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La participación ciudadana en las iniciativas de regeneración urbana, particularmente en el caso de los centros históricos, es un fenómeno relativamente reciente y se asocia con los cambios en los procesos de gestión urbana que han ido incorporando la participación de la sociedad civil a raíz de la creciente democratización de la vida pública en México durante las últimas décadas. La defensa del patrimonio cultural de los centros históricos también se vincula a los nuevos procesos de regeneración de estos ámbitos con motivo del crecimiento y desarrollo de la industria turística y la recreación social que están provocando cambios en su fisonomía, usos de suelo o actividades asociadas, así como en el valor inmobiliario derivado de la diversificación de las prácticas sociales en sus entornos e intensificación de la vida social en ellos (González Varas 2015, 81).
El fortalecimiento de la conciencia social sobre el significado del patrimonio ha ido a la par, no sólo de la creciente normatividad de los diferentes órdenes de gobierno orientada a protegerlo conforme avanzan los tratados y protocolos internacionales en la materia, sino -sobre todo- de la implicación que progresivamente tiene la ciudadanía mediante su trabajo y actividad orientada a su resguardo y aprovechamiento. No es casualidad, por tanto, que a la par del dinamismo y el creciente número que se observa en la constitución de diversas organizaciones sociales orientadas a la defensa del patrimonio, crezca también su capacidad de trabajo y su reflejo en los cambios e intervenciones que se realizan en ámbitos y edificaciones con este carácter.
Tal vez por ello, tampoco ha sido casualidad que, en Mérida, los primeros en impulsar la conciencia patrimonial fueran los encargados de inculcarla y de ejercerla en su práctica profesional, como la Escuela y después Facultad de Arquitectura (FAUADY) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), así como los colegios de arquitectos, pioneros en impulsar los primeros trabajos de protección, aprovechamiento y rescate del sector central de la ciudad y de otros del interior del estado. Así, aunque esta función recae primordialmente en las autoridades federales, estatales y municipales, fueron organizaciones autónomas de la sociedad civil quienes iniciaron la defensa social patrimonial en Yucatán, como parte de la formación integral de sus alumnos y práctica profesional de sus colegiados.
Con la actualización normativa iniciada por los principales países europeos, a raíz de sus políticas de reconstrucción de posguerra, México también actualiza su legislación federal mediante la Ley Federal de Zonas Patrimoniales de 1972, misma que vino a subsanar la obsolescencia y carencias legislativas de los otros órdenes de gobierno, sin embargo, su aplicación en Mérida se comenzó a dar en la práctica hasta que se decretó su correspondiente Declaratoria de la Zona de Monumentos de Mérida en 1982, situación que explica en parte el rezago gubernamental en esta materia hasta entonces. Como consecuencia, esta ciudad vio caer previamente a cerca del 46% de sus edificios en su centro histórico y grandes ejemplos de arquitectura porfiriana en el Paseo de Montejo, principalmente (Peraza Guzmán 1997, 194).
No obstante que lo anterior ha impedido incluir a Mérida en la lista indicativa del patrimonio mundial, a pesar de poseer la segunda zona más grande de monumentos del país con 8.9 km2, su subsistente riqueza patrimonial ha sido suficiente para llamar la atención mundial del turismo internacional e ir convirtiendo esta industria, en las últimas décadas, en una de las actividades productivas más importantes de la entidad.
Los antecedentes
El papel de las organizaciones sociales en la defensa del patrimonio cultural de los centros históricos nace como una tarea emergente en virtud de la problemática que los aqueja desde mediados del siglo XX con la llegada del Movimiento Moderno y sus nuevos patrones de diseño contrapuestos a los códigos y tipologías precedentes y el consabido impacto que tienen en ellos sustituyendo a su arquitectura tradicional. El marco normativo preexistente en esta mitad del siglo XX es escaso, lejano y lento en su aplicación y, por tal motivo, insuficiente para enfrentar el fenómeno de la modernización urbana desde una perspectiva sustentable.
