INTRODUCCIÓN

La historia del conflicto armado colombiano del siglo XX y primeras dos décadas del XXI, ha estado trazada por una serie de negociaciones en las que su intencionalidad recayó en la solución y terminación de una guerra fratricida, con resultados parciales que no lograban alcanzar unos mínimos para la recuperación de las pérdidas materiales y humanas.

Se imponen soluciones parciales con resultados acumulativos y a veces sin ellos. En todo caso, se acumulan experiencias de pactos de paz entre los gobiernos y la mayoría de las guerrillas, dando lugar a esfuerzos hacia la construcción de la paz, pero en tensión con dinámicas de prolongación del conflicto.¹

A diferencia de la última negociación de paz realizada únicamente con una de las organizaciones subversivas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la experiencia de la conformación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) al final de la década de los 80 —cuyo objetivo fue unificar las acciones militares de las organizaciones guerrilleras existentes en el país—, prometía ser una gran oportunidad para iniciar un proceso de finalización del conflicto armado que desmovilizara a cada uno de los integrantes alzados en armas, su reincorporación a las dinámicas sociales, la apertura política de los movimientos sociales que se conformaron una vez realizado el desarme, y un compromiso serio con la paz.

En las siguientes líneas muestro el desarrollo de las negociaciones que entre los años 1991 y 1992 se llevaron a cabo entre los voceros del gobierno de César Gaviria (1990-1994), presidente de la República de Colombia para ese momento, y los representantes de cada uno de los grupos insurgentes que conformaron la Coordinadora; en dicho periodo se realizaron una serie de reuniones externas haciendo uso de las buenas relaciones diplomáticas que se tenían con países garantes como Venezuela y México. El objetivo es dar a conocer que antes del Acuerdo de Paz firmado en La Habana únicamente con la organización armada las FARC, existieron otras reuniones y acercamientos con la finalidad de buscar una salida política que, pese a los altos costos para el país, se convirtieron en un antecedente importante para la comprensión de un conflicto sui generis en el continente, reuniones que, a mi parecer, se han subvalorado y que por su desconocimiento histórico se ha caído en errores, especialmente en las definiciones de las agendas de las negociaciones póstumas y en los compromisos previos a las mismas.

En este uso de las buenas relaciones diplomáticas, nos encontramos con tres lugares geográficamente distantes entre sí, con cultura y población diversa, muy diferentes en tamaño: uno capital de un país, otro capital de un pequeño estado y el otro apenas señalado por un punto en el localizador del google maps perdido en la inmensa llanura del Orinoco colombiano, ¿cómo logran interconectarse en un episodio de la historia de Colombia en el que internet aún no invadía nuestra sociedad con plataformas ni aplicaciones que ahora permiten conocer el mundo y visitar regiones sin salir de casa? Cravo Norte en el extremo oriente colombiano, Caracas al norte de la República Bolivariana de Venezuela, y Tlaxcala en el centro del país azteca, tres escenarios heterogéneos que fueron testigo, tal vez, de uno de los diálogos más cortos, inestables e inverosímiles que han tenido los actores del conflicto armado colombiano en las últimas décadas, y por donde transitaron, divagaron y pasearon las ideas de uno de los tantos intentos fallidos en la consecución de una paz estable y duradera para el conflictivo país del extremo norte suramericano, tan complejo, que se debieron buscar garantías para solucionar asuntos netamente internos, abandonando el territorio propio a causa del viciado sistema judicial, el tradicionalismo político y la percepción constante de inseguridad que iba permeando cada una las regiones e instituciones del país.

En dicha coyuntura —de apenas un año de duración (15 de mayo de 1991 a 02 de mayo de 1992)— que tuvo como interlocutores principales, por un lado, a las guerrillas de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Ejército Popular de Liberación (EPL), y por el otro a voceros del gobierno del entonces presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, se pretendió definir una agenda de negociación en la que se discutiera la terminación del conflicto armado iniciado en la década de los sesenta, cuando se constituyeron las primeras organizaciones insurgentes, y que se prolongó durante los años ochenta como consecuencia del incipiente diálogo de paz bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), en el que emergieron también una serie de violencias que pusieron al país en el ojo del huracán a raíz de la muerte y persecución sistemática de integrantes del recién conformado partido de izquierda Unión Patriótica, el ascenso del paramilitarismo y sus nexos con algunos funcionarios del Estado, los frecuentes secuestros de políticos y empresarios, el narcotráfico y sus atentados terroristas, entre otros fenómenos que acabaron con la seguridad de los colombianos.

Esta negociación tuvo varias características: 1) Fueron diálogos que en un inicio se desarrollaron bajo la unificación de criterios de parte de todos los movimientos armados existentes a nombre de una sola organización, la CGSB; 2) La mesa de negociación fue instalada por primera vez en el extranjero, específicamente en Caracas, Venezuela y en Tlaxcala, México; 3) Fue el primer acercamiento oficial con un grupo alzado en armas después de promulgada la Constitución de 1991; 4) Fue de corta duración, inestabilidad y discontinuidad en el desarrollo de la negociación como consecuencia de la poca disposición y entendimiento de las partes para ceder en algunos aspectos o comprometerse en otros; y 5) Las negociaciones se desarrollaron en medio del conflicto, es decir, nunca se concretó un cese al fuego bilateral.

Para poder ilustrar los sucesos y altibajos que acompañaron la corta negociación, iniciaré exponiendo los motivos que llevaron a las organizaciones armadas a confluir en un proyecto unificador; posteriormente, indicaré sucintamente el inicio de los diálogos, desarrollo en los lugares ya mencionados, deteniéndome en la última y más álgida reunión, la de Tlaxcala y los sucesos que la acompañaron, así como la postura de cada uno de sus actores (Coordinadora, Gobierno e Iglesia); finalmente, concluiré con los motivos por los cuales fracasó este nuevo intento por conseguir terminar con el conflicto armado colombiano antes de haber concluido el milenio.

