Introducción

La escuela colombiana se ha venido reconfigurando en su devenir histórico, bajo la incidencia de las políticas de gobierno, de factores económicos y sociales y por la permanencia de un conflicto armado interno que se ha prolongado por más de seis décadas. Entre las afectaciones que atraviesan la educación en el marco de la violencia, se encuentra la falta de garantía del derecho a la educación, la socialización en medio de la guerra y la vinculación de menores de edad a grupos armados, hechos que llevan a abandonar las aulas e incrementar la deserción escolar. Se considera que los conflictos armados tienen impactos que “paralizan u obstaculizan el proceso de aprendizaje y, por ende, el desarrollo de un país” (^{Ospina, 2016, p. 217})

En su ingreso al siglo XXI, la escuela del territorio rural arrastra con problemáticas diagnosticadas ampliamente (^{Ministerio de Educación Nacional, 2018}), relacionadas con condiciones de pobreza que afectan decisiones de enviar a los niños a la escuela; la falta de esperanza en la educación como factor de movilidad, pérdida de confianza en el gobierno, ya que se trata de comunidades que históricamente han vivido con poca presencia estatal; a esto se añade, el hecho de que las comunidades rurales no solo necesitan alfabetización sino una formación para el trabajo que resignifique la educación como motor de desarrollo humano y social. Así es que la educación rural tiende a una mayor afectación, puesto que se encuentra en estado de desatención y marginalidad por parte de los gobiernos que, de manera exponencial, se recrudece con el conflicto armado.

El conflicto armado en Colombia ha afectado a la escuela de distintas formas. Por ejemplo, entre los años 1984 y 2015 aproximadamente 1,901,011 personas vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar (entre los 6 y los 17 años); según la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 4,737 menores se alejaron de las aulas porque fueron reclutados por grupos armados (^{Castellanos, 2016a}), sin embargo, se desconoce cuántos de estos casos son de estudiantes rurales.

Frente a los docentes, un estudio la Fundación Compartir (^{Bautista y Gonzáles, 2019}) estableció que, entre el año 1958 y 2018, 1,579 maestros rurales han sido víctimas del conflicto armado. De estos, 1,063 (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, 201 (12,7%) sufrieron secuestros y 200 (12,6%) fueron desaparecidos. En relación con los ataques violentos a las escuelas rurales, estos se relacionan con una disminución de las tasas de asistencia escolar (el 40 % de los niños que no asisten al colegio en el país están en zonas afectadas por dicho conflicto) y en el peor de los casos, dejan de asistir debido a la destrucción y el cierre de las escuelas, dentro de los datos del Ministerio de Educación (^{MEN, 2018}) se tiene que entre 2013 y 2015, 65 escuelas fueron directamente afectadas por el conflicto armado. Las escuelas que han sido objeto de ataques fueron utilizadas como “cuarteles, trinchera, centros de tortura, sitios de proselitismo y reclutamiento de jóvenes, infringiendo las normas del Derecho Internacional Humanitario” (^{Romero, 2013, p. 82}), no obstante, hace falta inventariar y sistematizar estos hechos, así como identificar y discriminar qué actor del conflicto armado fue su causante.

Por otro lado, entre 1985 a 2005, las noticias registran hechos violentos pero la mención sobre la escuela en el conflicto armado es muy tangencial (^{Romero, 2011}). En la misma línea, ^{Lizarralde (2015)} llama la atención sobre las pocas noticias de los medios de comunicación relacionadas con la escuela en medio del conflicto armado, y como estas se quedan en el hecho informativo dado que no hay ningún análisis y tampoco se da un posterior seguimiento. Así mismo, en otros estudios, se señala que son pocas las investigaciones que se encargan del análisis de las noticias periodísticas y representaciones mediáticas de la escuela (^{Schuliaquer, 2013}).

El informe de seguimiento a la Educación Para Todos (EPT) (^{UNESCO, 2011}) advierte que la incidencia, los costos y las secuelas de los conflictos armados en el sector educativo ha sido invisibilizada y se debe posicionar en las agendas públicas en el mundo, al respecto señala:

No es frecuente que la educación figure en la evaluación de los daños causados por un conflicto. La atención de la comunidad internacional y de los medios de comunicación suele centrarse en las imágenes más inmediatas que muestran el sufrimiento humano, no en los costos ocultos y las secuelas duraderas de la violencia (^{Unesco, 2011, p. 149}).