La poca consideración legal que existía en México en esta materia se restringía a la ley Federal de 1934, creada bajo la administración cardenista, denominada Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, que tenía un carácter genérico y un marco normativo general. También se publica ese mismo año su correspondiente reglamento que sirve como instrumental técnico de conservación en la práctica. A partir de ello se inician las normas estatales en esta materia en el país.
En 1954 la Convención de la Haya de la UNESCO aportó consideraciones relacionadas con la pérdida o destrucción súbita del patrimonio. En 1964 se redactó la Carta de Venecia y se enriqueció el marco normativo internacional con consideraciones como el reconocimiento a la arquitectura menor; el carácter interdisciplinario de la conservación; la utilidad del patrimonio, sin menoscabo a su autenticidad; la escala del entorno como parte inherente del monumento; la relación del monumento y su contexto físico; la integralidad de la arquitectura monumental o el respeto a cada época y a sus características acordes al entorno tradicional donde se ubica. Estos principios sirvieron para la reconstrucción europea de posguerra y la modernización de sus ciudades con la especial consideración a sus monumentos que le caracteriza a nivel mundial y al posterior éxito turístico de sus centros históricos. En este contexto histórico surgió la Ley Federal de Protección de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, vigente hasta la fecha en México. Ésta se complementa con su reglamento aparecido en 1975 y el Decreto de Zona de Monumentos de la ciudad de Mérida en 1982, anteriormente citado.
Hasta entonces, los ordenamientos locales, estatales o municipales eran omisos en esta materia y lo único que aportaron los planes y programas estatales de Desarrollo Urbano, durante este periodo de mediados de siglo, son consideraciones generales y definiciones de usos del suelo para el sector central de la ciudad. Es sólo a principios de 1981 que la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y el Ayuntamiento de Mérida publican un manual explicativo con las características fisonómicas del centro histórico de Mérida ("Plan parcial" 2004). Así, se dio pie a la presentación de iniciativas reglamentarias para el centro histórico, de modo que intervino el Ayuntamiento meridano en esta tarea, pues se vio involucrado directamente en atentados patrimoniales que generaron, poco a poco, el reclamo social de la ciudadanía.
Mérida: El rescate de su fisonomía, con el fin de proporcionar orientación sobre la restauración de la arquitectura en el centro histórico de Mérida, dada la inexistencia de ordenamientos previos.
Figura 1 Portada del suplemento normativo editado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y el Ayuntamiento de Mérida, 1979-1981
Es en este débil e incipiente contexto legal y las correspondientes afectaciones -a raíz de la destrucción de obras paradigmáticas llevadas a cabo desde los años sesenta y setenta del siglo pasado, como la demolición del Hospital de San Juan y el antiguo Olimpo, en plena plaza principal de Mérida- cuando inician las acciones emergentes de organismos de la sociedad civil durante esa década, los cuales, aunque jóvenes y circunscritos a los profesionistas en esta materia, inician los esfuerzos por el rescate de los centros de las ciudades de Yucatán y sus monumen tos, particularmente en su capital, Mérida.
La gestión ciudadana
En Yucatán la organización social para la protección del patrimonio tiene antecedentes lejanos. El más antiguo probablemente sea la Asociación Conservadora de Monumentos Arqueológicos de Yucatán, que se fundó en 1922 con 82 miembros, mexicanos y extranjeros, encabezada por el cónsul Edward H. Thompson y orientada al rescate de monumentos prehispánicos (Hernández Silveira 2015, 59). Sin embargo, tendrán que pasar algunas décadas para que surjan otros organismos ciudadanos interesados en el rescate patrimonial y, más aún, para que maduren y lo incluyan entre sus acciones prioritarias.
