El Estado, las instituciones y los frentes poblacionales en el noroeste guatemalteco: el caso de los colonos del Usumacinta

 

The state, institutions and population fronts in Guatemala's northeast: the case of Usumacinta inhabitants

 

Isabel Rodas-Núñez

 

Escuela de Historia. Universidad de San Carlos de Guatemala. (isabel_rodas@yahoo.com)

 

Resumen

Este artículo tiene como objetivo reflexionar, primero, sobre algunos factores que hicieron que las poblaciones rurales del noroeste guatemalteco acudieran al desplazamiento como una estrategia de subsistencia. Entre ellas queremos distinguir a un tipo de conglomerado de individuos que llamaremos frente poblacional, provenientes de grupos campesinos. En segundo lugar destacaremos que estos colectivos se mueven a pesar de las intervenciones y proyectos de los agentes del Estado y del desarrollo. sus contradictorias intervenciones no impidieron la descomposición y el empobrecimiento de las formas sociales de las unidades domésticas campesinas. Tercero; más allá de la clasificación identitaria indígena/ladino con la que se asume la alteridad de la población guatemalteca, se pretende abrir la discusión sobre las construcciones de sentido colectivo de estos pobladores. Resultado del desplazamiento como estrategia de subsistencia y de la inestable relación con el Estado de la segunda mitad del siglo XX; las emociones, la noción de sufrimiento, prevalecen en la construcción de sus memorias sociales. se trata de salir de la concepción que remite a las identidades colectivas étnicas, instaladas en el sur del país desde la colonia española, conceptualización sobre la que, en el caso del Petén, se diseñan las estrategias de desarrollo. En conclusión, se describen los procesos que configuran los contenidos de las construcciones de sentido de estos colectivos desarraigados, sintetizados en el sufrimiento con que estas poblaciones interiorizaron el desplazamiento.

Palabras clave: Frentes pioneros, identidades narrativas, migración interna, unidades domésticas campesinas.

 

Abstract

This article has the objective of reflecting, first, on some factors that allowed rural populations in Guatemala's northeast to turn to displacement as a subsistence strategy. Among them, we want to highlight a type of conglomerate of individuals, that we will call population front, from peasant groups. In the second place, we will highlight that these groups move in spite of the State agencies' interventions and projects for development. Their contradictory interventions did not prevent the breakdown and impoverishment of social forms in peasant domestic units. Thirdly, beyond the identity classification as indigenous/ white with which otherness in Guatemalan population is understood, we attempt to open a discussion regarding the construction of a collective meaning in these inhabitants. As a result of displacement as a subsistence strategy and the unstable relationship with the state during the second half of the 20^th Century, emotions - the notion of suffering - prevail in the construction of social memories. There is an attempt to abandon the idea that refers to ethnic collective identities, present in the south of the country since the Spanish Colony, a conceptualization based on which development strategies are designed, in the case of Petén. In conclusion, we describe the processes that configure contents in the construction of meaning in these rootless groups, synthesized in the suffering with which these populations interiorized displacement.

Key words: Pioneer fronts, narrative identities, internal migration, peasant domestic units.

 

Introducción

En este análisis abordamos el sentido de pertenencia y de la relación política que las unidades domésticas rurales de un frente pionero en el norte guatemalteco, intervenidas por distintas políticas y estrategias institucionales que a lo largo de cuatro décadas (1968-2004), establecieron con el Estado y la sociedad. La discusión sobre estas formas de existencia social surge luego del análisis del material etnográfico obtenido en una de las cooperativas instaladas sobre las riberas del Usumacinta en territorio guatemalteco. En un inicio, el objetivo era comprender si las categorías étnicas que se aplican para clasificar a los grupos sociales en el territorio (Grünberg y Macz, 1998; CARE/CONAP, 1999) otorgaban algún sentido de pertenencia a las poblaciones que fueron producto de un proceso de colonización territorial diferente al vivido desde la colonia española. Posteriormente, tras el acercamiento al terreno, el objetivo se dirigió hacia comprender y describir las construcciones de sentido colectivo desde la configuración de las unidades domésticas campesinas obligadas al desplazamiento.

Este artículo se deriva de un estudio realizado con el método histórico comparativo, que concibe la realidad social como un conjunto de procesos que se desarrollan en el tiempo. Esta perspectiva analítica requiere la construcción de narrativas determinadas por una perspectiva teórica que busca responder preguntas acerca de la dinámica del cambio en las sociedades, es decir, las rupturas, las continuidades y sus catalizadores. La perspectiva teórica aquí privilegiada focaliza sobre el rol del Estado, sus instituciones y su incidencia en la configuración de las unidades domésticas y en la construcción de sus referentes identitarios. A través de ellos se identifican los factores exógenos, las tendencias endógenas, las oportunidades y las acciones en momentos clave. El material de base para la elaboración narrativa se recopiló durante cinco años de presencia en la cooperativa Bethel, en el municipio de La Libertad, Petén. En esta aldea cooperativa, desde 1999 hasta 2004, se recabaron historias de vida de los colonos, se realizaron entrevistas a profundidad y se mantuvo un ejercicio de observación participante que permitió la construcción de las descripciones para el análisis histórico-comparativo.

