mayor a través del intercambio transnacional y se convirtió en el movimiento del homo economicus individual («movilidad» en el discurso oficial de la UE antes que «migración»). En ese sentido, los individuos que se mueven libres en respuesta a los incentivos económicos ofrecidos por un solo mercado europeo podrían maximizar las utilidades personales antes que las solidaridades sociales por todo el espacio europeo. Con base en lo anterior, el éxito de los arquitectos de la política europea fue más allá de lo esperado porque las sucesivas expansiones crearon nuevos flujos de trabajo de sur a norte y de este a oeste.

En 2004, ocho nuevos Estados miembros de los países exsocialistas del antiguo bloque oriental se unieron a la UE: Hungría, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Polonia y los tres Estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania; mientras que Rumania y Bulgaria se unieron en 2007. Los términos de adhesión a la UE para los Estados poscomunistas de Europa Oriental implicaron una negociación unilateral -libre movilidad de capital y trabajo entre economías de diferentes capacidades y niveles de desarrollo. El desarrollo económico general de los nuevos miembros semiperiféricos, en particular luego del colapso de la Unión Soviética, estaba en un nivel mucho más bajo que el de Occidente. Por consiguiente, el antiguo bloque oriental ofrecía no solamente nuevos mercados para el capital europeo, en un proceso que se describe como «colonización económica», sino también una fuerza laboral preparada, flexible y calificada, ambos a disposición del capital entrante (^{Picketty, 2018}). Dispuesta a ejercer nuevos derechos de movilidad, esta fuerza de trabajo podría ser considerada como un enorme «ejército laboral de reserva» para los Estados miembros centrales que realizarían trabajos por salarios y en condiciones laborales que en general los trabajadores domésticos rechazaban.

La expansión oriental creó problemas sin precedentes en el manejo ordenado de la libre movilidad, inconvenientes que la UE no ha sido capaz de resolver. El término «dumping social»⁵ o «dumping salarial» ha sido usado para aludir a la eliminación de salarios y condiciones negociadas de modo interno por el trabajo extranjero de la UE (^{Bernaciak, 2012}). Los ahorros que se ofrecen a los empleadores con dicho modelo de negocios parecen ser sustanciales; sin embargo, la escala del problema podría subestimarse debido a la ausencia de datos confiables (European Parliement, 2016). De hecho, la evidencia disponible del descenso salarial y de los efectos en el empleo creados por la libre movilidad del trabajo es ambigua. Ciertos estudios sugieren que si existen efectos, éstos son negativos y pequeños; pero con relación a los efectos en el empleo, podrían ser mayores en periodos de crisis económica e impactar más en las ocupaciones de menor calificación, en específico teniendo en cuenta la flexible naturaleza del mercado laboral del Reino Unido (^{Devlin et al., 2014}; ^{Nickell y Saleheen, 2015}; ^{Portes, 2016}). Lo cierto es que la mayoría de los efectos son contrarrestados por la contribución positiva al crecimiento del PIB, estimulada por el trabajo migrante; mientras que estos últimos contribuyen más en impuestos y aportes sociales que lo que reciben como beneficios (^{OCDE, 2014}). Más relevante aún ha sido la percepción social de los impactos de la presencia del trabajo extranjero en los mercados laborales locales (^{Wadsworth, 2015}). En ese caso, la política de la migración laboral ha alimentado el prejuicio popular y las inseguridades surgidas de la austeridad.

La percepción de que el trabajo migrante compite con bajos salarios se ha convertido en el impulsor de la hostilidad frente a la inmigración. A medida que la primera ola de «libre movimiento» se puso en marcha desde los nuevos Estados adscritos en 2004, emergieron con rapidez nuevos problemas de relaciones industriales en tres antiguos Estados miembros: Irlanda, Suecia y el Reino Unido. Esos Estados optaron por no imponer los «acuerdos transicionales» diseñados para limitar el flujo de trabajo a sus mercados laborales. La Comisión Europea apenas consideró proyecciones muy modestas de las cifras que podrían esperarse que llegarían de Europa Oriental para aprovechar los salarios que, en el caso de los países bálticos, eran cinco veces más grandes en Suecia que en Letonia (^{European Commission, 2006:17}).

Los países que permitieron la libre movilidad inmediatamente después de la expansión europea experimentaron graves conflictos industriales, resalta el conflicto Laval que surgió por la presencia de trabajadores letonios de la construcción en el mercado laboral sueco. El veredicto de Laval de la Corte de Justicia Europea y otras tres determinaciones asociadas son consideradas perjudiciales para una de las piezas clave de la legislación de protección que proporciona estándares laborales comunes para los trabajadores transfronterizos: la Directiva de los Trabajadores Comisionados (^{Woolfson y Sommers, 2005}). A pesar de que técnicamente el conflicto Laval se origina de una cuestión de «libertad de servicios» antes que de la «libertad de movimiento» (ya que la fuerza de trabajo letona permaneció empleada por el proveedor de servicios del «Estado anfitrión»), la realidad es que a ellos se les pagaba de manera sustancial por debajo de la tasa vigente negociada en colectivo para los trabajadores de la construcción en la región de Estocolmo. La figura legal era que como «trabajadores comisionados» los letonios no formaban parte del mercado laboral sueco; esa figura fue desmentida por la realidad, porque los trabajadores habían cruzado la frontera con la finalidad de trabajar con menor salario y en peores condiciones respecto a las defendidas por los sindicatos, que tenían con anterioridad un papel fundamental en la regulación de salarios y condiciones laborales.

Sigue siendo difícil de comprender el hecho de que muchos trabajadores de la UE han sido reclutados en áreas del mercado laboral pobremente reguladas, en las que su adaptabilidad y disposición a trabajar de modo arduo a cambio de salarios comparativamente más bajos sin quejarse, son muy atractivos para los empleadores y donde el cumplimiento efectivo de los estándares laborales ha sido irregular (^{Migration Advisory Committee, 2014}). En esos sectores ha sido complicado para los empleadores encontrar fuerza de trabajo local que acepte los bajos salarios que están dispuestos a pagar, mientras que los trabajadores migrantes, a pesar de ganar más de lo que obtendrían en sus países de origen siguen siendo vulnerables a la explotación y están condenados a la exclusión como una subclase en un mercado laboral segmentado.

En Europa occidental no ha sido sencillo para los sindicatos organizar a esta nueva fuerza de trabajo migrante que en distintas situaciones comprende a trabajadores de corto plazo y de permanencia temporal (^{Marino, Penninx y Roosblad, 2017}). Referente a los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la UE con poca experiencia en sindicatos y guardan resabios sobre tales organizaciones debido a su vinculación con sindicatos en sus países de origen durante la era de la Unión Soviética, existen obstáculos en la organización de esa fuerza de trabajo (^{Fitzgerald y Hardy, 2010}). La libre movilidad se presentaba además como una perfecta oportunidad populista para el actual gobierno conservador con la intención de hacer de la cuestión migratoria interna de la UE una ventaja en la política del brexit.

La «revolución silenciosa» de Theresa May

La conservadora primera ministra Theresa May ha intentado sin malicia recuperar una ira profundamente arraigada, cuyas raíces objetivas se encuentran en el resentimiento social creado por la austeridad en amplios sectores de la población (^{The Guardian, 14 de julio de 2016}). Al hablar en nombre de la «nación», May ha intentado infiltrar la noción de «justicia social», una causa tradicionalmente de izquierda, con un contenido que es a la vez antieuropeo y antiinmigrante. Así, la política de la justicia social y la política de la identidad han sido deliberadamente integradas de una forma perversa. El logro de este salto ideológico, muy distinto de la política de su predecesor, ha requerido de la elaboración de una nueva narrativa, fundada en que el gobierno conservador lidera la causa de la «familia ordinaria de clase trabajadora» para la cual «la vida es más difícil de lo que creen muchas personas en Westminster» y quienes «apenas se las arreglan» (los llamados JAM)⁶ (^{The Spectator, 14 de julio de 2016}). El cambio en el vocabulario populista añade una nueva dimensión, también populista, a lo que May ha denominado «revolución silenciosa» en la política británica representada por el voto del brexit.