Es hasta 1970 que se crea el Colegio de Arquitectos de Yucatán, cuyos primeros dirigentes fueron Carlos Castillo Montes de Oca y Enrique Manero Peón, acompañados de 35 miembros fundadores. Se constituyó en circunstancias especiales puesto que no había una escuela de arquitectura en Yucatán y, por lo tanto, sus integrantes se habían formado en otros estados del país o bien en el extranjero. Entre sus acciones destaca el contradictorio apoyo de sus miembros para la demolición del antiguo Olimpo en 1974.3
En 1973 un importante acontecimiento fue la apertura de lo que sería la primera Escuela de Arquitectura en Yucatán, cuyos esfuerzos iniciaron y se concretaron en su primera fase ese mismo año, con la creación del Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sureste. En 1975, bajo la dirección del arquitecto Aercel Espadas Medina, la escuela se adscribió a la Universidad de Yucatán, apenas un año después de ocupar su actual local en el ex convento de La Mejorada. Rescatar ese inmueble fue su primera tarea de conservación, la cual implicó la reconstrucción, saneamiento y rehabilitación del conjunto. Esta tarea la continuó la administración posterior hasta restaurar todas sus edificaciones originales y también las del entorno cercano.
De manera casi inmediata la escuela se abocó a realizar un proyecto de rescate de la Plaza Grande de Mérida, con la participación de alumnos de todos los niveles de estudios. Esta propuesta se presentó al alcalde Federico Granja Ricalde en enero de 1977.4 Comprendía la remodelación de las nueve manzanas centrales; eliminar los desniveles en la Plaza Principal para facilitar el paso de peatones, erigir una arcada que complete la del Ayuntamiento entre las calles 61 y 63 para volver a cerrar la plaza, incluyendo un edificio de dos niveles donde estuvo el Olimpo; construir cinco edificios para estacionamientos en lotes baldíos de la zona, recuperar el kiosco de la plaza principal y restaurar los patios interiores de los edificios colindantes, entre otras. Sin embargo, la propuesta de la Escuela de Arquitectura no prosperó y fue sustituida por otra del Ayuntamiento, con muchos menores cambios. Es importante señalar que, al margen de que no se implementó, la exposición pública del proyecto de remodelación de la Plaza Principal, en los bajos del Palacio Municipal, abrió el debate social sobre las iniciativas públicas no gubernamentales en Yucatán, dando inicio a su consideración pública en medios de información y la gestión con las autoridades. Ello inauguró una nueva etapa de participación ciudadana en los asuntos de la ciudad.
Explicación del proyecto de remodelación de la Plaza Grande de Mérida al alcalde de la ciudad de Mérida, el ingeniero Federico Granja Ricalde (tercero de derecha a izquierda), a cargo del arquitecto Aercel Espadas Medina (de pie), director de la entonces Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yucatán. 21 de enero de 1977. Novedades de Yucatán.
Figura 2 Proyecto de remodelación de la Plaza Grande de Mérida
Otro proyecto importante de la ya convertida en FAUADY, fue el de la defensa del Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto en 1990, para el cual se elaboró un informe técnico que se envió al INBA, al mismo tiempo que se realizó una amplia defensa en medios y en gestiones con el gobierno, aunque sus esfuerzos resultaran infructuosos (Chico Ponce de León et al. 1990). Lo mismo ocurrió en 1991 con su iniciativa para rescatar el Cuartel de Dragones, al proponer públicamente el proyecto de la Plaza de los Trovadores para su rescate y restauración. Este proyecto fue sustituido por el actual Centro Cultural del Niño Yucateco, auspiciado por el Gobierno del Estado, para dar uso al antiguo sanatorio franciscano y cuartel militar. En 1993, la Facultad concretó la primera propuesta del "Plan parcial del centro histórico de Mérida", auspiciado por la entonces SEDUE, mismo que no obstante no ser aprobado por el cabildo meridano, debido a los cambios y modificaciones que implicaba frente a los intereses creados de diferentes gremios, finalmente se llegó a aprobar en una segunda iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento en 2004 ("Plan parcial" 2004). La labor constante de protección patrimonial de la FAUADY no encontró siempre eco o aprobación de sus iniciativas por las autoridades, pero su constancia y perseverancia en esta materia, empezó a dar frutos por la legitimidad que sus esfuerzos fueron adquiriendo socialmente, al grado de que las mismas autoridades locales e instituciones nacionales empezaron a ser receptivas y a buscar la colaboración con ella progresivamente.