El material etnográfico se completó con la consulta de archivos históricos, institucionales y particulares, conservados por funcionarios o técnicos que trabajaron en la región desde el establecimiento de esta cooperativa y de las 21 restantes que formaron el frente pionero instalado desde 1968. De ellos también se obtuvieron los relatos de las experiencias de los programas estatales y de las organizaciones para las que trabajaron. Esta visión etnográfica e histórica permitió comprender el estado actual de las organización social y las lógicas del parentesco y de poder (Balandier, 1969) de algunos pobladores de la ribera guatemalteca del Usumacinta. Intentamos entender por qué las políticas de desarrollo durante cuarenta años, impulsadas por distintos actores estatales y privados, no contribuyeron al arraigo de las poblaciones, ni lograron atenuar las condiciones que motivan el desplazamiento de los grupos rurales (Rodas, 2009).

En este contexto, ante la constatación de la ausencia de políticas públicas para el fomento y comercialización de las actividades productivas rurales y de la importancia del desplazamiento como estrategia de subsidio a la producción agrícola alimentaria, nos planteamos las siguientes preguntas. Primero, en torno a la relación con el Estado-nacional y como producto de esta práctica ¿cuál es la idea que ha quedado sobre el vínculo político entre los grupos que manejan las instituciones de Estado y de desarrollo con los grupos en desplazamiento? Segundo, tomando en cuenta esa relación entre agentes de Estado y poblaciones rurales, ¿cuál es la identificación política que emerge de ese contacto? Y finalmente, en la determinación de una identidad política ¿cuál es el peso de lo comunitario y de lo nacional para sujetos con un horizonte rural-campesino que se insertan temporalmente en los lugares de habitación y empleo? ¿Cuáles son los contenidos identitarios que les permiten establecer una continuidad a pesar de la ruptura provocada por el desplazamiento y que permite la vinculación con lo local, a la vez que prepara su salida para reiniciar otro ciclo de inserción?

Responderemos a estas preguntas definiendo primero, bajo la propuesta de F. Perroux (1949), el tipo de Estado que pensamos se ha implementado en Guatemala y la nación que ese espacio político ha construido, manteniendo bajo el ejercicio de sus distintas gestiones gubernativas, el desplazamiento de frentes poblacionales. Segundo demostrando en una breve descripción cronológica, la que permite esta exposición, que los acontecimientos vividos por los miembros del frente pionero en la selva petenera sobre la ribera del Usumacinta son un ejemplo de cómo el Estado y las instituciones, con objetivos variantes según el período gubernativo, repercutieron en la configuración de las relaciones primarias de los individuos e influyeron en la circulación de las distintas generaciones (cuando menos tres) de estos pobladores. Como resultado del análisis de las condiciones sociales de existencia de estas poblaciones, sostenemos que las identidades cuyos referentes se organizan bajo una emoción, la del sufrimiento, se alimentan bajo las permanentes relaciones de alteridad con agentes que operan en las instituciones de Estado y con agentes externos para el desarrollo que generaron expectativas truncadas.

En el siguiente apartado abordaremos una definición de Estado que nos permita introducir el problema y entender los cambios drásticos que los gobiernos, a través de las instituciones, operaron en las poblaciones y su territorio. Iniciamos la discusión del problema en un segundo apartado donde trataremos de demostrar, a través de su descripción, estos limitados desempeños institucionales que se presentaron en el área bajo tres modalidades, incluido el ejército nacional durante el conflicto armado interno como pasaje de la propuesta agrícola a la conservacionista. La descripción, que es el producto de la sistematización de las fuentes etnográficas e historigráficas organizadas para responder a las preguntas planteadas, busca demostrar cómo ninguna de ellas consolidó el proyecto productivo de los campesinos cooperativistas. En consecuencia, y como resultado del análisis, dada la inexistencia de condiciones para el arraigo y la inexistencia de una organización local estable, en el tercer y último apartado, antes que pensar a poblaciones con sentido comunitario, señalaremos la existencia de las identidades narrativas (Ricoeur, 1996) producidas por los individuos en el desplazamiento en donde las emociones tienen un rol central, en la medida que permiten, cada vez que se expresa un relato, un testimonio o una narración de lo vivido, concatenar los resultados obtenidos luego de la relación con los distintos agentes externos. Esta memoria recupera los lugares y las experiencias comunes que identifican a las personas con ese contexto de desarraigo, expresa las concepciones de lo político, el frustrante sentido de la pertenencia a lo nacional y hacia las condiciones precarias de campesinos incapacitados para sostener a sus miembros. Puntualizaremos en el rol que juegan las emociones en la memoria colectiva, como el hilo conductor de las experiencias que limitaron los proyectos productivos y mantuvieron en la precariedad a los núcleos domésticos. Concluimos con la idea que las emociones, construidas desde la inestabilidad de las instituciones estatales y su repercusión en los grupos primarios, permiten generar continuidad y sentido, así como seleccionar y almacenar las experiencias de las intervenciones pasadas y evaluar los resultados del esfuerzo invertido por ellos, los campesinos, como información para orientar las futuras propuestas a pesar de la diferencia de objetivos planteados por cada una de esas acciones institucionales.

