Introducción

Aun cuando desde el imaginario social las mujeres rurales han sido constreñidas al trabajo reproductivo, donde se encargan de resolver la vida cotidiana en la familia, la realidad es que enfrentan una sobrecarga, producto de crecientes exigencias tanto del trabajo remunerado como del no remunerado. En este último caso se evidencia la clara manifestación de una escalada exponencial de la crisis de cuidados que las concibe como principales responsables del bienestar familiar, situación mayoritariamente poco reconocida.

Uno de los conceptos claves que se manejan en este trabajo es el de mujer rural, categoría donde se engloba a la población femenina que vive y trabaja de forma habitual en el campo. En este sentido, sus características económicas, sociales y culturales, se encuentran establecidas y ligadas al sector agropecuario. Además, según reconocen varios autores (^{Kumar Dhir, 2017}; ^{Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2018}; ^{ONU Mujeres, 2021}), algo que distingue a las mujeres rurales es que enfrentan diversas formas de precariedad que limitan su potencial y las sitúan muy por detrás de las mujeres urbanas y los hombres.

Sin que lo que se acaba de comentar pierda fuerza argumentativa, se debe reconocer que la referencia a la mujer rural en el contexto de un país tan grande como México adquiere diversos matices y configuraciones. En este sentido hay variaciones contundentes en el desarrollo agropecuario entre las distintas regiones y microrregiones del país y en el papel de las mujeres en estas economías (incluyendo economías ilegales). De hecho, la introducción del concepto de nueva ruralidad es muestra de ello.

Según ^{De Grammont (2004)}, la nueva ruralidad puede ser entendida como una nueva relación campo-ciudad en donde los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus interconexiones se multiplican, se confunden y se complejizan. Sin embargo, como esta especificidad no constituye el eje de este trabajo, la ruralidad aquí se estará concibiendo como sinónimo de pobreza, es decir, como una condición de clase. Así, se maneja una visión que percibe a las mujeres rurales como un grupo humano vulnerable e invisibilizado. Esto coincide con lo planteado por ^{Sangerman-Jarquín et al. (2022)}, quienes mencionan que 56 % de las mujeres rurales en México se ubica en una situación de extrema pobreza.

Coherentemente con lo señalado, y a pesar de que las mujeres rurales ocupan un rol fundamental en el desarrollo de sus territorios, datos aportados por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural indican que las mujeres rurales enfrentan brechas respecto a las mujeres urbanas en la gran mayoría de los indicadores relativos a la autonomía económica y a la toma de decisiones; así como que las brechas entre hombres y mujeres son mayores en los territorios rurales que en los urbanos. Como elemento adicional se encontró que, en el caso de México, el acceso de las mujeres a la tierra es mínimo, toda vez que poseen el 17.8 % de ésta, el resto (82.2 %) es propiedad de los esposos, abuelos, o de sus hijos, que han heredado de padres o abuelos.

A nivel macro, ^{ONU Mujeres (2021)} comenta que en América Latina y el Caribe una parte significativa de los 58 millones de mujeres que viven en zonas rurales juega un rol central en la producción y abastecimiento de alimentos. Sin embargo, ellas realizan sus actividades productivas enfrentando desigualdades que las hacen trabajar de manera informal. Esto contribuye a que experimenten una sobrecarga de labores domésticas no remuneradas, y problemas para acceder a recursos productivos como la tierra, el agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros, capacitación, entre otros; además de diversas barreras que les dificultan comercializar sus productos en los mercados.

Estos elementos reafirman que indiscutiblemente las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso limitado al crédito, asistencia sanitaria y educación son algunos de los muchos retos a los que se enfrentan.

