Introducción

La literatura señala que el proceso de democratización en México tiene un punto de inicio determinante a finales de 1977, con la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales¹ (^{Labastida Martín del Campo, 2015}). Otro cambio destacable en este proceso fueron las reformas electorales realizadas entre 1991 y 1994, mediante las cuales se creó y fortaleció un instituto que organizaba las elecciones y se establecieron medidas para dar certidumbre a los resultados electorales. En la reforma de 1996 se le otorgó autonomía e independencia a este instituto, con lo cual se garantizó su imparcialidad (^{Méndez de Hoyos, 2006}).

Todos estos cambios fueron la antesala para que en 1997 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y que en el 2000 dejara el Poder Ejecutivo en manos del Partido Acción Nacional (PAN). Con estos acontecimientos se fraguaba la transición política en México.

Aunque estas reformas se efectuaron en la esfera nacional, “suponer que se llevaron a cabo de forma homogénea y con la misma profundidad en todo el territorio es una posición normativa” (^{O’Donnell, 1993}, p. 9), ya que un país con gran territorio y organizado de forma federal² “dota de ciertas capacidades a sus unidades subnacionales,³ lo cual les permite tomar algunas decisiones sin consultar al régimen central” (^{Behrend, 2012, p. 12}).

El periodo de análisis de este trabajo se extiende desde 1988, es decir, un año antes de que ocurriera la primera alternancia en el nivel subnacional, hasta 2020 (año de escritura de este texto). Nos centramos en el caso de México debido a su carácter federal, su amplio territorio y a que es reconocido como una nación democrática.⁴

Estas características pueden hallarse también en otros países de América Latina como Argentina y Brasil. No obstante, el largo proceso de transición en México le dio características distintivas a las unidades subnacionales mexicanas (Borjas ^{García, 2015}). Por el contrario, los procesos de transición en Argentina y Brasil fueron de tajo y precedidos de una dictadura. Lo anterior no implica que este ejercicio no pueda replicarse en esos países, pero deberán considerarse sus contextos específicos.

Ahora bien, es importante identificar el proceso de democratización subnacional porque nos permite observar de manera focalizada la situación democrática en el interior de un país y la evolución de esta a lo largo de un periodo establecido. En caso de hallar diferencias marcadas entre las entidades implicaría que en un mismo país existen ciudadanos(as) que viven bajo un régimen político subnacional más cercano a la democracia y otros(as) en uno más cercano al autoritarismo. Es decir, la consolidación democrática nacional sería un tema pendiente, ya que esta no será posible mientras persistan enclaves autoritarios en el interior de un país (^{Fox, 1994}).

En este trabajo se identifica el proceso de democratización subnacional tomando como base el concepto de democracia mínima. Lo anterior obedece al periodo de estudio considerado, 1988-2020. Si bien en años recientes esta conceptualización podría no ser la idónea para observar la calidad de una democracia, si se pusiera como base una conceptualización de democracia más exigente,⁵ se tornaría difícil encontrar información de los casos, sobre todo en los años correspondientes al siglo XX. Al final, este trabajo trata de diferenciar aquellos estados que han implementado normas democráticas mínimas respecto a aquellos que, con todo y el proceso de democratización nacional, aún tienen aspectos pendientes.

Así pues, este trabajo se compone de seis secciones. En la primera se establece qué se entiende por democratización subnacional y su diferenciación de la acepción nacional; en la segunda se realiza un recuento breve de los puntos que enmarcaron la democratización subnacional en México; en la tercera se discute acerca de las distintas concepciones de democracia en la literatura y se justifica la elección de la “democracia mínima”; en la cuarta se repasan sucintamente otros índices y se explica cuál vacío llena la propuesta que aquí se plantea; en la quinta se establecen los indicadores que reflejan a esta concepción; por último, se expone el proceso de democratización en las entidades federativas mexicanas entre los años 1988 y 2020.

¿Qué significa la democratización subnacional?