 

Análisis

El problema: el Estado, la nación y los frentes poblacionales

Aunque el frente pionero sobre el Usumacinta fue un acto preciso, llevado a cabo durante la gestión gubernamental de Julio César Méndez (1966-1970) para resguardar el territorio fronterizo del proyecto de una hidroeléctrica mexicana que inundaría el territorio petenero, el recurso al desplazamiento de la población como instrumento para asegurar la soberanía nacional, o la ocupación interesada de los territorios, puede identificarse como una práctica recurrente de los gobiernos y de los grupos de interés que lo administran. A pesar de la divergencia de las políticas de Estado de los distintos períodos gubernamentales, producto de la intervención a fines del siglo XX de grupos políticos diferenciados, podemos pensar en un dispositivo que trasciende esas diferencias y permanece a pesar de ellas. Entenderemos como dispositivo (Foucault, 1975) al conjunto de discursos, clasificaciones de personas, actividades, objetos (nombrados y no nombrados), prácticas y comportamientos (ejecutados o no), planteados como ideas continuas, a pesar de las distintas posiciones de los grupos que las implementaron, en las políticas públicas y en las gestiones de los operadores institucionales del Estado. Este dispositivo se evidencia en la permanencia de discursos de exclusión que nombran a los grupos rurales, en tanto que indígenas o campesinos, categorías con las que justifica el tipo de dominación/subordinación que mantienen con ellas. Dependiendo del grupo de interés en competencia por la ocupación del aparato estatal, y del momento político, sus definiciones se reelaboran como contenidos que clasificaron y calificaron, promoviendo políticas o prácticas que permitieron la estabilidad en el territorio o, al contrario, iniciativas que indujeron el desplazamiento de sus pobladores.

Para entender la nación bajo esta dinámica de Estado y para explicar el lugar de los frentes poblacionales en la historia política guatemalteca, parece pertinente la definición que propone F. Perroux (1949), porque, a pesar del desplazamiento y la posición de marginalidad y precariedad que ello conlleva, los frentes poblacionales son un recurso fundamental para el tipo de nación que estos grupos en el poder han forjado para Guatemala. Para Perroux la nación se conforma por un conjunto de grupos heterogéneos compuestos de clases relativamente dominantes y de clases relativamente dominadas. Bajo esta formulación, la nación sería entonces la combinación medianamente estable de élites y de los grupos que las sostienen. Cada pareja, el grupo y su élite, tiene su representación sobre el porvenir de la nación y por lo tanto del rol de sus miembros y la manera en que se distribuirán los recursos del Estado-nacional. El lugar otorgado a sus miembros, al resto de personas que no pertenecen a esa élite, para el disfrute de los bienes comunes se determinaría en función de esos criterios (valores y principios con los que se califican y clasifican a los otros) reiterados a lo largo del dispositivo. Este conjunto llamado nación está orientado y arbitrado por un Estado que usa la coacción legítima y organizada (Berthaud et al., 2004) y que, precisamente, es practicada a través de las instituciones que deciden sobre los recursos que movilizan y desplazan a los frentes poblacionales. Como resultado de esa competencia que repite y reelabora los contenidos que definen a los grupos sociales, los frentes poblacionales y su movilización, no han sido evidenciados en su especificidad y sus determinaciones. En tanto que poblaciones rurales han sido sobre-entendidas como campesinas o indígenas.

No obstante, una de las condiciones de existencia en ellos sigue siendo la producción agrícola de subsistencia. Los concurrentes en los frentes poblacionales rurales combinan la siembra de pequeñas y poco productivas tierras con trabajos temporales individuales o del grupo doméstico de pertenencia con las que subsidian su producción agrícola. En consecuencia, y en el actual contexto en el que ha sido privatizada prácticamente toda la tierra del Estado, en tanto que reclamantes del principal recurso productivo de la economía guatemalteca, al permanecer como poblaciones que recurren a agricultura en tierras no otorgadas, son definidos como amenazas.

En el caso del norte petenero, actualmente, esta alusión de amenaza es retomada como definición entre los ambientalistas preocupados por el avance de la frontera agrícola sobre las áreas protegidas, sobre todo por el empleo de la roza, y los consiguientes incendios de las áreas forestales. Ha habido también períodos en donde esta categoría clasificatoria fue sustituida para caracterizarlos bajo los determinantes de las comunidades indígenas. Tras los estudios sociodemográficos que realizó el Banco Mundial (1997; 1994) la preocupación por definir a los pobladores de ese departamento remarcó la identidad indígena en un período en donde se habló sobre el derecho ancestral de los autóctonos a la posesión de la tierra.

En síntesis, oculto tras las nomenclaturas de indígenas o campesinos con arraigo a la tierra, el frente poblacional, como recurso cuyo valor reside en su condición de movilidad, no ha sido evidenciado como una realidad objetiva e histórica. Aunque no podemos hablar de formas homogéneas para estos frentes, podemos distinguir distintas dinámicas. La primera es la establecida entre los actores enraizados territorialmente, que reciben en su seno a los individuos solitarios o los grupos en desplazamiento que se adhieren e instalan con ellos en nuevas y desaventajadas relaciones de convivencia. La segunda es la que se establece entre individuos, o grupos familiares, en iguales condiciones de desposesión y desprotección. Bajo la lógica del desplazamiento regular, buscan parcelas o sitios donde establecerse temporalmente hasta que son expulsados. Viven el desplazamiento, y la ocupación temporal de un espacio, como una forma especializada de subsistencia.

El caso extremo del desplazamiento de estos frentes es cuando se instrumentalizan para asentarlos temporalmente, o cuando permanecen en algún terreno o parcela bajo su propia iniciativa. Se posicionan como población de choque frente a otros grupos de inmigrantes y logran una posesión temporal anticipada frente a otros grupos similares, tal cual sucede con los asentamientos dentro de los núcleos de la reserva de la biósfera. Su pasaje transitorio por los lugares permite, a la vez que producir una cosecha, obtener la remuneración de actores locales o extraterritoriales que poseen el capital de inversión que les permite, posteriormente, la apropiación del espacio de manera más permanente o más aventajada. La precariedad de su existencia les hace funcionar como un ejército de reserva, como un frente poblacional, para vincularlos coyunturalmente en las estrategias políticas y económicas de distintos grupos de interés.