Unido a esto, las cuestiones de equidad de género parecen no haber alcanzado el impacto deseado para lograr el empoderamiento de la mujer, particularmente en áreas rurales y se suman estudios que dan cuenta de un incremento de indicadores de vulneración, donde la violencia de género constituye uno de los núcleos centrales, entre ellos: “Violencia contra las mujeres, derechos y ciudadanía en contextos rurales e indígenas de México” (^{González Montes, 2009}), “La violencia de género en el campo mexicano: contribuciones recientes a su conocimiento” (^{Montes, 2012});,“Violencia estructural e institucional hacia mujeres rurales mixtecas: el caso del Programa de Inclusión Social PROSPERA en el estado de Guerrero” (^{Torres Beltrán y Teta Guerrero, 2019}), “El quehacer de las instituciones gubernamentales en Guanajuato, en torno a la violencia de género hacia mujeres rurales: análisis a través de un estudio de caso” (^{Rosas Vargas et al., 2019}), entre otros.

En función de identificar que la violencia hacia las mujeres rurales se sustenta en las implicaciones de la categoría género se debe comprender que el género es una construcción social que media en la manera en la que entendemos y vivimos el mundo. Igualmente, desde el género se dictan los comportamientos deseables en hombres y mujeres, así como las expectativas, que se sustentan en las características de cada marco social. Esto va a estar condicionando un acceso diferenciado y desigual a las oportunidades, al mismo tiempo que limitan las elecciones al alcance. Por tanto, el género se convierte en un dispositivo de la dominación patriarcal que, amparado en modelos neoliberales imperantes, puede agudizar fenómenos como el machismo, la violencia, las diversas formas de dominación sobre las mujeres.

Informes referentes a la vulnerabilidad de la mujer rural en Latinoamérica la identifican como uno de los grupos sociales más vulnerables en el ámbito laboral latinoamericano (^{Valenciano et al., 2017}). En estos se fundamentan la necesidad de intervenir, para intencionar planes de actuación que intenten minimizar la brecha de género entre el porcentaje de hombres ocupados que trabaja por cuenta propia o en trabajos familiares no remunerados y las mujeres en la misma situación.

A esto se suma una mayor incidencia de violencia hacia las mujeres rurales que trasciende la agresión física o psicológica y se configura en una violencia simbólica de género donde uno de los elementos distintivos es la reproducción de desigualdades de género. Ésta puede ser identificada en la división sexual desigual del trabajo, que se materializa en las labores domésticas que refuerzan los roles de género androcentristas y patriarcales que ubican a los hombres en una posición de poder y ventaja.

Estos elementos se han redimensionado a partir de la incidencia de la pandemia de la COVID-19 a escalas insospechadas. Bajo el contexto de la crisis sanitaria los indicadores de violencia relacionados con las categorías de género y ruralidad se han vuelto críticos, tal y como lo señalan ^{Montenegro y Montenegro (2020)}, ^{Bidaseca et al. (2020)}, ^{Carvajal et al. (2021)}, entre otros.

Esta realidad demanda la concreción de análisis que permitan un acercamiento crítico y profundo respecto a cómo las categorías de género y ruralidad tienen un efecto perceptible en la vulneración a los derechos de las mujeres. Igualmente, en función de su condición de mujeres rurales se desconocen los roles que asumen como actoras fundamentales en los procesos de desarrollo rural y que sin dudas son elementos indicativos de la violencia de género. Con base en esto se identifica la utilidad de integrar los estudios interseccionales como una posibilidad de visibilizar no solo las relaciones de dominación y desigualdad en función del género, sino cómo este sistema de poder se articula y se co-construye con otros, por ejemplo, la procedencia social (ruralidad), la raza, la etnia, entre otros.

En función de los argumentos anteriores se determina que el problema al que se estará haciendo referencia en este artículo es la violencia de género, identificada como una forma de vulneración sistémica que viven las mujeres rurales en México y hasta qué punto ha sido exacerbada por elementos histórico-concretos.

Con lo cual, la pregunta a la que se le intentará dar respuesta es: ¿Cómo la pandemia del COVID-19 ha contribuido al aumento de la violencia de género hacia a las mujeres en las regiones rurales mexicanas?

