Artículos

 

Mujeres, políticas públicas y política: los caminos globales de Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas

 

Kathleen Staudt* y Beatriz Vera*

 

* The University of Texas at El Paso y Consorcio Transfronterizo para la Investigación y Acción en Género y Salud en la Frontera México-Estados Unidos. Correos electrónicos: kstaudt@utep.edu y bevera@utep.edu.

 

Recibido en septiembre de 2005
Revisado en junio de 2006

 

Resumen

** En este artículo se abordan temas selectos de políticas públicas, que dividen y unen a las mujeres en la frontera México-Estados Unidos, concentrados en el área metropolitana de Ciudad Juárez-El Paso, que conforma una "economía interdependiente", con una población superior a dos millones de personas, cuya mayoría comparte una herencia mexicana. De esta forma, se analiza una perspectiva compleja: la economía global en la que las maquiladoras de Ciudad Juárez están a la vanguardia; los cambios ideológicos de derecha en los gobiernos de México y Estados Unidos; con gobiernos divididos en filiación partidista así como en materia del federalismo, éste practicado en forma diferente por ambos, y en los cuales las voces de las mujeres tienen poca notoriedad. Sin embargo, ellas se organizan en grupos que representan sus intereses, aunque sus voces han sido marginadas en la sociedad y en la acción legislativa. Existen pocas organizaciones binacionales de mujeres, con algunas excepciones en los aspectos de salud y violencia.

Palabras clave: mujeres, frontera México-Estados Unidos, género, políticas públicas, maquiladoras, desigualdad salarial, violencia contra mujeres, globalización.

 

Abstract

This article addresses selected public policy issues that both unite and divide women at the United States-Mexico border, focusing on the metropolitan area of Ciudad Juárez-El Paso, that conform an "interdependent economy," with a population of over two million people, most of whom share Mexican heritage. in so doing, we analyze a complex perspective: the global economy in which Juárez maquiladoras are at the frontlines; rightward ideological turns in both Mexican and United States governments; divided government both in terms of partisan affiliations and federalisms, which both governments practice differently. However, women do organize groups that represent their interests, but their voices have been marginalized in society and the legislature. There are only a few bi-national organizations, with several key exceptions in the areas of health and violence.

Key words: women, Mexico-United States border, gender, public policy, maquiladoras, wage inequalities, violence against women, globalization.

 

Introducción

El orden económico neoliberal global, probado en la década de los sesenta con el Programa de industrialización de la Frontera y sus procesos para exportación o plantas maquiladoras, así como la ideología y práctica del libre mercado, consolidada a través del hemisferio, fomenta el trabajo de las mujeres, cuyos frutos le producen ganancias considerables al comercio e intercambio, al igual que el trabajo doméstico no remunerado. El grado de pobreza es alto y los sueldos bajos; el salario mínimo legal establecido es de aproximadamente cuatro dólares diarios en el norte de México y cuarenta en el suroeste de Estados Unidos, la diferencia entre uno y otro es de diez veces.

Los gobiernos son mediadores de las oportunidades y limitaciones del orden económico liberal global; a través de la elaboración de políticas públicas e infraestructura, tienen la capacidad de educar, fijar topes salariales, amortiguar la pobreza absoluta, mediante apoyo social, y proteger la salud y seguridad de las personas. Sin embargo, la capacidad del gobierno, la retórica y la acción no son consistentes, ya que la democracia es desigual en ambos países. Además, el viraje hacia las políticas de derecha que han transitado de moderadas a conservadoras en extremo en Estados Unidos, favorece a los blancos-anglos, al capital y a las clases privilegiadas, lo que ocasiona efectos negativos en muchas mujeres de la frontera. Existe un amplio análisis sobre el tema de las mujeres, la política y las políticas públicas en América latina (Chaney 1979; Jaquette 1994; Álvarez 1997) y en México (Rodríguez 2003;Tarrés 1998). Sin embargo, es muy poco, si lo hay, el que conecta a los tres temas con la experiencia fronteriza. Este artículo se propone como una contribución, para subsanar esa ausencia en la literatura.

Existe la construcción de redes binacionales alrededor de temas de interés para las mujeres, pero el resultado ha sido la creación de unas cuantas organizaciones permanentes con recursos propios, que les permitan ser sustentables. La frontera representa una oportunidad para organizar diversos grupos de mujeres en un espacio geográfico común, gracias a la herencia cultural que comparten ocho de cada diez personas en El Paso. También representa un reto para la creación de redes y mecanismos de integración, debido a los nacionalismos, las diferencias tanto de recursos como las culturales y lingüísticas (incluso el grado de conocimiento del idioma español de la gente en El Paso), y la presencia de agentes fronterizos para controlar la inmigración, el comercio de artículos legales e ilegales y la seguridad, reforzada en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 (Staudt y Coronado 2002). Cabe señalar que la desigualdad en el ingreso de las mujeres en Juárez, en relación con las de El Paso, representa un reto significativo. Un ejemplo de estas redes es el Consorcio Transfronterizo para la Investigación y Acción en Género y Salud en la Frontera México-Estados Unidos.

La elaboración de este artículo se apoya en una experiencia de vida, trabajo y docencia durante más de cincuenta años en El Paso. El conocimiento e inspiración surgió de la participación en múltiples organizaciones de mujeres, justicia social, derechos humanos, salud y medio ambiente. También de la revisión de fuentes secundarias, documentos gubernamentales y medios de comunicación. Los estudios comparativos sobre la frontera, como el presente, necesitan contender con fuentes diferentes e indicadores y medidas utilizadas en los dos países. Por ejemplo, México y Estados Unidos difieren en la forma de medir el desempleo y calcular los salarios; también la pobreza relativa y los privilegios de los estados y ciudades: Chihuahua es "más rico" que otras entidades mexicanas (el producto interno bruto per cápita es de 8 508 dólares) (Desarrollo Económico de Ciudad Juárez 2004), y Texas (especialmente en los 43 condados fronterizos) es "más pobre" (Staudt 1998; Sharp 1998). El ingreso per cápita en El Paso equivale a 59 por ciento del de Estados Unidos. Ambos países establecen "líneas" de pobreza basadas en el costo de los productos básicos; México tiene dos: la pobreza extrema y la ordinaria. Los residentes que viven por debajo de la línea de pobreza ordinaria son aproximadamente la mitad de los juarenses y un cuarto de los habitantes de El Paso. Con las diferencias de ingreso y costo de vida, surge la pregunta de qué significa "ser pobre" en uno y otro lado de la frontera. Los gobiernos tratan a "los pobres" como fracasos individuales y no de las políticas.

 

Panorama político de Ciudad Juárez, Chihuahua, México y El Paso, Texas, Estados Unidos

Desde principios de los años ochenta, Ciudad Juárez ha sido un caso singular, pues está atrapada en la línea de fuego del cambio político en México. El reto para la dominación priista cristalizó en el norte, particularmente en Baja California y Chihuahua. El panista Francisco Barrio Terrazas, electo como presidente municipal de Juárez para el periodo 1983-1986, enfrentó un gobierno que desde el Distrito Federal, asignaba la mayoría de los recursos presupuestarios y existía poca capacidad para generar fuentes de ingreso municipales. Desde la década de 1970, con el Programa de Industrialización de la Frontera, Ciudad Juárez enfrentó enormes flujos migratorios provenientes del centro y sur de México, que buscaban empleo formal en el sector industrial. Los migrantes llegaban diariamente, pero la ciudad tenía una infraestructura limitada para acomodar a los residentes nuevos, y proporcionar servicios públicos a todas las áreas de la ciudad. El censo de 1990, mostraba que la mitad de los juarenses había nacido en esta ciudad (Staudt 1998).

El dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el ámbito estatal y federal complicó el liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio, ya que la distribución de recursos estaba condicionada por cálculos políticos. Los programas de apoyo social sufrieron recortes, en un momento en que Juárez y su sector maquilador experimentaban un crecimiento rápido, causando mayor presión sobre la infraestructura. Al PRI no le interesaba que la administración panista tuviera éxito. En 1986, Barrio Terrazas fue candidato a la gubernatura, y también dos caras femeninas nuevas contendieron para el Congreso del Estado; ambas manifestaban sus filiaciones laborales: Isela Torres, ex obrera de maquiladora (PRI) y Clara Torres, profesionista (PAN) (Staudt y Aguilar 1992). El intento de Barrio Terrazas para ganar la gubernatura no tuvo éxito, aunque algunos críticos del PRI estaban convencidos de que la maquinaria electoral controlada por este partido había obstruido su triunfo; posteriormente, ganó la contienda y gobernó de 1992 a 1998.

La dinámica partidista le dio forma a la de las políticas y los presupuestos en Juárez, a medida que continuaron los triunfos panistas en el municipio. Sin embargo, líderes locales, incluso mujeres, se organizaron para responder a las necesidades sociales a través de una variedad de organismos no gubernamentales (ONG), algunas de ellas sin pertenecer a partido alguno y otras con líderes partidistas o apoyo financiero. Más adelante se analizará el papel de algunas organizaciones clave, tales como el Centro de orientación de la Mujer obrera (COMO), el Consejo Ciudadano, Federación Mexicana de Asociaciones Privadas A. C. (FEMAP) y Casa Amiga.

