INTRODUCCIÓN: RECIPROCIDAD Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

En su más reciente libro, Democracy and the Limits of Self-Government , Adam ^{Przeworski (2010)} señala que el advenimiento de la democracia pronto condujo al desencanto. Después de la liberalización, la transición y la consolidación, descubrimos, señala el autor, que todavía hay algo que mejorar: la democracia misma (^{Przeworki 2010, 28}).

Bajo esta perspectiva, el estudio de la calidad de la democracia surgió como una agenda de investigación que consideraba que, en el cumplimiento de condiciones institucionales mínimas (Dahl, 1971), un régimen democrático podía coexistir con profundos niveles de desigualdad, ausencia del Estado de Derecho, opacidad, carencia de rendición de cuentas y una escasa correspondencia entre mayorías institucionales y preferencias ciudadanas.

Al hablar de la calidad de la democracia se hace referencia a una cuestión de grado, que prescribe lo mínimo aceptable y las mejores condiciones posibles (^{Levine y Molina 2007}). La consecución de una democracia de calidad se da a través del funcionamiento en una serie de dimensiones institucionales y sustantivas que son: i) La dimensión del Gobierno de la Ley (rule of law ), ii) la dimensión de rendición de cuentas (accountability ), iii) la dimensión de reciprocidad (responsiviness ), iv) el respeto pleno a la libertad individual expresado en un conjunto de derechos básicos, y v) la implementación de mayor igualdad política, social y económica (Morlino 2007, 30).

Así, conceptualmente, la calidad de una democracia es función de un gobierno de la ley, garante de las libertades y derechos individuales, en donde los individuos tienen las condiciones y la oportunidad de evaluar la responsabilidad y reciprocidad de las acciones de gobierno en términos de la satisfacción de sus propias necesidades y requerimientos (Morlino 2007, 31).

Cada una de las dimensiones de calidad de una democracia se expresan en indicadores concretos que dan cuenta del rango óptimo o mínimo en que cada dimensión oscila; esto permite establecer un panorama sobre el grado de calidad de una democracia en un contexto y país determinado.

Después de constituirse como un campo de investigación exclusivo de la ciencia política estadounidense (Avaro 2015; ^{Thomas 2011}), el interés en este artículo por la reciprocidad ¹ descansa en su uso reciente como categoría analítica y variable de análisis de la calidad de la democracia en América Latina (Avaro 2015; ^{Puig 2009}).

La importancia de la reciprocidad se vincula directamente a su naturaleza conceptual y sus implicaciones empíricas. En principio, la reciprocidad se refiere a la "correspondencia entre los deseos políticos de los ciudadanos y los resultados de las políticas de gobierno" (^{Powell, 2007}: 97), esta definición hace referencia al ideal de desempeño atribuido al gobierno democrático; en el sentido en que éste tiene "una disposición a satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos" (^{Dahl 1993}, 13).

El afán de indagación empírica de la reciprocidad se hace más compleja cuando consideramos la necesidad de discernir y proponer indicadores clave que permitan una aproximación al grado en que los gobernantes, en calidad de formuladores de políticas en una democracia, están haciendo lo que los ciudadanos quieren (^{Müller 2000}).

Al respecto, la indagación causal de la reciprocidad se centra en la valoración que hacen del desempeño del gobierno los ciudadanos con base en una identificación previa deseable, de lo que quieren los ciudadanos.

En el marco de la agenda de investigación sobre la calidad de la democracia, las estrategias de medición se han enfocado principalmente en la evaluación de los resultados de la democracia. La evaluación ex post ha constituido la estrategia analítica más usada y viable para generar inferencias causales válidas a través del uso de indicadores que, por ejemplo, se abocan a medir el grado de satisfacción de los ciudadanos con la democracia, la legitimidad del gobierno, la aprobación presidencial.

El problema con estos indicadores es que si bien su métrica se refiere -directa e indirectamente- al grado de complacencia y satisfacción con las políticas que el gobierno implementa, en algunas ocasiones ésta no refleja cambios notables en la percepción ciudadana, aun cuando el desempeño gubernamental y la implementación de políticas haya logrado elevar los niveles de bienestar.

Lo anterior conduce a un problema metodológico inherente al afán de medición de la reciprocidad: las dificultades empíricas para establecer lo que los ciudadanos quieren (Morlino 2007); en otras palabras: ¿qué indicador puede reflejar adecuadamente la aquiescencia con una política o una determinada gama de políticas, de manera que refleje lo que los ciudadanos quieren, al mismo tiempo que expresa una medida de satisfacción con el grado de cumplimiento con dichas preferencias ciudadanas?

Al respecto se han propuesto distintas soluciones como los sondeos de opinión, los votos o resultados electorales en general o la atribución posicional en términos de izquierda o derecha a una gama de votación determinada, en función del tipo de partidos o candidatos que los aglutinan.

En este trabajo quiero proponer la identificación partidaria -o partidismo - como una medida de reciprocidad con las preferencias ciudadanas, como una medida de satisfacción ciudadana. No obstante, la intención trasciende la definición tradicional que la considera una orientación afectiva hacia un partido político (Campbell et al. 1954), por el contrario, el afán analítico se finca en la llamada corriente revisionista, que la define como una actitud racional que responde a la información de lo que está sucediendo en el contexto en cual se desenvuelve el individuo.

