Marco teórico-metodológico

La centralidad de la élite política en los procesos sociopolíticos constituye el eje de la teoría de las élites desarrollada por Gaetano ^{Mosca (1984}), Vilfredo ^{Pareto (1980}) y Robert ^{Michels (1991}). Esa teoría se singularizaba por su enfoque realista que, en contra de los postulados liberales y marxistas, presuponía el carácter irreductible de la división de la sociedad entre gobernantes y gobernados. Desde esta óptica, lejos de disolverla, la democracia y los partidos de masas, indisociables de los aparatos burocráticos modernos, suponían nuevos modos de legitimación de la élite gobernante, cuya circulación constituía un mecanismo de adaptación a la transformación del orden social y de inclusión de nuevas competencias.

Por su parte, Michels formula la “ley de hierro de la oligarquía” para explicar la aparente contradicción entre la finalidad democrática y el funcionamiento antidemocrático de los partidos políticos. La conformación de oligarquías en las democracias modernas, agudizada por el contexto neoliberal, hace eco de esa teoría. No obstante, en ella, la distancia entre representantes y representados no se plantea como un problema o, en el caso de Michels, es insuperable. La concentración del poder en minorías gobernantes adquiere una dimensión naturalizante de ley histórica, ciertamente apoyada en observaciones empíricas, ya que la élite política preexiste al orden representativo, pero sustraída a la crítica social y abarrotada de prenociones, como la supuesta superioridad moral e intelectual de la clase gobernante, con lo cual reduce las cuestiones estructurales a especulaciones filosóficas.

En México, el estudio de la élite política nacional, en especial desde la conformación de la élite posrevolucionaria y sus evoluciones sucesivas hasta las recomposiciones en el siglo XXI, ha sido desarrollado desde la perspectiva del reclutamiento político (^{Smith, 1979}; ^{Camp, 1996}; ^{Camp, 2006}). Ese enfoque da cuenta también de las continuidades y discontinuidades de la élite política, vinculándolas con el entorno social y otorgándoles una importancia central en los procesos sociopolíticos, sin fetichizar sus cualidades ni presumir leyes, ubicándose en un plano estrictamente empírico que queda abierto a la interpretación histórica. El ser reclutado para cargos públicos y por partidos políticos no es sinónimo de formar parte de la élite política, pero esta última implica necesariamente un proceso de reclutamiento. Entre los criterios que permiten acceder a ella se encuentran prerrequisitos sociales como el lugar de nacimiento, la procedencia familiar y el nivel de estudios, junto con otros datos sociológicos como los espacios donde se estudia, la especialización y la experiencia profesional, lo cual va conformando una tipología, al mismo tiempo que informa sobre las relaciones entre la élite política y otras élites sociales. La forma en que se accede a la carrera política y se logra ascender en ella se vinculan directamente con el sistema y la cultura política.

En México, retomando la terminología de Bourdieu, el capital político “burocratizado” tiene más peso que el capital político “reputacional” (Bourdieu, 2000). No obstante, Roderic Camp otorga un papel central a las relaciones personales constitutivas de facciones o “camarillas”, como él mismo las llama, lo cual retomaremos y precisaremos después.

Este estudio se centra en el gabinete de Javier Duarte Ochoa; abarca a los titulares sucesivos de las trece secretarías, de la jefatura del programa de gobierno y de la Coordinación General de Comunicación Social, a las que adjuntamos dos dependencias del gobierno ampliado: la Contraloría General y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Debido a la inestabilidad gubernamental que prevaleció durante el periodo, nuestra muestra contiene un total de cincuenta funcionarios.

Obtuvimos los datos biográficos de las fuentes oficiales, principalmente de los currículos publicados por las dependencias del gobierno, así como por la Cámara local y el Congreso de la Unión, cuando dichos funcionarios habían sido legisladores, junto a la literatura gris generada por los organismos gubernamentales y los partidos políticos. Debido a la escasez de fuentes primarias y secundarias disponibles, tuvimos que completarlas con una revisión exhaustiva de la prensa veracruzana, que supuso un trabajo distanciado de cruce y confrontación entre sus contenidos para extraer una información objetiva, que sistematizamos en bases de datos. Entre los datos recolectados están la fecha y el lugar de nacimiento, los estudios, la experiencia profesional, la trayectoria partidista, los cargos de elección popular, la carrera administrativa y los nexos familiares, personales y políticos, así como el eventual involucramiento en procesos judiciales, ya que fue algo recurrente en esa administración.

Consideraciones preliminares

Los estudios de la élite política mexicana desde la revolución hasta los inicios de la transición democrática han expuesto los elementos de cambio y continuidad entre los periodos pre y posrevolucionario, tanto desde el punto de vista del reclutamiento como de las estructuras y de la cultura política. La circulación de la élite política nacional que incorporaba individuos provenientes de la clase media “mestiza” había iniciado desde antes de la revolución, y constituyó precisamente un factor de esta. Si bien hubo un desplazamiento de su centro de gravedad, con una mayor movilidad social durante el periodo cardenista, los individuos que accedían a la élite política seguían proviniendo de los grupos más privilegiados.

Así, en el momento de la presidencia de López Portillo, Roderic Camp subrayaba que los miembros del gobierno eran de extracción urbana principalmente, tenían un alto nivel educacional y se encontraban en las clases altas y medias (^{1980, p. 482}). No obstante, Peter ^{Smith (1979}) sostenía que la conformación de la élite posrevolucionaria había implicado un proceso de separación entre las élites política y económica. Sin duda, esa tesis debe matizarse. Y la situación fue evolucionando con las mutaciones sucesivas del régimen priista, en las que se fueron abriendo espacios para el sector empresarial y la inversión extranjera, mientras empresarios emergían de la misma élite política, “a la sombra de la revolución” (^{Aguilar Camín y Meyer, 1989}).