 

El Estado y el frente pionero: la historia de sus sujetos y los cambios en la estructura del grupo doméstico

En 1965, el gobierno de Guatemala ordenaba, en contra de las planificaciones del ente rector regional autónomo del FYDEP¹ (Casasola, 1968), a las instituciones de transformación agraria que priorizaran la instalación de un muro humano sobre la ribera del Usumacinta para fijar la frontera entre Guatemala y México. Los asentamientos se organizarían como cooperativas (Demyck, 1978). Pero más que provocar el desarrollo de la frontera, evitarían la construcción de presas proyectadas por México. Estos embalses inundarían la tercera parte de Petén, con las consiguientes pérdidas de recursos. Con esta resolución se creó un frente pionero, incomunicado y distante política y comercialmente.

Este acontecimiento obligó al Estado guatemalteco a instalar una frontera viva. Para formar este frente pionero, transportó a una población de jornaleros agrícolas, sin tierras ni domicilio. Los antecedentes de estos pobladores se encuentran en la región de donde fueron expulsados, la zona finquera de la costa sur. Más aún, sus orígenes se vinculan al minifundio del altiplano indígena en donde iniciaron la migración familiar temporal en época de cosechas de los monocultivos. Para algunos, en los años cincuenta, bajo esa dinámica, la familia retornaba a la comunidad de origen. Pero con el crecimiento poblacional y la pulverización del minifundio, las migraciones temporales se convirtieron en la expulsión definitiva de individuos que no tuvieron lugar para el retorno. Se constituyeron en una población flotante, habitantes de las rancherías de las fincas, terrenos baldíos o de los márgenes de los pueblos. Este desplazamiento coincidió, en la década de los sesenta con la fase de modernización de la producción finquera que desalojaría a los mozos colonos (Brockett, 1992; Figueroa Ibarra, 1980). Pero además de la introducción de procesos mecanizados, se extendería la producción a tierras antes conservadas para la producción alimentaria de los mozos y jornaleros. La desaparición de las parcelas de cultivo con las que se pagaba en especie a los trabajadores, y el acceso por medio del alquiler obligó a la búsqueda de iniciativas laborales que facilitaran el dinero para el pago de los insumos para la producción alimentaria. Sin el desarrollo de otros sectores, las alternativas laborales se restringieron a las tareas temporales del campo, los trabajos domésticos (comida, hospedaje y lavado de ropa) que emergieron como resultado de la circulación de trabajadores que se movilizaban sin el apoyo de sus unidades domésticas y al pequeño comercio en las cabeceras municipales.

Este desplazamiento en las fincas y aldeas trajo como consecuencia una relación temporal con las parejas que se formaron en los trayectos laborales, que los mismos actores denominaron "acompañamientos". Bajo este vínculo transitorio de pareja podía generarse una descendencia. Pero dada la precariedad de la relación vinculada al lugar temporal de trabajo, luego de terminar con la relación laboral, en muchos casos la pareja se disolvía. La descendencia partía con la madre, en pocos casos con el padre y, en otros, los menores iniciaban el desplazamiento bajo su propia iniciativa.

Ante el ofrecimiento del Estado de tierras en el norte petenero, aquella instalación en la selva parecía la solución para las personas sometidas a esta relación la-boral-residencial. Dentro de sus expectativas deseaban reconstituir los hogares que estabilizaran y acogieran a los miembros de la familia y ser dueños de la tierra. Pero inmersos en la economía capitalista, con la deuda de la tierra adquirida ante el Estado bajo titulación colectiva respaldada por su organización como cooperativistas y alejados de los mercados para vender su producción, nuevamente tuvieron que desplazarse para vincularse a trabajos remunerados temporales. La siguiente generación, los hijos de los socios cooperativistas, tuvo la posibilidad de hacer circular el dinero bajo otras estrategias. Una de ellas fue vincularse a individuos insertos en redes laborales asalariadas (soldados en el tiempo de la guerra, policías, técnicos de ONG, funcionarios de migración en el post-conflicto) o comerciales (coyotes, migrantes que se dirigían al norte) que llegaron a la aldea. Ellos, a través del salario, sus ganancias comerciales o de su trabajo en la propiedad de la familia adoptiva, diversificaron los ingresos del núcleo familiar del socio cooperativista. La precariedad de estos "vivientes", extranjeros sin derechos pero vinculados por ser compañeros de las "hijas e hijos de socios", dependientes del "socio" dueño de la tierra, llegaba al extremo de ser limitados y sancionados por sus prácticas productivas y comerciales que no contaran con la autorización de la junta directiva de la cooperativa. Al igual que las historias de vida de los "socios cooperativistas", la historia de estos individuos muestra la constancia de su desplazamiento antes de llegar allí. La tolerancia a esta dependencia, que requirió de la inversión de su trabajo, no les abrió los derechos a la participación en la aldea, ni económicos ni sociales, y bajo esas condiciones, para algunos volver a desplazarse y reinsertarse sigue presentándose como una estrategia para la existencia social.