Desarrollo

En este apartado se considera pertinente conducir un análisis de referencias académicas relacionadas con la violencia de género hacia a las mujeres rurales mexicanas y cómo este fenómeno singularizó su incidencia durante la pandemia de COVID-19. En este sentido, se encontraron los siguientes estudios:

El análisis de estos referentes y de otros consultados permite distinguir que no fue la pandemia en sí la que ha sido señalada como causa del aumento de la incidencia de violencias de género, sino las medidas de confinamiento. Es decir, el detonante del aumento de los ataques fue la imposibilidad de salir de los espacios que compartían las mujeres rurales con sus agresores. En este aspecto, cabe señalar que estas medidas de contención implementadas por los gobiernos no impactaron de forma generalizada a la población femenina en el mundo, particularidad a la que México no estuvo exenta. Y es que aun cuando las mujeres rurales, usualmente contextualizadas en situaciones económicas de precarización, no pudieron detener sus jornadas laborales fuera del espacio doméstico porque precisamente no contaban con las condiciones materiales ni laborales para hacerlo, constituyeron una población altamente vulnerable ante hechos de violencia de género.

Una vez delimitados estos referentes, es oportuno desarrollar un ejercicio ineludible para visibilizar los indicadores de violencia de género hacia las mujeres, que subyacen y se solapan en las dinámicas cotidianas en las zonas rurales. Éste consiste en identificar cómo los aportes de las mujeres en la contribución al desarrollo de sus territorios han carecido el reconocimiento necesario que resignifique su impacto en la economía y en la sociedad. Pero antes y para dar respuesta a la pregunta definida en el apartado anterior, es necesario tener claridad respecto al rol que han asumido las mujeres en el desarrollo rural, lo que permitirá definir una postura de crítica hacia la escalada injustificable de violencia de género en el campo mexicano.

Mujeres como actoras fundamentales en el desarrollo rural sostenible

Se debe señalar que diversos autores y organizaciones internacionales (^{Martínez, 2011}; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018, por mencionar algunos) han denunciado un fenómeno creciente de invisibilidad hacia la mujer rural como agente clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios en el desarrollo sostenible de los territorios rurales.

El reconocimiento de la participación de la mujer rural en el desarrollo y a su derecho de poder acceder a los recursos que le permitan continuar su contribución en este sentido no solo se logra a través de leyes o reformas agrarias, jurídicas y sociales promulgadas por los estados, sino a partir de cambios de paradigmas y concepciones en el acercamiento a un fenómeno multicausal y que precisa de un tratamiento alternativo que tribute a un cambio de mentalidad sobre el rol de las mujeres rurales en el desarrollo de sus territorios.

De lo anterior se desprende que la noción de desarrollo rural debe concebirse a partir de la inclusión de la mujer rural en el acceso a la tierra, mediante la eliminación de aquellos factores culturales e institucionales que impidan su reconocimiento como agente de cambio. Algunos de los elementos estructurales que permiten la prevalencia de una tradición discriminatoria que minimiza el aporte de la mujer rural, incorporada además a actividades de producción y comercialización, en el contexto rural tienen que ver con que allí la producción agropecuaria es la principal fuente de empleo.

Este un sector donde históricamente ha existido un predominio masculino y una valoración social de que son trabajos rudos, “de hombres”. Esta es una primera condición que hace que las mujeres tengan menos posibilidades de empleo y trabajo remunerado; algo que les generaría mayor independencia y solvencia económica. En segundo lugar, en las comunidades rurales hay una reproducción de la vida cotidiana muy explotada, que deja a las mujeres poco espacio para cultivarse de manera integral, desde la ciencia, el conocimiento y también desde su autocuidado. En este sentido el trabajo doméstico no remunerado les ocupa gran parte de su tiempo.

Con ello se advierte que estas manifestaciones constituyen violencia, de un tipo muy específico, la de género, en función de la cual no existe un reconocimiento de la labor femenina en el ámbito productivo, siendo persistente una cultura machista que ha constreñido a las mujeres al rol de madre y cuidadora. Tal situación en los últimos años se vio agravada por el impacto de la COVID-19, como se analiza a continuación.