En todo caso, fue un aspecto distintivo del sistema político mexicano, antes del cambio de modelo económico, que remite a su génesis durante la institucionalización de la revolución, cuyos pilares eran el presidencialismo, el partido hegemónico y el sindicalismo corporativo (^{Hernández Arteaga, 2017}). Si la conformación de la burguesía nacional no fue similar a la ocurrida en los países capitalistas centrales, el factor socioeconómico siguió siendo determinante para ingresar a la clase política; pero, como lo señala Roderic Camp, no es exclusivo del sistema político mexicano, ya que se observa lo mismo en países considerados democráticos.

En ese contexto, el reclutamiento operaba mediante la “camarilla”, es decir, el padrinazgo y las relaciones personales de lealtad y amistad, lo cual era propio de un sistema político cerrado, ya que, aun cuando distintas facciones rivalizaban entre sí, era un modo de garantizar la continuidad de la red de poder. Camp define la camarilla como un grupo de personas manejadas “por alguien que se encuentra en posición de influencia política”, que “es como la relación patrón-cliente”, en la que “la carrera política individual se vuelve dependiente del cultivo y mantenimiento de alianzas políticas y personales”, por lo que el “aspirante anda en busca de un padrino o mentor, mientras el político establecido anda reclutando protegidos para expandir la fortaleza de su camarilla y asegurar así su capacidad para retener o tener acceso al poder político cuando sus reclutas están ejerciendo funciones públicas” (^{Camp, 1980, pp. 467-469}).

A diferencia de sistemas “donde la competencia electoral es fuerte, donde el mérito del sistema de servicio civil está en la eficacia, donde la educación superior se expande rápidamente y donde la conducta cultural no da vigencia a las relaciones de amistad en el proceso de reclutamiento”, las universidades, en particular la Universidad Nacional, se convirtieron en lugares privilegiados de reclutamiento de las camarillas, junto a la burocracia, en especial la burocracia federal, y, en menor medida, el partido que no lograba consolidarse como espacio de autorreclutamiento (^{Camp, 1980, pp. 469-473}).

Con el giro económico iniciado durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), y manifiesto sobre todo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que abrió camino a la apertura comercial, las privatizaciones y la desregulación neoliberal, se produjeron dos fenómenos concomitantes: el acercamiento entre las altas esferas políticas y económicas y el desarrollo de una tecnocracia involucrada en las reformas económicas (^{Camp, 1990}; ^{Suárez Farías, 1991}; ^{Lindau, 1992}).

Tanto en el PRI como en la oposición, la clase empresarial fue entonces ganando posiciones políticas. En paralelo, la tecnocracia vinculada con los sectores público y privado modificó de manera sustancial la composición de la clase política y el manejo de los asuntos públicos. La racionalidad tecnocrática, basada en un alto grado de especialización técnico-científica con énfasis en la planificación, la medición y la eficiencia, impulsó un tipo gerencial de administración pública, implementado bajo la terminología de la nueva gestión pública, que aplicaba las estrategias privadas de management al ámbito público, al mismo tiempo que transfería algunas de sus prerrogativas hacia el sector privado (^{Nickson, 2002}).

Como lo señalaba ^{Camp (1996}), los estudios de la élite política en universidades públicas y en carreras tradicionales, en especial la de derecho, fueron perdiendo terreno en beneficio de estudios en instituciones privadas y extranjeras en economía, finanzas y administración, tanto pública como empresarial. En esos espacios de formación y socialización coincidían los hijos de las élites económica y política, tanto priista como la vinculada con la oposición, o que después se pasaba a ella.

La meritocracia tecnocrática impuso una más estricta selección social de la élite política, pero se diferenciaba, asimismo, por la predominancia del criterio profesional, lo cual debía contribuir a minimizar el papel de las relaciones personales en el reclutamiento político; pero la racionalidad tecnocrática y las usanzas políticas fueron más bien adecuándose, en parte, mediante el juego de las alianzas tecnocrático-políticas, así como por la cultura política común. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), formado en la mentalidad emprendedora de la universidad privada y producto de los grupos políticos del Estado de México, fue evidente la fusión entre un estilo gerencial de administración pública y la añeja cultura priista.

A fin de cuentas, la tecnocratización de la élite política contribuyó más a cerrar que a abrir el sistema político. Sin embargo, en paralelo, el sistema se abría por medio de la pluralización partidista, la competencia electoral y la alternancia política, posibilitadas por los pactos entre la élite priista y la oposición política, así como operadas bajo la presión de la ciudadanía y de los movimientos sociales. La oposición se dividió en dos polos: el PAN, que existía desde 1939 como partido de oposición vinculado con el catolicismo y, junto a sus tendencias conservadoras, canalizaba entonces demandas ciudadanas de democratización ante la hegemonía priista, además de conformar un polo tecnocrático ligado con sectores empresariales, en especial en el norte del país (^{Loaeza, 1999}); el PRD, que emergió del contexto de la transición dentro de una lógica contestataria que conglomeraba movimientos sociales, distintas corrientes de izquierda y expriistas, en doble oposición al régimen autoritario y al giro económico y tecnocrático de la política nacional (^{Combes, 2004}; ^{Illades, 2018}).

Así, los dos sexenios panistas se ubicaban en la continuidad del giro económico ya iniciado por los gobiernos priistas, sin romper tampoco con las lógicas facciosas, clientelares y corporativas de la política mexicana. El propio PRD terminó siendo parte de las mismas lógicas (Martínez ^{González, 2005}), así como del consenso liberal. Fenómenos como el transfuguismo político daban cuenta de las recomposiciones de las camarillas políticas, transversales a los partidos y a los tipos de élite política, donde la reproducción de las mismas prácticas se combinaba con una racionalidad competitiva vaciada de toda diferencia política sustancial. Por ello, fue creciendo la percepción de que, debajo de la máscara del pluralismo democrático, la hegemonía priista había sido sustituida por una nueva hegemonía, político-tecnocrática o “neoliberal”, que tenía la misma unicidad que la anterior.