En su discurso, May expresó que el voto para dejar la UE «no se trataba solamente de la UE sino de algo más grande -algo que la UE había llegado a representar. Se trataba de un sentimiento -profundo y con frecuencia justificado- que muchos tienen en la actualidad, de que el mundo funciona bien para unos pocos privilegiados, pero no para ellos» (^{The Independent, 5 de octubre de 2016}). May prosigue reconociendo que entre las «profundas raíces» de esta «revolución»,

no fueron los ricos los que hicieron los mayores sacrificios después de la crisis financiera, sino más bien las familias ordinarias de la clase trabajadora. Y si eres uno de los que perdió su empleo, que lo mantuvo pero con menos horas, recibió una paga inferior mientras las cuentas del hogar se disparaban o bien -y sé que a varios no les gusta admitir esto- alguien que se encuentra sin empleo o que trabaja por salarios más bajos debido a la inmigración no calificada, la vida simplemente no parece justa (^{The Independent, 5 de octubre de 2016}; énfasis añadido).

El nuevo léxico político de «justicia» presentaba la paradójica imagen de un gobierno conservador que en reiteradas ocasiones ofrecía garantías de que los derechos de los trabajadores eran su principal preocupación. Por tanto, al afirmar que los derechos de los trabajadores británicos serían protegidos después de salir de la UE, el ministro de gabinete responsable del brexit, David Davis, manifestó en la conferencia del Partido Conservador en octubre de 2016:

A todos aquellos que tratan de atemorizar a los trabajadores británicos, diciendo «cuando nos vayamos los derechos laborales serán reducidos», yo digo firme e inequívocamente, «no será así». Gran Bretaña ya está más allá de la ley de la UE en múltiples áreas -y ofrecemos dicha garantía: este gobierno conservador no reducirá esos derechos en la vida laboral (^{The Spectator, 2 de octubre de 2016}).

Las garantías de preservar los derechos de los trabajadores conferidos a consecuencia de pertenecer a la UE merecieron un capítulo separado en el White Paper del brexit de febrero de 2017, que establecía la base legislativa para la retirada de Gran Bretaña de la UE (HM Government, 2017). El manifiesto electoral del Partido Conservador de 2017 llevó el reposicionamiento de la política conservadora un paso más adelante hacia la «gente trabajadora común» (^{Conservative Party, 2017}). En un quiebre retórico con la ideología de sus predecesores, Margaret Thatcher y David Cameron, May rechazó el denominado «libre mercado irrestricto» y el «culto al individualismo egoísta» al prometer que su gobierno actuaría «como una fuerza de bien (...) al servicio de la gente trabajadora de este país» (^{Conservative Party, 2017:7-9, 38}). La «gran meritocracia» conservadora prometía una «Gran Bretaña más justa que funcione para todos y no solamente para unos pocos privilegiados» (^{Conservative Party, 2017:47, 5}).

A pesar de ello, hay que reconocer que May también se preocupó por resolver un asunto políticamente crítico: los trabajadores explotados en la denominada «economía gig», ⁷generada por el crecimiento de las compras por internet de bienes y servicios y todos aquellos con remuneraciones por debajo del salario mínimo nacional, cuyo número fue estimado por la Oficina Nacional de Estadísticas en más de 360 mil (^{ONS, 2016b}). La escasez de oportunidades de empleo fijo a tiempo completo a partir de la crisis ha hecho que una gran parte de la fuerza laboral tenga un empleo precario (^{Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2016}; ²⁰¹⁷). Para estos trabajadores, los acuerdos de flexibilización laboral representan el único aspecto positivo en un mercado laboral caracterizado por una creciente inseguridad. A menudo, se les obliga a aceptar una relación contractual de tipo «autoempleo» y se les paga «a destajo» en vez de pagarles como a empleados directos en plena posesión de todos sus derechos laborales. Ello permite a las compañías minimizar sus obligaciones estatutarias de otorgar vacaciones pagadas, seguro de salud, licencia por paternidad o maternidad o aportar a las pensiones (^{Booth, Evans y Osborne, 18 de julio de 2016}).

Los escándalos que fueron publicitados de amplia manera y que involucraron a las marcas más conocidas del Reino Unido (Sports Direct) y compañías a la vanguardia de la economía gig (Uber, Deliveroo, Asos, Hermes y Addison Lee), mostraban demandas legales de derechos laborales en las que la fuerza de trabajo vulnerable y étnicamente diversa demandaba y lograba mejorar sus derechos laborales como trabajadores y no como autoempleados (^{Woodcock, 2016}). El gobierno conservador de May implementó con acierto una evaluación independiente de alto nivel de las prácticas de empleo actuales para establecer recomendaciones con la promesa del manifiesto electoral de «asegurarse que los trabajadores de la economía gig estén adecuadamente protegidos» (^{Conservative Party, 2017:16}).

Lo novedoso del reciente contexto era que se percibía la necesidad de priorizar el cumplimiento y el mantenimiento de estándares laborales justos como parte de la construcción de un brexit populista, «haciendo que el mercado trabaje para los trabajadores» (^{The Independent, 5 de octubre de 2016}). Sin embargo, la falsa solidaridad con los más explotados o con aquellos que «apenas se las arreglan», implicó sus propias y rígidas directrices de exclusión. En esa narrativa, se dio una gran importancia al proceso de focalización de los migrantes indocumentados denominados «ilegales», quienes por definición no formaban parte de «la nación». May, en su papel de ministra del interior del gobierno previo, se ocupó de manera insistente en el tema de la inmigración ilegal. Ahora, con la nueva retórica de la «justicia», esas personas han sido identificadas como las principales culpables de los bajos salarios y de las deficientes condiciones laborales de los trabajadores nativos británicos. La designación de un director de Control de Mercado Laboral, a partir del Acuerdo de Inmigración de 2016,⁸ tenía el objetivo de «hacer que fuera más difícil vivir y trabajar en el Reino Unido» a través de la criminalización de esos trabajadores, e incluso con la imposición de sanciones cada vez más fuertes a los empleadores de trabajadores indocumentados que incluían la posibilidad de privación de libertad de hasta dos años (^{Fudge, 2016}).

Por tanto, los ataques hacia la mano de obra extranjera e indocumentada forman parte de la actual estrategia conservadora para acumular capital político de la coyuntura xenofóbica generada por el referéndum de la UE. En un giro a la derecha, el gobierno conservador de May ha capturado con agilidad el apoyo de las bases antiinmigrantes de apoyo del Partido para la Independencia del Reino Unido. De forma semejante, Amber Rudd ha sido designada como la nueva ministra del interior y ha propuesto pedir a las empresas británicas que reporten a los empleados que no sean ciudadanos del Reino Unido en un esfuerzo para promover que los empleadores contraten trabajadores locales en lugar de extranjeros. Al plantear dicha propuesta, Rudd negó explícitamente cualquier viso de racismo (^{BBC News, 5 de octubre de 2016}). Sin embargo, esta iniciativa fue inmediatamente considerada «divisoria» desde el interior de su propio partido, «inútil» a los ojos de los empleadores y sus representantes que necesitaban contratar trabajo del exterior y «xenofóbica» para los sindicatos y los referentes de la opinión pública progresistas (^{Ross, 13 de octubre de 2016}). Si bien los conservadores retrocedieron en su propuesta original, estaba claro que aún tenían la intención de solicitar esos reportes en el futuro.

