Introducción

En la última década del siglo XX, se desarrolló un interés creciente por documentar la dinámica de la población indígena en el ámbito de las ciudades. Esta inquietud va a la par de una serie de procesos coincidentes en varios puntos de la geografía latinoamericana: crecimiento poblacional, la urbanización de la población, la violencia rural y la construcción de nuevas identidades étnicas vinculadas a los procesos migratorios.

Al respecto, ^{Durín (2010)} y ^{Yanes (2004)} comentan que la etnización urbana se muestra como un proceso estructural de múltiples razones que está modificando los modelos tradicionales de reproducción territorial de los pueblos indígenas, de su vida cotidiana y está ofreciendo a las ciudades una composición social distinta, produciendo nuevas dinámicas culturales y políticas.

Particularmente el caso mexicano da cuenta que los estudios sobre los indígenas en las ciudades tienen una larga data (^{Rus, 2009}). En algunos casos, se han caracterizado por un mirada, principalmente económica, “en el que se ha buscado comprender desde las motivaciones de la migración, las estrategias de ocupación laboral hasta las redes de paisanazgo” (^{Martínez, 2007, p. 19}); en otros casos, los estudios han perfilado la veta sociodemográfica; y en unos más ha sido la línea cultural, ubicada en los procesos de re-construcción de la etnicidad en el contexto de la ciudad.

No obstante, en los últimos años se han dejado a un lado los mecanismos y significados político-organizativos edificados en las “luchas” por el derecho a la ciudad; y las estrategias múltiples de representación en los espacios gubernamentales construidos por dicha población una vez asentada en el escenario urbano.

Conviene señalar que dicha inquietud investigativa es concomitante con el anhelo del desarrollo instaurado por los Estados-nacionales y los organismos internacionales que han intensificado sus esfuerzos para ampliar los niveles de participación política y social, buscando expandir de esa manera las fronteras de la ciudadanía. Aunque esta dinámica no ha ofrecido una orientación homogénea en los últimos años, dicho ejercicio ha impulsado el desarrollo de un debate sobre los derechos humanos en general y, en particular, sobre cuáles derechos se definen como ciudadanos.

Recientemente, ^{Assies y Gundermann (2007)} y Obregón (2003) han observado que se ha dado una mayor participación de la población indígena dentro de las propias instituciones políticas, incrementado su inclusión como funcionarios públicos. Sin embargo, la documentación de estas “nuevas prácticas”, —que dicho sea de paso, en la mayoría de los casos se han dirigido al orden cuantitativo, dejando de lado la reflexión cualitativa— ha ignorado las múltiples estrategias construidas por la población indígena para incorporarse a los gobiernos locales y, lo más importante, el rol efectivo de éstos una vez situados en los ayuntamientos.

A partir de las experiencias migratorias de las tres últimas décadas del siglo XX por parte de tsotsiles y tseltales al municipio alteño de San Cristóbal de Las Casas; y las trayectorias políticas y de participación de líderes indígenas en el Ayuntamiento, se busca construir una serie de coordenadas reflexivas acerca de los caminos y las estrategias edificadas por dicha población para hacer efectivo el derecho a la ciudad; así como los alcances, limitaciones y desafíos para los líderes una vez situados en el proceso de gestión municipal.

El trabajo está dividido en tres partes. En un primer momento, se presenta parte de la reflexión teórica sobre el concepto de etnicidad, posteriormente se ofrece un marco sociohistórico del proceso de etnización urbana sancristobalese —transición en las demandas, las estrategias y las formas de negociación—, y en el tercer apartado se da cuenta de la construcción sociohistórica de la participación política indígena dentro de la administración municipal. Finalmente se ofrecen algunas reflexiones.

Etnicidad: algunos elementos para la discusión

El término “etnicidad” es un concepto que ha sido frecuentemente usado en las ciencias sociales, en muchas ocasiones ha sido referido como sinónimo de la noción “raza”, ya sea porque el solo uso de la palabra ha sido considerado per se como un propagador del racismo, “al entrañar que desde el punto de vista biológico las razas en efecto existen” (^{Wade, 2000}, p.16). ^{Gall (2003)} comenta que a pesar de que la noción es relativamente nueva, en muchas ocasiones ha sido empleada vagamente como un término menos emotivo para designar precisamente a la noción de raza.

Conviene enfatizar que dicho concepto sigue “encuadrando” a los estudiosos hacia dos perspectivas; por un lado se pueden identificar las tendencias que establecen una naturalización de la etnicidad, sentada en la visión primordialista que sostiene que la etnicidad “opera” como una cualidad primordial, es decir, que es inherente a la “naturaleza humana” como manifestación de su ser biológico o ser cultural; de esta manera, la etnicidad opera como un atributo fijo dentro de las colectividades sociales, fundamentado en los aspectos culturales previamente establecidos —el parentesco, la lengua, la religión y las costumbres de los pueblos— que determinan la identidad cultural de cada uno de los miembros.

