Introducción

Este artículo surge como necesidad de contribuir al análisis en torno a la revitalización del gobierno, actores y agentes locales como clave en la ejecución de políticas, entre ellas las migratorias. En este sentido, se trata de resaltar y analizar las funciones y los roles desarrollado por estos últimos, y así vislumbrar sinergias entre los mismos. Consideramos que diversos trabajos académicos ya han debatido y vienen debatiendo sobre temáticas relacionadas con el tema aquí planteado en torno a la movilidad territorial, políticas locales e inmigración, ámbito normativo y competencial en materia de extranjería entre el gobierno central, autonómico y local en España (arts. 148.1 y 149.1 CE y 67 y 68 LOEx), entre otros.

Ha habido otros trabajos que plantearon el tema en cuestión desde la crisis económica como excusa para la recentralización de las políticas migratorias a nivel local, la coherencia entre el ámbito planificador (autonómico) y el ámbito ejecutor (local) de las políticas migratorias, así como la interrelación entre las autoridades locales, las asociaciones de inmigrantes y los factores externos en la planificación y ejecución de las políticas migratorias. Algunos estudios analizaron la calidad de atención a la población extranjera en los servicios bibliotecarios interculturales en Almería (^{Cervantes y Navas, 2012}), la situación de inclusión de mujeres extranjeras en zonas catalanas despobladas (^{Soronellas, Bodoque, Blay, Roquer y Torrens, 2014}).

Asimismo, otros trabajos se han centrado en el análisis sobre la inmigración y la sostenibilidad de las pensiones en países desarrollados (^{Serrano, Eguía y Ferreiro, 2011}), así como el acceso a los servicios sanitarios y los servicios sociales por parte de la población migrante en situación de irregularidad administrativa (^{Gea-Sánchez et al., 2017}). Otros plantearon además los desafíos que suponen la cooperación inter e intralocal como un desafío a los límites fronterizos estatales delimitados (^{Fernández, 2005}).

En relación con el aspecto integrador social en el marco de las políticas públicas migratorias, se puede determinar el punto de inflexión en el plan GRECO (2001-2004), que según ^{Pajares (Pajares, 2006}) y, Navarro y Artola fracasaron porque priorizaron el enfoque de control migratorio frente al de integración social (^{Laparra y Martínez de Lizarrondo, 2008}).

El análisis de políticas de integración social en España forma parte del escenario académico, social y político al menos desde hace más de dos décadas, y en Europa, desde los años sesenta, en el que se discute cómo integrar a las personas migrantes y a las minorías en las sociedades locales europeas (^{Balibar, 2003}; ^{Becker, 1997}). Esos debates giran en torno a la eficacia de los modelos de integración multicultural, la asimilación, e incluso la interculturalidad, todos ellos a partir de los modelos nacionales de integración.

En Francia, los debates giran en torno al modelo republicano de integración (asimilación) de los inmigrantes y las minorías. En los Países Bajos y Gran Bretaña, el debate se centra más sobre cómo el multiculturalismo puede dar forma a una ciudadanía común, en lugar de grupos de personas separadas (^{Bertossi, 2011}). En España, los debates giran en torno a dos ejes: por un lado, cómo el multiculturalismo liberal promueve los guetos en lugar de la integración y las interacciones, y por otro, cómo la asimilación no es la forma adecuada de integrar a los inmigrantes y a las minorías, por lo que debemos apostar por la interculturalidad (^{Martín, 1990}; ^{Romero, 2003}; ^{Aja y Arango, 2006}). En Portugal, a partir de un modelo de integración multicultural liberal, los autores debaten sobre la integración jurídica a través de la adquisición de la nacionalidad, el sentimiento de pertenencia a los valores portugueses de los migrantes de segunda y tercera generación, el uso de las lenguas maternas africanas (entre otras) y las prácticas culturales dependientes de la estructura socioeconómica de las familias, entre otras tipologías de debate necesario en materia de inclusión de la población migrante y/o de las minorías (^{Machado, 2009}).

Las políticas de multiculturalismo liberal en España y en Andalucía vienen visibilizando y consolidando la existencia de espacios culturales separados, lejanos y supuestamente desconocidos, y ya ha sido suficientemente criticado. En España, a partir de diversas reflexiones teóricas y de la implementación de políticas migratorias, se ha tratado de proponer fórmulas ciudadanas inclusivas para que los migrantes se sientan parte del contexto español y, en particular, andaluces, a través de la ciudadanía a posteriori, la ciudadanía diferenciada, en definitiva, cambios de paradigmas culturales y políticos en torno a la ciudadanía y al Estado nación.

Así que, similar a una receta, hay propuestas que señalan la educación como el lugar principal para interactuar con otras culturas (^{García y Diestro, 2013}); otras proponen un liberalismo intercultural radical (^{Cortina, 2006}) para liberar a las personas oprimidas por la desigualdad de poder en los espacios comunitarios, así como aprender a convivir desde diferentes culturas (^{de Garay, Díaz, Elósegui y Sabariego, 2009}). En resumen, también hay propuestas sobre la gestión de la mediación intercultural a fin de prevenir conflictos e intolerancias (^{Giménez, 1997}; ^{Corella, 2018}).

En relación con el segundo aspecto de políticas de integración en España -las políticas interculturales-, el mismo ya viene formando parte de los Planes Integrales de Inmigración, entre ellos, de la Comunidad Autónoma Andaluza, al menos desde el año 2016. Desde esta óptica, ^{Gualda Caballero (2011}), desde el contexto europeo y nacional, se decanta por la integración desde la perspectiva del interculturalismo […], y comienza a trabajar en el desarrollo de un programa de Ciudades Interculturales […] donde el interculturalismo implica el reconocimiento explícito del valor de la diversidad pero también hacer todo lo posible para incrementar la interacción, la mezcla y la hibridación entre comunidades culturales (Gualda Caballero, 2011).

A su vez, ^{Castaño (2016}) analiza cómo dichas políticas de interculturalidad han sido aplicadas e implementadas a nivel local desde factores de colonialidad interna, visibilizando así a priori las características y desiguales a nivel cultural. Es decir, se requiere la integración de las personas migrantes a un contexto cultural andaluz que no se corresponde con el recorrido histórico de Andalucía, esto último más vinculado a su historia mestiza y diversa, y no solo europea y española.