Esta perspectiva de análisis sobre la formación de un partidismo o identidad partidista que no se basa en la socialización (ibíd .) se ha desarrollado fundamentalmente en el seno de la teoría de la elección racional. Ésta postula que los individuos eligen, sobre la base de una evaluación de los distintos cursos de acción, aquella opción que consideran les redituará una mayor utilidad personal. En este sentido, el mecanismo principal que explicaría la formación de una identidad partidista sería una racionalidad instrumental.

Ahora bien, la noción de partidismo racional que aquí se emplea sienta sus bases en la premisa teórica que asume la formación de las identidades político-partidarias como un proceso de carácter exógeno, articulado en torno a la capacidad de los individuos para evaluar la acción del gobierno a partir de sus intereses y sus preferencias políticas, en donde el partidismo es una función del impacto que tiene el desempeño de los partidos en el gobierno (^{Fiorina 1981}).

Las ventajas teóricas y metodológicas que ofrece ésta definición de partidismo, en relación con la noción de reciprocidad, es que es un concepto que implica cambios en su métrica, precisamente por la influencia que ejerce el desempeño del gobierno en un tiempo determinado.

Al vincular teórica y empíricamente el partidismo y la reciprocidad se tiene la oportunidad de relacionar las preferencias de los individuos a un tipo de desempeño en particular; o en otras palabras, el cambio en los niveles de partidismo permite reflejar las preferencias por una política determinada, vinculada con un tipo de desempeño en particular ya sea éste clientelar o programático.

En este caso particular, la propuesta de relacionar partidismo y reciprocidad se finca en la relevancia empírica que tuvo el incremento sustancial de la identificación con el PRD en la Ciudad de México, en el contexto de su gestión de gobierno en sexenio 2000-2006. Durante este tiempo y de acuerdo a distintas mediciones, el perredismo creció en promedio un 90%. La magnitud de este incremento conduce a postular, en concordancia con investigaciones precedentes, que los niveles de partidismo constituyen un indicador confiable del grado de vinculación a un determinado tipo de políticas (^{Paramio 1999}) y que, en términos generales, representan la suma continua del desempeño previo de los partidos en el gobierno (^{Fiorina 1981}).

Así, el aumento del perredismo obedecería a una lógica de desempeño y reciprocidad por la vía de la política social, ya que habría que considerar si la construcción del partidismo se vincula a la implementación de vínculos programáticos, cercanos al modelo de Gobierno de Partido Responsable (^{Adams 2001}), o a una forma de interpelación/vinculación propios de una dinámica de desempeño clientelar o intercambio particularizado.

En la primera parte de este trabajo se presentan las condicionantes de carácter institucional que -al menos en las democracias emergentes de América Latina- han dificultado la articulación de una representación programática, favoreciendo el predominio de una dinámica de vinculación clientelar, que surgiría para compensar los efectos del cambio de modelo económico centrado en las reformas orientadas al mercado, implementadas a mediados de la década de 1980 y principios de la de 1990.

En la segunda sección se muestra como al concluir la transición a la democracia, en México, la dinámica de la competencia se inscribió en un contexto de profunda desigualdad y en torno a las posturas redistributivas que durante el sexenio de Vicente Fox mantuvieron al Gobierno Federal encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), y al gobierno local dirigido por el PRD. Esto determinó una aplicación particularista de la política social, como una medida para paliar la pobreza que, desde la perspectiva del PRD, habían generado las políticas orientadas al mercado.

La tercera parte delinea las características de la política social en la Ciudad de México, el predominio de los programas de transferencia de renta directa que finalmente impactarían en la expansión de la identificación política con el PRD situación descrita en la última parte de este trabajo.

RECIPROCIDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA

El modelo de Gobierno de Partido Responsable (GPR) establece que la reciprocidad es producto de una rendición de cuentas intertemporal, que se realiza sobre la base de: 1) divergencia programática de los diferentes partidos políticos, 2) estabilidad intertemporal en las preferencias partidarias, y 3) voto de los electores basado en preferencias programáticas.

Este modelo de representación ha sido rastreado en América Latina desde distintas perspectivas (Luna 2007), en estudios sobre el grado de institucionalización partidaria (^{Mainwaring y Scully 1995}), en trabajos sobre la convergencia/divergencia de preferencias programáticas entre votantes y políticos (^{Ruíz Rodríguez y García Montero 2003}, ^{Luna y Zechmeister 2005}, Álcantara 2004, citados en Luna 2007), o en estudios de opinión pública (^{Payne et al. 2003}).

Sin embargo, el modelo ha enfrentado serias limitantes para explicar el vínculo de representación que se ha articulado de manera predominante en las democracias que emergieron principalmente durante la tercera ola de la democracia (Sartori 1994), las cuales -producto de coyunturas críticas (Collier y Collier 1991) marcadas por cambios estructurales en los modos de producción y gestión económica, el colapso del desarrollismo y la consecuente implantación de las reformas estructurales orientadas al mercado- crearon las condiciones para el predominio de una lógica de representación y acumulación política de naturaleza clientelar (^{Alonso 2007}, ^{Hagopian 2006}, ^{Kitschelt 2007}).