Los procesos de cambio y continuidad política en el estado de Veracruz, en especial de la élite estatal, se vinculan con la política y las redes políticas nacionales, pero conservan cierta autonomía y no son pasivos, ya que lo que ocurre en los estados tiene un impacto en el escenario nacional. De hecho, la relación entre la federación y los estados, así como entre la administración y los partidos, se complejizó en el contexto postautoritario caracterizado por el declive del presidencialismo y el pluralismo partidista, la competencia electoral y la alternancia política. En ese contexto, paradójicamente se consolidaron “enclaves autoritarios”, ya que así se había considerado al estado de Veracruz hasta 2016, pero precisamente porque no podía ser absorbido por las dinámicas nacionales.

La mayoría de las personalidades políticas que dominaron la escena política veracruzana en las últimas décadas provenían de una matriz común, ya que se trataba de una generación formada en el PRI, cuya carrera política había sido impulsada durante el gobierno de Rafael Hernández Ochoa (1974-1980). Entre los “hernandezochoistas” se encontraban cuatro futuros gobernadores: dos electos (Fidel Herrera y Yunes Linares) y dos interinos (Delgado Rannauro y Ríos Alvarado), entre otros políticos significativos del periodo.

En Veracruz, al margen de la producción periodística, existen pocos trabajos académicos sobre la élite política estatal. Recientemente, Jaime Ángel Chama Cancela publicó una biografía política de Fernando Gutiérrez Barrios, exgobernador del estado y secretario de Gobernación de Salinas, cuya trayectoria es analizada desde las lógicas del sistema político mexicano (^{Chama Cancela, 2018}). Una tesis de licenciatura y otra de maestría abordan los dos fenómenos más significativos de la política veracruzana en las últimas décadas: la tecnocratización y el transfuguismo político.

Alberto ^{Portillo Villanueva (2000}) ubica el inicio del primer fenómeno en el gobierno de Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), contemporáneo del gobierno nacional de Miguel de la Madrid. En sus propias palabras, la tecnocratización estatal fue “lenta, incompleta y diferencial”, distinta del modelo de tecnocratización federal (^{2000, pp. 70-71}). El gobierno de Acosta Lagunes ha sido criticado por dar un trato político a los problemas económicos y uno económico a los políticos (Portillo Villanueva, 2000, p. 57). Desde entonces, se empezó a plantear la división entre “tecnócratas” y “políticos”, así como la alternancia entre gobiernos clasificados como “tecnócratas” (Agustín Acosta Lagunes, Patricio Chirinos Calero, Miguel Alemán Velasco) y “políticos” (Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado Rannauro, Fidel Herrera Beltrán).

No obstante, el fenómeno dio lugar a recomposiciones políticas transversales a esa tipología, y los gobiernos sucesivos serían expresiones híbridas de la articulación entre las formas tradicionales de la política estatal y el cambio político que las actualizaba. El proyecto de modernización industrial y agrícola de Acosta Lagunes tuvo que lidiar con los cacicazgos ganaderos y caficultores, además del poderoso sindicato petrolero, abriendo espacios a nuevos cacicazgos, como el de Cirilo Vásquez en el sur del estado, quien tenía un papel de mediador entre el gobierno y los grupos locales (^{Aguilar Sánchez, 2009}).

A su vez, al mismo tiempo que trataba de restablecer la autoridad del gobierno, aplacando los cacicazgos regionales, Gutiérrez Barrios dio más fuerza económica y política a los empresarios; el estado se caracterizaba por vínculos precoces entre el PRI-gobierno y familias de empresarios como los Fernández, los Chedraui y los Alemán (^{Portillo Villanueva, 2000, pp. 57-58}). Además, no se puede soslayar que el empresario Miguel Alemán era el hijo de un expresidente de México y provenía de una de las familias más preeminentes de la política mexicana que había mutado en grupo empresarial, por lo que involucraba una antigua red de relaciones familiares, personales y políticas. Finalmente, la llegada del “tecnócrata” Patricio Chirinos en la gubernatura del Estado, quien se había convertido en el hombre del presidente Salinas en Veracruz, en detrimento de Gutiérrez Barrios, caído en desgracia, y de Dante Delgado, supuso el nombramiento de Miguel Ángel Yunes Linares en la Secretaría de Gobierno, quien formaba parte de los políticos locales desplazados durante el periodo de Acosta Lagunes.

Dante Delgado se encontró entonces marginado dentro del PRI e involucrado en procesos judiciales que lo llevarían a pisar la cárcel. La segunda tesis se centra precisamente en su camarilla, desde su génesis priista, pasando por la creación del partido Convergencia por la Democracia con base local y proyección nacional, en 1999, hasta sus desarrollos posteriores (^{García Jarillo, 2019}). En nombre del cambio democrático, pero también por oportunismo político, el alvaradeño se convirtió en la figura principal de la izquierda estatal, en algún momento aliado con Andrés Manuel López Obrador, hasta las reconfiguraciones implicadas por la alianza PAN-PRD y la emergencia de Morena.

Paralelamente, viendo su ascensión política bloqueada dentro del PRI, si bien fue elegido diputado federal por la vía plurinominal en 2003, Miguel Ángel Yunes ingresó en las filas panistas, oficialmente en 2008. Cercano a Elba Esther Gordillo, cuando era secretaria general del PRI y coordinadora de la bancada priista en el Congreso, antes de romper con el partido y de crear Nueva Alianza, Yunes renunció al PRI, en 2004, para colaborar con las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, primero como subsecretario de Seguridad Pública y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2005; después como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre 2006 y 2010. En ese año, Yunes obtuvo la investidura de candidato del partido para liderar la coalición PAN-Nueva Alianza en la elección a gobernador en 2010, lo cual supuso el desplazamiento del empresario cordobés Gerardo Buganza Salmerón, que en 2004 había estado cerca de vencer a Fidel Herrera en la elección a gobernador. Este último renunció al partido, en marzo de 2010, para ingresar en la administración de Duarte.

Así, en la elección a gobernador de 2010, la oposición al priista Javier Duarte Ochoa eran dos expriistas y antiguos rivales políticos: Dante Delgado, por la coalición Convergencia-PRD-PT, y Miguel Ángel Yunes, por la coalición PAN-Nueva Alianza. A su vez, en 2016, este último competiría contra su propio primo, Héctor Yunes Landa, candidato por la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza.