Es importante mencionar que el texto se nutre de la información obtenida a partir de la revisión de artículos de prensa relacionados con la instalación, desarrollo y desenlace de la mesa de diálogo llevada a cabo en Tlaxcala, México, tomando como referente el periódico mexicano La Jornada, que rigurosamente siguió día a día los sucesos en torno a la negociación durante los meses de marzo y abril de 1992 y, en correspondencia del principio de neutralidad y objetividad, consignó en cada una de sus noticias las posturas de cada una de las partes, tanto del gobierno colombiano y las fricciones existentes entre sus integrantes, como las declaraciones de los líderes de la CGSB, la información que desde Bogotá iban dando los demás funcionarios del gobierno, la participación de sectores como la Iglesia, así como los acontecimientos violentos que seguían presentándose en el país. Asimismo, fueron consultados algunos comunicados oficiales de la CGSB previamente publicados y con acceso abierto en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA), además de la revisión bibliográfica referente al tema en cuestión.

UN ACTOR COLECTIVO: LA CGSB Y SU PROYECTO UNIFICADOR

Si bien el órgano unificador en los diálogos de paz de 1992 fue la CGSB, su antecesora fue la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), surgida el 20 de mayo de 1985 por iniciativa de todas las organizaciones guerrilleras, exceptuando las FARC. Dichas organizaciones —cada una con una ideología y objetivos de lucha heterogéneos— fueron: EPL, Movimiento 19 de Abril (M-19), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ELN, Movimiento Indígena Quintín Lame, Movimiento de Integración Revolucionario-Patria Libre (MIR-Patria Libre), y Frente Ricardo Franco (disidencia de las FARC). El objetivo primordial de la CNG era consolidar un proyecto unitario que permitiera el fortalecimiento político, militar y organizativo para ejecutar acciones en contra de las Fuerzas Armadas oficiales —iniciativa que distaba mucho de la idea de un desarme o una negociación—; sin embargo, la inquietud principal radicaba en convencer e incluir a la organización más fuerte militarmente: las FARC. Tuvieron que pasar dos años para que emisarios de la Dirección Nacional del M-19 lograran un primer acercamiento con los comandantes de las FARC, Alfonso Cano y Jacobo Arenas, es así como finalmente en septiembre de 1987, en la región de Sumapaz, se oficializó la vinculación de las FARC luego del encuentro de todas las organizaciones en el campamento de La Uribe, con lo que la cohesión de la Coordinadora y el proyecto unificador quedó materializado y justificado:

La confluencia de todas las guerrillas del país es en la práctica una clara respuesta a la política de exterminio adelantada por el gobierno de Virgilio Barco y las fuerzas armadas. Se explica, además, por el agotamiento del llamado “proceso de paz” del cuatrienio anterior y la traición del gobierno de Belisario Betancur a las fuerzas guerrilleras firmantes del “Diálogo Nacional” (FARC, EPL, M-19); por el ambiente convulsionado del país a nivel político, por el cierre de los espacios políticos para las fuerzas amplias y la sistemática matazón a que son sometidos sus líderes, como se demostró en octubre de 1987 cuando las fuerzas armadas del Estado y el gobierno asesinan a mansalva y sobre seguro a Jaime Pardo Leal, presidente de la Unión Patriótica –UP.²

Los puntos mencionados responden a los antecedentes que, según las organizaciones involucradas, los motivaron a sumar esfuerzos y unificar criterios en el fortalecimiento de una estructura militar que hiciera del uso de las armas su bandera política, a saber:

Aunado a los hechos anteriores, entre 1988 y 1990, surgieron una serie de acontecimientos que pusieron al Ejecutivo contra las cuerdas, arrebatándole casi por completo la estabilidad social y política del país debido, en parte, a cierto descuido y desinterés del gobierno presidencial de Virgilio Barco (1986-1990). Masacres perpetradas por el paramilitarismo, guerra entre carteles del narcotráfico, muerte de líderes políticos, atentados terroristas, eran las noticias con las que se iniciaba el día o la semana. No es por tanto exagerado cuando gran parte de académicos y periodistas señalan el año 1989⁶ como el más violento y triste en la historia contemporánea del país. En este álgido panorama urgía reestablecer un mecanismo de negociación, ya que parte importante de los fenómenos mencionados, se ligaban con el fortalecimiento de los grupos guerrilleros y su expansión por gran parte del territorio nacional.

En este sentido, no le quedó otra salida al entonces presidente Barco, que replantear su estrategia y apostarle a una política de diálogo y paz, presionado también por el secuestro del político y escritor Álvaro Gómez Hurtado a manos del M-19, acción que forzó un rápido proceso de “acercamiento entre el grupo guerrillero y dirigentes políticos, gremiales, sindicales y eclesiásticos que condujo no solo a la liberación de Gómez sino a la reapertura del diálogo entre la guerrilla y algunos sectores de la sociedad civil”.⁷ La actitud conciliadora y la voluntad de paz que demostró el M-19 al liberar en menos de dos meses al político conservador, entre otros motivos, fueron de gran ayuda para que el gobierno decidiera entablar oficialmente una negociación con la única organización que aceptó las condiciones de diálogo, lográndose la desmovilización definitiva de este grupo armado en 1990, meses antes de que culminara la administración de Barco. Ganó el gobierno y perdió la CGSB, puesto que la desmovilización del M-19 y, por ende, su renuncia a la Coordinadora, implicó un primer viso de desestabilidad y ruptura en el proyecto unificador de las organizaciones armadas vigentes.