En 1994, la FAUADY desarrolla, en colaboración con el Gobierno del Estado, el proyecto de rescate de la imagen urbana de diez centros históricos del interior del estado, mismos que se llevaron a cabo incluyendo los de Valladolid, Izamal, Progreso y Umán, entre otros. En 1996 concluyó el Atlas de Procesos Territoriales de Yucatán, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), que incluyó estudios en los principales centros históricos del estado (Chico Ponce de León et al. 1996). A ello se agregaron un gran número de proyectos de investigación, publicaciones en revistas y libros sobre la arquitectura y los espacios de los centros históricos de Yucatán, gestionados y producidos hasta el día de hoy.
En 2008 la FAUADY colaboró con el Ayuntamiento y el INAH para la creación y decreto de las Zonas de Patrimonio Cultural de Mérida y su reglamento correspondiente.5 Más recientemente, en 2011, colaboró con la Comisión de Arte Sacro y el Gobierno del Estado para la restauración de seis templos en Mérida y el interior del estado. Lo mismo hizo con la elaboración del Plan Estratégico del Parque Arqueo Ecológico de Xoclán (PEPAX) en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, la Universidad de Barcelona y la Agencia Española de Cooperación Internacional.6 En 2017, la FAUADY elaboró, junto con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Gobierno del Estado de Yucatán, el Plan Maestro del Parque La Plancha para recuperar los terrenos de la antigua estación de Ferrocarriles y convertirlos en un parque metropolitano, en concordancia con la Asociación Gran Parque la Plancha A. C.7
Elaborado por el programa de Estudios de la Ciudad de UNAM y la Facultad de Arquitectura de la UADY, bajo los auspicios del Gobierno del Estado encabezado por Rolando Zapata Bello, en 2017.
Figura 3 Estrategia y zonificación del Proyecto Plan Maestro La Plancha
Otros organismos sociales pioneros en las iniciativas para el centro histórico de Mérida fueron los colegios de profesionistas. En marzo de 1976, la mayoría de los integrantes del Colegio de Arquitectos de Yucatán fundaron un nuevo organismo denominado Colegio Yucateco de Arquitectos, con 120 miembros. Una de sus primeras tareas en el centro histórico, en ese mismo año, fue proponer el proyecto Plaza de la Independencia 77, que pretendió remodelar la Plaza Grande a raíz de la demolición del Olimpo el año anterior.8 El proyecto pretendía construir en el terreno que ocupó dicho inmueble colonial un edificio administrativo que complementara al del Ayuntamiento, así como crear un estacionamiento en el mismo lote y vincular el pasaje de la Revolución a la Plaza Principal rodeando ésta con arbustos para dotarla de cuatro entradas; sin embargo, este proyecto no se concretó (Rivero Baeza 2020, 82).
En 1993, el Colegio Yucateco propuso un proyecto denominado Iniciativa de la Ciudadela: rescate integral de la zona del Mercado Grande de Mérida. Consistió en restituir uno de los baluartes de la antigua Ciudadela de San Benito y crear un nuevo mercado a su alrededor con una gran explanada como núcleo ordenador. La propuesta no prosperó, pero tuvo un alto impacto mediático. La agrupación también llevó a cabo el primer proyecto de rescate de los terrenos de La Plancha en 1995,9 abandonados por el gobierno federal, el cual fue presentado a la administración del entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco. Ese mismo año realizó también el proyecto de rescate del Hospital La Ibérica, recién expropiado, que dio pie a su rescate como centro cultural del Gobierno del Estado. En su haber tuvo también la iniciativa de formación de arquitectos para apoyar el Programa de Fachadas del centro histórico de Mérida, auspiciado por el Ayuntamiento desde 1995. En 1998, fue el principal promotor del concurso para el Nuevo Olimpo frente a la Plaza Grande, que acabó edificándose con el proyecto ganador. En 2000 realizó el proyecto de reconstrucción de los arcos del Pasaje de la Revolución, que se reedificaron desde entonces.