Si la libre movilidad ha de ser eliminada, todavía existe el problema de diseñar una política migratoria racional que incluya la evaluación del mercado laboral en el que hay una verdadera escasez de mano de obra que no puede ser atendida por la contratación de fuerza de trabajo doméstica. El brexit propone un nuevo dilema para los empleadores en sectores específicos intensivos que dependen del trabajo migrante, como agricultura y horticultura (y en elaboración de alimentos, procesamiento de carne, restaurantes, almacenes), que en la actualidad han constituido sus modelos de negocio sobre la base de la explotación del trabajo migrante barato y abundante (^{Swales y Baker, 2016}). O bien tendrán que invertir en tecnologías de automatización que reemplacen el trabajo humano y las tareas 3d (sucias, peligrosas y enajenantes)⁹ que realizan, o deberán buscar nuevas fuentes para la contratación que no provengan de la UE, lo cual no es algo que el actual gobierno conservador acepte de buena manera. La opción de una «ruta corta» podría ser la más atractiva en cuanto a costos, ya que siempre habrá la necesidad de una fuerza de trabajo flexible, que atienda las demandas de grandes cadenas de supermercados en cuanto a la entrega en el plazo requerido de frutas y verduras perecederas.

Importantes ministros de gobierno reconocen las dificultades que crearía una abrupta supresión de la libre movilidad laboral y abogan para que cierto tipo de «acuerdos transicionales» sean implementados. Así, David Davis, ministro de gobierno responsable del brexit, declaró durante una visita a Estonia en la primavera de 2017 «en el sector del hospedaje, hoteles y restaurantes, en el sector de los servicios sociales, en el trabajo agrícola, se requerirá de tiempo -tomará años y años para que tengamos ciudadanos británicos haciendo esos trabajos» (^{Bloomberg, 20 de febrero de 2017}). La sugerencia de que la puerta no se «cerraría de inmediato» no agradará a los más ardientes fanáticos de un «brexit extremo», pero queda claro que la supresión inmediata de la migración no calificada propiciaría considerables problemas en la industria y en el sector público, incluyendo la atención de las necesidades de personal del Servicio Nacional de Salud. Empero, las declaraciones de Davis plantearon un desconcertante problema que no se discute: ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno conservador, en los años siguientes y por medio de qué políticas, para persuadir a los trabajadores nativos para que «realicen esos trabajos» con el tipo de remuneraciones y bajo las condiciones que ofrecen esos sectores?

Por un lado, la situación futura de las personas con nacionalidad europea que ya viven y trabajan en el Reino Unido se resolvería durante las negociaciones del brexit (y de igual modo, en el caso de los más de un millón de británicos residentes en otros Estados miembros de la UE). Por otro lado, la esencia de la política de migración laboral post-brexit solamente sería revelada con posterioridad. Cualquiera que sea la lógica propuesta para la política migratoria post-brexit del Reino Unido persistirá la amenaza de nuevas divisiones en la fuerza laboral basadas en la nacionalidad y en la situación migratoria. La legitimación del Estado de la aplicación de estándares diferenciales de protección laboral, como sería entre ciudadanos del Reino Unido y de la UE, derivaría en la institucionalización de un rango de migrantes laborales de «segunda clase» cuyos derechos de vivir y trabajar en Gran Bretaña en los mismos términos que los trabajadores nativos han disminuido significativamente.

Las elecciones generales de 2017

Las elecciones generales de junio de 2017 fueron la más reciente culminación de la crisis no resuelta respecto a la aventura europea británica que dividió las bases de ambos partidos, desde que Gran Bretaña se unió a la Comunidad Económica Europea en 1973. Estos conflictos irresolutos han involucrado por décadas a los partidos Conservador y al Laborista, pero ahora, en tiempos más recientes, aparecen en su forma más problemática y volátil. A fin de entender porqué May convocó a elecciones, no solamente es preciso considerar a Europa y la necesidad de fortalecer su capacidad de negociación en vista de las perspectivas de difíciles negociaciones con la Comisión sobre los términos de la salida de Gran Bretaña. También es indispensable tomar en cuenta asuntos más cercanos al país. Se consideraba que el Partido Laborista se encontraba en una crisis terminal ocasionada por la sorpresiva elección en septiembre de 2015 de Jeremy Corbyn, un izquierdista declarado, como líder del Partido Laborista. El Nuevo Laborismo, en la gestión de Tony Blair desde 1997 en adelante, en un esfuerzo por «modernizar» el partido y apelar al presunto centro del electorado británico, se distanció de sus fieles partidarios del movimiento sindical y trabajador organizado. En contraste, durante los años del gobierno de la coalición dirigida por los conservadores entre 2010 y 2015, el Partido Laborista hizo muy poco por distanciarse de aquellas políticas.

Con la elección de Corbyn como líder del partido, que marcaba una clara separación con el Nuevo Laborismo, el partido se consumió en un conflicto interno que resultó en dos discusiones aisladas acerca de su situación de liderazgo. La primera fue derrotada en una elección abierta de miembros regulares del partido. Luego, a finales de junio de 2016, Corbyn enfrentó una revuelta abierta, pues más de sesenta miembros del equipo de oposición laborista del «gabinete encubierto» de primera línea renunciaron en masa en el lapso de unos cuantos días. Subsecuentemente, el «deslucido desempeño» de Corbyn fue atacado por una «moción de no-confianza» apoyada por 172 miembros laboristas del Parlamento a nombre de la campaña por la permanencia durante el proceso del referéndum de la UE. Con solamente cuarenta Miembros del Parlamento (MP) que se oponían a esa moción de «no-confianza», Corbyn se mantuvo desafiante y se negó a retroceder y «traicionar» a los miembros del Partido Laborista que votaron por él. Eso fue lo que inició un segundo liderazgo que enfrentaba la posición de Corbyn como líder del partido, reconfirmada por 61.8 por ciento de los miembros, que frente a 38.2 por ciento de su rival más cercano le daba la victoria por un margen mayor que el de la elección inicial (^{Labour Party, 2016}).

A fin de aprovechar todas las divisiones públicas del Partido Laborista y también para destruir el disenso en su propio partido y en la Cámara de los Lores donde los conservadores no tenían apoyo mayoritario al brexit, Theresa May anunció una repentina elección general en abril de 2017. El anuncio se hizo a pesar de haber realizado otra antes de que fuese necesario según la ley, la cual tendría que efectuarse en algún momento antes de 2020 (^{Asthana y Walker, 19 de abril de 2017}). En las encuestas de opinión, los conservadores tenían una ventaja sobre los laboristas de veinte puntos porcentuales. Concerniente a May, la ventaja era mayor, con 52 puntos porcentuales respecto de Jeremy Corbyn, circunstancia que mejoraría la mayoría parlamentaria conservadora de 17 mp con una arrolladora victoria en las elecciones generales. El «Equipo May», bajo el liderazgo de la primera ministra, tenía un mantra para su campaña que prometía un liderazgo «poderoso y estable», capaz de lograr «el mejor acuerdo brexit para Gran Bretaña» (^{May, 2 de mayo de 2017}). En consecuencia, el manifiesto electoral conservador reiteraba la posición de May de un «brexit extremo», «para el Reino Unido, no llegar a ningún acuerdo es mejor que llegar a un mal acuerdo»; lo que implicaba -de ser necesario- perjudicar el acceso británico al mercado común europeo y la integración aduanera con el objetivo de retomar el control de la inmigración de la UE (^{Conservative Party, 2017:35}).

