Introducción

San Cristóbal, municipio de Cardonal del estado de Hidalgo México ilustra, por un lado, los efectos de las transformaciones del sector agrícola y, por otro, las estrategias de desarrollo local que paralelamente promovió el gobierno en los territorios habitados por campesinos e indígenas durante los noventa. Desde este periodo se habla de una crisis agrícola producto de las políticas neoliberales realizadas por el Estado (desmantelamiento del modelo proteccionista que caracterizó al campo mexicano por décadas, conclusión del reparto agrario, establecimiento de bases jurídicas para abrir el mercado de tierras a través de diversas figuras comerciales). Estos cambios generaron desempleo y exclusión en la mayor parte de los campesinos y solo se atendió a los productores con condiciones capitalistas de producción (Monterroso y Zizumbo, 2009; ^{Rubio, 2006}). Asimismo, las cuestiones agrarias y la agricultura campesina ya no son centrales en las decisiones y estrategias de los sujetos sociales rurales, sino que han sido reemplazadas por la combinación compleja de múltiples actividades productivas, fuentes de ingreso familiar y variedad de modalidades migratorias (^{Vergara, 2011}).

En cuanto a las opciones de desarrollo local efectuados por el Estado para la población campesina se encuentra, entre otros, el fomento de los servicios de entretenimiento específicamente el turismo alternativo. Si bien esta modalidad surgió en las zonas rurales de México desde los setenta a partir de la concepción del ejido turístico, no fue sino hasta los noventa cuando se crearon programas federales para impulsar la economía en comunidades rurales con otra concepción productiva ajena a las labores cotidianas de los campesinos (^{Garduño, Guzmán y Zizumbo 2009}). Estas acciones no son circunstanciales, si se considera que 70 % de la propiedad del territorio nacional es de ejidos y comunidades indígenas, y que en estos territorios existe un amplio inventario de recursos naturales y culturales que constituyen un importante atractivo. Por ello, ante la necesidad de paliar la situación del sector agrario, generar empleos y mercado adicional a los productos del campo se recurrió al turismo alternativo (^{López y Palomino, 2008}; ^{Palomino et al., 2016}). De esta forma, el impulso a este tipo de turismo desde el Estado se efectuó en una situación de crisis estructural del campo agrícola y como parte de una política central para asegurar la conservación de la biodiversidad y fomentar el bienestar social de las poblaciones indígenas (^{Guzmán et al., 2013}). Cabe señalar que, según ^{Guzmán y colegas (2013)}, en México la política ambiental y los programas de conservación de la biodiversidad tiene mecanismos (pago por servicios ambientales, producción y certificación de alimentos orgánicos, empresas forestales, ecoturismo) y reglamentación (instrumentos de mercado, esquemas de autorregulación y cumplimiento voluntario) acordes a la conservación neoliberal (CN). Este término plantea que “la naturaleza solo puede ser preservada si su conservación reditúa beneficios económicos concretos a los dueños de la tierra y los recursos”. Asimismo, “la transferencia de beneficios desde la naturaleza hacia los grupos sociales se logra generando nuevas mercancías” (^{Durand, 2014:91}). Para estos autores la CN supone entonces la mercantilización de la naturaleza (transformación de elementos y fenómenos de libre acceso, oxígeno atmosférico, los paisajes, los genes y el agua) y de la cultura (convertida en espectáculo, con imágenes estereotipadas de los habitantes rurales).

A pesar de este contexto de CN los estudios de los emprendimientos turísticos realizados en los territorios rurales e indígenas en México muestran complejidades y contradicciones, tales como ausencia de una transformación rápida y total de las comunidades campesinas; no se generan únicamente reacciones de resistencia y protesta, sino que las culturas locales interpelan, negocian y se adaptan a las políticas neoliberales y públicas (^{Guzmán et al., 2013}; ^{Durand, 2014}; ^{Palomino et al., 2016}). Lo anterior genera procesos de ajuste creativo, generando “patrones híbridos en los regímenes de propiedad, en las formas de organización y en los intercambios económicos” (Wilshusen, citado en ^{Durand, 2014: 195}). Al respecto, ^{López y Palomino (2008)} también subrayan que no todo se reduce a criterios empresariales y esquemas de intervención gubernamentales, sino que tiene que ver con el ámbito social comunitario.

La revisión del caso de San Cristóbal tiene precisamente como objetivo enfatizar el papel de la organización comunitaria en el proceso de apropiación de los recursos naturales, defensa del territorio, conformación del proyecto turístico, modelo de desarrollo y gestión empresarial. San Cristóbal también resentirá las medidas de corte neoliberal, provocando la emigración laboral de su población más productiva hacia Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, de forma adyacente, los pobladores emprenderán su proyecto turístico, denominado grutas de Tolantongo, el cual es administrado por una sociedad cooperativa con el mismo nombre. El proyecto ha recibido acompañamiento del Estado en algunas etapas, pero también han existido momentos de confrontación entre ambas partes. Como resultado se generó un proceso de disputa, defensa por el territorio y rechazo de uno de los mecanismos de conservación de la biodiversidad (instauración de un Área Natural Protegida). Además, fortaleció la autonomía en la administración del proyecto turístico y capacidad de negociación de los ejidatarios con agentes externos. Actualmente, las grutas Tolantongo son uno de los principales destinos turísticos de Hidalgo y forman parte del corredor turístico: balnearios y aguas termales, uno de los siete corredores establecidos en el estado (los otros son la Huasteca, Haciendas, Tolteca, Sierra-Huasteca, Cuatro Elementos y Montaña). De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo y Cultura de Hidalgo entre Semana Santa y verano de 2015, del total de turistas registrados, 78 % se dirigió al corredor de balnearios y aguas termales. Asimismo, de la derrama económica generada en estos dos periodos de mayor afluencia turística, 71% provino en este mismo corredor. Esto da cuenta de la trascendencia que tiene los proyectos de aguas termales establecidos en Hidalgo, como el del ejido San Cristóbal. De hecho, esta localidad también ha sido sede en los últimos años de reuniones del gobierno estatal con funcionarios federales en la entrega de recursos para el turismo en la entidad. Además, San Cristóbal cuenta hoy día con una infraestructura (facilitada por las ganancias económicas del proyecto turístico) que no se ve en otras localidades ni en la cabecera municipal a la que pertenece, por lo que resulta complejo encasillarla dentro de los cánones de la definición tradicional de una localidad rural. Por otra parte, el modelo de desarrollo y el emprendimiento turístico va más allá de los principios empresariales y de la racionalidad capitalista donde la organización comunitaria aún tiene un papel central.