La organización campesina, fundamentada en la pertenencia como socio cooperativista frágilmente amparado por un título de propiedad colectiva de la tierra, fue la base de una dinámica excluyente, tanto para la siguiente generación, hijas o hijos, como para los convivientes. Resumiremos que además de estas categorías, la supeditación al órgano asociativo de las cooperativas dificultó la repartición entre socios de los trabajaderos,² los sitios de vivienda, el trabajo y los créditos colectivos. En el caso de la cooperativa Bethel, las áreas boscosas, puesto que tenían un título colectivo que contenía 90 caballerías de tierra³ para 45 socios, no fueron distribuidas, y el acceso a los recursos madereros fue restringido por la misma junta directiva cooperativista. En términos de la organización productiva y de la asignación de trabajos colectivos, participar de la producción agrícola y ganadera o de la extracción maderera fue siempre problemático. Las tensiones se incrementaron cuando la segunda generación llegó a la edad productiva y no hubo certidumbre en los procedimientos para la herencia de los derechos individuales sobre la propiedad colectiva de los socios fundadores. Pero el entorno institucional, sobre el que hemos insistido, tampoco facilitó la resolución de los conflictos internos. Al contrario, las tensiones internas del grupo sirvieron para justificar el fracaso de la transferencia tecnológica.

Podemos datar la fase del cooperativismo entre 1970 y 1977. En este período se produjo para los novatos terratenientes la adaptación a la selva, su domesticación y la transformación de una parte de la montaña en tierras de cultivo y de producción pecuaria (Centeno, 1973). A pesar de que habían alcanzado el sueño de ser propietarios, no tardaron en apesadumbrarse con el recuerdo de la costa sur. La pobreza y las carencias que experimentaron en la zona finquera se desvanecieron ante la ausencia del pago quincenal que recibían como jornaleros. Extrañaban los servicios y el comercio. La sensación de soledad se incrementó con las acciones que ejecutaron algunas instancias institucionales incumpliendo su función de recolección y comercialización de las cosechas de maíz de las cooperativas. Lejos de apoyar el esfuerzo que hacían, facilitaron la intervención de los intermediarios comerciales. Aún así, los colonos encontraron los productos (cerdos, ganado vacuno, cacería de animales de la selva, recolección de especies vegetales en el bosque), los mercados y el transporte que les permitieron iniciar el ahorro para el pago de la tierra y la compra de los insumos para la canasta básica y la producción de sus parcelas.

Este lapso fue breve. La guerrilla se instaló a finales de los setenta. Pensó al territorio petenero como su retaguardia y lugar de abastecimiento desde donde recobrarían el impulso para combatir en la zona central y en el sur del país. Como consecuencia, en los años siguientes la ofensiva militar en el departamento desarticuló toda iniciativa productiva y comercial sospechosa de ser la base social de la subversión. El ejército y sus destacamentos desplazó y concentró las aldeas, estimulando a través del terror, nuevamente, la circulación de las personas (Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), 1999). Esta dinámica de acoso y persecución no cesó hasta la década de los noventa, transformando la retaguardia en campo de combate.

Terminado el conflicto armado interno, y tras la desaparición del FYDEP y la simultánea organización del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el reordenamiento territorial es diseñado por grupos extra-territoriales bajo la autoridad de la conservación de los recursos forestales. La nueva delimitación interna del departamento de Petén, bajo la idea de zonas núcleo y zonas de amortiguamiento y de usos múltiples (Effantin, 2006), que determinó los nuevos usos de los territorios, volvería a movilizar a los ocupantes. Algunas cooperativas que hacía dos décadas habían sido instaladas en esa zona, son desplazadas bajo esta iniciativa. Similar a la experiencia de implantación de la frontera viva en el Usumacinta, bajo este proyecto se plantea otra forma de empleo de estos frentes. Se diseñan en la zona central las concesiones forestales comunitarias como modalidad de administración y guardianía de las zonas núcleo concedidas a escasos grupos familiares, cuyas historias también evidencian su circulación (Effantin, 2006), para impedir que nuevos grupos de desplazados se asentaran en ellas. Esta modalidad probó ser más efectiva que las concesiones administradas por ONG, bajo la figura de parques nacionales, que contrataron a los aldeanos vecinos como guardabosques.

En resumen, ante la ausencia de instituciones que crearan las condiciones para la inserción a la economía nacional y generaran el vínculo ciudadano, los distintos casos de estas aldeas nos hicieron constatar primero, que en la organización interna de estos grupos forzados a la circulación, se estableció un patrón de relaciones exogámicas. Para cada uno de los miembros del grupo doméstico se expresa una tensión provocada ante el deseo/necesidad de residencia y el deseo/necesidad del desplazamiento. Añoran el horizonte campesino, o cuando menos la seguridad alimentaria y el entorno familiar que proporciona. Pero a la vez expresan la necesidad, complementaria para el subsidio de su producción agrícola, y el deseo de desplazarse para encontrar relaciones laborales y vínculos intersubjetivos menos constreñidos por los principios cooperativistas de posesión y propiedad excluyentes. El desplazamiento es el que permite capitalizar para invertir en la propiedad y la producción agrícola de las aldeas, implica una mayor circulación de dinero pero, para quienes no tienen derecho a la propiedad, hace patente su diferencia con los grupos domésticos residenciales. Se ven limitados por las relaciones de desigualdad, de esclavitud como puntualizó Meillassoux (1990) en su análisis de casos africanos, en donde no adquieren derechos ni espacios para su ejercicio y bienestar individual ni del núcleo familiar que formaron. Segundo, que las instituciones (del cooperativismo de los años setenta, las militares y las ambientalistas), lejos de facilitar la administración de los conflictos y carencias de los grupos, ignoraron los potenciales y precariedades de la incipiente organización social y productiva de los grupos. Antes los juzgaron como amenazas (a la seguridad nacional al ser base social de la guerrilla o a la conservación de los bosques al ser campesinos) y justificaron nuevamente su desplazamiento.