Mientras que el antiguo liderazgo local se vio interrumpido en muchos aspectos, la lucha entre partidos se mantuvo entre los ámbitos federal y municipal, en los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. A medida que continuó el proceso de descentralización (Rodríguez 1997), pasaron más recursos a través del gobierno estatal. Con el gobernador priista Patricio Martínez (1998-2004), la descentralización, irónicamente, se convirtió en una forma efectiva para socavar la autonomía municipal panista. El poder de este Gobernador en el sistema federal también disminuiría con las políticas panistas nuevas y las prioridades presupuestarias, pero el escenario ya estaba puesto para el conflicto.

El presidente panista Vicente Fox abandonó a Ciudad Juárez, aunque afirmó que gobernaría para toda la nación, y atendería las desigualdades regionales. Según su análisis de "transparencia", el gasto social debería "emparejar" las diferencias regionales, para favorecer estrategias que resultaran en la equidad de todas las regiones, incluso la construcción de carreteras, escuelas y los ingresos per cápita. Irónicamente, este Presidente conservador articuló una propuesta redistributiva, que no consiguió aplicar en la nación ni produjo beneficios para Chihuahua. También abandonó a los panistas de Ciudad Juárez quienes continuaron controlando el gobierno municipal. Después de todo, se pensaba que la ciudad tenía la frontera y las maquiladoras, aunque éstas agregan cargas y beneficios, como se mostrará más adelante.

En el ámbito nacional, el PAN tenía que contender con sus propias facciones: la vieja y la nueva guardia, los ex priistas y tradicionalistas y los diferentes candidatos que esperaban obtener la nominación; uno de ellos fue Barrio Terrazas. El PAN enfrentaba un gobierno dividido, sin control de la legislatura. Por razones como estas, Fox no pudo construir un apoyo más amplio para su agenda.

La estrategia de transparencia explotó con la presión continua de las ONG locales, binacionales, nacionales e internacionales acerca de los asesinatos de niñas y mujeres en Juárez. La ciudad se convirtió en una mancha en el mapa internacional, e hizo visible para todos el fracaso de la política social y la seguridad. La Policía Judicial del Estado, responsable de las investigaciones de crímenes graves como los asesinatos, operó con impunidad. Y la división partidista estado-PRI, municipio-PAN fue el marco de la amarga falta de cooperación entre las autoridades. Finalmente, el gobierno federal cambió su postura de "no intervención" en relación con los asesinatos. Fox hizo nuevos nombramientos, incluso el de la comisionada Guadalupe Morfín, una abogada con experiencia en derechos humanos, quien emitió un amplio informe sobre el contexto social de Juárez (2004). Algunos recursos financieros federales empezaron a fluir hacia la ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y algunos de sus funcionarios activistas.

En 2004, las elecciones en Juárez y Chihuahua produjeron victorias para el PRI. A pesar de la división partidista entre el estado, municipio y federación, es probable que ésta continúe involucrada debido a la fuerza de la presión que significa tratar con el feminicidio.

 

Estados Unidos y Texas

En la región sur de Estados Unidos y en Texas en particular, el poder político se ha desplazado a la derecha conservadora. Esto tiene implicaciones para El Paso y la frontera de Texas, en donde una mayoría de mexicano-estadounidenses ha votado abrumadoramente durante muchos años por un gobierno proactivo y por el Partido Demócrata. A diferencia de México y su amplia gama de partidos políticos, que van de la derecha conservadora hasta la izquierda progresista, Estados Unidos posee un sistema bipartidista en el cual los votos por un "tercero", tal como el Partido verde, son considerados "desperdiciados", debido al sistema electoral en el que el ganador es electo, y no existe representación alguna en proporción a los votos obtenidos (como en la proporcional). El sistema híbrido de México les permite, tanto a los ganadores mayoritarios como a los que obtienen una proporción del voto, tener cargos, dando así voz a otros partidos, como al de la Revolución Democrática (PRD), y a aquéllos en los márgenes de la derecha o de la izquierda. Además, las mujeres han trabajado frecuentemente en la política —sin importar las líneas partidistas del PRI, PAN y PRD— en apoyo a la legislación y en contra de la violencia (Rodríguez 2003).

En Estados Unidos predominan el Partido Republicano y el Demócrata, pero los integrantes de este último han estado desorganizados después de la Administración de William Clinton, y los republicanos dominan tanto la Cámara de Representantes como la de Senadores en el Poder Legislativo. Además, han nombrado a siete de los nueve jueces vitalicios de la Suprema Corte de Justicia. Esta situación demanda el análisis del partido dominante (Republicano), y las consecuencias que para las mujeres y los asuntos de género tiene la existencia de facciones diferentes en su interior, a medida que las políticas nacionales y estatales permean las formas de vida de las mujeres en la frontera.

El Partido Republicano está polarizado internamente desde el régimen del presidente Ronald Reagan, es decir, a partir de 1980, década en que la facción poderosa era el ala moderada del partido, la cual considera supremos los principios liberales clásicos de un gobierno limitado.

"Quiten al gobierno de mis espaldas" es el "mantra" de esa ala individualista y orientada hacia el mercado, y resuena primordialmente entre sus miembros blancos, de clase media y alta y los grupos de hombres de negocios que se benefician de las políticas fiscales; ellos trasladan "su" carga fiscal a las espaldas de otros. La segunda ala del Partido Republicano representa a los cristianos conservadores de todas las clases, para quienes los temas supremos son la moralidad y seguridad en nombre del antiterrorismo.

La influencia del ala conservadora ha sido notable desde la Administración de George W Bush, hijo del ex presidente republicano moderado George H. W Bush. La moralidad y seguridad traducidas a políticas públicas, "ponen al gobierno sobre las espaldas de las personas" (algunas veces se aproxima mucho a la línea de separación entre Iglesia y Estado, un principio sagrado tanto en Estados Unidos como en México). El Partido Republicano de Texas no es moderado, como lo demuestra su plataforma extremadamente moralista y conservadora (www.texasgop.org).

En el corazón de la agenda moral de los cristianos conservadores existe cierta ansiedad acerca de las relaciones de género, que reflejan algunos cambios profundos en la habilidad de las mujeres para ganar un salario, elegir opciones para su cuerpo, a través de la anticoncepción y la maternidad voluntaria, y apropiarse de oportunidades de educación y ocupaciones, que cubren un abanico de opciones mucho más amplio del que existía antes de los años sesenta, cuando la discriminación sexual era legal. Mientras la enmienda constitucional 14, sobre la "protección equitativa bajo la ley", fue ratificada en 1868, y la 19 garantizó a las mujeres el derecho al voto en 1920, la aplicación de los principios de igualdad legal a la discriminación sexual y de género no se dio sino hasta los años sesenta, con el movimiento por los derechos civiles y de las mujeres, las leyes sobre la igualdad y los cuestionamientos judiciales, en forma de demandas colectivas y decisiones judiciales, que afectarían las definiciones subsecuentes de lo que es legal y constitucional. Leyes que vinieron a reforzar las nociones vagas sobre "protección equitativa", que por fin emergieron: Equidad de Salario en 1963; Equidad en las Oportunidades de Empleo en 1964; Enmiendas a la Educación en 1972 y la decisión de la Suprema Corte en el caso Roe versus Wade sobre el aborto, en 1973. La Suprema Corte decidió derogar en 1964 la última ley estatal, que les prohibía a las parejas casadas usar métodos anticonceptivos en el caso Griswold versus Connecticut. Como lo indican estas fechas, en Estados Unidos transcurrió más de un siglo para que los principios legales constitucionales de protección equitativa fueran activados en forma de leyes, que se ejecutaran mediante la asignación de recursos y personal a las burocracias.

Los funcionarios demócratas o republicanos, designados por los presidentes, hacen cumplir las leyes e interpretaciones judiciales con mayor o menor rigor, según la inclinación de estos últimos. Después de la elección presidencial, el apoyo de las facciones partidistas, cuya ideología va de moderada a conservadora extrema, es compensado por las designaciones. El nombramiento de jueces nuevos más conservadores y de otros políticos es una amenaza contra las décadas de ganancias por la igualdad de género. Sin embargo, las organizaciones civiles y de derechos de equidad utilizan las demandas colectivas para mantener estos derechos o resguardarse de las amenazas. En México, el amparo no ofrece una herramienta legal o judicial comparable con las demandas colectivas, que pueden afectar a todo un grupo de personas.

Las políticas estatales en Texas brindan un marco presupuestario y legal, dentro del cual deben contender las mujeres y las personas que abogan por la igualdad. George W Bush dejó la gubernatura de Texas, y en su lugar quedó su lugarteniente Rick Perry, quien contendió contra el candidato demócrata Tony Sánchez, un hombre de negocios del sur de Texas y el primer candidato hispano de importancia. La plataforma del Partido Demócrata para Texas presenta un contraste enorme con la de los republicanos (www.txdemocrats.org), semeja las posturas más proactivas del partido en el país. En el pasado, Texas tuvo un sistema unipartidista, bajo una facción conservadora del Partido Demócrata, que caracterizó por completo la parte sureña de Estados Unidos. La consecuencia de este conservadurismo, un liberalismo clásico de principios gubernamentales limitados, fue la asignación de poco gasto para la educación, salud y servicios sociales. Texas se ubica entre los cinco estados, de los cincuenta, que destina menos presupuesto al gasto.