La estructura de este documento comienza con una revisión del desarrollo alternativo, la comunidad indígena y el turismo comunitario; luego se describe a la localidad de San Cristóbal y posteriormente se analizan las características organizativas y los efectos del proyecto turístico. En cuanto a la metodología se efectuó trabajo de campo entre mayo de 2011 a mayo de 2012, julio y agosto de 2013, en enero de 2017 se acudió a San Cristóbal para la actualización de algunos rubros. Las técnicas utilizadas fueron la observación, la revisión documental y la entrevista; la observación se realizó en algunas asambleas, faenas, festividades (fiestas patronal) y en la barranca de Tolantongo. La revisión documental se hizo en el Registro Agrario Nacional y el Archivo Histórico del Estado de Hidalgo. En el primero se examinaron las carpetas básicas del ejido San Cristóbal y en el segundo se registraron algunos diarios oficiales de la federación. La revisión documental también incluyó el reglamento interno de la comunidad, algunas solicitudes y relatorías proporcionadas por las propias autoridades comunitarias. En la entrevista¹ se aplicó la técnica bola de nieve; los entrevistados fueron las autoridades civiles comunitarias, personas de edad mayor, representantes de comités y de la sociedad cooperativa, los migrantes y las mujeres.

Desarrollo alternativo, comunidad y turismo comunitario

El desarrollo alternativo u otro desarrollo emergió desde los setenta y se trata de un enfoque normativo que prioriza el contenido del desarrollo más que la forma (^{Hettne, 1990}). Para ^{Veltmeyer (2000}; ²⁰⁰³⁾, desde los ochenta persiste una búsqueda del Desarrollo Alternativo (DA) y lo que define sus concepciones son que: el desarrollo es heterogéneo, puede tomar múltiples formas; los pueblos consiguen construir su propio desarrollo sobre la base de acción autónoma de organizaciones basadas en la comunidad, locales o de base; el desarrollo debe ser participativo en forma, humano en escala y centrado en el pueblo. Independientemente de la diversidad de postulados de los diferentes modelos de DA, Veltmeyer identifica cuatro núcleos afines a ellos, tales son: 1) la comunidad como base; 2) la participación como presupuesto esencial de solidaridad; 3) la acción y el control local; y 4) la integridad del proceso. Sobre el primero reconoce que son las comunidades rurales las que constituyen objeto del desarrollo rural o desarrollo basado en la comunidad (^2003:44) porque en estos contextos la comunidad reúne ciertas condiciones (sentido de identidad social, de pertenencia y de obligación mutua). Según ^{Veltmeyer (2000)}, la participación como presupuesto esencial de la solidaridad, involucra que el objeto del proceso sea a la vez colectivamente sujeto y que se constituya en protagonista del desarrollo de la comunidad en todas y en cada una de sus dimensiones (económica, social, política, cultural, étnica, y ecológica). En tanto, la acción y el control local insisten en la conveniencia de un alejamiento (momentáneo y selectivo) de la perspectiva de lo global o, por lo menos, de una visión más reducida, atenta a todo aquello que afecte directamente el ámbito de lo local. Finalmente, la integridad del proceso de desarrollo significa el nexo entre lo social y lo económico, y el de ambos respecto al medio ambiente, la equidad relativa a la distribución del monto de los recursos y la continua escala humana de los caracteres de la organización y del desarrollo.

Ante el contexto del DA, su actual búsqueda, como lo plantea Veltmeyer, y la comunidad como una de sus principales características, emergieron de manera colateral vertientes que acentúan el papel de los pueblos indígenas en estos procesos. Entre ellos se encuentra el etnodesarrollo y el buen vivir. El primero fue pionero en discutir la relación de los pueblos indígenas con el desarrollo y el derecho que tenían estos pueblos para definirlo; destacó los impactos de las políticas públicas de las que habían sido objeto y el etnocidio. El etnodesarrollo también acentuó la utilización de las formas propias de organización social, las cuales, según ^{Bonfil (1995)}, aludían al trabajo colectivo e instituciones de gobierno tradicional, lo que remitía a la estructura de la comunidad indígena. Por su parte, el buen vivir (surgido a finales de los noventa en América Latina en países como Ecuador y Bolivia) plantea ir más allá de un desarrollo alternativo, ya que intenta romper con las ideas comúnmente aceptadas del desarrollo como crecimiento o progreso (^{Gudynas, 2011}). Además, se cuestiona, entre otros: a) la pretensión del desarrollo como un proceso lineal de secuencias históricas que deben repetirse; b) el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y diversas formas de continuidad relacional con el ambiente; c) relaciones sociales que no se economizan ni se reducen a bienes o a servicios mercantilizables; y d) reconceptualización de la calidad de vida en formas que no dependen solamente de la posesión de bienes materiales o de niveles de ingreso (^{Gudynas, 2011: 18-19}). Algunos estudiosos convergen en que el significado del buen vivir incluye: buena convivencia, acceso y disfrute de bienes materiales e inmateriales; relaciones armónicas entre personas que se orienta a la satisfacción de necesidades humanas y naturales; realización efectiva y espiritual de las personas en asociación familiar o colectiva en su entorno social más amplio; reciprocidad en las relaciones de intercambio y gestión local de la producción, y visión cosmocéntrica (^{Farah y Vasapollo, 2011: 22}). Uno de los elementos básicos del buen vivir es también la comunidad donde el ser humano es solo parte de esta unidad, ya que están incluidos otros elementos (naturaleza, ancestros). Asimismo, se destacan las instituciones indígenas comunitarias, espacios donde se expresan relaciones de reciprocidad y buen convivir como el thaki (camino), relacionado con el servicio a la comunidad (Albo, 2008).

Los adeptos del desarrollo alternativo y los propulsores del etnodesarrollo y el buen vivir concuerdan en el rol que tiene la comunidad y algunos de sus componentes. Dicho término para el caso de la comunidad indígena otomí del Valle del Mezquital (grupo indígena a la que pertenece San Cristóbal) se compone del territorio, las relaciones de parentesco, el gobierno comunal y las relaciones de cooperación e intercambio. Los dos últimos se expresan en estos tres ejes articulados: 1) asamblea comunitaria; 2) sistema de cargos; y 3) faena. De manera general, la asamblea comunitaria es la máxima autoridad, donde se tratan asuntos de interés colectivo. Por tanto, es un foro público de deliberación democrática realizado cara a cara, participativo y buscador de consenso. Por ello, las decisiones que emanan de la asamblea están legitimadas y serán respetadas por todos, incluyendo a aquellos que no asisten (^{Schmidt 2012}). El sistema de cargos se compone por un complejo entramado de representaciones en los ámbitos civil y religioso. La autoridad civil es conocida como delegado (el gobierno del estado de Hidalgo lo contempla en la Ley Orgánica Municipal y en lengua otomí es conocido como nzäya) donde junto con otros integrantes (propietario, suplente, y ayudantes) representan a la autoridad comunitaria. La elección se hace en asamblea a través de los usos y costumbres y los puestos son honoríficos; lo mismo sucede con las autoridades religiosas (aunque quienes realizan estas actividades son las personas que profesan la religión católica). En este sistema de cargos también se conjuga lo que ^{Korsbaek (1996)} ha señalado: la jerarquía (para ocupar el puesto de mayor autoridad se sigue un escalafón), el prestigio social, la rotación, ejercicio honorífico y el servicio como sinónimo de autoridad. Por su parte, la faena tiene un sentido similar, como sucede con otros pueblos indígenas de México (tequio, fajina, mano vuelta, servicio al pueblo, entre otras denominaciones). A manera de síntesis, este trabajo colectivo tiene como principal función brindar un servicio a la comunidad en las labores de infraestructura y servicios. Para Warmam (2003), el trabajo colectivo representa una de las instituciones más vigorosas para la cohesión social y la persistencia de la comunidad. Asamblea, sistema de cargos y faena forman parte de la comunalidad de los otomíes, entendido como ese “complejo sistema de valores culturales, principios, relaciones y actitudes sociales que estructuran una institucionalidad comunitaria, con lo cual se persigue un equilibrio constante entre las obligaciones y los derechos (cargos, tequios, servicios) de quienes pertenecen a un territorio común y asumen la responsabilidad colectiva (asamblea) y sobre un destino también común” (^{Aguilar y Velázquez, 2008:417}). Estos tres ejes articulados posibilitan un sistema de gobernanza. Se caracteriza también por un involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, lo que denota una estructura horizontal, corresponsabilidad entre los actores, transparencia y rendición de cuentas (^{Palomino et al., 2016:24}).