En 2001 este colegio gestionó el concurso que realizó el Ayuntamiento de Mérida para el diseño del Mercado San Benito, aledaño al Mercado Lucas de Gálvez, que se construyó el año siguiente. En 2003 propuso otra vez el proyecto de rescate de la zona del Mercado Grande y, aunque esta vez el Ayuntamiento restauró el Palacio de Correos, los Portales de Granos, los Portales de la Pescadería y el parque Eulogio Rosado, el proyecto de rescate quedó inconcluso en varias de sus propuestas originales, entre ellas la recuperación de los portales del parque Eulogio Rosado y el rescate del Paseo de las Bonitas. Mas adelante, en 2011, promovió la reconstrucción de la techumbre del Pasaje de la Revolución realizado por el Ayuntamiento de Mérida.
a) Rescate de la zona del mercado Grande, b) diseño y construcción del mercado de San Benito y c) reconstrucción de los arcos del Pasaje de la Revolución. Fotografías: Luis Arturo Carrillo.
Figura 4 Iniciativas de rescate urbano gestionadas por el Colegio Yucateco de Arquitectos A. C. e implementadas por el Ayuntamiento de Mérida
En 2003 se constituyó el Patronato del Centro Histórico de Mérida con once miembros, entre comerciantes, empresarios, académicos y profesionistas. Sus actividades empezaron con la organización de conferencias especializadas, diálogos públicos con autoridades y académicos, seminarios y diferentes proyectos y programas de difusión sobre el centro histórico que incluyeron la publicación de dos revistas, programas de radio, televisión y caricaturas animadas. También propuso la creación de una Oficina de Gestión que se ocupe de coordinar los trámites de las diferentes dependencias para intervenir edificaciones con el fin de restaurarlas o rehabilitarlas y de desarrollar proyectos de rescate que organizó mediante un plan de intervención y rescate que denominó Circuito Barrios.10
Dentro de sus principales actividades, el Patronato ha desarrollado programas para pintar fachadas, arborizar estacionamientos, limpiar chicles de las aceras, organizar eventos para jóvenes en los barrios y proyectos de mejoras físicas en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito. Igualmente, diseñó proyectos de rescate ambiental en Santa Lucía, San Sebastián, entorno del Paseo de Montejo, Mejorada, La Ermita, el Arco de San Juan y San Cristóbal. En esto sitios el Ayuntamiento aportó un desarrollo paulatino como parte de su asociación colaborativa, mediante la cual financia a dicha asociación desde 2008 hasta hoy.
En 2011, la ciudad de Mérida, mediante el Gobierno del Estado, fue incluida en un proyecto federal que comprendió cinco centros históricos de ciudades de México, financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para lo cual se tomó el proyecto de rescate que el Patronato del Centro Histórico tenía desarrollado y, con la asesoría del BID, complementó un total de doce proyectos de rescate, de los cuales sólo se alcanzaron a implementar seis. De esta manera, se realizó el remozamiento de las nueve manzanas del centro histórico; los ejes viales de la plaza principal al parque de San Juan y el arco del puente en Mejorada; el saneamiento del entorno de los mercados San Benito y Lucas de Gálvez; el remozamiento del corredor peatonal Plaza Grande-Eulogio Rosado y la iluminación artística de las iglesias de los barrios históricos y la Catedral. Todas estas restauraciones se realizaron dentro del Programa Rescate Integral del Centro Histórico de Mérida (De la Cruz 2012). Actualmente su Oficina de Gestión realiza proyectos arquitectónicos y urbanísticos auspiciada por el Ayuntamiento de Mérida.