En un contexto de incipiente desarrollo democrático, el predominio en América Latina, del intercambio particularizado (^{Fox 1994}, ^{Gay 1994} y ^{Shefner 2001}) ha girado en torno a un afán de los partidos políticos por adaptarse a un panorama social fragmentado debido a la permanencia de altos niveles de desigualdad y pobreza. En este escenario los partidos han redefinido sus estrategias de organización, vinculación y desempeño en función de una presencia cada vez más heterogénea de grupos de interés, de la expansión del sector informal de la economía y, en general, de grupos más segmentados alejados de las grandes divisorias sociales (campesinos, obreros, sectores medios).

Tal como lo señala ^{Coppedge (2003)}, a partir de 1982 y hasta 1990, el cambio en el modelo económico afectó el perfil ideológico y las formas de organización de los partidos políticos en América Latina, posibilitando un divergencia programática entre los partidos denominados de derecha, quienes habrían apoyado las reformas orientadas al mercado, y los partidos de izquierda o centro izquierda, que se opusieron a dichas medidas como la solución propuesta para la crisis económica en el continente.

Con base en esta divergencia programática se asientan las estrategias de vinculación y correspondencia clientelar, y la distribución de bienes y servicios de manera particularizada para asegurar la lealtad y catalizar la movilización política (^{Gordin, 2006}) se impone sobre el modelo de GPR, en principio para que en gran parte de los gobiernos de América Latina -entre ellos México- pudieran implementarse, producto de las recomendaciones del llamado Consenso de Washington, las reformas orientadas al mercado² (Roberts 2003, ^{Weyland 1996}; ^{Stokes 2001}, ^{Burgess y Levitsky 2003}, ^{Magaloni 2005}).

Los vínculos clientelares se erigieron en una medida para compensar los efectos de las reformas de libre mercado, los partidos desde el gobierno se adaptaron³ a las transformaciones del modelo económico, con lo cual se dio un resurgimiento de las estrategias de movilización y vinculación particularista (^{Kitschelt y Wilkinson 2007}), que en el largo plazo han constituido la base sobre la cual han surgido nuevos esquemas de reciprocidad democrática.

Ante los evidentes y desalentadores resultados obtenidos en términos de crecimiento económico con la primera generación de reformas estructurales, los partidos políticos y distintos movimientos personalistas de izquierda aprovecharon la oportunidad que el contexto de apertura y competencia democrática les ofrecía para proponer una vuelta al Estado interventor o, por lo menos -una propuesta menos radical- para plantear una mayor presencia del Estado en la regulación económica.

El incremento de la competencia electoral y la alternancia política -ocurrido en los ámbitos nacional y subnacional en distintos países de América Latina- dio lugar a procesos que han permitido el cambio de orientación de las políticas existentes (^{Lowi 1994}): los partidos políticos entraron nuevamente en una dinámica de adaptación (^{Levitsky 2003}) donde recuperan o activan nuevos anclajes con estrategias de representación que conllevan un intercambio particularizado de bienes y servicios, sustentado en gran medida por el acceso a recursos estatales (^{Shefter 1977}).

De esta manera, en cualquiera de los dos casos -políticas de apertura económica o Estado interventor- han sido evidentes los efectos políticos que tiene la agregación de demandas⁴ basada en una representación y ejercicio de gobierno clientelar, instrumentado principalmente a través de políticas sociales de distinto cuño, las cuales han sustentado su viabilidad a través de subsidios focalizados o universales de distinta índole.

RECIPROCIDAD DEMOCRÁTICA EN EL MÉXICO POSTRANSICIÓN

En México, el proceso electoral del 2 de julio del año 2000⁵ marcó el final de un largo proceso de transición que concluyó una etapa en la que el eje de la competencia política estuvo principalmente definido por demandas de mayor democratización⁶ del régimen político⁷ y comenzó un período caracterizado por un profundo debate en torno a la capacidad de los gobiernos democráticamente electos para generar bienestar social y desarrollo económico.

En este contexto, el panorama social no dejó de mutar velozmente hacia un estado de mayor marginación y pobreza, adquiriendo un perfil urbano, producto de amplias transformaciones demográficas, lo cual fortaleció el cuestionamiento a las políticas de ajuste y reestructuración económica y sus efectos durante el llamado gobierno de la alternancia.⁸

En este contexto, el grado de satisfacción con la democracia se convirtió en una preocu3pación central para el gobierno; en un indicador del funcionamiento de la democracia vinculado a la solución de los problemas del país.⁹

Este clima de opinión de (in)satisfacción con la democracia, fue el marco bajo el cual se desarrolló la dinámica de competencia política postransición, centrada principalmente en torno a las posturas (re)distributivas que mantuvieron el PAN y el PRD durante el sexenio de Vicente Fox.

El gobierno federal panista encabezado por Fox y el PRD representado por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, tenían dos visiones contrapuestas para hacer frente a la desigualdad social. En principio, para el Gobierno federal solucionar la desigualdad implicaba una profundización de las reformas económicas llevadas a cabo durante los años ochenta y noventa. Esta postura no resultó extraña debido a la identificación de antaño entre Acción Nacional y el programa económico de los gobiernos priístas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Por otra parte, para el PRD y Andrés Manuel López Obrador, lo fundamental en términos programáticos era procurar el retorno a un Estado interventor propio del modelo económico desarrollista-posrevolucionario (^{Camou, 2003}).