Además de dar cuenta de la reproducción de los otomíes del Valle del Mezquital, la asamblea, el sistema de cargos y la faena también son significativos para comprender algunas acciones colectivas como la defensa del territorio, el emprendimiento y sostenimiento de proyectos; entre ellos, un turismo de base comunitaria. Este tipo de turismo ha sido enlazado dentro del alternativo, el cual emergió a finales del siglo XX, producto entre otras cosas de una preocupación ambiental y crisis del modelo convencional del turismo de masas (sol y playa). Lo anterior generó actividades turísticas más participativas y especializadas (ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura) que expresaron la revaloración de la naturaleza, la cultura rural y una utilización diferente del tiempo libre. Además, estas modalidades pretendieron conciliar el desarrollo con el respeto a las culturas locales y la preservación del medio ambiente (^{Palomino et al., 2016}; ^{Guzmán et al., 2013}). De acuerdo con ^{Maldonado (2005:5)}, el turismo comunitario refiere a una forma de “organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes”. Por su parte, ^{Fernández (2011:55)} señala que el turismo comunitario puede dar como resultado una Empresa de Base Comunitaria (EBC), entendido como un emprendimiento social colectivo fundamentado en la cultura de un grupo, basado en valores compartidos (solidaridad, apoyo mutuo, sentido de pertenencia e identidad social), capital social (para la obtención de recursos internos y externos), cuyo objetivo es la creación de valor social (beneficios de tipo social y cultural más allá de meros beneficios financieros).

Según ^{Palomino y colegas (2016)}, en México los emprendimientos turísticos con base comunitaria empezaron en los noventa derivado de factores como: una política gubernamental que consideró la actividad turística como factor de desarrollo, por lo que la diversificó con otras modalidades; fluidez de recursos de atención a la pobreza y para la conservación en las poblaciones vulnerables; presencia de recursos naturales y bienes culturales en los territorios indígenas; y el hecho de que algunas organizaciones y comunidades indígenas identificaron en la actividad turística una oportunidad para recuperar el uso y usufructo de sus territorios. De acuerdo con estos autores, algunos principios organizativos que inciden en el funcionamiento del turismo comunitario son: a) régimen de tenencia social de la tierra (para determinar lógicas de uso y usufructo colectivo del territorio y sus recursos); b) ubicación en áreas de alto valor ambiental con posibilidad de generar prácticas de conservación; c) sistemas de gobernanza e instituciones comunitarias (como un marco de arreglos sociales que regulan la praxis colectiva); y d) organización de emprendimientos (posibilita desplegar capacidades organizativas y de gestión productiva). Como se verá más adelante, el tipo de turismo practicado en el ejido de San Cristóbal recoge varios principios del turismo comunitario.

La localidad de San Cristóbal

San Cristóbal es una comunidad de origen otomí con propiedad ejidal y se localiza en el municipio de El Cardonal (Figura 1). Este municipio como otras más que integran la región del Valle del Mezquital (una de las nueve regiones geográficas que tiene el estado de Hidalgo y presenta dos zonas contrastantes: una árida y otra de riego) se distingue por situarse en la zona árida y, según datos censales de 2010, 64.3o% de su población son hablantes de legua indígena y posee un grado de intensidad migratoria muy alta (^{CONAPO, 2012}).

Figura 1 Ubicación de San Cristóbal. 

San Cristóbal también está conformado por las siguientes manzanas: El Centro, Tolantongo, Molanguito, Agua Nueva, El Pájaro, El Manchado, El Toxthi, El Vixtha y La Loma. Tolantongo es el lugar a donde se ubica la barranca y, por tanto, se asienta el proyecto turístico. En el centro se encuentra la mayor parte de la infraestructura de la comunidad (clínica de salud, las escuelas, albergue, iglesia, el panteón, auditorio, entre otros). En San Cristóbal, lo que define la pertenencia de estas manzanas a la comunidad son las relaciones de cooperación y trabajo. De acuerdo con datos censales, San Cristóbal cuenta con 673 personas: 48 % son hombres y 52 % son mujeres, y 15.5 % de esta población mayor de tres años habla una lengua indígena.

Los oriundos de San Cristóbal recibieron su primera dotación agraria en 1934, donde estaba incluida la barranca de Tolantongo, un macizo geográfico con una serie de paisajes naturales, como unas grutas de aguas termales, un túnel subterráneo, una cascada, un río, diversos ojos de agua y especies botánicas. Este panorama contrasta con otros puntos de San Cristóbal, donde predomina un clima árido y seco, y los cultivos básicos (maíz principalmente) dependen del temporal. Los que formaron el ejido consideraron en su petición agraria a la barranca, ya que las laderas del río Tolantongo eran el lugar privilegiado donde se podía contar con agua y trabajar la tierra. En 1936 solicitaron una ampliación del ejido que no les fue concedida sino hasta 1953, en 1962 tramitaron una segunda ampliación del ejido. Según la información del Registro Agrario Nacional, el ejido San Cristóbal tiene una superficie total de 4365.3 hectáreas. De estas, 431.1 son tierras parceladas, 29.5 son asentamientos humanos, 3889.4 son de uso común y 15.1 son de reserva. De acuerdo con datos de ^{Monterroso y Zizumbo (2006)}, cada ejidatario posee en promedio cuatro hectáreas de temporal y media hectárea de riego. En 1993, en el ejido se llevó a cabo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), por lo que los ejidatarios obtuvieron sus títulos parcelarios y la posibilidad de vender sus tierras. Sin embargo, en una asamblea celebrada el mismo año se acordó no vender parcelas a personas externas al ejido. Esta respuesta de los ejidatarios refleja uno de los efectos contraproducentes de la reforma agraria de 1992. Como señala Wilhusen (citado en ^{Durand, 2014:195}), los impactos de la legislación en el país no fueron tan amplios y los ejidatarios han mostrado cierta ambivalencia en la privatización de sus tierras.

