La elección de Trump como presidente y el desafío populista sui géneris a la democracia

El resultado de la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos dejó a mucho más de uno absorto de incredulidad y con una importante sensación de incertidumbre con respecto al futuro de la democracia americana, de su estabilidad institucional y de su política exterior (^{Walt, 2016}; ^{Levitsky y Daniel, 2016}) Durante su campaña electoral, Donald J. Trump ofreció un discurso antisistema (antiestablishment) de corte populista que llevó al límite y desafió el tono civilizado/moderado que caracteriza a la política estadounidense; y no sólo en la campaña general, sino desde las primarias del Partido Republicano, Trump atacó sistemáticamente a los políticos que desde Washington D.C. han dejado en el olvido a sus electores y representados (^{Colgan, 2016}). Empero, un dilema ha permanecido sin mucha atención: ¿representa la elección de Donald Trump en sí misma un desafío a la democracia estadounidense?

Por un lado, las elecciones estadounidenses han reactivado lo que Daniel Inerarity ha llamado “el mito del hombre común de la tradición radical/plebeya” que incluye la reacción ante la abstracción representada por la burocracia gubernamental, así como ante las intrigas del enajenado poder federal en Washington D.C. (^{Inerarity, 2018: 194}). El primer síntoma moderado de la reactivación de este mito fue la candidatura y la elección presidencial en 2008 de Barack Obama, quien se presentó como una alternativa al statu quo encarnado por Hillary Rodham Clinton; Obama fue entonces calificado repetidamente como populista (^{Powell, 2008}; ^{Marcus, 2008}; ^{Cohen, 2008}). Este reto populista al interior del Partido Demócrata ha sido sostenido por el senador Bernie Sanders con su desafío a las candidaturas tanto de Hillary R. Clinton en 2016 como de Joseph R. (Joe) Biden en 2020. Por otro lado, la perseverante escisión del Partido Republicano entre conservadores oficialistas (“grand old party”, GOP) y radicales (libertarians) abrió la puerta a la candidatura de Donald Trump en 2016.

Frente a las candidaturas de personajes tan diversos como John E. (Jeb) Bush, Ted Cruz, Carly Fiorina y Ben Carson, Trump ofreció un discurso de radicalización populista que demonizó a los políticos de siempre al libre comercio, al intervencionismo oneroso y a la falta de protección de los estadounidenses contra inmigrantes indeseables y musulmanes radicales. Denominar a Trump como un demócrata iliberal implicaría disimular el carácter populista sui géneris que representa su formulación del pueblo estadounidense como un perdedor de la globalización; especialmente cuando Estados Unidos en 2016 eran la principal potencia del mundo, la primera economía global y había emergido indiscutiblemente de la crisis económica de 2008-2009 (^{BEA, 2017}; ^{FRED. Economy Data, 2020}).

En el caso de ambos partidos, podemos coincidir con Michael J. Sandel en que esta reactivación populista tanto en Estados Unidos como en otros países es “una reacción contra las élites de los principales partidos políticos”. La elección de Trump, escribe Sandel, “es un iracundo veredicto sobre las décadas de ampliación de la desigualdad y una versión de la globalización que beneficia a aquellos en la cima, pero que deja a la gente ordinaria sintiéndose desempoderada” (^{Sandel, 2018: 354, 355}). Un argumento similar ofrecido por Nancy Fraser en su crítica al neoliberalismo progresivo (adoptado especialmente por el Partido Demócrata) lo define como “una alianza entre las corrientes principales de los nuevos movimientos sociales (feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechos LGBTQ) por un lado y ostentosos sectores empresariales ‘simbólicos’ o de servicio (Wall Street, Silicon Valley y Hollywood) por el otro”. El populismo como corolario del fin del neoliberalismo progresivo es el rechazo, indica Fraser, a “la letal combinación de austeridad, libre comercio, crédito predador y el trabajo precario y mal remunerado que caracterizan al capitalismo financiero actual (^{Fraser, 2017}). Sin embargo, y este es mi argumento, el desafío populista al sistema político estadounidense en términos electorales -evidenciada por la elección de Donald Trump- no es que esta población desempoderada y relegada por el neoliberalismo se haya manifestado en las urnas como una mayoría silenciosa que encuentra su voz y se yergue para modificar el estatus preponderante. Muy al contrario, el populismo de Trump consiguió canalizar el descontento de una minoría vociferante (entre los que se encuentran xenófobos, supremacistas blancos, cristianos radicales y conservadores sociales) que el caduco sistema de elección presidencial indirecta estadounidense (mediante Colegio Electoral) tradujo en un triunfo sin parangón.

La segunda característica del populismo sui géneris de Donald Trump es que muy probablemente es el único populista impopular en la historia, es decir, gana acceso a la oficina más importante de un país sin contar con una mayoría del voto popular. Es cierto, la forma más fácil y superficial de desestimar la importancia del voto popular en la elección de Donald Trump es insistir en que las reglas del juego son claras y que el presidente estadounidense es electo en Colegio Electoral. Sin embargo, desconocer la magnitud y relevancia del diferencial entre la cantidad de votos populares y votos electorales implica desconocer uno de los grandes dilemas contemporáneos de la política estadounidense.