Junto con un deslizamiento hacia la derecha, Texas consolidó un gobierno limitado, con más recortes al gasto social y salud. Éstos concuerdan con los federales, y con los límites impuestos en el gasto de ayuda para el bienestar, en la Ley de Reforma a la Ayuda para el Bienestar (titulada Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y las Oportunidades de Empleo) y la Ley de Reformas a la Inmigración (titulada Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante), ambas de 1996 (Staudt y Capps 2004). Las leyes federales y estatales se refuerzan mutuamente, con el fin de desplazar la responsabilidad social del ámbito de lo económico al individuo. Las demandas judiciales entabladas en contra de Texas por la inequidad educativa, resultaron en más igualdad de financiamiento a través del Estado. Sin embargo, la atención a la salud continúa siendo fragmentada y costosa, y se erige como un remiendo de seguros de cobertura médica privada, programas públicos y pagos individuales.

 

Ventajas y necesidades de las mujeres: ¿existe sensibilidad en las políticas públicas?

De una perspectiva global, se pasa a la región metropolitana fronteriza local, en la que las mujeres son la columna vertebral de la economía, y desde donde muestran sus fortalezas y ventajas. Ellas trabajan en tareas remuneradas y no remuneradas, crían hijos, cuidan la salud de sus seres queridos y participan en organizaciones. Sin embargo, los medios de comunicación se han enfocado casi exclusivamente en los asesinatos de cerca de cuatrocientas niñas y mujeres, ocurridos en la última década. A pesar del horror de estas muertes, el estudio se enfoca en el otro millón de mujeres que forman parte de los habitantes de ambos lados de la frontera.

Actualmente, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo duplica la de 1970; de 17 a 35 por ciento (mayores de 12 años) (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) e Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) (2004, 343). El Informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas (2003, 315 y 323) reporta un porcentaje ligeramente mayor de mujeres que se han integrado a la fuerza laboral (40), con una proporción salarial de 0.38, en relación con el sueldo de los hombres. Las estadísticas del censo tienden a presentarse por estado y categoría laboral, no por municipio, como Juárez, en donde las mujeres trabajan en la industria, en puestos profesionales, incluso en educación y salud y en diversos servicios.

Las estadísticas de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez muestran que la participación laboral de las mujeres, de 1987 a 2003, es equivalente a la nacional (alrededor de 35 por ciento), pero en ocasiones superan los porcentajes nacionales, de 36 a 43.3. Estos datos quizá demuestran el efecto oneroso de la devaluación del peso a mediados de la década de 1990; el salario mínimo artificialmente bajo, el alto costo de vida (en una economía "dolarizada" basada en la proximidad con Estados Unidos), y los niveles significativos de inflación. Todos estos factores empujaron a más mujeres a sumarse a la fuerza laboral, y forzaron a muchos hogares a usar estrategias múltiples de ingreso para su supervivencia.

 

Maquilización: el modelo de Juárez

En Ciudad Juárez son más las mujeres que han trabajado como operadoras en las líneas de producción industrial que en otros lugares de México. Cuando se inició el Programa de Industrialización de la Frontera, en 1960, las industrias de capital extranjero, cuya producción está destinada a la exportación (maquiladoras), reclutaron mayoritariamente mano de obra femenina. Durante los años setenta, eran mujeres más de tres cuartas partes de las personas que trabajaban en las líneas de ensamblaje (las operadoras); famosas por el documental Global Assembly Line, producido por Patricia Fernández-Kelly, (también por su libro, publicado en 1983). Ahora, las cifras nacionales del INEGI, sobre la fuerza de trabajo en las maquiladoras, muestran que 55 por ciento son operadoras y 45 son hombres. En las estadísticas del INEGI no existen cifras desagregadas por género, para otros dos puestos de trabajo: técnico y administrativo. Sin embargo, las del año 2000 para Juárez muestran que las mujeres componen tan sólo 25 por ciento de la fuerza de trabajo técnica (De la O Martínez 2004, 84; Hualde 2004, 41). Los hombres dominan los puestos técnicos y administrativos que son mejor pagados. Es probable que si la información fuera transparente, reportaría las estadísticas de género en forma desagregada.

La cinta Global Assembly Line comparó las industrias para exportación, su estilo patriarcal de administración de lo global a lo local y su fuerza laboral femenina con salario bajo. Los espectadores recordarán las escenas que describen las horas de trabajo necesarias para comprar un pollo, un huevo o un vaso de leche. Juárez se ha destacado en el panorama nacional, y en la ciudad encontramos al COMO, que ofrecía un plan de concientización y habilidades técnicas para desempeñar ocupaciones alternativas. Su fundadora, Guillermina Villalva de Valdés, quien murió en un accidente aéreo en 1991, fue una defensora incansable de las trabajadoras. En la última parte del documental se muestra una huelga de mujeres de un sindicato independiente en Reynosa, Tamaulipas, y la confabulación entre el gobierno y los gerentes de maquiladoras, al grado de intimidar y encarcelar a los periodistas estadounidenses que cubrían el acontecimiento. Nunca antes había habido una huelga general de mujeres en las maquiladoras, como la que aparece en el documental. Ellas parecían confiadas para organizarse e ir a la huelga. Luego de hablar con muchas, parece ser que entendían el valor de los sindicatos, pues sus esposos, padres, abuelos y tíos en algún momento habían trabajado para Petróleos Mexicanos (PEMEX), y participado en uno de los sindicatos más poderosos que negocia con una industria adinerada. Las mujeres de Reynosa parecían tener una conciencia de clase, y un conocimiento profundo acerca de las posibilidades de asociación con los sindicatos. En contraste, muchas de las que participaban en los cursos de COMO consideraban a los sindicatos corruptos y sin valor. El osado nombre de COMO —con la palabra "obrera" en lugar de "operadora"— era una encarnación del potencial independiente de las mujeres de la clase obrera. Los riesgos de usar este lenguaje surgieron en los años ochenta, cuando la fundadora fue acusada de promover la lucha de clases y el comunismo.

Debido a su relevancia, el documental Global Assembly Line continúa mostrándose en los salones de clase de las universidades del siglo XXI, a pesar de que el peso tiene valor diferente, y que ha cambiado la composición de la fuerza de trabajo. De acuerdo con investigaciones recientes, Quintero Ramírez (2004, 291) documenta cómo los sindicatos en la frontera norte de México están "subordinados", ya que dan prioridad a los asuntos de la producción y las ganancias, a diferencia de los más "tradicionales", que buscan reivindicaciones salariales y prestaciones para los trabajadores. Argumenta que en Juárez, donde 12 por ciento de los empleados estaban sindicalizados en 2000, se carece de sindicatos fuertes y más bien se caracteriza por los pleitos internos entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ambos oficiales.

El gobierno establece los salarios por calificación y región del país; los mínimos de estados fronterizos del norte son ligeramente más altos (20 centavos de dólar). Ciudad Juárez está ubicada en el área geográfica "A", con 43.65 pesos diarios (2003), en comparación con el promedio nacional de 41.35. A muchas operadoras se les clasifica en categorías bajas, y así también son los sueldos, a pesar de que contribuyen con valor y pericia a sus trabajos (Peña 1997).Varios estudios sobre el crecimiento industrial en el norte de México analizan las etapas de la maquilización, ahora en su etapa "madura". La fuerza laboral está segmentada: las mujeres se concentran en los trabajos de ensamblado de ropa y componentes eléctricos y electrónicos, y los hombres en el de partes de automóvil. Ambos generan ingresos informales, y la época de fronteras relativamente abiertas creó oportunidades de trabajo y ventas. Un estudio sobre las personas que cruzan la frontera y que trabajan de manera informal, mostró que las mujeres ganaban el equivalente a tres salarios mínimos, en comparación con los dos que perciben en las maquiladoras (Staudt 1998), esto sugiere que los salarios mínimos oficiales son inferiores al valor del mercado. Con la devaluación del peso, a mediados de los años noventa, y los controles fronterizos de Estados Unidos, los ingresos bajaron para el sector formal e informal.

 

La reducción salarial

No existen datos desagregados por género sobre salarios en Juárez, sólo hay de los estatales y nacionales. Desarrollo Económico de Ciudad Juárez reporta tres factores importantes: los cambios en los salarios mínimos, el tipo de cambio de peso a dólar y la inflación de 1993 a 2004. Se asume que la clasificación de las operadoras es baja, así como sus percepciones, y se supone que fluctúan de uno a dos salarios mínimos, o de cuatro a ocho dólares diarios.

La figura siguiente muestra el valor del salario mínimo en la economía dolarizada de Juárez; en un periodo de diez años, los asalariados ganan menos si se utiliza el parámetro del dólar.