De acuerdo con la información de las autoridades, hasta enero de 2017 había 140 ejidatarios; 96 cuentan con sus certificados parcelarios y un certificado de uso común. Estas 96 personas son las que poseen derechos agrarios formales, el resto son también denominados ejidatarios por otros mecanismos informales. De este universo de 140 personas solo hay cuatro mujeres, quienes ingresaron por sucesión, lo que implica que en este proceso se ha privilegiado a los varones. La membresía comunitaria en San Cristóbal gira entonces sobre las figuras de ejidatarios y avecindados. Los ejidatarios son el grupo más distinguido y existen dos formas para llegar a ser ejidatario: por sucesión (sigue los preceptos de la Ley Agraria y por tanto se cuenta con derechos agrarios formales) y por lo que denominan el mérito, es decir, por trabajo y servicio a la comunidad (no se cuenta con derechos agrarios). El ejidatario titular (o sucesor) tiene obligaciones (realizar faenas, ejercer cargos como autoridad del ejido o de la comunidad) y derechos (acceso a la tierra y a los servicios como agua, luz, drenaje, escuelas, salud, entierro en el panteón y cuenta con todos los beneficios que ofrece la sociedad cooperativa). Por su parte, las obligaciones del ejidatario que ingresa por mérito son similares a las del ejidatario por sucesión, pero difieren en algunos derechos (no es autoridad del ejido; solo tiene acceso a un solar, recibirá utilidades de la sociedad cooperativa de manera paulatina en un periodo de siete años, su edad límite para ingresar como socio son los 25 años). En cuanto a los avecindados, todos tienen relación de parentesco con los ejidatarios (formales y por mérito) y también cuentan con obligaciones y derechos, pero no puede ser miembros de la cooperativa. El ingreso de ejidatarios como socios y de avecindados a la comunidad, así como el retiro de ambos del servicio y trabajo (cuando cumplen 65 años de edad), son presenciados y legitimados por asamblea. San Cristóbal también se rige por un reglamento interno. Si bien fue promovida por las autoridades agrarias, se adaptó a las propias necesidades de la comunidad; así, el tipo de propiedad y los usos y costumbres forman parte de su contenido, el reglamento abarca todo lo referente a la sociedad cooperativa y los asuntos comunitarios. Su peso es tal que si alguno trasgrede sus principios es penado, siendo la expulsión de la comunidad la sanción más alta.

Cabe señalar que en San Cristóbal se dio una tradición migratoria hacia el Distrito Federal desde 1940, el cual se redujo a fines de los ochenta para dirigirse a los EE. UU. Esta migración data desde 1949 (aunque no existe ningún habitante que haya participado en el Programa-Bracero); se interrumpió en 1953 y resurgió en 1986. Algunos de estos migrantes de los ochenta fueron beneficiados con el programa de legalización otorgado en EE. UU. Entre 1990 y mediados de 2000 esta migración alcanzó su máximo apogeo y se caracterizó por su carácter indocumentado, fue masculina en su mayoría. Estos varones eran principalmente solteros y se situaban en las edades más productivas.

Proyecto turístico: Sociedad Cooperativa Ejidal Grutas Tolantongo

Las grutas que emanan de la barranca de Tolantongo son catalogadas como únicas en su tipo en Hidalgo y en el Valle del Mezquital, por lo que San Cristóbal es uno de los destinos turísticos más importantes en Hidalgo, tanto nacional como extranjero. Según las autoridades, la sociedad cooperativa contaba en 2016 con 150 empleados de base, 350 durante los fines de semana y cerca de 700 en temporadas altas como Semana Santa. Este periodo vacacional suele ser el más importante del año por la afluencia del turismo; de acuerdo con las autoridades el número promedio de turistas durante Semana Santa se encontró entre 50 mil y 60 mil personas.

La fundación del proyecto turístico como tal data desde 1975; este acto coincide por un lado, con la puesta en marcha de otros proyectos turísticos que se implementaron en el país y que fueron reconocidos en esa misma década en el artículo 144 de la Reforma Agraria (Casas, citado en ^{Garduño et al., 2009: 13}). Por otra parte, en ese año concluyó el camino de terracería que conduce a las grutas; anteriormente, la única forma de llegar a este atractivo natural era caminando o alquilando una bestia de carga. En este proyecto los ejidatarios contaron con el apoyo del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (agencia estatal creada por decreto presidencial en 1952 encargada de las políticas de desarrollo para la población indígena), especialmente de su representante Maurilio Muñoz Basilio, personaje señalado por ^{Mendoza (2007)} como una figura que cuestionó la estructura caciquil de este órgano estatal. El camino de terracería fue significativo para el crecimiento del turismo y el detonante para que los ejidatarios comenzaran a organizarse en torno a esta actividad. En ese contexto, los ejidatarios fueron advertidos por Muñoz Basilio de los posibles intereses ajenos en su recursos naturales para la explotación turística, a lo que se respondió “aquí muertos, pero no vencidos” (Sr. Odilón entrevista 25 de agosto de 2011).

En relación con estos intereses externos se encuentran el de particulares y de los gobiernos estatal y federal. Sobre el primero destacan dos hechos, uno sobre una persona quien permutó (6 de mayo de 1947) 179 hectáreas de terreno del ejido, donde estaba incluida la barranca de Tolantongo, con el fin de construir un balneario, un hotel y una planta hidroeléctrica aprovechando las aguas del río. Esto se hacía a cambio de otras 179 hectáreas de terrenos de agostadero cerril de su propiedad. En el documento oficial se indica que hubo una indemnización económica para compensar las tierras de riego que había en la barranca y que los ejidatarios manifestaron su acuerdo en una asamblea. Sin embargo, la supuesta asamblea no se realizó; más bien se cooptó a los representantes del ejido que se desempeñaban en 1947 para que la permuta tuviera legalidad. La mayoría de los ejidatarios no tuvo conocimiento y conciencia de las implicaciones de esta permuta hasta 1979. En 1980 ingresaron un amparo ante el Departamento Agrario y fue hasta 1987 cuando las autoridades del ejido recibieron el documento donde les anunciaron el dictamen favorable del amparo solicitado. De esta forma, tuvieron nuevamente el reconocimiento legal como los propietarios de las 179 hectáreas permutadas. Desde la perspectiva del ex presidente de la comisaría ejidal a cargo en 1980, quien también vivió el proceso del amparo, la persona interesada en la barranca de Tolantongo era el prestanombres de un ex gobernador. Por ello, “la permuta era un gran problema; se trataba de las grutas que es la vida del pueblo” (Sr. Abram entrevista 28 de enero de 2012). El segundo hecho tiene que ver con un empresario que visitó la barranca de Tolantongo en 1995 acompañado del gobernador en turno. Este empresario expresó a algunos ejidatarios que tenía intenciones de invertir en la barranca y trabajar de manera conjunta con ellos. Los ejidatarios llevaron a cabo una asamblea ese mismo año donde consensaron rechazar la propuesta porque según ellos tendrían que compartir decisiones e ingresos sobre las grutas con una persona externa.