En los últimos diez años, la discrepancia entre voto popular y representatividad política ha llegado a niveles que resultan críticos para la legitimidad del sistema, y no sólo en el caso de la elección presidencial. Consideremos los resultados de las últimas elecciones senatoriales. En 2014, los demócratas perdieron el control del Senado al ceder a los republicanos un total de nueve curules con una diferencia de menos de cuatro millones de votos (^{Federal Election Comission, 2015}); en 2016, los republicanos mantuvieron el control de la cámara al ceder solamente dos asientos a pesar de haber perdido por diez millones de votos (^{Federal Election Comission, 2017}); y en 2018 el Partido Demócrata perdió dos curules a pesar de haber obtenido más de dieciocho millones de votos más que el Partido Republicano (^{CNN, 2018}). Los senadores republicanos cada vez representan más territorio y menos ciudadanos estresando el sustento procedimental de la legitimidad representativa de todo el Senado. La sobrerrepresentación sistémica de una minoría en la cámara alta (encargada de la política exterior, de la confirmación de las designaciones hechas por el presidente -incluyendo las de Jueces de la Suprema Corte- y de decidir en caso de juicio político) representa un dilema para una democracia legítimamente sustentable, pero es una presidencia de minoría lo que acaba señalando el agotamiento y las disyuntivas del sistema electoral estadounidense.

Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos con un total de 306 votos electorales obtenidos con un déficit mayor a 2 800 000 votos. Ciertamente, Trump no es el primer presidente electo con una minoría del voto popular; cuatro presidentes habían sido electos sin obtener mayoría del voto popular antes de 2016: John Quincy Adams (1824), Rutherford B. Hayes (1876), Benjamin Harrison (1888) y George W. Bush (2000) -en esta última, única ocasión en la historia contemporánea, la diferencia entre los candidatos presidenciales fue de poco más de 500 000 votos populares, equivalentes al 0.5 por ciento (^{American Presidency Project, 2020}).

Para comprender mejor el populismo sui géneris que representa la elección presidencial de Donald Trump hay que compararlo de manera invertida al caso de John Quincy Adams en 1824 y 1828.

Con la intención de que un populista como Andrew Jackson (epítome precisamente del mito del hombre común) no llegase a la presidencia, el candidato Henry-Clay movilizó sus votos electorales a favor de John Quincy Adams y propició su elección como presidente en febrero de 1825. Andrew Jackson y sus seguidores realizaron entonces una gran campaña de oposición a la presidencia de Adams, promovieron el registro de votantes y movilizaron una gran cantidad de electorado durante las elecciones de 1828, las cuales ganó Jackson por landslide, no sólo por la diferencia en el Colegio Electoral (178 sobre 83 votos electorales), sino por una diferencia a favor del 13 por ciento en el voto popular.

De manera inversa, el déficit democrático-electoral de Trump es no sólo de 2.8 millones de votos menos que los obtenidos por Hillary Clinton, sino también de casi 7 millones de votos menos que los obtenidos por Barack Obama en 2008. Resulta casi irónico que, en 2016, el anquilosado sistema electoral estadounidense y el agotamiento ideológico de los partidos predominantes (Republicano y Demócrata) permitieran que el populismo sui géneris de Trump le llevara hasta la presidencia.

La administración de Trump y su desafío a los delicados equilibrios de poder del sistema político

En noviembre de 2016, Stephen Walt advertía ya sobre los posibles riesgos políticos y constitucionales que representaba la administración de Trump; de las “diez señales de alerta de que la democracia americana está en riesgo” que observa Walt, cinco se han manifestado por lo menos parcialmente (^{Walt, 2016}). La guía que ofrecen estas cinco señales nos permite analizar puntualmente los desafíos que el populismo inverso de la presidencia de Trump impone al sistema político estadounidense.

La primera de estas señales es la realización de “esfuerzos sistemáticos para intimidar a los medios”. Ciertamente la administración de Trump no ha establecido políticas que restrinjan la libertad de expresión y prensa, pero sí ha intimidado e intentado desprestigiar a los medios que realizan una cobertura crítica de su mandato; tal es el caso de la permanente reyerta que el presidente y sus colaboradores más cercanos sostienen contra medios como The New York Times, The Washington Post, CNN y MSNBC. Un reporte especial del Committee to Protect Journalists recientemente publi cado da cuenta tanto del sistemático ataque discursivo que la prensa ha recibido por parte del mismo presidente y del reducido acceso a información que se ha impuesto desde la Casa Blanca. El reporte no duda en afirmar que los ataques a los medios por parte del gobierno estadounidense ponen en riesgo su democracia (^{Committee to Protect Journalists, 2020}).