La democratización es el proceso de cambio mediante el cual un país llega a ser un régimen democrático o se vuelve más democrático; es dinámico (no siempre es ascendente; a veces hay periodos de estancamiento o retrocesos), a largo plazo (se observa en un periodo considerable) y es complejo (pues requiere la intervención de muchos actores e instituciones en diferentes niveles de acción) (^{O’Donnell y Schmitter, 1991}; ^{Whitehead, 2002}; ^{Morlino, 2005}).

La concepción anterior es aplicada a países. ¿Habrá alguna diferencia cuando se habla del nivel subnacional? Behrend y Whitehead dicen que la democratización subnacional⁶ “es un proceso de convergencia hacia estándares democráticos prometidos en el nivel nacional” (^{2016, p. 162}). Aunque este proceso se entiende de mejor manera bajo la rúbrica de “profundización democrática en lugar de un cambio de régimen”⁷ (^{Behrend y Whitehead, 2016, p. 157}).

Este último aspecto es la principal diferencia de la concepción nacional. A saber, Morlino (quien toma países como unidades de estudio) dice que la democratización “comprende tanto la transición de regímenes no democráticos, sobre todo autoritarios, a distintos regímenes democráticos, así como los sucesivos y eventuales procesos de instauración, consolidación, crisis y también de crecimiento de la calidad democrática” (^{Morlino, 2005, p. 27}). Es decir, en el nivel nacional la democratización puede verse reflejada en un cambio de régimen, lo cual implica desechar todas las reglas que evoquen a un autoritarismo y sustituirlas por unas democráticas. Según ^{Behrend y Whitehead (2016}), esto no podría darse en el nivel subnacional porque todo lo que sucede en este nivel tiene limitantes con respecto de lo establecido en el nivel nacional.

Gervasoni aborda el asunto anterior en lo que define como “rango de variación”, es decir:

[…] las unidades subnacionales tendrán sus propias instituciones para acceder y ejercer el poder en sus territorios, pero no tienen una libertad total para ello, ya que el tipo de régimen que ostente el nivel nacional influirá en los límites de acción del subnacional; así, si el régimen nacional es autoritario, los regímenes subnacionales no pueden ser totalmente democráticos. Y a la inversa, si el régimen nacional es democrático, los regímenes subnacionales no pueden ser completamente autoritarios (^{Gervasoni, 2005, p. 94}).

Derivado de lo anterior, podemos establecer que la democratización subnacional, al igual que la nacional, es un proceso complejo, dinámico y a largo plazo, que consiste en cambiar reglas autoritarias por unas de carácter democrático. Sin embargo, observamos dos diferencias principales: la democratización subnacional está limitada por lo que sucede en el nivel nacional (la democratización nacional no tiene una limitante tan clara), y que esta es visible en la existencia de profundizaciones democráticas, más que en cambios de régimen.⁸

Ahora bien, para identificar este proceso es necesario definir qué entendemos por democracia, ya que esta definición nos señalará los indicadores que considerar, y así observar si con el paso del tiempo un ente los va aplicando o no. Esta elección debe considerar aspectos propios de los casos sujetos a escrutinio, pues es posible caer en tergiversaciones.

Es decir, si usamos una conceptualización muy laxa, podríamos crear un reflejo falso de la democratización de un país o de una unidad subnacional, sin que suceda en la realidad, y, en el caso contrario, generaría una sensación de estancamiento o regresión. Para discernir cuál concepto se elegirá es preciso realizar un recuento del proceso de democratización subnacional en México, lo cual haremos a continuación.

La democratización en el nivel subnacional en México

La democratización va de la mano de la liberalización; es decir, se llevan a cabo reformas que hacen posible una mayor inclusión de otros actores, lo cual implica la distribución de facultades, con lo que se mina el poder que algunas figuras o instituciones tienen y se da paso al afianzamiento de instituciones democráticas (^{O’Donnell y Schmitter, 1991}).

En la esfera nacional, México transitó este periodo de forma clara desde 1977⁹ con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, lo cual generó la inclusión de nuevos actores en el sistema político.¹⁰ Así como esa reforma, las de 1986,¹¹ 1990, 1993, 1994 y 1996¹² fincaron las bases para que en 1997 el partido oficial perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y que en el 2000 ocurriera la primera alternancia en el Poder Ejecutivo.¹³

Entonces, hay evidencia para sostener que en el país se produjeron cambios que reflejaban al proceso de democratización. No obstante, es preciso preguntar qué sucedía en el nivel subnacional, ya que, a pesar de las reformas nacionales, son distintas la realización y la profundidad de los cambios subnacionales (normal y legalmente) en cada estado de la república mexicana.