En concordancia con sus orígenes y tomando como base de operación la Ciudad de México, el gobierno perredista buscaba rescatar las bases sociales, el Estado benefactor y su carácter asistencial; el proyecto gubernamental buscaba retornar a las bases tradicionales de legitimidad del sistema político, basado en un pacto social, adoptando un proyecto económico tradicional (^{Bruhn 1997}, 17).

La estrategia de gobierno del PRD durante el período 2000-2006 supuso un cambio sustancial que trasladaba la atención al estado de profunda desigualdad económica existente en el país y sobre todo en la Ciudad de México.¹⁰

El reconocimiento de dicha problemática, reforzó la postura adoptada por el partido y su candidato desde la campaña electoral, la cual estuvo en todo momento centrada en propuestas destinadas a terminar con la pobreza, proporcionar protección a los ciudadanos, promover la educación y gobernar con la participación de todos los habitantes de la capital.¹¹

Esto se tradujo en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006, que concluyó que la problemática capitalina era producto de la profunda crisis que México vive desde hace veinte años, la cual se afirma es culpa de "los equilibrios macroeconómicos dictados por intereses externos que han hecho recaer todos los costos de la llamada modernización sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores"(^{Programa General de Gobierno de la Ciudad de México, 2001}: 9).

El PRD estructura con ello un discurso común en el que se expresan las líneas de acción que se erigirán desde el ámbito oficial como respuesta a la política económica vigente, esto constituye la posibilidad de hacer visible por primera vez de forma efectiva, bajo políticas públicas concretas, su denuncia del modelo neoliberal; denuncia que se convirtió en una constante programática, a la par de las demandas de mayor apertura democrática, desde el surgimiento mismo del Partido en 1988:¹² "Siempre nos hemos opuesto a esa política y ahora, desde el gobierno, nos empeñaremos en probar con hechos que existen opciones distintas y viables. Nos comprometemos a que, en los límites que impone la condición territorial del Distrito Federal, pondremos en práctica una política cuyo centro será el ser humano, la familia y la defensa del medio ambiente" (^{Programa General de Gobierno de la Ciudad de México, 2001}: 10).

El posicionamiento como un partido de izquierda en el poder, se basó en apelar a un pasado económico que según Garnier (2004) puede tipificarse como un giro conservador¹³ en donde los grupos más pobres, los movimientos y partidos de izquierda se convierten hoy en los defensores de una institucionalidad desarrollista, a la cual criticaban, dado que intuyen es poco lo que se puede esperar de las estrategias de crecimiento neoliberales y es mucho lo que se ha perdido y se puede perder con el desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar.

Sobre esta imagen y revalorización del Estado, el Gobierno de la Ciudad de México, establece un principio de distinción, al presentar un programa de gobierno que se contrapone abiertamente al mercado bajo su definición neoliberal.

Por lo tanto, el Estado promotor y socialmente responsable adquiere centralidad con la política social como su instrumento principal "Como gobierno socialmente responsable, centraremos la atención en la política de desarrollo social. Orientaremos los mayores esfuerzos a frenar el deterioro en las condiciones de vida que afectan a la mayoría de los habitantes del Distrito Federal. Los recursos se orientarán al desarrollo social y la lucha contra la pobreza" (^{Programa General de Gobierno de la Ciudad de México, 2001}: 31).

LA POLÍTICA SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 2001- 2006

Al asumir la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador logró convertir el lema de su campaña -"Por el bien de todos, primero los pobres "- en el eje de identidad institucional de su sexenio, al condensarlo en el proceso de implementación de la política pública del gobierno, especialmente de la política social en su conjunto.

En el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006 , se señala que: "la política social se convertirá en el eje articulador de los programas que aplique el Gobierno de la Ciudad de México. El objetivo principal será evitar que continúe el deterioro en los ingresos de los más de dos millones de personas que en la capital sufren condiciones de pobreza o pobreza extrema" (^{Programa General de Gobierno de la Ciudad de México, 2001}: 59).

Al asumir el compromiso con los más pobres, el Gobierno de la Ciudad de México estableció los elementos que consideramos determinarían las condiciones para el predominio de una lógica clientelista de acumulación política (^{Alonso 2007}), en la formulación y aplicación de la política social: "El compromiso principal, sin embargo, será con aquellos que han sufrido del abandono y la desprotección del Gobierno Federal, y que por su situación de extrema precariedad y vulnerabilidad demandan atención urgente" (^{Programa General de Gobierno de la Ciudad de México, 2001}: 59).

Al afirmar un compromiso con un sector específico de la población, asumir que la política social sería la directriz principal del Gobierno, la alusión al fracaso de las acciones previas del Gobierno Federal en materia social y, sobre todo, la consideración a la opinión ciudadana, el Gobierno del Distrito Federal asumía una interacción directa con un conjunto de actores que a su juicio eran prioritarios al considerar y tomar en cuenta directamente sus expectativas y necesidades.

La vinculación directa entre gobierno y sociedad estaría determinada principalmente por el grado de concreción que habrían de tener los distintos programas que en su conjunto darían forma a la política social.