En Veracruz, la pluralización partidista y las mutaciones de la élite política no supusieron ninguna ruptura mayor en la matriz que dominaba la política estatal y se había gestado antes del gobierno de Acosta Lagunes, si bien se disputaban el poder distintos grupos políticos, cuyos líderes se vinculaban con ella o provenían de afuera (Acosta, Chirinos y Alemán), pero incorporaba a miembros de esta.

Continuidad política y cambio generacional

El gabinete de Duarte integraba políticos con una trayectoria ya consolidada y un perfil bastante convencional, incluyendo a algunos que habían colaborado con el gobierno de Alemán y mantenido nexos con la administración estatal desde el periodo de Fidel Herrera. Este último había competido con figuras del gobierno alemanista para obtener la designación del PRI para la elección a gobernador de 2004. Una vez elegido, el nuevo mandatario las marginó, pero cooptó a algunos de sus colaboradores, en parte para desmarcarse del estilo tecnocrático del gobierno anterior, pero fundamentalmente por las rivalidades entre facciones priistas. Eso no significa que el gobierno de Fidel Herrera no incluyera a tecnócratas ni el de Alemán a políticos convencionales, donde se encontraban precisamente algunas de las figuras aludidas.

Entre los miembros del gabinete de Duarte nacidos en los 40 y 50 estaba Marcelo Montiel Montiel, nacido en 1957, quien fue secretario de Desarrollo Social entre 2010 y 2013 y delegado regional de la misma dependencia entre 2013 y 2016. Después de haber tenido algunos cargos locales en la Ciudad de México, Marcelo Montiel había hecho la mayor parte de su carrera política en Coatzacoalcos, donde fue presidente municipal en 2001, diputado local (2004-2007) y otra vez presidente municipal (2008-2010). Durante el gobierno de Alemán fue delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura, lo cual no le impidió aliarse con Fidel Herrera en el periodo posterior.

En la delegación regional de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Montiel sustituyó a otro operador electoral, Ranulfo Márquez Hernández, nacido en 1951, quien destacaba por su larga carrera como militante e integrante del cuadro del PRI en la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, donde dirigió el PRI estatal en 2010-2011. Si bien fue diputado federal en el periodo de Alemán, ningún cargo administrativo lo vinculaba con ese gobierno. También fue reclutado por Fidel Herrera, ya que fue subsecretario y secretario de Protección Civil (2004-2009) y secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente en el tramo final de la administración fidelista. Ranulfo Márquez fue nombrado por Duarte como jefe del programa de gobierno por un breve periodo, en 2012, para volver a la Secretaría de Desarrollo Social en 2015, también por poco tiempo, a pesar de haber sido cesado de la delegación regional después del escándalo por la difusión de videos que evidenciaban el uso electoral de los programas sociales.

Otros dos miembros del gabinete formaban parte de la misma generación. El primero, Pablo Anaya Rivera, fue secretario de Salud. Nacido en 1948, médico cirujano y licenciado en derecho, Pablo Anaya Rivera tuvo distintos cargos en el PRI estatal. Se había consolidado también en el ámbito local, en la zona de Poza Rica y Papantla, donde obtuvo la diputación local (2003-2006), y fue presidente municipal de Poza Rica (2007-2010). El otro es José Salvador Sánchez Estrada, jefe del programa de gobierno entre noviembre de 2012 y enero de 2013, después de haber sido secretario de Finanzas y Planeación de Fidel Herrera en 2009-2010, en sustitución de Duarte. Este último se caracterizaba por su cercanía con el líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, esposo de su hermana. Es precisamente en el contexto de ese matrimonio donde su carrera político-administrativa despegó, primero como secretario auxiliar de la Dirección General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en 1978, y tiempo después en subsecretarías de la Secretaría de Turismo federal, entre 2013 y 2016, para después ser consejero del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para el nuevo aeropuerto.

Si bien tenían una trayectoria anterior relevante, a veces administrativa, pero sobre todo en el partido y en cargos de elección popular, salvo el último caso, estos políticos alcanzaron altos puestos de gobierno en la secuencia Herrera-Duarte. En esta categoría, los que ya habían estado en la cima de la administración estatal son Noemí Guzmán Lagunes, nacida en 1954, y Felipe Amadeo Flores. La primera fue secretaria de Protección Civil de 2010 a 2015. Desde 1976 había sido presidenta municipal de Teocelo, antes de ser secretaria de Educación, en 1982, durante el periodo de Acosta, y diputada federal, en 1991. Por su parte, Felipe Amadeo Flores, quien fue nombrado procurador general en 2011, era un político de primer plano en la política estatal, proveniente también del grupo de los hernandezochoistas. Se había desempeñado por mucho tiempo en la cúpula estatal del partido, donde había sido secretario general desde 1982, para ocupar después tres veces la presidencia, además de haber sido dos veces diputado local y federal, en 1989 y 1994, respectivamente; fue presidente de la mesa electoral en sus dos periodos en el Congreso local. Coordinador de la campaña de Alemán, en 1998, y precandidato a gobernador, en 2004, el dirigente priista tuvo también una carrera significativa en la administración pública, donde, desde 1984, había sido secretario general de Gobierno del estado. Sin embargo, Felipe Amadeo Flores renunció el 18 de febrero de 2014 y se deslindó de Duarte, antes de su regreso por tercera vez a la presidencia del PRI estatal en apoyo a la candidatura del priista Héctor Yunes Landa en la elección a gobernador de 2016.

Otras personalidades del gabinete tenían un perfil más bien convencional; por ejemplo, algunos habían estudiado la carrera de derecho y pertenecían a una nueva generación de políticos que nacieron a mediados de los años 70, generación que fue impulsada desde la administración fidelista. Entre ellos, dos fueron apadrinados directamente por Fidel Herrera, ya que habían sido su secretario privado y particular en distintos momentos de la trayectoria política de este: Erick Lagos Hernández, en la Secretaría de Gobierno (2013-2015), y Jorge Carvallo Delfín, en la Secretaría de Desarrollo Social (2013-2014), y luego como secretario particular del gobierno de Veracruz (2014-2015).