El Patronato Pro Historia Peninsular lo encabeza, desde su creación, Margarita Díaz Rubio. Se fundó en 1994 con el objetivo de recuperar la memoria histórica de Mérida a partir de fomentar eventos, publicaciones, rescate de nomenclaturas, archivos, etcétera. Entre sus principales acciones en el centro histórico se cuenta la elaboración e instalación de cerca de cuarenta placas conmemorativas en las casas donde nacieron o vivieron personajes sobresalientes de la vida en Yucatán. Asimismo, en 2010 gestionó la creación del monumento a los Montejo y su instalación en la glorieta de inicio del Paseo de Montejo. Año con año realiza concursos anuales de ensayos sobre la historia de edificaciones patrimoniales.
a) Plazuela de Santa Lucía, b) plazuela de San Cristóbal, c) plazuela de la Ermita y d) plazuela de San Sebastián. Fotografías: Luis Arturo Carrillo.
Figura 5 Acciones de rescate urbano gestionadas y diseñadas por el Patronato del Centro Histórico de Mérida e implementadas por el Ayuntamiento de Mérida
La Asociación Adopte una Obra de Arte se fundó en 1996 con once miembros. Tiene un carácter filantrópico y sus principales actividades se han orientado a la restauración de monumentos. En el centro histórico han restaurado el Monumento a la Patria y los dedicados a Felipe Carrillo Puerto y Justo Sierra O' Reilly, todos en el Paseo de Montejo. También ha restaurado retablos de la iglesia de la Tercera Orden, de la Candelaria, así como el vitral de teatro José Peón Contreras, incluyendo la restauración de la fachada de la casa de El Gallito, frente a la Plaza Grande, entre las acciones más sobresalientes.
El Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS) Capítulo Yucatán se funda originalmente en 1998, después de casi una década se vuelve a fundar en julio de 2009. Ha colaborado en la elaboración de normas municipales y llevado a cabo cursos, conferencias y seminarios sobre el patrimonio cultural, además de posicionarse públicamente respecto a diversas obras o temas de conservación patrimonial.
a) Remozamiento del monumento a Felipe Carrillo Puerto en el Paseo de Montejo, b) remozamiento del Monumento a Justo Sierra O' Reilly, también en el Paseo de Montejo, c) remozamiento del retablo de la Tercera Orden, d) remodelación de la casa del Gallito, frente a la Plaza Principal de Mérida. Fotografías: Luis Arturo Carrillo.
Figura 6 Iniciativas de rescate de obras en la ciudad de Mérida gestionadas y financiadas por la Asociación Adopte una Obra de Arte A. C.
La Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación se creó en 2009. Dentro de sus acciones más relevantes están las gestiones para revalorar el Cementerio General como área patrimonial y promover su saneamiento y rescate. Asimismo, ha realizado año con año seminarios de conservación del patrimonio en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y ha opinado públicamente sobre los problemas de conservación del centro histórico de Mérida.
El Patronato del Paseo de Montejo se fundó en 2009 y está integrado por comerciantes y profesionistas. Entre sus iniciativas estuvo la de un plan parcial para el Paseo de Montejo que no se concretó. También tiene en su haber la iniciativa para un proyecto de modernización de esa emblemática avenida mediante un concurso que pretendía crear un estacionamiento subterráneo a lo largo del Paseo y un rediseño de su espacio público. La iniciativa no contó con el apoyo gubernamental, restringiéndose a una repavimentación. Promovió con éxito la salida del carnaval del centro histórico hacia la feria de Xmatkuil, iniciativa apoyada por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), pero repudiada por diversas asociaciones culturales.
Fotografías de inmuebles y arcos de acceso al cementerio general de Mérida rescatados. Fotografías: Luis Arturo Carrillo.
Figura 7 Propuesta de rescate del Cementerio General de Mérida, gestionada por la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración A. C. e implementada por el Ayuntamiento de Mérida.