Mostramos a continuación, de modo general, evidencias de democratización subnacional. Cabe señalar que no profundizamos en las causas de esta, pues ello requeriría un estudio propio; solo describimos la manera en que la pluralidad fue haciéndose común en el mapa político de México, en los municipios, las legislaturas locales y las gubernaturas.

Los Ejecutivos locales

La pérdida de una gubernatura por parte del PRI suponía una fisura del sistema asentado en el monopolio de un partido y una amenaza a la estabilidad política fincada en el control del poder presidencial (^{Peschard, 2008}). Por lo tanto, los obstáculos para dicho cometido eran bastantes. Si ganar una presidencia municipal requería de una estructura financiera, política y social sólida, para una gubernatura implicaba lo mismo, aunque en mayores magnitudes. ¿Cómo competir contra la maquinaria del régimen? Antes de la primera alternancia estatal (1989) sucedieron tres casos en los que faltó poco para que esto ocurriera.¹⁹

El primero fue en San Luis Potosí. En 1961, Salvador Nava, al no obtener la candidatura del PRI a la gubernatura, mediante una candidatura independiente cimbró al régimen, que le respondió con un fraude electoral, lo que desencadenó conflictos postelectorales diseminados, con el uso del ejército y encarcelamiento de los principales líderes (^{Araya, 1993}).²⁰

El segundo fue en Nayarit. En 1975, Alejandro Gascón Mercado, abanderado por el Partido Popular Socialista (PPS), compitió por la gubernatura.²¹ No obstante, el régimen se encargó de amenazar, amedrentar y manipular el proceso electoral antes, durante y después del día de la elección. El conflicto terminó cuando el líder nacional del PPS, Jorge Cruickshank García, negoció aceptar los resultados a cambio de una candidatura a senador (Granados ^{Chapa, 1976}).

El tercero fue Chihuahua. Francisco Barrio Terrazas, candidato por el PAN y que ya había sido presidente municipal de Ciudad Juárez,²² participó en la competencia para gobernador en 1986. En los resultados oficiales ganó el candidato del PRI, a pesar de las múltiples denuncias de fraude,²³ incluso, muchas de estas fueron ignoradas por los órganos que calificaban la elección.²⁴

En cada uno de estos casos observamos que el régimen oficial se involucró para evitar la alternancia política. Pese a que fueron contextos distintos, un aspecto que comparten los tres casos es que los candidatos opositores previamente habían ganado la presidencia municipal de ciudades importantes; esto también sucedería en la primera alternancia subnacional.

En Baja California, el PRI no se caracterizaba por tener amplio dominio de la política local durante el siglo XX.²⁵ Esta limitación no significaba que el régimen permitiría que otra opción política gobernara. No obstante, Ernesto Ruffo Appel compitió por la gubernatura de Baja California bajo las siglas del PAN en 1989 y la ganó.²⁶

El hecho de que el PRI haya reconocido esa derrota tiene una explicación coyuntural. Carlos Salinas de Gortari buscaba la legitimidad que no le dio la turbia elección presidencial de 1988. Entonces, al aceptar que otro partido irrumpiera en la escena nacional logró obtener apoyo por parte del PAN en la esfera federal y mandó un mensaje de modernización y cambio (^{Santiago Castillo, 1993}) en el contexto internacional.

Lo anterior no significó que el régimen se hubiera flexibilizado del todo. En 1991, tanto en las elecciones de San Luis Potosí como en las de Guanajuato²⁷ el partido oficial se volvía a inmiscuir. Esta injerencia desató conflictos que sobrepasaron la arena local, lo que ocasionó que ninguno de los ganadores oficiales tomara plena posesión de sus puestos, que fueron ocupados por gobernadores interinos²⁸ (^{Santiago Castillo, 1993}).