En el marco de lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene por objetivo analizar las características de las políticas públicas y privadas de integración existentes en los municipios andaluces, así como los principales desafíos a los que tienen que hacer frente, a fin de responder a las necesidades y demandas migrantes. El trabajo pretende ser explicativo y evaluativo, es decir, analizar políticas públicas migratorias locales, y tratar de dar respuestas a los desafíos que surjan y se presenten.

Las metodologías que se plantea desarrollar a fin de cumplir con los objetivos referenciados girarán en torno a la revisión bibliográfica relacionada con las políticas y los gobiernos locales, los desafíos normativos y conceptuales sobre la migración y lo municipal, por un lado; y por el otro, la comunicación con determinados gobiernos locales, organismos públicos y privados (como las organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, a fin de conocer de cerca, en primer lugar, sus roles en la aplicación de políticas de integración de personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; segundo, la cooperación/mediación intercultural y el codesarrollo como instrumentos para la cohesión social; y tercero, los modelos de gobernanza, corresponsabilidad de actores y participación ciudadana en la gestión de la diversidad y de las políticas migratorias, de asilo y refugio.

Dicha comunicación se dio en tres fases, siendo la primera mediante el envío de formularios a dichos organismos, a fin de que respondieran a preguntas relacionadas con los tres ámbitos antes reseñados; la segunda, a través de interacción con los mismos durante el taller sobre Andalucía Integradora, en el que se reflexionó y se debatió de forma conjunta sobre las cuestiones planteadas en el formulario; y la tercera, en el Seminario Internacional, en el que además de reflexionar y debatir con los demás stakeholders implicados en las políticas migratorias a nivel local, se abrió espacios de interacción con el público asistente a este evento. Antes de entrar en el debate aquí mencionado, se considera relevante realizar ciertas consideraciones previas relativas a las metodologías de interacción con las entidades locales, las ONG y universidades.

En el proceso de interacción antes mencionado, y más concretamente en la respuesta a los formularios, han participado cuatro autoridades locales, siendo el Ayuntamiento de Campillos, en Málaga, el de Córdoba, la Diputación de Huelva, y el Ayuntamiento de Cádiz. Igualmente, participaron personal de la Dirección General de la Coordinación de Políticas Migratorias en Andalucía, de la Asociación (Codenaf), y de la Universidad de Sevilla.

La elección de las entidades locales antes mencionadas se creyó conveniente debido a los siguientes motivos: el Ayuntamiento de Campillos cuenta con la Oficina de Atención Ciudadana y Área de Migraciones y Ciudadanía y Solidaridad y Cooperación Internacional, como parte de la Delegación de Derechos, Solidaridad, Cooperación Internacional y Seguridad Ciudadana, que lleva años desarrollando labores de atención a la población migrante a nivel comarcal. El Ayuntamiento de Córdoba forma parte de la Red de municipios de acogida de refugiados, y se consideró importante verificar el alcance de las iniciativas del consistorio en esta materia, a fin de así contribuir a la efectividad y concreción de las medidas.

Aunque Huelva tiene tan solo 6.77 por ciento de la población extranjera extracomunitaria y

8.40 por ciento de población comunitaria del total de la población extranjera (comunitaria y extracomunitaria), en Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se consideró que es uno de los principales focos de trabajo en materia de gestión de la diversidad dada su importancia laboral. Es decir, en Huelva se concentran los principales campos de frutos rojos y cítricos en los que trabajan gran parte de la población migrante -comunitaria y extracomunitaria- residente en Andalucía. En este sentido, la Diputación de Huelva constituyó, entre otras iniciativas, la Mesa de Apoyo a las Personas Refugiadas (MAR), con el fin de dar respuesta a los desafíos planteados por la crisis migratoria y de refugiados. Además, el Ayuntamiento de Huelva desde la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad creó recientemente la Oficina de Atención al Migrante (OFAM), cuyo fin es responder a las demandas diversas que se dan en el marco de la convivencia en la provincia.

A su vez, Cádiz cuenta con un total de 6.86 por ciento de extranjeros extracomunitarios y 6.08 por ciento de extranjeros comunitarios sobre el total de los mismos a nivel andaluz, según datos del INE. Sin embargo, se consideró que la importancia de la provincia de Cádiz no estriba en la cifra mínima de población extranjera comunitaria y extracomunitaria, sino en que es la puerta de entrada a Europa desde el continente africano. Es decir, Cádiz debe contar con recursos suficientes para responder de primera mano a los desafíos que supone la llegada de personas migrantes a sus costas. Todo ello constituye motivos básicos de elección de los interlocutores en el proceso de la elaboración del presente trabajo.

Entre los interlocutores que participaron en el proceso del presente trabajo la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, de la ^{Junta de Andalucía} como agente clave en la definición y coordinación de las políticas a nivel autonómico. Se consideró importante contar con las opiniones de la institución que coordina las políticas migratorias a nivel andaluz, cuya repercusión y ejecución se lleva a cabo a nivel municipal. También participó en este proceso Organizaciones No Gubernamentales de Inmigrantes en Andalucía que permitió analizar la realidad subjetiva migrante en y desde las políticas migratorias. A ello se añade las opiniones del ámbito universitario con amplio currículo de publicaciones y reflexiones sobre la cuestión migratoria.

El presente trabajo se estructura en torno a tres ejes que a su vez son los apartados del mismo, siendo: 1) la contextualización teórico-conceptual de las políticas públicas locales y migración, 2) políticas de integración de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y 3) instrumentos para la cohesión social: cooperación/mediación intercultural, codesarrollo, economía social y solidaria.

En un primer momento se realiza la contextualización del debate en torno a lo local y la migración en España y, en el segundo y terer apartado se exponen los resultados de la discusión y debate realizados con los organismos e instituciones participantes en el presente trabajo -entidades locales, ONG, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y la Universidad de Sevilla. En las conclusiones se presentan no solo las principales conclusiones tras el análisis de las interacciones y debates realizados, sino igualmente algunas recomendaciones que se considera de interés a fin de revertir el cauce de las políticas públicas y privadas migratorias a nivel municipal.