Vale la pena hacer referencia a dos investigaciones periodísticas recientes que recogen datos significativos de los ataques a instituciones educativas en clave de aportar a la comprensión de las afectaciones del conflicto armado en las escuelas colombianas. Por un lado, se destaca el estudio Los colegios de la guerra: otras víctimas del conflicto armado, realizado por el portal periodístico ^{Rutas del conflicto (2020)},¹ que analizó información entre 1990 y 2020, en el que registraron 331 casos de tomas y ataques a colegios, escuelas e instituciones educativas, a lo largo del país, perpetrados por parte de guerrilla, paramilitares, actores estatales (policías y militares) y población civil. Según la base de datos construida por ese equipo de investigación, agentes del Estado son responsables de casi la mitad de las tomas registradas y el período con más casos se dio entre 2002 y 2010, pues el 47% de los hechos ocurrieron dentro de estos años, que corresponde a un periodo de intensificación del conflicto armado.

De otra parte, el estudio La guerra va a la escuela (^{Castellanos, 2016a}), desarrollado por la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, analizó la incidencia del conflicto armado en la educación en el periodo entre 2000 y 2015, dando alcance especial a las regiones más afectadas, entre ellas, Antioquia, Putumayo, Caquetá y la Guajira. Entre los datos se destaca que, según la Secretaría de Educación de Antioquia, entre 2005 y 2015 se vieron afectadas alrededor de 37 escuelas. En el caso de Putumayo, entre 2013 y 2015 se vieron afectadas por el conflicto armado alrededor de 23 escuelas y según la Secretaria de Educación del Cauca, entre los años 2012 y 2014 se registraron 92 eventos de ataques a escuelas. Según el informe, las zonas rurales han sido las más afectadas en medio de la ausencia parcial o total del Estado, y las escuelas, especialmente las rurales, han sido objetivo de ataques de grupos armados ilegales y estatales, por encontrase en predios cercanos a bases militares y estaciones de la Policía Nacional y ser edificaciones públicas, en el informe se señala como los dos mayores impactos que el conflicto ha cobrado en la educación, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el desplazamiento forzado.

El marco anterior permite advertir que la realidad de la escuela rural colombiana no se puede desligar del conflicto armado, no obstante, existen pocas investigaciones en el ámbito académico y un registro detallado de los eventos que den cuenta del impacto del conflicto en las escuelas (^{Cuesta, Cabra, Lara, González y Castro, 2020}), por lo que es pertinente desarrollar pesquisas que permitan comprender de qué manera la guerra y sus diversas manifestaciones en violencia física y simbólica afectaron la escuela y la comunidad académica que la constituye.

Ahora bien, dado que los datos sobre la incidencia del conflicto en la escuela no están completamente registrados, una buena fuente de información son los reportes periodísticos que dan cuenta de hechos donde las escuelas se vieron afectadas. Precisamente, este artículo expone los resultados de una investigación que compiló y analizó noticias donde se informaba sobre eventos del conflicto que directa o colateralmente afectaron escuelas rurales en Colombia.

Metodología

Resultados

Frente a los lugares donde se registraron hechos del conflicto que afectaron escuelas rurales, las noticias dan cuenta de eventos ocurridos en 15 departamentos (Colombia está dividida en 32). Los departamentos que más registran noticias son Caquetá y Antioquia; en segundo lugar, está Nariño y Cauca. Estos departamentos han tenido tradicionalmente presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, pero también han sido lugares donde las fuerzas del Estado han estado asociadas a hechos violentos e, incluso, a eventos donde están asociados a grupos paramilitares.

Frente a la clasificación de los hechos, las noticias informan sobre diversos sucesos del conflicto, que oscilan entre afectaciones de la escuela en su infraestructura física hasta el asesinato de profesores. En ese orden, a partir de los hechos registrados en la prensa, se efectuó una categorización inductiva, que se clasificó de la siguiente forma (Tabla 2):

Una vez que se estableció la categorización, se cuantificaron las noticias que registraban los hechos relacionados con cada categoría. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje asociado a cada categoría (ver Gráfico 1).