Hay dos asuntos que destacar en estos acontecimientos. El primero: a pesar de que ya había experiencias de alternancia subnacional, el partido oficial no estaba preparado para que se diera de forma masiva. El segundo: a diferencia de experiencias previas, en estos casos el candidato oficial no pudo quedarse y se tuvo que negociar la llegada de otro personaje. Si bien el régimen seguía negándose a la pluralidad, los conflictos postelectorales ya no pasaban inadvertidos.

La segunda alternancia subnacional ocurrió en 1992 en el estado de Chihuahua. Esta fue producto de varios factores. El primero, una candidatura del PRI sin arraigo ni carisma.²⁹ El segundo, el candidato del PAN, Francisco Barrio, era conocido ampliamente, tenía carisma y proyección. Un punto importante es que él gozaba de una buena relación con el presidente en turno.³⁰ Por último, una participación alta (de 70 por ciento) en la jornada electoral minimizó el efecto de la maquinaria clientelar del PRI (^{Fernández Menéndez, 1992, junio 1}; ^{Hinojosa 1992}; ^{Santiago Castillo, 1993}).

A partir del proceso electoral de 1994, la pluralidad política se fue extendiendo paulatinamente. La gráfica 1 da cuenta de ello; en 1988, 100 por ciento de las gubernaturas estaban encabezadas por el PRI; para 2000 la proporción bajó a 59 por ciento y para 2020 se encuentra en el porcentaje mínimo histórico, solo en 37.5 por ciento de los estados.

Otro aspecto destacable es que surgieron figuras procedentes de partidos políticos pequeños que llegaron a ser gobernadores mediante alianzas; por ejemplo, Gabino Cué, en Oaxaca (propuesto en 2009 por Convergencia -hoy Movimiento Ciudadano-), y Manuel Velasco Coello, en Chiapas (propuesto en 2012 por el Partido Verde Ecologista de México). Incluso en 2015, en Nuevo León logró llegar al Ejecutivo local un candidato independiente (Jaime Rodríguez).

Si bien el PRI siguió manteniendo un porcentaje importante de gobernadores/as entre 2000 y 2015, muchos de estos/as fueron producto de una segunda o tercera alternancia,³¹ es decir, este partido aprendió a perder.³² No obstante, aunque la alternancia es regla, para 2020 aún cinco estados no han pasado por esta experiencia: Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo y Estado de México.

Fuente: elaboración propia

Gráfica 1 Gobernadores por partido político, 1987-2020 (porcentajes) 

Hasta aquí el repaso de la democratización subnacional en México. Aunque las reformas nacionales funcionan como piso mínimo, la aplicación y la profundidad subnacionales de estas varían, principalmente por la autonomía que cada una tiene. Considerando lo visto en este apartado y el anterior, es preciso definir la concepción de democracia que utilizaremos a fin de identificar de manera sistemática el proceso de democratización subnacional.

¿Qué entendemos por democracia?

Democracia y democratización son conceptos íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. La democracia es un punto de llegada; se puede identificar cuán cerca o lejos se encuentran un ente o país de dicha concepción en un determinado momento y según las características que un autor/a le dé. La democratización es el proceso de cambio mediante el cual un país o un ente llega a ser un régimen democrático o se vuelve más democrático.

En la primera sección establecimos que una parte importante para la identificación de la democratización subnacional es lo que entendemos por democracia. A continuación, exponemos varias concepciones de la llamada democracia con adjetivos. Posteriormente, y considerando el proceso de democratización subnacional en México, escogemos la concepción³³ que nos permita alcanzar los objetivos de este trabajo.