En ese sentido, conviene señalar que dicha tendencia supone concebir a la etnicidad, como un hecho existente —independiente del sujeto que la analiza— aunque dicha existencia sea de carácter ontológico. De esta manera, los grupos étnicos se conciben como unidades discretas y definibles taxonómicamente –en buena medida— mediante un listado de rasgos culturales observables que delimitarían dicha presencia; sin embargo, esta idea mostraría únicamente “una forma de identificación primaria inflexible y todopoderosa que da lugar a comunidades naturales antes que a comunidades de intereses” (^{Río, 2002, p. 86}), por lo que se estaría obviando el carácter dinámico de las experiencias organizativas y la propia construcción identitaria étnica atestiguada en los últimos años en la escena rural o urbana.

Es decir, la propia adaptación que da lugar a las negociaciones de los individuos con las condiciones simbólicas y materiales de su entorno (^{Terrén, 2002, p. 46}), además de las transformaciones selectivas construidas en función de su eficacia estratégica quedarían invisibilizadas bajo un modelo que orientaría y delimitaría de forma rígida y esencialista las relaciones intragrupales e intergrupales; toda vez que las etnias pasarían a considerarse “como entidades culturales discretas y preconstruidas, definibles en sí mismas a partir de las características intrínsecas de los grupos y las personas pertenecientes a esos grupos” (^{Giménez, 2006, p. 131}).

De manera opuesta, la visión constructivista o instrumentalista, sentada en el modelo del situacionalismo clásico de ^{Barth (1976)}, el enfoque congnitivo de Hal Levine (1999) y la reciente discusión teórica de la sociología de las relaciones étnicas (^{Terrén, 2002}), dicha tendencia ubica la etnicidad como un fenómeno intersubjetivo con efectos en la cotidianeidad de las relaciones y prácticas sociales; es entendida, además “como un hecho objetivo que existe en el mundo exterior, independientemente de las categorías analíticas de quien la estudia” (^{Restrepo, 2004, p. 17}).

En ese tenor, se podría señalar que la etnicidad estaría asociada a un ejercicio de definición de categorías étnicas, construido a partir de una posición relacional. Por lo que lejos de reducirse a un hecho dado de la existencia social, aparecería dentro de un escenario abierto, diverso, histórico (^{Comaroff y Comaroff, 1992}) y complejo de la identidad y el sentimiento de pertenencia, lo que exige una concepción más compleja y multidimensional del funcionamiento de la cuestión étnica “en el marco de flexibles procesos de organización y definición política de las diferencias culturales” (^{Río, 2002, p. 88}). En ese sentido, la etnicidad asumiría un carácter situacional, toda vez que:

la pertenencia a un grupo étnico [sería] una cuestión de actitudes, percepciones y sentimientos en que se encontraría el sujeto: a medida que va cambiando la situación del individuo, también cambia la identificación del grupo, o por lo menos, la importancia de las identidades y discursos a las que se adhiere el individuo irá variando conforme pase el tiempo y las situaciones cambien. (^{Smith,1997, p. 18})

Desde esta perspectiva, la(s) etnicidad(es) operan como una noción que permite comprender el carácter dinámico y situacional de los grupos étnicos y sus diferencias culturales, que dicho sea de paso, lejos de manifestarse de manera aislada, éstas se mostrarían en la medida que se construyeran escenarios de contacto e interacción social. En ese sentido, la etnicidad pasa del mero análisis cultural —al tomar en cuenta las diferencias entre los grupos en el inventario de rasgos— a los propios escenarios de organización y reivindicación étnica (^{Barth, 1976, p. 13}), intentando comprender y participando dentro de las complejas relaciones sociales y políticas que les son inherentes a los grupos étnicos.

Ciertamente, como bien aludo Río, los grupos étnicos se ubicarían antes que comunidades naturales —guiadas por rígidos principios de identificación e interacción— como actores sociales que perciben y producen sus igualdades y diferencias étnicas mediante el contacto con otros grupos dentro de un orden de interacción intergrupal en el que se desarrollan un repertorio flexible de estrategias identitarias para maximizar el valor político de ciertos indicadores culturales (2002, p. 88).

Es decir que la etnicidad pudiera ubicarse, por un lado, como un “recurso” político, social y cultural en el contexto de diferentes grupos de interés. Y por otro, como un “recurso” sujeto a diversos intereses en aras de lograr beneficios simbólicos o materiales específicos. En ese tenor, el núcleo argumentativo del instrumentalismo enfatizaría que “la pesquisa de las funciones políticas, sociales, culturales y económicas desempeñadas por la etnicidad como recurso se encuentran en una estructura [histórica] determinada” (^{Restrepo, 2004, p. 19}).