Contextualización teórico-conceptual de las políticas públicas locales y migración

Como compromiso ético, político y moral, se considera que las políticas públicas deben encuadrarse en el marco local a fin de no caer, primero, en declaraciones de buenas intenciones; y segundo, en universalismos y humanismos a priori que a menudo tienen nombres, apellidos y marcos político-ideológicos predeterminados (^{Herrera, 2005}) que conllevan desigualdades de poderes, de posiciones, disfrute de los bienes materiales e inmateriales, así como desigualdad en el sistema de valores. La consideración de políticas públicas a nivel local permitirá, pues, contextualizar tanto las realidades económicas, sociales, culturales y políticas, y por consiguiente la relación de poderes, y los sistemas de valores existentes que viabilicen o no espacios de construcción de vida digna para los individuos y los cuerpos que lo habitan.

Hoy día más que nunca se es consciente de la importancia de las políticas locales como forma de responder a las necesidades concretas que se dan y, desde enfoques multiniveles y transversales. La función de los gobiernos locales debe ir más allá de un simple gestor de decisiones y políticas definidas a nivel del gobierno central y autonómico, y convertirse en una suerte de “autonomía local” (^{Subirats, 2010}, p. 41).

Frente a ello, ^{Brugué y Gomà han reclamado la “repolitización de los gobiernos locales” (Brugué y Gomà, 1998}). Ello significa la concepción del poder local como un poder político con capacidad de autogobierno. ^{Subirats (2016}) señala que se encuentra, pues, ante actores de políticas cuyos poderes dejan de ser marginales a los de los poderes centrales y regionales para asumir una capacidad de autogobierno que les confiere nueva capacidad de decisión y margen de maniobra para elaborar políticas.

En este proceso de construcción de líneas de las políticas públicas locales que respondan a los desafíos, entre otros, de políticas migratorias, Subirats reclama la proximidad donde la gente en el territorio sabe y comparte la importancia de lo que pasa en el municipio en relación con el futuro de la comunidad, del colectivo que vive y convive en un territorio específico, donde la gente mantiene vínculos de pertenencia e implicación en los asuntos comunes (Subirats, 2016). Resalta, que “[G]obernar requiere cada vez más capacidad de implicación y compromiso, tanto en la definición de problemas y políticas, como en la gestión de programas y servicios.” (Subirats, 2010, p. 45). Se complementa alegando que en este desafío es menester añadir la deconstrucción de lo extranjero y lo extraño y, el derribo de las boundaries (^{Mezzadra y Neilson, 2017}) que fomentan la exclusión. También se requieren cambios en la percepción entre lo público y privado desde un punto de vista binario y distinto tal como se viene percibiendo desde concepciones modernas (^{Castro y Herrera, 2006}).

Sin embargo, el camino hacia dicha gestión integrada e interseccional es arduo tal como se encuentra actualmente el escenario de reparto de prerrogativas en materia migratoria. Así, uno de los desafíos más relevantes en materia migratoria en España se encuentra en el reparto de competencias entre las instituciones a nivel central, autonómico y local. Es decir, la cuestión migratoria es competencia del gobierno central (art. 149.1.2. CE) que a su vez concedió determinadas prerrogativas a Comunidades Autónomas que previamente se han comprometido con las políticas migratorias en sus respectivos Estatutos. Aja expone que “…a medida que se desarrollaban las competencias de las CCAA -y al mismo tiempo que crecía la inmigración- se fue viendo el papel creciente que correspondía a las CCAA, de manera que se ha ido matizando la interpretación de la competencia del Estado” (^{Aja, 2012, p. 12}). El catedrático de Derecho constitucional enfatiza que:

Las comunidades autónomas iniciaron políticas de inmigración desde que comenzó el fenómeno inmigratorio en los años noventa, al principio a través de sus competencias de carácter sectorial, en educación principalmente, pero también en sanidad, inspección de trabajo o en protección de menores, y después como materia específica que necesitaba una coordinación entre los departamentos afectados, comenzando en casi todas las CCAA por situar el centro en la Consejería de Bienestar Social, Servicios Sociales o equivalente (^{Aja, 2012}, p. 12).

Este proceso institucional de competencias entre el gobierno central y las comunidades autónomas, tomó forma concretamente en la reforma de la Ley de extranjería 2/2009. Tal como expone ^{Andreo (2012}):

[el]…título IV de la Ley contempla el papel fundamental de las Comunidades Autónomas, reconociendo la necesidad de una gestión colaborativa y otorgándole una consideración central a la elaboración y efectos del informe de esfuerzo de integración y al informe sobre la vivienda para la reagrupación familiar. También los ayuntamientos figuran en la Ley, en el supuesto de que las Comunidades Autónomas deleguen en ellos sus competencias. Un aspecto importante es la posibilidad que la ley ofrece para el traspaso de competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo, ofreciendo así la posibilidad a las Comunidades Autónomas para gestionar, si asumen esta competencia ejecutiva, para expedir estos permisos e incluso delimitar su ámbito geográfico (^{Andreo, 2012}, p. 42).

La ley 2/2009 en cuestión es, sin embargo, ambigua en cuanto a reparto de competencias a las Comunidades autónomas, pues:

…ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas que reciban competencias en materia de inmigración y extranjería, pero no explicita qué competencias pueden ser asumidas, además de dejar abierta la posibilidad de que sean las propias Comunidades las que decidan solicitarlas. Esto posibilita la existencia de diversas realidades, que pueden quedar agrupadas en dos opciones: a) Comunidades que ostentan competencias y legislan a tal efecto cómo gestionar la inmigración en sus territorios (como Cataluña y Andalucía); b) Comunidades que no han reclamado esta competencia y se rigen por la normativa estatal (^{Andreo, 2012}, p. 43).