Así pues, existen concepciones mínimas como la de Schumpeter, quien ve la democracia como “un método mediante el cual la mayoría de las personas son partícipes de ciertas decisiones a través del voto y mediante elecciones competidas”³⁴ (^{Schumpeter, 2003 [1946], p. 269}); o la de Przeworski, quien asienta que la democracia es “un régimen en el cual aquellas personas que gobiernan son designadas mediante elecciones competitivas (disputadas)” (^{Przeworski et al., 2000, p. 15}).³⁵

Una concepción más robusta es la de poliarquía, por los requisitos que esta implica (^{Dahl, 1971}).³⁶ No obstante, las definiciones mínimas y la de poliarquía solo contemplan normas de acceso al poder.³⁷ Pero un régimen político debe considerar reglas de acceso y ejercicio del poder. La noción de democracia liberal³⁸ contempla ambos aspectos, tanto los relacionados con el acceso al poder como la existencia de un estado de derecho y contrapesos a los funcionarios elegidos, es decir, reglas del ejercicio del poder (^{Siaroff, 2011}).

En paralelo, otras concepciones demandan mayores características como la democracia sustantiva (^{Quiroga, 2000})³⁹ y la calidad de la democracia (^{Morlino, 2011}).⁴⁰ En estas, además de los requisitos anteriores, se consideran los resultados socioeconómicos. Entonces, ¿cuál elegir para caracterizar a la democratización subnacional?

La respuesta a esa pregunta depende de los elementos que requiere cada concepción y, en estricto sentido, de la presencia de información que la refleje (en forma de indicadores). Por ejemplo, para identificar las nociones de calidad de democracia, democracia sustantiva y democracia liberal los requisitos son más fáciles de hallar en lugares donde la democracia tenga cierto grado de institucionalización.⁴¹ Los elementos de una poliarquía también son varios, pero son menos complejos, en términos comparativos, que los que piden las tres concepciones mencionadas previamente.

La democracia mínima es la concepción que requiere menos características que todas las anteriores, lo cual tiene sus pros y sus contras. Un punto a favor es que puede aplicarse de forma comparativa en un lapso mayor. El punto en contra radica en que al precisar solo indicadores mínimos puede producirse un espejismo en los resultados obtenidos. Así, que un régimen se ostente como una democracia mínima es lo básico que se puede esperar, y ello no significa que tenga un régimen democrático de calidad. Para saberlo necesitaríamos partir de una concepción más exigente.

A la luz de este trabajo, el uso de democracia mínima nos señalará casos subnacionales en los cuales los aspectos democráticos mínimos no se están cubriendo y pasan inadvertidos a causa de la heterogeneidad política subnacional y a lo que acontece en el contexto nacional. Además, de acuerdo con lo visto en el apartado previo, en los últimos 25 años del siglo XX los regímenes políticos subnacionales luchaban por implantar normas democráticas básicas como la alternancia y la competitividad.

Por tales motivos, en este trabajo nos decantamos por la concepción de democracia mínima. Aquí cabe advertir que los resultados obtenidos en los casos más desarrollados solo reflejan que han traspasado el umbral de lo mínimo que se les pide, mas no que se han convertido en democracias plenas. En el lado contrario, identificaremos casos en los que aún no se cumplen las condiciones más básicas de una democracia.⁴²

¿Por qué la creación de un nuevo índice?

En este apartado repasamos otras mediciones que también pueden dar cuenta de la democratización subnacional, es decir, es posible replicarlas cada determinado tiempo y que muestren la evolución de los casos. Al final se explicarán las aportaciones del índice aquí propuesto con respecto de los existentes. Así pues, en la literatura encontramos los siguientes índices:

Estos cuatro⁴⁵ índices pueden reflejar la democratización subnacional. Entonces, ¿por qué proponer uno nuevo? Esta propuesta tiene que ver principalmente con las características democráticas que pretendemos observar y con la existencia de datos para ello.

A saber, por un lado, el índice de desarrollo democrático (^{PoliLat et al., 2014}) es un ejercicio muy valioso, pero sus datos más antiguos son de 2010; además, su base conceptual es la democracia sustantiva. Por otro lado, los índices de democracia subnacional (^{Giraudy, 2013}) y de democratización subnacional (^{Sevilla, 2019}) están cimentados en la concepción de democracia liberal. Estos ejercicios reflejan de forma más clara la calidad de las democracias; no obstante, algunos de los indicadores que ahí se contemplan son difíciles de hallar en años anteriores a 2000.