Para el Gobierno de la Ciudad, la nueva política social establece un principio de distinción con el hecho de enfocarse en los grupos urbanos más vulnerables: adultos mayores, indígenas, mujeres, jóvenes, niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, para más de 1 634900 personas perteneciente a estos segmentos sociales, se destinaría un conjunto acciones basadas en el Programa Integral y Territorial de Desarrollo Social (pitds), el cual estaba integrado por un conjunto de programas cuya lógica de aplicación dependió del grado de marginación existente en las dieciséis delegaciones políticas en que se divide política y territorialmente la Ciudad de México.

La estrategia estaría fincada en la identificación territorial de la pobreza, lo cual -a juicio del Gobierno- garantizaría a los ciudadanos el acceso universal a sus derechos constitucionales en materia de bienestar social. Así, se dividió a la ciudad en 1352 unidades territoriales, de entre las cuales se identificaron 767 con índices de marginación medio, alto y muy alto, que concentraba al 58% de la población¹⁴ objetivo de los trece programas sociales que iniciaron el primer año del gobierno perredista. Estos programas se dividieron en las siguientes áreas:

Desde el momento de su implementación y a partir del ejercicio fiscal 2001, el gasto social en lo que se refiere a beneficios económicos directos fue en constante aumento. En la distribución del presupuesto se dio una reclasificación en la integración de los programas y durante el primer año, la mayor parte del gasto fue destinado a los programas que constituyeron apoyos económicos directos: adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad, apoyo a niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y becas para trabajadores; con cerca de 1600 millones de pesos, este monto representó el 36% del monto total ejercido; el 60% restante se dividió en partes iguales en los programas restantes.

En 2002, los apoyos económicos directos constituyeron el mayor gasto con 2716.9 millones de pesos, el 60% del presupuesto. Los programas de crédito representaron el 29% del gasto ejercido con 1304 millones de pesos; el suministro de insumos, sólo con el programa de desayunos escolares, el 8% con 357 millones y finalmente el gasto en construcción y mantenimiento de servicios (Programa de Rehabilitación de Unidades Habitacionales) representó tan sólo el 3% del presupuesto, con 129 millones de pesos.

En 2003 y 2004 las líneas programáticas no sufrieron modificaciones; tampoco la línea ascendente en el gasto en apoyos económicos directos, que en el primer caso ascendió al 76% del presupuesto -3500 millones de pesos-, mientras que en 2004, a 62%, con un gasto de más de 3843millones de pesos.

En 2005 los programas se reducen a nueve vertientes que son las que prácticamente cierran el sexenio, en referencia con los apoyos económicos directos representados en los rubros de: Apoyo a Adultos Mayores, Apoyos a Personas con Discapacidad, Apoyos a Niños y Niñas en Condiciones de Vulnerabilidad y Becas para Trabajadores, lo cual significó el 75% del presupuesto ejercido, con casi 4060 millones de pesos.

El último año del sexenio, representó la consolidación del gasto social mediante transferencias directas de renta, durante 2006 los beneficios directos sumaron más 4257 millones de pesos casi el 80% del presupuesto.

Las cifras anteriores son reveladoras respecto a la forma en que se privilegió el gasto en beneficios económicos directos a lo largo del tiempo; si observamos la gráfica 1, ese sexenio, en promedio este rubro comprendió casi el 65% del gasto social.

Apoyos Económicos Directos: Adultos Mayores. Apoyo a Personas con Discapacidad. Apoyo a Niños y Niñas en Condiciones de Vulnerabilidad. Becas para Trabajadores. Apoyo A Consumidores de Leche Liconsa.* Construcción y Mantenimiento de Servicios: Rescate a Unidades Habitacionales. Mantenimiento de Escuelas.** Apoyo a Mercados Públicos.** Estancias Infantiles.** Suministro de Insumos: Prevención del Delito**. Desayunos Escolares. Créditos: Ampliación y Rehabilitación de Viviendas, Crédito a Microempresarios, Apoyo a la Producción Rural. *Programa implementado de 2002 a 2004. ** Programas Implementados sólo durante 2001. Fuente: Memoria de Actividades de la Jefatura de Gobierno 2000-2006. Gobierno del Distrito Federal.

Gráfica 1 Clasificación de los Programas Sociales por Destino del Gasto (Porcentaje de erogación) 2001-2006 

LA EXPANSIÓN DEL PERREDISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO: 2000-2006

Existe un extenso debate en torno a los indicadores del grado de correspondencia entre las políticas aplicadas y las preferencias ciudadanas; entre estos se encuentran los niveles de satisfacción con la democracia¹⁶ y el apoyo público a aspectos específicos de las políticas públicas o su orientación general (^{Diamond y Morlino 2005}, ^{Levine y Molina 2007}). No obstante, se considera al sufragio¹⁷ como un mecanismo que conecta la dimensión de reciprocidad con la dimensión de la rendición de cuentas, en la medida en que se les puede atribuir posiciones divergentes de políticas (Morlino 2007) al mismo tiempo que expresan una distribución diferenciada de dichas posiciones. Con la unión entre reciprocidad y rendición de cuentas se están creando conexiones consistentes entre ciudadanos y elaboradores de políticas (^{Pitkin 1984}).