En 1988 se fundó el Plan Estratégico de Mérida, que después se denominó Plan Estratégico de Yucatán. Entre sus iniciativas más representativas en el centro histórico destaca el programa de la Bicirruta sobre el Paseo de Montejo y los proyectos de remodelación de la calle 59, entre el Parque de Santiago y el Parque de La Paz, que se realizaron con éxito. También promovió proyectos para peatones en la zona de monumentos y el proyecto de estación de camiones en los terrenos de La Plancha, las cuales no fueron realizados.
Otros organismos con propuestas en los centros históricos del estado son la Comisión Diocesana de Arte Sacro, que elaboró el inventario y catálogo de bienes muebles e inmuebles religiosos del estado de Yucatán y ha colaborado con dictámenes para la restauración de iglesias y la publicación de libros sobre arquitectura religiosa. Lo mismo que el Colegio Yucatanense de Arquitectos, que ha participado en consejos consultivos del Ayuntamiento de Mérida y planteado opiniones sobre problemas y perspectivas del centro histórico de la ciudad capital y tiene en su haber una propuesta para rediseñar el acceso urbano a la terminal remota de Progreso. A ellos se sumaría más recientemente el organismo Documentación y Conservación del Movimiento Moderno (DOCOMOMO), que propugna por la conservación del patrimonio de mediados del siglo XX, de calidad histórica o artística y que tiene en su haber acciones de defensa de la glorieta de la colonia México frente al paso deprimido construido en 2011, así como diversos estudios sobre la arquitectura y las colonias de mediados del siglo XX en Yucatán.
Propuesta del Plan Estratégico de Mérida, mediante el arquitecto Fernando Medina Casares, implementada por el Ayuntamiento de Mérida en el Paseo de Montejo. Fotografía: Luis Arturo Carrillo.
Figura 8 Iniciativa del programa dominical recreativo de la Bicirruta
Como reflexión final, es pertinente señalar que este breve registro acerca de la larga trayectoria de incidencias que el sector civil ha tenido en los proyectos de intervención en el área histórica de la capital yucateca tiene como propósito documentar la contribución de los organismos autónomos o de la ciudadanía organizada en la generación de conciencia, estudios y propuestas de rescate patrimonial. Aunque no todas las propuestas se han implementado, han tenido un efecto detonador, en el menor de los casos, para incentivar acciones por parte del sector gubernamental. Al mismo tiempo se logra normalizar y consolidar la participación social en programas de gobierno y obra pública.
Todo ello, sin duda, ha influido en la nueva percepción que se tiene en el siglo XXI sobre el patrimonio cultural arquitectónico y urbano y, sobre todo, en los cambios relacionados con el aprovechamiento que actualmente se tiene para el ocio y las prácticas asociadas al fomento cultural del espacio público por parte de la ciudadanía. Por su parte, la industria turística ha potenciado su papel en virtud de este enriquecimiento vinculado a la restauración y revitalización del centro histórico de Mérida.
Concluimos señalando que las organizaciones sociales u organismos autónomos relacionados con la conservación del patrimonio en Yucatán y, particularmente, con el centro histórico de Mérida, han ido creciendo y consolidándose durante las últimas décadas, fomentando una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y una conciencia social sobre la materia. Su papel ha sido indudable en la reorientación de las políticas públicas y en la puesta en valor y relevancia que el centro histórico tiene como ámbito seguro y turísticamente reconocido mundialmente en los últimos años, al contribuir a crear condiciones de mayor inversión y rescate del espacio público mediante sus críticas, propuestas y colaboración con el poder público. Estas condiciones son imprescindibles para evaluar y consensar el quehacer público en la materia, acotando la discrecionalidad, improvisación e imprevisión de las propuestas del sector público, en sus diferentes niveles, respecto al destino de los proyectos urbanos y arquitectónicos del patrimonio yucateco que pertenece a todos por igual.