La mayor cantidad de hechos violentos registrados en los artículos de prensa se encuentran clasificadas en la categoría afectaciones locativas (17.2% de los hechos violentos registrados) y el reclutamiento forzado (17.2% de los hechos violentos registrados), seguidos por hechos donde la escuela es blanco de ataques y artefactos de guerra (13.7%), fuego cruzado (13.7%), interrupción de actividades académicas (13.7%), el secuestro y asesinato de docentes (13.7%). Por su parte, 10.3% de las noticias señala que los estudiantes fueron víctimas mortales por hechos del conflicto y la categoría escuela como fosa común y lugar de tortura tiene un 6.8% de noticias.

Uno de los impactos más preocupantes es el reclutamiento de menores. Como se observa en algunas noticias, se trata de una dinámica que no da tregua, persisten las denuncias de las comunidades que llevan a que las familias opten por escapar de situaciones de extrema inseguridad (deviniendo en desplazamiento forzado). La vinculación, uso y reclutamiento de menores, aún después del acuerdo de paz con las FARC, sigue siendo un flagelo que acaba con el proyecto de vida de muchos niños y jóvenes (Ver Tabla 3).

Con el conflicto armado, la escuela en tanto objetivo militar de los grupos armados, se vuelve un espacio peligroso, un campo minado, o un edificio vacío en el que se esconde la guerra. Esa vulnerabilidad contingente la destruye o la convierte en un espacio cercado de incertidumbres para sus habitantes (Tabla 4).

Finalmente, cuando se rompe la continuidad del aprendizaje, la escuela pierde su potencia para generar expectativas asociadas a nuevos proyectos de vida que rompan con la socialización que ofrecen los entornos violentos; se da paso a una suerte de desesperanza y de abandono. Lo cierto es que el maestro no puede cargar solo con la responsabilidad de transitar hacia unas nuevas relaciones de convivencia y paz, requiere de una comunidad, del Estado y de las familias (Tabla 5).

Otro item cuantificado fue el de los actores que participaron en los hechos violentos registrados en los artículos de prensa. En primer lugar, es pertinente señalar que el 36.6% de los artículos no especifica el actor armado causante de los hechos (ver Gráfica 2). Ahora bien, en los artículos que no especifican también se ubicaron noticias que hablan de grupo guerrillero en general, hombres armados, pero no especifican cuál o si es alguna disidencia de algún grupo desmovilizado.

En ese orden, las noticias que sí especificaban el actor mencionaron básicamente a las FARC, el ELN, las fuerzas del Estado y grupos paramilitares (dentro se estos últimos se ubican varios grupos armados, pero se agrupan de esta manera porque sus intenciones económicas, militares y políticas son básicamente las mismas) (Gráfica 3).

El actor armado más mencionado y vinculado con los hechos registrados contra las escuelas son las FARC (57.8%), seguido por los grupos paramilitares (21%). Por su parte el ELN y las fuerzas del Estado se asocian a 10.5% de las noticias respectivamente.

Frente a los elementos característicos de los hechos registrados en las noticias, se pudieron identificar varios atributos del impacto del conflicto armado en la escuela y los sujetos que la integran. Para ello es pertinente especificar el evento, la institución y su localización, de tal manera que se pueda advertir aspectos que la cuantificación no deja advertir y, además, para que los nombres concretos de las instituciones sirvan de cimiento para guardar memoria histórica de lo ocurrido. En la Tabla 6 se puede observar 12 escuelas afectadas por el conflicto armado y los hechos que afectaron su infraestructura y dinámica escolar.

El impacto del conflicto armado en las escuelas rurales deja cicatrices en sus paredes, pero sobre todo en los sujetos que encarnan la escuela: los maestros y estudiantes. Existen escuelas que han vivido hechos en distintos años y por diferentes actores (por ejemplo, Escuela Rural la Barca Cautiva) lo que evidencia que el conflicto armado colombiano afecta a los territorios de una manera consuetudinaria y no eventual.

Cuando el conflicto afecta la escuela altera, además de la infraestructura, las relaciones intersubjetivas que configuran la naturaleza existencial y teleológica de la escuela. El miedo como emoción política se configura también en un eje transversal del corpus analizado: la escuela como territorio de miedo, el miedo a hablar, el miedo a caminar hacia la escuela, el miedo a ser reclutado, el miedo a perder la vida. Otra emoción importante encontrada en las noticias es la culpa (Tabla 7).