Para May, la priorización de la supresión de la libre movilidad de los ciudadanos europeos en Gran Bretaña y la eliminación de la supremacía de la Corte Europea de Justicia sobre la ley inglesa eran objetivos primarios aún a costa del libre comercio con Europa. Esto era lo que se habría de proponer como la posición «no negociable» del Reino Unido en las negociaciones del brexit. El mensaje de la Comisión Europea era claro: sin la libre movilidad, el Reino Unido no podría acceder al Mercado Común Europeo. Igualmente controversial era la cuestión acerca del monto de la «factura del divorcio» del Reino Unido, el monto calculado por el que el Reino Unido era demandado, correspondiente a la estimación de las futuras contribuciones al presupuesto de la UE. La cifra propuesta por la Comisión Europea oscilaba entre 40 y 100 billones de euros (es decir, hasta 86 mil millones de libras o un poco más de 111 mil millones de dólares americanos), una suma que el gobierno británico calificó de excesiva y que no tomaba en cuenta las contribuciones previas. No menos controversial era la cuestión sobre el tipo de la futura frontera de tierra entre el Reino Unido y la UE, entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (un Estado miembro de la UE). A la República de Irlanda le preocupaba en especial la posibilidad de la restricción a la libre movilidad y el establecimiento de puestos aduaneros en la frontera con el norte y los impedimentos al comercio.

La resolución de tales prioridades de negociación fue planteada por la Comisión Europea como un prerrequisito «estrictamente necesario» para que el diálogo del brexit avanzara en el proceso de una «retirada ordenada» y como algo preliminar a cualquier acuerdo comercial futuro entre el Reino Unido y la UE (^{European Commission, 2017a:2}). Las «directrices para la negociación» de la Comisión exigían que el Reino Unido demostrara un «progreso suficiente» en dichos asuntos antes con el propósito de que otros puedan ser considerados (^{European Commission, 2017b}). El Reino Unido, por otro lado, deseaba que las negociaciones relativas a un futuro acuerdo comercial con la UE y temas como los derechos de los residentes en el Reino Unido con nacionalidad de la UE prosiguieran discusiones paralelas. En vista de las agendas divergentes, parecía en primera instancia que las negociaciones del brexit fracasarían antes de que hubieran comenzado formalmente (^{Watts, 4 de mayo de 2017}). Sin embargo, el Reino Unido no tenía el tiempo a su favor al enfrentarse a negociadores cada vez más impacientes, seleccionados de entre lo mejor de la Comisión Europea. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea contiene la base legal para que el Reino Unido notifique su intención de retirarse de la UE. Se ha estipulado que las negociaciones concernientes a la retirada concluyan el 29 de marzo de 2019, es decir, en un periodo de dos años; a la vez que se estableció que las discusiones postergadas comenzarían el 19 de junio de 2019, a tan sólo once días de las elecciones generales.

No obstante, a medida que avanzaba la campaña de las elecciones generales, quedó claro que el brexit y los términos de la negociación con la Comisión Europea no eran lo más importante en la mente del electorado. Los asuntos domésticos cobraron relevancia. Muchos votantes conservadores mayores estaban desconcertados con la propuesta del manifiesto electoral del Partido Conservador de imponer ilimitados impuestos al costo de los cuidados a domicilio para los ancianos, que serían cobrados luego de su deceso contra el valor de la propiedad del hogar, a excepción de las últimas cien mil libras. La reacción hostil a eso que se llamó «locura impositiva» obligó a May a retractarse y a prometer públicamente en el futuro un «margen de protección» frente a los cargos de los propietarios de casas. Otras medidas políticas propuestas que contribuyeron a la fría recepción del manifiesto Conservador incluían: una «evaluación de capacidades» para pagos de combustible de invierno de los jubilados, que debilitaba la indexación de «triple cerrojo» de 2.5 por ciento anual en las pensiones del Estado; la abolición de las comidas escolares gratuitas de los niños; un compromiso para reintroducir la escolaridad selectiva; y una confusión acerca de si los conservadores en el gobierno incrementarían o no el impuesto al ingreso. Las propuestas fueron diseñadas por un compacto dúo de asesores de confianza de May, quienes la acompañaron desde que era ministra del interior y la aislaron de las opiniones más diversas de aquellos que en su propio partido no fueron consultados en torno al contenido del manifiesto. Estos errores de apreciación política llegarían a ser fatales para las aspiraciones de May de hacer desaparecer el Laborismo en la siguiente generación.

El manifiesto electoral del Partido Laborista abogaba con fuerza por la antiausteridad y un punto significativo de divergencia con relación a las políticas previas del Nuevo Laborismo y del Centro que buscaban el consenso (^{Labour Party, 2017}). El manifiesto, tanto en su versión prematuramente «filtrada» como en su forma final, ofrecía un conjunto de políticas para la renacionalización progresiva de los servicios de ferrocarriles, agua, energía y correo, mayor regulación estatal, eliminación de las matrículas de los estudiantes, mayor devolución regional de impuestos, mayores impuestos redistributivos a los ricos y un impuesto al salario excesivo de los ejecutivos. Los compromisos de seguridad e igualdad en el trabajo prometían mejorar en gran medida los estándares laborales. Dichas propuestas incluían igualdad de derechos para los empleados desde el primer día, sin importar que fuesen a tiempo completo o parcial, temporales o permanentes. Una segunda área de compromiso era declarar ilegales los «contratos de cero horas». La práctica cada vez más frecuente de dar contratos de trabajo que no tienen ninguna garantía de horas fijas de empleo y de colocar obreros «a requerimiento» a la disposición del empleador sería prohibida. La prevalencia de los contratos de cero horas creció con rapidez luego de la crisis, desde 143 mil en 2008 hasta un estimado de 900 mil o más empleados en 2015 (2.8 por ciento de la fuerza de trabajo) (^{Government UK, 2016}). Además, el Laborismo presionaría a las agencias y a los empleadores que recurren a la imposición «tramposa» del estatus de falso autoempleado con la intención de evitar responsabilidades de la seguridad social. Los derechos para iniciar una demanda en el tribunal laboral, introducidos en 2013 y que varían entre 390 y mil 200 libras esterlinas (500 a mil 500 dólares americanos) serían eliminados, lo que permitiría la atención legal a los agravios laborales, como despido injustificado, reclamos de igualdad remuneración o de discriminación sexual, particularmente difíciles de acceder para los trabajadores con los salarios más bajos. El compromiso de promover la negociación colectiva sectorial alentaría la representación colectiva de los sindicatos.

En caso de que un gobierno laborista fuera elegido, el manifiesto Laborista prometía que los derechos de los sindicatos mejorarían al revertir las medidas restrictivas impuestas por la Trade Union Act de 2016 de la administración de la coalición conservadora previa. Millones de trabajadores del sector público, cuyos incrementos salariales anuales se han mantenido en 1 por ciento, también han visto restringido su derecho fundamental de participar en la acción industrial. De acuerdo con la Trade Union Act de los conservadores, se requiere que como mínimo participe en la elección 50 por ciento de quienes tienen el derecho a votar respecto de cualquier huelga. En los «servicios públicos importantes», al menos 40 por ciento de los que tienen el derecho debían votar en apoyo a la continuidad de las actividades, mientras que las abstenciones serían consideradas como votos por el «no» (^{Smith, 2015:357}; ^{Labour Party, 2017:47-48}). Las medidas propuestas por los laboristas para reequilibrar la legislación de protección al empleo hacia los derechos de los empleados a la representación colectiva comprendían una parte esencial del manifiesto del partido.

El énfasis de la campaña de los laboristas en las políticas antiausteridad se vinculó con las preocupaciones del electorado en torno del futuro del Servicio Nacional de Salud, de la economía, la vivienda y el empleo. Antes de concentrarse en el brexit y en la inmigración, estos temas fueron los que resonaron en el electorado e hicieron que las elecciones generales fuesen una competencia más cerrada. La vasta experiencia de Corbyn de hacer campaña y de comunicarse con la gente común demostró ser un activo crucial puesto que se presentaba en concentraciones masivas de sus partidarios por todo el país, en los que participaban cientos y a veces miles de personas. El corresponsal en Gales del diario The Guardian, que de ninguna manera apoyaba a Corbyn, escribió acerca de su mitin: «La gente de Corbyn era tanta en Colwyn Bay que nadie pudo creer que tantas personas vivían en Colwyn Bay» (^{Williams, 9 de junio de 2017}). El manifiesto en su integridad tenía una relevante atracción popular, que confundió a la crítica interna del partido y a los principales diarios quienes acusaron a Corbyn de promover una agenda de «extrema izquierda» que «llevaría a Gran Bretaña de vuelta a los años 1970» (^{ComRes, 2017}; Business Insider UK, 12 de mayo de 2017).