 

El sufrimiento colectivo como expresión de la relación política de los individuos circulantes

Hasta ahora hemos insistido, a partir del caso, que estas formas y relaciones sociales instaladas bajo la tensión residencia/desplazamiento son un producto histórico determinado por las políticas y las acciones del Estado y los grupos de interés que lo manejan. Pero su continuidad, como modalidad de reproducción económica y política nacional, también ha acumulado en ellos las informaciones necesarias que facilitan y explican los cambios y las rupturas que se provocan en sus existencias tras la decisión de reanudar el desplazamiento. Esto se refleja en la historia que relatan las personas. No es la que se organiza a partir de los grupos de parentesco y su genealogía, de la historia de la organización comunitaria o de la acumulación de un conocimiento técnico. Los mecanismos de la memoria se organizan sobre la experiencia del desplazamiento, como opción asumida desde la iniciativa individual. Para ello, elaboran narraciones, que como memoria, acude más que a fechas, nombres o lugares, a contenidos emotivos e intuitivos de las experiencias de relación con los actores que encuentran en sus iniciativas de reinserción. Esta memoria, construida como el conocimiento que permite identificar y anticipar las acciones sobre el entorno social y natural, suministra información para reconocer a los actores y a los recursos que les permitan orientar sus estrategias de inserción. Estas se han organizado para afrontar las rupturas al interior del grupo doméstico, las provocadas por el pasaje de actores externos y las vividas por la frecuencia de su propio desplazamiento.

Un primer nivel de organización de la memoria, y de perspectivas de futuro, de deseo, que organiza el sentido de la relación social sobre el desplazamiento son los nombres de los nacidos en el frente pionero. Mientras que una primera generación aún guarda la influencia judeo-cristiana, las personas de segunda y tercera, nacidas en la aldea cooperativa durante la década de los noventa, fueron llamadas con nombres de celebridades extranjeras o que parecieran de origen anglo-sajón.⁴

Un segundo nivel de informaciones está organizado, por ejemplo, bajo las terminologías clasificatorias endógenas que emergen en función de acontecimientos que modifican las precarias posiciones de los grupos domésticos en su contexto local. Así, luego de establecer las categorías derivadas de la instalación del frente pionero y del cooperativismo (socios, no socios, hijos e hijas de socios y vivientes), durante el conflicto armado funcionaron nomenclaturas coyunturales que identificaron a las personas por su pertenencia a la guerrilla, a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) o como comisionados del ejército. De igual manera, frente a los ambientalistas, emergió otro vocabulario que distinguió a los depredadores (güecheros, tumbadores, etcétera), a los asalariados (guardabosques, técnicos, ingenieros), y a los habitantes (comunitarios).

Un tercer nivel es el empleado para rememorar los episodios de la historia local y la percepción sobre los actores externos. Estos se narran a partir de dichos populares que recuerdan la tónica de la época. Por ejemplo, durante el cooperativismo, cuando usan la expresión "todos para uno" se evoca el esfuerzo que invirtieron para hacer funcionar la organización. Durante el conflicto armado, las frases que les desatan los recuerdos individuales son las que repetían los oficiales del ejército: "una manzana podrida contamina a la demás" o "el que nada debe, nada teme". La síntesis, que emplean para relatar el episodio ambientalista, "servir de escalera" reúne el conjunto de percepciones de los aldeanos tras las iniciativas de extracción sostenible del bosque que emprendieron, sin ningún éxito para ellos como propietarios, empujados por los asalariados de las ONG financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Con esta diversidad de clasificaciones queremos evidenciar lo cambiante de las situaciones según los acontecimientos, la constante ruptura de inteligibilidad provocada por los grupos en competencia por el poder del Estado. Cada nuevo actor externo, al vincularse con distintos grupos de parentesco para instalar y alcanzar sus objetivos, modificaron la estructura de autoridad fundacional, deslegitimando los procesos internos o creando mayores tensiones entre las diferencias internas del grupo. Estas categorizaciones y enunciados que introducen inteligibilidad, surgidos de esas intervenciones y acontecimientos en la historia local, con una temporalidad restringida, nos evidencia que los contenidos que permanecen estables, que dan continuidad de sentido a los individuos y a los grupos, y que son alimentados por las escasas modificaciones a sus condiciones de vida, son los relacionados con las emociones colectivas.

Como quinto nivel de organización de las experiencias acumuladas, abarcador de los acontecimientos y de la intervención de agentes externos que modifican las condiciones de existencia de las unidades domésticas, están las emociones. Juegan un rol articulador de los recuerdos y de las rupturas sociales provocadas por el desplazamiento y el exceso de intervenciones externas. Estas memorias emotivas, enunciadas en los discursos de los individuos, interpretan las acciones de los agentes del Estado que influyeron y modificaron sus formas de vida. Las emociones construyen un sentido que evalúa los posibles resultados de las iniciativas pero también instalan un umbral de tolerancia a las condiciones de vida que, a pesar de las iniciativas y de los esfuerzos ("la lucha" es el término con el que designan sus iniciativas), encuentran rápidamente los límites para su disfrute.