En este sentido, Zapata-Barrero argumenta que:

[…] se producen incoherencias, mensajes y políticas contradictorias entre gobiernos locales, y entre gobiernos locales y gobierno autonómico y central, especialmente en temas de gestión de varios asuntos donde la división de competencias no está bien delimitado o son simplemente concurrentes, casi la mayoría relacionados con la acomodación de la inmigración: temas técnico-administrativos de empadronamiento, acogida y primera asistencia, gestión espacio público/religión, cultura, urbanismo, vivienda, escuelas (^{Zapata, 2012}, p. 57)

^{Montilla (2009}) argumenta que en cuanto a la inversión normativa para la efectividad del reparto de competencias en materia migratoria:

…no parece que los esfuerzos normativos por coordinar la labor interadministrativa hayan tenido resultados en la práctica; finalmente las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas quedan reducidas a convenios de colaboración, que implican fundamentalmente un compromiso estatal de financiación en la atención social del inmigrante (^{Montilla, 2009}, pp. 82-84).

El reparto de competencias a las que hacemos mención es tan relevante, sobre todo, debido a las políticas de integración de inmigrantes que requiere de un enfoque contextualizado que el Estado central no alcanza. Como dice Comesaña “…los gobiernos nacionales […] son demasiado pequeños para responder a los grandes retos y demasiado grandes para responder a esas demandas diversificadas de los ciudadanos relacionados con las pequeñas cuestiones que determinan su calidad de vida” (^{Comesaña, 1998, p. 6}).

En definitiva, tal como afirma Andreo “…la migración es un fenómeno multidimensional que requiere de la intervención de todos los poderes públicos y privados en colaboración y coordinación permanente” (Andreo et al., 2012, p. 10). Esto es lo que podríamos denominar de gobernabilidad/cooperación multinivel. ^{Zapata (2012}) entiende a esta última por:

[…] cooperación multinivel de gobierno como un modelo en el que el gobierno central retiene el control primario sobre la inmigración y la supervisión de toma de decisiones, pero designa a autoridades sub-nacionales como socios menores y les permite una cierta discrecionalidad para afirmar o dar cuenta de determinadas categorías las necesidades nacionales (^{Zapata, 2012}, p. 60).

Así, "...en España opera una política de distribución de competencias entre el gobierno central, gobiernos regionales y locales, conformando un complejo y asimétrico régimen de gobernanza multinivel en la gestión de la inmigración” (^{Agrela y Universidad de Granada, España, 2005}, p. número de página). En este sentido, ha cobrado mucha fuerza el Tercer Sector, sobre todo a través de las ONG y asociaciones sin ánimo de lucro, como motor para la visibilización de las necesidades de una población inmigrante en ascenso (^{Andreo et al., 2012}).

Con base en lo antes expuesto, la fórmula de competencias es la siguiente: “…el Estado sería garante del control de los flujos migratorios y la sociedad civil la encargada de promover la integración de la población migrada, tanto con financiación privada como pública (^{Agrela y Universidad de Granada, España, 2005}, pp. 28-29). Andreo complementa dicha línea de competencias argumentando que “posteriormente las comunidades autónomas y municipios compartieron la dimensión de la intervención dirigida a personas inmigrantes dentro de sus políticas públicas, como se evidencia con la aprobación de planes de inmigración a mediados de la década pasada” (Andreo, 2012, p. 46)

Apunta ^{Andreo (2012}). que la “…organización multinivel tiene dos dimensiones, una interna a través de la Comisión Interdepartamental y otra externa canalizada por el Foro Andaluz de la Inmigración y los Foros Provinciales” (2012, p.42). Los autores en cuestión puntualizan que el organigrama de la organización multinivel se completa con los Planes Integrales de Inmigración en Andalucía (Andreo, 2012). Desde el II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (II PIPIA) ya se contemplaba el principio de descentralización mediante la creación de los foros provinciales dando así valor a las autoridades locales en el ejercicio efectivo de políticas migratorias más próximas. En el III PIPIA, se estableció lo siguiente:

Conforme a lo previsto en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, son los municipios quienes ostentan, como competencias propias, la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía (artículo 9.3), y la ejecución de las políticas de inmigración a través de la acreditación del arraigo para la integración social de inmigrantes, así como la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupamiento familiar de inmigrantes (artículo 9.28). Asimismo, cabe resaltar que la Ley de Autonomía Local faculta para el ejercicio de sus competencias y la prestación de servicios a los municipios, a actuar directamente o asociados a otros municipios, otras entidades locales, administraciones públicas, o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro (PIPIA_III.pdf, s. f, pp. 69-70).

En suma, ya existe un marco normativo que establece la acción en el ámbito social y de integración migrante de los gobiernos locales y agentes privados (las ONG, básicamente) en España. Lo que cabe saber es como se realiza dicha acción en el terreno, lo que se trata de hacer en los siguientes apartados mediante el análisis de los resultados de discusión y debate con los organismos e instituciones participantes en el presente trabajo.

Políticas de integración de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

De acuerdo al análisis sobre marcos teóricos y normativas de integración de inmigrantes en España realizado en líneas anteriores, en este apartado se pretende aterrizar dicho análisis en programas concretos de acuerdo a las entrevistas y debates desarrollados con los agentes clave en materia migratoria en Andalucía. Así, en relación con las políticas de integración de migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo desarrolladas por entidades locales y/o ONG, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y universidades, se ha planteado la opción de múltiple respuesta discriminando las respuestas de éstas últimas. En este sentido, predominan en los tres organismos (entidades locales/ONG, Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, y universidades) la dotación de los mismos recursos que se ofrecen para toda la población empadronada en el municipio, es decir, sin discriminación de nacionalidad, género, raza, clase social, ni condición sociojurídica (tener la autorización de residencia, o no).

En el caso concreto de entidades locales y/o ONG, la segunda opción en materia de políticas de derechos sociales dirigido a la población migrante y refugiada, consiste en la dotación de recursos específicos atendiendo a los diferentes permisos de residencia (26.6%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica (gráfica 1). Es decir, mientras en la primera opción tenemos la atención a todos sin discriminación, en esta segunda opción sí se da prioridad a los que tienen la autorización de residencia vigente en España. Ello se confirma pues la importancia que tiene contar o no con la autorización de residencia (condición sociojurídica) en la garantía de derechos de los/las migrantes en España (^{Morris, 2002}; ^{Solanes, 2016}; ^{Tomé, 2015}).