No obstante el trayecto epistémico, las interrogantes serían ¿qué quiere decir concretamente el término “etnicidad”? y ¿qué implica hablar de etnicidad hoy? Se puede decir en un primer momento que es una construcción social referida fundamentalmente a las identificaciones de diferencia y similitud (^{Gall, 2003, p. 76}) y, por lo tanto, no a una realidad dada, natural, inevitable e inexplicable, sino producto de un proceso dinámico de construcción social, histórica y política (^{Gutiérrez, 2008, p. 22}). Es decir que la etnicidad es el resultado de esfuerzos conscientes por parte de los individuos y grupos con el fin de movilizar símbolos étnicos y acceder, mediante ese esfuerzo de politización de las diferencias culturales, a recursos sociales, políticos y materiales (McKay, 1982, p. 399 citado en ^{Río, 2002, p. 90}), por lo que lejos de ser algo fijo o una esencia, ésta se muestra como un proceso en perpetua construcción (^{Assies y Gundermann, 2007, p. 20}).

Se puede desprender entonces que la pertenencia étnica cambia situacionalmente, se recrea y se reinventa según las necesidades del grupo. Por lo tanto es posible pensar que la definición del “nosotros” –la autopercepción– implica una definición del grupo que cambia en el contacto con la diferencia y se define situacionalmente dependiendo de los distintos “otros”/“ellos”. De esta manera se puede decir que la etnicidad y las categorizaciones étnicas tendrían que reflexionarse a partir de escenarios particulares, tiempos y contextos específicos, es decir, como parte de una historia especifica (^{Wade, 2000, pp. 17-19}).

Asimismo, al constituirse la etnicidad como un aspecto de las relaciones sociales que se da entre los actores sociales que se consideran y son considerados por los demás culturalmente distintos de otros grupos, dicha reflexión implicaría abrir el camino en torno a los movimientos políticos, sociales y culturales que revalorizan en el espacio público todo aquello que concierne a la diversidad de grupos de pertenencia (^{Gutiérrez, 2008, p. 19}).

La etnización del municipio coleto¹: una radiografía histórico-contextual

La municipalidad de San Cristóbal de Las Casas se localiza en la porción central del estado de Chiapas, enclavada en la región Altos tsotsil-tseltal, en el valle conocido con el nombre de Jovel (véase el Mapa 1), cuenta con una extensión de 484 kilómetros cuadrados, que de acuerdo con los perfiles demográfico y socioeconómicos de Chiapas representa 12.38% de la superficie de Los Altos y 0.63% de la superficie estatal. Su altitud es de 2,120 metros sobre el nivel del mar.

Fuente: Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística (LAIGE), El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Mapa 1 Límites geográficos del municipio de San Cristóbal de las Casas 

A pesar del “mito” de la ciudad tozuda y celosa de su frontera étnica, hay que señalar que durante las últimas tres décadas del siglo XX, San Cristóbal de Las Casas atestiguó un proceso acelerado de modernización socioeconómica y cultural que transformó la estructura demográfica, su composición étnica y las formas de ocupación del territorio urbano.

Particularmente, el proceso de etnización (^{Yanes, 2004}) de la otrora ciudad mestiza se ha construido a partir de coyunturas específicas y ha tenido diferentes intensidades; no obstante, el patrón de asiento ha sido similar: flujos de migrantes indígenas tsotsiles y tseltales que lograron asentarse en la cabecera municipal, particularmente en el periférico norte, concentrando un extenso corredor de colonias, comúnmente llamado por la población mestiza como la “zona norte”.

Este patrón se repitió durante los años ochenta y noventa debido a la velocidad de los cambios estructurales económicos, demográficos y sociales experimentados en la entidad chiapaneca, lo que supuso la continuidad de las migraciones forzadas por conflictos religiosos, invasión de tierras (urbanas y rurales) y “por factores diversos en la estrategia de la unidad familiar, como el acceso a la educación, y la sobrevivencia” (^{Angulo, 1996, p. 163}).

En 1976 se fundaron las dos primeras colonias tsotsiles: Nueva Esperanza y Getzemaní. Para 1977, la mancha urbana siguió creciendo en forma dispersa, en terrenos poco accesibles y recomendables, lo que originó dificultades para el suministro de servicios básicos municipales: agua potable, drenaje, vivienda, pavimentación y transporte colectivo; pero sí lo queremos ver desde otro punto de vista, significó la ausencia de las administraciones locales frente al problema del crecimiento urbano.