Presidente del PRI estatal entre 2012 y 2013, Erick Lagos Hernández había operado para impedir la alianza entre el PAN y el PRD, después de las elecciones estatales de 2013. Su conocida amistad con Rogelio Franco Castán, dirigente estatal del PRD y futuro secretario de gobierno de Yunes, con quien había estudiado en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, habría sido un factor decisivo. Se rumoreaba que después propuso sus servicios a Miguel Ángel Yunes. Su nombramiento como secretario de Gobierno, en 2013, se produjo en esa coyuntura electoral y poselectoral. Tanto Lagos Hernández como Carvallo Delfín estaban implicados en tareas político-electorales y fueron diputados locales y federales. Desde esta óptica, el nombramiento del segundo en la SEDESOL fue estratégico.

Esta dependencia fue también encabezada por Alberto Silva Ramos, nacido en 1967. Político del primer plano de la nueva generación, fue presidente municipal de Tuxpan (2010-2013), presidente del PRI estatal (2015) y diputado federal (2015-2018), después de haber tenido algunos cargos en la administración federal. Además de su paso por la SEDESOL, Silva Ramos fue coordinador general de Comunicación Social del gobierno del estado, en 2014-2015, antes de pedir licencia para ser candidato a la diputación federal; y lo fue de nuevo en 2016, cuando pidió otra licencia en el Congreso de la Unión para retomar el cargo. En su caso, como en el de Montiel, la consolidación de un feudo local, respectivamente en el sur y en el norte del estado, los propulsó en la administración estatal.

La carrera de esa nueva generación de cuadros políticos solía iniciar en las filas juveniles e involucraba relaciones de confianza construidas desde la etapa universitaria, además de ser apadrinados, en los dos primeros casos por Fidel Herrera de modo directo. Asimismo, la mayoría de las trayectorias señaladas, salvo una —más exógena—, dan cuenta de la importancia tomada por el partido y los cargos de elección popular como lugar de consolidación de la carrera política, cuando antes el reclutamiento operaba de manera directa desde la burocracia, en especial la federal, ya que ambas generaciones emergieron en un contexto en el que la competencia electoral se estaba volviendo efectiva. Aun así, las relaciones personales seguían siendo el factor determinante y la burocracia, estatal en ese caso, no dejaba de ser un lugar privilegiado de reclutamiento.

Algunos de los políticos que emergieron en los periodos de Fidel Herrera y Duarte no tenían una trayectoria partidista y electoral significativa antes de la asignación de puestos en el gabinete. Salvador Manzur Díaz, más directamente allegado a Duarte y efímero secretario de Finanzas y Planeación, igualmente en 2013, la tenía pero después de haber sido subsecretario de Ingresos, cuando Duarte era secretario de Finanzas en el gobierno de Herrera, lo cual le abrió las puertas de la diputación federal (2009-2012) y de la presidencia municipal de Boca del Río (2011-2013).

En otros casos igualmente provenientes de la nueva generación no encontramos ese tipo de antecedentes: Adolfo Mota Hernández, subsecretario de Desarrollo Educativo y Cultural de Veracruz (2004-2006) en el periodo de Fidel Herrera y secretario de Educación (2010-2015) durante la administración duartista; Raúl Zarrabal Ferat, subsecretario (2010-2011) y secretario (2011-2013) de Infraestructura y Obras Públicas, a diferencia del anterior, no había tenido cargos importantes en el periodo de Fidel Herrera; incluso José Tomás Carrillo Sánchez, de Cosamaloapan, un poco mayor que los anteriores, pues nació en 1968, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesca (2010-2011), coordinador de asesores del ejecutivo estatal (2011), subsecretario de Gobierno (2012) y delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Veracruz (2013-2017), antes se había desempeñado, sobre todo, en cargos jurídicos.

En un caso proveniente de la primera generación, el paso por la administración federal y estatal se prolongó en la construcción de un cacicazgo local, no solo individual, sino también familiar, desde donde negociaba investiduras partidistas y puestos de gobierno. Gracias a amistades políticas que lo llevaron, desde la presidencia de López Portillo, a ocupar puestos directivos en la administración pública, fuera y dentro del estado, en especial en la Secretaría de Comunicaciones durante el sexenio de Chirinos, y como contralor general durante el periodo de Alemán, Ricardo García Guzmán consolidó un feudo electoral en Pánuco, donde fue diputado local (2004-2007) y alcalde (2007-2010). Sus hijos le sucedieron en la presidencia municipal y en las diputaciones locales y federales del distrito electoral; asimismo, ellos tuvieron cargos directivos en la administración duartista. Él mismo regresó a ser contralor general del estado, entre 2014 y 2016. Es uno de los casos más conocidos de oportunismo político en el estado de Veracruz, ya que el padre fue vinculado sucesivamente con Miguel Alemán, Fidel Herrera, Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte, mientras sus hijos pasaban del PRI al PAN y luego al Partido Verde, y otra vez al PAN, hasta tentativas de acercamiento recientes con Morena.

Entre la continuidad política y la renovación generacional, un perfil bastante clásico de políticos ubicados en la frontera del partido y de la administración pública, donde daban cuenta de los reajustes de las carreras políticas en función de los objetivos electorales que requerían ese tipo de perfil, ocuparon puestos estratégicos en la administración estatal, en particular en la SEDESOL, siendo reclutados, a menudo, desde el gobierno de Fidel Herrera. Sin embargo, si bien el primer círculo de funcionarios incluía a algunos de ellos, otros no eran tan representativos de la política tradicional, en parte por la eventual formación tecnocrática y la actividad empresarial de estos, lo cual no era exclusivo de ese gobierno, y en parte, en términos más generales, por el carácter atípico de sus trayectorias que prosperaron en las brechas abiertas por la circulación de la élite política estatal.

