Artículos

 

Políticas para los jóvenes

 

Policy for Young People

 

Rafael Cordera Campos* y José Luis Victoria Toscano

 

* Secretario General de la UDUAL. Correo electrónico: <rcc140@servidor.unam.mx>

 

Resumen

El trabajo que ahora le presentamos, intenta dar cuenta de las condiciones de vida de los jóvenes en México. En particular, nos referimos a tres temas: el de la educación, el empleo y la salud de los mexicanos de entre 14 y 29 años de edad. Los números y estadísticas, sobre la base de la información oficial, nos dicen que esa situación y condición de vida es un desastre para la mayoría de ellos. Al final, el lector podrá encontrar una propuesta mínima de acciones que deberían llevar adelante los gobiernos para atender una situación negativa o deficitaria.

 

Abstract

This article deals with the living conditions of young people between the ages of 14 and 29 in Mexico, specifically in three areas: education, employment and health. Official statistics tell us that, for most of them, living conditions are disastrous. The conclusions present the reader with a minimum proposal for actions that should be undertaken by government to deal with this unsatisfactory situation.

JEL classification: H53, L28, J18,J64

 

En 1996 los expertos en demografía señalaban que en el país había aproximadamente 26 millones de habitantes con edades entre 12 y 24 años; es decir, la población juvenil. También señalaban que esos millones de jóvenes representaban -en ese año- 30% del total nacional, hoy son alrededor de 33 millones.

Quince años después de delineada, por los conocedores, la ruta demográfica que nuestro país iría recorriendo, no parece que el Estado y la sociedad se hayan percatado de lo trascendente que para la nación representaba el llamado "bono demográfico"; es decir, la oportunidad única de establecer una relación ventajosa entre la población productiva y la no productiva. La oportunidad había que aprovecharla; estaba en la estructura de edades, donde los jóvenes eran los más numerosos.

Esos millones de personas nunca fueron vistas como el terreno más fértil, el ámbito más propicio para invertir y hacer de ese núcleo de población el punto de apoyo para desarrollar al país. Nunca se pensó que entre ellos se encontraba la materia prima para la formación de capital humano, estratégico, si se toma en cuenta que desde la última década del siglo pasado ya estaba más que anunciada la sociedad del conocimiento, donde los saberes, la tecnología y la innovación se revelan como los resortes de un desarrollo social integral moderno.

¿Cuántos miles de ingenieros, médicos, científicos, agrónomos, biólogos, economistas, historiadores, literatos creadores del arte y la cultura, etcétera, dejaron de formarse? A cambio de ello continuaron las crisis. La pobreza, la marginalidad, la insalubridad, la desocupación y otros males -al acentuarse- extendieron sus efectos sobre la población, en particular entre los más vulnerables, incluida la juventud mexicana.

Si es cierto, como algunos suponen, que ya se ha perdido la oportunidad del "bono demográfico", valdría la pena preguntarse si todavía tiene caso ocuparse de la juventud y en su posible rol en los trabajos para sacar a México de su atraso y para resolver los problemas de la desigualdad, la pobreza y la marginalidad, sobre todo si no se olvida que actualmente hay más de 30 millones mexicanos que pueden ser considerados como jóvenes.

 

El desastre juvenil

Los años ochenta son el punto de referencia del abandono de las políticas sociales. Es precisamente durante la llamada década perdida que el gasto público tuvo un drástico cambio de destino. Los recortes presupuestales a la salud, la educación, la vivienda y otros rubros asociados al bienestar social, significaron pasos en el proceso de depauperación de la población, la profundización de las desigualdades, el crecimiento del desempleo y la marginalidad.

Los jóvenes que nacieron en el decenio anterior comenzaron a experimentar la larga pesadilla -interminable todavía- de las crisis, a la que se fueron sumando las generaciones siguientes. De hecho, la filosofía que guió en esos años a la política económica se extendió como dogma de fe a los siguientes sexenios gubernamentales, sin que para los jóvenes existieran las oportunidades suficientes para la educación, el empleo, la vivienda y los servicios de salud, que les permitieran, a la vez, alcanzar niveles de bienestar aceptables y contribuir al desarrollo nacional.