Violencia hacia mujeres rurales en el contexto de la COVID-19: análisis con perspectiva de género

Sin duda la realidad antes descrita y que representa la vida de muchas mujeres rurales se ha visto profundamente impactada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19, con efectos singulares y marcadamente diferenciados entre hombres y mujeres. Algunas de las investigaciones que coinciden con estos datos son:

Una parte de la estela particularmente negativa de la COVID-19 en las mujeres rurales se caracteriza por mayor precarización laboral (distinguida en aumento del desempleo y necesidad de ocuparse en empleos informales, sin garantías sociales), reducción de oportunidades educativas, debido a una limitación de acceso a herramientas tecnológicas para el desarrollo de la educación virtual, desarrollo de movimientos migratorios (internos y externos) como alternativa para la búsqueda de mejores opciones de vida, entre otros que vinieron a reforzar la vulnerabilidad estructural que históricamente las ha representado.

Sin embargo, el foco de mayor interés en este trabajo se encuentra en la violencia de género, con su consecuente impacto negativo en la salud física y emocional; violencia estrechamente relacionada con las medidas de confinamiento decretadas a nivel gubernamental. Hay que hacer notar que estas medidas de confinamiento en el entorno rural constituyeron un parteaguas entre la situación de las mujeres antes y después de la COVID-19 donde sus efectos se incorporaron al marco del contexto general de violencias de género en México.

Como marco aglutinador de las problemáticas derivadas del confinamiento se identifica un aumento exponencial de la crisis de cuidados, siendo en este trabajo uno de los elementos a los que se le prestará particular atención, debido a sus consecuencias para la salud tanto física como emocional de estas mujeres. Destaca ^{Pérez Orozco (2006)} que:

Por crisis de los cuidados va a entenderse el complejo proceso de desestabilización de un modelo previo de reparto de responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, que conlleva una redistribución de las mismas y una reorganización de los trabajos de cuidados, proceso que está cerrándose actualmente de forma no sólo insuficiente y precarizadora, sino reaccionaria, en la medida en que se basa en los mismos ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos y agentes sociales que presentaba el modelo de partida. (pp. 9-10)

De esta manera la autora remarca cómo esta crisis de los cuidados tiene unas implicaciones de género centrales, ya que, en gran medida, el reparto histórico de los trabajos de cuidados ha estado asociado a las relaciones de poder de género, así, tanto los fenómenos de desequilibrio como de reequilibrio están profundamente marcados por el género. En el contexto rural, las mujeres incorporadas a labores de producción y comercialización deben compaginar las responsabilidades domésticas con un trabajo asalariado en un escenario de una doble invisibilidad.

O sea, por un lado, no se les reconoce su verdadero aporte al campo y por otro, se han naturalizado y normalizado en tal grado sus roles de madre, esposa, hija, hermana, cuidadora, organizadora de la dinámica cotidiana familiar que no se reconoce la sobrecarga a la que se exponen diariamente y que a raíz de las medidas de contención a la pandemia (como por ejemplo el confinamiento) fue puesta a la luz, mas no modificada.

En este sentido los análisis de ^{Osborne y Molina Petit (2008)} nos parecen adecuados para clarificar algunos aspectos. Estas autoras reconocen que el género constituye una potente herramienta analítica capaz de desvelar ideologías sexistas, a la vez que se inscribe en la teoría feminista como una nueva perspectiva de estudio, como una categoría de análisis de las relaciones entre los sexos, de las diferencias de los caracteres y roles socio-sexuales de hombres y mujeres y como una crítica de los fundamentos "naturales" de esas diferencias. De modo que esto implica que se considera que el género no es solo una categoría sociocultural, sino, además, es una herramienta analítica.

Se comparte lo analizado por autores como ^{Elson (1994)} y ^{Espino (2005)} quienes destacan que la base material del sistema de relaciones de género es la división sexual del trabajo entre la producción (actividades que generan ingresos y están en la órbita del mercado) y la reproducción social (actividades en el ámbito doméstico o comunitario). Así, las mujeres realizan dos tipos de trabajos: uno remunerado, para el mercado, y otro no remunerado, dedicado a producir bienes y servicios para el hogar y en ocasiones para la comunidad. Por tal razón, este último resulta “invisible” para la economía y, por lo tanto, no se valora económicamente ni aparece registrado en las estadísticas económicas.