En este apartado, sin embargo, el interés radica en verificar la existencia de la reciprocidad utilizando como indicador descriptivo e inferencial la dinámica de la identidad partidista a lo largo del sexenio 2000-2006, y el impacto que tuvo la aplicación de la política social a través del pitds en el aumento en los niveles de perredismo, respectivamente. En este caso se propone una atribución posicional a la identidad partidista como reflejo de las políticas adoptadas.

Un primer punto de referencia del cambio en los niveles de partidismo, se presenta en el incremento observado del proceso electoral de 2000 al de 2006. Como se puede observar en la gráfica 2, el incremento en el caso del PRD fue de más de 18 puntos porcentuales, mientras que en el caso del panismo y el priísmo se presentó una reducción de casi 8 y poco más de 10 puntos porcentuales, respectivamente.

Elaboración propia. Fuente: Encuestas de Salida aplicadas por el Departamento de Investigación del Grupo Reforma.

Gráfica 2 Porcentaje de Partidismo según Elección 2000-2006 

Otro conjunto de mediciones da cuenta del incremento específico que tuvo el perredismo año con año en cada una de las dieciséis delegaciones políticas de la Ciudad de México, lo que ocurrió paulatinamente durante los tres primeros años de su gobierno.

La tendencia que presentaron las encuestas de salida se corroboró con las cifras que arrojaron las encuestas levantadas por delegación de 2000 a 2006. En la gráfica 3 se observa que durante los tres primeros años el partidismo agregado se mantuvo en un promedio del 52% frente a un 46% de independientes; sin embargo de 2002 a 2003 se hicieron patentes los primeros efectos del pitds, y el perredismo creció 13 puntos porcentuales.

Elaboración Propia. Fuente: Encuestas Anuales por Delegación. Departamento de Investigación del periódico Reforma .

Gráfica 3 Distribución del Partidismo en la Ciudad de México 2000-2006 (Promedios anuales encuestas delegacionales) 

Por otra parte, en la transición a la segunda mitad del sexenio, el panismo y priísmo se mantuvieron estables: el primero apenas difiere en dos puntos respecto a 2002 y el segundo, se mantuvo en 12%. Durante la segunda mitad del sexenio el partidismo osciló por encima del 60%, más del doble de lo que representaba el sector independiente que tenía un promedio del 36% entre 2003 y 2006.

EL IMPACTO DEL GASTO SOCIAL EN EL PARTIDISMO PERREDISTA

Con el fin de verificar la relación entre erogación en programas sociales y el incremento del perredismo durante un período de seis años, la estrategia de análisis se centró en el diseño de un modelo de regresión tipo panel, el cual permitió analizar la distribución del gasto en las delegaciones políticas, en tanto unidades transversales, a través del tiempo.¹⁸

La aplicación de este modelo permitió alcanzar el mayor nivel de individualidad del impacto de las variables explicativas de gasto sobre la variable dependiente (perredismo por delegación de 2001 a 2006) e incorporar también en el análisis la variación del perredismo en cada demarcación, documentando los resultados de los efectos fijos.

Cabe resaltar que la aplicación del modelo de regresión tipo panel¹⁹ sobre una matriz de datos -que comprendió la recopilación y sistematización de los patrones de distribución del gasto social en sus distintas vertientes para todas las unidades de análisis (las dieciséis delegaciones políticas que conforman la Ciudad de México)- permite establecer una relación explicativa lo suficientemente amplia del impacto que tuvo el gasto social en su conjunto y principalmente los programas de transferencia de renta directa en la expansión del perredismo.

En suma, al construir un censo del gasto²⁰ vinculado a los datos provenientes de distintas encuestas aplicadas en las delegaciones políticas de 2001 a 2006 -las cuales dieron cuenta de la medición año con año de los niveles de perredismo- los parámetros propios de las relaciones lineales ofrecen una mayor confiabilidad y un mayor grado de aproximación al incremento que produjo los patrones de distribución sobre el perredismo.²¹

La información de la totalidad de los programas, así como la de aquellos que representaron transferencias de renta directa a los beneficiarios, se incorporó al modelo en términos per cápita ; no obstante, como ya se mencionó, a fin de alcanzar el mayor efecto individual de las variables de gasto y dada la incidencia diferenciada que tuvieron los programas y el peso específico que en particular tuvo el programa de Ayuda a Adultos Mayores, se procedió a verificar la existencia o ausencia de relaciones lineales²² entre las variables independientes de transferencia de renta directa: 1) Apoyo a Adultos Mayores, 2) Apoyo al Empleo, 3) Becas Escolares, y 4) Apoyo a Discapacitados.²³

La formulación de un índice aditivo entre ambos grupos de programas generó dos nuevas variables: Gastopc1, conformada por el gasto conjunto per cápita del Programa de Ayuda a Adultos Mayores y Apoyo al Empleo, y Gastopc2, que representa el gasto per cápita en Becas Escolares y Apoyo a Discapacitados.

Asimismo, a fin de estimar el efecto de la totalidad de los programas sociales, se incorporó en el análisis la inversión per c ápita global y finalmente, la variación del perredismo por delegación mediante un análisis de efectos fijos,²⁴ tomando como variable de referencia a la delegación Iztapalapa, dado su peso electoral y por habérsele asignado el mayor gasto social durante el período.