Hasta el año 2000 de acuerdo con el informe de la ONG Melel Xojobal, el número de asentamientos indígenas se estimó en 93 colonias, concentradas en la zona norte de la ciudad, entre las que se encuentran: Col. Nueva Maravilla, La Hormiga, Col. Getzemaní, Col. Nueva Esperanza, Col. Diego de Mazariegos, 1 de enero, Col. Erasto Urbina, Col. Morelos.

Aunque poco a poco dichos asentamientos han entrado a los procesos de regularización, el tema se muestra como uno de los “talones de Aquiles” de las administraciones sancristobalenses, toda vez que aunque existe información sobre el fenómeno urbano, la constante sigue siendo el manejo indistinto de cifras en diversos sectores —administración estatal y municipal; la academia y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)—, además de la poca información, muchas veces desordenada y con carácter de hermética por parte de las administraciones locales; sin contar que el tema de la regularización de la tierra actualmente se muestra como inacabado.

Frente a esta multiplicidad de escenarios, el centro urbano coleto atestiguó un fuerte proceso de recomposición identitaria que, a decir de Viqueira (2002), modificó, incluso, los términos de oposición ancestral entre indígenas y ladinos en la ciudad de San Cristóbal. A primera vista, el aumento de la población “rompió con los modelos antiguos de crecimiento del antiguo Valle, duplicando su extensión con respecto a 1844” (Artigas, 1999, p. 97). Sin embargo, en forma menos visible, se configuraron y redefinieron otros escenarios y dinámicas más significativas en la antigua Ciudad Real chiapaneca.

El “primer ciclo” de la urbanización indígena en San Cristóbal de Las Casas

Al inicio de los años noventa, la lucha por el derecho a la ciudad de la población indígena en San Cristóbal de Las Casas se hizo más intensa, a pesar de que ya existían organizaciones como el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH) y la Organización Regional de Indígenas de los Altos de Chiapas (ORIACH). Esta última fungió a mediados de los ochenta como principal interlocutora entre los indígenas expulsados y el gobierno del estado para tratar de poner fin al escenario conflictivo alteño. Asimismo, para entonces la ORIACH había integrado entre sus reivindicaciones la situación por la que atravesaban las nuevas colonias indígenas.

En la praxis política, la ampliación de la agenda reivindicativa indígena incluyó la construcción de un presupuesto “bajo el signo de cuestiones culturales y étnicas” (^{Le Bot 2008, p. 83}) que actuó como motor de acción en el proceso de gestión. En algunos casos, la estrategia incluyó la reivindicación de la ciudadanía como sentido de la pertenencia de los indígenas a la ciudad coleta; en otros casos, la lógica organizativa enfocó su estrategia en el cabildeo con las autoridades municipales para buscar la provisión de servicios públicos.

A mediados de 1990, la problemática urbana se acrecentó. Las demandas emanadas de la población indígena continuaron, si bien la estrategia siguió enfocada en el diálogo con el gobierno local por medio de las organizaciones históricas CRIACH y ORIACH. A esta última se integraron representantes de las colonias indígenas —La Hormiga, Tlaxcala, La Quinta, Diego de Mazariegos, Morelos, Getsemaní, Jerusalén— cuyo discurso se dirigió a rescatar la cualidad ciudadana y el derecho a mejores condiciones en estas “nuevas áreas” de la ciudad a pesar de ser considerados asentamientos irregulares. En una carta dirigida al gobierno municipal del Ing. Rodríguez (1989-1991), la ORIACH y algunos colonos indígenas señalaron lo siguiente:

los que suscribimos como representantes de las diversas colonias del mismo municipio, nos permitimos dirigirnos a usted para solicitarle una reunión urgente en la Col. Getzemaní […] los habitantes de estas colonias tenemos un sinnúmero de necesidades de primer orden para la vida de cualquier ser humano: i) la introducción del agua potable, ii) construcción de un aula escolar, iii) construcción de una cancha deportiva, iv) respeto a la propiedad privada, v) posibilidad de proyectos productivos y ocupación de mano de obra.

Y agregan:

Sabemos que somos nosotros los principales protagonistas del cambio, pero entendemos que con la ayuda de nuestras autoridades lo lograremos más pronto, por bien propio de nuestras familias y de nuestra querida patria […] sabemos que usted es una persona que se interesa por los problemas de su pueblo y busca solventarlos a la medida de sus posibilidades, rogámosle para que los nuestros tengan una solución

No obstante dicho escenario, en agosto de 1990 la administración del Ing. Rodríguez, junto con el gobierno estatal de Patrocinio González Garrido (1988-1993), implementó el Programa de Regularización de Colonias Populares. Aunque este programa fue reconocido por sus bondades y por representar un hecho histórico para el municipio coleto, debe señalarse que en más de un año de implementación sólo logró cubrir cuatro colonias de los más de cuarenta y cinco asentamientos irregulares existentes en la cabecera de San Cristóbal de Las Casas.