La inflación en Juárez fue de 3.46 puntos, comparada con la del resto del país, de 4.55, en 2003.Y en 1994 fue de 52.88, y la nacional de 51.98 puntos. La inflación, combinada con la disminución del valor de los salarios, muestra que los juarenses trabajan por menos dinero, mientras los costos de vida se han incrementado. Los pesos inflados crean la ilusión de que las personas están ganando más, pero su poder adquisitivo es menor; situación que fue bien aprovechada por los inversionistas de la industria maquiladora, ya que expandieron sus operaciones: la cantidad de trabajadores en Juárez se incrementó de 132 089 en 1993, a 249 509 en 2000 (Desarrollo Económico de Ciudad Juárez 2004).

Las mujeres obtienen diversos beneficios al participar en la fuerza laboral. El trabajo en las maquiladoras las integra al mercado formal, y por tanto a los servicios de salud del instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las trabajadoras ganan cierta autonomía, aunque sea empobrecida, al contar con dinero propio.

Ellas probablemente "necesitan" trabajar, en la misma medida que "quieren" hacerlo fuera del hogar. El hecho de que en México se requieran tres "salarios mínimos" para superar la línea de pobreza, significa que las mujeres deben trabajar fuera del hogar. Del análisis también surgen preguntas sobre el concepto y valor del salario "mínimo". De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, "el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales materiales, sociales y culturales del jefe del hogar y para proveer la educación obligatoria a sus hijos" (Quintero Ramírez 2004, 285). En Juárez, el salario mínimo no satisface ninguna de estas necesidades de los hogares, estén encabezados por hombres o mujeres; estas últimas son cabeza de 20 por ciento de ellos (INEGI).

Es probable que la situación estelar de Juárez, como la capital de las maquiladoras en México continúe, independientemente de cualquier ambivalencia que exista en el trabajo de las mujeres, sobre todo en las maquiladoras. En 2003, Juárez albergaba 265 plantas, con una nómina y prestaciones de 15 818 millones de dólares y 195 418 trabajadores. Tijuana ocupa el segundo lugar en empleos de maquiladora en México, con menos de 150 mil trabajadores (Desarrollo Económico de Ciudad Juárez 2004). Como se ha dicho, la cantidad más alta de trabajadores se alcanzó en 2000, con cerca de un cuarto de millón. El gran crecimiento de las maquiladoras estimula la migración hacia Juárez, pero no el movimiento de fondos hacia el municipio, destinados a la infraestructura para atenderlo, y que generó especulación de tierras, y choque cultural y de género, a medida que un gran número de mujeres consiguió más independencia económica, pese a ser empobrecida.

La desaceleración de la economía, incluso la de Estados Unidos, y la inversión negativa, causaron la pérdida de 69 241 empleos (más de la mitad ocupados por mujeres) (IMIP 2004). Se estima que por lo menos cincuenta plantas se mudaron a China, en donde los sueldos son de 15 a 20 por ciento menores que en México, y el costo de la tierra, diez veces menos (IMIP 2004). Sin embargo, por razones geográficas y de transporte, así como por la experiencia y calificación de su fuerza de trabajo, la frontera norte mexicana seguirá siendo atractiva para la inversión extranjera. Los modelos de desarrollo dependientes de las maquiladoras atarán a Juárez a una economía global, en la cual la "competitividad" descansa en la reducción continua de los salarios. Sólo recientemente los estudios se han enfocado en los costos sociales de las maquiladoras, que incluyen la segmentación creciente de género de la fuerza de trabajo, y una gran cantidad de operadoras están clasificadas en las categorías de salario bajo (Kopinak 2004).

La economía y estructura salarial de El Paso fue alguna vez comparable con la del resto de Estados Unidos en general. En 1950, el ingreso per cápita en El Paso era 102 por ciento del de Estados Unidos, pero desde entonces en cada década que se realizaba el censo se registraba una disminución, hasta 1990, cuando tocó fondo, y fue de 59 por ciento (Staudt 1998), cifra que se sostuvo hasta 2000. La caída ocurrió debido al aumento de la industria ligera, como la manufactura barata de prendas de vestir, que a mediados de los noventa sumó la mitad de sus 50 mil empleos de manufactura. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) agravó esta tendencia, con el éxodo masivo de empleos hacia lugares donde la mano de obra era más barata. Desde enero de 1994, a cerca de 24 mil trabajadores de El Paso se les ha denominado "desplazados por el TLCAN" (Romero y Yellen 2004, 12). De acuerdo con el Trade Adjustment Assistance, un informe de la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos, el incremento neto de empleos en El Paso desde entonces requirió de "niveles de calificación y habilidades de lenguaje más allá de las capacidades de la mayoría de los trabajadores desplazados en El Paso, siendo estos hispanos, mujeres, jefas de familia, mayores de 40 años, con educación menor que la secundaria y con habilidades limitadas del idioma inglés".

El salario mínimo de 5.15 dólares por hora, y uno ligeramente más alto, de seis o siete, es insuficiente para sostener un estándar de vida decoroso. En otras partes de Estados Unidos, los gobiernos locales han decretado leyes sobre "salarios para vivir", que exigen a los empresarios pagar más con base en los costos locales de vida; de entre 7 a 14 dólares por hora, con prestaciones y seguro médico. El Congreso conservador de Texas decretó una enmienda a la Ley del Trabajo, que prohibía a los gobiernos locales del estado decretar estas ordenanzas sobre salarios de vida, que fortalecería a los trabajadores de ingresos bajos, en los que las mujeres están representadas en forma desproporcionada. Esta acción es otro ejemplo del giro hacia la derecha del gobierno estatal, y en especial de los obstáculos que enfrenta El Paso.

Los trabajadores del distrito de El Paso suman 274 811, de los cuales 45 por ciento son mujeres. La presencia laboral de las mujeres sobresale en lo relativo a las ventas, servicio y trabajos profesionales, mientras que en producción, construcción y puestos gerenciales casi no tienen representatividad (Romero y Yellen 2004, 12-13). Las dependencias de gobierno se encuentran entre las diez fuentes de empleo más importantes, incluso las nueve escuelas públicas locales, que poseen una planta numerosa de maestras. Cinco por ciento de la fuerza laboral de El Paso está sindicalizada, un hecho que la Cámara de Comercio local anunciaba hasta mediados de la década de 1990, cuando la mano de obra barata se volvió algo "políticamente incorrecto".

En Estados Unidos, la frontera ha sido un lugar de paso para el tránsito de este a oeste, así como para el norte y sur de América. El comercio de Texas con México es sustancial, de modo que las habilidades lingüísticas tanto en español como en inglés pudieran ser una ventaja. Setenta por ciento de los habitantes de El Paso habla español, pero cantidades significativas sólo dominan este idioma y no el inglés. Para obtener empleo en varios lugares, se espera que las personas sepan español, particularmente quienes atiendan al público, y el desconocimiento del inglés pone en desventaja laboral a quienes sólo hablan español.

Las desigualdades de los sueldos debido al género son un patrón recurrente en todo el mundo, sin embargo, en El Paso, éstas son más marcadas, debido al modo en que interactúan con las étnicas. Como indican los datos de 1999, que se presentan a continuación, las diferencias salariales muestran que las mujeres hispanas ganan 37 por ciento de lo que ganan los hombres anglos (Romero y Yellen 2004, 16).

Datos como estos muestran que la inversión en mujeres hispanas, en una región donde aproximadamente ocho de cada diez residentes son hispanos, sería una estrategia de desarrollo económico.

Uno de los pocos resultados optimistas para las mujeres de El Paso es el crecimiento de empresas pequeñas dirigidas por ellas mismas, las cuales representan 22 por ciento de las existentes en la ciudad. Estos negocios emplean a 37 mil personas; su nómina representa medio billón de dólares anuales y sus ventas y entradas suman dos billones (Romero y Yellen 2004, 14). Probablemente estas cifras no contemplan el trabajo informal de las mujeres que se dedican al cuidado de sus hijos y a sus hogares, a la venta o reventa de bienes y otras actividades que generan ganancias. Muchas de ellas buscan préstamos para capitalizar y desarrollar sus negocios, a través de apoyos del gobierno como Acción (una micro empresa de préstamos no lucrativa), y la Federación Mexicana de Asociaciones Privadas, A. C. (FEMAP) la cual implementó su micro empresa al estilo de los Bancos Grameen, para otorgar préstamos a negocios pequeños (Staudt 1998).

La economía de El Paso y los salarios de los empleados están vinculados con los niveles de educación en la región. La escolaridad de cerca de una cuarta parte (24 por ciento) de las mujeres de 18 años y más es de menos de nueve grados, más del doble del porcentaje para Texas y tres veces las cifras del país, que son de 7 por ciento (Romero y Yellen 2004, 9). En Estados Unidos, la educación básica consta de 12 años de estudio. Sin un certificado de secundaria y conocimiento de inglés, los trabajadores están descalificados para solicitar varios empleos.