La incorporación del análisis de los efectos fijos por delegación permite vislumbrar si frente a la variable de referencia -en este caso la delegación Iztapalapa- cada una de las quince delegaciones restantes contribuye en mayor o menor medida a la identidad partidista perredista.

La tabla 1 muestra el modelo con las variables independientes de gasto per c ápita y la variable dependiente de identidad partidista perredista o perredismo. La primera variable es gasto social per cápita , la cual comprende el gasto por persona realizado en función de la totalidad de las ramas programáticas que constituyeron la política social del gobierno.

Los resultados nos indican que la relación entre esta variable y el partidismo es positiva y significativa: a medida que el gasto social per cápita de todos los programas que integraron el pitds aumentó en una unidad porcentual, el perredismo lo hizo en 0.62%. Esto demuestra que el impacto individual de los programas más allá de sus objetivos concretos -mejora de unidades habitacionales, rehabilitación de viviendas, desayunos escolares, etc.- es lo que prima en el aumento del partidismo durante este período.

Esta variable es de suma importancia ya que demuestra, desde una valiosa perspectiva, el impacto de la política social del gobierno conforme a la percepción de cada uno de los beneficiarios de los distintos programas. En otras palabras: es muy probable que por sí misma cada rama no tuviera más que una influencia marginal, por lo tanto es de destacar que la relación positiva y significativa estaría indicando que la evaluación de los programas se hace sobre la base del bienestar personal que estos generan, ya sea por la mejora de su vivienda, por una beca escolar o de empleo, o incluso cuando ésta entraña beneficios colectivos, como el programa de Rehabilitación de Unidades Habitacionales.

En este sentido se podría inferir un beneficio indirecto de los distintos programas ya sea a través de un familiar beneficiado, un amigo o por el simple hecho de concordar, aunque la persona no sea beneficiaria, en la manera en que la política es aplicada. En suma, en la medida en que se incrementa la inversión y los resultados son cada vez más visibles, la probabilidad de identificarse con el PRD se incrementa.

Se identifica, entonces, una completa interacción e interconexión entre las distintas ramas programáticas que integran el grueso de la política social, si bien, existen programas que tuvieron un mayor peso presupuestal -como el de apoyo a adultos mayores-, este resultado no hace sino evidenciar que desde el principio, la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México tuvo éxito.

Al margen de las distintas motivaciones individuales que llevaron a los integrantes de los distintos segmentos beneficiados directa o indirectamente a identificarse, reconocerse y formar parte de un nosotros perredista, lo que indica la incidencia de la inversión per cápita de los programas sociales en la expansión del perredismo es el éxito de una acción conjunta en varios frentes o segmentos de población -jóvenes, adultos mayores, niños, mujeres solteras, desempleados de distinta índole e incluso pequeños empresarios y trabajadores del sector rural- y el impacto positivo que produjo la conformación de condiciones estructurales comunes que permitieron a los distintos beneficiarios percibir, evaluar y decidir lo que tienen en común (Melucci 1999).

Por otro lado, si ponemos en el centro de la interpretación consideraciones instrumentales, esta variable estaría representando el indicador económico sobre el cual los individuos evaluarían el desempeño del gobierno, una de las causas principales del movimiento del partidismo a nivel agregado (^{MacKuen, Erikson y Stimson 2002}). En este sentido, la inversión en programas sociales vendría a constituirse en la función representativa del desempeño económico que durante este tiempo afectaría la oscilación del perredismo a nivel agregado. Este argumento se refuerza si observamos los coeficientes de los programas que representaron beneficios directos, mayores respecto a lo observado en la inversión per cápita , pero paradójicamente su efecto sobre el perredismo es distinto.

En el gasto per cápita conjunto en Adultos Mayores/Apoyo al Empleo, la variable es significativa pero el coeficiente negativo, mientras que el gasto per cápita agregado en Becas Escolares y Apoyo a Discapacitados, es positivo, significativo e incluso mucho mayor que el gasto social per cápita , dado que ante un incremento de una unidad porcentual el perredismo creció en 2.33%.

Por otro lado, es pertinente abundar un poco más sobre la situación que se observa en estos rubros: contra todos los pronósticos que hacían pensar una mayor incidencia del gasto conjunto encabezado por Apoyo a Adultos Mayores, Becas Escolares/Apoyo a Discapacitados, fueron dos programas mucho más rentables en la conformación del perredismo en términos de efectividad de la política pública. El impacto, como se ha señalado, superó lo observado en el gasto social per cápita , lo cual puede explicarse en función del impacto indirecto que esta erogación tuvo en el entorno cercano a los sectores beneficiados; por ejemplo en el caso de Becas Escolares si bien la población objetivo eran niños y niñas en condiciones de pobreza,²⁵ la incidencia real -tal y como lo marcaba el programa- era apoyar a sus familias y principalmente a las madres solteras. Esto puede equipararse a lo ocurrido en el caso del auxilio prestado a las personas con discapacidad, que incluía como población objetivo principalmente a niños y personas de la tercera edad, aunque el mayor efecto sin duda se vería reflejado en la familia, amigos y demás personas cercanas a los destinatarios directos.