El núcleo central y la “red de corrupción”

La “red de corrupción” del gobierno de Duarte se conformó en torno a un núcleo central de allegados a su persona, ubicados principalmente en la Secretaría de Finanzas y en la de Seguridad Pública en un contexto de crisis financiera y de violencia, así como en el ámbito de la comunicación y del control de la información. Si el gabinete se caracterizó por un alto grado de inestabilidad, esta se concentró precisamente en las secretarías estratégicas, ya que la Secretaría de Finanzas y Planeación tuvo cinco titulares y un encargado de despacho, la SEDESOL cinco y la Secretaría de Gobierno cuatro, con la repetición de uno, que fue nombrado dos veces en ese cargo, mientras el mismo secretario se mantuvo durante todo el periodo en Medio Ambiente, que fue el único caso en ese gobierno.

Entre los hombres de confianza del gobernador, algunos tenían un perfil tecnocrático, como Fernando Charleston Hernández, subsecretario de Planeación (2010-2012) y secretario de Finanzas (2013-2014), y Juan Manuel del Castillo González, secretario privado y particular del gobernador, que fue nombrado subsecretario de Finanzas y Administración en 2015. El primero, formado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), era asesor económico del gobierno y del sector privado; el segundo, egresado de la maestría en administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se desempeñaba desde antes en cargos de la Secretaría de Finanzas y como asesor legal en el ámbito empresarial. Después de cursar estudios de derecho en la Universidad Iberoamericana, el propio Duarte se había formado en el ámbito de la economía y de la gestión pública, lo cual lo convirtió en operador de la gestión financiera de Fidel Herrera, y contribuyó en apoyo de este último para que fuera su sucesor.

El funcionario que personifica el periodo duartista, brazo derecho del gobernador, fue Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública entre 2011 y 2016. Nacido en la Ciudad de México, administrador de empresas, con estudios en la Escuela Bancaria y Comercial y en el ITAM, Bermúdez Zurita llegó a Veracruz como secretario particular de Sergio Maya Alemán, subsecretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Alemán, después de haber sido asistente del secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León (1996-1998). Bermúdez fue ejecutivo de proyectos en Finanzas entre 2004 y 2008, cuando Duarte era subsecretario y secretario de la dependencia, antes de convertirse en su principal enlace en las elecciones legislativas de 2009 y de encargarse de su seguridad personal.

Coordinador del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública en el último tramo del gobierno de Fidel Herrera, Bermúdez fue promovido como subsecretario de esta misma secretaría al inicio del periodo de Duarte para sustituir pronto al general Sergio López Esquer en la titularidad de esta, ya en el cargo durante el periodo de Fidel Herrera. Adepto del coaching, director de recursos humanos en la industria azucarera y alumno de cursos y diplomados en materia de seguridad pública en el ITAM, en el Estado Mayor Presidencial y en Estados Unidos, Bermúdez, apodado el Falso General, fue acusado de haberse construido una falsa legitimidad en materia de seguridad pública aprovechando el contexto de violencia y su relación personal con el gobernador para prosperar en los negocios, además de estar implicado en una serie de secuestros y asesinatos, lo cual lo llevó a ser procesado por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de quince personas.

Otro funcionario sui generis era Harry Grappa Guzmán, secretario particular del gobernador (2010-2011), así como subsecretario (2011-2012) y secretario de Turismo (2012-2016). Era un empresario turístico cercano a Duarte, sin experiencia anterior en la administración pública. A su vez, Gabriel Deantes Ramos, primo hermano de Alberto Silva Ramos e hijo de Raúl Ramos Vicarte, pasó directamente de un negocio de teléfonos celulares a desempeñar altos cargos públicos; fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (2010-2011), subsecretario de Finanzas (2011-2014) y de Trabajo, Previsión Social y Productividad (2015-2016), director del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz, donde se registraron las empresas “fantasma” descubiertas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ambos casos, donde primaban las relaciones personales y familiares no era siquiera necesario haber tenido alguna trayectoria administrativa y política previa para ingresar en el gabinete.

Esos nombramientos tenían una utilidad específica dentro de la “red de corrupción”, y también una política. El ingeniero y empresario Francisco Antonio Valencia García, contratista de Agua y Alcantarillado en Coatzacoalcos, además de haber sido empleado de Pemex-Tabasco, de donde fue despedido aparentemente por negligencia, combinaba ambas funciones. Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas entre marzo y agosto de 2013 y de la Dirección de la Comisión Estatal de agua de Veracruz hasta 2015, cargos en los que fue acusado de desvío de recursos públicos, Valencia García era el propietario de los restaurantes Vinissimo de Xalapa y Veracruz, que fueron inaugurados, respectivamente, por Fidel Herrera y Duarte y era vecino del segundo en la zona residencial Club de Golf, en Xalapa. Si su promoción se debió a la relación de amistad que había entablado con ambos mandatarios, también había sido un mecenas del PRD, por lo que había estado involucrado en las negociaciones y compras para impedir la alianza entre el PAN y el PRD en 2013, cuando la mayoría resultante de esta alianza en el Congreso del estado amenazaba con una investigación exhaustiva de los manejos financieros del gobierno.

Otros dos miembros influyentes del gabinete mostraban un perfil atípico. Gina Domínguez Colío, apodada la Vicegobernadora, había sido periodista en varios medios de comunicación veracruzanos. Cercana, primero, a Montano Guzmán, hombre fuerte del gobierno de Alemán y rival de Fidel Herrera, y, después, a la esposa de Fidel Herrera y al propio mandatario, fue directora de campaña de Duarte, coordinadora general de Comunicación Social (2010-2014) y, finalmente, secretaria técnica de la oficina del gobernador. Antes del regreso a su estado natal, Domínguez Colío había sido jefa de información del exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, quien luego sería encarcelado.

