En los últimos años, las investigaciones históricas acerca de Tlaxcala han mostrado un notable incremento, tanto en calidad como en cantidad, merced a la presencia de un grupo de jóvenes investigadores interesados en el desarrollo de esta rama del conocimiento en esa entidad. Muestra de ello es el libro El quebranto de los privilegios…, de Carlos Bustamante, obra en la que el autor analiza, desde el ámbito político, cuáles fueron las modificaciones que sufrieron las instituciones tlaxcaltecas en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen.

Esta investigación -cuya primera versión se presentó como tesis doctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana- se sitúa entre 1780 y 1824, periodo en el que, según Bustamante, se revelaron una serie de procesos políticos en el interior de la provincia, los cuales fueron desencadenados por las reformas borbónicas, la Constitución de Cádiz, la proclamación de la Independencia y la conformación de un régimen federal que determinaría la autonomía de Tlaxcala. En este contexto, Bustamante busca entender cuáles fueron los cambios que implicaron el paso de un régimen político corporativo a uno de corte liberal, mismos que no estuvieron exentos de conflictos y reivindicaciones, pues los dirigentes tlaxcaltecas buscaron defender los privilegios y la autonomía que sobre su gobierno habían mantenido en el periodo virreinal, el cual se trastocó a raíz de la implementación de un marco legal que ofrecía nuevas reglas de control de los cuerpos políticos y de sus prácticas de gobierno. El libro tiene cuatro capítulos en los que se analiza cada una de las fases de transición política en Tlaxcala.

En el primer capítulo se menciona que el gobierno de la provincia de Tlaxcala -encabezado por el Cabildo indígena- tenía como fundamento los privilegios y las ordenanzas del siglo XVI que lo constituían como un régimen autónomo de gobierno. En el transcurso del periodo virreinal, la corporación tuvo que defender sus privilegios y, en específico, los referentes a la autonomía de su gobierno, pues ello implicaba cierto grado de independencia respecto a las demás autoridades. Cabe recordar que, a diferencia del resto de las comunidades indígenas que reproducían las leyes españolas, los privilegios otorgados a los tlaxcaltecas, como consecuencia de su participación en la conquista de Tenochtitlán, habían permitido que ellos establecieran las finalidades de su gobierno, su constitución y las reglas administrativas de los bienes que tendrían a su cargo para alcanzar el bien común; no obstante, debe advertirse que Tlaxcala, al igual que el resto del virreinato, contaba con un alcalde nombrado por las autoridades españolas, el cual se encargaba de las cuestiones administrativas y de justicia.

Con la implementación de las reformas borbónicas se cuestionaron los privilegios que estructuraban el sistema colonial, pues se buscaba fortalecer el proceso de centralización y de control político, administrativo y económico de la metrópoli. La primera amenaza a los privilegios del Cabildo tlaxcalteca se produjo tras la promulgación de la ordenanza de intendentes, la cual determinó que la provincia quedaría bajo la jurisdicción de Puebla, situación impugnada por los cabildos indígena y español, los cuales pidieron que la sede de la Intendencia se trasladara a Tlaxcala o que se designara un gobierno independiente. La postura tlaxcalteca encontró el respaldo de la metrópoli, de tal suerte que no sólo lograron la autonomía, también preservaron sus privilegios.

Así mismo, el Cabildo indígena logró defender con éxito su prerrogativa relativa a la administración de los bienes propios, mismos que se arrendaban a los vecinos con la intención de obtener recursos para la corporación. Ante la posibilidad de perder este beneficio, el Cabildo presentó una serie de argumentos que sustentaban sus privilegios sobre los bienes propios, además de enfatizar los problemas que les causaban los labradores españoles ocupantes de las tierras bajo su jurisdicción. Aunque no lograron desocupar las haciendas, sí consiguieron que no se aplicara el Reglamento de Bienes Propios y Comunales, pues las autoridades metropolitanas reconocieron que el Cabildo era el único poseedor de los bienes. Si bien en el ámbito externo se reconoció la importancia del Cabildo indígena, en su interior surgieron diversos problemas que fueron aprovechados por las autoridades para tratar de minar los privilegios de la corporación. Ejemplo de lo anterior fueron los conflictos derivados de la elección del Cabildo en 1797 y 1806, años en los que se buscó la reelección de sus miembros debido a las pugnas existentes entre los caciques, quienes buscaban transgredir los procedimientos establecidos en las ordenanzas de 1545, las cuales estipulaban la rotación en el gobierno. Otro momento crítico se vivió cuando los pueblos cuestionaron los privilegios del Cabildo, entre los que se encontraban los servicios personales, la elección de los oficiales de república y el cobro de un gravamen por su designación. Tanto en uno como en otro momento, las autoridades virreinales respaldaron los descontentos con la intención de debilitar los privilegios del Cabildo y, con ello, restarle la legitimidad que sustentaba su autonomía política.