Fuente: Elaboración propia en base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 1 Políticas en materia de derechos sociales dirigidas a los migrantes y refugiados-Entidades locales y las ONG 

En relación con la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias (DGCPM), a pesar de ser un organismo autonómico, sus acciones y políticas se aplican a nivel local. Por ello, tal como se adelantó antes, el mayor porcentaje de los recursos se aplican para toda la población empadronada en el municipio sin discriminación alguna. En la segunda categoría constan los recursos específicos para los extranjeros con autorización de residencia siendo el porcentaje algo superior en el caso de las ONG (27.2%). La atención de la DGCPM en el ámbito de derechos sociales no discrimina entre los llamados migrantes económicos y los refugiados, siendo, pues, más inclusivas. Asimismo, la intervención y las acciones son integrales y compensatorias a las desigualdades sociales en la población migrante y refugiada tal como planteaba ^{Subirats (2016}) en líneas anteriores. Es decir, desde lo local y el ámbito autonómico tratan de responder a las demandas, entre otras, de la población migrante y refugiada.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 2 Políticas en materia de derechos sociales dirigidas a los migrantes y refugiados-DGCPM 

A nivel universitario, se reitera lo anteriormente dicho de que se aplican los mismos recursos que se ofrecen para toda la población empadronada a nivel municipal (63%) sin discriminación alguna, en este caso con un porcentaje superior al resto. En el caso universitario de los derechos sociales implicados en la encuesta (vivienda, sanidad, educación), el enfoque ha sido puesto en el ámbito educativo debido sobre todo a su ámbito de actuación, demostrando así que en este ámbito se cubren las demandas y los derechos sociales de todos sin discriminación de nacionalidad, raza, clase, género, ni condición sociojurídica.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica3 Políticas en materia de derechos sociales dirigidas a los migrantes y refugiados-Universidad 

A fin de matizar los perfiles de la población migrante y refugiada a las que se destinan los recursos/políticas y acciones en materia de derechos sociales, se unifican las respuestas de entidades locales/ONG/DGCPM/universidad en torno a qué requisitos documentales se les requerían a los potenciales usuarios. Aunque hay un ligero predominio de que no se requiere ningún documento en especial (42.8%), es evidente la importancia de la regularidad administrativa a fin de beneficiarse de los derechos sociales (35.7%).

En otras palabras, es evidente la atención básica sin discriminación en materia de los derechos sociales por parte de los agentes clave como las ONG, DGCPM y las universidades (42.8%). Sin embargo, 35.7 por ciento sí requiere en el conjunto de las tres entidades que las personas que atienden cuenten con la autorización de residencia a fin de acceder a los servicios sociales básicos y específicos, ello significa que al final se acaba discriminando entre aquellas que cuentan con una autorización de residencia y las que no. Esta cuestión forma parte de una de las principales preocupaciones de la Agencia Europea de derechos fundamentales (^{European Union Agency for Fundamental Rights, s. f.}) y de trabajos académicos e informes que reflexionar sobre lo mismo (^{Delvino, 2017}; ^{Fernández, 2019}). Es decir, el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Unión Europea y estándares básicos de los derechos humanos en el acceso a los derechos por parte de migrantes en situación de irregularidad administrativa.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 4 Requisitos documentales a los migrantes/refugiados 

Igualmente, se creyó conveniente recoger información referente a la fuente de financiación de dichas políticas sociales dirigidas a la población migrante y refugiada. La mayor parte de ellas provienen de fondos y convocatorias autonómicas (28.5%), europeas (21.4%) y municipales (21.4%). Es decir, los recursos estatales, aunque cubren 17.8 por ciento, son inferiores a los tres antes mencionados, lo que advierte de la desconexión entre el centro y los municipios y, por lo tanto la necesidad de repolitización de la acción municipal (^{Subirats, 2016}; ^{Brugué y Gomà, 1998}). En este sentido, desde la DGCPM se reivindica la renovación de los Fondos de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes (FAIREA) y, una mayor implicación de los fondos europeos en las políticas municipales. En este sentido cabe destacar la acción de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (ERACIS) que tiene como apoyo el contexto europeo, cuyo propósito es la intervención en zonas más desfavorecidas de Sevilla, en la que residen un alto porcentaje de la población migrante.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica5 Fuentes de financiación de políticas sociales 

Con base en las respuestas ofrecidas por los organismos encuestados, de las fuentes de financiación privada, se debe resaltar los de La Caixa, Fundación Cajasol, Cáritas y Cruz Roja.

Finalmente, con el objetivo de verificar el arraigo de las acciones de atención a la población migrante y refugiada en las entidades municipales y/o las ONG, DGCPM y la universidad, se preguntó por la estructura de las mismas, así como la transversalidad con otros servicios y departamentos. En relación con el primero, los servicios sociales son áreas integradas en un departamento municipal y/o las ONG de la DGCPM y/o de la universidad (42.8%) y las atenciones suelen ser de índole integral (42.8%). Es decir, se trata de concebir la demanda migrante/refugiada más allá de la manifestada contemplando así la heterogeneidad con base en sus subjetividades (género, raza, orientación sexual, religión, clase social, entre otras).

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 6 Estructura de los servicios sociales 

En relación con el segundo aspecto, relacionado con la transversalidad de los servicios públicos y privados, es decir, la interconexión con otros servicios y departamentos, quedó evidente que la coordinación suele darse en casos puntuales (46.1%), así como mediante la participación activa y periódica en mesas de trabajo y foros (38.4%). En otras palabras, existe escaso diálogo cotidiano entre los distintos departamentos y secciones municipales, de las ONG, organismos autonómicos y universidades, a fin de responder de forma transversal a las demandas de integración de la población migrante. Dicha ausencia complejiza el proceso de integración, pues la persona migrante debe recurrir a más de un servicio de la misma asociación, la universidad, el gobierno municipal y el autonómico, para que su demanda/necesidad se vea cumplida.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 7 Transversalidad en los servicios 

Tras haber expuesto las claves en el debate sobre las características de políticas públicas y privadas destinadas a la población migrante en ámbitos locales, en el siguiente apartado se tratará de poner el acento en los principales instrumentos que sirven para la concreción de políticas de cohesión social en el ámbito local. Es decir, se tratará de reflexionar sobre la cooperación/mediación intercultural, codesarrollo y economía social y solidaria.