Por su parte, Juan Antonio Nemi Dib tenía una presencia antigua en la política estatal, donde se singularizaba por la versatilidad de sus actividades y navegaba entre gobiernos y lealtades. Secretario privado y coordinador general de Comunicación Social de Dante Delgado, cuando este era gobernador, y diputado federal en 1992, Nemi Dib era conocido, sobre todo, por ser director y conductor de programas radiofónicos. En paralelo a sus actividades empresariales y a la consultoría, fue acumulando cargos administrativos diversos; fue delegado regional del INM en Veracruz, Puebla y Tlaxcala (1998-2000), subsecretario de Desarrollo Político en el gobierno de Miguel Alemán y encargado de temas de seguridad y policía durante el de Fidel Herrera. En la administración de Duarte, fue director general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (2010-2012), secretario particular del gobernador (2012-2013) y titular de la Secretaría de Salud (2013-2014), donde se encargó de la comunicación sobre el escándalo de las falsas quimioterapias a niños, para terminar, en 2015, como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Por último, otro sector muy allegado a Duarte era el formado por contadores que ciertamente ya tenían experiencia en la administración pública, pero cuyo perfil satisfacía la necesidad de tener hombres de confianza con competencia financiera para el manejo discrecional de las cuentas públicas. Uno fue Carlos Aguirre Morales, tesorero en Finanzas, cuando Duarte era secretario de la dependencia, y encargado de despacho de esta en 2013; considerado como uno de los hombres más cercanos y leales al gobernador.

Otro contador, formado también en la Universidad Veracruzana, Mauricio Audirac Murillo, tuvo las riendas de la dependencia entre julio de 2014 y marzo de 2015. Director de su propio despacho de asesoría fiscal, contable y auditoría en el Puerto de Veracruz, Audirac Murillo ingresó a la administración pública durante el periodo de Fidel Herrera para ser auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, entre 2006 y 2012, y luego fue contralor general del estado (2013-2014).

La mayoría de los integrantes de ese primer círculo fueron después inhabilitados, procesados y, a veces, sometidos a medidas cautelares de prisión preventiva, aunque los procesos judiciales no prosperaron en casi todos los casos.

De la cooptación de personalidades de la oposición al retorno de la “vieja guardia”

Ahora bien, la “red de corrupción” se benefició de amplias complicidades en la política estatal y nacional, por lo que se vinculó de hecho con escándalos de alcance nacional, en las que otro elemento de continuidad entre las administraciones fidelista y duartista fue la cooptación de figuras de la oposición y de otras facciones del PRI. Nos centraremos en este último aspecto.

El nombramiento de Gerardo Buganza Salmerón en la Secretaría de Gobierno, en la que se mantuvo de 2010 a 2013, para luego ser secretario de Infraestructura y Obras Públicas (2013-2015) y regresar un semestre a la Secretaría de Gobierno, en 2015, fue sin duda la “captura” más significativa de la administración duartista. Proveniente del mundo empresarial y sobrino del doctor Fernando Salmerón Roiz, exrector de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Buganza era parte de un cuadro histórico del PAN estatal, en el que empezó a militar en 1994, en el municipio de Córdoba, hasta llegar a ser consejero nacional, así como dos veces diputado federal y senador, y candidato a gobernador en 2004.

No hace falta subrayar la importancia del secretario de Gobierno, que suele considerarse el cargo más alto después del de gobernador. En el gobierno de Duarte, tres funcionarios ejercieron este cargo: un líder de la oposición con nexos en el mundo empresarial; un protegido de Fidel Herrera en la coyuntura poselectoral de 2013 y, después del regreso de Buganza, Flavino Ríos, lo cual corresponde con el momento en el que se buscó rescatar al gobierno y cerrar filas, en medio de disensiones entre las facciones del PRI y entre el mismo partido y el gobierno, en las que el futuro candidato de este partido político a la elección a gobernador de 2016 se deslindó públicamente del balance de la administración duartista.

Otro panista y cordobés, Erik Porres Blesa, fue secretario de Desarrollo Económico y Portuario entre 2010 y marzo de 2016. Después de una carrera exitosa en el PAN, que inició durante la campaña de Vicente Fox y lo llevaría en 2005 a ser secretario particular del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Manuel Espino Barrientos, así como secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América (OCDA), su ascensión se vio bloqueada por la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República. Erik Porres había conocido a Duarte en la Universidad Iberoamericana, donde estudió la licenciatura y la maestría, lo cual le abrió las puertas del gobierno de Veracruz.

El gobierno integró también a colaboradores de Miguel Ángel Yunes y Elba Esther Gordillo. Enrique Ampudia Mello había sido director general en el paso de Yunes por la Secretaría de Gobierno, durante el sexenio de Chirinos, antes de seguirlo en el ISSSTE. Esto hizo que Ampudia Mello fuera visto por priistas como un “traidor”, si bien no dejaba de mantener fuertes nexos con líderes del partido, en particular con Manlio Fabio Beltrones, y en el Estado de Hidalgo, de donde provenía, con Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong, ambos en la primera línea del gobierno de Peña Nieto. Ampudia, quien fue primero subsecretario de Gobierno, entre 2012 y 2013, y después secretario particular del gobernador, entre 2015 y 2016, terminó apoyando la candidatura de Héctor Lunes Landa en las elecciones de 2016. A su vez, Tomás Ruiz González, primer secretario de Finanzas de Duarte, entre 2010 y 2013, había sido el primer presidente del partido Nueva Alianza, entre 2006 y 2007.

Dentro del gobierno había también personas vinculadas con la izquierda. Entre ellas, Guillermo Herrera Mendoza, secretario de Infraestructura y Obras Públicas (2010-2011), jefe de la oficina del gobernador (2011-2012) y luego subsecretario de Promoción Turística (2012-2016), que había sido reclutado por Fidel Herrera en la entonces Secretaría de Comunicaciones en marzo de 2010. Herrera Mendoza había sido un colaborador cercano de Dante Delgado, siendo tanto fundador y dirigente como senador del partido Convergencia por la Democracia. También se encontraba Reynaldo Escobar Pérez, primer procurador general de justicia en el sexenio de Duarte (2010-2011), quien participó en la conformación del Frente Democrático Nacional en apoyo de la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en 1988, y había sido presidente municipal de Xalapa, entre 2001 y 2004, con el respaldo de una coalición formada por Democracia Social, Convergencia y el Partido del Trabajo. Candidato frustrado a ser el representante del PRD en las elecciones a gobernador de 2004, Escobar fue el secretario de Gobierno de Fidel Herrera, lo cual lo llevó a reintegrarse al PRI.