En buena medida, la poca importancia que se ha otorgado al papel estratégico de los jóvenes explica que se sepa muy poco de ellos. Este grupo que se distingue por su heterogeneidad -por razones geográficas, origen social y económico, género y otras variables- no tiene mucho tiempo de ser motivo de estudio y reflexión. En particular, son de reconocerse las investigaciones que se han realizado desde el Instituto Mexicano de la Juventud y que han ido mostrando aspectos sobre el mundo juvenil que antes se desconocían. En todo caso, el precio que están pagando la mayoría de los jóvenes es muy alto, pues las secuelas que han dejado las políticas gubernamentales -o mejor dicho, la ausencia de ellas- son de segregación, discriminación, marginación y desencanto por el país y sus instituciones: negro presente y futuro aún más.

Una de estas secuelas es el desempleo acumulado a lo largo de varias décadas. En efecto, desde hace tiempo la economía tenía que haber creado anualmente más de un millón de nuevas plazas de trabajo que, en promedio, demandan los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Por desgracia esto no ha sucedido así, por eso históricamente la tasa de desocupación entre los jóvenes ha sido mayor a la del promedio nacional, aunque para el caso de las mujeres la situación es aún más desventajosa con respecto a la de los varones.

Para el grupo de edades entre los 15 y los 24 años, la tasa de desempleo fue de 5.4% en el 2004 y actualmente es de 6.3% según investigadores de la UAM-X. A la falta de apertura de nuevos empleos habrá que sumar los rezagos, que ano tras ano se acumulan, para tener una imagen más aproximada de lo que los jóvenes, en este rubro, padecen.

Por otro lado, en el ámbito de los ocupados el panorama se acerca más a lo sombrío que a lo alentador. De acuerdo con el Censo General del año 2000, 16.5% de los jóvenes entre los 15 y los 29 años, económicamente activos, no percibían remuneración alguna en forma de salario, mientras que los que sí tenían salario, 21% ganaban un salario mínimo o menos y 72% recibían hasta tres salarios mínimos. Hablamos de promedios nacionales.

Adicionalmente habría que referirse a los complementos al salario y otras prestaciones que, prescritas en las leyes laborales, no se encuentran al alcance de este parte de la población. Sólo por ejemplificar pueden mencionarse estos datos: 70% de los trabajadores jóvenes no se encuentra amparados por un contrato laboral. Sólo 16% tiene acceso a los servicios de salud y un porcentaje menor puede tener algún tipo de préstamo personal, seguro médico o crédito para vivienda.

No obstante su alto grado de diferenciación -incluso su estratificación- y alimentada por las crisis, la economía informal ha sido desde hace muchos años el atajo de muchos jóvenes para su encuentro con la sobrevivencia. Sin ingresos seguros, trabajo aleatorio, sin seguridad social, muchas veces el joven encuentra aquí una manera de ir sobreviviendo; en ocasiones cercano a las actividades ilícitas, a las cuales puede dedicarse por completo en condiciones extremas o atraído por la obtención del dinero "rápido y fácil"

Por otro lado, las presiones de la demanda de empleo serían mayores si no fuera por la vecindad con Estados Unidos, que ha hecho de su economía un polo de atracción para quienes en México no encuentran ocupación o para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida mediante mayores ingresos. Ésta ha sido una constante durante muchas décadas, pero en la actualidad el número de migrantes jóvenes ha crecido más que en otros rangos de edad. Existen estimaciones de que en el número de quienes han cruzado la frontera norte son del orden de las 400 mil personas, de las cuales 72% fueron menores de 29 años.

Entonces, son los jóvenes los que nutren la mayoría de estas corrientes migratorias, muchos de ellos con grados avanzados de escolaridad; es decir, ya no es sólo el campesino tradicional -a veces analfabeta- el que abandona el país, sino ahora es el habitante urbano, ya con algunos años de educación. Incluso existe la tendencia de que cada vez sea mayor el número de jóvenes con estudios superiores que emigra en busca de mejores condiciones económicas y de superación, en tanto que los países desarrollados han establecido políticas específicas para atraer a los hombres y mujeres mejor calificados, ofreciendo condiciones y oportunidades que no existen en los países periféricos.

El mundo globalizado y la sociedad del conocimiento han internacionalizado el mercado de los talentos. Por eso estas políticas de atracción deben ser vistas no como un fenómeno transitorio, sino como una práctica permanente por la cual México está perdiendo capital humano. Simplemente téngase en cuenta que de los mayores de 15 años que viven en Estados Unidos -pero que nacieron en México- 39% tiene estudios de bachillerato o superiores. Aún más grave: los residentes con estudios profesionales y de posgrado ascienden a 470 mil, de los cuales 70% se encuentra entre los 20 y los 24 años. El problema representa tal gravedad que países periféricos -como México- pierden entre 10 y 30% de quienes tienen estudios de nivel superior; es decir, pérdida de capital humano.