Inspirados por la política de izquierda de Corbyn y atraídos porque abogaba por un programa antiausteridad, decenas de miles de nuevos miembros se unieron al partido, de modo tal que el partido podía presumir de contar con cerca de 500 mil integrantes. Esto transformó al Laborismo en la organización política de mayor tamaño en su historia. Enormes concentraciones públicas por toda Gran Bretaña llenaban de energía a esos nuevos partidarios laboristas, en especial entre los jóvenes, hecho que condujo a experimentados analistas políticos a hablar del nacimiento de un nuevo movimiento social, acertadamente denominado Momentum (^{Wintour, 5 de octubre de 2016}). Tal «giro a la izquierda» en la base del Partido Laborista representó un impulso clave para posicionar al Laborismo como una alternativa política creíble frente a las políticas de austeridad conservadora. A tan sólo dos semanas de las elecciones, la inalcanzable ventaja conservadora previa en los sondeos disminuyó hasta ser apenas de 5 puntos porcentuales; en tanto que la ventaja en el nivel de aprobación de May respecto de Corbyn descendió hasta los 17 puntos porcentuales, todavía significativa pero no tan alarmante como lo era con anterioridad (^{Pasha-Robinson, 26 de mayo de 2017}).

Después, justo cuando parecía que el Laborismo definitivamente había llevado el debate lejos del brexit y hacia las políticas de austeridad impuestas por los conservadores, una bomba terrorista explotó en Manchester en un concierto de pop donde murieron 22 personas y otras resultaron heridas. Un segundo ataque terrorista en el centro de Londres seis días antes de las elecciones causó ocho decesos y docenas de heridos. A raíz de estos trágicos eventos se detuvo temporalmente la campaña electoral, lo que permitió a May reorientar las elecciones hacia cuestiones de seguridad. Luego del ataque en Manchester, Corbyn mencionó la relación entre las intervenciones de la política externa del Reino Unido y los ataques terroristas en el país, así como el apoyo del Reino Unido a los regímenes represivos de Medio Oriente que apoyaron esas actividades. Tras el ataque de Londres, el líder laborista enfatizó con elocuencia los efectos de los recortes de austeridad para controlar las cifras durante los seis días que Theresa May fungió como ministra del interior, los cuales, si se elegía al Laborismo, serían revertidos. Además, era de conocimiento público la propia y persistente oposición de Corbyn al apoyo del Reino Unido en las intervenciones militares en Iraq, Afganistán y otros lugares. Si Corbyn podía ser considerado como «débil con el terrorismo», los conservadores parecían estar listos para recuperar el terreno electoral perdido frente a los laboristas durante la fase previa de la campaña (^{Stewart y Mason, 26 de mayo de 2017}).

En las últimas horas de la campaña Theresa May declaró «ya es suficiente» y prometió una nueva y dura legislación contra el terrorismo. Una contienda electoral que comenzó con la eliminación de la «libertad de movimiento» se convirtió en una que suprimía «la libertad y los movimientos» de los sospechosos de terrorismo. La prensa popular denunció a los «laboristas apologistas del terror» y detalló las reuniones de apoyo solidario a la resistencia palestina en las que participó Corbyn y en implacables columnas describió aquellas con los líderes republicanos de Irlanda ocurridas en la década de 1970 (^{Daily Mail, 2017}). Parecía que a pesar de que se cerraba la brecha en las encuestas de opinión, la humillación electoral laborista era casi segura y solamente estaba en discusión la escala de la derrota.

Las consecuencias de las elecciones de 2017

El resultado de las elecciones del 8 de junio tuvo una significación histórica. El Laborismo aseguró 40 por ciento del voto popular en comparación con 42.4 por ciento que obtuvieron los conservadores, un resultado tan notable como inesperado. Las encuestas sugerían que May podía incrementar el número de mp conservadores en más de sesenta, ello implicaría que el Laborismo se quedase con 164 mp, apenas la mitad del total de 326 que se requieren para formar un gobierno de mayoría general. En términos de los escaños parlamentarios ganados, el total de los conservadores alcanzó 318 miembros, que representa una pérdida de 13 escaños y elimina su mayoría previa. El Partido Laborista desafió todas las expectativas: incrementó su representación de forma impresionante en 30 mp para alcanzar 262, no lo suficiente para conformar un gobierno de mayoría, pero sí para reinstalar al Laborismo como el partido de oposición más importante. El resultado de la elección, en términos de los escaños obtenidos en el Parlamento, deriva de las particularidades del sistema de partidos de Reino Unido; sin embargo, desde una perspectiva sociológica con respecto a la votación, el colapso del voto del PIRU y de otros partidos ha marcado el retorno de los votantes a los dos partidos principales. En realidad, el voto conservador aumentó en 2017 (aunque no tanto como en el caso del voto laborista). Ambos partidos recobraron electores en desmedro de los partidos pequeños.

De no haber sido por el resurgimiento del Partido Conservador en Escocia, donde ganó 13 escaños en total, incluyendo 12 correspondientes al Partido Nacional Escocés (PNE) que apoya la independencia de Escocia, el resultado habría sido más negativo aun para el gobierno conservador (^{BBC News, 9 de junio de 2017}). En contraste con la votación en Inglaterra en el referéndum de la UE en 2016, los votantes escoceses apoyaron la opción de la permanencia por una clara mayoría de casi dos a uno (62 por ciento, frente a 38 por ciento) (^{BBC News, 27 de junio de 2016}). Esto le dio al PNE la oportunidad de confrontar la legitimidad de la agenda de «brexit extremo» del gobierno conservador y de plantear que debería reconocerse el interés escocés por mantener la relación comercial con Europa basada en el mercado común y las fronteras abiertas. No obstante, en las elecciones generales de 2017 el PNE perdió 21 de sus 56 mp de Westminster, circunstancia que limitó sus ambiciones de realizar un segundo referéndum de independencia si el gobierno continuaba con un «brexit extremo». Las elecciones todavía mantuvieron al PNE como el tercer mayor partido en el parlamento, con la posibilidad de tener voz para apoyar el acuerdo final del brexit.

El espectacular fracaso de Theresa May en la aventura electoral ha debilitado su situación en apariencia inaccesible como primera ministra a tal punto que su ruina era inevitable, detenida tan sólo de modo temporal por el miedo a un mayor caos interno en el partido y más divisiones incontrolables con relación a Europa y, no menos relevante, la posibilidad de una victoria laborista si otra elección general fuera necesaria. Con su propio futuro en la balanza, la arrepentida y abrumada la primera ministra May se disculpó ante la jerarquía del partido por «habernos metido en este embrollo», destituyó a sus dos asesores más cercanos y prometió un estilo de gobierno más inclusivo (^{BBC News, 12 de junio de 2017}). Tras debilitarse la autoridad de May, el coro de demandas de la prensa liberal y desde el interior del Partido Conservador (dirigidas por su propio canciller) creció tanto que ella flexibilizó su postura de «brexit extremo» y modificó su preocupación por controlar la inmigración antes que priorizar los asuntos económicos (^{The Independent, 19 de junio de 2017}; ^{Hammond, 20 de junio de 2017}).