De esta forma se empezó a empañar la cohesión que pretendía demostrar la Coordinadora, evidenciándose con ello que “solo cumple un papel formal como canal para el intercambio de ideas y el logro de algunos acuerdos parciales, pero no tiene ninguna capacidad de “meter en cintura” a la totalidad de las organizaciones que la conforman”.⁸ Si en un primer momento aceptaron con beneplácito la disposición del gobierno de Barco para buscar una salida política al conflicto armado, cada grupo quería imponer una agenda con propuestas y criterios diferentes que respondían a sus propios objetivos de lucha, a lo cual el presidente no accedió y la Coordinadora arremetió y justificó su marginación del diálogo, aludiendo que “la actitud tímida del Gobierno, que raya con la complicidad, no contribuye a generar el ambiente hacia el diálogo ni a abrir espacios de libertades tan reclamadas hoy por la gente colombiana”.⁹

La salida del M-19 de la Coordinadora, los resultados obtenidos en la negociación política, su liderazgo en ellos y su buena disposición por la materialización de la paz, generaron una persuasión sobre las otras organizaciones de menor fuerza, especialmente porque uno de los mayores logros fue la opción de participación que ofrecía la Asamblea Nacional Constituyente a corrientes políticas diferentes de los partidos tradicionales que venían disputándose el poder en el país (liberalismo y conservatismo). Así, la desmovilización parcial del EPL, la entrega de armas total por parte del Movimiento Indígena Quintín Lame y del PRT, provocaron la deserción de tres organizaciones más de la CGSB, quedando integrada hasta su disolución únicamente por las FARC, el ELN y un reducto del EPL.

Pese a que tal situación puso en entredicho el objetivo de la Coordinadora por mantener una cohesión nacional insurgente, la ofensiva militar del gobierno de César Gaviria (1990-1994), que consistió en atacar el campamento más importante de las FARC en diciembre de 1990, Casa Verde, revivió la lucha armada de la guerrilla que respondió con una contraofensiva que tomó por sorpresa a las fuerzas militares, acompañada por una serie de atentados a la infraestructura petrolera y energética, poniendo en jaque la economía del país y limitando los alcances de la apertura iniciada por el gobierno de Gaviria.¹⁰

Por otro lado, aunque la CGSB compartía la convicción de muchos sectores sobre la importancia de convocar una Asamblea Nacional que redefiniera el rumbo político del país con justicia social,¹¹ la organización no tuvo cabida en la promulgación de la nueva Constitución, derecho del cual sí gozaron los líderes de las recién desmovilizadas organizaciones armadas, con lo cual la hostilidad de las relaciones entre FARC-ELN y gobierno se prolongaron en los meses siguientes, hasta el primer acercamiento en Cravo Norte y los posteriores diálogos en Caracas y Tlaxcala.

DE LA EXCLUSIÓN SURGE UN NUEVO INTENTO. PRIMERA ESTACIÓN: CRAVO NORTE

Si bien uno de los principios en la Constituyente era incluir la participación de sectores sociales excluidos y la vinculación a la vida democrática de las organizaciones guerrilleras, el acercamiento con la CGSB no fue posible pese a que algunos representantes del gobierno contemplaron la posibilidad de hacer contacto con líderes de las FARC y el ELN para que tuvieran la oportunidad de exponer sus argumentos, pero sin tener voto en la consulta; no obstante, se debe reconocer la participación de algunos exguerrilleros en calidad de constituyentes, tales fueron los casos de los señores Jaime Fajardo del EPL; Alfonso Peña del Quintín Lame; Antonio Navarro, Germán Rojas, Otty Patiño y Rosemberg Pabón, representantes por la Alianza Democrática M-19,¹² todos a favor de posibilitar un diálogo de paz entre el gobierno y las dos guerrillas que seguían activas: FARC Y ELN.

La Coordinadora siempre consideró que la Asamblea Nacional Constituyente era el espacio y la oportunidad propicia para pactar la paz entre los colombianos, empero, lamentó y rechazó tajantemente lo que ellos consideraron un obstáculos al diálogo y el servilismo de la Asamblea frente a los intereses del impuesto modelo económico neoliberal a favor de las políticas antipopulares del país.¹³

Frente a la álgida relación de la Coordinadora con el presidente Gaviria, “el 30 de abril de 1991, una delegación de la CGSB […], irrumpió en la sede de la embajada venezolana en Bogotá, ante la reiterada postura negativa del gobierno nacional de iniciar un proceso de diálogo de paz […]”. Logrado el asilo diplomático en Venezuela, emitieron un comunicado en el que exhortaron a un diálogo directo con el gobierno¹⁴ y la posible liberación de más de 60 prisioneros de guerra que la insurgencia tenía en su poder.¹⁵ Dicha oferta logró menguar la actitud intolerante del gobierno que por fin aceptó escuchar a la Coordinadora.