Las emociones son un componente fundamental de la identidad y normalmente la nación de destino, la nación imaginada, las emplea en la promoción de los valores y los principios que la enaltezcan y que generen sentido de pertenencia en sus miembros. El sentido de pertenencia, elemento constitutivo de la ciudadanía, se funda en parte sobre el reconocimiento de las historias de los grupos y de los lugares de memoria compartidos. No obstante, en el caso de la nación, cuyos contenidos varían en función de los grupos de poder que están en competencia por la administración del Estado, las memorias y los lugares de legitimidad entran en conflicto. La historia de los grupos subordinados no se explicita. No obstante, la ausencia del reconocimiento de los grupos en la administración del Estado por la experiencia de los grupos gobernados, la relación política vivida por estas poblaciones rurales en desplazamiento es expresada bajo los términos del sufrimiento. Bajo esta emotividad explican el desencuentro de sus iniciativas con los proyectos de desarrollo institucionales y la falta de coherencia de las políticas de los grupos que han ocupado las instituciones del Estado o las organizaciones para el desarrollo. El sufrimiento es un contenedor que recupera el conjunto de iniciativas frustradas y limitadas por la estructura de relaciones de orden nacional. Señala el tipo de ciudadanía percibido desde la posición dentro de un frente poblacional. Pero también expresa la precariedad del individuo frente al grupo doméstico y residencial y la posición subordinada que impide recuperar el valor del esfuerzo invertido para su disfrute.

En esta relación de carencia, los habitantes comprenden los referentes con los que son definidos por los otros, y que forman parte de las definiciones que elaboran sobre sí mismos. Sobre todo, bajo la constatación de que el trabajo y el esfuerzo invertido no permiten los cambios de condiciones de vida. En el caso de los habitantes del Usumacinta, después de 40 años de colonización y de ser propietarios de la tierra, expresan su historia acumulada bajo la representación del sufrimiento, lo que permite explicar la continuidad y la similitud de sus condiciones de partida, como jornaleros agrícolas temporales, que no variaron a pesar de la propiedad, de la multiplicidad y velocidad de las intervenciones externas y de los esfuerzos que ellos invirtieron en su latifundio en el norte guatemalteco.

 

Conclusiones

A lo largo de esta descripción hemos querido demostrar que el sufrimiento, como un sentido social-mente construido, es producto de procesos de fragmentación de los grupos domésticos precarizados. Los cambios drásticos en los objetivos de las instituciones estatales, y en las políticas públicas, son factores de intervención externa en lo local que no lograron la integración de su producción, fragilizándolos más aun cuando se les dotó de tierras productivas.

Debido a la estrategia de subsistencia, a pesar de la tradición campesina y la orientación agrícola de sus proyectos, no podemos seguir pensándolos como campesinos, puesto que han incorporado el desplazamiento y el trabajo temporal como alternativa de subsidio para la agricultura alimentaria. Actualmente, la interiorización de estas prácticas complementarias no es sólo el resultado de la necesidad del dinero para pagar los costos de la producción agrícola. Para las jóvenes generaciones se ha convertido en un deseo imperativo por circular en contextos urbanos y de consumo, que generan las escasas expectativas de incorporación a la modernidad, a la sociedad de mercado y a la ilusión de mejorar la calidad de vida. No obstante, la insuficiencia de oferta laboral de los centros urbanos provoca el retorno a lo rural y a las despreciadas y mal pagadas prácticas agrícolas de subsistencia.

Si en el inicio, en la década de los sesenta, estas poblaciones cumplieron una función de frontera viva, en la actualidad las condicionantes que generan esta circulación como una constante en los comportamientos de las personas obligan a pensar en la existencia de otro tipo de colectivo, los frentes poblacionales. Los frentes poblacionales son grupos de personas que coinciden en algún momento en algún espacio, expulsados por esas dinámicas aldeanas, y que buscan un nuevo momento y lugar de reinserción. Son colectivos efímeros en sí mismos, pero recurrentes. Cuando son convocados, están dispuestos a movilizarse, a ocupar, a contratarse para distintas tareas de los grupos de interés que poseen el recurso necesario para controlar y emplearlos temporalmente en diversas actividades en los territorios. Quienes logran congregarlos invocando alguna de esas tantas carencias para movilizarlos, capitalizan ese recurso humano.

La convocatoria, sin ninguna duda, toca ese sentido del sufrimiento con el que se sintetiza el cúmulo de las experiencias frustradas, y es articulado en los discursos de los distintos grupos de interés: desde iglesias evangélicas que se basan en los testimonios de sufrimiento para reclutar a sus fieles, hasta las campañas de los candidatos presidenciales⁵ que convocan, por ejemplo, bajo un compromiso de pago (siempre postergado) de los que, a diferencia de los que participaron dentro de la lógica militar, fueron forzados a trabajar como patrulleros civiles durante los diez años del conflicto armado bajo las órdenes del ejército nacional. Igual pudiéramos decir de los ocupantes temporales de las áreas protegidas que son movilizados por los traficantes o ganaderos que los emplean como punta de lanza en sus avances en la ocupación del territorio.

El sufrimiento colectivo, en tanto que percepción y representación, puesto que sirve como malla de lectura y principio de acción a los pobladores de estos contextos, mide en ellos su capacidad de aceptación y tolerancia frente a las proposiciones de los nuevos actores externos y ante los proyectos que requieren de la inversión de su esfuerzo. La manera en que han sido construidos los contenidos que definen ese sentimiento no permite la emergencia de valores y principios para la vida colectiva, al contrario, dotan a los individuos de parámetros para una dinámica individualizada. Le permite a cada uno, a partir de la rememoración de experiencias pasadas, medir las posibles ganancias de las iniciativas en las nuevas empresas individuales de inserción colectiva, las residenciales o las que implican un nuevo desplazamiento.