El índice de poliarquía (^{Beer y Mitchell, 2004}) es el que más se acerca a la concepción de democracia mínima. Sin embargo, en este no se contemplan datos sobre la alternancia, una característica que Przeworski considera necesaria para cualquier democracia. Además, dado el contexto de los casos de estudio, será importante observar cómo los estados fueron dejando de ser versiones locales del régimen del PRI y poco a poco otros partidos fueron ganando terreno, compitiendo y, eventualmente, alternando. Eso no significa que el resto de los índices no sirvan, más bien son útiles para otros objetivos y temporalidades, que bien pueden ser abordados en futuras investigaciones.

Operacionalización de la democracia mínima subnacional

En este apartado establecemos cuáles indicadores nos señalarán la existencia de la democracia mínima en los casos de interés. Para ello, nos auxiliamos de los criterios establecidos por Sartori para identificar si una elección fue competitiva, a saber: 1) cuando los partidos principales se acercan a una distribución casi nivelada de fuerza electoral; 2) cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y ganan con ligero margen, y 3) la frecuencia con la que los partidos se alternan el poder (^{Sartori, 2005, pp. 194-196}).

Con base en estos criterios definimos los indicadores que se requieren para reconocer una democracia mínima. A continuación, describimos los indicadores que se consideraron y una breve descripción de la manera en que se observan en los estados mexicanos en el periodo de estudio.

El primer indicador es el número efectivo de partidos (NEP) (^{Laakso y Taagepera, 1979}). Este calcula cuántos partidos están compitiendo tomando en cuenta el porcentaje de votos obtenido por cada partido y no el número de partidos que compiten. Entonces, deben existir al menos dos partidos efectivos para considerar que en una elección hay una distribución de fuerzas políticas; si el número es inferior, se evidenciaría lo contrario.⁴⁶ En 1988, la mayoría de los estados mexicanos se encontraban por debajo del dos (a excepción de Chihuahua, Jalisco y Nuevo León). Con el tiempo eso fue cambiando, y para 2020 no hay ningún caso que se ubique debajo del dos; incluso la media actual es de tres.⁴⁷

El segundo indicador es el margen en la victoria entre el primero y el segundo lugares en las elecciones a gobernador. Si esta diferencia es menor a cinco por ciento, significa que en dicha entidad hay una gran competitividad por los puestos de elección; pero si es mayor a 20 por ciento, implica que una opción tiene una influencia marcada en cierta parte del electorado. Ello supondría que no hay distribución nivelada de la fuerza electoral.⁴⁸

Para 1988, la mayoría de las entidades de la república tenía un margen de victoria superior a 50 por ciento (excepto Chihuahua y Jalisco), es decir, no había ninguna posibilidad de que el segundo lugar pudiera competir con el primero. Como en el indicador anterior, esta situación fue cambiando y ya no se observan estas diferencias tan marcadas. Para 2020, el promedio de la diferencia entre el primero y el segundo lugares es de 11.72 por ciento.⁴⁹

El tercer indicador versa sobre la experiencia de alternancia. Para los fines de este trabajo, consideramos no solo que una entidad la haya experimentado, sino también que haya vuelto a ocurrir en al menos tres elecciones posteriores.⁵⁰ Dada la historia de México, muchos vicios en la esfera nacional pudieron haberse contagiado en el nivel subnacional o, también, el partido que alternó reprodujo vicios del partido anterior.⁵¹

Este es un dato por demás importante para la determinación de la democracia mínima. Como bien lo dice Przeworski, “la democracia es un sistema en el cual los partidos pierden elecciones” (^{Przeworski et al., 2000, p. 16}). Para el caso mexicano, y con datos del 2020, en 11 entidades (34 por ciento) ya se han experimentado tres alternancias; en 12 (38 por ciento), dos; en cuatro (13 por ciento), una, y en cinco (16 por ciento) nunca ha cambiado el partido en el poder.

Estos tres indicadores reflejan la heterogeneidad del proceso de democratización en el interior de México. Ahora bien, con base en estos se creó el índice de democracia mínima subnacional (IDMS). La manera en que se calculó cada criterio puede conocerse en el anexo 1, al final del texto. Derivado de ese cálculo, la fórmula para obtener el IDMS es la siguiente:

IDMS = (C1*0.25) + (C2*0.25) + (C3*0.5)

Donde C1= NEP; C2 = promedio del margen de victoria entre el primero y el segundo lugares en las últimas tres elecciones a gobernador, y C3 = existencia de alternancia en las últimas tres elecciones a gobernador.