Quedó claro a partir del tradicional «Discurso de la Reina» poselectoral presentado por la monarca al Parlamento (aunque éste haya sido escrito por el gobierno y enfatice su agenda legislativa propuesta) que el brexit requerirá de un conjunto de nuevas resoluciones legales en los próximos dos años. Además de un Decreto Derogatorio que transfiera formalmente la legislación europea existente hacia la legislación británica, habrá una serie de disposiciones para repatriar el control de áreas clave de política tales como inmigración, comercio, aranceles aduaneros, agricultura y pesca (^{Queen’s Speech, 2017}). De nuevo, se hacía la promesa de proteger los derechos de los trabajadores pero esta vez sin una elaboración más detallada. La naturaleza extenuada de la agenda política propuesta reveló lo débil que se ha hecho el gobierno conservador.

Frente a la ausencia de una mayoría general, Theresa May optó por un arreglo para las votaciones, se respaldó en los votos de los 13 mp de Irlanda del Norte del Partido Democrático Sindical (PDS). No es una coalición formal sino un acuerdo de apoyo al gobierno en un esquema de voto por voto (denominado «confianza y disponibilidad»). Incluso al interior del Partido Conservador era evidente el malestar en cuanto a la dependencia del gobierno en los elementos socialmente más conservadores (opuestos al matrimonio de un mismo sexo y al aborto) en la política de Irlanda del Norte (^{Miller y Lewis, 2017}). La gran relevancia del PDS como «creadores de reyes», que fortalecía el gobierno de minoría de May, quizá también debilitó el ya frágil «Acuerdo de Buen Viernes» de Irlanda del Norte referido al poder compartido con la comunidad nacionalista. El acuerdo terminó con años de conflicto y violencia sectaria durante las décadas de «los Problemas». Incluso aún antes de las elecciones el acuerdo de poder compartido se rompió, con lo que emergió de nuevo la posibilidad de un gobierno provincial directamente desde Londres. Asimismo se complicó la postura negociadora de May de un «brexit extremo» frente a la Comisión Europea ya que el PDS estaba a favor de un «acuerdo integral de libre comercio y de aduanas» y de una frontera sin fricción con la República de Irlanda, ambos preferían un «brexit flexible» (^{DUP, 2017:19}). Para el liderazgo a futuro de May del Partido Conservador, el precio del apoyo del PDS era alto en términos políticos y financieros.

Para el Laborismo, el liderazgo parlamentario políticamente precario de Corbyn hasta las elecciones ahora estaba más allá de cualquier duda e incluso los antiguos adversarios y críticos se apresuraban a volver a bordo. Las elecciones demostraron de modo definitivo que la facción proneoliberal de Blair del Partido Laborista se equivocó en su totalidad al evaluar la fuerte predisposición antiausteridad del electorado. El Partido Laborista no fue muy claro ni antes ni después de las elecciones de 2017 acerca de los argumentos progresistas para salir de la UE y reclamar la soberanía nacional como base para el avance del socialismo. A pesar de su euroescepticismo, Corbyn parecía simplemente hacer eco a los conservadores al aceptar que «respetar el voto del referéndum de la UE» de 2016 hacía que el salir de la UE fuese una necesidad política democrática. De igual forma, concerniente a la supresión de la «libre movilidad», no se hizo ningún análisis crítico. El manifiesto Laborista se comprometió a eliminar la libre movilidad y a limitar la cifra de inmigrantes a cifras de metas específicas y estaba a favor de «reglas justas y administración razonable» (^{Labour Party, 2017:28}). Estas dos cuestiones no resueltas de las actitudes hacia la UE y en torno a la libre movilidad del trabajo representaron el talón de Aquiles del Partido Laborista, lo cual podría limitar su mayor avance.

Hacia la segunda fase de las negociaciones del brexit

Es imposible predecir el rumbo que han de tomar las negociaciones del brexit con la Comisión Europea, o lo que el futuro en el largo plazo le tiene reservado a la asediada minoría conservadora del gobierno de Theresa May, otra vez «humilde», pero fatalmente debilitada. Mucho dependerá del avance de las negociaciones del brexit y de las tensiones entre la búsqueda de un brexit «extremo» o uno «flexible» o «un poco más flexible». La Comisión Europea ha asumido desde el principio y con determinación la actitud de no dar «concesiones» en las negociaciones (^{BBC News, 19 de junio de 2017}). Desde la perspectiva de Bruselas y de los principales Estados miembros, como resultado del brexit, la economía del Reino Unido debe ser menos próspera al estar fuera del mercado común y de la unión aduanera de la Unión Europea, aunque solamente sea para motivar a los demás. El negociador principal de la Comisión, Michel Barnier, se retracta y afirma, «tratamos de enseñar a la gente (...) lo que significa el dejar el mercado común» (^{BBC News, 3 de septiembre de 2017}).

La fase 1 de las negociaciones con la Comisión Europea concluyó en diciembre de 2017. El gobierno británico aceptó la demanda inicial de la Comisión de pagar una «factura de separación», que contemplaba contribuciones del Reino Unido al presupuesto de la UE hasta el 2020. Además, se ofrecían sólidas garantías para los ciudadanos de la UE que ya residían en el territorio. A ellos se les permitiría continuar viviendo y trabajando y quienes no tenían residencia permanente podrían obtener «carta de residencia» después del brexit. La libre movilidad estaría vigente dos años después de marzo de 2019. Los que llegaran después tendrían que registrarse y May pareció sugerir, en una posterior aclaración, que no serían elegibles para tener los mismos derechos que los ciudadanos de la UE en cuanto al acceso a los beneficios sociales y a la condición de residentes. Sin embargo, los ciudadanos del Reino Unido que vivieran en un país de la UE mantendrían sus derechos de ciudadanía, excepto si se mudaran a otro país. Después del brexit, durante ocho años los juzgados del Reino Unido derivarían los casos que involucren personas de nacionalidad europea a la Corte Europea de Justicia para su tratamiento (^{European Comission, 2017f}).

Las negociaciones, a menudo desesperantes, casi se empantanaron en el minuto final debido a una intervención del psd que apoyaba al gobierno de May y que solicitaba que la relación de Irlanda del Norte al interior del Reino Unido siguiera teniendo las mismas bases que en la actualidad (lo que de alguna manera contradecía la intención declarada por el gobierno del Reino Unido de dejar la unión aduanera de la UE). Las promesas de que no habría una «frontera rígida» ni se reinstalarían puestos de control aduanero entre la República de Irlanda y el norte (la nueva frontera terrestre entre el Reino Unido y la UE), bastaron para contentar a los líderes del psd pese a la falta de claridad en lo que concierne a su puesta en práctica. Parecía que la Comisión había impuesto sus prioridades de negociación al Reino Unido y no al revés (^{McTague, 8 de diciembre de 2017}). Más allá de los inconvenientes presentados, el completar «exitosamente» la fase 1 demostró que existía el «progreso suficiente» para proceder con la siguiente, lo que fue aprobado con entusiasmo en una reunión decembrina del Consejo Europeo de Ministros que representaban a los jefes de gobierno de otros 27 Estados miembros. Con probabilidad, el «gran avance» tenía que ver con el deseo de la Comisión de no menoscabar aún más la débil posición de May como primera ministra; de lo contrario, podría ser reemplazada por el secretario del exterior Boris Johnson, un indeseable prospecto por ser un «partidario radical del brexit».

Cualquier entusiasmo en el gobierno de May acerca del «gran avance» desapareció al darse cuenta de la complejidad de las negociaciones de la fase 2, que versaban sobre la naturaleza de las futuras relaciones entre Gran Bretaña y la UE luego del brexit. Un periodo de «transición» de dos años daría tiempo a la preocupada comunidad empresarial del Reino Unido para adaptarse a las nuevas condiciones del brexit después de marzo de 2019. No obstante, esos acuerdos transicionales estaban condicionados a que el Reino Unido aceptara los términos establecidos por la Comisión Europea y de que no asumiera «ninguna acción o iniciativa (...) que pudiera perjudicar los intereses de la Unión (...) en ninguna organización, agencia, conferencia o foro internacional» (European Comission, 2018).