El porcentaje de mujeres que asumen la jefatura de sus hogares y tienen hijos ha crecido de 20 a 23 por ciento, desde el censo 1990-2000 (Romero y Yellen 2004, 18). Pero la pobreza agobia a las jefas de familia en El Paso, más que a los hombres. En Estados Unidos, la línea de pobreza en 2000 fue de 8 794 dólares por persona (17 603 para una familia de cuatro miembros).Y es más probable que las jefas de hogar vivan en la pobreza (37 por ciento), que las mujeres casadas (16) (Romero y Yellen 2004, 17). La derechización de la política en Estados Unidos y en Texas ha derivado en recortes del gasto social, que pudieran mejorar los precarios estándares de vida.

 

Políticas educativas

La mayor parte de los niños va a la primaria y secundaria, que comprende de 6 a 14 años. En Chihuahua se inscribe un porcentaje ligeramente superior de mujeres (91.2), comparado con el de hombres (90.8), pero los índices de deserción masculina son superiores (INEGI e Inmujeres 2004, 228). En el país, 75 por ciento de los estudiantes termina la secundaria, en Chihuahua el porcentaje es menor: 69. Se estima que más de 100 mil jóvenes entre 8 y 18 años pueden ser adictos a inhalantes legales y disponibles (Morfín 2004), situación sin duda ligada a la deserción escolar. En la frontera, la guerra de Estados Unidos contra las drogas —que trata de prevenir la introducción ilegal de heroína y cocaína— también propicia su distribución más barata entre los juarenses; la cantidad que se queda en Juárez se desconoce. El abuso de drogas ocurre de forma desenfrenada en las fábricas, y no hay programas públicos o privados que se ocupen de este asunto. Las implicaciones de la integración de más hombres, algunos con problemas de adicción, a las maquiladoras, son el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

Los libros de texto proporcionan a los alumnos, además de los contenidos educativos básicos, información sobre derechos humanos, identidad nacional y perspectivas internacionales. También incluyen educación sexual, aunque algunos grupos conservadores se oponen a ello. Las descripciones estereotípicas de hombres y mujeres en los libros de texto oficiales han disminuido a lo largo del tiempo. Algunos materiales incluidos en el programa escolar, producidos por el gobierno, presentan textos y dibujos en formato de fotonovelas, que abordan la desigualdad de género y la violencia doméstica. Por ejemplo, los folletos del instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) tocan temas como la importancia del respeto mutuo entre los esposos y el daño producido por la violencia doméstica (INEA 2000). En México, la lucha contra el machismo es un esfuerzo más integral, en comparación con el de Estados Unidos. Se trata de una batalla amplia, en la que gente que ocupa puestos estratégicos crea espacios de oportunidad, que luego se extienden a instituciones educativas o a los medios de comunicación, donde muestran mujeres ejecutivas como personajes de televisión o en telenovelas. Ellas sufren por amor y por los hombres, tanto como las otras, pero a la vez dirigen sus propias empresas.

El acceso a la educación ha aumentado tanto para niños como para niñas, y las mujeres han utilizado sus credenciales educativas para incrementar su participación en la fuerza laboral. Una vez terminada la primaria y secundaria (nueve años), los estudiantes trabajan o continúan la preparatoria, y después siguen uno de dos caminos: estudiar una licenciatura o una carrera técnica. De acuerdo con el estudio "Las diferencias de género en la educación en México", del Banco Mundial, las mujeres optan más por una capacitación técnica como computación, enfermería, secretariado y electrónica (Parker y Pederzini 2000, 7).También documenta una fracción pequeña de la población con educación universitaria: 15 por ciento de hombres y 11 de mujeres, entre los 25 y 40 años, que al menos completaron un año de estudios superiores. Aun así, "durante los últimos 30 años, en México no han existido políticas en educación que posean un enfoque de género evidente que haya contribuido a la reducción de la brecha de género" (Parker y Pederzini 2000, 11). El financiamiento de la educación en México es escaso.

Aunque la brecha de género se ha reducido en este rubro, en las universidades sucede parcialmente lo contrario. En México, las mujeres son mayoría en las licenciaturas, y esto también ocurre en la Universidad de Texas en El Paso, donde 54 por ciento son alumnas. La educación ya no refleja estereotipos tradicionales, y en la superior las mujeres han escogido carreras anteriormente tipificadas como "masculinas" (administración e ingenierías).

La educación sexual se incluye en el contexto de salud, que empieza en los últimos grados de la escuela primaria y continúa en la secundaria. Después del giro hacia las políticas de derecha en Estados Unidos, en las secundarias se enseña a los alumnos a optar por la abstinencia, a pesar de que muchos de ellos son sexualmente activos. De acuerdo con datos del Departamento de Salud de Texas, "los embarazos de adolescentes en El Paso representaron 6.6 por ciento de los nacimientos de niños vivos en 2001, comparado con 5.4 reportado para el estado de Texas" (Romero y Yellen 2004, 15). Los libros de texto, editados por agrupaciones privadas, pero seleccionados con recursos públicos, reflejan el giro conservador del estado; en vez de proporcionar información precisa sobre los costos y beneficios del condón, en términos de su eficacia para la anticoncepción, y su utilidad para la prevención de enfermedades de trasmisión sexual. Tanto en el país como en el estado, los políticos conservadores buscan aprobar leyes que reduzcan la capacidad de decisión de las personas. En la sesión legislativa de Texas, celebrada en 2003, los políticos conservadores se apropiaron del discurso feminista, para aprobar el proyecto de ley "El derecho de saber de las mujeres", el cual asentaba restricciones futuras sobre sus decisiones, incluso información oficial que vinculaba engañosamente al aborto con el cáncer de seno (www.prochoicetexas.org).

 

Salud y bienestar

Las mujeres de Juárez se preocupan por su salud y la de su familia. Pero el acceso al cuidado de ésta depende de su trabajo (o de otro miembro de la familia); laborar en el sector formal, en contraste con el informal, implica la elección de sistemas de salud. Un acceso mayor a ellos, a través del Seguro Popular, instituido en 2005, incluye la ampliación de cobertura para más mujeres, pero dichos sistemas difieren notablemente en calidad y su financiamiento es deficiente. Quienes tienen más dinero pueden acudir con doctores particulares o cruzar a Estados Unidos, donde los hospitales reciben a quienes pueden costearse un servicio caro.

Juárez tiene problemas con los servicios de salud, debido a su ubicación fronteriza, a la presencia de un gran sector industrial y las amenazas ambientales. Asimismo, la obesidad y la diabetes son padecimientos especialmente preocupantes, ya que son el resultado de los trabajos de riesgo desempeñados en la producción industrial y del deterioro del medio ambiente, y en especial, de la eliminación de residuos tóxicos (Harlow, Denman y Cedillo 2004; Iglesias 1997). A pesar de que los reglamentos mexicanos son estrictos, casi no existe un monitoreo ni acciones para ejecutar la ley de manera efectiva. La conclusión general de su análisis señala la necesidad de efectuar más investigación, con un enfoque de género o genérico, sobre los efectos de las maquiladoras en la salud de los trabajadores.

En Juárez, los métodos de anticoncepción son accesibles. El aborto es ilegal, pero su práctica raramente es penalizada. En la década de los noventa, los legisladores panistas de Chihuahua intentaron pasar una iniciativa de ley para declarar que la vida comenzaba al momento de la concepción, lo cual modificó el artículo 5° de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que especifica: "Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción." Hasta donde sabemos, este cambio no modificó el Código Penal. Aun así, el aborto no puede practicarse en los hospitales de Juárez. Algunas investigaciones se han enfocado en quienes cruzan la frontera Tijuana-San Diego para practicarse uno, pero del área de Juárez-El Paso no existe estudio sistemático alguno. Antes de 1973, cuando el aborto era ilegal en la mayor parte de Estados Unidos, había un cruce subterráneo que le permitía a la gente del norte tener acceso a servicios (ilegales) en México. En décadas recientes, los patrones de cruce de frontera se han revertido. Los practicantes de abortos legales en El Paso estiman que casi cerca de un tercio de sus clientes son de México (comunicación personal con Staudt 2001, 2004).

El porcentaje de población de El Paso que no posee un seguro de salud supera al de Texas, es decir, 36 contra 28 por ciento, que es el índice estatal (Romero y Yellen 2004, 24). En encuestas aplicadas a 560 mujeres de El Paso, 52 por ciento carecía de un seguro médico, "buscaba servicios de salud en Juárez y 19 por ciento reportó ir a la sala de urgencias cuando necesitaban atención médica. El 22 por ciento de las entrevistadas, incluyendo a quienes sí poseían seguro médico, iban a Juárez por recetas para sus medicinas" (Romero y Yellen 2004, 24). Si no contaran con la oportunidad que ofrece la frontera, la gente pobre de El Paso estaría peor; patrones como este sugieren que México subsidia a la gente más necesitada de esta ciudad.