Algunos datos adicionales son complementarios a este tema. El mercado mexicano de trabajo ha creado situaciones un tanto sorpresivas. De entre el mundo de los jóvenes desocupados, 42% cuenta con estudios subprofesionales, educación media superior o superior, en tanto que entre los ocupados solamente 29% alcanza esos niveles de educación. Las preguntas son: ó el aparato productivo, la economía mexicana no requiere jóvenes con niveles altos de escolaridad?¿Acaso una formación educativa inferior puede suplir a una superior?

Esta somera descripción de las condiciones del empleo entre los jóvenes, da una idea aproximada del déficit que arroja la política gubernamental en torno al tema de la atención a ellos. Pero no es el único indicador, porque por muchas razones, el empleo se encuentra muy asociado a otro tópico, también crucial para el país y sus jóvenes: la educación.

En el renglón de la educación hace ya muchos años que se han puesto de manifiesto las consecuencias de su abandono, al punto que algunos datos retratan su panorama desolador. Por principio de cuentas, las celebraciones en torno a la Independencia y la Revolución Mexicana se van a realizar con una tasa de analfabetismo de 3.6%, que afecta a la población entre los 12 y los 29 años. El porcentaje de jóvenes cuyo nivel educativo no rebasa la primaria es de 36%, además existen estimaciones que dan cuenta de que 35 millones de personas mayores de 15 años no alcanzaron a completar los nueve años de la educación básica y 44 millones que no culminaron la educación media superior.

Lo que muestran estas cifras es que el sistema educativo -o mejor dicho, la forma cómo está organizada la sociedad mexicana- no ha sido capaz de retener a los educandos en su recorrido dentro de las etapas de su formación. Millones de niños y jóvenes abandonan, desertan de las aulas, motivados por muchos factores. De acuerdo con varias fuentes de información entre los 12 y los 18 años se encuentra 80% de quienes abandonan las aulas; es decir, las edades de la secundaria y el bachillerato.

Cuando en 1993 la educación secundaria se hace obligatoria y con ello se establecen 9 años de educación básica, es decir, mínima, se buscaba dotar a los estudiantes de una formación general, habilitados de competencias básicas que les permitieran desenvolverse en un mundo complejo y cambiante e incorporarse a la vida social como agentes activos en las labores de la construcción de la democracia.

No parece que estos objetivos se hayan cumplido. Cerca de millón y medio de jóvenes entre los 12 y 15 años no ha cursado -o ha abandonado- la demografía escuela antes de cumplir los 9 años de educación obligatoria. Casi la mitad de ellos no continuaron al terminar la educación primaria.

No es necesario agregar más cifras en relación con el tema de la deserción escolar, lo que sí es conveniente es aceptar que existe y que debe ser considerado como un mal estructural, al igual que muchos otros que gravitan sobre la educación y sobre los jóvenes.

Por separado habrá que considerar lo relativo a la calidad de la educación, la reprobación y la eficiencia terminal.

Aquí tampoco existen buenas cuentas. Uno de cada cuatro estudiantes inscritos en la escuela secundaria no termina su ciclo en el tiempo establecido, entre otras cosas por la acumulación de asignaturas reprobadas, que a la larga se traduce en la reprobación del grado o la deserción.

Además de estos agudos problemas, existe otro que es crucial: el asunto de la calidad de la educación.

Las pruebas nacionales aplicadas en el 2003, indicaron que una cuarta parte de los estudiantes del tercer grado de secundaria presentaron deficiencias en su capacidad de comprender una lectura y la mitad de ellos estaba muy lejos de desempeñarse bien en área del razonamiento matemático. Por otra parte, el CENEVAL reportó que, en 2001, la media nacional de respuestas correctas de los aspirantes a ingresar a la educación media superior fue de 47.5%, es decir: el grupo de 500 mil egresados de la secundaria contestó correctamente sólo 61 de las 128 preguntas.