A pesar del proceso de incorporación de las colonias, la base organizativa indígena continuó con su demanda de dotación de servicios públicos para los demás asentamientos. Si bien con una base organizativa incipiente, en la mayoría de los casos bajo los lineamientos de las organizaciones históricas CRIACH y ORIACH, el discurso indígena supuso “una apropiación y reapropiación de los discursos y símbolos desplegados” (^{Bello 2004, p. 17}), además de la incorporación de una variedad de elementos —la representación de la pobreza, la marginalidad y la poca atención hacia las colonias indígenas del centro urbano, además del discurso ciudadano indígena— que se convirtieron en el motor de actuación de la base organizativa indígena en el centro urbano.

Al inicio de los años noventa, la representación indígena en el ayuntamiento era un tema impensable. A pesar de que las administraciones ya habían abordado el “reconocimiento” de la población india como ciudadanos sancristobalenses, no había presencia indígena en los espacios de decisión local, ni en los partidos políticos ni en la configuración de planillas municipales.

Pese a su “ausencia” en los espacios de representación, en la práctica la población indígena construyó estrategias que le permitieron mantenerse dentro de la dinámica urbana e involucrarse poco a poco en la arena político-electoral local. Aunque este proceso de incorporación no se dio de la noche a la mañana, al inicio de los años noventa surgieron múltiples escenarios que atestiguaron la presencia indígena en la escena política local.

En el ámbito de las colonias indígenas, fuesen regulares o irregulares, los representantes de los concejos vecinales —órganos de intermediación entre el ayuntamiento y la ciudadanía en los procesos de gestión— y los propios procesos organizativos de gestión indígena se convirtieron en los principales “promotores” del voto priista. Esta mecánica organizativa permitió a los líderes indígenas “negociar” el voto indio a cambio de la regularización de predios, la gestión de obras de infraestructura, la introducción de servicios públicos —agua, drenaje, energía eléctrica— y, tiempo después, espacios dentro del ayuntamiento coleto.

Esta lógica de organización se complementó con la conformación de los llamados comités seccionales impulsados por el PRI, que pretendieron ser espacios de representación y gestión de las necesidades vecinales —barrios, colonias y fraccionamientos—, y terminaron por situarse como espacios de representación y “gestión” del voto en cada uno de los barrios y colonias de San Cristóbal durante los procesos electorales. Como señala un ex regidor:

[…] bueno, pues fue por invitación de otros militantes. Empezamos en la misma colonia, de que sí queríamos apoyar formando parte de algún comité seccional o promotores. De esa manera iniciamos las comisiones, llegaron las personas, los líderes y representantes y también ahí como promotores o como presidentes seccionales, existe la oportunidad de que trabajes para hacer gestión a favor de los militantes y de tus vecinos, entonces de esa manera pues vas conociendo y metiéndote dentro del partido para que de alguna manera vayas conociendo cuál es la estructura para trabajar para tu comunidad.²

Aunque, a decir de los representantes indígenas, esta dinámica organizativa les permitió ser reconocidos como ciudadanos sancristobalenses y trabajar por las necesidades vecinales, la incorporación de representantes indios a la iniciativa priísta y posteriormente a otros partidos políticos terminó por reducirse a una mera transacción del voto, muchas veces a costa del discurso de la regularización de predios o la gestión de servicios públicos, cartas importantes para las instituciones políticas durante los procesos electorales locales.

Otro escenario que poco a poco permitió una redefinición de la presencia indígena en la escena política local fue la disputa y el control étnicamente diferenciado de los mercados y plazas públicas. A partir de los años ochenta, a decir de ^{Hvostoff (2004)}, el comercio se indianizó. A los monopolios que ya habían adquirido en la ciudad —venta y trabajo de la madera, venta de la juncia, legumbres, flores, helados, voceadores, lustradores del calzado—, la población india agregó una competencia fuerte en otro tipo de negocios como las artesanías o el transporte público.

Esta presencia indígena, respaldada por una estructura corporativa dividida pero muy eficaz, ofreció resultados inmediatos, uno de ellos, la conquista de nuevos espacios dentro del mercado municipal Castillo Tielmans y el mercadito II. A mediados de los años noventa, esta reorganización sistemática, como parte de nuevos procesos de diferenciación y de las reivindicaciones históricas indias, logró penetrar el tozudo control mestizo de los sindicatos de comerciantes. Por lo tanto, a la dirección de los sindicatos casi exclusivamente controlados por ladinos —la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Revolucionaria de Obreros de México (CROM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o la Unión Sindical de Locatarios (USLO)— poco a poco se presentaron aspiraciones indias.