 

Seguridad pública y agresión sexual

Juárez es una ciudad conocida por sus problemas de seguridad pública. En el Plan Estratégico, un proceso de planeación minucioso, prolongado y caro, grupos focales identificaron lo anterior como un problema serio (www.planjuarez.org). La ciudad es conocida generalmente por los asesinatos no resueltos de mujeres y niñas durante la década pasada, y por la proliferación de investigaciones acerca de ello (Monarrez Fragoso 2000, 2002, 2003, 2004; Benítez et al. 1999; Ortiz 2002; Gonzáles 2003), así como por los documentales Señorita Extraviada, de Lourdes Portillo, y La batalla de las cruces: una década de impunidad y violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, de Patricia Ravelo Blancas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que han creado conciencia (y continúan haciéndolo) sobre los feminicidios y la falta de respuesta del gobierno. Son aproximadamente 370 niñas y mujeres las asesinadas, y un tercio de ellas han sido violadas y mutiladas antes de morir; aunque el número de víctimas varía de un informe a otro y de una administración a otra (Amnistía internacional 2003). Muchos hombres también han sido asesinados, aunque las autoridades atribuyen este hecho, correcta o incorrectamente, al tráfico de drogas. La gente desaparece tan a menudo, que se ha formado una organización transfronteriza llamada Asociación de Familiares y Amigos de Personas "Desaparecidas" (Staudt y Coronado 2002, 150-3), aunque existe la incertidumbre de si los desaparecidos han decidido mudarse voluntariamente, o bien sus cuerpos todavía no se han encontrado en el desierto.

Numerosas ONG binacionales, nacionales e internacionales en Juárez hablan por las familias de las víctimas, presionan por un cambio sistémico y ofrecen servicios de albergue y asesoría como es el caso de Casa Amiga. También operan organizaciones binacionales, debido al flujo constante de personas en la frontera, así como a las muertes de víctimas estadounidenses, hondureñas y holandesas, muchas veces contratadas por maquiladoras de Estados Unidos. Las ONG no hablan a través de una sola voz (Gaspar de Alba 2003), y el gobierno y los medios cuestionan continuamente la legitimidad de sus prácticas para allegarse recursos con un método aplicado y probado: "divide y vencerás". En el Gobierno de Patricio Martínez, el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU), un ejemplo de lo que las Naciones Unidas denomina "la maquinaria de las mujeres" en el gobierno, proporcionó estipendios a un grupo selecto de madres.

Las ONG han extendido sus redes para atraer la atención nacional e internacional a los asesinatos, a través de acciones solidarias en Juárez, en otras ciudades y a través de manifestaciones en ambos lados de la frontera. La marcha transfronteriza más grande de El Paso a Juárez ocurrió el 5 de febrero de 2004, cuando entre 5 mil a 8 mil personas se reunieron para cruzar el puente fronterizo internacional. Se han recabado fondos para financiar grupos y centros de albergue antiviolencia, sin embargo, a pesar de la existencia de numerosas ONG, casi no hay un acuerdo en las tácticas, estrategias y distribución de fondos. La preocupación por quienes "lucran con el dolor" de las madres de las víctimas es un asunto importante, que de alguna manera enfría las posibilidades para la construcción de liderazgos y coaliciones.

El ex gobernador Patricio Martínez designó a la activista antiviolencia Victoria Caraveo, para encabezar el ICHIMU; ella manejaba un presupuesto anual de 400 mil dólares, sin embargo, sus políticas y prioridades presupuestarias no fueron transparentes, tampoco recibió asesoría de las ONG, que ya trabajaban en esto. Con una postura cínica hacia la cooptación, las ONG se negaron a involucrarse en las elecciones de 2004, de manera que sólo el tiempo dirá si el nuevo gobernador electo cambiará su modus operandi. A lo largo de la década, las autoridades de todos los ámbitos —municipal, estatal y federal— han respondido a la crítica sobre la impunidad designando a varias mujeres en puestos importantes, quienes generalmente son vistas como meras "decoraciones burocráticas", sin poder.

La muerte y el maltrato también son extensivos a las víctimas que sufren de violencia doméstica. Debido al miedo, al recelo y a la falta de confianza en la policía, muchos delitos no se denuncian, y si se hace, las leyes de Chihuahua especifican que quienes incurren en actos de violencia física (causan moretones o cortadas), pueden pagar una multa si el daño desaparece en menos de 15 días, o bien pueden ser encarcelados cuando las marcas físicas permanecen un lapso más largo. Los hospitales están obligados a reportar a las víctimas sospechosas de haber sufrido maltrato doméstico. No se ofrece respaldo público a los albergues de mujeres maltratadas; pocos lugares reciben donaciones privadas.

En su informe extenso sobre la violencia, la comisionada Guadalupe Morfín relacionó ciertos problemas con la falta de infraestructura social. A través de este documento, así como de presentaciones públicas, señaló varios puntos clave, que pueden ser útiles para profundizar la forma en que el gobierno federal ve a Ciudad Juárez. Ella afirma que:

1. Juárez ha experimentado un colapso del "estado de ley" [o leyes que no son ejecutadas con el vigor y la capacidad suficiente].

2. El crecimiento económico excluye y usa a las mujeres de manera simultánea [critica a la industria maquiladora pero también alaba a la Asociación de Maquiladoras A. C. (AMAC) por su interés en la prevención de la violencia. Reconoce que las fuerzas económicas deben formar parte de coaliciones para el cambio].

3. El gobierno federal ha descuidado el gasto y los programas sociales en Juárez.

4. Los derechos humanos han sido violados sistemáticamente y la policía opera con impunidad, en complicidad con los criminales.

5. El mercado de drogas es muy poderoso y promueve el consumo local.

6. La falta de control en la frontera deriva en migraciones y libertad potencial para los delincuentes sexuales.

7. El tejido social se ha roto y las redes sociales están ausentes.

Mientras que muchos en Juárez valoran una crítica social más comprensiva y una táctica para el cambio, otros buscan un informe y una estrategia encaminada a la captura de los asesinos en serie. Morfín (2004) se refiere a los asesinatos como ejemplos de feminicidio y crímenes de odio. Recientemente se fundó la comisión Tráfico Humano, que coordinará el trabajo de los funcionarios en ambos lados de la frontera.

El Paso es la segunda ciudad más segura, entre las de su tamaño, en Estados Unidos. Los departamentos de Policía (administrados por el gobierno de la ciudad) y de Justicia (a cargo del condado) están capacitados para atender denuncias de violencia doméstica, que resultan numerosos para esta "segura" ciudad: se presentan 28 mil al año al Departamento de Policía, pero sólo 5 800 son investigadas y aproximadamente 2 900 terminan en arrestos (Romero y Yellen 2004, 27). Aunque el índice de homicidios de El Paso es bajo, en 2004 dos quintas partes de los asesinatos involucraron violencia doméstica. En respuesta a las investigaciones y movimientos de mujeres que presionaron para el cambio, en Estados Unidos la modificación de las leyes federales y de los recursos presupuestarios se dirigieron a las autoridades policiales de la localidad, para tratar los casos de violencia doméstica (casi todos de hombres contra mujeres adultas; también de padres contra hijos), tan formalmente como se trataron los casos de violencia contra extranjeros, ocurridos en los últimos años de la década de 1980.

En 1994, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Violencia contra las Mujeres, así fortaleció la respuesta de la policía y fomentó su coherencia con las disposiciones federales, a través de los lineamientos de Texas. Algunos estados han agilizado su respuesta ante quejas de violencia doméstica, debido a la negación de las víctimas mujeres de presentar cargos contra sus parejas, con quienes tienen hijos o dependen económicamente. Por ejemplo, la Ley de "Reporte Obligatorio" de Texas exime a las mujeres de la responsabilidad, y la deposita en las autoridades, pero según las estadísticas antes citadas, incluso utilizando la palabra "obligatorio" se captura sólo una cuarta parte de los casos. Las cortes también disponen de varias órdenes de protección legal, aunque no todas las víctimas de maltrato las acatan. Creemos que las mujeres de El Paso se niegan a exponer a sus familias a la intromisión y vigilancia del gobierno, aunque con ello arriesguen su propia seguridad y bienestar, lo que finalmente desemboca en crímenes no denunciados.

Los asuntos de género en El Paso giran en torno a los problemas de violencia. Las mujeres y los grupos formados por ellas buscan proteger el financiamiento para el albergue de mujeres maltratadas de esta ciudad y para el centro de abuso sexual. Los proveedores de servicios son organizaciones no lucrativas, que dependen de recursos públicos y privados que han sufrido recortes constantes. Desde 2001 se integró la Coalición Binacional contra la violencia hacia la Mujer y las Familias en la Frontera México-Estados Unidos, en favor de acciones solidarias para los habitantes de ambos lados de la frontera. Se han realizado tanto marchas, discursos y protestas como acuerdos contra la violencia en la ciudad, en el condado y en Texas (Staudt y Coronado, en prensa). La coalición trabaja con la organización no lucrativa Amigos de las Mujeres de Juárez, de Las Cruces, Nuevo México, la cual está libre de impuestos, y recaba financiamiento para las ONG de Juárez. Algunas juarenses se dirigen a El Paso a pedir asilo en sus albergues para mujeres maltratadas.

 

Las mujeres en las ONG y las políticas públicas locales

Ciudad Juárez posee una larga historia de participación y organizaciones de mujeres. Éstas integran grupos autónomos, y también forman parte de agrupaciones conocidas, como facciones de diferentes partidos políticos. Las mujeres más prominentes están asociadas con las ONG y el liderazgo.