Tan catastrófica situación fue corroborada por el Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante (PISA) cuyos resultados indicaron que de los estudiantes mexicanos de 15 años de edad, únicamente 28% supieron completar tareas poco complejas de lectura, tales como localizar una pieza de información, identificar el tema principal de un texto, o establecer una conexión simple con el saber cotidiano. Además, 16% tuvo serias dificultades para usar la lectura como herramienta del aprendizaje. Obviamente estos problemas son particularmente más graves en condiciones de pobreza o entre la población indígena y, aún más, si se trata de mujeres.

Vale la pena insistir en que ya son muchos los años en que la educación se encuentra postrada, que por eso el país ha estado desperdiciando recursos humanos que le son vitales para el desarrollo y que -por eso también- miles, millones de seres humanos han perdido la oportunidad de acceder a una calidad de vida aceptable y que la sociedad se ha negado a otorgarles.

Parece entonces que será necesario hacer mucho al respecto. Obviamente la educación requiere de mayores recursos, pero las soluciones no se alcanzan sólo con ellos. Como ya se dijo antes, la educación es un problema estructural. De cualquier forma, en materia de recursos, éstos no pueden seguir siendo usados como hasta ahora. Se trata de incrementar la productividad de la inversión, de acabar con las cuantiosas filtraciones a que dan lugar la excesiva burocracia, la corrupción y el nudo de intereses gremiales y corporativos que durante décadas han constituido un pesado fardo para el desarrollo de la educación.

Tan importante como lo anterior es realizar un cambio en la educación, que responda a las necesidades que impone un mundo globalizado y una emergente sociedad del conocimiento. Serán indispensables nuevos paradigmas, nuevos valores y otras competencias, una renovada pedagogía y métodos didácticos modernos.

En el ámbito de la educación superior, se puede decir que durante décadas -a partir de 1980- el crecimiento del gasto público federal, medido en valores constantes no fue consistente con el aumento de las necesidades del subsistema, entre otras cosas con el crecimiento de la demanda de ingreso de los estudiantes. Entre 1980 y 2001 el gasto real por estudiante se redujo de 22 750 a 17 480 pesos, reducción que a todas luces fue atentatoria con la calidad de la educación.

Además de los subsidios insuficientes, la educación superior tiene que contender con los males que se van acumulando desde los niveles precedentes. Los registros muestran que de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, 16 concluyen la educación media superior y únicamente 6 completan el ciclo de la educación superior. Por eso no resulta extraño que en México, el índice de escolaridad en el nivel terciario se encuentre por debajo no ya del que tienen los países avanzados, sino también de países del área, como El Salvador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

Existe una evidente urgencia de ampliar la cobertura y la calidad de la educación superior, pues el atraso del país no podrá ser superado si se mantienen indicadores tales como: existen 214 científicos e ingenieros por cada millón de habitantes. En contraste, Costa Rica tiene 582, Argentina 660, Canadá 2719 y Estados Unidos 3 673.

 

Frente a todo este panorama algo puede y debe hacerse

No es una buena decisión abandonar la escuela para incursionar en un mercado laboral raquítico e incierto, sobre todo a edades tan tempranas como son entre 12 y 18 años. Entonces el esfuerzo debe dirigirse a crear las condiciones suficientes para retener a los estudiantes dentro del sistema educativo, para que puedan completar un número mayor de años de escolaridad, al menos por encima del actual promedio.

En materia de educación superior, se requieren cambios que permitan a la calidad de la educación salir airosa de las evaluaciones internacionales y que sepa ponerse en sintonía con las ya no tan nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Una educación para la formación de ciudadanos promotores de la democracia, solidarios, tolerantes, respetuosos de la pluralidad y la diversidad y sujetos activos en el cuidado del medio ambiente.

En materia de salud existe un amplio marco en que los jóvenes presentan un alto grado de vulnerabilidad, porque además de compartir con el resto de la población un sinnúmero de necesidades, ellos tienen las suyas propias.

Los organismos internacionales han señalado el grado de vulnerabilidad que guardan los jóvenes en los ámbitos de la salud y la seguridad. El creciente número de jóvenes adictos a las drogas; el incremento de la delincuencia juvenil -la cantidad de jóvenes dentro de las cárceles apoyan este dicho-; la expansión de la incidencia de contagios del Sida y otra enfermedades de trasmisión sexual; el elevado número de embarazos no deseados entre adolescentes y jóvenes menores de 20 años; los miles de casos de abortos en condiciones de insalubridad; las muertes violentas de jóvenes en cantidades crecientes, y la violencia intrafamiliar, conforman un entramado de áreas relacionadas con la salud y la seguridad juveniles, que ameritan políticas públicas más decididas, más constantes y más extensas que las que hoy existen.