En el caso de las mujeres rurales esta realidad es particularmente significativa debido a que desempeñan varios roles, muchas veces en condiciones adversas y de precariedad, donde realizan acciones productivas y de cuidado en el hogar, canalizan las principales demandas familiares respecto a la salud y la educación, producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que recae sobre ellas la responsabilidad de la seguridad alimentaria, etc. Sumado a esto, la crisis generada por la COVID-19 ha tenido efectos negativos que han ampliado las brechas de género en todos los sectores, y el rural no escapa a esta realidad.

De acuerdo con datos de ^{ONU Mujeres (2021)}, previo a la pandemia, las mujeres rurales ya enfrentaban una importante sobrecarga de trabajo no remunerado. Pero ahora, tuvieron que dedicar una mayor parte de su tiempo a cuidar de niñas y niños que dejaron de ir a la escuela, y a atender a personas enfermas y de la tercera edad. Además, recientes reportes dan cuenta de un incremento de la violencia de género en los países de la región, asociado al confinamiento.

La perspectiva de género en el análisis de estos elementos implica una mirada ética para enfrentar la inequidad, la desigualdad y la opresión, es una toma de posición crítica y una proposición de alternativas para el cambio (Fernández Rius en ^{Blazquez Graf et al., 2010}). Por esto es sumamente importante visibilizar cómo las mujeres rurales mexicanas sufrieron el aumento de la violencia de género durante el confinamiento durante la COVID-19. En el sentido de que se considera que esto puede abrir un abanico de posibilidades para identificar a los agresores, los supuestos que sustentan su abuso, las condiciones sociales que lo legitiman y la ruta crítica para abordar estos temas.

Interseccionalidad para entender el impacto de la relación entre género y ruralidad

Para identificar los posibles vínculos entre las categorías que pudieran calificar a las mujeres rurales y la violencia de género, experimentada ahora en un contexto diferente y sumamente adverso, por el confinamiento, hay que introducir la noción de interseccionalidad.

Tomando como punto de referencia las reflexiones de Ochy ^{Curiel (2017)} es posible pensar en las categorías de género, raza, clase, etnia o sexualidad como aquellas que nos permiten reflexionar y dar cuenta de las desigualdades derivadas de las diferencias (o del proceso de diferenciación) en términos de construcción social y no como algo natural. Dichas categorías evidencian las jerarquías y las relaciones de poder involucradas en esas diferencias y que construyen otredades. De modo que aquí se considera posible incluir la categoría rural como un elemento más que tributa a comprender cómo funcionan estos procesos. Estos son elementos en los que se incidirá más adelante; pero antes de adentrarnos en esta explicación, resulta conveniente explicitar algunas consideraciones teóricas referentes al género y a lo rural.

Independientemente de que existe un amplio caudal en cuanto a definiciones teóricas, se identifica la contundencia de la que aporta ^{Alberti (2004)} para quien el concepto de género se define como “Una categoría teórica, metodológica y política que analiza la construcción social de la diferencia sexual; cuestiona las relaciones desiguales de poder entre hombres, entre mujeres y entre hombres-mujeres; proponiendo el cambio hacia la equidad e igualdad de género”. (p. 22)

Por su parte, de acuerdo con ^{Peres Díaz (2018)} el género se compone de un conjunto de relaciones de poder que terminan por consolidar desigualdades tanto a nivel real como a nivel formal. Con lo cual el género se plasma como un concepto vertebrador de las funciones socialmente asignadas a los sujetos de la comunidad en base a una variable físico-biológica, a saber, el sexo. De manera que, de modo similar a la rural, es una categoría que está en la base de la injusticia sistemática y la desigualdad social que enfrentan las mujeres.

Se considera que estos planteamientos teóricos respecto al género denotan la manera en que una sociedad puede construir las formas de subordinación entre los géneros y que se puede traducir en la permisibilidad de darle cabida o no a distintas formas y magnitudes de violencia hacia las mujeres en un contexto dado. Aquí surge indefectiblemente la necesidad de aludir a un elemento de marcado valor ilustrativo e intrínsecamente relacionado con lo que se ha argumentado hasta este punto y que se refiere a las desigualdades de género.