Por ejemplo, COMO se fundó en 1968, y ha pasado por diversas etapas (Peña 1997, 137-160): desde asistencia hasta organización, promoción social, educación autodidacta y estrategias de cambio orientadas a la solución de problemas. Alcanzó su etapa cumbre a finales de los setenta y principios de los ochenta. Su lideresa, Guillermina Villalva de Valdés, asumió el cargo de lo que sería El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), en 1985, y fue entonces cuando surgió la segunda versión de COMO. Ella utilizó sus contactos con el ala progresista del movimiento carismático católico, al cual estaba afiliada (Peña 1997, 157). como se ha involucrado en múltiples agendas que tratan asuntos relacionados con las mujeres y las cooperativas; ha ayudado a aproximadamente diez mil féminas.

La economista Lucinda Vargas dirige el Plan Estratégico, y se ha apoyado en expertos binacionales que trabajaron en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hasta ahora, Juárez no ha tenido una presidenta municipal y el porcentaje de mujeres que ocupan cargos en el congreso es muy bajo, generalmente menor de 10; similar al nacional sobre la presencia de mujeres en los gobiernos locales y estatales, en los que sólo 3 por ciento de los presidentes municipales son mujeres (no hay estadísticas desagregadas por género para los miembros del congreso). Además, las mujeres trabajan con agrupaciones de vecinos defendiendo y fomentando asuntos relacionados con la vivienda, como el abastecimiento del agua y los servicios de alcantarillado de sus colonias.

Varias feministas y grupos de derechos humanos se han hecho presentes, como el 8 de Marzo, y las activistas que denuncian la violencia y los asesinatos de mujeres ocurridos en la década de los noventa y posteriormente. Entre estos grupos están Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Mujeres de Negro y Casa Amiga, un centro de asesoría contra la violencia que tan sólo el año pasado abrió un albergue pequeño para mujeres maltratadas, y asistió a diez familias.

Las organizaciones de mujeres en Ciudad Juárez poseen raíces profundas, algunas de ellas son producto de compromisos y principios casi religiosos. Estas activistas se arriesgaron a convertir al sistema político, hasta entonces dominado por el PRI, en uno auténticamente multipartidista en el cual fuera posible el triunfo de la oposición. En el norte de México, la derecha panista ha tenido un gran apoyo, quizá esto se deba tanto al hartazgo del control ejercido por el PRI durante tantos años, como al conservadurismo. Durante la década de los ochenta, miles de mujeres (muchas de clase media) realizaron marchas a favor de Barrio Terrazas, con la tutela de Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM). Lucila Murguía, una de sus lideresas más destacadas, proviene de una familia que ha pertenecido a numerosas facciones partidistas (una de la cual proviene el actual presidente municipal priista, Héctor Murguía).

Al tiempo que este movimiento cobraba auge, en la década de los noventa, las mujeres comenzaron a utilizar el concepto de vertebración, con él buscaban establecer un vínculo con las autoridades locales al proporcionarles una "espina dorsal" qué reformar, en el gobierno municipal del respetado panista Francisco Villarreal. Como viudo, es decir, "sin una esposa" que encabezara el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), surgió uno nuevo en el que las mujeres se organizaron alrededor de la defensa, los servicios para ellas y los niños y los centros comunitarios, con cocinas comunales. En este municipio panista, los gobiernos estatales y federales controlados por el PRI buscaron cortar el financiamiento por razones partidistas, y al Gobierno de Ciudad Juárez le interesaba el proceso de abastecimiento de servicios, como un modo de mantener o aumentar su base política. Pero a medida que el movimiento se ampliaba, las mujeres manifestaban su desacuerdo. En una reunión para la renovación, se discutió acerca de la oportunidad que Dios otorga a los ricos como administradores de la riqueza. Sin embargo, muchas lideresas no pudieron soportar tales ideas y prácticas, debido a su conciencia de clase y su firme convicción en la separación entre Iglesia y Estado.

En años recientes, se fundó el Consejo Ciudadano, una organización secular inspirada en principios religiosos, para ampliar la base de participación civil. Los esfuerzos del consejo a menudo languidecen debido a la inercia política, al enfrentamiento del gobierno con los funcionarios electos y a la molestia de algunos respecto a ciertas concepciones orgánicas sobre la colaboración y sus raíces religiosas. Después de la muerte prematura de la fundadora de como, una de sus dos hijas asumió el liderazgo tanto de la Fundación Hábitat y Vivienda (FUNHAVI) (un albergue sin fines de lucro) como del Consejo Ciudadano, el cual adopta las líneas de las ONG. Éste constituye una de las pocas voces que en Juárez puede criticar los costos sociales del modelo de desarrollo basado en la industria maquiladora (2004). La ciudadanía juarense volvió a elegir a un candidato del PRI para la presidencia municipal, en 2004, lo que debilitó al consejo y a su ideología. Finalmente, después de veinte años de intensa competencia, el liderazgo del viejo PRI y del PAN se fracturó, o al menos se debilitó.

Probablemente la ONG más antigua de Juárez, ligada a una red nacional, sea la FEMAP, nacida en la década de los setenta bajo el liderazgo de Guadalupe de la Vega. Comenzó como una organización de voluntarias de colonias (promotoras), quienes discutían con las mujeres temas como la planeación familiar y los métodos de anticoncepción. Se ramificó, y creó programas que promovían la fabricación de ladrillos no contaminantes, los micro préstamos (incluso un proyecto binacional fronterizo) y la investigación para la acción. La FEMAP dirige hospitales de beneficencia y clínicas para la salud en toda la ciudad, y que cobran una cantidad módica por servicios de calidad; opera al margen de afiliaciones partidistas, y establece redes con base binacional e internacional, incluso la Fundación FEMAP en El Paso.

Mientras que las mujeres en Juárez representan cerca de la mitad de los votantes, en un sistema electoral con una concurrencia mucho mayor que la de El Paso (generalmente supera la mayoría de los votantes registrados), en México, se les otorgó el derecho a votar en 1953. Chihuahua nunca ha tenido una gobernadora, aunque en Texas ha habido dos: "Ma" Ferguson, viuda del gobernador del mismo nombre y Ann Richards (de 1990 a 1994), una feminista electa por sus propios méritos. El crecimiento de la representatividad femenina en el Congreso nacional ha sido enorme (aproximadamente una de cada cinco) (Rodríguez 2003), pero en el país los índices continúan siendo bajos.

El cuadro 1 presenta información sobre el porcentaje de mujeres en las diez legislaturas en ambos lados de la frontera; seis son de México y cuatro de Estados Unidos. Como indican las barras de las gráficas, la representación de mujeres en las legislaturas estatales es menor en México. En Estados Unidos, las entidades federativas poseen legislaturas bicamerales, organizadas en una Cámara de Representantes (equivalente a la de Diputados del H. Congreso de la Unión). El directorio de la frontera también lista a gobernadores y miembros del equipo de gobierno estatal.

Mientras que Coahuila y Nuevo León han nombrado a tres mujeres como integrantes del Gabinete, los otros estados del norte de México no tienen ninguna. Tampoco los de la frontera estadounidense difieren mucho en esto, Arizona, ha tenido cuatro representantes femeninas, encabeza la lista Janet Napolitano, la única gobernadora. Nuevo México tiene una subgobernadora: Diane Denish. Aproximadamente un tercio de las legisladoras de las entidades estadounidenses fronterizas tienen apellidos hispanos.

Estos datos muestran que las mujeres poseen poca representatividad, se trata de una minoría permanente que podría continuar de por vida, y difícilmente cambiar las leyes. Por otra parte, las mujeres no apoyan siempre las posturas feministas o la equidad de género. En el periodo legislativo de Texas de 2005, tres de cinco legisladores —tanto hombres como mujeres— votaron en contra de la anticoncepción, la educación sexual y el aborto. Por lo tanto, es imperativo integrar coaliciones en torno a la equidad de género con hombres progresistas.

En el proceso político de El Paso, a lo largo de la historia y en la era contemporánea, las mujeres se han organizado en variedad de formas: grupos de estudiantes feministas, los especializados en administración y mujeres profesionistas, La Mujer obrera (costureras y trabajadoras desplazadas); coaliciones antiviolencia y facciones de organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, entre otras. Con dos décadas de antigüedad, La Mujer obrera surgió como una agrupación que se enfocaba a la situación económica de las trabajadoras. Sin embargo, al igual que como en Juárez, no tiene influencia transfronteriza.

Algunas han alcanzado puestos estratégicos por sus propios méritos, como Alicia Chacón, juez del condado de El Paso (19901994), presidenta del tribunal entre los 254 gobiernos locales de Texas y la primera mujer hispana en lograrlo; Dolores Briones, actual juez del condado; Susie Azar, única que ha sido alcaldesa (1989-1991); Diana Natalicio, rectora de la Universidad de Texas en El Paso; Belén Robles, presidenta nacional de League of United Latin American Citizens (LULAC) y Joyce Wilson, administradora de la ciudad. De los ocho integrantes del Consejo Ciudadano, actualmente dos son mujeres: Vivian Rojas y Susan Austin (25 por ciento, comparado con los datos sobre el gobierno local, de la ciudad y de los condados en Estados Unidos); de la corte de los comisionados del condado, dos de los cuatro son mujeres; Betty Flores y Bárbara Pérez. De los nueve distritos escolares de El Paso, cada uno con un consejo de siete administradores sin goce de sueldo, aproximadamente un tercio de los 63 son mujeres.