Es responsabilidad estatal establecer las medidas de política pública, para que este núcleo de la población pueda sobreponerse a las circunstancias de vulnerabilidad en materia de salud y seguridad, pues desde siempre ha existido un enorme déficit; las miras del Estado han sido cortas y hasta mezquinas.

La vida de las generaciones posteriores al Desarrollo Estabilizador -el milagro mexicano- y al movimiento social de 1968, se ha deslizado sobre dos procesos sociales fundamentales, cada uno de los cuales parece haber cambiado de dirección.

La juventud que protagonizó el 68, junto con el resto de la clase media, fue la beneficiaria de los años del auge económico, pero también conocedora del comportamiento de un régimen autoritario, antidemocrático. En sentido contrario, quienes nacieron después de esa fecha, son jóvenes que han padecido los efectos de un desarrollo económico muy pobre, con una larga cadena de crisis, que los ha depauperado y colocado en la marginación y la discriminación.

Pero también a éstos les tocó ver nacer y vivir una democracia, democracia que, a pesar de todo, no ha ajustado las cuentas con el viejo régimen. Estos jóvenes han sido testigos y víctimas de la sobrevivencia de la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y otros lastres que socavan el funcionamiento de las instituciones. Oyen hablar de un estado de derecho, pero saben que se les miente. Escuchan a diario promesas, pero su experiencia les dice que su condición no ha cambiado. En breve: la economía no les ha dado lo que necesitan, ni la democracia -la política- les ha dado lo que promete.

Estos procesos han moldeado el pensamiento y las conductas de la juventud actual. A ella le ha correspondido ser la víctima principal del agravamiento de las desigualdades, la ausencia de oportunidades, la exclusión e intensificación de la pobreza. Hoy se encuentran minadas las expectativas, y de manera lenta pero persistente se han debilitado los vínculos sociales, los valores no son del todo aceptados y se encuentran bajo cuestionamiento, y existe un desafecto creciente por los asuntos públicos.

De acuerdo con la encuesta del IMJ, 80% de los jóvenes interrogados declaró no haber participado en ninguna manifestación, marcha o acto público. 75.6% dijo que no participaría en ninguna de las actividades de los partidos políticos, sin embargo 88% estaría dispuesto a movilizarse en favor de la paz y los derechos humanos.

La misma encuesta muestra que para los jóvenes las instituciones que mayor confianza les merecen son la familia, los médicos y la escuela. Por el contrario, muy lejos de la confianza de los jóvenes se encuentran los partidos políticos, los diputados y la policía.

La desconfianza por los partidos, diputados -léase políticos- tiene su explicación. En los dos primeros casos los jóvenes han sido testigos del comportamiento de los representantes populares y de quienes ocupan los cargos principales dentro de las estructuras partidarias. En el tercer caso, porque este grupo poblacional padece, con rigor especial, la inseguridad y percibe el déficit de responsabilidad de quienes integran las instituciones encargadas de proporcionar protección y seguridad.

Por éstas y otras razones -incluidas las económicas- algunos jóvenes llegan a cuestionar la democracia, porque sienten que no protege sus derechos ni soluciona sus necesidades y dudan de que sea el mecanismo idóneo para alcanzar su bienestar.

Aún así, 54% de los jóvenes encuestados -poco más de la mitad- se inclina por la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo 46% -casi la otra mitad- no dice lo mismo. Los datos debieran ser motivo de examen y preocupación de la sociedad mexicana, pero particularmente de quienes tienen responsabilidades públicas.

Si la situación material de los jóvenes no es revertida, si el prestigio de la política y las condiciones de seguridad continúan cuesta abajo, entonces los efectos se harán sentir con mayor negatividad en la percepción de los jóvenes, pero sobre todo en sus futuras conductas.

En tal virtud conviene aventurar algunas sugerencias que pueden ser relevantes y estratégicas para el ejercicio de una política juvenil.

1. En estricta lógica, el Estado mexicano debería contar con grandes definiciones en torno al asunto juvenil. El punto de partida obligado es reconocer que los jóvenes son el ámbito donde es posible incidir para, de manera determinante, proyectar el desarrollo nacional.

Las grandes cuestiones nacionales no corren paralelas al problema juvenil y que, en consecuencia, haya que optar por unas u otras. No. La educación, el empleo, la salud, la vivienda, la agricultura, la industria, los servicios, la pobreza, la marginalidad, etcétera, tienen un obligado cruce con la situación de la juventud.