Con una inversión mucho menor a la realizada en los programas de Adultos Mayores y Apoyo al Empleo -el 15% en el caso de discapacitados y 4% en Becas Escolares del total del presupuesto ejercido en apoyos económicos directos durante el sexenio- se puede afirmar que estas vertientes fueron las que mayores dividendos dieron en la conformación del perredismo, probablemente debido al impacto que la ayuda prestada tuvo en el entorno más cercano de la población objetivo.

EL PERREDISMO POR DELEGACIÓN

Con el fin de estimar el efecto diferenciado del grado de partidismo por delegación, se calcularon los efectos fijos²⁶ a través de variables dummies , que nos permitieron identificar a la delegación en qué creció más el perredismo.

El parámetro de comparación es la delegación Iztapalapa. Tomando a esta demarcación como constante, podemos determinar el carácter individual de cada delegación.²⁷ Así, se puede observar dado que los coeficientes son negativos y significativos, el análisis que se hace en función del grado de cercanía a la constante y cómo todas las delegaciones contribuyen al perredismo por debajo del promedio.

En primera instancia, tenemos a las delegaciones cuya contribución a la identidad perredista está muy cerca del promedio: Tláhuac, en 0.16%; Cuauhtémoc, en 0.18%; Gustavo A. Madero, en 0.23%, e Iztacalco, en 0.24%. Estos resultados son muy consistentes de acuerdo al crecimiento observado y al promedio sexenal de perredismo que cada una de estas demarcaciones presentó durante estos seis años.

Luego se encuentra un grupo relativamente homogéneo, conformado por Tlalpan, Coyoacán y Azcapotzalco: estas tres delegaciones contribuyen en 0.26%. Por otra parte, Xochimilco, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, oscilan entre el 0.30 en el primer caso al 0.34%.

No ocurre así con Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Cuajimalpa y la Benito Juárez, delegaciones muy por debajo del promedio, destacando Cuajimalpa en 0.72% y los enclaves panistas Benito Juárez (en 0.53%) y Miguel Hidalgo (en 0.49%).

Las diferencias pueden obedecer a diversas causas, desde la predominancia del PAN en la delegación Benito Juárez y en Miguel Hidalgo, hasta sus niveles de marginación o las características individuales de la población por mencionar algunas.

Cabe destacar que con el análisis de los efectos fijos se ha podido comprobar que manteniendo constante los niveles de gasto para cada delegación existe un grado diferenciado en su contribución individual a la conformación del perredismo.

El hecho de que una delegación como Iztapalapa -que si bien tiene el nivel más alto de marginación- se erige de igual modo como la demarcación de mayor contribución a la conformación del perredismo. Este aspecto indica que existe una convergencia/correspondencia entre las acciones del gobierno, la intención individual y el efecto externo independiente, ajeno al control del individuo, que es la estructura social.

CONCLUSIÓN

En un contexto de la globalización económica que ha colocado al Estado en una situación de fragilidad, como una entidad política-organizacional con la capacidad para ejercer un verdadero control de la vida económica (^{Giddens 2001}, 145), el giro en la implementación de la política social del gobierno de la Ciudad de México, durante el período 2001 - 2006, hacia la universalización en detrimento de la focalización; no hizo sino expresar las preferencias ideológicas del PRD sobre el grado de compromiso que debe tener el partido en el gobierno y el Estado en la gestión de la desigualdad social.

La evidencia que se ha presentado hasta ahora demuestra el grado de correspondencia entre las preferencias individuales sobre el papel que debe tener el Estado en el manejo de la economía y un desempeño centrado específicamente en la política social, lo cual generó una expansión en los niveles de partidismo del Partido de la Revolución Democrática durante el periodo comprendido entre 2001 y 2006.

Si bien el estudio del impacto de las políticas públicas de carácter social no es nuevo, ya que existen trabajos pioneros de suma importancia (véase por ejemplo, ^{Moreno 1997}, o más recientemente, ^{Magaloni, Díaz Cayeros y Estévez 2007}), todos ellos se han centrado en la incidencia que este tipo de políticas han tenido en el comportamiento electoral, en la aprobación presidencial o, de forma más general, en la formación de una opinión favorable al gobierno en turno.

Este trabajo ofrece una aproximación distinta no sólo respecto a la introducción del partidismo como medida de reciprocidad democrática, sino también en lo que se refiere a las implicaciones que el incremento del perredismo tiene para la comprensión de los vínculos que se establecen entre los individuos y los partidos políticos. Esto ocurre cuando la evaluación de un gobierno y la formación de las preferencias se hacen sobre la base de un desempeño económico de índole clientelar.

En el caso latinoamericano -y en particular el mexicano, donde las tensiones entre democracia y capitalismo se hacen más evidentes-, los procesos de cambio político que condujeron al establecimiento de regímenes democráticos coexistieron con profundos niveles de desigualdad social. Los partidos políticos, desde el gobierno, han tenido que lidiar con las expectativas de una amplia franja de individuos que esperan que un sistema político fincado en reglas y procedimientos democráticos, les dé oportunidades más equitativas para trabajar y vivir (^{Velasco 2007}).

En este marco, las políticas redistributivas se han erigido en la estrategia por excelencia, desde distintas plataformas ideológicas, para lograr una vinculación entre democracia política, crecimiento económico y equidad social.