En 1995, delegados oficiales de la Secretaría de Turismo (SECTUR) y de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) propusieron a los ejidatarios la integración de Tolantongo dentro de un Área Natural Protegida (ANP). El ANP es parte de una de las estrategias de conservación ambiental en México y a partir de los noventa se dio un crecimiento de estos espacios. Según ^{Durand (2014)}, la expansión de las ANP se produjo justamente con el arribo de la política neoliberal y destaca que 83 % de las reservas de la biosfera en el país fueron establecidos entre 1990 y 2010. Además, como menciona ^{Paz (2008)}, generalmente estas zonas se encuentran bajo regímenes de tenencia social comunal o ejidal de las tierras y quienes habitan en ellas son poseedores por derecho tanto de territorio como de recursos. De esta manera, los ejidatarios de San Cristóbal tuvieron que ser consultados, pero en una asamblea acordaron que Tolantongo no sería parte del ANP. Desde su perspectiva, visualizaron disminución de la autonomía en diversos espacios comunitarios (toma de decisiones, manejo y distribución de recursos, acceso a las grutas) y posibles conflictos con otras comunidades involucradas. En relación con ello, un ejidatario expresó en su momento:

Nos insistieron tanto y tanto que nos iban a apoyar, que iban a cambiar de vista esto para que se conservara bien, pero lo que íbamos a tener nada más era el empleo, no como dueño; el empleo lo ibas a tener siempre y cuando fueras responsable. Eso de por sí lo estamos viviendo, aquí estamos regidos por un reglamento interno: no necesitamos que otros nos lo aplique, nos lo aplicamos nosotros mismos. Ni la leña se podía tocar, que sí podíamos entrar, pero con permiso “¡Ah caray! ¿Cómo qué nos van a limitar espacios?”, y dijimos no. (Sr. Rodríguez entrevista, 1 de diciembre de 2011).

Al recordar esos hechos, el presidente del Consejo de Vigilancia del ejido a cargo en 2012 afirmó:

Nos negamos porque nos limitaba, ya no podíamos ni meternos. Nos quitaba esa parte del terreno y nosotros, si queríamos ingresar, teníamos que pedir permiso. No nos gustó. Dijimos: ¿cómo vamos a pedir permiso si eso es nuestro? ¿Cómo nos van a limitar? Empezamos a trabajar por nuestros propios medios: ya desde antes lo estábamos haciendo. Siempre ha sido la costumbre y nos aferramos a no aceptar y nosotros le metimos ganas y hemos salido adelante (Sr. Cruz, entrevista 27 de septiembre de 2011).

En el proyecto del ANP se manejaba un discurso de protección al medio ambiente y a especies en peligro de extinción. Por este motivo, los ejidatarios propusieron que en lugar de las grutas Tolantongo se considerara otra parte del ejido donde abunda el cactus “cabeza de viejito”. Asimismo, expresaron que también podían cuidar del medio ambiente y que estaban dispuestos a recibir capacitación para ello. No obstante, los ejidatarios argumentaron que se rechazó el ofrecimiento de los cactus porque la vista estaba en las grutas y allí residía “el negocio”. Lo anterior denota no solo un rechazo de esta estrategia de conservación ambiental del Estado mexicano o conservación neoliberal, sino una defensa hacia el territorio. Como lo denota ^{Rubio (2006:1052)}, el territorio es la unidad más visible del mundo rural y su lucha “expresa la contradicción entre el capital global y los pobladores de una región por el lugar de supervivencia, el derecho a integrarse y decidir sobre sus formas de gobierno”.

Después de que los ejidatarios objetaron el proyecto del ANP, algunos fueron citados a unas oficinas de gobierno a principios de 1996. En ese encuentro se les cuestionó su negativa ante la oferta del gobierno federal y estatal; se les comentó que su actitud indicaba que no necesitaban nada del gobierno. “Nos dijeron que prácticamente no necesitábamos apoyo y que ni solicitáramos porque no se nos iba a dar” (Sr. Rodríguez entrevista 20 de diciembre de 2011). Esta discrepancia con los funcionarios públicos generó cierto temor de que se tomaran represalias en contra de los ejidatarios y la posibilidad de una expropiación, aún sin su consentimiento. Sobre esta situación un ejidatario manifestó:

Se vio ya muy preocupante que nos echaran fuera, en muchos lugares lo han hecho así, se han metido, los han cercado (a los pobladores) y los sacan como pueden. Nos insistían tanto que hasta terminamos disgustándonos con una persona de turismo, nos querían hacer bolas y confundirnos con sus argumentos (Sr. Ávalos entrevista 25 de enero de 2012, lo del paréntesis son de la autora).

Una de las estrategias inmediatas de los ejidatarios fue la conformación de la Sociedad Cooperativa Ejidal Grutas Tolantongo (31 de agosto de 1995). En 1998 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció formalmente la existencia de la cooperativa (^{Monterroso y Zizumbo, 2006}). Además, el hecho de constituirse como cooperativa legitimaba ante los agentes externos su posesión y control sobre las grutas. Ante ello se ha de subrayar que el ejido no otorga propiedad, sino usufructo sobre las tierras otorgadas y cualquier formación adicional dentro de la legalidad del Estado consolida esa posesión y control. En ese tenor un ejidatario afirmó: “nos constituimos como sociedad cooperativa ejidal: ejido y cooperativa son dos espacios que no los puede echar abajo nadie, ni el gobierno” (Sr. Ávalos, entrevista 25 de enero de 2012).

A partir de estas confrontaciones con el gobierno del estado, durante un tiempo los ejidatarios no acudieron a las dependencias estatales para gestionar apoyos hacia la comunidad y el ejido. Para ello recurrían a otras fuentes; no obstante, los ejidatarios señalaron que cuando el gobierno estatal se enteraba de estos proyectos se cancelaban. Fue hasta 2007 cuando se reanudaron las relaciones; incluso después de esa fecha, los gobernadores y funcionarios federales de la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) han visitado las grutas y han anunciado proyectos importantes para el turismo del Valle del Mezquital. En ese sentido, un ejidatario comentó: “El gobierno nos traía de ceja en ceja, pero hemos logrado muchas cosas por nosotros mismos y eso nos da la posibilidad de hablarle de tú a tú al gobierno” (Señor Ávalos, entrevista 25 de enero de 2011).

Entre las explicaciones del porqué no se conciliaron los intereses entre el gobierno y los ejidatarios sobre esta política de conservación del ANP, o como le llama ^{Paz (2008)}, intereses públicos y colectivos se encuentran en primer lugar que los ejidatarios habían reconocido la creciente atracción y el valor comercial de la barranca Tolantongo por agentes externos. Este hecho ya tenía antecedentes, sobre todo con la expropiación de las grutas a través de la permuta y las intenciones del inversionista privado acompañado por el gobernador en turno en 1995. En segundo lugar, la forma en que se pretendió implantar el ANP, uno de sus principios es que sea un polo de desarrollo para los pobladores locales y que estos se involucren en su manejo. Cuando esta propuesta arriba a San Cristóbal, el proyecto turístico ya está en marcha con la participación de los ejidatarios, quienes ya comenzaban a vislumbrar ganancias económicas. Por tanto, el reconocimiento oficial de la Barranca no convenció a los ejidatarios de que se mantendría esta participación bajo sus principios organizativos. De hecho ^{Durand (2014)}, muestra cómo algunas experiencias (como la Reserva Punta Laguna e Isla Holbox de Yucatán) que empezaron como iniciativas locales y que después buscaron su decreto oficial como ANP generaron desplazamiento de los grupos locales y preeminencia de actores externos en la gestión. En tercer lugar, y que considero el aspecto más relevante, es la permanencia de una organización comunitaria derivada de elementos que Paz (^2008:65-66) también destaca en su investigación: tenencia de la tierra, instituciones y formas organizativas que de ella se desprenden, vigencia de normas internas colectivamente sancionadas, distribución del poder y valoración material y simbólica de los recursos. A esto le sumamos el sistema de gobernanza comunitaria, la cual explica la presencia de espacios como la asamblea, el sistema de cargos, la faena, las relaciones de cooperación y una racionalidad que no se circunscribe del todo a relaciones individualistas y capitalistas. Asimismo, observamos la existencia de un reglamento interno que tiene reconocimiento y legitimidad colectiva, formas de membresía adicionales a las establecidas y una revaloración de las tierras al prohibir su venta a personas externas.