Las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres se plasman en las actividades que realizan, el acceso y control de los recursos, y las oportunidades para tomar decisiones; lo que da lugar a la estructura sociopolítica y cultural conocida como “patriarcado”. La concepción patriarcal del mundo distingue, produce, reproduce y promueve valores asociados a la distinción y segregación de las personas a partir de su sexo.

Como reflexión resultante de estos aspectos se puede argumentar que el patriarcado se encuentra intrínsecamente relacionado con la globalización y el androcentrismo. Aunque no es objetivo de este trabajo profundizar en estos fenómenos sí conviene destacar que entre ellos existe una relación de interdependencia donde se generalizan estereotipos de género que ubican al hombre en una posición de privilegio, reforzándose así las desventajas estructurales que las mujeres tienen que enfrentar y que pueden devenir en violencia de género, tipificada ya no solo como violencia física, sino violencia psicológica y sistémica por la dificultad para hacer valer los derechos fundamentales.

Como elemento ilustrativo que viene a remarcar las diferentes manifestaciones de la desigualdad en los espacios rurales, se encontró que las investigaciones de los últimos años de la ^{Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2011)} indican que solo el 5 % de la ayuda dirigida al sector agrícola va destinada específicamente a la igualdad de género.

Esto delimita las implicaciones que tiene el género como una construcción social, en el sentido de que denota relaciones de poder profundamente arraigadas en sistemas patriarcales dominantes y glorificados por los procesos de globalización, donde se le ha asignado al sexo femenino la responsabilidad (no reconocida) por el mantenimiento de la vida en el planeta.

Respecto a la ruralidad y particularizando con el caso de México, se puede exponer que las zonas rurales son parte trascendental en la economía de México (^{García Sandoval et al., 2020}), fundamentado en el hecho de que es el sector rural el principal proveedor de alimentos e insumos naturales en corto y largo plazo, para la subsistencia de las grandes ciudades. Esto no niega la existencia de actitudes y prácticas discriminatorias hacia personas provenientes del medio rural, donde la mujer se ha llevado la peor parte.

La mujer rural no puede verse solo como un engrane más del campo ya que ellas poseen desventajas claras en comparación con otros sectores de la población rural. Comúnmente sus aportaciones son poco valoradas por la sociedad o incluso por ellas mismas, la invisibilidad del trabajo femenino rural las ubica a la mayoría como “amas de casa”, como población económicamente inactiva, pero la realidad es que ellas realizan innumerables actividades productivas, reproductivas, adaptativas y como agentes de cambio (^{Lahoz, 2011, p. 17}).

Ruralidad implica un pertenecer al campo, a zonas con un marcado rezago socioeconómico y donde históricamente, en palabras de ^{Espinoza Damián (2011)}:

los varones fueron el sujeto político y económico central y único para el Estado, pues si bien las mujeres participaron en las luchas por la tierra y trabajaron en la producción parcelaria, en la economía de traspatio, en el jornaleo, en la actividad artesanal y, por supuesto, en las tareas domésticas, de crianza y de cuidado de la familia, nunca fueron vistas como interlocutoras políticas, como productoras o como sujetas del desarrollo rural, no tuvieron acceso al crédito agrícola ni a los programas de fomento productivo, y tardíamente se les otorgaron derechos agrarios. (p. 12)

Se reconoce así el rostro masculino asociado a lo rural, legitimado por fenómenos culturalmente arraigados en todos los espacios y previamente señalados (androcentrismo, patriarcado…), por el propio Estado, por las organizaciones campesinas, por los hombres y en muchas ocasiones por las mismas mujeres rurales.

Pero cabe destacar que de modo similar a como ocurre en diversos espacios sociales, en el medio rural también se han sucedido cambios que han favorecido el surgimiento de novedosas configuraciones emergentes. Las mismas dan cuenta de la complejidad de las realidades rurales a la luz de los avances de la sociedad respecto al desarrollo, mas no necesariamente del bienestar.