La cita formal fue el 15 de mayo de 1991 en un pequeño municipio colombiano cercano a la frontera venezolana, Cravo Norte, donde se reunieron los siguientes delegados: por parte del gobierno el viceministro de gobierno, Andrés González y el asesor presidencial Carlos Eduardo Jaramillo; y por parte de la CGSB tres guerrilleros que estaban asilados en Caracas: Daniel Aldana, comandante de las FARC; Miguel Suárez, disidente del EPL; y Lucía González, vocera del ELN. De este primer encuentro de tres largos días de discusión, se consiguió el consenso de celebrar conversaciones directas con representantes del más alto nivel de decisión, encaminadas a buscar una solución negociada a la confrontación política armada.¹⁶

SE INTERNACIONALIZA EL DIÁLOGO. SEGUNDA ESTACIÓN: CARACAS

Acatando el consenso conseguido en Cravo Norte de iniciar un diálogo con voceros que tuvieran poder decisorio frente a una negociación viable, fue en la capital venezolana donde se reunieron altos mandos en representación de cada una de las partes: por el gobierno colombiano estuvieron Humberto de la Calle y Andrés González, ministro y viceministro de gobierno respectivamente; y Jesús Antonio Bejarano, consejero para la paz. Por la CGSB: Alfonso Cano, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Andrés París, Guillermo Zuluaga, Miguel Suarez y Daniel Aldana, representando a las FARC; Diego Ruíz y Asdrúbal Jiménez en nombre del EPL; y Francisco Galán y Lucía González por el ELN.¹⁷

Dicho equipo participaría en cuatro rondas de conversaciones entre junio y noviembre de 1991, iniciando con buena mar dos días después de comenzada la negociación (6 de junio), con la publicación del documento titulado “Declaración de Caracas”, en el que se condensó la concepción del proceso de paz compartida por cada una de las partes y una serie de temas convenidos para conformar una agenda preliminar, temas que no diferían mucho de las negociaciones anteriores: derechos a las minorías étnicas, manejo de recursos naturales, cese al fuego, democratización de la política económica y social, etc.¹⁸ En una segunda ronda se discutió la posibilidad de contar con una comisión de veeduría internacional y el cese al fuego, asunto que hizo subir el tono de la conversación, evidenciándose con mayor fuerza en la tercera reunión donde el gobierno expuso su propuesta de cese al fuego bilateral, a lo que la CGSB respondió con una contrapropuesta en la que solicitaban por lo menos 90 puntos territoriales controlados por la guerrilla sin presencia de fuerzas armadas estatales (conocidas como zonas de distensión), la cual de tajo fue rechazada. En la última reunión se hizo un balance general de los temas discutidos, los cuales fueron finalmente reducidos a 16 puntos que describieron la postura de las dos partes respecto a problemáticas concernientes a garantías jurídicas para los guerrilleros, freno a los constantes ataques paramilitares, terminación de crímenes como el secuestro, la desaparición forzada, la retención de militares y, por supuesto, el cese al fuego bilateral, objetivo central y casi que innegociable con el que se abrió la tercera ronda de conversaciones, entre otros asuntos.¹⁹

La actitud positiva de la CGSB tras lo acordado en Caracas se hizo manifiesta en una carta abierta que la Coordinadora emitió al Congreso y que, junto con la “Declaración de Caracas”, sentaron en parte las bases que reanudarían la negociación el año siguiente. En concreto, los puntos por los que la Coordinadora le apostaba a la continuación del diálogo fueron los siguientes: participación democrática, desmilitarización, autodeterminación nacional, política económica independiente y de bienestar social, integración multiétnica y pluricultural, y una política internacional autónoma y de integración latinoamericana.²⁰ Por su parte, el gobierno fue insistente en que para continuar con el proceso era compromiso ineludible el cese al fuego bilateral.

Empero, los sucesos que se avecinaban en el país vecino con el golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992, cambiarían el rumbo político y social de Venezuela para siempre, situación que impidió que las negociaciones con la CGSB continuaran desarrollándose allí, pero que, paradójicamente, posicionaría y llevaría a la presidencia, seis años después, a uno de los líderes políticos más solidarios y partidarios de la lucha revolucionaria abanderada por la guerrilla colombiana, el militar Hugo Chávez Frías.

TLAXCALA COMO NUEVO ESCENARIO. TERCERA Y ÚLTIMA ESTACIÓN

Pese a que Venezuela ofreció una ciudad diferente a Caracas para darle continuidad a los diálogos una vez se decidiera su reanudación, al equipo negociador no le pareció prudente y emprendió la vía diplomática para buscar otro escenario. Bien sabido es la postura neutral y diplomática con la que goza México y, precisamente para inicios de 1992, se llevaba a cabo la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el gobierno de la República de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,²¹ con lo que se daba por hecho el fin del conflicto armado en el país centroamericano, motivo de más para confiar en que esta experiencia podría ser replicada en el desolado contexto colombiano, aunque en realidad la guerrilla, al parecer, nunca contempló dicha posibilidad.²²

El centro vacacional de La Trinidad en la ciudad de Tlaxcala, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros de la Ciudad de México, abrió sus puertas oficialmente el 10 de marzo de 1992 para recibir a los voceros de cada una de las partes y reanudar así el diálogo iniciado en Cravo Norte. El centro tuvo que hacer una serie de adecuaciones físicas para recibir a las comitivas, tales como la instalación de un equipo de la oficina de prensa, telefonía y fax para la comunicación constante y permanente con Bogotá. También se hicieron algunos cambios en el equipo negociador: Jesús Antonio Bejarano, de la delegación gubernamental nacional en las reuniones anteriores renunció²³ y fue reemplazado por Horacio Serpa Uribe, representante presidencial en la Consejería para la Paz, quien fue recibido con beneplácito por parte de los líderes guerrilleros, acompañado esta vez por el viceministro de gobierno Héctor Riveros, además de José Noé Ríos y Eduardo Paz. Por primera vez se contó con la presencia de un pequeño equipo de diplomáticos mexicanos encabezado por el embajador Sergio Romero Cuevas y el jefe de organismos internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gustavo Iruegas, con el que se pretendía brindar mejores garantías a la negociación, aunque su papel en un primer momento fuera simplemente como observadores. Por parte de la CGSB asistieron representantes de cada una de las tres organizaciones armadas, entre los más destacados: Pablo Catatumbo, Iván Márquez y Alfonso Cano del secretariado de las FARC; Asdrubal Jiménez y Diego Ruíz del EPL; y Diego López del ELN.