En todo este proceso se observó un esfuerzo de la población indígena por tener presencia en espacios económicos locales que tradicionalmente habían sido ocupados por los gremios ladinos. Esta dinámica, que ganó más adeptos después de la irrupción armada de 1994, modificó los patrones de mediación y las redes tradicionales de poder. La población indígena pasó de una interlocución pasiva dirigida por líderes gremiales mestizos a convocar procesos organizativos precedidos por mediaciones directas con el Estado.

Con todo ello, después de la irrupción armada de 1994, la presencia indígena en la arena política tuvo diversos matices. Aunque los discursos políticos tanto de las administraciones municipales como de los partidos políticos enfatizaban la cualidad multicultural del centro urbano de San Cristóbal, la representación indígena en la lógica política continuó reducida a la mera “gestión” del voto indio, muchas veces a cambio de mejoras a cuentagotas en las colonias indias. Sin embargo, esta dinámica también fortaleció la presencia de los representantes indígenas —presidentes de colonias— en la arena político-electoral.

El “segundo ciclo” de la urbanización indígena: participación política en el ayuntamiento coleto

Durante la gestión tricolor de Sergio Lobato García (2005-2007), los dirigentes indios se situaron en la administración local. Aunque al principio esto no resultó novedoso dado que en las planillas locales anteriores había sido común la representación rural, lo interesante fue que dicha administración se convirtió en la primera de carácter municipal integrada por cinco regidores indígenas, entre propietarios, suplentes y plurinominales.

Los tres espacios del PRI fueron ocupados por representantes indios pertenecientes a la llamada Coordinación de Colonias de la Zona Norte (CCZN) —espacio de gestión que impulsaba las demandas vecinales frente a las administraciones municipales y que hasta mediados de los años noventa había obtenido algunos resultados—. En ese trío figuraba como tercer regidor el Prof. Antonio García González, militante priísta originario del municipio de Huixtán pero avecindado en el valle coleto desde hacía más de cuatro décadas. Había hecho carrera en el magisterio rural y, tras instalarse en la llamada zona norte en 1979, se convirtió en uno de los fundadores de la iniciativa gestora de la CCZN.

Otro de los representantes indígenas de la plana tricolor fue el Ing. Filiberto Fermín Gómez Rodríguez, octavo regidor, reconocido por la población india debido a su labor a nivel local y regional en el Centro de Desarrollo Comunitario “La Albarrada” —hoy denominado Comunidades de Aprendizaje para el Desarrollo “Porfirio Encino Hernández, La Albarrada”—. En el partido, el Ing. Gómez Rodríguez era identificado por su labor proselitista en los comités seccionales —gestión del voto— de las colonias del norte de la ciudad, además de por encabezar la CCZN al momento de su designación. Con ellos se integró Andrés Gómez Hernández como cuarto regidor suplente.

Estas incorporaciones reconfiguraron la trayectoria india en la dinámica política coleta. Como punto fundamental se reconoció la presencia vecinal del norte de la ciudad, vía representantes de colonias, quienes después de 1994 fungieron como los principales intermediarios de las demandas vecinales frente al ayuntamiento. Aunque esta dinámica política muchas veces otorgó visibilidad a los representantes indios en el entramado político-local, no implicó necesariamente mayores espacios dentro de los partidos políticos ni mucho menos protagonismo en el proceso de toma de decisiones del ayuntamiento.

Ciertamente hay que enfatizar que, tras la “presencia” india, se hallaban escenarios de negociación y transacción del voto y, además, había divergencias entre los propios líderes indígenas que al observar los “privilegios” conseguidos en la función pública, generaron encono y división al interior de las iniciativas de gestión indígena en la ciudad. A decir del propio Filiberto Fermín Gómez, esto era común al aproximarse los comicios municipales:

La conclusión a la que se llegó fue de que se juntara a toda la gente [refiriéndose a los militantes indios del PRD, PRI, PAN] y que no nos fijáramos en el partido; así se eligieron a dos o tres candidatos que pudieran ocupar la regiduría; nuestra propuesta se presentó a todos los candidatos municipales tanto al Licenciado Sergio, a Salvador Camacho, estaba también Rubisel Guillén y a otro partido. Se formó una comisión negociadora que entraron en pláticas con los candidatos para incluir a los candidatos de la zona norte. Digamos que el que tuvo mayor visión fue el licenciado Sergio, aceptando las tres personas que propuso la zona norte. Entonces creo que vamos cambiando la forma de pensar, de pedir nuestras cosas y de participar en la política por lo menos de otra manera, ya no de golpe, sino a través del diálogo y de mayor presencia en la presidencia municipal.³

En palabras del ingeniero Gómez, este “logro” político se relaciona con los caminos construidos por la población india en la ciudad. Aunque no lo señalé explícitamente, todo el proceso mencionado ha implicado la utilización de la identidad como moneda de cambio, lo que en última instancia ha producido buenos dividendos a las dirigencias indias y en menor medida a la población que representan. A ello habrá que agregar que el aumento de la visibilidad de las dirigencias indias y de su capacidad para aglutinar a sus “representados” implicó una mayor presencia de los líderes vecinales en el ambiente político-local.