Instrumentos para la cohesión social: cooperación/mediación intercultural, codesarrollo, economía social y solidaria

Según ^{Romero (2003}) y ^{Herrera (2006}), las actividades de índole intercultural son una de las principales actividades que pueden permitir y consolidar una cohesión social y efectiva en materia migratoria a nivel local. En este sentido, con base en los resultados del diálogo con los agentes clave en este trabajo se concluyó que casi todas las instituciones y organismos que trabajan en materia migratoria en Andalucía, organizan/fomentan actividades de índole intercultural.

Sin embargo, se considera que no basta con organizar actividades de índole intercultural sino el enfoque que deben tener a fin de lograr inclusión e interacción real. Es decir, los eventos interculturales no son una suerte de panacea a los desafíos de integración migrante, sino un recurso que ayuda y colabora en la interacción entre individuos de diferentes contextos culturales, raciales, género, clase social y nacionalidad. Uno de los aspectos innovadores de este trabajo es la inclusión de las subjetividades racial, de género, clase social y nacionalidad como elementos de análisis de los planes de integración migrante en España. Así, en primer lugar, gran parte de las actividades de índole intercultural desarrolladas en Andalucía son charlas y coloquios, y de ocio (gastronomía, cultura y música) (Gráfica 8).

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 8 Enfoque de las actividades interculturales 

En segundo lugar, en una escala del 1 a 5, siendo 1 poca participación y 5 la actividad ideada y dirigida por población inmigrante, la participación migrante en el diseño y desarrollo de las actividades de índole intercultural es mínima y media. Es decir, a diferencia de otros análisis que ponen el acento en las categorías de actividades interculturales organizadas a nivel educativo (^{Gómez, Chicón y Alcaraz, 2019}), bibliotecario (^{Cervantes y Navas, 2012}), ámbito sanitario (^{Sos, 2015}) y/o acciones como charlas, coloquios, actividades de ocio, aquí lo interesante es averiguar si el proceso de participación en la organización de la actividad hubo pluralidad o simplemente consistió en una iniciativa de organizaciones e individuos nacionales que posteriormente invitaron a la población migrante.

Este énfasis es importante debido, entre otros, a la afluencia de asistencia de la población migrante dependerá si participan en la organización y se sientan parte; la diversidad de los puntos de vista y de enfoques de las actividades; la descentralización y el horario de los eventos teniendo en cuenta las dinámicas laborales y contextos donde residen mayormente los grupos poblacionales migrantes, entre otras cuestiones relevantes.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 9 Nivel de participación de la población inmigrante en el diseño y desarrollo de las actividades de índole intercultural 

En tercer lugar, el ámbito predominante donde se suele organizar las actividades de índole intercultural es el de la convivencia, es decir, coincidiendo con lo expuesto en la gráfica 10, relativo a las actividades de ocio. En otras palabras, las actividades como fiestas y convivencias interculturales son las de mayor importancia. El segundo ámbito donde se suelen desarrollar este tipo de actividades es el educativo, coincidiendo también con lo expuesto en la gráfica 10. Es decir, en el ámbito educativo se suele llevar a cabo tanto actividades lúdicas de convivencia como charlas y debates en torno a la interculturalidad. En este sentido, se considera que el enfoque de las acciones en el ámbito educativo debe centrarse en la desmitificación de los estereotipos culturales y de la visión esencialista cultural que el alumnado tiene de su ámbito cultural, más que la presentación de puntos de vista multiculturales del contexto en el que reside (^{Tomé y Rodríguez, 2020}).

En otras palabras, se considera que la acción intercultural igualitaria logrará asentarse en el ámbito educativo, entre otros, desde el momento en que se deje de percibir a la población migrante como extraña y lejana al contexto español y andaluz, en particular, y se desmitifiquen los estereotipos. Caso contrario se darán contextos llamados interculturales desiguales a priori, en el que prevalezcan los valores, discursos y narrativas de un solo contexto cultural.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 10 Ámbitos de desarrollo de las actividades intercuturales 

Finalmente, lo que se considera lo más importante de las actividades interculturales es la interacción real y el intercambio de conocimientos y saberes, tal como expusimos en líneas anteriores. En este sentido, en la próxima gráfica predomina la participación de la población autóctona en este tipo de actividades, tal como vimos en la gráfica 10, en el proceso de organización de las mismas. Aunque ello debería ser un punto positivo, se considera que la predominancia de la población española/andaluza y poca participación de la población migrante minimiza la interacción y el conocimiento de lo supuestamente extraño y lejano. Es decir, en la línea de lo expuesto en el gráfico anterior, no se trata de organizar eventos en los que se espera que los asistentes se acerquen e interactúen, sino realizar las desmitificaciones apriorísticas que permita el acercamiento a posteriori.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 11 Nivel de interacción en las actividades intercultuales 

Frente a los datos anteriores, referentes a la casi ausencia de la presencia migrante en las actividades de índole intercultural, y por consiguiente, a la necesaria interacción en las actividades de integración con los agentes clave, se ha podido verificar que una actividad organizada en el municipio de Campillos, Málaga, y dirigida a empleadas de hogar, tan solo participaron mujeres migrantes cuando iban dirigidas a todas las mujeres de este sector. En este caso vemos un contexto contrario, aunque siempre predominan un solo grupo poblacional, lo que inviabiliza la posibilidad de interacción.

Según la interlocutora del Ayuntamiento de Campillos, existe un desafío en cuanto a la identificación y consideración de las mujeres como pertenecientes a un mismo gremio profesional

-empleadas de hogar- con desafíos similares. Ello significa que entre las empleadas de hogar nacionales prevalecen las diferencias de nacionalidad y supuestos culturales que las separan más allá de lo común que tienen a nivel de grupo profesional en la localidad de Campillos. En el municipio de Huelva se organizan actividades desde la Oficina de Atención al Migrante (OFAM), dirigidas a la población autóctona, aunque las que han organizado dirigidas a la población refugiada la participación ha sido adecuada.

Otros motivos que explican la casi ineficacia de esta tipología de actividades interculturales son, por un lado, la existencia de xenofobia y falsas informaciones que impiden el acercamiento y el diálogo, así como que dichas actividades se dirigen a la población migrante como beneficiarios y no como gestores de las mismas.