Lo anterior impide que el Reino Unido establezca algún acuerdo comercial independiente (pero no evita el explorar posibilidades) durante el periodo transicional. Tal como la Comisión lo declara sin ambigüedad, en ese lapso, «para efectos de los tratados (...) el Parlamento del Reino Unido no será considerado como un parlamento nacional». Por si acaso, agregó: «Durante el periodo de transición el Banco de Inglaterra no será considerado como un banco central nacional» (European Comission, 2018). Michel Barnier, parte de la Comisión, detalló las sanciones imponibles por la UE en caso de algún incumplimiento de las reglas a lo largo de la transición. Las sanciones, al menos en primera instancia, serían impuestas por la Comisión y no por los procedimientos más extensos de la Corte Europea de Justicia. Incluían el impedir el acceso al mercado único para sectores específicos y contener vuelos de la aviación civil desde el Reino Unido a la Europa continental (^{The Guardian, 6 de febrero de 2018}). La rigidez de la postura negociadora de la UE, que enfatizaba el hecho de que el Reino Unido estaría obligado a aceptar cualquier nueva ley europea sin tener ningún recurso o representación después del brexit, provocó que los mp líderes del brexit acusaran a la Comisión de intentar convertir a Gran Bretaña en un «Estado vasallo» (^{Johnson, 17 de diciembre de 2017}). El corrosivo tono de los documentos de la Comisión presagiaba el carácter de la confrontación en futuras discusiones.

Referente al comercio, el diálogo programado para comenzar en la primavera de 2018 prometía ser difícil debido al lento progreso de las negociaciones previas que habían dejado poco tiempo (menos de un año) para acordar aspectos relativos a las futuras condiciones comerciales. La Comisión y algunos líderes europeos clave, como la canciller alemana Angela Merkel, dejaron muy en claro que no se le permitiría al Reino Unido «seleccionar» los aspectos más convenientes de los actuales acuerdos comerciales si la UE aceptaba su participación en el mercado único. Por ejemplo, no habría continuidad para los «derechos de paso» totales basados en el reconocimiento de la UE o la garantía de una «equivalencia general» a las reglas financieras del Reino Unido. Así, la lucrativa provisión de servicios financieros de los bancos del Reino Unido resulta improbable a menos que el Reino Unido decidiera aceptar las cuatro «libertades» fundamentales de la UE, incluyendo la resistida libertad de movimiento. Ambos frentes tienen expectativas divergentes acerca de lo que puede lograrse en última instancia. El Reino Unido busca mantener cuanto sea posible de sus actuales ventajas en un acuerdo comercial «personalizado», mientras que la UE podría ofrecer, en el mejor de los casos, un acuerdo comercial similar al de Canadá. Esto se alejaría de los actuales acuerdos comerciales, o de la necesidad del Reino Unido de uno que equivaliera al denominado Canadá «más, más, más» que integre a los servicios financieros. Dada la multiplicidad de expectativas y objetivos, ocasionada por una falta de claridad de ambas partes sobre el tipo de relaciones futuras, la única certeza es que llegará el día del brexit, sin importar la finalización del tiempo de transición acordado en diciembre de 2020, y todavía habrá discusiones. Entonces, no debería desestimarse la posibilidad de que el Reino Unido eventualmente se «libere» de la UE sin ningún acuerdo brexit.

Al mismo tiempo, la Europa fortalecida con los restantes 27 Estados miembros y unificada temporalmente por la determinación de ir más allá del brexit ha empoderado al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para anunciar a aquellos «socios en todo el mundo (...) que están esperando a nuestras puertas, para cerrar acuerdos de comercio con nosotros» (^{Juncker, 13 de septiembre de 2017}). Australia y Nueva Zelanda, candidatos para lograr acuerdos comerciales con la Gran Bretaña post-brexit, fueron identificados como futuros socios. Juncker procuró situar a la UE como el verdadero líder del libre comercio global en contraste con el proteccionismo estadounidense, por lo que anunció triunfalmente, el mismo día en que se logró el acuerdo del brexit en la fase 1, un nuevo y amplio acuerdo comercial con Japón. A fin de impulsar tal aspiración, se plantearon las probabilidades de un inminente acuerdo con el bloque Mercosur, junto con negociaciones para incrementar las que se tienen con México (^{Hanke, 8 de diciembre de 2017}).

El temor a la competencia regulatoria de parte de la Gran Bretaña post-brexit ha adquirido relevancia para los líderes europeos. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo que representa a todos los jefes de gobierno de la UE, y Michel Barnier, cada uno por su cuenta, han advertido que un futuro acuerdo comercial del Reino Unido con Europa «debe garantizar un mismo campo de juego en términos de la competencia y de la ayuda estatal, y debe involucrar garantías frente a las ventajas competitivas injustas a través de -inter alia- dumping fiscal, social y medioambiental» (^{Hughes, 31 de marzo de 2017}; ^{Stone, 20 de julio de 2017}). Barnier expresó: «Depende de los británicos decirnos si todavía se adhieren al modelo europeo (...) su respuesta es importante porque orienta la discusión hacia nuestra futura sociedad y las condiciones de su ratificación» (^{Bloomberg, 9 de noviembre de 2017}).

El canciller del Reino Unido, Philip Hammond (en aras de mantener la opción «flexible» de acceso al mercado único), negó que el gobierno conservador quisiera convertir el Reino Unido en una economía desregulada al estilo de Singapur. Hammond declaró que la Gran Bretaña del post-brexit mantendrá un «modelo social, económico y cultural que se puede reconocer como europeo (...) Escucho a menudo decir que Gran Bretaña está considerando participar en una injusta competencia en regulación e impuestos. No es nuestro plan ni nuestra visión a futuro» (^{Maidment, 30 de julio de 2017}). En contraste, Boris Johnson (como defensor principal del brexit «radical») abogó por las atractivas perspectivas que le esperan a una Gran Bretaña post-brexit desregulada. Además, condenó a la Comisión Europea por «encerrar juntas a las naciones en una gigantesca y cada vez más rígida caja de gatos de cinta roja» y se lamentó que «los países que nos ven como líderes en desregulación y mercados libres, e intentando resistir el papel centralizador de la Comisión (...) muy a menudo (...) menos poderosos que la gran fuerza centrípeta de la integración» (^{Johnson, 15 de septiembre de 2017}). La intervención de Johnson, característicamente combativa y animada, forzó a May, a que en su muy pregonado «Discurso de Florencia» intentara resolver el «callejón sin salida» de las negociaciones de la fase 1; y que reafirmara que «los asuntos regulatorios son cruciales (...) compartimos un compromiso con altos estándares regulatorios. La gente en Gran Bretaña no quiere bienes defectuosos, malos servicios, un pobre medioambiente o prácticas laborales de explotación y no puedo imaginármelos pensando que eso es aceptable» (^{May, 22 de septiembre de 2017}). Empero, tales aseveraciones parecen ser desmentidas por las propuestas políticas internas del gobierno provenientes del Departamento de Empresas, Medioambiente y Estrategia Industrial orientadas a «maximizar oportunidades regulatorias» para impulsar la economía del Reino Unido luego del brexit, en específico aluden a la alternativa de eliminar las protecciones laborales y, en especial, la directiva de la UE del Tiempo de Trabajo (^{Kentish, 9 de febrero de 2018}).