Observamos que la cooptación de las personalidades de izquierda inició en el gobierno de Fidel Herrera, mientras el gobierno de Duarte incorporaba a panistas y colaboradores de Miguel Ángel Yunes y Elba Esther Gordillo, después de las elecciones de 2010 y de las rupturas que estas provocaron. En el último tramo del gobierno de Duarte había dejado el barco la mayoría de los opositores cooptados, empezando por Buganza, que buscó postularse como candidato independiente a la gubernatura, para al final renunciar a su proyecto.

En cambio, a partir de 2015, cuando la crisis alcanzaba su apogeo y se acercaban las elecciones de 2016, se observa la llegada al gabinete de políticos más representativos del priismo anterior a las administraciones de Fidel Herrera y Duarte. El más importante de ellos fue Flavino Ríos Alvarado. Subsecretario y secretario de Gobierno de Alemán, Ríos Alvarado fue precisamente uno de los hombres marginados por Fidel Herrera, ya que formaba parte del grupo que buscó obstaculizar su candidatura en 2004, teniendo incluso la ambición de ser el candidato del PRI. Su carrera política inició en el periodo de Murillo Vidal, cuando fue regidor de Minatitlán, para seguir al lado de Carlos Brito Gómez, del que fue secretario particular, cuando este último era subsecretario de Gobierno de Rafael Hernández Ochoa (1974-1980). De regreso a Veracruz, en el periodo de Fernando Gutiérrez Barrios, después de haber ejercido diferentes cargos en la Secretaría de Educación Pública federal, fue secretario de Educación y subsecretario de Gobierno de Dante Delgado, así como delegado regional de la Secretaría de Educación durante el mismo periodo. En 2015, Duarte lo nombró primero secretario de Educación y después secretario de Gobierno.

Otros miembros de la “vieja guardia” vinculados igualmente con el periodo alemanista ingresaron entonces al gabinete. El último secretario de Finanzas fue Antonio Gómez Pelegrin, nombrado en marzo de 2015. Mano derecha de Juan Maldonado Perelda, que se desempeñaba como secretario de Gobierno en el Distrito Federal durante el periodo del regente Octavio Sentíes Gómez, a inicios de los 70, Gómez Pelegrín fue tesorero del municipio de Veracruz (1976-1979), cuando Maldonado era alcalde, y después de Xalapa, donde tuvo varios cargos en los gobiernos de la época, hasta llegar a ser el director general administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura, cuando Maldonado era secretario de esta en el gobierno de Alemán (1998-2004).

Ocurrió lo mismo en la SEDESOL, cuyo último titular fue Alfredo Ferrari Saavedra, prototipo del viejo militante priista con décadas de servicio y un sinnúmero de cargos en el partido desde su ingreso, en 1975, a través del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria del sector popular de Boca del Río.

A su vez, en julio de 2015, la titularidad de la Secretaría de Educación fue asumida por Xóchitl Adela Osorio Martínez. Desde el inicio del gobierno de Alemán, cuando fue nombrada subsecretaria de Educación Básica, Osorio Martínez se había mantenido en el cargo, por lo que se le llamaba la “eterna subsecretaria”. Cercana a Elba Esther Gordillo, según el rumor, la veracidad de sus estudios y de su carrera de profesora fue cuestionada en la prensa.

Por último, el médico cirujano Ramón Ferrari Pardiño, quien había sido presidente municipal de Boca del Río (1985-1988) y diputado federal (1991-1994), además de haber ejercido cargos en las secretarías federales de Educación Pública, Reforma Agraria y Gobernación, fue nombrado secretario de Desarrollo Agropecuario en enero de 2015. Ese último intento de salvar la hegemonía priista en el gobierno del estado fracasó. Después de las elecciones pérdidas, de la renuncia y de la huida de Duarte, Flavino Ríos asumió la transición como gobernador interino del estado, antes de ser igualmente procesado, aunque finalmente fue absuelto.

Conclusiones

En este artículo se analizaron las condiciones del fin de la hegemonía priista en el gobierno del estado de Veracruz desde la perspectiva de las dinámicas de la élite política, cuyo reclutamiento da cuenta de las continuidades y discontinuidades de la política estatal. Después de haber introducido el marco teórico-metodológico de la investigación, centrada en el reclutamiento político, así como los cambios operados dentro de la política mexicana y veracruzana, se desarrolló el argumento en tres etapas con el fin de mostrar las continuidades (con relevo generacional), la circulación (vinculada con relaciones personales) y las amplias complicidades implicadas en la conformación de la “red de corrupción” que suele asociarse a la administración duartista.

En definitiva, el fin de la hegemonía priista no se articuló en torno a una oposición binaria de continuidad y cambio, en la que el agotamiento de un modo de hacer política habría cedido el paso a otro emergente, pero implicó, de antemano, el elemento del cambio combinado con las continuidades políticas, en el que se abrían brechas para el aventurismo político, más allá de los límites de la política tradicional. La crisis de la hegemonía abarcaba a la oposición, ya que Miguel Ángel Yunes, si bien puso fin al gobierno priista, era un político proveniente de las filas priistas y estaba inserto en las recomposiciones transversales a las fuerzas políticas dominantes.

Desde esta óptica, la reproducción de la élite política estatal por encima de la pluralización partidista y las continuidades autoritarias del estado de Veracruz, ya ubicadas en un proceso de cambio, eran un espejo de la propia naturaleza problemática del cambio y de los elementos de continuidad en la esfera nacional. El fin de casi un siglo de hegemonía priista en el estado de Veracruz, que debería haber significado un acontecimiento de gran alcance histórico, si bien abría la puerta a la desregulación y a una mayor recomposición del paisaje político estatal, en detrimento de las políticas y las fuerzas políticas hegemónicas, resultaba ser una simple peripecia dentro de la política veracruzana.