Por otro lado, si lo común no dota de contenidos para la vida colectiva, los factores con los que se ha construido el sufrimiento, en este contexto y como lugar de identificación, refieren a una representación de lo social que relaciona las distintas experiencias de las historias personales que no llegan a expresarse colectivamente. Su manifestación y su construcción como demanda colectiva es limitada, puesto que no genera valores intrínsecos al grupo ni moviliza reivindicaciones políticas compartidas. El sufrimiento se vive tan individualmente que la memoria que se organiza a través de él desvaloriza la gesta fundacional de los primeros colonos que domesticaron la selva. Mucho menos sirve para pensar el valor patriótico de pobladores que se instalaron en la frontera para impedir la inundación del territorio nacional, o para sentirse orgullosos del sentido patrio que pudiera existir en el ideario de seguridad nacional difundido en aquél territorio por el ejército nacional. Si acaso se menciona es porque sirvió de justificación a algunos ante los oficiales para evitar el exilio en territorio mexicano. Más recientemente comprobaron la inutilidad de conservar el recuerdo de experiencias comunes, luego de que creyeron y trabajaron infructuosamente en la iniciativa de empresas comunitarias para la extracción forestal sostenible.

En síntesis, el sufrimiento, como lugar de memoria colectiva expresada individualmente, enuncia la fractura de los espacios comunes y proporciona un lugar de anclaje inter-subjetivo para identificar y actuar bajo los difusos mecanismos con los que se reproduce la dominación. El uso de categorías étnicas para identificar a estas poblaciones no permite comprender esta "construcción ciudadana" del Estado nacional guatemalteco. En su lugar, el sufrimiento como lugar de organización del sentido político común sí dice de las formas en que han sido integrados en la dinámica civilizatoria: para ellos no hay ancestros a rememorar, ni territorios o actividades dónde rastrearlos y encontrarlos, el idioma común es el nacional; pero sin aparato educativo que lo trabaje, y el conocimiento que manejan no está en función de un territorio o de una especialización productiva. Su conocimiento les ayuda a reconocer y evaluar los contextos y las condiciones para la circulación, aquellos que son aceptables porque se sitúan dentro del umbral de tolerancia, en el límite que evita llegar al sufrimiento.

Ese sentimiento expresa la relación política marginal de algunas poblaciones rurales mantenidas en el desplazamiento por un Estado, y por tanto de una identidad política que se ha perpetuado tras la ocupación gubernamental por distintos grupos con intereses particulares. Esa es la identidad política constituida a través de la diversidad de los proyectos que han impulsado sucesivamente desde el aparato de Estado los distintos grupos de interés. Estos tienen en común la posesión de un limitado concepto del bienestar social, de la función social del Estado, y del servicio público que impide a esta población rural salir de la pobreza. Ante su inexistencia, les hace depender del desplazamiento en condiciones precarias. El aprendizaje vinculado al reconocimiento de los proyectos que les haga pasar menos sufrimientos, les permite reaccionar, adscribirse o participar en las propuestas y proyectos de los agentes externos. El sufrimiento es el parámetro que sirve para evaluar las posibles ganancias o el desgaste que pueda producir la propuesta de los nuevos grupos que ofrecen disminuir la continuidad de las precariedades de sus existencias.

 

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Notas

¹ En 1959, el gobierno creó una dependencia especial ejecutiva que tenía autoridad para el desarrollo y colonización de El Petén. La Empresa para el Fomento y Desarrollo de El Petén, FYDEP, tenía la autoridad legal para resolver aspectos de economía y se convirtió en el gobierno efectivo de ese departamento hasta 1990. Los únicos recursos sobre los que no tenía decisión fueron el mineral y el petróleo. Entre los objetivos que tenía el FYDEP, algunos de orden nacionalista, estaban:

- Integrar a El Petén a las políticas y territorio nacional;

- El desarrollo económico de la región, incluyendo la promoción de medianas y grandes propiedades ganaderas en las sabanas centrales de El Petén y en partes del sureste, y mejorar la explotación de los recursos forestales, tales como la madera;

- Abrir El Petén a un poblamiento racionalizado vendiendo la tierra a colonos, preferentemente con capital de inversión. (Decreto-Ley 1286 del 27 de mayo de 1959).

² Trabajadero es el término con el que localmente se designa la parcela cultivada. Es empleada en contextos donde la propiedad de la tierra es colectiva. Hace referencia, más que a la propiedad de la tierra, al lugar individual de trabajo de cada campesino o jornalero, que en muchos casos, dada la condición colectiva del recurso, puede ser rotativo.

³ Una caballería equivale a 45.125 hectares. El Estado ofreció a los colonos, a condición de estar organizados en cooperativas para dotarlos de títulos colectivos de tierras, extensiones que consideraban una relación de 90 hectáreas (2 caballerías) por socio, indivisibles durante 25 años de tutela estatal sobre las propiedades que les vendió.

⁴ Algunos ejemplos: Aldvi, Audini, Auron, Baydoni, Bertoni, Breisi, Brilis, Ceyli, Darqui, Daumer, Daydin, Daylin, Dayner, Dayron, Derbi, Dorly, Duleni, Duvens, Enedy, Estilmer, Fondy, Guilder, Holmi, Inner, Jaquelin, Jonny, Kervin, Lamber, Leini, Lorny, Marylan, Maybe, etcétera.

⁵ El expresidente Portillo inicia su campaña de reelección convocándolos y movilizando a cerca de 500 000 hombres en 2002; en 2004 Berger, como presidente de la República, ratifica un acuerdo que firmó como candidato con ellos para cumplir con el pago y contar con su apoyo en las elecciones; finalmente, para la campaña presidencial, Colom tuvo que pactar con ellos para contar con su apoyo en las urnas.