En la tragedia ocurrida en la escuela vereda La Pica, Antioquia, cuando la profesora llevaba a su grupo a una excusión y seis niños fallecieron en un tiroteo, la afectación genera no solo aversión y dolor, sino culpa ante la decisión de hacer la clase fuera de las aulas, a lo cual se suma la impunidad en la que quedan estos eventos; por otra parte, en el suceso de la escuela Guillermo Ríos Mejía de Balsillas, presenciar cuando dos soldados del Batallón Colombia asesinaron a seis personas, tres de ellas en el patio de la institución educativa, generó miedo en estudiantes y profesores, y la escuela perdió su sentido espacial de encuentro formativo para convertirse en un lugar no deseable que activa memorias dolorosas. Los ataques a las escuelas influyen en la decisión de los padres y los estudiantes en la evaluación de los costos y riesgos de asistir y priorizar la educación sobre la supervivencia. Cuando los gobiernos no emprenden obras de reconstrucción de las infraestructuras afectadas después de un ataque, el impacto es aún mayor.

Discusión

En general los impactos del conflicto armado a la escuela rural colombiana identificados en las noticias se pueden clasificar en dos tipos: los contingentes y los deliberados. Los primeros, básicamente son resultado del lugar en el que está ubicado la escuela (el teatro de la guerra del conflicto colombiano es en su mayoría los territorios rurales) y sus características, ya que muchas veces son la edificación más grande o, incluso la única presente, en la zona.

Por su parte, los impactos deliberados obedecen acciones que tienen por objetivo militar la escuela, ya sea dañar su infraestructura o asesinar a un miembro de su comunidad académica. Además, este tipo de impactos implican que, muchas escuelas, se convirtieron para los actores armados en un espacio para alterar los vínculos sociales y establecer marcas territoriales (^{Velásquez y Tangarife, 2019}), por ejemplo, dejando grafitis donde advertían de su presencia o amenazar a su adversario.

Ahora bien, los impactos contingentes no quieren decir que no tenga impactos nefastos en los sujetos o en la escuela, pues un cruce de balas puede causar la muerte de un niño o una profesora, así como la siembra de minas antipersonales puede incapacitar de por vida a un rector. Se llaman contingentes porque su ocurrencia responde al hecho incidental del lugar donde está ubicada la escuela.

Sin embargo, tantos los impactos contingentes como deliberados tienen consecuencias significativas en los sujetos y la dinámica escolar y son evidencia de que el conflicto armado tiene impacto en la vida de los sujetos, su integridad y el derecho a la educación (^{Tomasevski, 2004}; ^{Romero, 2011}). De hecho, el conflicto tiene efectos directos en la asistencia escolar y la deserción (el 40 % de los niños que no asisten al colegio en el país están en zonas afectadas por dicho conflicto), ya que hay desplazamiento de poblaciones o cierre de escuelas (entre 2013 y 2015, 65 escuelas fueron afectadas por el conflicto armado) (MEN, 2018).

No obstante, las noticias no informan muchas veces de las consecuencias de segundo orden del impacto del conflicto en las escuelas. En efecto, estos impactos contingentes y deliberados generan afectaciones cuyo resultado se determina retrospectivamente. Por ejemplo, el fuego cruzado o el asesinato de un docente genera deserción escolar, abandono de plazas docentes y, consecuentemente, generando que las instituciones rurales fueran absorbidas por los centros de los cascos municipales (^{Muñoz, 2020}).

Además, el conflicto tiene consecuencias académicas no señaladas en las noticias, como el hecho de que los estudiantes afectados por el conflicto tienen bajo desempeño en pruebas estandarizadas (^{Munévar, Silva y Sarmiento, 2019}). De hecho, ^{Díaz (2019)} señala que los municipios con presencia paramilitar redujeron las brechas en su desempeño académico una vez se dio la desmovilización de estos grupos.

Es pertinente señalar que el conflicto también impacta la práctica connatural a la escuela: la enseñanza. Así, si bien no hay reportes en las noticias compiladas, se sabe que los grupos armados han ejercido presión para que no se enseñen o se enseñen ciertos saberes, como lo son aspectos del propio conflicto armado (^{Salazar, Arcos y Hoyos, 2016}), lo que, en esencia, es procurar un agenciamiento sobre la verdad y memoria histórica, aspectos claves para la consecución de la paz y la reparación de las víctimas.