Como se puede observar, en la fórmula existe una ponderación que le da mayor peso a la alternancia, ya que dicho dato, por un lado, refleja la presencia de una oposición fuerte capaz de acceder a puestos de elección. Por otro lado, señala que el partido en el gobierno sabe perder, es decir, que respeta los resultados y que probablemente se forjó la conciencia de que en una futura elección volverá a competir⁵² y eventualmente ganar. Esta ponderación contempla la importancia que Przeworski le da a la alternancia.

El proceso de democratización subnacional en México, 1988-2020

Fuente: elaboración propia

Gráfica 2 Democratización en las entidades de México, 1988-2020 

Con fundamento en la fórmula establecida, medimos la democracia mínima en las entidades federativas mexicanas entre 1988 y 2020. En la gráfica 2 se representa el proceso de democratización subnacional en México.

Ahora bien, con base en la gráfica 2 señalamos los siguientes siete aspectos.

Como conclusión, en este apartado identificamos el proceso de democratización subnacional en las entidades federativas mexicanas tomando como base el concepto de democracia mínima. Dicho ejercicio nos permitió observar la heterogeneidad en el interior de México; también que en 1988 la mayoría de las entidades no tenía ninguna de las características que consideramos.

Que en 2020 la mayoría de las entidades haya obtenido puntajes altos no debe sorprendernos, ya que, en teoría, la concepción de democracia mínima debería estar cubierta en la actualidad, pero, como hemos visto, no es así. Esta falta se manifiesta con claridad en nueve por ciento de los estados mexicanos.

Reflexiones finales

La democratización no se ubica en un momento determinado; más bien, es un proceso y se identifica observando la ruta que un país ha seguido en la búsqueda de ser un régimen democrático. Esa ruta puede tener periodos de crisis, pero después de un corto tiempo un país sale de esta. En esencia, la democratización subnacional tiene las mismas características, pero está limitada por un rango de variación, es decir, está vinculada con la democratización del país en cuestión.

Para estudiar la democratización subnacional de forma empírica fue necesario elegir una conceptualización de democracia que fungiera como concepto base; las características de este nos señalaron los indicadores que debíamos tomar en cuenta.

En este trabajo construimos el índice de democracia mínima subnacional y medimos la democracia mínima anual entre 1988 y 2020. Derivado de tal medición, fue posible seguir la ruta de cada entidad, en busca de la aplicación de las características de la democracia mínima. La principal conclusión de este ejercicio es que la democratización subnacional en México ha ocurrido de forma heterogénea.

Aunque la mayoría de las entidades cumple o está muy cerca de cumplir las condiciones de la democracia mínima (82 por ciento), tres (Estado de México, Hidalgo y Coahuila) aún tienen niveles muy bajos, por lo que están lejos de cubrir los requisitos mínimos de una democracia. Tres están en un punto medio: Campeche, Colima y Guanajuato. Si bien los dos primeros llevan un proceso (muy largo) ascendente, llama la atención el último porque sigue un curso claramente regresivo.

Es preciso reafirmar que los indicadores seleccionados solo abarcan aspectos de acceso al poder. Para captar la evolución de un régimen político es necesario que también se tomen en cuenta indicadores de ejercicio del poder. Para hacerlo, el principal obstáculo es la falta de datos cuando el periodo de estudio abarca el siglo anterior. Una posible salida es estudiar un periodo menor, al menos posterior al año 2000.

Por último, cabe resaltar que los resultados de este trabajo abren muchas líneas de investigación en el futuro; por ejemplo, ¿qué sucede en las entidades donde aún no se ha experimentado la alternancia?, ¿qué circunstancias se observan en las entidades que alternaron antes del año 2000 y que se han mantenido con puntajes altos en el IDMS?, ¿qué explicaría el hecho de que algunas entidades estén más avanzadas que otras?