Frente a tantas dificultades, se considera que hay que plantear cuales son los principales desafíos en el proceso de organización y desarrollo de estas actividades. En el siguiente gráfico de múltiple respuesta (gráfica 12), se dedujo que los principales desafíos son: involucrar a la población migrante y autóctona en la participación, así como la financiación para la logística, espacios y medios técnicos. Los dos primeros desafíos son casi evidentes, si ambos grupos poblacionales no se conocen ni participan cotidianamente en actividades, y prevalecen hechos y prácticas estereotipadas, racismos y xenofobias, todo ello inviabiliza la unión de los mismos en la organización y participación de un evento de índole intercultural.

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 12 Principales desafíos en la organización de actividades interculturales 

Además, se argumentan dichos desafíos como debidos a los horarios intempestivos de trabajo de la población migrante y autóctona, que les impide disponer de tiempo; la falta de técnicos formados en materia intercultural o, con formación que dificulta una interacción igualitaria; la labor de los medios de comunicación en la desmitificación de los estereotipos, entre otros.

A fin de verificar los compromisos de las entidades locales, las ONG y universidades participantes en el proyecto con la visión integral del mundo, es decir, se trató de averiguar sobre los compromisos en materia de codesarrollo respectivamente desde las reflexiones realizadas por ^{Naïr y en una obra colectiva (Naïr, 2010}, ^{Romero, Martínez, García y Maisonave, 2006}). Por la visión integral del mundo se entiende que las acciones/comportamientos/pautas de índole socioeconómica, sociopolítica y sociocultural a nivel local están interconectadas, y tienen consecuencias en otras partes del mundo. En este sentido, se pretende poner en diálogo el concepto de codesarrollo de Naïr con el de decrecimiento según ^{Latouche (2010}) y ^{Taibo (2011}) en sus respectivas obras sobre esta cuestión.

De las respuestas surgidas de este planteamiento constan que el Plan Integral para la Inmigración de la Junta de Andalucía tiene un área temática específica destinada a la cooperación al desarrollo y contempla acciones desde la Consejería de Igualdad y Políticas sociales mediante el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (Pacode), la Codenaf, cuenta con varios proyectos de cooperación en Senegal y en Marruecos; que la Diputación de Huelva ha financiado mediante la Convocatoria de subvenciones a la ayuda al desarrollo, proyectos en Camerún y Senegal; y en el municipio de Campillos se está revitalizando la Asociación de Inmigrantes Nuevo Mundo a fin de desarrollar proyectos de atención a personas mayores en Ecuador.

Al igual que se ha tratado de plantear los compromisos de los agentes clave en materia migratoria desde un enfoque global integral, se intentó evaluar sus compromisos en materia de la economía social y solidaria y la conexión con la interculturalidad. La siguiente gráfica representa que casi todos (90%) consideran que la economía social y solidaria sirve para el fomento de la interculturalidad a nivel local. Dicha interculturalidad se considera que debe de ser revitalizadora para la comprensión de las causas migratorias de forma compleja, más allá de los contextos locales. Es decir, que la forma y estilos de vida en los ámbitos locales en Europa influyen en las causas migratorias en los países africanos, asiáticos y latinos y centro americanos (^{Herrero, 2020}).

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del diálogo con los agentes locales.

Gráfica 13 Economía social y solidaria e interculturalidad 

Con base en la pregunta sobre como concretar una economía solidaria desde la interculturalidad, los interlocutores afirmaron que podría hacerse desde diversas vías siendo: mediante la generación de modelos económicos alternativos; la economía no formal de apoyo entre las personas migrantes, los microcréditos, la aportación benévola de personas, entidades, empresas sociales; percepción de la economía social y solidaria como espacio para la creación de redes de apoyo entre personas desde un enfoque sostenible y de proximidad. Además, se añadió que teniendo en cuenta que las prácticas actuales de inclusión parten desde la discriminación y exclusión, se podría utilizar los valores de la diversidad, intercambio de saberes y lo comunitario a fin de facilitar la labor de integración y enriquecimiento mutuo, en unidades de relación más pequeñas.

También se planteó que cabría visibilizar y acompañar a los migrantes que emprenden este tipo de negocios. Finalmente, se propuso que es necesario recuperar la función originaria de la economía poniéndola al servicio de la comunidad y de las personas, a fin que se pueda respetar más a las trabajadoras y trabajadores, más allá del espíritu de generación de beneficios empresariales. Todo ello queda a la merced de un análisis más pormenorizado, en un trabajo futuro, de las acciones de cooperación al desarrollo, los enfoques de codesarrollo y decrecimiento, así como la inclusión de la economía solidaria en la interculturalidad.

Conclusiones

Mediante el presente artículo se ha tratado de priorizar el ámbito local como contexto de proximidad de las políticas públicas, privadas y mixtas en materia migratoria. Es decir, desde la proximidad no solo existen municipios y localidades, sino principalmente la composición de la población que vive en ellos, situación de interacción y/o guetización, las condiciones de vulnerabilidad de las mismas y las subjetividades en materia de género, raza, etnia, orientación sexual, religiosidad, ámbito generacional, entre otros.

Como se ha expuesto, tras años de lucha por la repolitización de los gobiernos locales, estos últimos siguen subordinados a las decisiones tomadas a niveles central y autonómico, condicionando así sus campos de acción e intervención. Ello requiere la repolitización de los gobiernos locales, significando así su participación en los espacios de negociación y toma de decisiones, así como la dotación de recursos económicos y humanos suficientes y preparados que respondan a los desafíos contemporáneos. A ello se añade la necesidad de romper con las boundaries y los mitos sobre los/las extraños/extrañas, ir más allá de los binomios que han marcado la modernidad tales como hombre versus. mujer, nacional versus extranjero, entre otros. Igualmente, se requiere la ampliación de la acción de los gobiernos locales más allá de su función administrativa, y la necesidad de trabajo en red desde la horizontalidad con los demás protagonistas públicos, privados y mixtos existentes tanto a nivel local como nacional e internacional.