Al constituirse como sociedad cooperativa y fundar un proyecto turístico, los ejidatarios también deben de adaptarse dentro de un proceso de institucionalización y de gestión empresarial; ante ello no pueden evitar las cuestiones del mercado y las estructuras del estado. Entre estas acciones figuran la creación de su página de internet (http://www.grutastolantongo.com.mx), la expansión de sus atractivos turísticos, la construcción de infraestructura, capacitación para algunas certificaciones relacionadas con la calidad en el servicio, limpieza e higiene de alimentos (M de Moderniza, Punto Limpio de la SECTUR, Bandera Blanca de la Secretaria de Salud de Hidalgo). Actualmente la sociedad cooperativa cuenta entre otros con cuatro hoteles, tres restaurantes, seis cocinas económicas, 12 tiendas, cinco coctelerías y una tortería. A diferencia de otros lugares donde el turismo es temporal, en San Cristóbal es permanente (con periodos de baja y alta afluencia), por lo que el ingreso económico de los ejidatarios depende básicamente de esta actividad y ya no de la migración y cultivo del temporal. El tipo de turismo practicado en San Cristóbal tiene sus complicaciones; no podría comprenderse solamente bajo esta mirada normativa del turismo comunitario, ni como parte de la conservación neoliberal que se impone sin cuestionamientos o derivado de una política gubernamental que dio impulso al turismo alternativo en México en los noventa. La literatura sobre las experiencias turísticas (^{Ludger y San German, 2012}; ^{Guzmán et al., 2013}; ^{Durand, 2014}; ^{Palomino et al., 2016}) muestran que las realidades sociales de numerosas comunidades rurales también están forjadas por relaciones de poder y conflicto de intereses. Por ello, la habilitación y gestión de las iniciativas turísticas se producen en escenarios social y políticamente complejos. Asimismo, el éxito no solo depende del atractivo natural o cultural, sino de algunas condiciones socio-organizativas (capital social, capacidades empresariales locales, sistemas de gobernanza comunitarios, disponibilidad de capital y mano de obra). En el caso de San Cristóbal, además del atractivo natural se cuenta con estas condiciones socio-organizativas pero, como veremos más adelante, presenta ciertas ambigüedades sobre todo de clase y de género. Esta situación complejiza las fronteras de inclusión y exclusión de los miembros de la comunidad.

Características organizativas y efectos del proyecto turístico

En este documento sostenemos que uno de los elementos clave que explica el emprendimiento de las grutas de Tolantongo es el sistema de gobernanza comunitaria expresado en la asamblea, sistema de cargos y la faena. La asamblea comunitaria en San Cristóbal está compuesta por ejidatarios y avecindados, y coexiste con la asamblea de ejidatarios (integrada sólo por ejidatarios). Estas asambleas se llevan a cabo de manera mensual, pero también se celebran las extraordinarias; en estos espacios no se permiten representantes, a menos de que la ausencia se justifique. Los ejidatarios y avecindados tienen en teoría voz y voto en asuntos comunitarios y en la elección de autoridades como los de la delegación y algunos comités. En los temas relacionados con la sociedad cooperativa los avecindados no tienen ninguna facultad de intervención. Por tanto, la asamblea de ejidatarios es la que determina en gran parte la organización comunitaria; además, del total de asambleas celebradas al año la mayoría tiene que ver con la sociedad cooperativa. La asamblea ha tenido un papel muy importante en las distintas etapas del proyecto turístico y su peso continúa siendo determinante. En ese sentido, las decisiones sobre la sociedad cooperativa pasan siempre por el acuerdo de los ejidatarios con derechos agrarios formales y aquellos que fueron reconocidos por mérito. Entre las funciones de la asamblea destaca el nombramiento de los puestos de representación civil, religiosa y agraria que desempeña cada ejidatario, así como los de empleo dentro de la sociedad cooperativa.

En cuanto a los cargos civiles (aunque también hay religiosos), antes de la dotación ejidal solo existía la figura del juez auxiliar (hoy delegado) con estos integrantes: propietario, suplente, policías y regidores. A medida que se formó el ejido surgió la sociedad cooperativa, la comunidad creció y los comités se multiplicaron (Figura 2). Además, se agregaron a la delegación elementos como el secretario y el tesorero, así como las autoridades ejidales. Los cargos a los que deben aspirar tanto ejidatarios y como avecindados son la delegación y los comités; en tanto, la administración de las grutas de Tolantongo es para los ejidatarios formales e informales y los puestos ejidales solo para los primeros. Las figuras de mayor peso en San Cristóbal son la de comisariado ejidal, la administración de las grutas Tolantongo y la delegación. Todos ellos son consensados en la asamblea y su duración depende del puesto; quienes son nombrados reúnen como principal característica la experiencia de haber ejercido un cargo previo. Anteriormente eran honoríficos, pero desde 2006 se otorga un pago económico, con el fin de que quienes están al frente de estos puestos se dediquen de tiempo completo. Asimismo, en los últimos años los puestos de la delegación han sido reservados solo por los ejidatarios formales y por méritos.

Figura 2 Cargos comunitarios en San Cristóbal, elaboración propia. 

La administración es el espacio que gestiona las grutas Tolantongo; en ese sentido, los ejidatarios nombrados para este puesto deben realizar funciones empresariales, aunque no necesariamente tienen esa formación (los ejidatarios de mayor edad no concluyeron la educación primaria). Estos miembros proveen de insumos a las tiendas, hoteles, restaurantes, cocinas, entre otros, y negocian con los proveedores sobre los precios, recopila las ganancias generadas y las reporta a la tesorería ejidal. Asimismo, se encarga de la contratación de los empleados y las labores que desempeñarán. Sin embargo, el rol que cada socio realiza dentro del proyecto turístico (recepción, encargados de cocinas, restaurantes, taquillas, coctelerías, tiendas, salvavidas, entre otros) lo establece la asamblea. Ante ello, la función del administrador se ve constreñida, por lo que dicta la asamblea.