Es muy improbable la resolución inminente de esas perspectivas contradictorias con relación al marco regulatorio de la Gran Bretaña post-brexit en un gobierno conservador fracturado, disminuido por una primera ministra debilitada, asolado por un gabinete interno y un partido feudal, rumores de escenarios en los que se reemplaza su liderazgo y el desgaste por insípidos escándalos sexuales. El aspecto fundamental que queda por resolver y que subyace en las divergentes posiciones del Reino Unido y de la Comisión Europea es el grado de «alineamiento regulatorio» o «divergencia regulatoria» que la Gran Bretaña post-brexit busca o se le permitiría tener con las regulaciones de la UE. Para esta última, la idea de una Gran Bretaña desregulada al estilo Singapur «justo en su puerta» socavaría el «campo de juego igualitario» entre los restantes 27 Estados miembros es inaceptable (^{European Comission, 2017e}). Por consiguiente, la adecuación regulatoria con las normas de la UE determinará en última instancia si habrá un brexit «radical» o «flexible».

Conclusiones

Las relaciones comerciales serán cruciales para el futuro de los estándares laborales en la Gran Bretaña post-brexit. En efecto, Reino Unido será un «tercer país» si desea acceder al mercado único europeo y en lo concerniente a enfrentar barreras adicionales arancelarias (y no arancelarias), a menos que se opte por un acuerdo de estilo noruego (que ofrece acceso al mercado único pero requiere libertad de movimiento para la UE y la aceptación de todas sus regulaciones sin que le corresponda una representación). Ese resultado no es probable dada la política del brexit y plantea un dilema adicional. Al no haber negociado alianzas comerciales por cuenta propia durante los cuarenta años de participación en la UE, el Reino Unido debe enfrentar la necesidad de adoptar una solución expedita de «cortar y pegar» las existentes con la UE en sus acuerdos equivalentes. Sin embargo, cualquier nuevo convenio puede brindar una oportunidad a las partes extranjeras de potenciar concesiones significativas en temas regulatorios. Por ejemplo, una posibilidad, es el tratado de libre comercio propuesto (si bien de manera preliminar) con Estados Unidos. Esto implicaría que el Reino Unido rebaje sus estándares medioambientales y de seguridad y que entregue el control del establecimiento de estándares nacionales clave a organismos internacionales de arbitraje (^{Bloomberg, 26 de julio de 2017}). Los estándares laborales y su cumplimiento, en particular con respecto a aquellos que son vulnerables bajo la tutela de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un contexto general de débil gobernanza global (^{Tsogas, 1999}; ^{World Trade Organisation, s/f}). Un brexit «radical» en el que la Gran Bretaña post-brexit comercie con Estados Unidos con las regulaciones de la OMC sería un incentivo para que el gobierno conservador desmantelara los ya débiles derechos laborales del Reino Unido.

No obstante lo anterior, existe un escenario más optimista, aunque muy condicionado al regreso al poder de un gobierno laborista. El progresivo «giro a la izquierda» del laborismo representa una separación con el Nuevo Laborismo y el Blairismo. De ahí que el discurso de Corbyn en la conferencia del Partido Laborista en otoño de 2017, rechazara explícitamente el «modelo en crisis» y los «fallidos dogmas del neoliberalismo» establecidos por primera vez por Margaret Thatcher como un abordaje viable para la política económica y social con equidad (Corbyn, 27 de septiembre de 2017). En el futuro, un gobierno laborista estaría comprometido con la preservación del progreso de los estándares laborales a través de mejores protecciones legislativas de los derechos laborales y al revertir las leyes contra los sindicatos comerciales de las administraciones previas. Este ímpetu, orientado a la «re-regulación» del mercado laboral en busca de objetivos generales de justicia social y al rechazo de la ideología del libre mercado, significaría un enorme avance, junto con un nuevo camino de soberanía democrática popular, sin las restricciones pro mercado de una Europa cada vez más federalizada.

El tema central de este artículo alude a la manera en que se pueden desarrollar las posibilidades para que el Reino Unido tenga una «salida hacia la izquierda» de la UE. Las elecciones generales de 2017 han mostrado un nuevo contexto político matizado por el enojo y la frustración populares generados por años de austeridad. Un electorado más joven y el retorno a la política de quienes se desencantaron previamente por las políticas del Nuevo Laborismo, pero que ahora están inspirados por el deseo de eliminar la austeridad, fueron la fuerza de cambio que dio lugar al importante resultado electoral del Laborismo. Esto representa un nuevo impulso que, de ser aprovechado de forma adecuada, podría ser el primer paso hacia un cambio social significativo y un realineamiento fundamental en la política del Reino Unido hacia la izquierda. La victoria de la izquierda que aseguró el liderazgo de Corbyn y el impresionante incremento del apoyo al Laborismo en las elecciones de 2017 no necesariamente se traduce en un enfoque crítico con relación a la participación en la UE. Muchos de quienes conforman las bases del movimiento sindical y laboral, al igual que numerosos votantes jóvenes, todavía siguen siendo fuertemente «pro europeos» en su orientación política. El debate acerca de la membresía en la UE no puede ser postergado indefinidamente pero conlleva el peligro de reiniciar divisiones que debilitan. De alguna manera, la izquierda no podría avanzar sin haber antes discutido las posibilidades de un brexit que utilice la soberanía nacional como el camino hacia las políticas antiausteridad que puedan enfrentar el equilibrio de las fuerzas de clase.

En Gran Bretaña, la prioridad para la izquierda consiste en desarrollar una crítica a la naturaleza neoliberal de la UE como un obstáculo directo para lograr el control democrático popular sobre los determinantes de la política económica y social a escalas nacional, regional y local. Esta perspectiva rechaza las afirmaciones idealistas de que «otra Europa es posible» y que ofrecen «una Europa de solidaridad», no porque tales afirmaciones carezcan de valor en sí mismas, sino porque no ofrecen ninguna estrategia real para enfrentar las estructuras antidemocráticas profundamente enraizadas al gobierno europeo neoliberal que no pueden más que resistir las profundas y exhaustivas reformas (^{Guinan y Hanna, 2016}). En términos más sencillos, la «Europa social» ha fracasado frente a la masacre neoliberal al hacer que el modelo europeo sea imposible.

El nacionalismo progresista aquí esbozado necesita que Gran Bretaña sea soberana y completamente independiente de la UE, pero no implica un retroceso hacia preocupaciones insulares o xenofóbicas. La movilización en términos de nuevas formas de autodeterminación nacional puede mantener las fortalezas del carácter unificado del movimiento sindical y laboral y al mismo tiempo puede promover un fuerte internacionalismo basado en una identidad de clase compartida. Estas luchas llevan la semilla de futuros enfrentamientos transformadores con el capital, organizados en primera instancia a escala nacional, pero confirmando los aspectos comunes con las luchas en otras partes, en contra de la dura austeridad impuesta por la Comisión Europea con la complicidad de los gobiernos nacionales con el propósito de lograr la «recuperación» de la economía europea.

En adelante, el crecimiento del ingreso en el Reino Unido en los próximos cinco años es incierto y es muy probable que el estándar de vida disminuya aún más, a menos que haya un cambio significativo en la orientación de la política del gobierno (^{Hood y Walters, 2017}). Sin duda, se intensificará el conflicto entre una mayor austeridad y un gobierno comprometido con la protección de los intereses de la mayoría de la población a través de intervenciones del Estado en la economía y en la sociedad, ya que la apuesta política no podría ser mayor. Reiterando las palabras de Samir Amin, la soberanía nacional reclamada a la UE integracionista y neoliberal es «el campo de batalla decisivo», que ofrece posibilidades para la movilización de clase que entraña la mutua solidaridad de todos los sectores de la fuerza laboral inglesa nativa y migrante. La idea de un nacionalismo progresista, basado en la expansión de las solidaridades de clase, antes que la idea concebida de una «nación» unitaria, tiene como núcleo la defensa de los derechos laborales y garantías para todos los que trabajan y viven en Gran Bretaña, sin importar género, etnicidad o país de origen.