Pese al nuevo y cómodo escenario, y a los nuevos integrantes en la mesa negociadora, el diálogo no inició como se esperaba. Tal como lo reportó el 10 de marzo el diario mexicano La Jornada, la primera reunión empezó bastante tensa debido a la doble postura del gobierno colombiano ante el accionar de la CGSB.²⁴ Según la prensa azteca, existía una abierta contradicción entre los representantes del gobierno nacional colombiano, ya que, por un lado Serpa “tendía una rama de olivo a la Coordinadora” afirmando que “el diálogo hoy instalado es un instrumento para la convivencia”; sin embargo, esa no era precisamente la percepción del viceministro de gobierno, Héctor Riveros, quien de entrada le propone un reto a la guerrilla: “demostrar si tiene el coraje de hacer política sin armas, o si por el contrario, el ejercicio de la violencia se les convirtió en un vicio”, contradiciendo al consejero para la paz (Serpa) al agregar que, “la finalidad del diálogo no es encontrar fórmulas de convivencia con estos grupos”. Estas y otras tantas aseveraciones de parte del viceministro indispusieron y sorprendieron a los comandantes guerrilleros, quienes por supuesto respondieron a tales cuestionamientos anteponiendo sus propias condiciones mientras los diplomáticos mexicanos observaban atónitos. Alfonso Cano tomó la vocería de la Coordinadora realizando un diagnóstico negativo de la gestión presidencial que se empeñaba en relacionarlos con el narcotráfico, a lo que el negociador guerrillero arremetió manifestando que el gobierno Gaviria estaba mal informado, al tiempo que aprovechó la situación para criticar la apertura económica encaminada a un capitalismo salvaje sin retroceso.

Pese a las asperezas con las que inició el diálogo, el 13 de marzo —segundo día de negociación formal— la mesa negociadora dio a conocer un comunicado conjunto en el que acordó discutir “aspectos de la vida nacional”, cuyos temas ampliaban la discusión y versaban en torno a la apertura económica y sus efectos sociales; corrupción administrativa; derechos humanos; paramilitarismo y aspectos de la confrontación armada que afectaban a la sociedad civil tales como los secuestros, la desaparición forzada y las constantes detenciones arbitrarias; así como Estado, democracia, nueva Constitución y sistema político,²⁵ coincidiendo en que el tema del cese de hostilidades seguiría siendo primordial y urgía llegar a un pronto acuerdo en ese aspecto. Así las cosas, se requería de la presencia de otros estamentos como la clase obrera, empresariado y otros representantes especialistas en los temas convenidos que, se preveía, estarían presentes en la tercera reunión. Sin embargo, la mesa nunca dio a conocer a la prensa copia alguna o documento oficial donde se hubieran plasmado los puntos antes mencionados.

Una vez terminada la reunión, cada una de las partes dieron a conocer su postura: Cano en representación de la Coordinadora insistió en que para seguir avanzando era indispensable que la mesa tuviera en cuenta los puntos definidos por ellos en Caracas, especialmente lo concerniente a la desmovilización del paramilitarismo y la crisis en materia de derechos humanos; Serpa en representación del gobierno nacional, acusó a la insurgencia de asumir una posición desafiante durante la reunión, lo cual dificultaba el diálogo y le recordó a la Coordinadora que uno de los puntos acordados en Caracas incluía también el no atentar contra la estructura petrolera (ver tabla 1 en Anexo), mientras que desde Colombia el ministro de gobierno, Humberto de la Calle, insistió en que “a pesar de los diálogos con la guerrilla, se robustecería sustancialmente el aparato militar oficial, incrementando los gastos militares y sosteniendo el impuesto de guerra”²⁶ implantado desde el año anterior para reforzar las unidades de las fuerzas armadas especializadas en contrainsurgencia, lo que sonaba amenazante y provocador para la guerrilla, la cual efectivamente seguía arremetiendo contra la infraestructura y la sociedad civil colombiana.

Tal como se dispuso al final de la jornada del 13 de marzo, para la tercera ronda de conversaciones se incorporaron a la mesa negociadora siete integrantes más. Por parte del gobierno nacional, Jorge Ospina, ministro de Desarrollo Social; Gilberto Echeverry, consejero presidencial de Política Social; Héctor Cadena, viceministro de Hacienda; y Armando Montenegro, director de Planeación. Por el lado de la insurgencia se sumaron: Wilson Borja que asistió en representación de la Central Unitaria de Trabajadores, y Nelson Fajardo y Jairo Estrada del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales de Colombia.

Siguiendo el común denominador de las jornadas anteriores, la tercera reunión en Tlaxcala empezó tensa por dos razones primordiales: por un lado, la difusión de una falsa noticia, al parecer, publicada en la cadena radial colombiana Caracol, en la que se anunciaba una tregua unilateral por parte de la CGSB que consistía en el cese al fuego para la continuidad de los diálogos en Tlaxcala.²⁷ La mesa aclaró que nunca hubo dicha intención y que cualquier acuerdo se tomaría “en forma conjunta” y que solo un pacto de ese tipo podría ser producto de la mesa de negociación directamente desde Tlaxcala.²⁸ La segunda razón tenía que ver con una propuesta radical que a última hora exponía con vehemencia la CGSB sobre la mesa: cambios en materia económica y rechazo a la política neoliberal del gobierno Gaviria.