La faena se lleva a cabo todos los martes por ejidatarios o avecindados; en promedio, cada ejidatario debe realizar 48 faenas durante el año. En tanto, a los avecindados les corresponde como mínimo 18 faenas (a veces se hace los martes u otros días de la semana); buena parte de ellas se realizan en la manzana de El Centro y en Tolantongo. La faena no se paga con dinero; los ejidatarios y avecindados solo pueden mandar sustitutos hasta en seis ocasiones. Este envío de representantes permitidos tampoco debe hacerse de manera consecutiva, sino de manera escalada durante todo el año. En caso de que algún ejidatario o avecindado incumpla lo establecido recibe algunas sanciones (perder reparto de utilidades si es ejidatario, acceso a un solar si es avecindado). Este trabajo colectivo también ha sido concluyente en la constitución del centro turístico (apertura del camino de terracería) y lo sigue siendo en la edificación de su infraestructura e introducción de servicios. Hasta 2017 la faena no se ha monetarizado cuando podría hacerse dados los recursos económicos con los que cuentan actualmente. Al respecto, el administrador más reciente señaló:

“es una costumbre que viene de nuestros padres y abuelos; ellos hacían eso…nos mantiene como grupo, nos une. Se trata de que cada uno ofrezca personalmente su trabajo; yo también hago mi faena y ahí aprovechamos para informar algún asunto lo mismo el comisariado, el delegado o el de vigilancia” (Sr. Fidencio, entrevista 17 de enero de 2017).

En cuanto a los efectos del proyecto turístico se observa en dos esferas a nivel individual y comunitario. Los 140 socios tienen una infinidad de beneficios; los más sobresalientes son reparto de utilidad anual (comparten 50 % con el que les heredó la sucesión), aguinaldo, pago de medicamentos y servicio médico, estímulo económico, emprendimiento de dos negocios particulares dentro del centro turístico, indemnización cuando se retira de la sociedad y empleo permanente. Estos puestos de empleo son designados en asamblea y rotados anualmente, y constituyen uno de los elementos sobresalientes de la organización porque permiten que cada socio tenga la posibilidad de servir en cada puesto y conozca cómo funciona; se evita la existencia de líderes vitalicios y se controla el desvío de recursos. En suma, además de democrático, el sistema de rotación constituye un mecanismo de formación y capacitación permanente de personal, de tal manera que todos los socios tienen suficiente conocimiento como para controlar a quienes ejercen los puestos de mayor responsabilidad. De esta manera, la rendición de cuentas tiene su sustento en el amplio conocimiento producto de la experiencia. Los ejidatarios que ingresaron por mérito reciben los mismos beneficios, aunque sea de manera progresiva hasta cumplir siete años de antigüedad dentro de la sociedad. Aquellos ejidatarios que no dejaron sucesores cuentan, por parte de la sociedad cooperativa, con una pensión mensual (rebasa lo que entrega el gobierno federal a través del programa 65 y más) y asistencia médica. Asimismo, en caso de que algún ejidatario de edad mayor no tenga descendencia familiar o si la tiene y nadie cuida de él, las autoridades comunitarias también se hacen cargo de su cuidado. En relación con los demás residentes, en la comunidad cuentan con el acceso gratuito a las instalaciones del centro turístico, empleo y apoyo de gastos funerarios. Además, junto con los socios de las grutas Tolantongo convergen en dos eventos: el “Día de las Madres” y el “Día del Padre”. En ambas celebraciones la sociedad cooperativa les prepara una comida y les entrega un estímulo económico.

A nivel comunitario, la sociedad cooperativa ha extendido su papel de administrador a ejecutor de obras de infraestructura (pavimento, canchas, remodelación de las escuelas, servicios de salud, construcción de la iglesia, entre otros) y servicios para beneficio de todos los miembros de la comunidad (como el sistema de trasporte para trasladar a los alumnos al bachillerato más cercano). En el terreno simbólico las grutas Tolantongo también participan en el financiamiento de la fiesta patronal del santo San Cristóbal (también está en proceso la edificación de su iglesia), considerada como una de las más suntuosas del municipio de Cardonal. Por tanto, se observa un bienestar que trasciende el ámbito económico e individual que incluye otras dimensiones como un bienestar colectivo y simbólico. Asimismo, la presencia de relaciones sociales que no se reducen del todo a cuestiones mercantiles; tal es el caso de la faena, donde hasta hoy día se prioriza el trabajo físico y no se permite su pago monetario. Algunos de estos elementos como hemos visto son considerados como partes del desarrollo alternativo.

A partir de los mismos ingresos del proyecto turístico se fueron formando otros negocios alternos (purificadora de agua, potrero, granja acuícola, red de trasporte colectivo, magueyera, maquinaria pesada, explotación de mina de mármol), algunos de los cuales abastecen de insumos al proyecto turístico. De esta manera, los ingresos ya no solo dependen de los recursos naturales de la comunidad. Cabe resaltar también que desde 2005 se propició el retorno de los migrantes nacionales e internacionales, sobre todo de hijos de ejidatarios. Esto fue resultado de las reformas en el reglamento donde se indicó que el ingreso de los ejidatarios por trabajo y servicio sería hasta los 25 años de edad, con el fin de establecer un estándar de trabajo equitativo entre nativos y migrantes. Desde entonces los varones, cuya edad se aproximaba a los 25 años, han estado retornando; asimismo, varios de estos migrantes han sido colocados en espacios estratégicos del centro turístico (hoteles y restaurantes). Es innegable que el proyecto turístico ha frenado la migración y el centro turístico ha sido un espacio importante en la “reintegración” de los migrantes de retorno. Si bien en México esta migración de retorno obedeció a una situación estructural (crisis económica en Estados Unidos en 2007), en el caso de San Cristóbal también se debió a una cuestión local. De acuerdo con los miembros de la administración de 2017, la mayoría de los que se encontraban en Estados Unidos ya volvieron a la comunidad.

La sociedad cooperativa también apoya a otras comunidades aledañas, ya sea para patrocinar algunos eventos u otorgarles algún beneficio económico en sus obras de infraestructura. Asimismo, otorgan la entrada gratuita cuando alguna escuela se los solicita; además, parte de los empleados no son todos oriundos de San Cristóbal, sino de otras localidades cercanas. La principal ruta hacia San Cristóbal es la carretera México Laredo y en el municipio (Ixmiquilpan), cercano a Cardonal, existen diversos negocios para el turismo, así como en las localidades aledañas a San Cristóbal. En Semana Santa, que es la época de mayor afluencia turística, es común ver espacios provisionales donde se vende barbacoa, pulque y artesanías. Por tanto, el impacto del centro turístico va más allá de los confines de San Cristóbal y se denota que el turismo representa una fuente de ingresos muy importante en el Valle del Mezquital (región que según la Asociación Estatal de Balnearios y Aguas Termales de Hidalgo concentra más de 50 % de emprendimientos turísticos de balnearios y aguas termales).

Anteriormente hemos dicho que algunas relaciones sociales gestadas en San Cristóbal van más allá de la dimensión económica del desarrollo. Asimismo, el paisaje geográfico de la localidad muestra que el nivel de ingresos y bienes materiales de los ejidatarios difiere a lo que se observa en otras localidades del municipio de Cardonal. Aquí sobresalen construcciones suntuosas de uso común, como la iglesia y el auditorio ejidal, pero también las viviendas de los propios ejidatarios. Esta perspectiva no encaja con la definición tradicional de lo rural, máxime cuando los ejidatarios ya no solo se dedican al cultivo de la tierra. Por tanto, se coincide con ^{Grajales y Concheiro (2009)} en la necesidad de ir más allá de una definición sectorial de lo rural y transitar a una mirada territorial. Esto significa observar la heterogeneidad productiva y la reconfiguración socioespacial del territorio, pero sobre todo las formas de apropiación del territorio que hacen los sujetos.