A la facción del PVEM, que había obtenido cuatro espacios en la administración coleta, se integró el comunicador indígena Mateo Hernández López, antiguo militante del pas y que, debido a la pérdida de registro de dicho partido, decidió vincularse a las filas del partido verde apoyando la candidatura del locutor mestizo Salvador Camacho Corzo. Dada su historia de acompañamiento a los procesos de gestión de varias iniciativas indígenas en la región, la militancia de Mateo Hernández en el partido ecologista tenía como principal objetivo la continuidad en las tareas de gestión a favor de la población india, además del apoyo al discurso en torno al cuidado del ambiente impulsado por dicha opción política.

Sí vi que muchos partidos empezaron a buscarme, tal vez porque sí me conoce mucha gente. Ya después me buscó el PT, el PRD, el PAN incluso. El único que no me buscó sinceramente fue el PRI, pero al analizar todas estas invitaciones no me convencían por sus estatutos, pero al ver al Partido Verde vi que era para proteger el medio ambiente y analizándolo bien me gustó ese partido. Ya fue que ahora si yo fui a hablar, fuimos con Salvador y hablamos, que la estructura del partido pues como que era conveniente y ellos también sabían más o menos quiénes éramos. Ya fue que se nos aceptaron con buena voluntad y con buena intención.

Si bien el planteamiento de Mateo Hernández parece referirse a un verdadero proceso de integración indígena en la escena político-electoral y en los espacios de representación política, hay que subrayar que, hasta finales de los años noventa, y pese a las reformas constitucionales y electorales en materia de representación indígena, los avances se redujeron al aparente cumplimiento de dichas reformas jurídicas y no a la verdadera construcción de una ciudadanía indígena visibilizada tanto en la “competencia” dentro de los partidos políticos como en el proceso de toma decisiones de las administraciones municipales.

Finalmente, el último espacio lo ocupó el indígena Agustín Gómez Patishtán, quien, tras haberse formado en el perredismo local, se convirtió durante el proceso electoral local de 2004 en el primer candidato indígena que contendió para la presidencia municipal bajo las siglas del Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.

La incorporación de indígenas a las comisiones municipales tampoco contribuyó a la construcción de una agenda india dentro de la administración coleta; por el contrario, según refirieron algunos regidores indios, la plana mestiza ocupaba las mejores comisiones, dejando a los regidores indios las que no querían.⁴

Al igual que las administraciones de finales de los años noventa, la gestión de Lobato García continuó incorporando a funcionarios indios como presidentes de comisiones municipales, aunque ello no significó que asumieran mayores potestades, por lo que poco pudieron contribuir a la elaboración de una agenda indígena en el municipio. En esta administración se ubicó al indígena Mateo Hernández como presidente de la comisión de panteones, parques y jardines, al profesor Antonio García como presidente de la comisión de mercados, centros de abasto, rastro y ambulantaje, y al regidor de la facción de Convergencia, Agustín Gómez, como presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte.

Esta presencia se complementó con la integración del regidor Mateo Hernández en la Comisión de Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamiento y Recursos Materiales, la Comisión de la Juventud y el Deporte, y la Comisión de Educación, Cultura y Recreación. A su vez, el regidor Filiberto Fermín Gómez se integró a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la Comisión de Protección al “Medio Ambiente”, y la Comisión de Alumbrado Público y Electrificación. Por su parte, el regidor Antonio García únicamente formó parte de la Comisión de Panteones, Parques y Jardines, y finalmente, Agustín Gómez se integró a la Comisión de Hacienda.

Si bien la presencia de los funcionarios indígenas en la administración municipal se diversificó al incorporarse un número mayor de cargos de procedencia indígena, continuó siendo limitada su intervención en la gestión y, según los propios regidores indios, fundamentalmente los de las facciones de oposición —PVEM y PC—, sobre todo en los espacios de toma de decisiones.