Estrechamente vinculado a esto, ^{Espinoza Damián (2011)} refiere que uno de los rasgos relevantes de los últimos años es la feminización del campo. Ya que, si bien las mujeres rurales siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico y del cuidado de la familia, hoy está modificándose su papel tanto en el espacio privado (donde un número creciente encabeza a la familia) como en el espacio público y en los mercados de trabajo donde participan cada vez más mujeres. Amén de esto no podemos hablar aún de un cambio significativo en la percepción generalizada que se tienen de la mujer rural.

En función de lo planteado hasta aquí es válido considerar que cuando estamos ante un sector poblacional caracterizado y excluido por las variables género y rural un abordaje a fondo de cómo se manifiestan estos fenómenos precisa de guías de análisis. En función de esto y como ya se venía defendiendo se reconoce el papel esclarecedor del enfoque interseccional para estos propósitos.

La interseccionalidad, en palabras de ^{Viveros Vigoya (2016)} es un enfoque que subraya que el sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, entre otras, son categorías que están interrelacionadas. De manera que la noción de interseccionalidad permite explicar, por ejemplo, cómo algunas de estas categorías interactúan creando múltiples niveles de injusticia social o una doble discriminación.

Lo comentado hasta aquí viene a incorporarse a otros elementos desarrollados anteriormente y cuya finalidad es dar luz a cómo los análisis críticos de fenómenos sociales y sus manifestaciones desde un enfoque de género puede contribuir a la identificación de variables que de otra manera no hubieran sido tenido en cuenta. Conectando con el tema del impacto de la pandemia de la COVID-19 en mujeres rurales, hay que puntualizar que hay dos categorías fundamentales que incidieron en la magnitud de ese impacto, la categoría género y la categoría rural.

Es oportuno mencionar que lo mencionado no pasa por alto el hecho de que las mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica en zonas rurales son mujeres racializadas o pertenecientes a comunidades indígenas. En este sentido, las categorías de raza o etnia para el caso mexicano constituyen la matriz organizadora de la colonialidad del género en la región (tema central para Ochy Curiel). Sin embargo, el eje de los análisis que se presentan se ubica exclusivamente en el género y la ruralidad como indicadores para el análisis de la violencia de género durante la pandemia. De esta forma, se declina la incorporación (aunque pertinente y necesaria), al análisis de la raza y la etnia que no son solamente elementos de identidad, sino estructurales que posibilitan la manutención del sistema patriarcal y capitalista al que se ha venido haciendo referencia.

En función de esto se remarca que actualmente la mujer rural asume dos realidades mutuamente vinculantes, el ser mujer y el ser rural; las cuales a su vez han legitimado relaciones de poder desiguales que ubican a la mujer rural en una posición de vulnerabilidad.

Conclusiones

Pese a la importancia creciente de las mujeres rurales en los ámbitos productivo y reproductivo y a su participación cada vez más visible en el ámbito público, las políticas y programas oficiales concebidas para ellas están ancladas en una imagen que las concibe únicamente como madres, esposas, amas de casa, sin reconocer en su justa medida el creciente papel que asumen en la economía familiar ni los cambios (aún insuficientes) respecto al género que están ocurriendo en el medio rural.

Reflexionar desde la interseccionalidad la realidad de las mujeres rurales, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19 constituye un ejercicio necesario, toda vez que se reconozcan las posibilidades que aporta este enfoque para explicar la desigualdad en el contexto rural desde varios marcos explicativos, en el caso analizado: el género y la ruralidad.

Una de las enseñanzas a la población mundial derivadas de la pandemia es la urgencia de luchar por la equidad de género que minimice las brechas entre hombres y mujeres y que ubican a estas últimas en situaciones de vulnerabilidad sistémica, preconizada en lo fundamental en un desfase de las responsabilidades asignadas socialmente en función del género, donde las mujeres deben asumir una injusta sobrecarga que mina su salud física y emocional. Con lo cual es válido argumentar entonces que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.