La segunda de las señales indicadas por Walt es la formación de una red de medios oficialistas pro Trump. Si bien el ejecutivo estadounidense no ha creado un medio oficial como tal, ha utilizado la cobertura ideológicamente conservadora que brinda Fox News para llegar a la mayor audiencia en cobertura nacional de Estados Unidos. La alianza entre Fox News y la Casa Blanca ha permitido a esta última “tomar la temperatura a la base” y tener un alto impacto entre conservadores tanto urbanos como rurales (^{Mayer, 2019}). Esta alianza/sociedad entre la administración de Trump y Fox News parece haber llegado recientemente a su límite; el presidente ha lanzado una serie de ataques contra la cadena noticiosa entre finales de marzo y principios de mayo del presente año, primero por haber aceptado la transmisión de anuncios del Partido Demócrata y después por criticar su decisión de someterse a un tratamiento con hidroxicloroquina (^{Gabbatt, 2020}; ^{Choi, 2020}).

La politización del servicio civil y las agencias de seguridad es la tercera señal de alerta. Desde el momento de su inauguración, la administración Trump ha intentado controlar y politizar ambas instancias; como ejemplos, se pueden tomar las instancias de la Agencia Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Procuraduría General (Attorney General, AG). Con el afán de detener la investigación especial sobre la posible interferencia rusa en el proceso electoral de 2016 que estaba resultando en cargos y arrestos de colaboradores cercanos (como Paul J. Manafort y Michael Flynn), el presidente Trump intentó influenciar al entonces director del FBI, James Comey, a quien despidió por falta de lealtad. Por otro lado, de manera similar, al probar no ser leal políticamente con el presidente, el procurador general Jeff Sessions (nombrado en ese puesto por el mismo Donald Trump) fue relegado de su puesto, el cual ocupa hoy William Barr, quien ha desempeñado un papel política e ideológicamente cercano al de la presidencia.

La administración de Trump también ha hecho uso del poder estatal para recompensar benefactores corporativos a través de la desregulación y erosión de políticas públicas. Entre los casos más ejemplares de esta cuarta señal de alarma se encuentran las desregulaciones ejecutadas al interior de la Agencia para la Protección al Ambiente (Environment Protection Agency, EPA) y aquellas ejecutadas por la Secretaría de Educación. Estas desregulaciones han tenido como objetivo central la eliminación o debilitamiento de las políticas implantadas por la administración de Obama (^{Popovich et al., 2020}; ^{Jimenez y Flores, 2019}). Estas medidas tomadas desde el gabinete del presidente Trump no sólo modifican políticas públicas federales, sino también atentan contra la autonomía de algunos de los estados de la Unión y enfrentan al Poder Ejecutivo federal con el Legislativo.

Finalmente, el presidente Trump ha intentado “manipular el sistema a su favor” al intentar (a través del Departamento de Justicia) incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020 (noción que fue finalmente desechada en julio de 2019 tras sufrir un revés en una corte federal) que tenía como objetivos incitar la xenofobia de muchos de sus seguidores y obtener información más detallada para radicalizar aún más la redistritación partidista (gerrymandering) por parte de los legisladores republicanos (lo que se coadyuvaría a incrementar los límites o restricciones al acceso al voto que legislaciones locales han instituido en varios estados) (^{Siddiqui y McCarthy, 2019}; ^{Berman, 2017}). Estas señales de alarma enfatizan la relevancia del populismo inverso de Donald Trump debido a que confirman el daño que un gobierno electo por una minoría vociferante puede infligir a la democracia estadounidense. La batalla contra el establishment político de este tipo de populismo es una fachada para el avance de programas y agendas políticas socialmente conservadoras de una minoría electoral; los costos institucionales pueden llegar a ser muy graves, pero, aún más importante, los costos democráticos ya son alarmantes.

A pesar del corte populista que tienen las políticas federales del presidente Trump, sus acciones no han generado una mayor simpatía popular ni un mayor grado de popularidad. Trump ha mantenido su base política intacta mientras erosiona el perfil ideológico del Partido Republicano (sólo el 44 por ciento de los estadounidenses aprueban la respuesta de la administración de Trump a la pandemia actual) (^{Gallup, 2020}; ^{Ax, 2020}).

Irónica, pero no sorprendentemente, una alta participación popular en las elecciones generales del próximo mes de noviembre sería el antídoto al populismo inver tido de Donald Trump. Como indica Bernard Fraga en su estudio sobre The Turnout Gap, existe una brecha de participación electoral en Estados Unidos que tiene como resultado que “la progresiva diversidad racial y étnica no esté reflejada en el proceso electoral” y que a mayor participación popular mayor la probabilidad de que los candidatos demócratas ganen elecciones senatoriales y presidenciales (^{Fraga, 2018: 7, 13, 109}).

Durante las últimas dos décadas, el principal reto para el Partido Demócrata ha sido la movilización masiva del electorado; cuando en 2016 fracasaron en su intento, abrieron la puerta de la presidencia de Donald Trump (el Partido Republicano ha ganado una sola vez -2004- el voto popular en elecciones presidenciales desde 1992). En 2020 el reto de movilizar al electorado no sólo tendrá que enfrentarse a las restricciones para votar sistemáticamente establecidas por las legislaturas de varios Estados, sino también con las condiciones que la pandemia del Covid 19 permita, o no, durante la jornada electoral. Mientras tanto, la balanza democrática en Estados Unidos seguirá radicalmente desequilibrada y deficitaria.