Aquí mi obligación es cubrir las reuniones, reuniones de cabildo, observar esta administración, pero sabemos que no podemos alcanzar a ver todo, parece que no somos nada en este mundo, en lo que sí estoy luchando es en la parte de la gestoría en diferentes instancias. He platicado con diferentes agentes, representantes que si ellos quieren algo yo puedo ayudar a gestionar y a caminar junto con ellos, es lo que puedo hacer aquí, gran cosa aquí como regidor no puedo hacer nada, y como vuelvo a decir, estoy triste porque no puedo responder a las necesidades de la sociedad, pero en lo que puedo, pues aquí estoy para eso.⁵

A diferencia del discurso indio desde la oposición, los representantes priístas se han ubicado en un terreno más institucional. A pesar de que su presencia tampoco ha implicado mayores potestades en el proceso de toma de decisiones, el discurso de los funcionarios, de alguna u otra manera, deja entrever una dinámica construida dentro de la administración coleta.

Bueno, nosotros nos sentimos, pues contentos, porque tenemos la oportunidad de hacer algo, aunque no está todo en nuestras manos, porque como es un grupo colegiado, entonces todas las decisiones se toman en conjunto.⁶

Ha sido común que los funcionarios indios priístas, apelen a la buena voluntad, a su responsabilidad como funcionarios y al trabajo de gestión dentro del ayuntamiento pese a los espacios reducidos que han ocupado en las administraciones sancristobalenses y que han significado prácticamente el mero nombramiento de éstos y no una mayor participación en el ejercicio administrativo y en la toma de decisiones.

Durante la administración de Mariano Díaz Ochoa (2008-2010), la incorporación del dirigente transportista Andrés Gómez López a la planilla del PRD obedeció más a su ubicación en el ramo del transporte regional y en los procesos de “negociación” con la dirigencia perredista municipal, que a un verdadero proceso de inclusión al ejercicio de toma de decisiones, toda vez que ni siquiera formó parte de la planilla perredista municipal. A decir del propio Andrés, su incorporación al ayuntamiento obedeció básicamente a la benevolencia de la dirigencia del PRD, que veía imprescindible la presencia indígena en la dinámica administrativa:

Pues yo estoy aquí en el ayuntamiento de San Cristóbal, pero la verdad ya había comentado a la dirigencia del PRD que ya no quería seguir participando como PRD, pero pues ellos me dijeron que en estas últimas elecciones [refiriéndose al proceso electoral de 2007] era importante que participara. Ellos me dijeron, “Andrés, tú eres indígena, necesitamos que estés participando con nosotros”, y pues me convencí y ahora estamos aquí como regidores del PRD ayudando en lo que se puede en el trabajo de gestión de los compañeros indígenas que vienen a plantearnos su situación, su realidad y pues en lo poco que podemos ayudar ahí estamos.⁷

En cuanto a las experiencias de los funcionarios indígenas en la administración, si bien su presencia fue avalada con la incorporación a las diversas comisiones municipales —algunas clave dentro de la dinámica coleta—, su participación se redujo a la mera designación institucional, con pocos efectos evidentes, según se observa en el libro de actas de cabildo del ayuntamiento coleto.

Algunas reflexiones finales

En los últimos catorce años, el proceso de incorporación de la población indígena a la lógica administrativa coleta ha caminado en paralelo a un complejo entramado sociohistórico con efectos evidentes en lo local. Dicho escenario ha involucrado un conjunto de procesos a primera vista diversos: las condiciones de vida, las transformaciones en el ámbito jurídico nacional y estatal, las demandas étnico-indígenas, sus estrategias y formas de negociación étnica, además de los discursos y los símbolos desplegados.

Igualmente, la experiencia sancristobalense da cuenta de avances en lo ideológico-discursivo, en el imaginario del empoderamiento indígena, en las propias experiencias reivindicativas en pro de una ciudadanía diferenciada y en las instituciones democráticas municipales. No obstante, este contexto continúa viéndose influenciado por las prácticas políticas concretas de los participantes, muchas veces inspiradas en la cooptación, el clientelismo y el corporativismo, dinámicas que no están contribuyendo a modificar las instituciones locales para implementar políticas de equidad y propulsar la participación política de los indígenas en el municipio.

Si bien en los últimos catorce años se han cimentado en San Cristóbal de Las Casas otras dinámicas de participación política indígena —miembros del cabildo, integrantes de comisiones municipales, miembros de partidos políticos— estos nuevos roles, en sí mismos, no ofrecen una lectura sobre los alcances y limitaciones de los representantes indígenas una vez situados en los gobiernos locales. De ahí que resulte importante rastrear su presencia en términos de gestión y de participación en la administración local.

Es decir, estos nuevos roles no implican forzosamente que estemos hablando de un “empoderamiento” de la población indígena en la administración local, sino más bien de una etapa de representación producto de caminos contradictorios dirigidos a la búsqueda de una ciudadanía que en muchas ocasiones se ha visto influenciada por formas corporativas de participación dentro de la política local.