En el segundo capítulo se analizan las repercusiones de la Constitución de Cádiz de 1812, la cual impulsó la transformación de la estructura política y de gobierno de la sociedad novohispana, pues significó el fraccionamiento político del territorio, así como la incorporación de indígenas y mestizos a los gobiernos locales. En el caso tlaxcalteca, el Cabildo solicitó su reelección, pero su petición no fue aceptada porque infringía las normas establecidas en la Constitución. Ante tal situación, se llevaron a cabo elecciones, en diciembre de 1812, que fueron dominadas por los mestizos y criollos de mayor prestigio y jerarquía social. Así, la constitución gaditana contribuyó a desarticular un régimen político estructurado en un privilegio central, aunque -como advierte Bustamante- esta situación no prevaleció mucho tiempo, pues en las posteriores elecciones se regresó al antiguo sistema de elección. Ante la situación de guerra que se vivía en territorio novohispano, las autoridades españolas determinaron que Tlaxcala quedara bajo la jurisdicción de Puebla en el ámbito militar; esta decisión mermó la autonomía de gobierno de la provincia en ámbitos de competencia local, lo cual derivó en la inestabilidad del ayuntamiento y su posterior sustitución en 1814. Tal escenario coadyuvó a que se generara una pugna por el ejercicio del gobierno político y militar, el cual fue reclamado por el recién electo Cabildo con base en lo estipulado por el marco gaditano. La demanda de la corporación no tuvo éxito, pues el contexto prevaleciente otorgaba mayor autoridad a la comandancia militar.

En el tercer capítulo se menciona que entre 1815 y 1820, se presenció el regreso a las estructuras corporativas del Antiguo Régimen como consecuencia de la supresión de la Constitución de Cádiz. Así, la reinstalación del Cabildo representó el retorno de los indígenas, quienes defendieron la autonomía política y militar de la provincia sustentada en los privilegios otorgados por la Corona. Sin embargo, el virrey Calleja decidió centralizar el mando político y militar, con la intención de evitar la fragmentación política en los ámbitos local y regional. Por este motivo, el Cabildo solicitó que se respetaran sus privilegios y terminara la subordinación que tenían respecto a Puebla, motivo por el cual solicitaron el nombramiento de un comandante general de Tlaxcala. Como la propuesta no fructificó, las autoridades tlaxcaltecas pidieron que se les restituyeran los ramos de Justicia y de Hacienda. Ninguna de sus peticiones fue aprobada, pues se buscaba mantener el control político de los grupos locales y regionales.

A pesar de que en 1820 las autoridades virreinales se comprometieron a reintegrar el control político y militar al Cabildo -situación que, a decir del autor, resultó excepcional debido a que no se querían dejar las decisiones de gobierno en manos de las autoridades locales-, la sujeción política y militar de la provincia continuó hasta 1823. La denodada lucha de los tlaxcaltecas por recuperar su autonomía no sólo respondía a su deseo de no depender de Puebla, sino también a la posibilidad de incidir en ciertos aspectos políticos clave que les permitieran minimizar la sujeción y el control de los mandos novohispanos.

En el último capítulo se indica que los cambios políticos ocurridos, en el ámbito nacional, entre 1820 y 1824, fueron aprovechados por los tlaxcaltecas para promover la defensa de su autonomía, objetivo compartido por la jefatura política, la diputación provincial y el ayuntamiento, instancias promotoras de un proyecto autonomista cuya finalidad era la creación del estado de Tlaxcala. Cabe destacar que en el nuevo contexto político se afianzó la presencia de grupos de notables en los cargos de elección, tal como ocurrió con los ayuntamientos integrados con individuos carentes de presencia política anterior y en los cuales ya no se permitió la reelección. El establecimiento de estos noveles gobiernos locales ocasionó el fraccionamiento político del territorio y la consiguiente lucha por el poder en el interior del estado. Así, el ayuntamiento de Tlaxcala fue acusado de efectuar diversas acciones tendientes a imponer su “tutoría” sobre el resto de los cabildos de la provincia. Sin embargo, Bustamante apunta que, de acuerdo con la Constitución de Cádiz y ante la ausencia de un jefe político, el ayuntamiento tlaxcalteca tuvo la potestad de ejercer su autoridad sobre los demás cabildos, posición que trató de fortalecer cuando propuso erigirse como la sede del gobierno provincial, lo cual implicaba la recuperación de uno de los fundamentos del Cabildo indígena: la defensa de la autonomía y la integridad territoriales. En este contexto, la petición de que Tlaxcala se erigiera en un estado de la Federación se volvió uno de los asuntos centrales para el ayuntamiento de la capital.

Convertir a Tlaxcala en un estado garantizaría su integridad territorial y le otorgaría la autonomía necesaria para gobernarse. La propuesta fue rechazada por un grupo de ayuntamientos, encabezados por Huamantla, los cuales solicitaron la anexión de Tlaxcala a Puebla. Pese a estas pugnas, en noviembre de 1824 se determinó el establecimiento del territorio de Tlaxcala y, con ello, se evitó su anexión a Puebla. No obstante, las diferencias internas entre los grupos más prominentes de la esfera política impidieron la consolidación de un proyecto unificado en torno a la autonomía de Tlaxcala. Como bien lo señala el autor, el estudio de la provincia de Tlaxcala, entre 1780 y 1824, constituye un excelente espacio para entender los acuerdos y negociaciones de los grupos políticos en torno a la autonomía. Si bien, la defensa de ésta se convirtió en un punto central del discurso político tlaxcalteca, no se puede pasar por alto que las aspiraciones de autonomía no tuvieron repercusión en el modelo político liberal.

No queda la menor duda de que el libro de Carlos Bustamante se convertirá en una referencia obligada para los estudiosos de los fenómenos políticos tlaxcaltecas del siglo XIX, pues no sólo aporta interesantes pistas de análisis de un momento coyuntural -la transición del Antiguo al Nuevo Régimen-, sino que también evidencia la riqueza de la información resguardada en los archivos tlaxcaltecas, misma que puede ser bien aprovechada cuando se cuenta -como es el caso del autor- con una buena formación académica y con una imaginación histórica que permite unir con maestría aquellos fragmentos que parecen inconexos.