Las integrantes de organizaciones en El Paso tienden a trabajar en otros grupos civiles no lucrativos, cuyas agendas son amplias, sin limitarse al género. Por ejemplo, articulan una económica, sin perspectiva de género. Alguna vez El Paso tuvo organizaciones feministas activas como lo cuenta el episodio local de La Camarilla Política de las Mujeres, la cual logró reunir a más de 300 miembros para su causa (votar por más mujeres) en la década de los ochenta, y durante los setenta hay dos episodios sobre la organización explícitamente feminista, a través de la organización Nacional de las Mujeres; ninguna existe ya. Sin embargo, Latinas 100 es una asociación que busca integrar a más latinas al trabajo de redes, a la política y los asuntos públicos. Existen dos organizaciones sin fines de lucro que apoyan las redes de mujeres, y buscan fondos para becarlas, al igual que a otros grupos: Fondo para las Mujeres de la Frontera y el Fondo para las Mujeres de El Paso.

Mientras que en El Paso, las féminas representaron la mitad de los votantes registrados, su concurrencia a las urnas ha sido alarmantemente baja, hasta la elección presidencial de 2004. Ésta va desde 1 por ciento de votantes registrados en el colegio electoral, hasta más de un tercio de ellos, de acuerdo con la frecuencia de las elecciones. Aproximadamente dos tercios de los votantes de El Paso son demócratas, lo que los coloca, junto con otros lugareños fronterizos en Texas, en una situación difícil con el estado y el gobierno nacional. En El Paso, incluso las universitarias, trabajan en red con organizaciones para la salud de las mujeres tanto en el ámbito estatal como nacional. Durante las sesiones legislativas, celebradas cada dos años, algunas de ellas se someten a una especie de capacitación para el fortalecimiento del liderazgo, que las habilita en conocimientos sobre legislación, viajan a Austin y tratan con los legisladores sus proyectos de ley. Sin embargo, para las fronterizas, Austin es un destino lejano y costoso.

 

Conclusiones y recomendaciones

Se revisaron a grandes rasgos las políticas tanto mexicanas como estadounidenses, a través de los gobiernos de Texas y Chihuahua. El panorama no es alentador para las mujeres, cuyos sueldos son más bajos que los de los trabajadores en las economías y municipios de Juárez y El Paso. El neoliberalismo aparenta ser neutro respecto al género, pero se han demostrado sus consecuencias, a través de las reducciones salariales que oprimen a las mujeres. Mientras que ellas trabajan duramente para mantenerse, al igual que a sus familias, el contexto económico desprestigia su labor. La política ha virado hacia la derecha en el terreno público, pues reduce la importancia del gobierno, gira instrucciones para implantar disposiciones conservadoras o partidismos que penalizan a personas cuya ideología no encaja con las locales y estatales. Las mujeres se encuentran lejos de alcanzar la paridad en la representación política, tanto en consejos como en legislaturas estatales y locales. Los hombres monopolizan la toma de decisiones y la implementación de políticas protege sus privilegios.

Las mujeres votan y se organizan en ONG, para proveerse servicios y encarar sus problemas. Aun así, su capacidad cívica es débil, y apenas han logrado hacer mella en las relaciones de poder que privilegian a los hombres y a los ricos. Las restricciones económicas sobre las mujeres también las debilita políticamente, ya que en ambos países la influencia depende de las aportaciones financieras para tener voz y voto. Sin embargo, hay mujeres poderosas por sí mismas, ganan dinero y logran movilidad y oportunidades que van en ascenso; su voz y apoyo para lograr la equidad en los asuntos de las mujeres es crucial. Pero para el resto, la economía con sesgo de género desprestigia su trabajo y silencia su voz política. Las integrantes de las ONG rara vez se encargan de los asuntos económicos de la frontera. En vez de ello, buscan proveer servicios, abogar por las víctimas de la violencia y retar las deficiencias políticas más evidentes, como la violencia doméstica y los feminicidios. Aunque los hombres han mostrado interés en aumentar los salarios de la gente y reducir la violencia, sus voces y el poder organizado rara vez se orientan a estrategias relacionadas con los temas abordados en este artículo.

El Estado tiene la gran responsabilidad de mejorar las condiciones de vivienda y salario, a través de políticas públicas, asignación de presupuestos y la incorporación de inversionistas extranjeros. Es necesario que el Estado intervenga en la mediación y regulación de las políticas de comercio que dan prioridad a las ganancias sobre los productores. A veces las leyes son buenas, pero no se refuerzan debido al financiamiento escaso o porque el equipo de personas es insuficiente para monitorear su implementación. Los burócratas (incluso los que ocupan altos cargos y los locales, como la policía), carecen de capacitación en el reforzamiento adecuado y profesional de la ley, como ejemplo está el caso de la violencia doméstica. En el peor de los escenarios, los mismos burócratas están coludidos o bien protegen a los criminales y ellos mismos se convierten en tales, como muchos han dicho respecto a los casos de feminicidio. Con autoridad y recursos, la maquinaria femenina podría desempeñar un papel importante en el gobierno, para presionar a otras burocracias a cumplir la ley, pero para que esto sea efectivo debe trabajar y ser sensible a los grupos que luchan por las mujeres, el género y los derechos humanos. Debe renovarse y sustentarse el gasto público en los servicios sociales, e incluir mayor apoyo para los albergues de mujeres maltratadas y los programas que las reintegran a la sociedad. Las dependencias gubernamentales podrían realizar un mejor trabajo proporcionando datos desagregados por género, que armarían a la sociedad civil con información que después produciría cambios en las políticas públicas.

Mientras tanto, son pocas las ONG binacionales, que se organizan a lo largo de la frontera. incluyen coaliciones, familia y amigos de los desaparecidos, grupos de desarrollo comunitario, como FEMAP y practicantes y activistas de la salud. Se requiere el apoyo público y privado de sectores como los comerciales y mercantiles, para sustentar estos esfuerzos democráticos y civiles de la sociedad. El Consorcio Transfronterizo es sólo un ejemplo, pero no fue capaz de cambiar el informe Fronteras saludables 2010, de la Comisión de Salud de la Frontera México-Estados Unidos, el cual no presentó datos desagregados por género, ni abordó la violencia contra las mujeres como un asunto de salud pública. Asimismo, sigue dependiendo de financiamiento externo, problema común de las ONG.

A las mujeres organizadas en torno a agendas económicas, por ejemplo COMO y La Mujer Obrera, se les presiona fuertemente para lograr sus objetivos en uno de los lados de la frontera. Además, las brechas décuplas de desigualdad económica en los ingresos, a menudo azoran a los activistas para lograr objetivos prácticos y a corto plazo. Aunque la condición de vida de muchas mujeres y jefas de familia se ubica por debajo de la línea de pobreza nacional, en Juárez y El Paso las cifras son mucho mayores, aun así, rara vez "compran los huevos por unidad, o un vaso de leche", palabras inmortalizadas por Guillermina Villalva en The Global Assembly Line. Así, los trabajadores con ingresos bajos pueden representar ganancias para un lado y pérdidas para otro, como sucede en la era posterior al TLCAN en las fábricas de vestidos, a no ser que se haga conciencia sobre las estrategias globales que abaratan el trabajo de las mujeres para aumentar las ganancias de las empresas, y que se haga una causa común entre ellas (y en general entre los habitantes fronterizos) la implementación de un "salario para vivir" en la frontera. Hasta hoy, COMO y La Mujer Obrera no han trascendido la frontera.

Entonces, ¿qué hay que hacer? Se ofrecen a continuación algunas sugerencias para solucionar estos problemas a corto y largo plazo. Hay que tener presente la posibilidad de un sistema económico global que privilegie el mercado "justo y libre". Así, los trabajadores ganarían un "salario para vivir", en vez de uno mínimo que no permite afrontar la inflación y las devaluaciones de la moneda. Las estrategias y soluciones para un mercado más justo involucran cambios estatales, nacionales y binacionales (o trinacionales, entre la comunidad norteamericana del TLC), para incrementar el salario mínimo y vincularlo con la construcción de la equidad a ambos lados de la frontera, y exigirles a los corporativos que paguen salarios para vivir. La contabilidad del gobierno y de los corporativos deberían trascender las fronteras, dadas las consecuencias de sus políticas para la gente de esta área geográfica. Y la justicia debe darse en un clima de respeto a los derechos y la seguridad humana, en medio de los estatutos de la ley, y su ejecución. Los gobiernos son responsables de la seguridad de la gente, que incluye la de las mujeres. Debería existir, desde hace tiempo, un acuerdo común sobre los derechos humanos entre los países del TLCAN.

 

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Nota

** Nuestro agradecimiento a la doctora Nuria Homedes del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston, por su retroalimentación y lectura cuidadosa de este ensayo.