Aunque era un punto innegociable, la nueva delegación nacional dedicó toda la reunión a defender y demostrar las bondades del programa económico oficial y, a diferencia de las reuniones anteriores, esta concluyó en buenos términos, donde cada una de las partes celebró como un triunfo el hecho de discutir acerca de los problemas políticos, económicos y sociales que aquejaban a la nación, y no solamente reducir dichos asuntos a lo militar, celebración frente a la que por primera vez se pronunciaba el “legendario Tirofijo”,²⁹ o mejor, Manuel Marulanda Vélez, máximo líder de las FARC, así como el mismo presidente Cesar Gaviria, quien insistió de manera reiterada en la postura conciliadora del gobierno, en antagonismo a la poca voluntad que —según él— veía de parte de la guerrilla que se empeñaba en la vía de las armas para llegar al poder.³⁰

Entre la aparente calma de la tercera reunión, el ambiente en Tlaxcala cada día se empantanaba más, por lo que las partes negociadoras decidieron entrar a un receso de 24 horas a cumplirse el día 20 de marzo. Mientras tanto, desde Bogotá, circulaban rumores sobre retirar al equipo de funcionarios del gobierno de Gaviria que viajó a México con el objetivo de explicarle a los comisionados guerrilleros las políticas de apertura económica. Asimismo, tanto Horacio Serpa desde Tlaxcala como Humberto de la Calle desde Bogotá, exhortaron a la guerrilla la inmediata liberación de Argelino Durán Quintero, exministro de Obras Públicas, y Norberto Morales Ballesteros, expresidente de la Cámara de Representantes, secuestrados en los meses de enero y marzo respectivamente; de la misma forma, el “legendario Tirofijo” responsabilizó al frente Libardo Mora Toro del EPL de ambos secuestros, lo cual era cierto, justificando a la par el deber de esta organización de regresarlos con vida sin involucrar a la CGSB.

Lo que pocos sabían, y que se convirtió en el detonante para el fin de la negociación durante los días siguientes, era que el exministro Durán estaba muerto desde el 14 de marzo, al parecer, a raíz de un infarto causado luego de una extenuante caminata a la que fue forzado a sus 77 años por la guerrilla del EPL, dado el temor de ser bombardeados por tropas del ejército en una zona selvática del departamento del Norte de Santander.³¹ Diego Ruiz, representante del EPL en la mesa de Tlaxcala, catalogó la muerte de Durán Quintero como un “error político”, aludiendo además que parte de la responsabilidad debía ser compartida con el gobierno ya que este negó en dos ocasiones al EPL el despeje de la zona donde se encontraba el secuestrado (región que colinda con Venezuela) para poderlo sacar del monte, así como la posibilidad de iniciar diálogos regionales. El líder guerrillero a la par rechazó y cuestionó la postura del gobierno que vio en la muerte del exministro, la excusa directa para la retirada de su comitiva de la mesa de Tlaxcala y con ello levantamiento definitivo de los diálogos, afirmando además que:

En Colombia las masacres realizadas por la fuerza pública, a veces paramilitares, a veces policiacas o combinadas, llegan a cobrar hasta 40 vidas o más en un solo operativo. Se ametralla, se tortura, se bombardea, se desaparece y no pasa nada. Y ahora por una muerte se suspende el diálogo, ¿por qué?³²

La discusión sobre la continuidad o ruptura de la negociación en Tlaxcala durante los días posteriores a la muerte del exministro fue el tema central obligando a cada una de las partes, teniendo que reorientar su participación en la negociación. Es así como el gobierno apostó por reforzar su pie de fuerza inyectándole 301 millones de dólares y por continuar con la mesa de Tlaxcala siempre y cuando la guerrilla se comprometiera con el cese al fuego y a no seguir secuestrando; en palabras de Serpa: “mientras no haya cese al fuego la mesa de negociaciones, si es que vuelve a funcionar, será frágil, inconsistente, y estará sometida a las contingencias que produce esta guerra tan cruel, insensata y estéril”.³³ Por su parte, la CGSB anunció la posibilidad de integrar un frente unido entre las tres organizaciones armadas con una sola comandancia —algo que debieron haber hecho desde el inicio de la conformación de la Coordinadora— y continuaron con su postura radical y renuente frente a la negación del cese al fuego como punto condicionante de los diálogos.

El receso de 24 horas se fue prolongando hasta convertirse en nueve días, tiempo en el que los representantes de la CGSB continuaron en Tlaxcala, mientras que la comisión del gobierno retornó a Bogotá por exigencia del mismo presidente Gaviria. En una conferencia de prensa a medios mexicanos, los comandantes Alfonso Cano e Iván Márquez de las FARC, Antonio García del ELN y Diego Ruíz del EPL, advirtieron que si la delegación gubernamental estiraba más de lo conveniente el “tiempo prudencial” que se había propuesto, “tendremos que viajar al interior [a Colombia] para consultar con nuestras comandancias”,³⁴ lo cual generaría situaciones más difíciles y complicadas para el seguimiento de la negociación y, prácticamente, la sentencia de su definitiva culminación. Por ello, los comandantes guerrilleros manifestaron su preocupación e instaron al gobierno a reanudar inmediatamente los diálogos, considerando “indispensable desarrollar el temario y la metodología acordados con el gobierno sobre política macroeconómica y no sobre el cese al fuego”.³⁵

Los días de espera para la CGSB en Tlaxcala siguieron pasando mientras el gobierno en Colombia fortalecía su institución militar y arremetía contra los frentes guerrilleros desplegados en diversas regiones del país.³⁶ Las pérdidas humanas y materiales, el terror y la zozobra que producían los atentados y secuestros, era el resultado diario de la nefasta confrontación entre sus múltiples actores: guerrilla, paramilitares, militares, narcotraficantes y delincuencia común. Sumado a este oscuro panorama, las crecientes pérdidas económicas y el nuevo rumbo económico que se empezó a instaurar,³⁷ provocaron una serie de demandas y protestas de la sociedad no solo en el país, sino también fuera de él; tal fue el caso de los residentes colombianos en México que conformaron el colectivo denominado “Grupo de Residentes Colombianos por la Vida y la Paz en México”, quienes realizaron una serie de manifestaciones frente a la embajada de Colombia en la Ciudad de México, en la que apoyaban sin ninguna condición la reanudación de las negociaciones y, dirigiéndose explícitamente al presidente Gaviria, lo exhortaban a “lograr una paz sin vencedores ni vencidos”.³⁸

Fuente: La Jornada, 31 de marzo de 1992, p. 37.