De otra parte, existen impactos deliberados que se pueden denominar como paradójicos: ^{Tinjaca y Usaquén (2018)} señalan que el conflicto benefició a una escuela, ya que la guerrilla de las FARC ejerció coerción para que se le giraran recursos a la institución y mantener su planta docente.

Ahora bien, para futuras investigaciones es pertinente analizar porqué ocurren más episodios de violencia contra la escuela en los departamentos más mencionados, por ejemplo, Antioquía, Nariño, Caquetá y Cauca. ¿Qué factores sociales, económicos y geográficos explican que las escuelas rurales en estos departamentos tengan más afectaciones por el conflicto? Es una pregunta que sobrepasa los datos alcanzados en esta investigación y amerita una indagación mayor y multidisciplinar. Por lo que es pertinente incentivar más reflexión e investigación en esta línea, de tal modo que se puedan comprender los elementos subyacentes y coincidentes en estos lugares, para también pensar estrategias de protección de las escuelas.

Conclusiones

Los datos analizados permiten afirmar que la escuela rural presenta unas condiciones de alta vulnerabilidad por su ubicación (el conflicto ha tenido por escenario más los territorios rurales que los urbanos) y por la poca presencia y compromiso estatal en el desarrollo escolar, social y económico del campo.

A esto se suma que el imaginario existente sobre la escuela rural, producido por el discurso hegemónico de la ciudad, coloca la vida rural en calidad de inferioridad y que su desarrollo consiste en alcanzar índices urbanos. Por ello, la escasa comprensión del territorio rural, su historicidad y dinámicas han debilitado la construcción de políticas educativas adecuadas.

El discurso de la ausencia del Estado es frecuente en el corpus de datos analizados, así como la vulneración del derecho a la educación ante la recurrencia del conflicto armado y la reproducción de sus lógicas. Así mismo, las deficiencias de los sistemas educativos inciden de manera significativa en esa falta de garantía al derecho a la educación, en particular por la escasa oferta de educación media, superior y tecnológica que desarrolle capacidades humanas y productivas y modelos pedagógicos inclusivos y pertinentes a las ruralidades. En el plano de la reparación y reconciliación, el Estado colombiano y sus instituciones han de reconocer el daño material, el daño sociocultural y el daño al proyecto de vida que ha sufrido la escuela rural.

El conflicto armado también lleva a las escuelas rurales a asumir el reto de ser una institución social para lograr la formación de conciencia colectiva sobre el conflicto e, incluso, contribuir en su resolución (^{Rivera, 2015}), tarea que no se puede desligar de una comprensión compleja de los efectos de la guerra en la escuela, toda vez que esta no puede hacer agente de paz sin antes no reconocerse como víctima. Con la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) se inaugura en Colombia un proceso jurídico-político de transición a un escenario postconflictual y la escuela rural es reconocida como un agente principal en la reconstrucción del tejido social (^{Pérez, 2014}).

Por otro lado, el cubrimiento periodístico sobre los efectos del conflicto armado en la escuela rural se convierte en un archivo clave para describir y analizar las formas en que estas instituciones han visto alteradas su función por causa de la guerra, aún más cuando los trabajos académicos se han acercado poco a esta problemática.

En efecto, la información presente en las noticias, además de permitir comprender los efectos contingentes y deliberados que ha afrontado la escuela rural, también brinda elementos para profundizar en las consecuencias que tiene el conflicto en la vida rural y, puntualmente, brindan datos para comprender las alteraciones en la institución, la comunidad y los sujetos de la vida escolar.

Por ello, los trabajos periodísticos además de analizar la vulneración de derechos humanos, podrían poner el foco en las incidencias intrasubjetivas e intersubjetivas de las víctimas. En ese orden, es importante pasar hacia un seguimiento periodístico que construya memoria, que no invisibilice, sino que exponga una información profunda que ayude a la formación ciudadana de forma crítica, que le permita a los sujetos comprender la compleja trama del conflicto desde aconteceres poco narrados, pero cuyas consecuencias fueron transversales al país (^{Castellanos, 2016}).

Así, se sugiere intensificar la investigación y publicación de reportajes, crónicas y entrevistas periodísticas sobre los ataques a la escuela rural y, por extensión, la educación como práctica social. Esto implica profundizar en datos sobre los hechos y sus víctimas, a fin de que los ciudadanos tengan una conciencia sobre lo ocurrido y se comprometan con iniciativas para prevenir los ataques y gestar acciones frente a ellos.