2. El hecho de que los jóvenes sean el componente más numeroso de la población, condiciona al Estado y a la sociedad a destinar recursos para ser invertidos en ellos, en la perspectiva de obtener una alta rentabilidad. Esto obliga a pensar en planes ambiciosos, incluyentes, serios, consistentes, de continuidad y larga permanencia y que trasciendan los períodos sexenales.

3. En el cumplimiento de esta ruta, el Poder Legislativo puede contribuir de manera determinante, si hace las adecuaciones jurídicas y presupuestales que permitan alcanzar los objetivos de las políticas hacia los jóvenes. Para el caso específico del ano 2010, un programa de emergencia económica, no puede ignorar la situación de los jóvenes y el hecho de han sido los más afectados por la crisis recesiva.

4. La aplicación de las políticas juveniles debe hacerse descentralizadamente: del centro a las regiones, a los estados, a los municipios -delegaciones en el caso del DF- hasta donde sus efectos, impacto y trascendencia sean constatables.

5. Sería muy conveniente conformar un observatorio de la juventud, donde pueda existir el debate y el acuerdo entre distintos sujetos, grupos y organizaciones relacionadas con las políticas juveniles. Se busca favorecer una instancia autónoma en la cual se recupere, se sistematice y analice la información acerca de la juventud. De igual modo identificar temas relevantes y generar propuestas que retroalimenten las acciones de la política juvenil. El funcionamiento del observatorio, además de contribuir a la formación de las ciudadanías juveniles, también puede ayudar a democratizar la información y hacer más patente la función de los jóvenes dentro del desarrollo nacional.

6.Quizá ya haya llegado a su maduración el momento de superar el ancestral tabú que ha prolongado el divorcio entre las instituciones educativas y los sectores productivos. Nada más saludable que el acercamiento de las autoridades públicas, las instituciones de educación superior y las empresas, para establecer compromisos y generar sinergias para apoyar al desarrollo de los jóvenes. Las becas-trabajo, la capacitación para la adquisición de nuevas competencias, entre otras cosas, pueden ser algunas de las aportaciones que las empresas pueden hacer en apoyo a las políticas a favor de los jóvenes. A su vez, las empresas podrían beneficiarse de los avances de la investigación científica y tecnológica realizada en las instituciones educativas, las cuales podrían recibir recursos de las empresas como producto de servicios prestados y de transferencias de tecnologías. Por su parte, el gobierno podría crear incentivos fiscales y estímulos para las empresas y, a cambio, recibiría la asesoría y otras modalidades de apoyo -de empresas e instituciones-para la solución de problemas públicos.

En la tarea común de aplicar políticas de apoyo a los jóvenes, bien pueden involucrarse a los colegios de profesionistas, fundaciones altruistas, clubes de servicio, agrupaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones ambientalistas e, incluso a las propias iglesias. El asunto es tener claros los objetivos y distinguir meridianamente lo que pueden hacer o no cada una de estas organizaciones. En todo caso, lo primero es generar un polo de atracción, con la aceptación suficiente como para ser portador de una gran capacidad de convocatoria.

 

Bibliografía

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Información sobre los autores

Rafael Cordera Campos. Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocupó puestos académicos como profesor titular de Historia Económica de México y América Latina. En el plano académico administrativo fue: Secretario General de la Facultad de Economía. Además: Director General de Apoyo y Servicios a la Comunidad, y Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta octubre de 2003 fue coordinador de asesores del Presidente del Instituto Federal Electoral de México, organismo de primera importancia en el tránsito hacia la democracia. Hasta el mes de noviembre de 2004 fue consultor externo de la Asociación Nacional de universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES en el tema del servicio social universitario. Es articulista y autor principal de mas de 15 obras, centrándose su interés en la investigación sobre temas relativos al papel que juegan las universidades y la educación superior en el desarrollo nacional.

José Luis Victoria Toscano. Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor jubilado de la UNAM, en el plano académico-administrativo fue jefe de División de Estudios Profesionales, de la Facultad de Economía de 1998 al 2002, estuvo en la Dirección General de Apoyo y Servicios a la Comunidad, de la universidad Nacional Autónoma de México de 1993 a 1997. Es autor de libros y ensayos en temas juveniles y de Educación Superior, además, es articulista en diarios de circulación nacional.