Imagen 1. Equipo negociador de la CGSB durante su estancia en Tlaxcala, entre ellos, Alfonso Cano (abatido en 2011) e Iván Márquez, quien después del Acuerdo de La Habana, y al día de hoy, decidió retornar a la selva y empuñar las armas. También aparecen Antonio García del ELN y Diego Ruíz del EPL. 

Debido a las presiones y a las tres semanas en las cuales los diálogos estuvieron congelados, un nuevo actor entró en el escenario de la mesa negociadora en Tlaxcala: la Iglesia. Así pues, el sacerdote Nel Beltrán fue el representante que viajó de inmediato a México a reunirse con el equipo negociador de la CGSB, encuentro que se concretó el 9 de abril junto con el viceministro colombiano Héctor Riveros y el diplomático mexicano Sergio Romero Cuevas, y en el que simplemente se reiteró, por parte de los dirigentes guerrilleros, la urgente necesidad de reanudar los diálogos para tomar decisiones de manera bilateral en la mesa, y no solo de una de las partes —en este caso el gobierno—, que además se empeñaba en imponer condiciones inaceptables y no pactadas desde un inicio en la definición de los puntos a negociar.³⁹ Argumentaban, además, que los temas que solicitaba el gobierno estaban presentes en los dos últimos puntos concertados: paramilitarismo y derechos humanos, por lo que no veían la necesidad de modificar la agenda, de manera que, al llegar a esos puntos se lograría “humanizar la guerra antes de ir a otro tipo de acuerdo”.⁴⁰

Desde el inicio, el papel de la Iglesia fue solo de mediación, más no de deliberación, por lo que el encuentro con su representante no surtió ningún efecto significativo y fue lento, además, estuvo empañado por los sucesos violentos acaecidos en territorio colombiano, a los que se sumaron una serie de protestas civiles en torno al cierre de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), el racionamiento de energía que se avecinaba, los atentados a la infraestructura petrolera y los constantes enfrentamientos entre guerrilla y ejército. Desde Bogotá, el consejero Serpa reiteraba que la única forma de volver a Tlaxcala y sentarse en la mesa de diálogo era con la aceptación, por parte de la CGSB, de una “modificación de la agenda para discutir primero el tema de los secuestros y las condiciones para un cese al fuego”, advirtiendo además que:

[…] el ejército está preparado para ganarle la guerra a la CGSB […] la fuerza institucional se va a imponer sobre la rebelión […] queremos llegar a un pronto acuerdo pero no vamos a firmar la paz a cualquier costo. Si no hay acuerdo, habrá una lucha prolongada que costará muchas vidas y el sacrificio del desarrollo de Colombia.⁴¹

Después de declaraciones confirmadas y refutadas, la Coordinadora accedió a poner sobre la mesa la discusión acerca del cambio de la agenda, reanudándose oficialmente los diálogos el 22 de abril con la llegada a Tlaxcala del consejero para la paz Horacio Serpa, acompañado esta última vez por el viceministro de gobierno Héctor Riveros. El diálogo se reinició bajo una postura tensa, puesto que la comitiva guerrillera exigió un punto que se había tratado desde Caracas y que a la fecha no se estaba cumpliendo: la creación de una veeduría internacional que garantizara la seriedad y cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, mientras que los delegados gubernamentales radicalizaron su postura con el asunto de los secuestros y el cese al fuego.⁴² Empero, la caótica situación social del país generada por el racionamiento de energía, sumada a la huelga que los trabajadores de Telecom, iniciaron los rumores de paros cívicos y agrarios en diversas regiones del país con alta presencia armada, situación que trascendió del escenario nacional y tocó la mesa de negociación en México, donde los negociadores no tuvieron más remedio que suspender por dos días más el nuevo encuentro,⁴³ mientras la CGSB manifestaba todo su apoyo y solidaridad a los huelguistas, situación que fue prolongándose a tal punto que por iniciativa de la misma Coordinadora, se suspendió definitivamente la mesa de Tlaxcala el 2 de mayo de 1992.

El levantamiento definitivo de la mesa de diálogos originó fuertes críticas de parte del gobierno, el cual señaló que la ruptura se debió a una supuesta división entre los mandos de la CGSB. En respuesta, la Coordinadora recriminó al gobierno por su “empecinamiento en modificar la agenda definida desde el 13 de marzo y condicionar la discusión”.⁴⁴ La frustración invadió a la Iglesia, el miedo se apoderó de la sociedad civil, mientras el robustecimiento militar fue el camino a seguir tanto del gobierno como de la guerrilla. Lo que se desarrollaría durante los años 90, era un panorama oscuro de miles de muertos, desplazados, desaparecidos, campos abandonados, pérdidas materiales incalculables y un atraso económico que, aún hoy día, no se logra remediar. La esperanza en que la negociación y el diálogo fueran la salida más conveniente para la terminación de un conflicto armado, se pospuso por casi 20 años.