La asamblea, los cargos y la faena se articulan para la organización de la vida comunitaria y el proyecto turístico. Sin embargo, esta concatenación es compleja y las fronteras de inclusión y exclusión entre ejidatarios formales, informales y los avecindados no es del todo determinante y tiene sus paradojas. En los últimos años el reglamento tuvo algunas modificaciones; entre ellas el hecho de que los ejidatarios con documentos y sin ellos solo pueden nombrar a dos de sus hijos para ingresar a la sociedad cooperativa. El argumento central fue que en un futuro demasiados socios disminuirían la cantidad de ganancias recibidas; otro cambio relevante fue que las hijas de ejidatarios ya no solo podrían ingresar por sucesión, sino también por méritos. La razón de ello es que varios ejidatarios no tuvieron varones y generalmente solían dejar la sucesión a un pariente varón. Desde mi punto de vista esto representa un cambio sustancial, pues se reconoció formalmente que el servicio y el trabajo de la mujer también pueden ser valorados para su ingreso a la sociedad cooperativa. Estas reformas en el reglamento han generado tensiones, ya que buena parte de los ejidatarios que aprobaron las reformas se jubilaron y sus descendientes no necesariamente concuerdan con sus predecesores. Por ejemplo, algunos ejidatarios con documentos han expresado que ellos deberían tener derecho a que todos sus hijos ingresaran a la sociedad cooperativa y que no se limitara a dos porque ellos sí tienen “papeles”. Al respecto se manifiesta una disputa entre el reconocimiento “legal” y comunitario. Aunado a ello se dio el caso de mujeres que solicitaron su ingreso por mérito, pero la asamblea no pudo resolver esta petición; de acuerdo con algunos ejidatarios hubo posiciones a favor y en contra, y la decisión se aplazó. Dentro del seno familiar la decisión de quién de los hijos será el sucesor también ha generado rigideces entre los hermanos. En el trabajo de campo observé que generalmente este puesto se heredaba al hijo menor por costumbre, pero algunos ejidatarios estaban optando por otorgar la sucesión a quien ya había rebasado los 25 años de edad o quien no estudió una carrera profesional. Finalmente los avecindados, quienes en principio deberían tener espacio a los puestos de la delegación (cargo esencialmente comunitario), ya no son considerados últimamente. Estas funciones de la delegación se han restringido a los ejidatarios; se da prioridad a los avecindados para los lugares de empleo en el proyecto turístico. Aunque sea un ejidatario, el delegado representa a toda la comunidad; se reúne con el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y el administrador los fines de semana y, en conjunto, hacen recorridos en las instalaciones del proyecto turístico. Paralelamente, también dirige los puntos de vigilancia de la patrulla y los policías comunitarios, coordina la convocatoria de faenas y debe responder a las demandas de los otros miembros de la comunidad.

Conclusiones

En este texto se ha documentado la experiencia de una propuesta de desarrollo alternativo y turismo comunitario emprendido por los pobladores de San Cristóbal. La particularidad de este caso estriba en que el fomento a la actividad turística fue decisión de ellos mismos y no necesariamente respondió a esta coyuntura del auge del turismo alternativo en los noventa y de la conservación neoliberal. Los ejidatarios han contado con el apoyo de agencias del Estado como el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (PIVM) y otras secretarías, pero han mantenido autonomía en la organización y administración de su proyecto turístico y cuentan con una capacidad de negociación con actores externos. De hecho, los ejidatarios señalaron que el apoyo que reciben del gobierno para la infraestructura comunitaria es mínima. Por otra parte, si bien sus recursos naturales se comercializan bajo la lógica capitalista, siguen siendo un patrimonio común. Para llegar a esto se conjugaron algunos factores; el primero, una conciencia colectiva de lo que implica ser los poseedores de la barranca de Tolantongo y de los beneficios económicos que genera su proyecto turístico. Este proceso de apropiación de los recursos naturales se fortaleció desde que concluyó el camino de terracería en los setenta, donde el turismo incrementó y se percibieron los ingresos económicos. Segundo, la presencia de una cohesión social producto de instituciones como la asamblea, la faena y los cargos que provocaron la resistencia, lucha y confrontación por la barranca de Tolantongo ante los intereses particulares e intereses públicos. Ello explica también que se hayan opuesto a vender sus tierras a personas externas, a pesar de que podían hacerlo por las modificaciones de la reforma agraria.

Como resultado se cuenta con una organización que muestra, entre otras cosas, los distintos canales de comunicación que existen entre las autoridades del ejido, de la delegación y de los diversos comités, la rendición de cuentas, el ejercicio de cargos, el mantenimiento de la faena con trabajo físico, mecanismos informales para considerar a otras personas como ejidatarios. De esta forma, el proyecto turístico funciona combinando necesidades empresariales y una organización comunitaria ancestral que sobrevive. Además, el modelo de desarrollo en San Cristóbal se asemeja a los principios del desarrollo alternativo y del turismo comunitario donde se tiene una comunidad como base, participación de los pobladores locales, control local de los recursos, y nexo entre lo económico y social, entre otros. Por otra parte, el impacto que origina el turismo en la comunidad y más allá de sus confines es extraordinaria y se han generado más ingresos con otros negocios, pues se tiene la ventaja de que el turismo es permanente. En San Cristóbal también se presentan algunas contradicciones y representan futuros retos; entre ellos se encuentran las de género y de clase, uso del potencial de sus profesionistas locales y conservación ambiental e interacción con los turistas. El reglamento ya estableció formalmente que las mujeres pueden ser ejidatarias por sucesión y también por mérito; no obstante, como hemos dicho, el ingreso de las mujeres por este último medio aún tiene resistencias. En cuanto a los avecindados hay algunas voces que solicitan sean considerados para formar parte de la sociedad cooperativa. Actualmente, los jóvenes profesionistas que ingresan a la sociedad cooperativa ya son colocados en puestos para lo cual estudiaron, pero se detectan rigideces entre los ejidatarios con profesión y sin ella. En cuanto a la cuestión ambiental, los ejidatarios suelen hablar de ecoturismo y cumplen con algunos cuidados ambientales. Sin embargo, existen divergencias entre los que aún quieren edificar más infraestructura en la Barranca y aquellos que defienden concluir con esas pretensiones y conservar los atractivos naturales. Este hallazgo concuerda con el de ^{Palomino et al. (2016)}, donde encontraron que la mayoría de los emprendimientos turísticos con base comunitaria en el país presentan una ausencia de manejo ambiental para garantizar el uso sustentable de los recursos naturales. Por otra parte, dada la carga de trabajo de los ejidatarios, la interacción de corte más cultural con los turistas también es mínima. Finalmente, el proyecto turístico de San Cristóbal refleja la pervivencia de los principios comunitarios frente a esta incursión de los ejidatarios como empresarios.