Tal como se expuso antes, la acción local significa también la consideración de la composición de los grupos poblacionales residentes, y en este sentido, la movilidad humana lleva siglos reconfigurando esa composición. Así, se considera que es importante contar con las subjetividades migrantes, entre las que destacan la condición sociojurídica y sus consecuencias en la vida económica, laboral, familiar y de movilidad de los mismos. Es decir, en qué medida juegan un papel relevante las situaciones de regularidad e irregularidad administrativa en la consecución de recursos económicos, en la búsqueda de empleo, en la estabilidad familiar y en la libertad de movimiento, dado el temor a ser interpelado por un agente de la policía y posteriormente ser deportado.

En este orden de ideas, es importante señalar que las entidades locales pueden jugar un papel muy importante en relación con el ejercicio de los derechos sociales a nivel municipal mediante el empadronamiento de la población extranjera. Ello debe hacerse en base en el voto particular de la STC 17/2013 del 31 de enero, y así garantizar la intimidad y el honor de las/os extranjeros, y así evitar el temor a ser delatada/o en nombre de la lucha contra la inmigración irregular (artículos 10.1 y 13.1 CE).

Al hablar de las políticas de integración/inclusión de la población migrante en el ámbito local significa, por un lado, reiterar los desafíos que plantean las normativas que regulan la acción de los gobiernos central, autonómico y local en materia migratoria, y por otro, los principales agentes que actúan en este ámbito. Así, se ha visto como los gobiernos central y autonómico marcan las directrices y líneas marco que a continuación son ejecutadas por los gobiernos locales, las ONG, asociaciones, fundaciones, entre otros.

La realidad contextualizada de las entidades locales/ONG, DGCPM y las universidades muestran que en materia de políticas de integración/inclusión de la población migrante en el ámbito local se aplican los mismos recursos a la población migrante que se ofrecen para toda la población empadronada en el municipio. Sin embargo, matizando lo que se plantea en la introducción de este trabajo sobre la importancia de la condición sociojurídica migrante, determinados recursos están condicionados a los diferentes permisos de residencia demostrando así la “estratificación cívica” existente entre la propia población migrante.

En relación con las fuentes de financiación, destaca la desconexión existente entre el ámbito estatal y el local, dado que predominan las fuentes autonómicas, europeas y municipales. Tal como se señaló en el capítulo II sobre la necesidad de tener en cuenta otros agentes que no sean solo públicos, las fuentes de financiación privadas también juegan un papel muy relevante en las acciones de inclusión de la población migrante a nivel local.

Se congratula sobre la estructura de los servicios sociales dirigidas a la población migrante en el seno de entidades locales, las ONG, DGCPM y Universidad dado que son en su mayoría integrada en un Departamento y, las atenciones suelen darse de forma integral. Sin embargo, se advierte que ello no debe significar la desconsideración de ese departamento o sección. Igualmente, la necesidad de trabajo en red precisa ser planteada como un reto debido a que la coordinación entre los principales actores y agentes en materia de políticas de inclusión a nivel local suele darse de forma puntual.

En relación con las pautas para una cooperación/mediación intercultural, se considera que es menester no caer en los esencialismos culturales sea como universalismo a priori o universalismo de rectas paralelas. Es decir, se debe ser capaz de percibir que son falacias los discursos que defienden formas predeterminadas de comportarse cívicamente y de formas civilizadas a las que todas y todas se debe adaptarse o integrarse. A la vez, se debe ser capaz de entender que lo contrario también son falacias, el hecho de guetizarse localmente creyendo en los esencialismos culturales locales y nacionales. Se prefiere apostar por la contaminación y la hibridación de lo considerado puro (identidad, pertenencia, nacional…), con base en la movilidad humana que siempre ha marcado la realidad global. En este sentido, Andalucía como tierra de movilidad de varios y diversos pueblos desde hace siglos debe rescatar y reivindicar su realidad ‘mestiza’ que conlleve la reconexión con los aspectos de los grupos poblacionales considerados extraños, y de este modo lograr procesos de cooperación/mediación intercultural igualitarios y sin desigualdad apriorística.

Junto a otras formas de entender las interacciones culturales se percibe que cabría incluir otras formas de analizar el mundo en el que se vive en cuanto a los motivos de fuga de los migrantes y/o refugiados. Es decir, se considera que es importante que las entidades locales, ONG, autoridades regionales y universidades planteen las desigualdades estructurales que conllevan a las fugas en los países de origen y de paso como algo interconectado con nuestros estilos y formas de vida en parte del Norte opulento. En otras palabras, tal como se ha tratado de exponer en este trabajo, es urgente que se ponga en conexión los conceptos de desarrollo -migración- decrecimiento.

En cuanto a la contextualización de este debate, frente a la evidencia de que casi todas las entidades locales, las ONG, organismos autonómicos públicos, y la universidad organizan actividades de índole intercultural, se cree que es necesario ampliar el enfoque de las mismas más allá del ocio, charlas y coloquios, fomentar más participación migrante en su diseño y desarrollo, y ampliar los ámbitos más allá de fiestas y el educativo.

En el sentido antes mencionado, se cree, pues, que las actividades interculturales deben realmente servir para la interacción entre las personas participantes en ella, fomentando así mayor participación migrante y de la española donde escaseen. En definitiva, será necesario superar los principales desafíos en la organización y desarrollo de las actividades interculturales, y así lograr mayor participación e involucre de la población migrante y autóctona, compatibilidad horaria con las labores familiares y laborales, medios técnicos y formación para los profesionales, entre otros.

En relación a la conexión desarrollo -migración- decrecimiento y la acción de las entidades locales, ONG, DGCPM y universidad, reconociendo la labor de cooperación al desarrollo que llevan a cabo, se cree que cabría plantear la relación entre nuestras formas y estilos de vida en los municipios y, las consecuencias directas en los países en los que se financien los proyectos. De este modo, se considera que cambiaría el enfoque de donación y se empezaría una relación más integral en la que se tendría que replantear los consumos, formas y estilos de vida.

En la línea mencionada en el párrafo anterior, se considera que la economía social y solidaria sería de gran ayuda si en el centro se pone el apoyo mutuo, la sostenibilidad, la proximidad, las personas y la naturaleza.