CONCLUSIONES

Las discontinuidades, interrupción en las sesiones, nula asertividad comunicativa en cada una de las jornadas, así como la desconfianza, recriminaciones e intereses individuales, fueron una constante durante todo el proceso de negociación entre la CGSB y los voceros del gobierno de Cesar Gaviria. En cada una de las tres estaciones donde se desarrollaron los diálogos (Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala), se trataron temas diferentes, nunca hubo un hilo conductor desde el inicio y, lo que fue aún más grave, no hubo compromiso ni convicción de ninguna de las partes por ceder y apostar a una salida negociada; por el contrario, el camino armamentista nunca quedó de lado, lo cual fue evidente tanto en los comunicados y el accionar del gobierno, como en el de la CGSB. Los atentados terroristas y las ofensivas militares persistieron en gran parte del territorio colombiano, mientras se pretendía mostrar a la opinión internacional una versión pacifista de una realidad que no llegó.

En Cravo Norte se logró el consenso para la organización de las delegaciones que enfrentarían la negociación de cada una de las partes; en Caracas se definieron en consenso los puntos a negociar y se condensaron en comunicados y documentos oficiales que, posteriormente, se convirtieron en la evidencia que corroboró la buena voluntad en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado, pero también fue el lugar desde donde se inició el debate sobre el cese al fuego bilateral sin ninguna directriz ni compromiso; y finalmente, en Tlaxcala, la tensión se multiplicó por diversos motivos: 1) La violencia en Colombia que se incrementó durante los dos meses de diálogos, algunos bajo la responsabilidad de las organizaciones que conformaban la Coordinadora; 2) La propuesta abrupta y a última hora por parte de la CGSB de sumar en la agenda negociadora el rechazo a la política neoliberal del gobierno Gaviria que claramente respondía a directrices del FMI y del Banco Mundial, en desmedro de los intereses nacionales; 3) La crisis energética y la ola de protestas laborales por el cierre de empresas públicas como Telecom; y 4) La muerte del secuestrado Argelino Durán, hecho que justificó que el gobierno exigiera un cambio en la agenda, presionando a la guerrilla con el compromiso de la terminación de los secuestros y el cese al fuego para continuar el diálogo, derrotero a la vez, puesto que la guerrilla nunca contempló dicha posibilidad y el gobierno tampoco mostró intenciones serias al respecto.

Frente a los actores partícipes, es importante señalar que las pretensiones de unificación de la CGSB distaron mucho de la constitución de una organización unánime, articulada y comprometida en la terminación de la confrontación armada. Fue una Coordinación de papel, pues cada una de las tres organizaciones continuó manteniendo su comandancia, estructura e ideología por separado; no obstante, se resalta que los puntos a negociar en las reuniones de Caracas y Tlaxcala, estuvieron siempre enfocados en asuntos que consideraban relevantes para el desarrollo de cualquier acuerdo, por ejemplo, el tema de la constitución de una veeduría internacional que estuviera presente, mediando y evidenciando los compromisos adquiridos por cada una de las partes. Nunca hubo un levantamiento de alguno de sus representantes, por el contrario, tal como lo afirmó Alfonso Cano en una entrevista: “oímos pacientemente al equipo económico enviado por el gobierno, pero cuando nos tocó el turno de opinar y contra argumentar no nos dejaron, se levantaron de la mesa y se fueron. Ellos, unos másteres de Harvard son unos montañeros como nosotros”.⁴⁵

Por parte del gobierno nacional, fue evidente el empeño de imponer y defender todo el tiempo la política neoliberal, así como la presión por exigir a la guerrilla el cese al fuego, solicitud bastante paradójica si se toma en cuenta que el gobierno le apostó todo al fortalecimiento militar de su fuerza pública, que consistió en una gran inversión para gastos de seguridad y creación de brigadas móviles de lucha contrainsurgente, con las cuales se intensificaron significativamente las ofensivas, bombardeos y hostigamientos a regiones con fuerte presencia de organizaciones armadas, alcanzando altos índices de muertes violentas, no solo durante los meses de negociación en Tlaxcala, sino que persistió en los años siguientes, especialmente en zonas que eran el bastión de las FARC como el caso de los Llanos Orientales.⁴⁶

México por su parte, vuelve a ofrecerse como garante en otros intentos fallidos de negociación: en febrero de 2001, el embajador de México en Colombia, Luis Ortiz Monasterio, anunció que su país estaba dispuesto a prestar su territorio para las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Aunque el mandatario colombiano no aceptó la oferta, sí agradeció la iniciativa e invitó a México, representado por su embajador Ortiz Monasterio, para que formara parte del grupo de países amigos que acompañó a la comisión negociadora durante los diálogos en San Vicente del Caguán, entre 1999 y 2002. También es de resaltar que el gobierno mexicano permitió el funcionamiento de la oficina internacional más grande e importante de las FARC, en donde, según voceros de la organización, se realizaban labores estrictamente “diplomáticas”, pero una vez rotos los diálogos con las FARC, el entonces presidente Vicente Fox (2000- 2006), consideró que no era viable la permanencia de la sede y que no tenía justificación si resultaba inútil para la consecución de la paz, por lo que ordenó su cierre.⁴⁷

Finalmente, y como lo mencionó el militante del Partido Comunista Colombiano, Carlos Lozano Guillén, “Cravo Norte-Caracas-Tlaxcala fue un esfuerzo que resultó esquivo para la paz, la oligarquía no permitió el debate sobre las reformas democráticas”.⁴⁸ La historia se repetiría años después en el Caguán, y tendría que llegar el nuevo milenio y pasar 15 años más para que por fin se desarmara la guerrilla más antigua del continente, aunque con ello emergiera otra serie de problemáticas ideológicas que ahora tienen polarizada a la sociedad, reconfigurándose el escenario de combate, los actores y las formas de negociación en una nueva era, la de la globalización.